“Era una noche mexicana –recuerda Manuel, un joven que se crió en el barrio Icazo, ubicado dentro de la colonia Formando Hogar–. El Pelón era de organizar cotorreos en el barrio y se discutía con la cena y el chupe. Esa vez sí fueron malandros, pero también gente de la colonia y otros invitados de la zona norte (del puerto) que llevaron a sus familias”.
Era un convivio barrial en medio de la calle, como muchos otros que se realizaban esa noche de celebraciones patrias. De ahí la sorpresa de los asistentes al ver llegar un convoy de patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP) con un contingente de policías que, sin dar razón alguna, sometieron por la fuerza a todas las personas que tuvieron a su paso y se las llevaron privadas de la libertad, tal como denunciaron los sobrevivientes.
“Llegaron las patrullas de los estatales y, por sus huevos, empezaron a subir gente. Incluso a los que pasaban por ahí y se quedaban viendo. A los que tenían la puerta abierta de su casa se los llevaron también. A una vecina muy a todo dar (Felisa Concepción Ortiz, de 53 años) y a su esposo (Miguel García Lozano, de 50), que trabajaba en los puestos de verdura del mercado Malibrán, se los llevaron. Hubo mucha gente inocente ahí”, recuerda Manuel.
En total, 27 personas fueron raptadas de la fiesta.
Los perpetradores sólo respetaron las vidas de dos menores secuestrados, uno de ellos de año y medio de edad y el otro de cuatro. Ambos fueron abandonados esa misma noche en la unidad deportiva Salvador Campa, a cinco minutos en auto del barrio Icazo.
Desde diciembre de 2006, México era ya el escenario de un sangriento conflicto entre fuerzas gubernamentales y grupos delictivos, denominado “guerra contra el crimen organizado”, que declaró el entonces presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa y que, en el discurso, se presentaba como una estrategia para restituir la paz pública alterada por la violencia delictiva.
Pero ese 15 de septiembre de 2011, en Veracruz cristalizó una nueva fase de la guerra, una en la que dejó de ser claro si el papel de la autoridad era erradicar a todas las organizaciones criminales o sólo combatir a algunas, en respaldo de otras.
Una fase de la guerra marcada por la abierta complicidad entre el poder público y el poder criminal.
Sobre las víctimas raptadas por la policía estatal de Veracruz en el barrio de Icazo no hubo noticias sino hasta cinco días después, el 20 de septiembre de 2011, cuando un grupo de cadáveres fue arrojado, a plena luz del día y sin que ninguna autoridad se percatara, bajo el puente de los Voladores de Papantla, en el municipio de Boca del Río. Se trataba de las 25 personas de Icazo, más otras diez secuestradas en el mismo periodo en otros puntos de ese pedazo de costa, frente al Golfo de México.
En total, 35 víctimas: 12 mujeres y 23 mujeres; cinco de ellos menores de edad. Todas con una letra “Z” marcada a cuchillo en sus cuerpos.
La guerra dentro de la guerra en Veracruz
Al menos desde la década de los 90, el territorio veracruzano fue el teatro de operaciones de la organización delictiva conocida como Cártel del Golfo, de la que a principios del siglo XXI se desprendió una de sus ramificaciones más violentas, el cártel de Los Zetas, para tomar el control del tráfico de drogas y otras actividades criminales en las regiones noreste y oriente de México, incluido Veracruz.
En dicha entidad, Los Zetas crecieron durante la gestión del exgobernador Fidel Herrera Beltrán (2004-2010), a quien narcotraficantes juzgados en Estados Unidos afirmaron haber entregado 12 millones de dólares para costear su campaña electoral a cambio de permitir que ese grupo se estableciera en la región.
En el año 2010, sin embargo, llegó a la gubernatura del estado el político Javier Duarte (actualmente preso y sentenciado por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero) quien rompió la alianza establecida por su antecesor con Los Zetas y dio por terminada la hegemonía de ese cártel en Veracruz mediante un despliegue de fuerzas policiacas estatales y de la Marina Armada de México.
