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Fuerzas federales y estatales toman control de seguridad de Putla y detienen a cuatro policías

Esta intervención permitió el aseguramiento de 13 armas, de las cuales no tienen autorización para portar los municipales, entre las cuales se encuentran escopetas y armas cortas, además de 10 armas blancas, así como radios portátiles a los cuales no deberían tener acceso.

En menos de 48 horas, las fuerzas federales y estatales tomaron el control de la seguridad pública del municipio de Putla Villa de Guerrero y detuvieron a cuatro policías y asegurar armas irregulares en la comandancia, informó la Fiscalía General de Oaxaca. 

En conjunto con las secretarías de la Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Agencia Estatal de Investigaciones, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y el Centro de Control, Comando y Comunicación (C4), implementaron la Operación Sable en Putla Villa de Guerrero, donde tomaron el control de la seguridad de dicho municipio.

En lo que va del año, las fuerzas federales y estatales han tomado el control de la seguridad pública de los municipios de Santa María Huatulco, donde desaparecieron un grupo de jóvenes y posteriormente aparecieron muertos en los límites con el estado de Puebla; en Juchitán, donde fueron incendiadas tiendas de conveniencia por no pagar el derecho de piso; en Pinotepa Nacional, por los recientes asesinatos y ahora Putla Villa de Guerrero, por su posible vínculo con células de la delincuencia organizada. 

Esta acción coordinada también permitió tomar control de los centros de Control y Comando del Municipio C2, el cual está integrado por más de 50 cámaras que ahora están bajo control del Estado, a través del C4. 

La Operación Sable es producto de trabajos de inteligencia criminal, los cuales permitieron detener a los cuatro elementos de la policía municipal por su posible vinculación con células delictivas locales. 

Además, que, a través del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública se aplicaron pruebas toxicológicas a las y los elementos de la policía municipal. 

Esta intervención permitió el aseguramiento de 13 armas, de las cuales no tienen autorización para portar, entre las cuales se encuentran escopetas y armas cortas, además de 10 armas blancas, así como radios portátiles a los cuales no deberían tener acceso. 

En la Operación Sable, coordinada por la Fiscalía de Oaxaca en colaboración con el Gabinete de Seguridad, participan más de 600 elementos de las diferentes corporaciones, quienes tomaron el control de la seguridad en este municipio y permanecerán el tiempo que sea necesario para garantizar la tranquilidad de la población. 

Este operativo en materia de seguridad incluye patrullajes, instalación de filtros de seguridad, así como intervenciones tácticas en puntos críticos del municipio, con el propósito de localizar objetivos prioritarios de la región y a posibles responsables de delitos para presentarlos ante la autoridad correspondiente. 

La Operación Sable es una estrategia de seguridad interinstitucional que busca desarticular redes delictivas, así como lograr la detención de objetivos prioritarios generadores de violencia, por ello, se realizan intervenciones operativas que buscan atender y retomar el control de espacios estratégicos en materia de seguridad, además fortalece las capacidades de las autoridades municipales al tener la colaboración de instancias estatales y federales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.

Más de 70 mil elementos de seguridad pública sin certificar en todo el país

En México, más de 70 mil policías carecen de la certificación obligatoria para desempeñar sus funciones, lo que pone en duda su preparación y genera desconfianza ciudadana. El problema se concentra en la CDMX y el Estado de México, y se agrava por bajos salarios, falta de capacitación e incluso casos de infiltración del crimen organizado, lo que debilita la capacidad de respuesta y la seguridad pública en varias regiones del país.

¿La policía en México es confiable? De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al cierre del mes de junio, en México laboran 415 mil 943 personas en la procuración de justicia, entre elementos de la policía estatal municipal, fiscalías estatales, guardia nacional y la fiscalía general de la república.

Sin embargo, 70 mil 106 carecen de la certificación Única Policial, lo que representa un 17 por ciento de todos los elementos con los que cuenta la sociedad mexicana para la procuración de justicia, según una revisión realizada por EMEEQUIS.

El mayor número de elementos que carecen con esta certificación son 31 mil 101 elementos de la Guardia Nacional, seguidos de los 23 mil 447 elementos municipales distribuidos en todo el país.

A nivel de entidad, el mayor número de elementos sin certificar se encuentran laborando en la Ciudad de México, seguido del Estado de México.

LOS POCO CONFIABLES POLICÍAS DE MÉXICO

México ha tenido, durante años, problemas con la integración de elementos de la policía al crimen organizado, lo que ha generado acciones drásticas en gobiernos federales y locales para depurar los mandos de seguridad. Sin embargo, desde la declaración de la Guerra contra el Narco del presidente Felipe Calderón, a la implementación de la Guardia Nacional durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el problema ha persistido.

El 26 de marzo de 2019 se oficializó la creación de la Guardia Nacional, para realizar labores de seguridad ante la desconfianza del gobierno hacia los policías locales. En septiembre de 2018, antes de asumir la presidencia, López Obrador habló de la falta de confianza hacia las fuerzas locales: “Desgraciadamente, también las policías ministeriales, con honrosas excepciones, están echadas a perder, y las policías municipales y estatales”.

Sin embargo, después de un sexenio, y con varios grupos del crimen organizado matanzas en estados como Sinaloa y Guanajuato, la desconfianza continúa. Por ejemplo, en Celaya, el gobierno local despidió en 2024 a 340 de sus más de 600 policías. El problema de este municipio ha sido la integración de los policías a la nómina del narco, como así lo señaló un reciente reportaje de Los Ángeles Times.

No es el único caso. En Ciudad Juárez, Chihuahua, han sido dados de baja cerca de 400 elementos en dos administraciones municipales. En Tlalnepantla también han ocurrido estas purgas, con 50 policías dados de baja durante 2025. En Ecatepec la historia no es diferente, con 415 policías dados de baja, según informó el municipio mexiquense en julio de 2025.

Los problemas no sólo recaen en la confianza que los uniformados tienen para ejercer sus labores de seguridad, sino también para la protección de la fauna y el medio ambiente. Un estudio de Frontiers in Conservation Science revela que las policías, primera línea contra el tráfico de vida silvestre, carecen de capacitación, conocimiento científico y coordinación para enfrentar este delito.

Parte del problema son los sueldos de los policías. El propio Secretariado señala que el 96.5% de los policías se encuentran en la escala salarial más baja, que es la que corresponde a la estructura jerárquica básica, y sólo el 3.5% tiene acceso a los sueldos más altos asociados a la escala de mandos medios y superiores.

El sueldo promedio de un policía es de 10 mil 434 pesos, y el de comisario, uno de los rangos más altos, alcanza los 49 mil 964 pesos. En la región sureste del país los sueldos pueden llegar a los 7 mil 938 pesos en promedio.

LOS POLICÍAS EN ALIANZA CON EL NARCO

En los últimos años, México ha enfrentado casos impactantes de policías aliados con cárteles del narcotráfico, aprovechando su posición para facilitar actividades ilícitas.

Uno de los ejemplos más notorios es el de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. García Luna, inicialmente un alto mando en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), en 2019 fue arrestado en Estados Unidos acusado de aceptar sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa. Su juicio en 2023 reveló que recibió pagos para proteger cargamentos de cocaína y compartir información estratégica con capos como Joaquín “El Chapo” Guzmán. Fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico y conspiración, evidenciando la profundidad de la corrupción en las instituciones mexicanas.

Otro caso relevante es el de Luis Cárdenas Palomino, ex alto mando de la Policía Federal y mano derecha de García Luna. Desde 2010, su nombre ha estado vinculado al narcotráfico, aunque su detención en 2021 se dio inicialmente por cargos de tortura relacionados con un caso de secuestro. La periodista Anabel Hernández lo señaló como parte de una red de “narcopolicías” que colaboraban con el crimen organizado, específicamente con el Cártel de Sinaloa.

