Dos agentes ministeriales de Sonora detonaron sus armas el pasado 24 de mayo en contra de un civil, de profesión abogado, que circulaba por la zona donde la policía investigadora realizaba un cateo. Se les acusa de intento de homicidio, pero se mantienen prófugos de la justicia, informó la autoridad el 28 de mayo. 

La investigación, según informó Ramón Tadeo Gradías Enríquez, vicefiscal de Control y Procesos del estado, conlleva la integración de una carpeta por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y de incumplimiento de un deber legal, por lo que se les busca para llevarlos ante la ley.

Durante la madrugada de este sábado, un policía municipal de Fortín de las Flores, Veracruz, disparó y asesinó a un joven de 19 años tras una revisión policiaca. 

La víctima, identificada como Pablo Ortigoza Martínez, era boxeador amateur y estudiante universitario.

El Ejército mexicano informó que elementos de la Guardia Nacional abatieron a dos migrantes y dejaron cuatro lesionados durante un despliegue cerca del parque eólico La Rumorosa, en Baja California.

La versión oficial dice que los elementos fueron agredidos con armas de fuego y que en el intercambio de balazos se registró la muerte de los migrantes… que es lo mismo que afirmó el Ejército Mexicano tras balear a seis migrantes el pasado 1 de septiembre en Chiapas.

Ante los asesinatos de una menor de edad y una enfermera en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó, primero, que también murió un militar y dio por hecho que fue derivado de la agresión de delincuentes, aunque después pidió esperar las investigaciones.

También enfocó la respuesta en diferenciar que se trató de dos hechos distintos, los dos en la misma ciudad.

Luego de más de 40 horas sin que autoridades federales ni estatales informen o se pronuncien sobre el asesinato de una niña de 8 años, un joven de 18 y una enfermera del IMSS de 46 años, en Nuevo Laredo Tamaulipas, por parte de elementos del Ejército y la Guardia Nacional, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo envío una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum en la que le pide ordenar una investigación urgente, imparcial, exhaustiva y pronta que permita identificar al personal militar involucrado.

El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunció que elementos del Ejército dispararon arbitrariamente a dos jóvenes que iban a bordo de una camioneta, causando la muerte de uno de ellos.

Los hechos ocurrieron la tarde del viernes 26 de abril, alrededor de las 17:40 horas, y quedaron registrados en cámaras de vigilancia en el crucero entre Héroes de Nacataz y Maclovio Herrera, frente a un albergue del DIF, detalló la organización.

El 15 de septiembre de 2011, para celebrar el aniversario de la Independencia mexicana, se organizó una fiesta en el barrio popular de Icazo, en la ciudad de Veracruz. El anfitrión fue Ismael de Jesús Pastor Méndez, conocido como El Pelón, presunto jefe del cártel de Los Zetas en la región y encargado de la venta de droga en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, la plaza criminal más codiciada en el estado por su actividad portuaria y económica.

“Era una noche mexicana –recuerda Manuel, un joven que se crió en el barrio Icazo, ubicado dentro de la colonia Formando Hogar–. El Pelón era de organizar cotorreos en el barrio y se discutía con la cena y el chupe. Esa vez sí fueron malandros, pero también gente de la colonia y otros invitados de la zona norte (del puerto) que llevaron a sus familias”. 

Rosa cumplió 15 años de edad el 18 de julio de 2010, pero su “Quinceañera”, la gran fiesta con vestido de princesa, baile y con banquete para todos sus seres queridos fue programada para el último día del mes, que ese año cayó en sábado. Según las previsiones familiares, las dos semanas que habrían de transcurrir entre el cumpleaños oficial y el día de la celebración apenas serían suficientes para alistar los detalles finales, como la comida, las sillas, las mesas, los adornos, la decoración, y a esa labor estaban abocadas Rosa, su hermana mayor y la mamá de ambas.

Nunca sabremos cuántas personas han muerto realmente por “culpa” de la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Y nunca sabremos por qué murieron o quién las mató, porque más del 90% de homicidios quedan impunes.

Yolanda Adriana Ramírez Soto, de 22 años, fue asesinada en diciembre de 2012 en el estado de Chihuahua. Cinco elementos de la Policía Federal dispararon contra la camioneta que conducía su novio, en la que ambos paseaban con sus hijas: los disparos le destrozaron la mano cuando ella la extrajo por la ventanilla para pedirles que cesaran el fuego, para advertirles que había dos niñas en el vehículo, y luego dos balas la lesionaron en el cráneo.