Esta estrategia obtuvo el reconocimiento y apoyo no sólo del gobierno federal sino, también, del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que a través de un video en redes sociales, difundido en junio de 2011, anunció el ingreso a la entidad de su grupo “Matazetas”, para apoderarse de la plaza mediante la aniquilación de sus rivales o de quienes sospecharan que lo eran.
El CJNG, además, aprovechó el video para manifestar “al señor gobernador, Javier Duarte, respeto y admiración por darle lucha a estos mugrosos zetas”, y remató su mensaje pidiendo a la ciudadanía respaldar al Ejército y a la Marina en sus operaciones.
Desde ese momento, numerosos asesinatos y desapariciones enmarcados en esta lucha entre cárteles –con la ciudadanía en medio del fuego cruzado–, fueron cometidos por miembros del Cártel Jalisco con la “ autorización, apoyo y aquiescencia” de autoridades pertenecientes al gobierno de Duarte, como concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2017. Y otros tantos de esos crímenes fueron perpetrados directamente por cuerpos oficiales, como pasó en Icazo.
Tras el inicio de la guerra contra el crimen organizado, para el caso de Veracruz en esta investigación se documentó una muestra de 300 casos de ejecución extrajudicial y desaparición forzada atribuidos a fuerzas estatales y federales, el 82% de los cuales ocurrió durante la gestión duartista, del año 2010 al 2016.
De esos 300 crímenes, sólo en nueve se emitió una sentencia condenatoria contra los funcionarios responsables. El resto sigue impune y, de hecho, este despliegue contra Los Zetas, para beneficiar al Cártel Jalisco Nueva Generación convirtió a Veracruz en la entidad mexicana con más ejecuciones y desapariciones forzadas perpetradas por cuerpos gubernamentales, desde que inició la guerra.
Terminar mal en Veracruz
La matanza de las 35 personas cuyos cuerpos fueron abandonados en Boca del Río, en septiembre de 2011, llamó la atención de la comunidad nacional e internacional no sólo por el elevado número de víctimas o la violencia con la que fueron asesinadas sino, también, por el lugar donde fueron exhibidos sus cadáveres: frente al World Trade Center (WTC) de Boca del Río, recinto donde, dos días después, se celebraría la Cumbre Nacional de Procuradores de Justicia y Presidentes de Tribunales de Justicia de la república mexicana.
Aunque la exhibición de los cuerpos en ese sitio no parecía casual, el encuentro de altos funcionarios en el que se definirían las líneas de acción en contra del crimen organizado para todo el país no se canceló.
Por el contrario, su inauguración (el 22 de septiembre de 2011) fue aprovechada por el exgobernador Javier Duarte para lanzar un mensaje en tono de amenaza, en relación con la masacre de esas 35 víctimas a las que el CJNG identificó como “zetas”. Lo que ocurrió con esas personas, dijo, “confirma esta triste realidad: los que eligen mal, terminan mal”.
Duarte omitió mencionar que al menos 25 de ellas fueron secuestradas por policías estatales, para ser torturadas y ejecutadas.
Tampoco dijo que la mayoría eran personas inocentes, totalmente desvinculadas de la actividad de Los Zetas o de cualquier otro grupo criminal, y que todas, incluidas aquellas con antecedentes delictivos, tenían derecho a vivir, a ser protegidas por el Estado.
No mencionó la forma inhumana en la que esas personas fueron vejadas, ni reconoció que la masacre continuaba, ya que, ese mismo día en que inauguraban la cumbre, otros 14 cadáveres aparecieron en distintas partes de Boca del Río y Veracruz.
Quien sí se pronunció al respecto de esa violencia, que atrajo la atención de la prensa nacional, europea y estadounidense, fue el Cártel Jalisco Nueva Generación. Otra vez por medio de un video, la organización delictiva ofreció disculpas por la matanza y aclaró que su objetivo no era enfrentar al Estado, sino erradicar a Los Zetas: “Si con nuestros actos ofendimos a la sociedad, al pueblo de México y a las corporaciones federales, les pedimos disculpas”, dijeron.