En un caso más reciente, Juan Cruz Solano, exdirector de Seguridad Pública de Coatepec Harinas, Estado de México, fue sentenciado en 2024 a 10 años de prisión por extorsión, un delito vinculado a su colaboración con La Familia Michoacana.

Detenido durante la Operación “Enjambre” en 2024, Cruz Solano usó su posición para extorsionar a comerciantes locales, demostrando cómo incluso funcionarios policiales de nivel municipal pueden convertirse en operadores de grupos criminales. Este caso, reportado en agosto de 2025, resalta la continuidad de la colusión entre policías y cárteles en contextos locales.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: MIGUEL ÁNGEL TEPOSTECO RODRÍGUEZ.

Aumentan 18.3 % enfrentamientos con Guardia Nacional y policías estatales en 2024; Tamaulipas y Veracruz lideran en casos

El Inegi destacó que en particular para la Guardia Nacional la mayor cantidad de agresiones y enfrentamientos se presentó en Michoacán -estado gobernado por el morenista Alfredo Ramírez Bedolla- con 42 casos.

En 2024 se registraron mil 39 enfrentamientos y agresiones en los que participaron elementos de la Guardia Nacional y personal de las instituciones de seguridad pública estatales, lo que representó un aumento de 18.3 % respecto al año anterior, cuando hubo 878 casos, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Veracruz y Tamaulipas, estados gobernados por los morenistas Rocío Nahle y Américo Villarreal, respectivamente, fueron las entidades con el mayor número de enfrentamientos y agresiones reportadas, con 388. De ese total, en 19 hechos participó la Guardia Nacional, mientras que en 369 estuvieron involucrados elementos estatales en ambos estados.

Los estados que siguieron en la lista con mayores enfrentamientos y agresiones registradas contra elementos de seguridad son Chiapas con 136, Zacatecas con 85, Nuevo León con 57, Michoacán con 55, Guerrero con 54, además de Jalisco y San Luis Potosí con 33 casos, cada uno.

En su informe sobre el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal (CNSPFE), el organismo destacó que en particular para la Guardia Nacional la mayor cantidad de agresiones se presentó en Michoacán -estado gobernado por Alfredo Ramírez Bedolla- con 42 casos.


De acuerdo con el censo, en 2024 se registraron 430 mil 196 puestas a disposición de personas ante autoridades, de estas 9 mil 777 fueron llevadas a cabo por la Guardia Nacional y 420 por las policías estatales. Esta cifra representó una disminución de 8.5 % frente al año previo.

En cuanto a la autoridad ante la cual se realizaron las puestas a disposición, 65.9 % fue ante la autoridad de Justicia Cívica y 34.1 %, ante el Ministerio Público, detalló el Inegi,

Gastan más

El Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal mostró que en 2024, la Guardia Nacional y las policías estatales ejercieron un presupuesto de 133 mil 168 millones 727 mil pesos, de los cuales el 26 % correspondió a la corporación creada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y 74 % a las instituciones estatales.

Respecto a 2023, el presupuesto de la Guardia Nacional se incrementó 35.2 %, en tanto, el gasto de las instituciones de seguridad pública estatales -sin considerar a la Ciudad de México- creció 11.7 %. A nivel estatal, el Estado de México concentró un 17.2 % del presupuesto total con 16 mil 966 millones de pesos.

En junio pasado, la Cámara de Diputados aprobó una reforma en materia de Guardia Nacional para autorizar que esta institución tenga una estructura similar a la del Ejército, para que sus integrantes puedan competir por cargos públicos, y puedan realizar operaciones encubiertas y de usuarios simulados.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: CARLOS E. MARTÍNEZ.

Captan a policías de élite de Chiapas golpeando con una tabla a un joven detenido

La práctica de “tablear”, que históricamente ha sido atribuida al Ejército y replicada por grupos criminales como forma de tortura o castigo, ha sido duramente criticada por organismos nacionales e internacionales.

Elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), un grupo de élite creado por el gobierno de Chiapas para combatir a la delincuencia organizada en la entidad, fueron captados en video mientras golpeaban con una tabla a un joven detenido durante un operativo contra la criminalidad en el municipio de Chilón.

En las imágenes, que circulan en redes sociales, se observa cómo un agente golpea con una tabla los glúteos del detenido, que se encuentra esposado y con los pantalones abajo.

El detenido permanece parado atrás de un camión, bajo la custodia de los elementos de Fuerza de Reacción Inmediata (Pakal) y policías municipales. Son al menos dos golpes que recibe con la tabla, por lo que el joven se desploma y es levantado por otro uniformado.

La práctica de “tablear”, que históricamente ha sido atribuida al Ejército Mexicano y replicada por grupos criminales como forma de tortura o castigo, ha sido duramente criticada por organismos nacionales e internacionales

Luego de la difusión del video en redes sociales, la Fiscalía General del Estado informó que “se han iniciado las investigaciones y mientras se esclarecen los hechos, el elemento que actuó de forma indebida será separado de su cargo hasta deslindar las responsabilidades correspondientes”.
Seis detenidos

Más tarde, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), informó la detención de seis elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), acusados de presunto abuso de autoridad tras ser señalados por “tablear” a un detenido.

La dependencia dijo que la acción se realizó como parte del seguimiento a denuncias internas y evidencia videográfica que circuló en redes sociales.
La Fiscalía inició la carpeta de investigación correspondiente, y los elementos ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Las autoridades reiteraron que no tolerarán actos de violencia o tratos crueles dentro del sistema penitenciario. “Ningún abuso será encubierto”, declaró el secretario de Seguridad, Óscar Aparicio Avendaño.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.

Xandro y Pablo, jóvenes localizados sin vida tras ser detenidos por policías de Los Cabos

Los cadáveres de Xandro Roldán Arce y Pablo García Nevárez fueron localizados, el 7 de agosto de 2025, en un arroyo de la zona de Santa Anita, en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur. Ambos jóvenes habían sido reportados como desaparecidos desde el 27 de julio del mismo año, fecha en la que, según familiares y testigos, fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal.

La localización de los cadáveres fue confirmada por el colectivo “Nosotras con Ellas”, el cual acompañó a las familias de Roldán Arce y García Nevárez, durante la búsqueda. En un comunicado, la organización no gubernamental señaló que los restos de los jóvenes se encontraban en avanzado estado de descomposición y que presentaban signos de violencia. Según el comunicado, las familias realizaron la identificación de los cuerpos mediante prendas y características físicas.

El hallazgo fue confirmado posteriormente por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJE-BCS), que informó que los cadáveres fueron encontrados en un arroyo, en las inmediaciones de la comunidad de Santa Anita, en la delegación de San José del Cabo. Según la institución de procuración de justicia estatal, las pruebas genéticas confirmaron la identidad de los jóvenes, y se inició una carpeta de investigación por homicidio doloso.

La desaparición de Roldán Arce y García Nevárez ocurrió el 27 de julio de 2025, cuando presuntamente fueron interceptados por policías municipales en la zona de El Zacatal, en Cabo San Lucas. La última ubicación conocida fue registrada por una cámara de videovigilancia de un comercio, donde se les observó esposados y siendo ingresados a una patrulla. A partir de ese momento, no se tuvo contacto con ellos.

Respecto a los agentes involucrados, el Gobierno Municipal de Los Cabos informó que los elementos señalados ya habían sido suspendidos de sus funciones desde que se recibió la denuncia por desaparición. Además, la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal del Ayuntamiento colaboró con las investigaciones de la PGJE-BCS.

