Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, ha gastado cada vez más en la policía de su estado, pero cada vez hay menos arrestos, según revela una investigación realizada por EMEEQUIS. 

Según información conseguida a través de transparencia, el presupuesto para la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán sufrió varios cambios a lo largo de la administración Bedolla, que inició en octubre de 2021. 

Ese año, se invirtieron 4 mil millones 76 mil pesos aproximadamente en esa Secretaría. Para el siguiente año, el gobernador morenista decidió bajar el presupuesto para seguridad. 

En 2022, el presupuesto para la institución fue de 3 mil millones 545 mil pesos, es decir, bajó casi 500 millones de pesos el total del dinero asignado a la policía estatal. En 2023, el presupuesto fue de 3 mil millones 931 mil pesos, mayor que el año anterior, pero sin llegar a alcanzar la cantidad del primer año en que entró Bedolla al gobierno michoacano. 

En 2024, el presupuesto fue de 5 mil 192 millones de pesos, es decir, un aumento importante para la institución. Meses más tarde, según información oficial, en 2025, se destinaron 6 mil 4 millones de pesos a la policía estatal.

Por si fuera poco, durante los años que ha gobernado Bedolla, ha destacado la gran cantidad de policías sancionados en la entidad, como así lo muestra esta casa editorial luego de un análisis de los casos en transparencia. 

En total, se han sancionado a cerca de 348 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, de 2021 a 2025. 

De esos, dos fueron absueltos; otros cinco fueron “amonestados”; hubo dos arrestos, además de 156 remociones del cargo y otros 119 casos de “remolque” del cargo; y 64 más fueron suspendidos temporalmente, lo que dibuja parte de la dinámica de la corporación.

Estos números son preocupantes debido al avance de la delincuencia en el estado. El 1 de noviembre fue asesinado Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, frente a su familia. Su esposa, Grecia Quiroz, ahora ocupa el cargo, pese a las amenazas de muerte que ha recibido junto con su equipo. 

Por si fuera poco, luego de las manifestaciones en memoria del político, se han suscitado momentos de represión en lugares como Morelia, aunque también destaca la Ciudad de México, dirigida de igual forma por un gobierno morenista. 

El 9 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el “Plan Michoacán”, que busca pacificar el estado ante incidentes violentos y el avance del crimen organizado. Aún está en el aire la moneda, ¿esta nueva estrategia servirá o será otra política de seguridad que no logrará acabar con la violencia en Michoacán

El jefe de la Policía de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, afirmó que durante la marcha de la Generación Z el sábado 15 de noviembre se identificaron “18 incidentes potencialmente constitutivos de violaciones al protocolo de actuación policial y otras disposiciones legales”.

En conferencia de prensa afirmó que esto incluyó episodios de posible uso excesivo de la fuerza.

Adelantó que ya están en curso investigaciones administrativas internas para realizar entrevistas con los uniformados y continuar con las indagatorias.

Desde el sábado se difundieron en medios y redes sociales escenas de presuntos abusos policiales, en las que elementos de la Policía golpearon a ciudadanos ya sometidos o que no representaban ningún peligro.

Según Pablo Vázquez, de acuerdo con los protocolos de actuación, personal de la Dirección General de Asuntos Internos realizó un análisis de los videos, imágenes e información disponible tanto en fuentes abiertas como en los registros de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En conferencia de prensa dijo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana a su cargo mantuvo estrecha coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y los organismos garantes de derechos humanos para coadyuvar en las indagatorias derivadas de estos hechos.

“No se tolerará ningún acto contrario a los protocolos de actuación policial, así como a los principios que nos rigen como institución. Todos los casos fuera de la normatividad serán investigados y sancionados, y se buscará que la información que se recabe o derive de los mismos pueda ser analizada para generar procesos de fortalecimiento institucional”, dijo Vázquez Camacho.

Siete expolicías municipales de Nicolás Romero fueron sentenciados a 47 años y medio de prisión por homicidio, como resultado de la Operación Enjambre mediante la que fueron detenidos funcionarios y exfuncionarios de diversos municipios mexiquenses presuntamente vinculados con actividades del crimen organizado y/o de alto impacto.  