Aunque se comprobó que los agentes sembraron armamento y droga en la camioneta para justificar su ataque, el novio de Yolanda fue sentenciado a siete años de cárcel por portación de arma prohibida, mientras que los cinco policías responsables del asesinato de la joven y de la manipulación de evidencias quedaron libres de todo cargo penal, por “falta de elementos”.

La Fiscalía de Veracruz informó que investiga la participación de policías estatales en la muerte de Alexis Moreno, un estudiante de enfermería quien fue abatido tras una persecución de parte de elementos policiacos en Coatzacoalcos, al sur de Veracruz.

En Culiacán, Sinaloa, familiares de víctimas de la violencia y de personas desaparecidas se manifestaron en exigencia de justicia ante diversas denuncias de abusos presuntamente cometidos por elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

Los manifestantes piden al secretario de Marina, el Almirante José Rafael Ojeda Durán, que investigue y castigue a los marinos que presuntamente son responsables de desapariciones y ejecuciones en la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato.

Ejecutados. Es la palabra con el cual Jesús Antonio describe lo que le hicieron a su hijo y su acompañante. Tiene la certeza de que fueron elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

Esto pasó el 11 de julio en las inmediaciones de la comunidad de donde son originarios, Villa Juárez, Navolato, a unos 30 kilómetros de la capital de Sinaloa.

Clinton Alex, uno de los jóvenes ejecutados el pasado 18 de mayo presuntamente por militares, en Nuevo Laredo, procedía de Honduras y se integró a las filas del Cártel del Noreste al llegar a esta ciudad de la frontera tamaulipeca, revela una nota publicada por Univisión.

En entrevista confidencial a un joven que lo conocía, se señala que el centroamericano se había quedado sin trabajo por la pandemia de covid-19 y viajó al norte del continente en busca del sueño americano, luego se enroló con la organización criminal.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que fueron detenidos y vinculados a proceso 16 militares supuestamente involucrados en la ejecución extrajudicial exhibida el 18 de mayo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, quienes ya fueron vinculados a proceso.

La Sedena señaló que estas detenciones fueron resultado de la investigación que inició de oficio el pasado 7 de junio por los hechos exhibidos en un video del que Proceso tiene copia.

Van dos en Nuevo Laredo. Cada uno con cinco víctimas fatales civiles. Las dos ejecuciones se documentaron, una posterior al hecho, la otra mientras sucedía.

Aun cuando se ha evidenciado la muerte de civiles a manos de militares en el pasado, el Caso Tlatlaya es el más notorio. En 2014, 22 civiles fueron fusilados por elementos del Ejército Mexicano y los excesos en la utilización de la fuerza por parte de la milicia siguen ocurriendo, a pesar de la retórica presidencial de que la situación “ya no es como antes”, la realidad es que sí lo es, especialmente cuando se utiliza y se vulnera a las inclemencias de la criminalidad, a las Fuerzas Armadas en tareas civiles.

La presunta ejecución de cinco personas civiles a manos de integrantes del Ejército Mexicano no es un hecho aislado, sino un reflejo de los procedimientos con los que las Fuerzas Armadas han actuado en los últimos años en el país al realizar funciones de seguridad pública que le corresponden a las autoridades civiles, de acuerdo con un informe publicado por Amnistía Internacional (AI).

En el video que circula en redes sociales, grabado por una cámara de vigilancia el 18 de mayo, se observa la presunta ejecución de cinco personas civiles a manos de integrantes del Ejército Mexicano, hecho por el que AI y el colectivo #SeguridadSinGuerra hicieron un llamado a las autoridades correspondientes a determinar las responsabilidades de los elementos del ejército que participaron.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) se pronunció sobre las investigaciones periodísticas que revelaron presuntas ejecuciones realizadas por militares en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 18 de mayo.

Calificó como un asunto “extremadamente grave” y que “debe ser investigado”, el video difundido por el diario El País y la cadena Univisión, que muestra a militares detener a cinco civiles con vida, que finalmente resultaron muertos tras ser interceptados por las fuerzas castrenses.