El día 8 de agosto del mismo mes y año, los cuerpos de Roldán Arce y García Nevárez fueron entregados a sus familiares para su sepultura. Según testimonios recabados por los colectivos que acompañan el caso, los familiares exigieron justicia y sanciones penales contra los elementos responsables.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur (CEDH BCS) emitió un pronunciamiento en el que informó que mantenía una queja de oficio y realizaba un acompañamiento puntual del caso. La CEDH BCS también solicitó medidas cautelares para las familias de las víctimas.

Organizaciones civiles, colectivos feministas y familiares de personas desaparecidas convocaron a una movilización para el día 10 del mismo mes y año en el centro de Cabo San Lucas, con el fin de exigir justicia, esclarecer los hechos y que los responsables enfrenten consecuencias legales.

La PGJE BCS no ha revelado el número total de policías involucrados ni los avances concretos respecto a su responsabilidad penal. El caso se mantiene bajo reserva mientras continúan las diligencias ministeriales.


FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Familia LeBarón denuncia contratación de policía en Ciudad Juárez presuntamente involucrado en masacre de familiares

Autoridades de Ciudad Juárez señalaron que el policía presuntamente involucrado en la masacre de la familia LeBarón, pasó los exámenes de confianza.

Julián y Adrián LeBarón, acompañados de integrantes de su comunidad, se manifestaron en la presidencia municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, en exigencia de la renuncia del alcalde Cruz Pérez Cuellar y del secretario de Seguridad, César Omar Muñoz, tras la detención de Galdino ‘N’, alias “El Monster”, policía municipal en activo y que presuntamente estuvo involucrado en la masacre ocurrida en Bavispe, Sonora, en noviembre del 2019.

Los activistas reclamaron que las autoridades permitan que presuntos integrantes del crimen organizado ingresen a corporaciones de seguridad, por lo cual exigieron la salida de los funcionarios municipales.

“No podemos callar, no podemos darle a los criminales y a las autoridades la complicidad de nuestro silencio (…) el alcalde dice que ese elemento pasó los exámenes de confianza, nosotros estamos aquí para decir que eso no es suficiente”, señaló Julián LeBarón a medios de comunicación tras la reunión con autoridades.

Galdino ‘N’, alias “El Monster”, es un exmilitar que por segunda vez trabajaba como policía de Ciudad Juárez, vigilando el edificio del Distrito Sur, y que fue detenido el pasado 26 de julio y vinculado a proceso el 29 por los delitos de homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa, feminicidio y tentativa de feminicidio, por la masacre de nueve personas, tres mujeres y seis niños, de la familia Langford-LeBarón.

Adrián LeBarón, quien estuvo presente en la audiencia de vinculación a proceso, señaló que “hay muchas pruebas” que evidencian la participación del ahora expolicía, además denunció que las autoridades municipales que no detectan este tipo de casos en sus corporaciones de seguridad, son cómplices.

“Los gobernantes se hacen patos de que sus policías sean sicarios (…) no vamos a ser cómplices con nuestro silencio”, comentó.

Policía pasó exámenes de confianza: autoridades de Ciudad Juárez

Por su parte, autoridades de Ciudad Juárez, el alcalde y el secretario de seguridad, señalaron que “El Monster” no contaba con antecedentes penales y había aprobado los exámenes de confianza para formar parte de la corporación.

“Pasó sus exámenes de confianza y no teníamos ningún elemento o dato que pudiera advertirnos que fuera, como parece resulta ser, una persona muy peligrosa”, mencionó Cruz Pérez Cuellar en conferencia de prensa. 

De igual manera hizo un llamado a “revisar” el tema de los exámenes de confianza al señalar que la contratación de policías es algo “estructurado a nivel nacional” y que ninguna corporación puede contratar a alguien sin dichos exámenes acreditados.

Lo anterior fue respaldado por el secretario de Seguridad municipal quien detalló que al buscar el nombre de Galdino ‘N’ en Plataforma México no hubo resultados de que tuviera alguna órden de aprehensión, que acreditó sus exámenes de confianza y que la fiscalía estatal le otorgó una carta de antecedentes no penales.

“Bajo todos estos argumentos no tenemos nada que nos haga pensar que el elemento siquiera tuviera alguna bronca en alguna parte del país, motivo por el cual sí fue contratado”, señaló César Omar Muñoz.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sentencian a ex jefe policial por desaparición de mujer trans en Jalisco

Colectivos LGBT+ denunciaron qué fue entregada por policías a un grupo delictivo "para que la golpearan, regresándola lesionada a los separos de la corporación y entregada más tarde a sus familiares con graves lesiones.

Jesús “N”, exsubdirector de la Policía Municipal de Casimiro Castillo, Jalisco, fue sentenciado a 50 años de prisión tras ser hallado culpable del delito de desaparición forzada de persona agravada, informó la Fiscalía del Estado.

La investigación, a cargo de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, reveló que en 2020 la víctima, una mujer trans identificada como Britany Jaqueline, fue detenida ilegalmente por elementos de la corporación local y luego entregada a un grupo delictivo.

La víctima fue severamente golpeada y, aunque más tarde fue liberada y recibió atención médica, murió horas después debido a las lesiones.

Durante la audiencia de juicio oral celebrada el 31 de julio, el Tribunal resolvió imponer una pena de 50 años de prisión a Jesús “N”, de 56 años.

Además, fue condenado al pago de diez mil días de multa e inhabilitado para ocupar cargos públicos por el mismo periodo.

“La Vicefiscalía en Personas Desaparecidas obtuvo una sentencia condenatoria de 50 años de prisión contra Jesús ‘N’, quien se desempeñaba como subdirector de la Policía Municipal de Casimiro Castillo”, indicó el comunicado.

Con este caso se refrendan los esfuerzos de las autoridades estatales por sancionar severamente los delitos cometidos desde las instituciones de seguridad, destacó la FEJ.

“La Fiscalía del Estado refrenda su compromiso de llevar ante la justicia a quienes cometan delitos que vulneren la vida y libertad de las personas y de garantizar que este tipo de conductas no queden impunes”, concluyó la dependencia.

La comunidad LGBT+ exigía justicia por este caso

La asociación civil Cohesión de Diversidades para la Sustentabilidad (Codise) informó que este caso refiere al ocurrido el 26 de agosto de 2020, cuando policías municipales de Casimiro Castillo detuvieron de manera arbitraria a Britany Jaqueline, mujer trans.

Confirmaron que fue entregada por policías a un grupo delictivo “para que la golpearan, regresándola lesionada a los separos de la corporación y entregada más tarde a sus familiares con graves lesiones que fueron la causa de su muerte.”

Según datos de la asociación, el 29 de agosto de 2020 la Fiscalía del Estado informó que el motivo de la detención de la joven, “fue un presunto robo de 15 mil pesos, también se informó que 4 policías fueron detenidos y puestos a disposición de un juez que les vinculó a proceso.”

Esta asociación y otras, exigieron justicia y el cese de este tipo de crímenes de odio en el país, principalmente en el estado de Jalisco.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Detienen a 6 policías de BCS relacionados con la desaparición de dos jóvenes

Integrantes de la Mesa de Seguridad Estatal en Baja California Sur confirmaron la detención de seis elementos de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito en Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, relacionados por el delito de desaparición forzada de personas.

Dijeron, que presuntamente estarían relacionados con la desaparición de los jóvenes, Pablo Figueroa Martínez, de 21 años, y Xandro Jesús Torres Procopio, de 17 años.

