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Reformas en leyes de desaparición preocupan a AI

Amnistía Internacional denunció las medidas que amenazan la privacidad implementadas en las reformas a leyes en materia de desaparición forzada y la Ley General de Población. 

Entre estas medidas se encuentran el acceso irrestricto a datos biométricos y personales y la creación de una CURP biométrica. Advierten que estos datos podrían ser usados indebidamente para vigilancia y control social por parte del Estado o particulares.

Enfatizaron en la exclusión de las familias de personas desaparecidas, ya que las reformas se aprobaron sin parlamento abierto. Esto “debilita su legitimidad y desoye a quienes enfrentan día a día la crisis de desapariciones.”

Exigen al Congreso abrir espacios de diálogo con las familias, ajustar medidas que ponen en riesgo la privacidad y establecer mecanismos reales para enfrentar la impunidad y garantizar justicia.

A continuación el comunicado completo:

El pasado 1 de julio, el Congreso de la Unión aprobó reformas a leyes clave en materia de desaparición forzada y la Ley General de Población.

Aunque hay avances, expresamos nuestra profunda preocupación por diversos puntos. 👇

❌ Las reformas se aprobaron sin parlamento abierto, excluyendo a las familias de personas desaparecidas.

Esta omisión debilita su legitimidad y desoye a quienes enfrentan día a día la crisis de desapariciones.

⚠️ Se introducen medidas que amenazan la privacidad:

🔹 Acceso irrestricto a datos biométricos y personales

🔹 Creación de una CURP biométrica

Estos datos podrían usarse indebidamente para vigilancia y control social por parte del Estado o particulares.

❗ Las reformas no abordan puntos esenciales:

🔸 No enfrentan la crisis forense

🔸 No asignan presupuesto para su implementación

🔸 No tipifican las desapariciones como crímenes de lesa humanidad

🔸 No establecen responsabilidades para mandos superiores

Llamamos al Congreso a:

📢 Abrir espacios de diálogo con las familias

🔐 Ajustar medidas que ponen en riesgo la privacidad

⚖️ Establecer mecanismos reales para enfrentar la impunidad y garantizar verdad, justicia y reparación.


FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Desaparece Domingo Leal Medina, defensor del agua y la tierra en Morelos

Domingo Leal Medina es reconocido por su oposición al Proyecto Integral Morelos (PIM), que incluye un gasoducto que atraviesa Tlaxcala, Puebla y Morelos, y una termoeléctrica en Huexca.

El defensor del agua y la tierra, así como uno de los principales opositores a la termoeléctrica de Huexca —en el tramo del acueducto— y excandidato a la presidencia municipal de Ciudad Ayala, Domingo Leal Medina, fue reportado como desaparecido ante la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. Integrantes de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos (APPM) exigieron a las autoridades intensificar los trabajos para localizarlo. 

El activista, de 59 años y originario de la comunidad de Tecomalco, municipio de Ayala, fue visto por última vez el pasado 25 de abril por familiares y compañeros de lucha. Tras su desaparición, integrantes de la APPM iniciaron una búsqueda en diversas regiones con el apoyo de amigos y familiares. 

No fue sino hasta el 1 de julio que, con autorización de su familia, se hizo pública la denuncia sobre su desaparición. Desde entonces, diferentes organizaciones y movimientos sociales han difundido una ficha de búsqueda elaborada por los propios colectivos. 

La ficha se ha compartido en redes sociales acompañada de un llamado a la población para proporcionar cualquier información que ayude a encontrarlo. Los contactos habilitados son la organización ASURCO y el perfil de Facebook La Bola Records – Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos. 

“Lo consideramos un defensor comunitario y su desaparición no puede ser tomada a la ligera”, señalaron integrantes de la APPM, quienes urgieron a las autoridades estatales y federales a intensificar las labores de búsqueda. 

El 3 de julio se levantó el reporte formal ante la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos (CBPM), donde se abrió un expediente y en las próximas horas se emitirá una ficha oficial. También están en proceso de que la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) acceda a iniciar el reporte de desaparición e iniciar las investigaciones para dar con su paradero. 

Un luchador contra megaproyectos

Domingo Leal Medina es reconocido por su oposición al Proyecto Integral Morelos (PIM), que incluye un gasoducto que atraviesa Tlaxcala, Puebla y Morelos, una termoeléctrica en Huexca y un acueducto que cruza Ayala y Cuautla. Es miembro activo de la APPM y ha participado en diversas movilizaciones en defensa del agua y el territorio. 

Además, en la elección 2023-2024, Leal Medina fue candidato a la presidencia municipal de Ciudad Ayala por el Partido Verde Ecologista de México, un dato que refuerza su presencia política y social en la región. 