Los condenados, cinco hombres y dos mujeres, responden a los nombres de Jesús Fernando Vega Mondragón, Diego Eduardo Rodríguez Rangel, Alejandro Jacinto Herrera, Daniel Herrera Cortés, David Aguayo García, Anallely García Torres y María Isabel Alanís Rodríguez.

Tres policías en activo —uno estatal y dos municipales de Zacatepec— fueron vinculados a proceso por su presunta participación en los delitos de lesiones agravadas y abuso de autoridad. Uno de ellos, Jesús “N”, también enfrenta cargos por violación. 

Durante la audiencia realizada en la Ciudad Judicial de Jojutla, el juez de control escuchó los datos de prueba presentados por la Fiscalía Regional Sur Poniente, que acreditó indicios suficientes para iniciar proceso penal contra los tres elementos.

Tres policías capitalinos fueron detenidos e ingresados a un reclusorio, al ser señalados como presuntos responsables de la muerte de un joven al que detuvieron en calles de la Alcaldía Venustiano Carranza, el pasado 4 de noviembre.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) informó este viernes en un comunicado, que derivado de dicha situación el director del sector al que pertenecen los elementos será cesado de su cargo.

De acuerdo con el reporte oficial, la Dirección de Asuntos Internos de la SSC recibió una denuncia ciudadana por la desaparición de un joven de 21 años de edad.

#TarjetaInformativa | Personal de la Dirección General de #AsuntosInternos de la #SSC de la #CiudadDeMéxico tomó conocimiento de una denuncia ciudadana por una persona desaparecida, la cual probablemente había sido detenida el pasado 4 de noviembre por policías en @A_VCarranza,… pic.twitter.com/lmiNF68tLs

— SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 7, 2025

Aunque parecería imposible que un narcotraficante denunciara el robo de un cargamento de droga, dadas todas las alertas, banderas rojas, inconsistencias, surrealismo, impunidad, corrupción, irracionalidad y sinvergüenzada que eso implica… sucedió. En el México lindo y querido, en el Estado 29 y en la mismita Tijuana. El colmo: los ladrones de droga fueron elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.

Los hechos sucedieron más o menos así: narcotraficantes “independientes”, es decir que no están afiliados a cártel con actividad criminal en la región, y que se van por la libre (o sea sin pagar piso a otros criminales como ellos), transportaron un cargamento de 180 kilogramos de cocaína hasta la frontera de Tijuana. “Alguien” -o sea, un afiliado criminal de una célula del Cártel de Arellano Félix- advirtió la llegada de la droga y compartió tal información con un “policía amigo”, que, a su vez, orquestó a media docena o más de agentes de la FESC, para robar la droga que había llegado doblemente irregular a la entidad: primero porque, pues, es ilegal el transporte de drogas; y segundo porque lo hicieron al margen de los cárteles, sin darles la tajada que les corresponde.

Al modo, los agentes se organizaron un operativo para ir y robar la droga, sabedores que podrían mantener la impunidad ante el hecho que asumían; nadie denunciaría el robo de la droga. En convoy oficial, utilizando unidades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Baja California, a las cuales les inhabilitaron los geoposicionadores y otras herramientas digitales, llegaron hasta la zona señalada y se llevaron la droga.

Pero lo impensable: sí hubo denuncia. No oficial, por supuesto (ahora sí sería el colmo), ni a través de las redes sociales que luego utilizan para el golpeteo criminal, y tampoco con una manta amenazante que es lo más usual. La denuncia llegó a las áreas de inteligencia que, en ambos lados de la frontera, cuentan con orejas criminales.

Dada la participación de solamente oficiales de la FESC en el hurto de la coca, las áreas de inteligencia dieron parte a los mandos de la Secretaría de Seguridad, y ahí, posterior al sábado 4 de octubre, día del robo de la droga, empezó una investigación que ha develado cómo la corporación de seguridad ciudadana está infestada de grupos criminales al servicio de distintos cárteles u organizaciones ilícitas.

La semana posterior al robo, varias mantas amenazantes fueron colgadas o abandonadas en sitios públicos, y en las mismas unos grupos acusan a otros: unos elementos señalan a otros más en lo que parecía ser el juego de la papa caliente entre las áreas de inteligencia, general, enlace, investigación, operación, de la Secretaría de Seguridad. Todos echándose los 180 kilos de cocaína los unos a los otros.

