Con mentiras, contratos nulos y amenazas la empresa de clase mexicana construyó una subestación eléctrica que recibe transforma y distribuye la energía de 29 parques eólicos en Oaxaca.
Así es el despojo de clase mundial que desde hace 17 años luchan sin recibir respuesta de la empresa mexicana, quién se defiende que hay contratos, pagos y que se trató de una expropiación avalada en asamblea, sin embargo, campesinas y campesinos confirman que no han recibido nada a pesar de las exigencias.
El acceso ya no está permitido, porque sus tierras ya están siendo usadas para recibir la energía que producen las más de mil 500 aerogeneradores, de los 29 parques eólicos instalados en el Istmo de Tehuantepec.
En un recorrido por la subestación, las comuneras y comuneros de 65 y 70 años de edad mostraron como en sus terrenos que antes producían alimentos para la vida; hoy se les niega el acceso y hay vigilancia día y noche los 365 días.
“Es mi terreno y no puedo entrar, mira tiene una tremenda barda, un gran candado. Me da mucha tristeza y coraje ver que hay una enorme construcción con vigilancia, mi papá murió luchando por recuperar sus tierras”, dijo Carmen Toledo Guzmán de 70 años.
Documentos oficiales emitidos por diversas autoridades federales, entre ellos, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDABIN) y el Registro Agrario Nacional (RAN) confirman este despojo colectivo, confirmando que no hubo ninguna acta de asamblea que avale que la comunidad agraria cedió sus terrenos para la obra de clase mundial.
La defensa de las y comuneros a cargo de “Defensores de la Justicia”, confirman que no hubo expropiación, pero sí un despojo; además la empresa mexicana violentó el Convenio 169 de la OIT, al no existir una consulta libre, previa e informada como lo marca el estándar internacional.
El despojo de clase mundial es evidente de parte de la CFE señalan las campesinas y campesinos quienes acusan que fue avalado por sus representantes agrarios de Ixtepec, Oaxaca, en ese entonces representado por Germán Rosado conocido como “Chebola”, Alfonso de los Santos Santiago, en el 2008, -fecha se entregaron los terrenos a CFE-, y Baldomero Rosado y Juan Arrona.
Aunque el desgaste físico y emocional que ha dejado esos 17 años de lucha es evidente, no se rinden y aseguran que lo que queda es resistir por la vía legal.
“El 25 de abril del 2024, promovimos con los abogados que nos acompañan un amparo ante el juzgado federal donde con pruebas pedimos que CFE cumpla y nos pague, es evidente que lo que hizo acá, fue un despojo de clase mundial”.
Una injusticia al pueblo
“Ha sido una batalla muy dura y difícil, hemos denunciado por todos lados, pero no nos hacen caso” dice José Luis Palomec, campesino zapoteca de 70 años de edad y comunero de Ixtepec, Oaxaca que sigue en pie de lucha.
En su terreno que abarca 2 hectáreas justo a la mitad están colocados unos enormes cables de alta tensión y dos torres de alta tensión, que impiden que haga vida en su patrimonio.
La hija de José Luis Palomec de nombre Antonia se ha convertido en activista comunitaria, con el único fin de que se le haga justicia a su gente.
“Llevamos 17 años, desde el 2008, pidiéndole a las autoridades justicia para las y los campesinos, muchos porque creen que los campesinos son analfabetos y no. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desechó una queja donde le contamos de las violaciones graves que han vivido ellas y ellos, por ejemplo, que sus tierras no fueron expropiadas si no despojadas”.
La activista reafirma que la CFE argumenta que no afectó a nadie, porque supuestamente dichas tierras son de uso común, lo cual es una mentira, pues cada hectárea cuenta con título de propiedad de comuneras y comuneros, entonces dice es otra mentira de CFE y así lo quiso hacer pasar con la jueza.
Pero eso no es todo, Carmen Toledo Guzmán de 70 años relata que siente mucha tristeza ver en las tierras de su padre, la CFE construyó la subestación que distribuye toda la energía que producen los parques eólicos del Istmo.
“Mi padre Luis Toledo Hernández murió sin ver la justicia por sus tierras. La CFE la ocupó para construir la subestación, pero eso no es todo, se apoderaron de otro terreno de dos hectáreas donde desechan todos sus residuos, en fin, un despojo muy grande. No hubo contrato y no hemos recibido un solo peso”, señala.