Y es que, la última vez fueron vistos, el 26 de junio de este año, cuando eran detenidos por elementos policiacos, los ahora imputados.

“Hay probabilidad de que ellos hayan participado en la detención de estos jóvenes, y que después de la detención ya no fue posible localizarlos. La investigación que se realizó por la desaparición de estos dos jóvenes, se iniciaron las investigaciones y se desplegaron diversas líneas de investigación, se logró recabar cierta información que poco a poco se fue recopilando, y desafortunadamente apuntó a agentes de seguridad municipal”, confirmó Antonio López Rodríguez, Procurador General de Justicia del Estado.

Los agentes fueron ubicados en un domicilio de Lomas del Sol, justo cuando culminaban su turno, y fueron identificados como: Alejandra “N”, de 32 años, originaria del estado de Sinaloa; Ramón “N”, 30 años y originario de la Ciudad de México; Sergio “N”, de 23 años del estado de Chiapas; Jesús “N”, de 33 años; José “N”, de 26 años y Pedro N, de 21 años, estos últimos originarios de Baja California Sur.


El Gobierno de Los Cabos a través de su Secretario General de Gobierno, Alberto Rentería Santana dijo que por instrucciones del Alcalde, Christian Agúndez Gómez están colaborando con las autoridades estatales y federales para el esclarecimiento de los hechos, además de que no tolerarán esta clase de conductas que afectan la integridad de los ciudadanos.

“Redoblamos esfuerzos, no solo en capacitación interna, sino con la sociedad de este destino turístico en temas de prevención, porque nuestro interés es la seguridad de cada familia que contribuye a la fortaleza del municipio, así como de quienes nos visitan. La XV administración municipal refrenda su compromiso con la legalidad y no tolerará actos que vayan en contra de la salvaguarda y seguridad de todos los ciudadanos de Los Cabos, siempre en el marco de la ley y el respeto a sus instituciones”, indicó Alberto Rentería.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ANTONIO CERVANTES.

Supuestos agentes de FESC catean, golpean y roban a policía ministerial en Mexicali

La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga el robo y lesiones que sufrió una agente de investigación de Tijuana mientras se encontraba en su domicilio en el fraccionamiento Balboa Residencial en Mexicali, durante la madrugada del lunes 28 de julio. La denunciante advierte que los asaltantes aseguraron pertenecer a la policía Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) quienes se llevaron 200 mil pesos en efectivo, más joyas y objetos de valor.

El reporte policíaco se hizo a las dos de la madrugada en donde la víctima advierte que en el supuesto cateo participaron 20 personas, la mayoría portando prendas oficiales, todos armados con diferentes calibres, y que llegaron en al menos tres unidades.

“Hay una denuncia de la agente toda vez que dice que se introdujeron en su domicilio un grupo de agentes sin orden de cateo. Nosotros ya iniciamos la carpeta de investigación, incluso ya solicitamos a la Secretaría (de seguridad estatal) que en principio a ellos también les competería la investigación, ellos aducen que ya están investigando en su área de asuntos internos sobre sus agentes si participaron. Aún no nos dan información de ellos”, respondió Rafael Orozco, fiscal central de FGE en Baja California.

Durante la revisión de las cámaras de vigilancia, se tiene información preliminar de dos unidades que pudieron ser utilizadas en el atraco contra el domicilio de la policía de Tijuana. Pero aún no se puede determinar que agentes estatales hayan participado en el asalto organizado como cateo.

“En cuanto a lo que está en investigación, es una etapa muy inicial y sería muy irresponsable pasar información. Aún no tenemos identificados de quiénes estuvieron ahí para poderlo afirmar de esa manera. Sin embargo si es un tema muy preocupante, hayan sido o no agentes, es muy importante y ya estaremos en las próximas horas informando ya que tengamos información del evento”, advirtió el fiscal Orozco.

La policía ministerial advierte que durante el supuesto cateo fueron lesionados sus familiares, mayores y menores de edad, que fueron sorprendidos durante la noche del domingo y madrugada del lunes en Mexicali.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ERNESTO ESLAVA.

Enfrentamiento en Tula deja un agente muerto y dos más lesionados

El sábado, los cuerpos de dos hombres, desnudos y con signos de tortura fueron hallados en la comunidad de Tepojaco, Tizayuca.

Un agente de investigación muerto y dos más lesionados fue el saldo de un enfrentamiento entre un grupo de personas armadas y elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), en Tula.

La noche del 20 de julio, en la colonia Iturbe, los elementos llevaban a cabo indagatorias relacionadas con una carpeta de investigación por privación ilegal de la libertad, en agravio de un civil.

Tras el tiroteo, la PGJEH y corporaciones de seguridad municipal y estatal, en conjunto con la Guardia Nacional y el ejército implementaron un operativo en la región Tula-Tepeji.

La Procuraduría informó sobre el inicio de investigaciones por este enfrentamiento; además, dijo que "refrenda su compromiso con los elementos de su División de Investigación, así como con la población", por los ataques previos contra agentes en Pachuca y Tizayuca en las semanas previas.

El pasado 5 de julio, al notificar una medida de protección en favor de una víctima, dos agentes de la Policía Investigadora adscritos al Centro de Justicia para Mujeres fueron secuestrados y torturados en la colonia La Loma, en Pachuca.

Aunque –hasta la mañana siguiente– fueron rescatados con vida, en estado crítico, las lesiones les causaron la muerte.

Por los hechos, cuatro personas fueron detenidas, integrantes de la secta El Angelito Negro 666.

En tanto que el 11 de julio, tres elementos de la PGJEH y un defensor particular fueron heridos tras un ataque a tiros durante una inspección en la colonia El Cid, en el municipio de Tizayuca.

Tras un operativo de respuesta, cinco personas fueron detenidas por policías de investigación, también dependientes de la procuraduría.

En ambos casos, las personas detenidas fueron vinculados a proceso.

Ataques y asesinatos

El sábado, los cuerpos de dos hombres, desnudos y con signos de tortura fueron hallados en la comunidad de Tepojaco, Tizayuca.

Asimismo, un ataque armado en la colonia Guadalupe, en el municipio de Villa de Tezontepec, también al sur del territorio hidalguense y colindante con el Estado de México, dejó un muerto y dos heridos, después de que sujetos armados a bordo de una motocicleta dispararon contra dos hombres y dos mujeres.

Por ambos casos, la PGJEH inició carpetas de investigación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁXEL CHÁVEZ.

Sin orden de cateo, policía de Campeche allana domicilio, golpea y arresta a familia

Una mujer policía acusó a los hermanos de agredirla, tras lo cual, sus colegas ingresaron a la casa de la madre de Ángel, Alan, Eduardo, Jorge, donde fueron golpeados y arrestados, junto con su tío Miguel. Los cuatro actualmente están hospitalizados en calidad de detenidos.

Policías estatales allanaron la casa de los hermanos Bastarrachea Puga en la colonia Lázaro Cárdenas, el 17 de junio; sin presentar una orden de cateo entraron al predio tras derribar el portón. Lanzaron gas lacrimógeno, dispararon al aire e hirieron a uno de ellos.

Pese a los elementos de prueba que la familia presentó sobre lo ocurrido, la jueza Segundo de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de Primera Instancia, Edelmira Jaqueline Cervera Sánchez determinó la legal detención.

Todas las agresiones de los policías quedaron grabadas en videos. Se observa a los policías estatales amenazarlos con las pistolas y macanas. Se escuchan los insultos, detonaciones de armas y los golpes al portón para entrar a la casa.  