¿Existe alguna corporación que se salve de la corrupción y la infiltración del narco? Difícil saberlo, pero no imposible pensarlo. Lo que sucedió con el robo de la cocaína, teniendo a agentes de la FESC como los protagonistas, evidencia que más allá de servir al narco, hay policías que ya constituyen cárteles de la droga, aunque ésta sea robada.

Desafortunadamente no es la primera ocasión que agentes roban droga en Baja California. Ha sucedido con elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Ministerial del Estado, de las Policías Municipales, pero siempre había sido su participación en apoyo a los criminales; es decir, una célula de un cártel de las drogas que tiene un su ilícita nómina a policías de las diversas corporaciones, los utiliza en distintas tareas, por ejemplo, para que les informen de operativos en su contra y estar en posibilidades de huir a tiempo, o para que les abran camino en un trayecto por zona urbana cualquiera, o para que secuestren a adversarios criminales, o para que los aprehendan. Pero en este caso los policías no iban de refuerzo de cártel o célula alguna, sino en su propio cartelito, organizados entre ellos mismos, y con las unidades oficiales que tienen asignadas.

Los hechos, finalmente, ya están siendo investigados por lo menos por la titularidad de la Secretaría de Seguridad, a cargo del General Laureano Carrillo, y de las investigaciones internas se proveerá la información a la Fiscalía General de la República, donde se radicará la indagación dado que se trata de delitos contra la salud, o sea, implican drogas, aunque éstas hayan sido robadas a una célula criminal por parte de un cartelito de policías.

Lo surrealista de todo esto es que se iniciará una investigación por el hurto de droga a una célula criminal, no para dar con el cuerpo del delito y reparar el daño a los criminales dueños de las drogas, sino para sancionar a parte de una corporación que, de manera deshonesta, falta a su compromiso de servir brindando seguridad a los ciudadanos, robando a los criminales para obtener un provecho, en lugar de investigar, confiscar, reportar, detener, perseguir a los traficantes de droga y ponerlos a disposición, acciones que habrían sido las correctas una vez que se enteraron de la ubicación de un cargamento de droga. Pero no; como vil cartelito de policías, prefirieron robársela.

El robo de 180 kilos de cocaína, ejecutado por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) el 4 de octubre del 2025, en la Zona Este de Tijuana, y corroborado por autoridades en ambos lados de la frontera, por enésima ocasión, obliga a los integrantes de la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad de Baja California a reconocer las deficiencias existentes en materia de depuración policiaca, en la utilidad del C3 y en la manera en que están ignorando protocolos y resultados.

El secretario de Seguridad de Baja California, el General Laureano Carillo, finalmente reconoció que por el tema ya tiene a 14 elementos suspendidos y están investigando “el posible mal uso de las patrullas y el equipo táctico”, aunque evidentemente el problema es más profundo.

La delincuencia organizada, la colusión de elementos estatales-federales y municipales con operadores de los cárteles en distintas actividades criminales, como “bajes” o custodia de cargamentos de enervantes, privaciones de la libertad y homicidios, durante décadas ha sido harto conocida por los bajacalifornianos y mexicanos en general. Les han cambiado el nombre a las corporaciones, pero las “mañas” permanecen y los exámenes de confianza no parecen ni contenerlos, ni detectarlos.

A largo plazo, incluso los “operativos de depuración” han servido de poco. En 2007 desarmaron a la policía de Tijuana, y entre 2008 y 2009 detuvieron a agentes municipales y estatales que liberaron años después.

Bajo el gobierno de Marina Ávila, el año pasado entre septiembre y octubre, 162 policías de la zona Sur del Valle de Mexicali fueron desarmados para ser evaluados; el 90 por ciento aprobaron y 16 agentes resultaron dudosos. Le siguieron en enero del 2025 con la policía municipal de Tecate; de los 189 agentes activos, 100 reprobaron, y en agosto informaron que 90 habían sido reinstalados después de una segunda batería de exámenes del C3, pero antes reconocieron que muchos de los no aprobados ni siquiera habían sido suspendidos.