Cuando Alejandrino Martínez Mendoza de 64 años edad llegó a su terreno ya estaba cercado con troncos de madera y alambres de púas. También había unos hombres vestidos con ropa café claro y logotipo de la CFE, ellos le dijeron que no podía entrar a su terreno porque ahí se colocarían unas torres de una subestación, entonces comenzó la batalla.
“Yo no entendía nada. Ese día me enojé mucho, les dije a esos hombres que era mi terreno. Ellos mandaron a la policía, y les dije, no porque me ves analfabeta, no voy a defender mi terreno. Llévenme a la cárcel, pero es mi terreno, sin embargo, las torres están en el centro de mi terreno, entonces no puedo ni meter mis ganados ni mucho menos cultivar mi maíz o mi calabaza”.
Alejandrino reconoce que el desgaste ha sido generalizado para todas y todos. “A veces me enojo mucho y pienso, cómo es posible que una empresa, que supuestamente es de todas y todos los mexicanos, nos quite nuestras tierras. Esto es un despojo”.
Lucharé por mi tierra hasta mi último día
Aunque visiblemente desgastada por una enfermedad, no impide a Imelda Saavedra Palomec defender sus tierras que también heredó de su padre.
Relata qué tras acudir personalmente a las oficinas de la CFE ubicadas en Juchitán, Oaxaca a media hora de Ciudad Ixtepec y la sorpresa que se llevó fue que el encargado le comentó, qué a German Rosado, ex comisariado le pagaron por ocupar las 42 hectáreas.
Imelda refiere que luchará hasta sus últimos días, pues esas tierras significaron mucho para su papá, quién falleció en el intento de ver una indemnización justa.
Lo mismo ocurre con Isaura Morales Antonio de 70 años, con la muerte de su esposo, decide continuar luchando porque es lo justo.
Recorre sus tierras mostrando que antes sembraba maíz, sorgo y ajonjolí y ahora no puede, porque en las 6 hectáreas de su terreno colocaron 3 torres de alta tensión de unos 40 metros cada uno.
“Las tierras se echaron a perder, es imposible sembrar, nos da mucha tristeza y coraje, porque nunca nos pidieron permiso, simplemente llegaron y colocaron esas enormes torres”, afirma.
Una lucha de más de 6 mil días
Laura Morales Juárez y José Juan Julián Santiago, son abogados indígenas que forman parte de «Defensores por la Justicia», así se llama el colectivo que crearon y que acompaña a las y los comuneros en su lucha por buscar justicia intercultural, con perspectiva de género y derechos humanos.
Reconocen que la lucha que lleva más de 6 mil 200 días no es una tarea fácil, pues se trata de una encrucijada que surgió desde las instituciones públicas, quienes han utilizado las prácticas comunitarias y cooptado a sus representantes, para implementar proyectos que lejos de beneficiar a quienes han sido afectados de la comunidad de Ciudad Ixtepec, ha ocasionado su división y violentado sus derechos a la tierra, territorio y recursos naturales.
Además, es de precisarse, que el resto de la comunidad o no sabe lo que ocurre, o simplemente normaliza o no toma en consideración esta lucha que encabezan las comuneras y comuneros, pues como ellas y ellos mismos dicen, no se trata de exigir dinero, si no que no se violente más sus derechos nunca más.
“La lucha de las comuneras y comuneros zapotecas es una lucha justa, pero en este país, esto no se acepta cuando se impulsan proyectos de supuesto desarrollo, ya que solo se busca impedir reconocer los derechos a la propiedad, posesión, uso y disfrute de las tierras, territorios y recursos naturales de quienes integran las comunidades indígenas, y eso es una vergüenza, en un país que dice reconocer la diversidad cultural”, señalan los defensores.
Dicen que a raíz de un amparo interpuesto han podido corroborar que existen irregularidades en torno a la actuación de la CFE y la supuesta expropiación de las tierras de la comunidad de Ciudad Ixtepec.
La esperanza ahora, es la resolución judicial, que esperan sea a su favor. “Esperemos que por fin haya justicia, casi son 20 años de lucha contra el despojo de una empresa de clase mundial”.
AUTOR: DIANA MANZO.