Jorge Velázquez Escalvazeta, activista e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala, recordó su papel activo en las protestas regionales. 

“Ha sido una figura clave en la resistencia contra el despojo de tierras y el impacto ambiental del megaproyecto impulsado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Siempre fue muy creativo en la organización de las movilizaciones, por lo cual era indispensable su apoyo”, destacó. 

En defensa de tierras ejidales

Desde hace 19 años, Domingo Leal Medina también forma parte de la lucha por la defensa de tierras ejidales expropiadas para la construcción de la autopista Siglo XXI. Como ejidatario de Tecomalco e integrante de la comisión negociadora, ha participado en bloqueos, protestas y exigencias de pagos justos, reparación de daños y transparencia en los procesos. 

Uno de los momentos clave ocurrió el 16 de mayo de 2016, cuando habitantes de Tecomalco, con Leal Medina al frente, bloquearon los trabajos de la autopista para exigir el pago directo a los propietarios de las tierras y la reparación de caminos dañados por maquinaria pesada. 

“Nosotros queríamos que el gobierno nos pagara directamente y no a otras personas que no tenían nada que ver. Nosotros éramos los afectados, pues se trataba de nuestras tierras”, declaró ese día. Señaló que los gobiernos federal y estatal habían entregado más de 9 millones de pesos al entonces alcalde de Ayala, Bernardo Sosa, sin que los ejidatarios recibieran el recurso. 

También exigían un informe oficial sobre el proceso de expropiación, del cual no habían recibido información. 

La autopista Siglo XXI cruza al menos cinco comunidades de Ciudad Ayala y, pese a que lleva más de una década en construcción, el conflicto agrario continúa vigente, con inconformidades por pagos pendientes y daños sin reparar. 

La desaparición de Domingo Leal Medina ocurre en un contexto de resistencia activa de las comunidades afectadas en el oriente de Morelos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

Señalan a GN, Ejército y AIC por presunta desaparición forzada de José Juan, adolescente de 14 años

El 19 de junio, José Juan fue retenido y subido junto con su motocicleta a una camioneta con logos del Ejército ante los ojos de su papá. Desde entonces no se sabe su paradero.

Elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía del estado son señalados como presuntos responsables de la desaparición forzada de un adolescente de 14 años, al que se llevaron después de que aparentemente acudieron a ejecutar un cateo en una vivienda en Valle de Santiago el 19 de junio, y de quien no se sabe su paradero desde entonces. 

José Juan Arias Solís fue retenido y subido junto con su motocicleta a una camioneta con logos del Ejército ante los ojos de su papá. El hombre estaba en la azotea de su casa en la colonia Ranchos Unidos; escuchó los gritos de su hijo, quien llegó al exterior de la casa cuando vio llegar las patrullas con los elementos, a las 11:30 de la mañana de ese día, y según contó, vio cómo lo sometían, lo golpeaban y después se lo llevaban, sin que haya podido localizarlo desde ese momento.

Los elementos acudieron en vehículos oficiales, camionetas de la GN y vehículos del Ejército y de la AIC, de los cuales por lo menos de uno se cuenta con el número, además de que hay una cámara del C4 cerca de la casa, informó el abogado José Luis Miranda, asesor jurídico de la familia del adolescente. 

Miranda indicó que ya se interpuso un amparo que fue admitido por la titular del Juzgado Noveno de Distrito en Irapuato, Karla Macías Lovera, para requerir a las autoridades involucradas la información, búsqueda y ubicación del muchacho.  

La jueza Macías ha llevado varios casos similares en el estado, por los que ha requerido e incluso sancionado al Ejército ante reportes de desaparición de personas y su posible responsabilidad.  

“Él (el papá del menor) estaba en la azotea dándole de comer a los perros, escucha a su hijo gritar, quiere salir, se lo impiden (los agentes); a las 4 de la tarde se presenta un supuesto agente del ministerio público; se llevan al papá a la fiscalía, no le imputan ningún delito, es liberado a las 10:30 de la noche”, detalló. 

Aunque desde ese día los padres de José Juan preguntaron en la Fiscalía si había alguna acusación contra su hijo o si se encontraba detenido y en dónde, no hubo respuestas.  

Los militares y la AIC incluso se llevaron la motocicleta de José Juan en una de las patrullas. El funcionario de la Fiscalía estatal que se presentó en la casa dijo que efectivamente se trataba de un cateo; se trata de una persona adscrita a la oficina de la FGE en Valle de Santiago, que se negó a proporcionar su nombre y cargo al papá de José Juan, dijo el abogado. 