A Rosarito le tocó entre marzo y abril. Los 264 agentes rosaritenses fueron retirados del servicio para ser examinados, y el 40 por ciento (122 elementos) resultaron reprobados y removidos, pero 33 ya están en proceso de ser reinstalados. Entre los 142 aprobados estaban Eusebio Eriberto Frausto Flores, Rosendo Valenzuela Ortega y Jorge Abel Díaz Estrada, los tres uniformados detenidos el pasado 3 de septiembre por personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Estatal (SSPC), con orden de aprehensión por su presunta participación en una desaparición del año 2024.

El plan expuesto por el secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, General Laureano Carrillo, al llegar en enero del presente año, fue que esa depuración alcanzaría a todos los municipios. En el resto de las ciudades también retirarían a los municipales y los suplirían con agentes estatales, pero dadas las circunstancias, resulta obvio que valdría empezar por reevaluar a la FESC.

El 30 de junio del 2025, el Centro de Evaluación de Control de Confianza para el personal del servicio profesional de carrera de las Instituciones de Seguridad Pública en México, presentó el informe de Seguimiento de Evaluaciones a Personal Estatal y Municipal y reportó que en Baja California, de una fuerza total de nueve mil 231 elementos, el 78 por ciento (léase siete mil 149) tenían los exámenes aprobados vigentes, 359 los habían reprobado, y el resto (mil 723) o estaban pendientes de resultados o les faltaba hacer las pruebas.

De acuerdo a estos números, en junio pasado había 52 agentes de la FESC no aprobados, de los cuales se ignora el destino, pero a la fecha el secretario de Seguridad no ha informado que ninguno de los 16 agentes suspendidos e investigados esté en los reprobados, lo que también evidenciaría la ausencia de controles.

La misma estadística detalló que nacionalmente existen nueve mil 159 mandos, de los cuales seis mil 480 reportaban los exámenes aprobados vigentes y 526 habían reprobado. Pero no sabemos si algunos de ellos son de Baja California, y también se desconocen los resultados de las pruebas de los mandos militares, dado que esas las realiza la Sedena; por ejemplo, el exdirector de la policía de Mexicali, Teniente Coronel, Julián Leyzaola, (marzo-julio 2025), se retiró del cargo sin entregar las evidencias de sus exámenes aprobados.

En junio del 2022, cuando Octavio Andrée Espino Torres, asistente del jefe de la oficina del exfiscal Ricardo Carpio, fue aprehendido al intentar cruzar la Garita de San Ysidro con 29 kilos de metanfetamina, los primeros reportes indicaron que había aprobado los Exámenes de Control, pero había sido observado por el Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3).

La Policía Estatal Preventiva (PEP) sufrió un nuevo ataque armado, en el que un agente perdió la vida y además resultaron heridos dos elementos de la Guardia Nacional (GN) que se encontraban de civiles. 

El agente asesinado viajaba en una patrulla de la corporación cuando esta fue presuntamente atacada por tripulantes de un vehículo, y en el fuego cruzado resultaron heridos los guardias.

Estos agentes iban de civiles en un auto particular color blanco de la marca Mitsubishi. En un primer momento se habló de una confusión entre corporaciones, sin embargo, luego del ataque, la SSPE emitió un comunicado en el que afirmaron que los agentes de la GN fueron víctimas ajenas a la agresión.

#SSPSinaloa informa que este viernes 10 de octubre de 2025 se suscitó un hecho de seguridad sobre la calzada Aeropuerto, a la altura de la colonia Bachigualato, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde resultó un policía estatal fallecido y, además, dos elementos de la Guardia…

— Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 10, 2025

El ataque se dio en la colonia Bachigualato, alrededor de las 3:00 horas sobre sobre la Calzada Aeropuerto, entre las calles Federico Gamboa y Victoriano Álvarez en las cercanías del Aeropuerto Internacional de Culiacán.

Para exigir mejores condiciones de seguridad durante protestas como la del 2 de octubre, y la destitución de algunos mandos, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se manifestaron este lunes en la plancha del Zócalo.

Los elementos de seguridad declararon ante medios que las autoridades no les han ofrecido garantías para protegerlos en manifestaciones en donde se les pone en riesgo, en particular, por el llamado “boque negro”.

“En México está permitido agredir, golpear, lesionar y asesinar al policía”, dijo uno de los uniformados que salió a protestar.

De acuerdo con los manifestantes, las autoridades no han ofrecido garantías suficientes para proteger al personal que se despliega en eventos de riesgo, por lo que demandaron cambios estructurales y atención inmediata a sus peticiones.