La verdad fabricada
El hallazgo de los 35 cadáveres bajo el puente vehicular de Boca del Río se dio alrededor de las dos de la tarde. Sus asesinos los habían trasladado hasta ese lugar en dos camionetas de batea, que fueron abandonadas junto con los cuerpos, luego de ser arrojados sobre el asfalto.
“Eran tantos muertos que los peritos, al ver que tardarían muchísimo en trasladar a todos al Servicio Médico Forense, mejor regresaron varios cuerpos a las camionetas de batea (de los criminales), las encendieron y las usaron, en vez de los carritos oficiales que ellos tenían”, recuerda Eduardo Guevara, reportero del periódico Notiver, quien cubrió ese suceso.
Esa misma tarde, el entonces procurador de Justicia del Estado, Reynaldo Escobar Pérez, inició acciones para ocultar la participación de policías estatales en los hechos, mediante la criminalización de las víctimas y, en entrevista para Milenio Televisión, aseguró que “todos se confirma que presentaban antecedentes penales, estaban dedicados a actividades relacionadas al crimen organizado, como ya se dijo: secuestro, extorsión, homicidio, narcomenudeo, asaltos a casas y en general (…) Repito que esto es algo que puede tranquilizar a la población, que no se trata de civiles, son gente vinculada con negocios ilícitos”.
Según Escobar Pérez, las autoridades llegaron a esa conclusión luego de llevar los 35 cadáveres hasta las instalaciones médico-forenses de Boca del Río y Xalapa (a una distancia de 132 kilómetros), en donde identificaron a las víctimas a través de sus huellas dactilares y, luego, rastrearon los supuestos registros criminales de cada una. Todo esto en tres horas.
Sin embargo, para el abogado Celestino Espinoza Rivera, exfiscal regional de Veracruz, lo dicho por el exprocurador era materialmente imposible, ya que, además del tiempo de traslado, se requieren distintas diligencias ministeriales para identificar un solo cadáver, lo que no podría realizarse en las tres horas que las autoridades dijeron haber empleado para vincular a las 35 víctimas de Boca del Río con el crimen organizado.
La razón por la que fue difundida esa versión falsa, la explica desde el anonimato un colaborador del exprocurador veracruzano Reynaldo Escobar.
“El procurador y su equipo sabíamos que eran conjeturas revictimizantes –señaló esta fuente, cuya identidad se reserva por motivos de seguridad–, pero hubo línea (…) Desde los primeros días del gobierno de Javier Duarte, la instrucción fue que todas las muertes violentas se presentaran como ajuste de cuentas entre la delincuencia organizada”. Y eso incluía los asesinatos perpetrados por fuerzas públicas.
Ese 20 de septiembre de 2011, de forma simultánea a la localización de los 35 cadáveres, las jefaturas de redacción de diversos medios recibieron correos electrónicos, con fotos de las víctimas captadas de cerca, así como de una manta cuyo mensaje, luego, replicó el procurador estatal a través de los medios de comunicación, ayudando así a que su alcance se amplificara.
Se trata, dijo el funcionario, en entrevista con Adela Micha, “de una manta donde se señala algunas amenazas y dice que se ejecutaron (a las víctimas) por pertenecer precisamente o ayudar a Los Zetas. Y se dice ahí que los que sigan ayudando a Los Zetas acabarán como ellos”.
Sobre la desaparición masiva y multihomicidio de los residentes de Icazo, finalmente, el gobierno de Veracruz no emitió comunicado formal alguno. La vocera del gobierno de Duarte, Georgina Domínguez Colío, sólo aseguró que el gobierno aclararía quiénes de ellas eran personas inocentes, y cuáles tenían vínculos con el crimen organizado, pero la identidad de las 35 víctimas nunca fue revelada oficialmente, ni las supuestas pruebas de sus nexos con el narco.