Omisiones y sospechas

A pesar de la denuncia por la desaparición, fue hasta el 30 de junio cuando se emitió la ficha de búsqueda por la propia Fiscalía estatal.


Al día siguiente, la carpeta de investigación pasó a manos de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Irapuato. 

El asesor jurídico explicó que la Fiscalía estatal tampoco ha informado sobre el motivo del supuesto cateo, que fue realizado cerca del mediodía del 19 de junio en el domicilio de la familia de José Juan, ubicado en la colonia Ranchos Unidos de Valle de Santiago, al sur del estado.   

“No tenemos evidencia de que haya una diligencia en alguna carpeta de investigación”, sostuvo. “Pedimos a la fiscalía que solicite información sobre si hay otra carpeta de investigación que justifique el supuesto cateo o fue una diligencia fuera de la ley”. 

El abogado precisó que en caso de que José Juan hubiera sido detenido, tendrían que haberlo remitido a una fiscalía especializada en justicia para menores, pero hoy en día no hay noticia de su paradero. “Conforme pasa el tiempo es más preocupante”.  

Mediante el amparo interpuesto, dijo el asesor jurídico, se exige la localización inmediata de José Juan, que la Guardia Nacional, el Ejército y la AIC proporcionen los nombres de los elementos involucrados, el acceso a los videos del C4 y la geolocalización con ayuda del teléfono celular que tenía el menor cuando se lo llevaron. 

Miranda dijo que hay algunos elementos de prueba que ya fueron entregados a la Fiscalía, con datos de las patrullas.  

José Juan es estudiante de secundaria; fuera de sus clases, ayuda a sus papás en el taller mecánico a cargo de su padre y en un comercio que atiende su mamá.  

“Suponiendo que estuviera en malos pasos, la autoridad de todos modos debe responder qué pasó con él”, demandó el asesor de la familia.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.

Líder de la CTM en Guadalupe, Zacatecas, está desaparecido desde mediados de junio; denunció amenazas

El líder de la CTM en Guadalupe, Zacatecas, denunció haber recibido amenazas mientras se manifestaba por el incumplimiento de acuerdos para una obra pública.

Juan Francisco Palacios Murillo, representante de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Guadalupe, Zacatecas, se encuentra desaparecido desde el pasado 13 de junio tras recibir amenazas días antes.

De acuerdo con Paul Camacho Osnaya, titular de la Fiscalía de Zacatecas, el caso “no se trata de una no localización” sino que está “confirmado que fue privado de su libertad”, lo cual fue respaldado por Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario de Gobierno estatal.

El 2 de junio, durante una manifestación por el incumplimiento de convenios para la construcción de un edificio público, el líder sindical denunció amenazas por parte de presuntos miembros del crimen organizado.

“Ellos (la empresa) comentaron que ya habían tenido pláticas con otras personas, pero resulta que las otras personas son del crimen organizado, porque ahorita que estoy aquí llegaron cinco elementos armados diciendo que si no me retiro ya vienen por mí, que es una orden de arriba, ¿Pero quién de arriba?”, señaló a NTR Medios de Comunicación.


A la vez, responsabilizó a la empresa y al encargado de obra, Francisco Carrillo Pasillas, por lo que pudiera llegarle a pasar, a su familia o a sus compañeros de trabajo.

Palacios Murillos, incluso relató que los sujetos armados que lo amenazaron e intimidaron fueron perseguidos por tres patrullas, pero dijo desconocer que fueron detenidos.

Sobre estas declaraciones, el secretario de Gobierno Reyes Mugüerza confirmó que forman parte de la línea de investigación: “estamos al tanto de las declaraciones, incluso formaban parte de la línea de investigación previo a que se volvieran a hacer públicas”.

Por su parte, el fiscal reveló que el dirigente de la CTM en Guadalupe solicitó medidas de protección tras denunciar amenazas públicamente, pero no posteriormente no acudió a ratificar ni a formalizar su petición.

Actualmente en Zacatecas se tiene registro de 3 mil 922 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Con pretexto de Ley para desaparecidos, diputados aprueban CURP con datos biométricos; será identificación obligatoria

Con 438 votos a favor, 38 sufragios en contra y 0 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó, en lo general, el 30 de junio de 2025, la minuta que reformó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que crearía la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos y una Plataforma Única de Identidad.

Además, el Pleno de San Lázaro avaló, con 340 votos a favor, 104 sufragios en contra y 24 abstenciones, la Ley General de Población, en materia de fortalecimiento de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, en el cual se estableció que la CURP se integraría obligatoriamente de huellas dactilares y fotografía, por lo que sería el documento nacional de identificación obligatoria.