Policías resultaron lesionados tras marcha del 2 de octubre

Los elementos de la Policía Municipal de Playas de Rosarito que fueron detenidos el 3 de septiembre de 2025, por la presunta comisión del delito de desaparición forzada, fueron vinculados a proceso, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Fue a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), tras los datos de evidencia presentados, se obtuvo la vinculación a proceso de Eusebio “F”, Jorge “D” y Rosendo “V”, otorgada por un Juez de Control Federal con residencia en el Estado de Baja California.

Luego de la orden de aprehensión cumplimentada por el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada.

Los hechos por los que se encontraría imputados, es la desaparición de dos personas, una de ellas menor de edad durante 2020 en el municipio donde laboraban, según precisó la corporación.

Los detenidos se encuentran en prisión preventiva justificada, con un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Según información publicada por ZETA, dos de los agentes detenidos también tienen denuncias ante la Fiscalía General de Baja California (FGE), Rosendo Valenzuela por abuso de autoridad y Jorge Abel por tortura, ambos durante 2019.

Asimismo, se presume que tanto Eusebio “F”, como Jorge “D”, pertenecían al grupo del ex comandante de la Policía de Rosarito, César Pedro Silva Ibáñez, detenido el 26 de abril de 2025, por el homicidio de Dulce y Hugo “N”, encontrados asesinados en la cajuela de un carro en la carretera de cuota Rosarito-Tijuana, el 18 de enero del 2024.

Un oficial de Tránsito y Policía Vial de Celaya, identificado como Efráin León, de 45 años de edad, y su hijo de 29 años fueron asesinados el martes en la noche por un comando en la comunidad Tenería del Santuario, localizada en la zona norte de Celaya, Guanajuato. Hasta el momento, la autoridades no reportan detenidos.

Se trata del cuarto hecho de violencia en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Celaya en los últimos dos meses. El mando policial se encontraba en su día de descanso y se incorporaría a sus actividades este miércoles, indicó la prensa local.

De acuerdo con un reporte al 911, a las 20:30 horas se registró una balacera en una casa-habitación ubicada en la calle Vicente Suárez casi esquina con Niños Héroes. Los vecinos fueron quienes reportaron el hecho a la autoridades

Los responsables del ataque escaparon del sitio, mientras el oficial y su hijo quedaron tendidos sobre el suelo. Elementos de seguridad arribaron al lugar para resguardar la zona y al percatarse de que había dos heridos de bala, pidieron que acudieran paramédicos al lugar.

Al arribar lo cuerpos de emergencia encontraron a las victimas sin signos vitales, por lo que se realizó el levantamiento y traslado de sus cuerpos para realizar las autopsias correspondientes. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Guanajuato no ha dado a conocer las posibles líneas de investigación, pero informó que nueve personas fueron asesinadas en el estado el día de ayer, incluidas el oficial y su hijo, en los municipios de León, Celaya, Salvatierra, Acámbaro y Salamanca.

Medios de comunicación locales reporta que Efraín León prestó sus servicios en la corporación durante 30 años.

Celaya, epicentro de la violencia contra policías

En Guanajuato han asesinado a 33 elementos de diferentes corporaciones de seguridad en lo que va del año, ocho de los cuáles ocurrieron en Celaya, de acuerdo con la organización “Causa en Común”.

En el pasado priista de la Presidencia de la República, y en la mayoría de los estados, fueron notorias por corruptas las corporaciones policíacas. La Policía Judicial Federal se llevaba por mucho la estafeta de la más corrupta al ser la protectora y cómplice de los cárteles de la droga. Allá por los inicios de la década de los noventa, por ejemplo, en Baja California, eran notorias porque la judicial federal servía al Cártel de Sinaloa, y la Policía Judicial Estatal al Cártel de los Arellano Félix.

Cuando llegó el PAN al poder central de la República, la corrupción en las policías no cambió; lo que sí fueron los nombres. Ya no era policía judicial, sino policía ministerial, como si el cambio de membrete les asegurara la depuración. Entonces se les empezó a conocer como policías “mañosteriales”, pues continuaron sirviendo a la maña. Luego fueron los AFIS, y en el populo se les conocía como los afiosos, y así con todos los nombres que siguieron, las malas prácticas no terminaron.