“Me asusté muchísimo y me metí al cuarto pegadito a la sala y de ahí empecé a grabar cómo estaban alzando el portón. Estaban entrando todos los policías, eran muchos, no sé cuántos, pero sí eran bastantes policías”, declaró a Proceso la mamá de los hermanos Bastarrachea Puga y dueña de la casa, Leticia Puga. 

Los hermanos Ángel, Alan, Eduardo, Jorge y su tío Miguel actualmente están hospitalizados en calidad de detenidos, se les dictó prisión preventiva como medida cautelar. La próxima audiencia en la que se determinará su situación judicial será el martes 24 de junio.  

Eran alrededor de las 12:00 del día cuando Leticia y sus hijos escucharon los golpes contra el portón. La mujer, con mucho miedo, tomó su celular y grabó el momento en que derribaron la puerta de metal y se metieron a la casa.  

Una mujer policía se dirigió a los hermanos con insultos y los acusó de agredirlos en la calle.  

“¡Oye tiraron mi moto! ¡Hey! ¿qué hacen? ¡Están dentro de la casa!”, se escuchó decir a uno de los hermanos. 

“¡Están en el patio!”, gritó otro mientras grababa.  

La mujer policía señaló a uno de ellos. “¡Es ese pendejo! ¡Tú fuiste parte de eso!”, le reclamó.  

En otro de los videos la misma mujer policía insistió en las acusaciones. “¿Qué hiciste puta madre? ¡La cámara te grabó!”, se escuchó. 

Uno de los jóvenes alcanzó a cerrar la puerta de la casa, pero no fue suficiente para impedir a los policías ingresaran, los golpearan y arrestaran. Incluso, tuvieron que ser ingresados al Hospital General de Especialidades “Dr. Javier Buenfil Osorio” para ser atendidos por las lesiones que les causaron. 

La familia escuchó varias detonaciones en el patio y grabó el momento en que también entraron policías por la parte trasera de la casa. Desde ahí les lanzaron gas lacrimógeno y en la confusión no alcanzaron a distinguir qué oficial disparó contra uno de ellos. 

Alan, uno de los hermanos Bastarrachea, tiene fracturado el pie y se encontraba en la casa por incapacidad laboral. Le dispararon en la espalda y aunque la herida no fue de gravedad, sí resultó con una lesión por las esquirlas.   

Mientras que a Jorge lo golpearon al punto que puede perder la vista y necesita una cirugía.

De la denuncia de los policías estatales, que presuntamente fueron agredidos por los hermanos Bastarrachea Puga, se inició la carpeta de investigación CI- 2- 2025- 914 por los delitos de ultrajes a la autoridad y lesiones calificadas.   

Los agentes denunciados son: que Carlos José Panti Chi, Miguel Dzul Chi, José Alberto López Rodríguez, Celina Anahí Pérez Santos, José Miguel Casanova Maldonado, Ramón Isidro Hu Panti y David Alejandro Uc. 

La audiencia de control para determinar sí fue legal o no la detención se realizó el viernes a las 9:30 de la mañana y terminó a las 23:00 horas. Durante 13 horas y media la defensa de los hermanos Bastarrachea Puga y la fiscalía debatieron sí era legal o no la detención. 

La carpeta judicial CJ-703/24-2025/JC quedó asignada a la jueza Segundo de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de Primera Instancia, Edelmira Jaqueline Cervera Sánchez, quien, además, cambió de última hora el formato de presencial a virtual, para negar el acceso de medios de comunicación, a pesar de que se trataba de una audiencia pública.  

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) llevó la defensa de los policías y alegó que existieron dos momentos en que se cometieron delitos, lo que motivó que se allane la casa sin una orden de cateo y de aprehensión. 

En un primer momento se expuso ante la jueza que tres hombres, cuyas características eran parecidas a tres de los cuatro hermanos, apedrearon una unidad policial en la que iba la policía Giselle; huyeron y entraron a la casa con portón gris.  

Expusieron que minutos después, la policía Giselle vio a tres hombres distintos a los referidos afuera de ese predio, preguntó por ellos y le respondieron con insultos, además que a su compañero le rompieron una botella en la cabeza.  

La agente pidió refuerzos y acudió otra unidad en la que iba a bordo la policía Celina, a quien supuestamente Eduardo y Alan, en presencia de los demás oficiales, metieron a la casa y amagaron con un cuchillo. Según la defensa, esos hechos obligaron a los policías a entrar sin orden de cateo y arresto.  

El abogado Edwin Trejo representa a los hermanos Bastarrachea Puga; para él no fue sorpresa que la jueza determinó la legal detención. Expresó que después del motín de Koben, que tuvo como resultado que la gobernadora Layda Sansores desarticulara a la corporación, de ningún modo pueden reconocer que los policías actuales se equivocaron. 

“Si la jueza decretara ilegal la detención estaría avalando que la policía está actuando mal, que la Secretaría de Seguridad Pública está permitiendo que esta policía actúe mal y para la visión que tiene el gobierno del Estado, para su narrativa, esto ya no es permisible. Por eso la premura y la urgencia de que diga un juez que fue legal la detención. Para que salga el próximo martes, la secretaria de justicia, Marcela Muñoz salga a decir ´ya lo vieron, yo estoy deteniendo a delincuentes, todo estuvo apegado a derecho, un juez ya lo dijo”, manifestó. 

Para el abogado de los hermanos Bastarrachea Puga la versión de la FGECAM no tiene coherencia y mucho menos existe evidencia de sus dichos. “En serio quieren que creamos que tres personas salieron rodeadas de policías y metieron una policía dentro de la casa”, acotó. 

Denuncian robo de teléfono

Gloria es la hermana de Ángel, Alan, Eduardo y Jorge y sobrina de Miguel; durante el ataque de los policías a su casa, Alan alcanzó a llamarle y avisarle de los hechos. Sus compañeros de trabajo alcanzaron a escuchar los gritos del joven.  

Al cortar la llamada, sus compañeros ofrecieron acompañarla a la casa para ver qué ocurría. En el trayecto recibió una llamada de Leticia, quien le informó que los habían arrestado y que ya se dirigían a la FGECAM. 

Gloria llegó justo en el momento que subían a la patrulla a su tío Miguel. Se acercó a los policías, entre gritos preguntó por qué se los llevaban. A la joven la detuvieron tres hombres policías y, luego de someterla, una mujer policía intentó quitarle el celular que llevaba consigo, pero no lo consiguió. 

“Me detuvieron por agresión, hay un video en vivo donde se ve que no los agredí, sí me alteré, pero cualquiera en mi situación. Fui detenida por tres policías hombres y después por dos mujeres que llegaron, uno de los agentes usó mucha fuerza. Tenía mi celular en la mano, y lo metí a la bolsa del pantalón, creo que fue un error y me lo debí quedar en la mano, en el video se ve claramente que lo agarran”, declaró Gloria en entrevista para Proceso. 

En un segundo momento se acercó a la escena una segunda oficial, que coincidentemente era Celina Anahí Pérez Santos, la misma que presuntamente fue privada de su libertad en la casa, ésta le sustrajo el celular. 

A Gloria la llevaron directo al juzgado cívico; la policía la intentó acusar de desorden público, pero no había ningún delito que perseguir y la dejaron en libertad. 

Al salir intentó recuperar su celular y acudió a la Secretaría de Seguridad Pública, manifestó los hechos en Asuntos Internos y le dijeron que sería atendida por el jefe César Alegría. Sin embargo, nunca la recibió. 

Luego de tres horas se dirigió a la FGECAM, en donde interpuso la denuncia por robo. Gracias a una aplicación logró rastrear su celular y lo ubicó en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública. 

De la mujer policía, la FGECAM se negó a dar información, fueron ciudadanos quienes lograron ubicarla y revelar su nombre.  