Los votos a favor fueron emitidos por los grupos legislativos de los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT). La bancada del Revolucionario Institucional (PRI) sufragó en contra de los cambios a ambas leyes, mientras que Acción Nacional (PAN) votó a favor de la primera y la segunda en contra. Movimiento Ciudadano (MC) se abstuvo.

Según la reforma, la CURP integraría la Plataforma Única de Identidad, que sería la fuente primaria y en tiempo real en materia de desapariciones forzadas y se interconectaría con registros como el Banco Nacional de Datos Forenses y administrativos, pero también con cualquier sistema de información de particulares que prestaran servicios financieros, de transporte, de salud física y mental, de telecomunicaciones, educación, paquetería e incluso religiosos, entre otros.

Además, crea la Base de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas no Localizadas, que sería operada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y debería ser actualizada en tiempo real por las fiscalías especializadas.

La minuta agregó que toda autoridad y particular de cualquier naturaleza que tuviera a su cargo datos biométricos o identificativos de personas, debería permitir a las fiscalías, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a la Guardia Nacional (GN), a las policías, a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y a sus pares locales, la consulta inmediata de la información referente a las personas desaparecidas para su búsqueda.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Gobernación envía al Senado observaciones sobre ley de desaparición; colectivos insisten en parlamento abierto

La iniciativa, que se votará los próximos días, antes de que concluya el periodo legislativo extraordinario el 2 de julio, tendrá que ser ajustada con las observaciones de Gobernación y sigue sin ser aceptada por colectivos de personas buscadoras.

Ante la próxima aprobación de la iniciativa de reforma a la Ley General en materia de desaparición en México, la Secretaría de Gobernación entregó al Senado un documento con las sugerencias que considera pertinente incorporar luego de diversas reuniones con colectivos. Sin embargo, personas que buscan a sus familias y aliados de todo el país aseguran que es insuficiente e insisten en un parlamento abierto.

De acuerdo con el documento “propuestas relevantes de modificaciones a la iniciativa de reformas a la Ley General en materia de desaparición de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”, remitido por la Consejería Jurídica el 18 de junio pasado, durante las mesas fueron presentadas más de 570 propuestas que quedaron plasmadas en solo 30 modificaciones a la iniciativa que envió la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado el 27 de marzo.

“Exigimos al Senado de la República y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que atiendan con profesionalismo, humanismo y seriedad esta problemática, y que tengan la apertura para convocar a un Parlamento Abierto en el que se pueda discutir públicamente la iniciativa del Ejecutivo Federal. No hacerlo concretaría el proceso de simulación el cual tendrá como resultado más impunidad y alargar la tortura que vivimos las familias”, advirtieron más de 300 familiares, colectivos y personas aliadas este martes 24.

Recordaron, además, que la ley vigente en materia de desaparición de personas nació como producto de la apertura de las fuerzas políticas del Congreso de la Unión, sin prisas, con responsabilidad, profesionalismo, trabajo técnico y empatía a su dolor. “La reforma a la ley se debe de dar en los mismos términos y no como resultado de los caprichos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación”, continúa el documento difundido por colectivos y familiares de personas desaparecidas.

Desde su perspectiva, la iniciativa no atiende la crisis en materia de desaparición y tiene como objeto imponer un sistema de vigilancia masiva que no sirve para la búsqueda de personas desaparecidas y puede ser peligroso para la seguridad de todas las personas en México. Además, no partió de una consulta amplia y pública, por lo que no es respaldada por todos los colectivos y no responde a la problemática que enfrentan.

¿Qué ajustes propone Gobernación?

En un documento que retoma el articulado de la iniciativa de ley entregada por la presidenta Claudia Sheinbaum con las 30 modificaciones derivadas de las mesas, la Consejería Jurídica nombra a cada uno de los colectivos que impulsaron cada una de las propuestas.

Una de las primeras que se menciona, dado que forma parte de los primeros artículos, es sumar la disposición de que la Comisión Nacional de Búsqueda emita un Protocolo para la Activación de la Alerta Nacional, así como los mínimos que deberá contener.

A consideración del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, precisa la Consejería Jurídica, se agrega el concepto de familia social y nombre social en el artículo 4, pues en los casos de desaparición de personas LGBTTTIQ+, así como de quienes viven en situación de calle, esos conceptos son fundamentales pues esas redes afectivas son quienes realmente conocen, buscan y se preocupan por las personas desaparecidas.

