En el pasado priista de la Presidencia de la República, y en la mayoría de los estados, fueron notorias por corruptas las corporaciones policíacas. La Policía Judicial Federal se llevaba por mucho la estafeta de la más corrupta al ser la protectora y cómplice de los cárteles de la droga. Allá por los inicios de la década de los noventa, por ejemplo, en Baja California, eran notorias porque la judicial federal servía al Cártel de Sinaloa, y la Policía Judicial Estatal al Cártel de los Arellano Félix.
Cuando llegó el PAN al poder central de la República, la corrupción en las policías no cambió; lo que sí fueron los nombres. Ya no era policía judicial, sino policía ministerial, como si el cambio de membrete les asegurara la depuración. Entonces se les empezó a conocer como policías “mañosteriales”, pues continuaron sirviendo a la maña. Luego fueron los AFIS, y en el populo se les conocía como los afiosos, y así con todos los nombres que siguieron, las malas prácticas no terminaron.
Las policías en México servían a los criminales; no estaban infiltradas, estaban afiliadas a los cárteles. Con esto en mente, y queriendo cambiar el esquema mafioso de las corporaciones en el país, el presidente Felipe Calderón Hinojosa sacó por primera vez, a los soldados de los cuarteles a las calles para perseguir el crimen. Lo hizo, justificaron entonces, en lo que desarrollaban un programa de depuración de las policías para deshacerse de los elementos deshonestos.
Aun cuando se avanzó en la materia, se crearon, por ejemplo, los exámenes de control, evaluación y confianza con los que hasta la fecha se evalúa a quienes tienen un cargo en materia de seguridad, y se establecieron protocolos para la mesa de seguridad nacional; pero el programa de depuración policiaca ya no lo continuó el presidente siguiente, el priista Enrique Peña Nieto.
Cuando Andrés Manuel López Obrador arribó a la Presidencia de México, y a pesar que durante los últimos 12 años había estado en contra de la política calderonista de mantener a los soldados en las calles persiguiendo el crimen, no sólo no lo hizo, sino que llegó más lejos: desapareció la policía federal, creó con elementos de la milicia la Guardia Nacional, cedió la estrategia de seguridad al Ejército Mexicano, y entregó los puertos, marinas mercantes y aduanas a la Secretaría de Marina. Le dio el total control de la seguridad a las Fuerzas Armadas.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha mantenido el mismo escenario. A pesar de haber reactivado con Omar García Harfuch, la Secretaría de Seguridad, aun hay muchas áreas en las que las Fuerzas Armadas rigen en materia de seguridad, combate a la violencia y persecución de criminales.
Al haber cambiado de corporaciones policiacas a fuerzas armadas patrullando el país, fuese a través de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano o de la Armada, y no haber combatido a los cárteles, los principales agentes corruptores, es decir, los narcotraficantes, huachicoleros, secuestradores, extorsionadores, dejaron de comprar voluntades en las policías civiles, para comprar elementos de las Fuerzas Armadas que actuaran a su favor.
En Baja California ha sido una constante en los últimos seis años -en 2019 se creó la Guardia Nacional- los casos de elementos de la Guardia que han sido descubiertos apoyando a células de cárteles como el de Sinaloa, el de Jalisco o el de los Arellano. Les ayudan a trasladar la droga, en calidad de protectores, y hasta para entorpecer investigaciones. Con militares pasó lo mismo. Hace no muchos días, Ismael Zambada García, el Mayo, en su carta de culpabilidad ante una corte de los Estados Unidos, confesó que había sobornado a “políticos, policías y militares”; de hecho, cuando fue tomado por su ahijado (que lo entregó a las autoridades de los Estados Unidos en julio de 2024), el Mayo llegó a la reunión con el hijo del Chapo, acompañado de su jefe de seguridad, a quien el mismo capo identificaría como el comandante de la Policía Estatal de Sinaloa.
Por estos días en que, sin sus cabezas criminales -el Mayo y el Chapo-, el Cártel de Sinaloa está inmerso en una guerra interna entre Chapitos y Mayiza, los primeros acusaron públicamente que son militares los que protegen a los segundos.
Y de los Marinos, en los últimos días los mexicanos han conocido de la red criminal más grande que se tenga cuenta en las Fuerzas Armadas, con decenas de elementos de la Marina orquestados, asociados ilícitamente, para delinquir, para traficar con combustible a través del huachicol fiscal. Comandados por dos hermanos, los Farías Laguna, uno vicealmirante y el otro contraalmirante, utilizando a un capitán como su operador, controlaban los puertos de México a partir de la Aduana, institución cuyo control absoluto les cedió López Obrador en septiembre de 2020.
La red de marinos incluía, de acuerdo a las delaciones de uno de los participantes, a por lo menos 12 elementos por puerto en actividades ilícitas para la introducción de combustible en buques que registraban como cargueros de otros líquidos -aceites mayormente- que pagan menores impuestos a los de los combustibles. Los marinos defraudaron a la Armada, al País, a las arcas públicas, a las instituciones, a los mexicanos, todos, al organizarse criminalmente a la hechura de un cártel, para traficar combustible. Los sobornos por buque rebasaban el millón 700 mil pesos, y estos eran repartidos a los marinos participantes del huachicol fiscal.
Las tropas mexicanas, las fuerzas armadas que estaban en cuarteles y bases navales, que López Obrador oficializó en el patrullaje en ciudades y estados, y la protección de aduanas y puertos, se convirtieron en tropas criminales al servicio del narco o de sus propios e ilícitos intereses.