En la transmisión de “Martes del Jaguar” del 17 de junio, la titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Marcela Muñoz y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores simplemente aseguraron que el robo del teléfono no ocurrió.  

La casa de Leticia Puga no fue asegurada, ni resguardada. Ella reitera que sus hijos no cometieron ningún delito. Después de ser atacados por los policías estatales, a la casa llegaron elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR). Uno se le acercó y le aconsejó que denunciara las agresiones que habían vivido. 

“Uno me dijo ‘No se preocupe, ya sabemos cómo se portan la policía. A nosotros no nos caen bien, los polis son muy prepotentes”, contó. 

Leticia recordó que ese día estaba feliz porque todos sus hijos estaban en casa y cocinaría para ellos. Hoy debe dormir en una casa destrozada, en la que no puede acomodar ni mover nada porque son evidencias de la investigación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CLAUDIA V. ARRIAGA DURÁN.

Al menos 37 policías han sido asesinados en Sinaloa desde que estalló disputa del crimen organizado

Los ataques han sido en contra de agentes en diferentes circunstancias, ya sea en cumplimiento de su deber o en descanso, hacia agentes en activo o en retiro.

Desde el mes de septiembre del 2024, cuando estalló una pugna interna del Cártel de Sinaloa, en el estado han sido asesinados 37 agentes policiacos, desde municipales, estatales y hasta de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.

Los ataques han sido en contra de agentes en diferentes circunstancias, ya sea en cumplimiento de su deber o en descanso, hacia agentes en activo o en retiro.

El primer registro que se tiene de homicidio de un agente fue el 11 de septiembre del 2024, en Las Tapias al sur de Culiacán, donde asesinaron a Raúl Demetrio Herrera, “El Brujo”, quien era subdirector de la Policía Municipal, y tenía alrededor de un año retirado.

A partir de ese día, hasta 36 uniformados más adscritos a corporaciones policiales, sin considerar elementos militares ni de Guardia Nacional, han sido asesinados.

Los mandos en la mira

En los meses de septiembre y noviembre, se registraron los asesinatos de cinco policías en Mazatlán, dos de ellos fueron exsecretarios de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

El 19 septiembre atacaron a balazos y quitaron la vida a un comandante de la Municipal en la colonia Francisco Villa, tras recibir hasta 30 impactos de bala dentro de su camioneta particular.

Los extitulares de Seguridad Pública de Mazatlán, Simón Malpica Hernández y Juan Ramón Alfaro Gaxiola, cayeron asesinados los días 9 y 24 de noviembre, el primero en la colonia Juárez y el segundo en la colonia Hacienda Urías.

Mientras que en la capital sinaloense, en Culiacán, el 22 de noviembre un grupo armado irrumpió en una cafetería del sector Montebello y asesinó a Benjamín Villarreal Guerrero, exsubdirector de la Policía Municipal de Culiacán, quien seguía activo, pero ya no como mando.

También en Culiacán, el 28 de noviembre encontraron sin vida por La Costerita a Francisco Javier “N”, comandante de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa.

Las agresiones a mandos policíacos se extendieron a Navolato, el 28 de abril, cuando asesinaron a Marco Antonio “N”, comandante de la Policía Municipal, en las afueras de su domicilio.

Caídos en servicio

La noche del 25 de octubre del 2024, los oficiales Carmen e Iván Orlando, de la Policía Municipal de Navolato, se encontraban dentro de una patrulla estacionada afuera de un plantel del Cobaes en San Pedro, cuando hombres armados los asesinaron.

La mañana del 6 de diciembre, un grupo de policías estatales transitaban cerca del Aeropuerto Internacional de Culiacán para dirigirse a un festejo por el Día del Policía, los interceptaron y asesinaron a un elemento, además de herir a cuatro más.

El 23 de enero, dos agentes de la Municipal de Culiacán perdieron la vida tras un ataque a balazos frente al Parque 87, mientras transitaban dentro de una patrulla.

Tres elementos de la Policía Municipal de Culiacán atendieron un reporte en el sur del municipio el 28 de febrero, y reaparecieron asesinados hasta el 2 de marzo, en una brecha de terracería en la sindicatura de Costa Rica. Joel Alberto, Ezequiel y Petra Emilia presentaron huellas de tortura.

La noche del 7 de mayo, en el sector Pradera Dorada de Mazatlán, un comando armado atacó a balazos a un grupo de policías municipales, dicho atentado dejó a dos oficiales asesinados y cuatro más lesionados.

Ataques a domicilio

El 12 de noviembre del 2024, un oficial de la Municipal de Mazatlán fue asesinado apenas llegó a su vivienda en el fraccionamiento San Marcos.

En la capital, el 18 de noviembre privaron de la libertad a un Policía Municipal de Culiacán en la sindicatura de Quilá, y el 20 de noviembre lo hallaron sin vida en un camino de terracería en la sindicatura Costa Rica.

Patricio “N”, otro Policía Municipal de Culiacán, estaba en un local donde venden pollos en la colonia Progreso, cuando llegaron a asesinarlo a balazos el 15 de marzo del 2025.

El pasado 8 de junio, agresores irrumpieron en una vivienda en Cofradía de La Loma, municipio de Navolato, y quitaron la vida a Rafael “N”, policía estatal activo, junto con su hermano.

La otra violencia: agentes desaparecidos

De septiembre de 2024 al 10 de junio de 2025 la Fiscalía General del Estado ha registrado 17 desapariciones de personas con ocupación Policía Estatal o Municipal.

De los agentes desaparecidos, tres fueron localizados con vida y seis sin vida, mismos que se ubican dentro de los 37 policías asesinados.

La FGE estableció que continúan activas las búsquedas de ocho agentes, pues no han sido ubicados.

Uno de los casos reportados fue el 13 de septiembre del 2024, cuando quedó abandonado dentro del Parque 87 de Culiacán el vehículo de un policía estatal activo, quien fue privado de su libertad y horas más tarde lo localizaron sano y salvo en su domicilio.

Para el 26 de septiembre del 2024, ocurrió con un oficial de la Municipal de Mazatlán.

Asimismo, una custodio del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, fue vista por última vez en el fraccionamiento Villa Bonita, en la capital. Pasó su periodo de descanso de 72 horas, pero ya no se presentó a trabajar.

La noche del 21 de noviembre del 2024, un agente de la Policía Estatal celebraba el cumpleaños de su padre en el poblado Estación Obispo, de la sindicatura Higueras de Abuya, en Culiacán. Sujetos armados irrumpieron en el convivio disparando al aire, luego asesinaron al padre del policía y a un amigo de la familia, y posteriormente privaron de la libertad al oficial y su hermano.

El caso más reciente registrado es el de Urías Hernández Pardiñas, policía municipal de San Ignacio y exmando de la misma corporación.

En la ficha de su desaparición se señala que no se sabe de su paradero desde la noche del domingo 8 de junio, cerca de las 21:30 horas, en la colonia Labastida Ochoa, perteneciente a San Ignacio.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/NOROESTE.
AUTOR: REDACCIÓN/HUMBERTO QUINTERO.

Sheinbaum condenó que policías del grupo Pakal de Chiapas cruzaran Guatemala durante enfrentamiento

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los hechos están siendo investigados y que próximamente dará mayor información.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el grupo de seguridad de Chiapas “Pakal” cruzó la frontera con Guatemala, lo cual consideró que “no está bien” e instruyó mayor investigación al respecto.  

“Todo parece indicar que sí, lo están investigando, y no está bien que eso haya ocurrido. Y mañana, si quieren, vamos a dar toda la información sobre esto, que lo pueda dar ya el secretario de Seguridad”, dijo.