Además, se contempla añadir un principio de proporcionalidad en el funcionamiento de la Plataforma Única de Identidad, para tratar solo los datos personales que resulten adecuados, relevantes y necesarios; a las fuentes de esta herramienta se suman también los registros de salud física y mental, asistencia privada y establecimientos residenciales de atención a las adicciones, así como un apartado que condiciona su uso a la existencia del folio único de búsqueda o del número de carpeta de investigación.

Por otro lado, se agrega una precisión en el sentido de que el acceso de la fiscalía general, las locales, la Comisión Nacional y las Comisiones Locales de Búsqueda a la Plataforma estará sujeto a las medidas de seguridad y niveles de acceso establecidos y protocolos de actuación, y se limita exclusivamente a fines de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas.

Entre otros aspectos, las propuestas enviadas por Gobernación permiten también la participación de otras autoridades en la investigación, cuando sea necesario, y a quienes tengan acceso a mediciones generadas por satélites o aeronaves permitir su consulta solo a las fiscalías y comisiones de búsqueda –en este punto se omite a todas las instituciones de seguridad pública, como decía la iniciativa original–.

Otras sugerencias de adición apuntan a atender los más altos estándares científicos en materia de identificación humana, a la actuación de oficio para realizar pruebas dactiloscópicas y genéticas antes de remitir a fosas comunes, a la actuación diligente de las fiscalías, a la integración de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con voz y voto en el Sistema Nacional de Búsqueda, a la difusión pública de lineamientos, a no condicionar la búsqueda a la presentación de la CURP, al énfasis en los hijos e hijas de personas desaparecidas, a los planes para la seguridad y protección de las familias, a la sensibilización de la población en relación con prevención y mitigación de factores de riesgo, así como algunas sanciones específicas a autoridades que no cumplan las disposiciones a cabalidad.

El 4 de mayo pasado, Animal Político documentó que el Senado no había tenido ninguna participación en los diálogos con colectivos y familiares de personas desaparecidas. A petición de la presidenta Sheinbaum, el órgano legislativo solo estaba a la espera de las observaciones de Gobernación para dictaminar y aprobar el documento.

Desde entonces, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, había asegurado en entrevistas que existía urgencia de que en el periodo extraordinario se contemplara la iniciativa para su aprobación inmediata. Al mismo tiempo, la senadora Margarita Valdez, presidenta de la Comisión de Gobernación en esa Cámara, declaró que el Senado no tenía proyectado un proceso de parlamento abierto que nutriera la iniciativa con la participación pública de víctimas y especialistas, como ya habían demandado colectivos con anterioridad.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.

Colectivos rechazan reforma sobre desaparecidos; 'impone un sistema de vigilancia masiva', afirman

Afirmaron que la iniciativa presentada el lunes por el Ejecutivo al Legislativo "no sirve" para la búsqueda de sus familiares desaparecidos y "puede ser peligroso para la seguridad de todas las personas en México".

Familiares de personas desaparecidas rechazaron la reforma en materia de desaparición de personas del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual acusan de “imponer un sistema de vigilancia masiva” sin atender la crisis de desapariciones en el país, e hicieron un llamado a las Nación Unidas (ONU) a observar su avance en el Congreso.

En un comunicado, firmado por más de 300 colectivos y personas buscadoras, señalaron que la iniciativa presentada el lunes por el Ejecutivo al Legislativo “no sirve” para la búsqueda de sus familiares desaparecidos y “puede ser peligroso para la seguridad de todas las personas en México”.

“Esta (reforma) no partió de una consulta amplia y pública, por ello, reiteramos que es una iniciativa que no respaldamos, principalmente porque no responde a la grave problemática que sufrimos como familiares de personas desaparecidas”, indicaron.

Asimismo, exigieron a las Cámaras alta y baja del Congreso a convocar a “un Parlamento Abierto en el que se pueda discutir públicamente la iniciativa” y pidieron hacerlo “sin prisas ni simulaciones”.

Señalaron que la ley general en materia de desaparición de personas de 2018 “nació como producto de la apertura de las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión”.

Añadieron que la última legislación “se dio sin prisas, con responsabilidad, profesionalismo, trabajo técnico y empatía” con su dolor, por lo que demandaron que la nueva reforma a dicha ley se de bajo los mismo términos “y no como resultado de los caprichos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob)”.

Finalmente, hicieron un llamado a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a observar “con responsabilidad el proceso de reforma a la Ley General”.

“No hacerlo así perjudica nuestra causa”, advirtieron.

“Valoramos sus aportes técnicos, pero sobre todo su capacidad para lograr una correcta lectura política de la situación que sume a la causa”, zanjaron.

¿En qué consiste la reforma sobre personas desaparecidas presentada por Sheinbaum?