Las policías en México servían a los criminales; no estaban infiltradas, estaban afiliadas a los cárteles. Con esto en mente, y queriendo cambiar el esquema mafioso de las corporaciones en el país, el presidente Felipe Calderón Hinojosa sacó por primera vez, a los soldados de los cuarteles a las calles para perseguir el crimen. Lo hizo, justificaron entonces, en lo que desarrollaban un programa de depuración de las policías para deshacerse de los elementos deshonestos.

Aun cuando se avanzó en la materia, se crearon, por ejemplo, los exámenes de control, evaluación y confianza con los que hasta la fecha se evalúa a quienes tienen un cargo en materia de seguridad, y se establecieron protocolos para la mesa de seguridad nacional; pero el programa de depuración policiaca ya no lo continuó el presidente siguiente, el priista Enrique Peña Nieto.

Cuando Andrés Manuel López Obrador arribó a la Presidencia de México, y a pesar que durante los últimos 12 años había estado en contra de la política calderonista de mantener a los soldados en las calles persiguiendo el crimen, no sólo no lo hizo, sino que llegó más lejos: desapareció la policía federal, creó con elementos de la milicia la Guardia Nacional, cedió la estrategia de seguridad al Ejército Mexicano, y entregó los puertos, marinas mercantes y aduanas a la Secretaría de Marina. Le dio el total control de la seguridad a las Fuerzas Armadas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha mantenido el mismo escenario. A pesar de haber reactivado con Omar García Harfuch, la Secretaría de Seguridad, aun hay muchas áreas en las que las Fuerzas Armadas rigen en materia de seguridad, combate a la violencia y persecución de criminales.

Al haber cambiado de corporaciones policiacas a fuerzas armadas patrullando el país, fuese a través de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano o de la Armada, y no haber combatido a los cárteles, los principales agentes corruptores, es decir, los narcotraficantes, huachicoleros, secuestradores, extorsionadores, dejaron de comprar voluntades en las policías civiles, para comprar elementos de las Fuerzas Armadas que actuaran a su favor.

En Baja California ha sido una constante en los últimos seis años -en 2019 se creó la Guardia Nacional- los casos de elementos de la Guardia que han sido descubiertos apoyando a células de cárteles como el de Sinaloa, el de Jalisco o el de los Arellano. Les ayudan a trasladar la droga, en calidad de protectores, y hasta para entorpecer investigaciones. Con militares pasó lo mismo. Hace no muchos días, Ismael Zambada García, el Mayo, en su carta de culpabilidad ante una corte de los Estados Unidos, confesó que había sobornado a “políticos, policías y militares”; de hecho, cuando fue tomado por su ahijado (que lo entregó a las autoridades de los Estados Unidos en julio de 2024), el Mayo llegó a la reunión con el hijo del Chapo, acompañado de su jefe de seguridad, a quien el mismo capo identificaría como el comandante de la Policía Estatal de Sinaloa.

Por estos días en que, sin sus cabezas criminales -el Mayo y el Chapo-, el Cártel de Sinaloa está inmerso en una guerra interna entre Chapitos y Mayiza, los primeros acusaron públicamente que son militares los que protegen a los segundos.

Y de los Marinos, en los últimos días los mexicanos han conocido de la red criminal más grande que se tenga cuenta en las Fuerzas Armadas, con decenas de elementos de la Marina orquestados, asociados ilícitamente, para delinquir, para traficar con combustible a través del huachicol fiscal. Comandados por dos hermanos, los Farías Laguna, uno vicealmirante y el otro contraalmirante, utilizando a un capitán como su operador, controlaban los puertos de México a partir de la Aduana, institución cuyo control absoluto les cedió López Obrador en septiembre de 2020.

La red de marinos incluía, de acuerdo a las delaciones de uno de los participantes, a por lo menos 12 elementos por puerto en actividades ilícitas para la introducción de combustible en buques que registraban como cargueros de otros líquidos -aceites mayormente- que pagan menores impuestos a los de los combustibles. Los marinos defraudaron a la Armada, al País, a las arcas públicas, a las instituciones, a los mexicanos, todos, al organizarse criminalmente a la hechura de un cártel, para traficar combustible. Los sobornos por buque rebasaban el millón 700 mil pesos, y estos eran repartidos a los marinos participantes del huachicol fiscal.