Añadió que hasta esta mañana no había información de que elementos policiacos de Guatemala estuvieran coludidos con las organizaciones criminales, razón por la cual el grupo de seguridad en el sureste mexicano ingresara a territorio guatemalteco.  

“No tenemos información sobre ello. Y mañana podemos dar más información. Sí se dio el informe en el Gabinete de Seguridad, pero quedaron de… Les pedí, les instruí a que hicieran una mayor investigación”, afirmó.  

Esta mañana el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, publicó en su cuenta de X: “Sobre los hechos lamentables ocurridos en la línea divisoria con la hermana República de Guatemala, es muy delicado que autoridades encargadas de velar por la seguridad de sus conciudadanos participen en estos actos. No es cosa menor estar coludidos, pero lo que es peor es estar al servicio de la delincuencia”.  

Agregó: “Esperamos que nuestra hermana República de Guatemala actúe con legalidad y responsabilidad con los elementos de sus corporaciones. Nosotros seguiremos aplicando la ley con firmeza y sin distinción alguna. El pueblo de Chiapas vivirá en paz”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.

Siete policías en Michoacán son declarados culpables por la desaparición forzada de un agricultor

La víctima se encontraba trabajando en una huerta cuando los agentes, sin motivo alguno, lo golpearon, sometieron y subieron a una patrulla con rumbo desconocido.

Siete policías municipales de Ziracuaretiro, entre ellos una mujer, fueron declarados culpables de la desaparición forzada de un agricultor, ocurrida el 10 de septiembre de 2019, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

De acuerdo con el organismo de procuración de justicia, durante el juicio oral el agente del Ministerio Público demostró que el día de los hechos el agricultor Isaac G. se encontraba en una huerta de aguacate, ubicada en la avenida 5 de mayo del municipio señalado, cuando llegaron los agentes imputados y sin motivo alguno golpearon a la víctima en diversas partes del cuerpo.

Posteriormente, el hombre fue sometido y subido a una patrulla en la que se lo llevaron con rumbo desconocido, sin ser puesto a disposición de alguna autoridad competente y desde entonces se desconoce su paradero.

Como resultado de las investigaciones de la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, se integró la carpeta de investigación y se estableció la posible participación de los entonces servidores públicos en el delito, quienes fueron presentados ante el Juez de Control que resolvió vincularlos a proceso.

Los detenidos fueron identificados como Juan José “N”, Raúl Ernesto “N”, Luis Ángel “N”, Marco Antonio “N”, Víctor Hugo “N”, Moisés “N” y Rocío “N”.

En audiencia, y luego de analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó fallo condenatorio en contra de los acusados y será próximamente cuando se lleve a cabo la audiencia de individualización de la pena.

Según la FGE, las investigaciones continúan porque la víctima sigue sin ser localizada.

Apenas el 18 de mayo anterior tres policías municipales de Zamora habían sido condenados por la desaparición forzada de dos hombres y una mujer, el 4 de agosto de 2023.

Las víctimas habían sido detenidas cuando circulaban en un vehículo y presuntamente dieron una vuelta sin precaución, fueron trasladadas a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, adonde llegaron los agentes René “N”, Miguel “N” y Rubén “N”, quienes las esposaron e internaron en el área de “barandillas”, y hasta la fecha se desconoce su paradero.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.

Otro militar al frente de la Policía de San Felipe

El Capitán de Fragata, Omar Armando Valdés Neria, fue nombrado nuevo Director de la Policía Municipal de San Felipe, en sustitución de Marco Vinicio Tisnado García, el cual dejó el cargo luego de mantener la titularidad de la corporación desde que José Luis Dagnino se volvió presidente del Concejo Fundacional de San Felipe hace ya casi 4 años.

La modificación en el séptimo municipio obedece -oficialmente- a rotaciones normales dentro de la Secretaría de Marina, pues el ahora ex jefe Marco Vinicio Tisnado, está próximo a jubilarse y será enviado a una misión castrense en el Sur del país.

La renuncia fue presentada el pasado sábado 31 de mayo, pero se hizo efectiva al término de la jornada electoral del primero de junio, toda vez que ya estaba definido todo el plan de trabajo para garantizar la seguridad dentro la jornada.

Este lunes 2 de junio, el Cabildo de San Felipe, recibió tanto la renuncia como la propuesta de José Luis Dagnino, presidente municipal del puerto, para presentar al nuevo mando de la seguridad, el cual fue respaldado por los ediles.

Según el curriculum vitae, Omar Armando Valdés Neria, es Capitán de Fragata Infantería de Marina, Paracaidista, quien ingresó a la Heroica Escuela Naval Militar, en 1999, como Cadete del Cuerpo de Infantería de Marina.

Cuenta con 24 años de experiencia de servicio al mando y manejo de personal, recursos financieros y materiales.

“Durante su desarrollo profesional se ha desempeñado como Oficial de cargo en diversas unidades de Infantería de Marina de la Armada de México, así como Comandante y Jefe de Grupo de Comando en Compañías y Batallones de Infantería de Marina; específicamente en Lázaro Cárdenas, Michoacán, Manzanillo, Colima y Puerto Vallarta, Jalisco; siendo su última comisión operativa, la de Jefe de Grupo de Comando del Batallón de Infantería de Marina Número 37 en Coatzacoalcos, Veracruz”, reza el documento público.

Cuenta con experiencia en áreas civiles, como cuando en 2019 fue nombrado Director General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito, en La Paz, Baja California Sur.

Cuenta con “Diplomado en Políticas Públicas de Seguridad Nacional y de Seguridad Pública impartido por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión de Defensa de la H. Cámara de Diputados, en la Ciudad de México”.

Cabe señalar que se ha hecho acreedor a las Condecoraciones de Perseverancia de Sexta, Quinta y Cuarta Clase por haber cumplido de 10 y 15 y 20 años de servicio activo en la Armada de México, también ha sido merecedor del Distintivo de Mando Naval.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: EDUARDO VILLA.

CDMX: Policías pedían 40 mil pesos a motociclistas para liberarlos, denuncian familiares

Para presuntamente extorsionar, los policías alegaban que los documentos de la moto eran falsos, pero se pudo comprobar su autenticidad

Tres elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México fueron detenidos por su presunta participación en la detención injustificada de dos motociclistas, a quienes habrían exigido 40 mil pesos en efectivo a cambio de su liberación. 

La denuncia fue presentada por un familiar de las víctimas en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con el informe oficial, el caso se reportó a través del Centro de Comando y Control (C2) Norte, tras una solicitud de apoyo en una plaza comercial ubicada en Othón de Mendizábal y Juan de Dios Bátiz. 

Al llegar al lugar, un hombre de 32 años informó que sus dos familiares habían sido detenidos por policías que patrullaban la zona, quienes les solicitaron la documentación de la motocicleta y afirmaron que los papeles eran falsos.

El denunciante agregó que, tras la revisión, los oficiales exigieron una suma de dinero para liberarlos. Ante el reporte, personal de la Dirección General de Asuntos Internos y de la Subsecretaría de Operación Policial acudió al Ministerio Público para verificar los hechos.

En las instalaciones ministeriales se comprobó la autenticidad de los documentos presentados por los motociclistas.

Como resultado, los tres policías señalados fueron arrestados, se les leyeron sus derechos y quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Mientras avanza la carpeta de investigación administrativa interna, los oficiales permanecerán suspendidos de sus funciones. La SSC reiteró que colaborará con las autoridades correspondientes para esclarecer los hechos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Destituyen a comandante de FRIP en Chiapas por presuntos nexos con el crimen organizado

La destitución del comandante se da luego de que Francisco Ramírez Galindo, un exmiembro de la FRIP, realizara una denuncia en contra de José Carlos Lemus.