La iniciativa de reforma presentada por Sheinbaum, tras organizar mesas de reunión a puerta cerrada entre algunos colectivos y la Segob, propone, entre otros cambios legislativos, la creación de protocolos con planes de seguridad y protección para familias buscadoras, registro inmediato y obligatorio de reportes de desaparición por cualquier autoridad, carpetas de investigación iniciadas sin demora y sanciones a autoridades que omitan registros o investigaciones.

Además plantea la creación de la plataforma única de identidad, segura y rastreable, un convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE) -cuya identificación sirve en todos el país- para compartir datos con fiscalías, trato digno y registro actualizado de restos bajo resguardo institucional y pruebas genéticas y dactiloscópicas obligatorias antes de inhumaciones, entre muchas otras.

En México, hay más de 127.000 personas desaparecidas y no localizadas, según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO) que contabiliza las desapariciones desde la década de 1950.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Buscadora denuncia que continúan desapariciones con participación de policías en Nayarit

Asimismo, resaltó la falta de estrategia del gobierno estatal para frenar las desapariciones y llevar ante la justicia a los perpetradores, de que ni siquiera el 1% de los casos han sido juzgados.

Rosa María Jara Montes, líder del colectivo “Por Nuestros Corazones”, de buscadores de personas desaparecidas en Nayarit, denunció que al menos dos desapariciones forzadas recientes, estarían vinculadas con elementos de la policía estatal.

“Yo lo expuse en la mesa con el gobernador. El secretario de Seguridad quedó muy puntualmente de ver ese caso personalmente y hasta la fecha no se ha comunicado ni conmigo ni con la madre del joven”, afirmó Jara Montes.

Dijo que el caso más reciente es el de un joven privado de la libertad en abril pasado en la plaza de La Cantera, aunque horas después, liberado con golpes.

“La madre del joven logró señalar a un policía estatal como involucrado en la desaparición”, sostuvo.

La vocera del colectivo expuso además un segundo caso.
El segundo caso que yo expuse fue de una madre que tenía a su hijo desaparecido y que había denunciado que un elemento de investigación, que estaba en la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas, de nombre Brito, era quien se lo había llevado. Y ese señor ahorita anda trabajando en otra área como si nada.
Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, No localizadas y Localizadas (RNPDNO), en cuanto al delito de desaparición forzada de personas — en las que participa algún agente del Estado— refiere que hay 17 personas desaparecidas y no localizadas en esta situación, de 32 en total.

Cabe recordar que ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, hay más de 50 denuncias por este problema, ocurridos principalmente en 2017, aunque se han extendido las fechas.

El joven forma parte de una familia que ya había sido víctima de desaparición y secuestro, dijo la buscadora.

“Tiene un hijo desaparecido desde el 2019, que en el 2020, cuando todavía estaba la licenciada Yayori, el esposo de esta integrante sufrió un secuestro exprés. Afortunadamente, nos movimos y lo pudimos recuperar”, narró.

Jara Montes subrayó que las desapariciones no han cesado y que el colectivo ha identificado un aumento preocupante en el número de mujeres que se suman a la búsqueda de familiares.

“De febrero a mayo tenemos registrado en nuestro colectivo alrededor de 18 madres que han ingresado, y hemos sabido que hay en otros colectivos donde también han ingresado nuevas madres”, dijo.

Denunció además que muchas de estas mujeres viven bajo amenaza directa.
Muchas han sido amenazadas, muchas personas, delincuentes que llevan a cabo este flagelo han ido hasta sus casas, les han dicho que no hagan público las búsquedas.
Esto ha obligado a que las acciones del colectivo se mantengan en el anonimato y con discreción las acciones y búsquedas, “porque hay muchas madres que por desgracia se han agregado a las filas, pero tienen miedo, sobre todo con el conflicto que hay en el norte del estado”.

Según la vocera, uno de los principales focos de desapariciones está relacionado con el conflicto armado que se vive en la zona norte, especialmente en los municipios de Huajicori, Acaponeta y Tecuala.

“Nuestro foco de preocupación es el conflicto que hay de Sinaloa, pero que afecta a lo que es Huajicori, Acaponeta, Tecuala, porque muchos jóvenes de aquí, de la capital, han sido llevados a trabajar con privación forzosa a esas áreas del Estado”, indicó.

Sobre este fenómeno, precisó que las madres sí conocen los destinos a los que son llevados sus hijos, bajo engaños.

“Sí, lo hemos sabido porque se han llevado a dichos jóvenes en presencia de sus madres, de sus familias, les han dicho a dónde los llevan y que van a regresar pronto, y pues muchos ya no regresan”.