Las tropas mexicanas, las fuerzas armadas que estaban en cuarteles y bases navales, que López Obrador oficializó en el patrullaje en ciudades y estados, y la protección de aduanas y puertos, se convirtieron en tropas criminales al servicio del narco o de sus propios e ilícitos intereses.

En menos de 48 horas, las fuerzas federales y estatales tomaron el control de la seguridad pública del municipio de Putla Villa de Guerrero y detuvieron a cuatro policías y asegurar armas irregulares en la comandancia, informó la Fiscalía General de Oaxaca. 

En conjunto con las secretarías de la Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Agencia Estatal de Investigaciones, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y el Centro de Control, Comando y Comunicación (C4), implementaron la Operación Sable en Putla Villa de Guerrero, donde tomaron el control de la seguridad de dicho municipio.

¿La policía en México es confiable? De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al cierre del mes de junio, en México laboran 415 mil 943 personas en la procuración de justicia, entre elementos de la policía estatal municipal, fiscalías estatales, guardia nacional y la fiscalía general de la república.

Sin embargo, 70 mil 106 carecen de la certificación Única Policial, lo que representa un 17 por ciento de todos los elementos con los que cuenta la sociedad mexicana para la procuración de justicia, según una revisión realizada por EMEEQUIS.

El mayor número de elementos que carecen con esta certificación son 31 mil 101 elementos de la Guardia Nacional, seguidos de los 23 mil 447 elementos municipales distribuidos en todo el país.

A nivel de entidad, el mayor número de elementos sin certificar se encuentran laborando en la Ciudad de México, seguido del Estado de México.

LOS POLICÍAS EN ALIANZA CON EL NARCO

En 2024 se registraron mil 39 enfrentamientos y agresiones en los que participaron elementos de la Guardia Nacional y personal de las instituciones de seguridad pública estatales, lo que representó un aumento de 18.3 % respecto al año anterior, cuando hubo 878 casos, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Veracruz y Tamaulipas, estados gobernados por los morenistas Rocío Nahle y Américo Villarreal, respectivamente, fueron las entidades con el mayor número de enfrentamientos y agresiones reportadas, con 388. De ese total, en 19 hechos participó la Guardia Nacional, mientras que en 369 estuvieron involucrados elementos estatales en ambos estados.

El Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal mostró que en 2024, la Guardia Nacional y las policías estatales ejercieron un presupuesto de 133 mil 168 millones 727 mil pesos, de los cuales el 26 % correspondió a la corporación creada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y 74 % a las instituciones estatales.

Elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), un grupo de élite creado por el gobierno de Chiapas para combatir a la delincuencia organizada en la entidad, fueron captados en video mientras golpeaban con una tabla a un joven detenido durante un operativo contra la criminalidad en el municipio de Chilón.

En las imágenes, que circulan en redes sociales, se observa cómo un agente golpea con una tabla los glúteos del detenido, que se encuentra esposado y con los pantalones abajo.

Seis detenidos

Más tarde, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), informó la detención de seis elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), acusados de presunto abuso de autoridad tras ser señalados por “tablear” a un detenido.

La dependencia dijo que la acción se realizó como parte del seguimiento a denuncias internas y evidencia videográfica que circuló en redes sociales.

SSP y FGE detienen a 6 elementos de la FRIP por presunto abuso de autoridad.https://t.co/3U37LKtU4X#SecretaríaDeSeguridadDelPueblo#CeroCorrupción #HumanismoQueTransforma pic.twitter.com/mRu1QlSLEa

— Secretaría de Seguridad del Pueblo (@sspchiapas) August 13, 2025

La Fiscalía inició la carpeta de investigación correspondiente, y los elementos ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Las autoridades reiteraron que no tolerarán actos de violencia o tratos crueles dentro del sistema penitenciario. “Ningún abuso será encubierto”, declaró el secretario de Seguridad, Óscar Aparicio Avendaño.

Los cadáveres de Xandro Roldán Arce y Pablo García Nevárez fueron localizados, el 7 de agosto de 2025, en un arroyo de la zona de Santa Anita, en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur. Ambos jóvenes habían sido reportados como desaparecidos desde el 27 de julio del mismo año, fecha en la que, según familiares y testigos, fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal.