José Carlos Lemus Vidal fue destituido como comandante de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) asignado al municipio de La Concordia, Chiapas, informó este sábado el gobernador Eduardo Ramírez.

Mediante un video difundido en su cuenta personal de la red social X, Ramírez dio a conocer que José Carlos Lemus fue denunciado por cometer presuntamente el delito de corrupción y complicidad con el crimen organizado.

“Por lo tanto, de inmediato se tomaron acciones y le pedí al fiscal General del Estado que garantice los derechos del denunciante. Además, instruí al secretario de Seguridad del Pueblo que separe de su responsabilidad al comandante de esta región para que pueda enfrentar una investigación legal y honesta”, apuntó el gobernador chiapaneco.

La destitución del comandante se da luego de que Francisco Ramírez Galindo, un exmiembro de la FRIP, realizara una denuncia pública en redes sociales en el que señalaba a José Carlos Lemus lucía en estado de ebriedad durante sus labores.

Asimismo, acusó a José Carlos Lemus de aceptar sobornos para proteger a delincuentes, así como solapar abusos sexuales dentro de la institución policiaca y, fabricar delitos.

Por su parte, el gobernador Eduardo Ramírez afirmó que su administración tomó con “mucha seriedad” esta denuncia pública y solicitó al fiscal garantizar los derechos del denunciante Francisco Ramírez Galindo.
“Seguiremos enfrentando a la delincuencia. Sé que hemos afectado intereses económicos y quisieran que fracasáramos en nuestra estrategia de seguridad. Ningún grupo delictivo verá sus ojos fracasar esa estrategia. En un gobierno que tiene autoridad moral, que no hace actos de complicidad con ningún grupo y de ninguna naturaleza la ley siempre será aplicada con transparencia y eso dará como resultado un paz en la que vivimos y en la que trabajamos todos los días”, subrayó.

“Chiapas ya sufrió mucha violencia y sangre, y me comprometo a que ese capítulo no se vuelva a repetir. En Chiapas garantizaremos la paz, porque la ley siempre se aplicará con transparencia”, concluyó el gobernador.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Policías de Guerrero golpean y amagan a comerciantes en Chilpancingo

Los policías estatales arremetieron contra un hombre que estaba sentado en una tienda de abarrotes, contra los empleados de una tortillería y contra una mujer que grababa los hechos.

Policías estatales de Guerrero fueron captados golpeando y amagando con un arma a comerciantes, así como allanando una tortillería en Chilpancingo. 

El abuso de autoridad fue grabado en video y viralizado en las redes sociales. 

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, a cargo del general de División del Ejército, Josué Barrón Sevilla, informó que la actuación de los agentes se dio tras una denuncia ciudadana anónima que reportó presuntas actividades ilícitas en el lugar.  

Y que, en apego a la legalidad y al respeto a los derechos humanos, revisaría la actuación de sus elementos involucrados. 

En la cuenta de Facebook, Melisa DeLara, pidió compartir el video con la denuncia: 

"No tenían derecho de hacer eso mi papá, está trabajando honradamente y desde la otra vez están pidiendo dinero, según son los que nos cuidan y son los mismos que nos pasan a joder. Agredieron a mi papa, mi tío y sus empleados".
La agresión se dio en la calle Saúl Alarcón de la colonia San José, al norte de la capital. 

En el video se observa que un agente con equipo táctico, armado y encapuchado, en la entrada de una tienda, exige a una persona que está sentada que se someta a una revisión. 

Ante la negativa, el policía lo jala de la playera de manera violenta. 

Ante el reclamo del ciudadano que se levanta, el agente desenfunda su arma de cargo y amaga con disparar. 

Luego llegan otros dos agentes en una motocicleta de la SSP Guerrero con el número 552. 

Los policías ingresan violentamente a la tortillería Azteca que se encuentra enfrente y someten a los encargados. Los vecinos intervienen y se corta la grabación. 

Los agentes pertenecen al Grupo Táctico de Reacción Inmediata Centauro de la Policía Estatal. A ese grupo pertenecían los tres policías que se vieron involucrados en el asesinato estudiante de la Normal de Ayotzinapa, Yanqui Kothan, en un supuesto filtro de revisión, el 7 de marzo de 2024. 

La tarde de este viernes, la SSP emitió un comunicado de prensa en el que se asegura que en el video se observa "un intercambio verbal" entre elementos de la Policía Estatal y civiles al interior de un establecimiento comercial. 

Y fijó: "El hecho ocurrió tras una denuncia ciudadana anónima que reportaba presuntas actividades ilícitas en el lugar. 

"En apego a su compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto a los derechos humanos, la SSPGro ha determinado implementar acciones institucionales, entre ellas la apertura de un procedimiento interno, a cargo de la Unidad de Asuntos Internos, para revisar la actuación del personal policial involucrado". 

La entidad es gobernada por la morenista Evelyn Salgado Pineda.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUIS DANIEL NAVA.

Chiapas: 'Se llevaron niños y ancianos', habitantes de Tila señalan a policías 'Pakales' y grupo delictivo

El grupo policial de élite Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) fue creado por el gobernador Eduardo Ramírez, el 8 de diciembre de 2024 para combatir el crimen organizado en el estado.

Habitantes del ejido de Tila, organizaciones del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) denunciaron este viernes abusos durante un operativo realizado la madrugada de este día en el ejido, encabezado por la policía de élite Pakal en alianza con el grupo criminal Karma.

Según el comunicado que leyeron en un video mensaje, el operativo incluyó un cateo de casas sin orden judicial y el secuestro de niños, ancianos, jóvenes y adultos, sin justificación legal.

“A las 3 de la mañana entró el grupo Pakal, juntamente con el grupo criminal Karma, acompañado por las tres corporaciones de gobierno. Catearon casas sin orden de cateo. Se llevaron niños, mayores, ancianos y jóvenes sin delito”, informaron.

Las autoridades locales y el gobierno federal fueron emplazados por este grupo para liberar a las 20 personas detenidas, y señalaron que “el pueblo ya está cansado de tanta injusticia”.

En su comunicado, afirmaron que esta situación ha generado un rechazo generalizado e indignación en las comunidades originarias de Tila.
Exigimos la detención del grupo Karma encabezado por Juan Flores, alias” El Chorizo”, quien es el inmediato responsable de toda la tragedia que está sucediendo en nuestro ejido originario de Tila.
Las organizaciones también pidieron la detención de una persona identificada como Manuel Utría, supuesto cuñado de “El Chorizo”; otra como Francisco Eduardo y una última como Miguel, líderes del grupo criminal Karma.

Las organizaciones pidieron el fin de la presencia de grupos criminales en el ejido Tila y denunciaron la presunta vinculación entre policías y criminales.

“Ya  basta, estamos dispuestos a morir defendiendo nuestra madre tierra porque en ella nacimos y en ella vivimos. No queremos más delincuentes en nuestro pueblo. No más narco-karma porque vamos a defender a costa de nuestra vida, porque los pakales son cómplices del crimen organizado llamado narco-karma de Tila.”

También, denunciaron que los ejidatarios son arrestados injustamente por simplemente defender sus derechos.

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que el “operativo interinstitucional” en el municipio de Tila, fue “para ejecutar diversas órdenes de aprehensión y cateos derivados de investigaciones, con el firme objetivo de combatir a los grupos criminales.”

No dio a conocer los resultados; sin embargo, dijo que en el transcurso del día, proporcionará más información sobre estas acciones.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.