En el municipio de Tecuala, aseguró que existen al menos ocho familias dentro del colectivo que han identificado a las personas responsables, pero la mayoría ha decidido no presentar denuncias ante las autoridades por temor.

“Las personas del municipio de Tecuala no han querido denunciar porque dicen que estos delincuentes se la llevan patrullando por las calles como si no pasara nada”, apuntó.

Agregó que en ese mismo municipio, hasta hace pocos meses, se sabía de la existencia de una casa de seguridad cercana a instalaciones oficiales.
Nos contaba una familiar que enfrente de los juzgados del municipio existía una casa de seguridad hace cuatro meses aproximadamente.
Cuestionada sobre la respuesta de las autoridades, Jara Montes insistió en que no hay un plan de acción para atender las desapariciones, ni para prevenir que no sucedan — el sexenio del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero está a dos años de concluir—.
No hay un plan que tenga que ver con los contextos de Nayarit para erradicar o eliminar este flagelo. Son esfuerzos aislados, no hay un trabajo con visión integral ni de contención.
Dijo que las reuniones con el gobierno estatal han resultado poco efectivas, aunque la autoridad les promete actuar ante sus peticiones.

“Siempre nos escuchan, pero no vemos resultados. Se nos promete atención directa a los casos, pero se quedan en el aire“, dijo.

Añadió que aunque algunos casos han recibido atención, el avance es mínimo y de los más de 2 mil 86 registrados en la Comisión Estatal de Búsqueda de personas en todo el estado.

“Sí, tenemos un porcentaje de atenciones, pero es mínimo, estamos hablando de menos de un 10 por ciento de los casos, y aun así no se ha hecho justicia; además, tenemos más del 90 por ciento de los casos que no son judicializados, o sea, se quedan en el archivo y no hay seguimiento.”

Conmemoran ocho años de las desapariciones masivas en Nayarit

Rosa Jara mencionó que el colectivo Por Nuestros Corazones, como cada año, conmemoró con una misa, el día de las desapariciones masivas ocurridas el 22 de junio de 2017 en Tepic y otros municipios.

“Donde alrededor de 25 jóvenes fueron privados de su libertad, sistematizadas estas privaciones de la libertad, donde se llevaban 15-20 minutos una tras otra”, recordó la mujer que perdió a su hijo ese mismo día, a manos de su mejor amigo, que ya recibió sentencia de más de 700 años, pero mantiene una apelación.

La mayoría de estas desapariciones son investigadas por la presunta participación de policías y otros agentes del estado, durante el sexenio del exgobernador Roberto Sandoval y el exfiscal convicto por narcotráfico en Estados Unidos, Édgar Veytia.

Jara Montes agradeció la participación constante de la Iglesia católica y al obispo Luis Artemio Calzada, para realizar esta actividad, “porque él siempre ha manifestado el interés en que sean visibles estas desapariciones que ha habido aquí en el estado”, señaló.

Jara Montes concluyó haciendo un llamado urgente a las autoridades, para frenar las desapariciones en Nayarit.
No podemos seguir normalizando que las desapariciones ocurran frente a todos y no haya consecuencias. Necesitamos justicia, pero también seguridad para las familias que buscan.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: KARINA CANCINO.

Advierten riesgos por reformas en materia de desapariciones y Guardia Nacional

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) manifestó su preocupación por las reformas a la Ley de la Guardia Nacional y a la Ley General contra las Desapariciones Forzadas que son discutidas hoy en el periodo extraordinario del Congreso de la Unión.

“El periodo extraordinario que hoy inicia, con una cargada agenda que no augura discusión de fondo, no trae buenas noticias para los derechos humanos: preocupan las reformas de la Guardia Nacional y las reformas a la Ley en Materia de Desapariciones”, publicó el Centro Prodh en sus redes sociales.

Señaló que la iniciativa propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum para cambiar la ley de la Guardia Nacional y reformar leyes secundarias en la materia asegura que ésta “sea plenamente militar, sin controles civiles”, además de que al modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública “se amplían excesivamente las atribuciones de Sedena (Secretaría Nacional de Defensa) en inteligencia”.

“Así, avanza la militarización”, afirmó el centro de derechos humanos sobre la propuesta, con la que la Guardia Nacional pasaría a formar parte de la Sedena y con la que se permitiría, entre otros puntos, legalizar la vigilancia de las comunicaciones por parte del ejército.

Por su parte, el Centro Prodh criticó que las reformas a la Ley General en materia de Desaparición “no parecen representar un avance sustantivo”, por lo que la iniciativa “se seguiría quedando corta frente a la magnitud de la crisis”.