La localización de los cadáveres fue confirmada por el colectivo “Nosotras con Ellas”, el cual acompañó a las familias de Roldán Arce y García Nevárez, durante la búsqueda. En un comunicado, la organización no gubernamental señaló que los restos de los jóvenes se encontraban en avanzado estado de descomposición y que presentaban signos de violencia. Según el comunicado, las familias realizaron la identificación de los cuerpos mediante prendas y características físicas.

El hallazgo fue confirmado posteriormente por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJE-BCS), que informó que los cadáveres fueron encontrados en un arroyo, en las inmediaciones de la comunidad de Santa Anita, en la delegación de San José del Cabo. Según la institución de procuración de justicia estatal, las pruebas genéticas confirmaron la identidad de los jóvenes, y se inició una carpeta de investigación por homicidio doloso.

La desaparición de Roldán Arce y García Nevárez ocurrió el 27 de julio de 2025, cuando presuntamente fueron interceptados por policías municipales en la zona de El Zacatal, en Cabo San Lucas. La última ubicación conocida fue registrada por una cámara de videovigilancia de un comercio, donde se les observó esposados y siendo ingresados a una patrulla. A partir de ese momento, no se tuvo contacto con ellos.

Respecto a los agentes involucrados, el Gobierno Municipal de Los Cabos informó que los elementos señalados ya habían sido suspendidos de sus funciones desde que se recibió la denuncia por desaparición. Además, la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal del Ayuntamiento colaboró con las investigaciones de la PGJE-BCS.

El día 8 de agosto del mismo mes y año, los cuerpos de Roldán Arce y García Nevárez fueron entregados a sus familiares para su sepultura. Según testimonios recabados por los colectivos que acompañan el caso, los familiares exigieron justicia y sanciones penales contra los elementos responsables.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur (CEDH BCS) emitió un pronunciamiento en el que informó que mantenía una queja de oficio y realizaba un acompañamiento puntual del caso. La CEDH BCS también solicitó medidas cautelares para las familias de las víctimas.

Organizaciones civiles, colectivos feministas y familiares de personas desaparecidas convocaron a una movilización para el día 10 del mismo mes y año en el centro de Cabo San Lucas, con el fin de exigir justicia, esclarecer los hechos y que los responsables enfrenten consecuencias legales.

La PGJE BCS no ha revelado el número total de policías involucrados ni los avances concretos respecto a su responsabilidad penal. El caso se mantiene bajo reserva mientras continúan las diligencias ministeriales.

Julián y Adrián LeBarón, acompañados de integrantes de su comunidad, se manifestaron en la presidencia municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, en exigencia de la renuncia del alcalde Cruz Pérez Cuellar y del secretario de Seguridad, César Omar Muñoz, tras la detención de Galdino ‘N’, alias “El Monster”, policía municipal en activo y que presuntamente estuvo involucrado en la masacre ocurrida en Bavispe, Sonora, en noviembre del 2019.

Los activistas reclamaron que las autoridades permitan que presuntos integrantes del crimen organizado ingresen a corporaciones de seguridad, por lo cual exigieron la salida de los funcionarios municipales.

“No podemos callar, no podemos darle a los criminales y a las autoridades la complicidad de nuestro silencio (…) el alcalde dice que ese elemento pasó los exámenes de confianza, nosotros estamos aquí para decir que eso no es suficiente”, señaló Julián LeBarón a medios de comunicación tras la reunión con autoridades.

Galdino ‘N’, alias “El Monster”, es un exmilitar que por segunda vez trabajaba como policía de Ciudad Juárez, vigilando el edificio del Distrito Sur, y que fue detenido el pasado 26 de julio y vinculado a proceso el 29 por los delitos de homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa, feminicidio y tentativa de feminicidio, por la masacre de nueve personas, tres mujeres y seis niños, de la familia Langford-LeBarón.

Adrián LeBarón, quien estuvo presente en la audiencia de vinculación a proceso, señaló que “hay muchas pruebas” que evidencian la participación del ahora expolicía, además denunció que las autoridades municipales que no detectan este tipo de casos en sus corporaciones de seguridad, son cómplices.

“Los gobernantes se hacen patos de que sus policías sean sicarios (…) no vamos a ser cómplices con nuestro silencio”, comentó.