“El procurador y Duarte dijeron que eran puros narcomenudistas y secuestradores, pero eso fue una gran mentira, la mayoría eran vecinos de la colonia Formando Hogar”, cuenta Manuel, y enuncia los nombres de algunos de ellos y ellas, a los que conoció de cerca: Abbi Lizbeth Poucholen Barrios, de 15 años; Diana Teresa López Luna, de 16, y su madre, Aida Socorro Luna, de 40; Jenny Valerio Tomba, una joven transexual que estudiaba en el Tecnológico de Veracruz; Pedro López Pérez, 37 años, de oficio fontanero; Mario Hernández Quevedo, trabajador en el muelle del puerto; Ricardo Pacheco Mendoza, de 19 años.
“También estuve en el sepelio de Arturo Morales Córdova (46 años), un mecánico de la colonia que sólo fue a echar cervezas a la fiesta (…) Su hermano entró al Semefo y lo reconoció por su dentadura… Algunos de los que levantaron, como Luisito (Luis García Atzín de 29 años), se dedicaban al robo porque se metían piedra y droga, eran consumidores, pero ¡¿cómo no?! Si ahí, en la colonia, había puntos de droga como puestos de dulces”, añade Manuel.
Del contubernio de fuerzas de seguirdad, a la expansión criminal
Gracias al contubernio con autoridades gubernamentales como el que se dio en Veracruz, a partir de 2011, el Cártel Jalisco Nueva Generación comenzó un proceso de expansión nacional que le permitió no sólo separarse del Cártel de Sinaloa -grupo del que surgieron como una ramificación-, sino, una década después, desplazarlo como la organización delictiva con mayor presencia en México (con operaciones en 28 de los 32 estados del país), de acuerdo con un informe elaborado en 2022 por la Administración de Drogas y Narcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
En los últimos años, el CJNG también obtuvo el control del Puerto de Veracruz, en el Golfo de México, y de los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas en la costa del Pacífico, según estableció el Servicio de Investigación del Congreso de ese país, en un informe julio de 2020, lo que le permite introducir al país los precursores químicos necesarios para la elaboración de drogas sintéticas, así como otras drogas provenientes de América Latina.
Pero esta guerra entre organizaciones delictivas, en la que autoridades gubernamentales han puesto los recursos del Estado al servicio de uno u otro bando criminal, no sólo ha dejado su marca en los informes de seguridad estadounidenses. También pueden hallarse en los registros sobre violencia acumulados en las distintas regiones de México.
Los reportes de muertes violentas recabados por la Secretaría de Salud, por ejemplo, muestran que, a partir de 2011, con el ingreso del Cártel Jalisco Nueva Generación en la región oriente de México (integrada por Veracruz, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala) los asesinatos en esta zona del país aumentaron 70%, en sólo un año.
De manera simultánea, los casos de ejecución extrajudicial y desaparición forzada perpetrados por autoridades estatales o federales en esa región incrementaron mil por ciento: de cuatro casos registrados en 2010, a 44 para el año siguiente.
Desapariciones y asesinatos se dispararon en Veracruz
A pesar de que con la llegada de Duarte el CJNG arrebató a Los Zetas el control del territorio veracruzano, la guerra en la entidad no cesó, sino que se intensificó todavía más, hasta alcanzar techos históricos en asesinatos y desapariciones de personas, que crecieron 200 y 500%, respectivamente, y las historias como la del barrio Icazo, en las que los cuerpos de seguridad pública operaron como brazo armado del narcotráfico, comenzaron a replicarse a lo largo del estado.
La noche del 30 de noviembre de 2012, por ejemplo, ocho jóvenes de entre 20 y 35 años fueron víctimas de desaparición forzada y ejecución en el municipio de La Antigua, a manos de elementos del Grupo de Coordinación Veracruz Seguro, integrado por policías estatales e infantes de la Marina, tal como acreditó la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Luego, el 11 de enero de 2013, elementos de la policía estatal desaparecieron a ocho agentes municipales de Úrsulo Galván, y el 2 de agosto de ese mismo año secuestraron a 19 personas en el municipio de Atoyac –el menor de esas víctimas, Juan Carlos Martínez Peña, tenía 14 años; la mayor era Luz del Carmen Sánchez Sayas, de 75–, a las que repartieron en ocho patrullas y se las llevaron con paradero hasta la fecha desconocido.
Por la desaparición de 19 personas en Atoyac, actualmente está preso Alfonso Zenteno Pérez, encargado del Mando Único en la zona centro de Veracruz, quien fue nombrado como el “Mejor Policía” del estado, en reconocimiento a su “heroísmo”, tal como destaca el diploma que le entregó el entonces secretario de Seguridad estatal, Arturo Bermúdez Zurita.
El 24 de enero de 2014, en el municipio de Boca del Río, infantes de Marina y tránsitos estatales arrestaron a Giovanni Palmero Árciga, estudiante de Derecho de 32 años, por conducir en estado de ebriedad, fecha en la que desapareció.
Dos años después, el 25 de septiembre de 2015, al menos 11 personas fueron desaparecidas por policías estatales, militares y elementos de la Marina, durante el operativo contra el crimen organizado denominado “Blindaje Coatzacoalcos”, tras lo cual, el entonces subsecretario de la SSP, Federico Rivas Valdés, no sólo reconoció la participación de cuerpos oficiales en los hechos, al afirmar que “estamos realizando asuntos de inteligencia que han dado frutos, ya empiezan a generar detenciones”, sino que advirtió: “Caerán más delincuentes. Los tenemos”.
Veracruz, una fosa clandestina
El 10 de mayo de 2016, fecha en que se celebra el Día de las Madres en México, y también día en que mamás y familiares de víctimas de desaparición marchan en todo el país para exigir la localización de sus seres amados, una persona desconocida se acercó a integrantes del colectivo de familias Solecito de Veracruz, para entregarles de forma anónima un mapa.
Gracias a ello, en 2017 fue descubierto en el norte del puerto de Veracruz el predio conocido como Colinas de Santa Fe, ahora considerado como el cementerio clandestino más grande de Latinoamérica, tras ser localizadas 153 fosas, de las que fueron extraídos 302 cráneos, así como cuatro torsos humanos, de personas desaparecidas por grupos criminales y por organismos de seguridad gubernamentales.
Ahí fueron encontrados los restos Arturo Figueroa Bonastre y Miguel Ángel Sandoval Cervantes, estudiantes del quinto semestre de Enfermería, raptados por policías estatales en 2012 en el municipio de La Antigua; y también los del estudiante de derecho Giovanni Palmero Árciga, desaparecido por agentes de Tránsito estatales en 2013, con lo que quedó probada la implicación de cuerpos policiacos en las actividades del crimen organizado.
Gracias a que familiares de desaparecidos localizaron las fosas de Colinas de Santa Fe y otras decenas a lo largo del estado de Veracruz, finalmente las autoridades del estado se vieron forzadas a procesar penalmente, en 2017, al exsecretario de Seguridad, Arturo Bermúdez Zurita (quien terminó siendo beneficiado con amparos y actualmente enfrenta su juicio en libertad), mientras que el exgobernador Duarte, en el ocaso de su mandato, huyó del país, pero terminó apresado y sentenciado, aunque no por ninguno de estos crímenes, sino por asociación delictuosa y lavado de dinero.
Veracruz, en tanto, continúa siendo una fosa clandestina, en cuya larga extensión las madres de al menos 7 mil 500 personas siguen abriendo hoyos, en busca de sus hijas e hijos desaparecidos.
INVESTIGACIÓN PERMISO PARA MATAR: https://permisoparamatar.datacivica.org/capitulo/7
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/INVESTIGACIÓN: PERMISO PARA MATAR.
AUTOR: /MIGUEL ÁNGEL LEÓN CARMONA.
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