“Esto ocurriría, por poner solo un ejemplo, si no se fortalece normativamente al hoy abandonado Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), fundamental para enfrentar el rezago forense, y si sí se elimina en cambio la figura del reporte administrativo por desaparición, lo que disminuirá las denuncias y permitirá controlar las cifras”, precisó el centro.

De acuerdo con la organización, con las modificaciones “no se avanzaría sustantivamente” en la atención a la crisis de desaparición, “que requiere medidas de fondo”, y por el contrario se desmovilizaría la exigencia de justicia por los hallazgos de desaparicidos en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco; se cancelaría la exigencia de renovación de funcionarios en cargos clave; se facilitaría que se informen al Comité Contra la Desaparición Forzada “avances ficticios en el marco de la activación del artículo 34 de la Convención”, y “se retrocedería en victorias ganadas”.

“Celebrar y saludar los diálogos del gobierno con las víctimas no tiene por qué conllevar bajar la exigencia y la revisión crítica sobre las medidas que se adoptan frente a una realidad tan dolorosa como la crisis de desapariciones”, concluyó el Centro Prodh.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Tres jóvenes fueron de vacaciones a Mazatlán y desaparecieron; “ya no somos libres de conocer el país”, lamenta madre de víctima

Los jóvenes José Isaías, Enrique y Santiago desaparecieron en el municipio de Concordia, Sinaloa, cuando regresaban de un fin de semana de vacaciones en Mazatlán. Sus familias los buscan desde San Juan del Río, Querétaro, de donde son originarios.

“Nosotros aquí los estábamos esperando, pero ya no llegaron”, dice la señora Maritza, madre de José Isaías García, quien lleva dos meses y 11 días sin regresar a su casa en San Juan del Río, Querétaro. Un viaje de celebración a Mazatlán, Sinaloa, se convirtió en el inicio de semanas de incertidumbre para los familiares de tres jóvenes queretanos que ahora están desaparecidos.

José Isaías, de 23 años de edad, salió de viaje al destino turístico con sus amigos, los hermanos Santiago y Carlos Enrique Sánchez, para festejar su cumpleaños. Como ya había visitado el estado norteño en otras ocasiones, estaba emocionado por pasar un fin de semana en la playa.

“Ellos ya venían de regreso de sus vacaciones”, comparte Maritza en entrevista. “Venían por Concordia, Sinaloa, y se pierde la señal de comunicación con ellos, ellos ya venían rumbo al estado de Querétaro”.

Las familias de Isaías, Santiago y Enrique estaban pendientes de su trayecto a través de GPS, pero alrededor de las 18 horas, cuando atravesaban el área de Concordia, a menos de 50 kilómetros de distancia de Mazatlán, perdieron la señal y no volvieron a tener noticias de los muchachos.


Violencia asedia Sinaloa

Al día siguiente, aún sin información sobre los tres amigos, la señora Maritza y los familiares de Santiago y Enrique se dirigieron a una oficina del Ministerio Público en San Juan del Río para levantar una denuncia por la desaparición de su hijo y sus compañeros.

“Nos indicaron los pasos a seguir, y se ha tenido el apoyo del gobierno del estado (de Querétaro)”, relata. “Para podernos dar el enlace de todas las personas, como la Comisión de Búsqueda para llevar precisamente la búsqueda de los muchachos, y hacer la coordinación con el estado de Sinaloa”.

Las autoridades emitieron las fichas de búsqueda para Isaías, Santiago y Enrique, quienes viajaban en una camioneta gris marca Toyota. Por parte del gobierno sinaloense, ofrecieron a las familias apoyo para trasladarse al norte del país para participar en acciones de búsqueda, pero dada la situación de violencia que atraviesa el estado, consideraron más seguro hacerla a la distancia por el momento.


Desde septiembre de 2024, una ola de violencia azota la ciudad de Culiacán, capital de Sinaloa, que paralizó a la población y provocó la suspensión de actividades en escuelas y comercios. Los enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa, Los Mayos y Los Chapos, tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, se han expandido a las comunidades aledañas, mientras que los asesinatos, enfrentamientos armados y desaparición de personas ha incrementado en los últimos meses.

Entre septiembre de 2024 y mayo de 2025, la entidad registró oficialmente mil 333 hombres y mujeres desaparecidos, un promedio de 5 personas diarias durante esos nueve meses.

“Nos han dicho que nosotros tenemos derecho de ir, estamos en toda la libertad de nosotros ir igual al campo, pero ahorita igual como familia vemos que por seguridad es peligroso el traslado, y ellos mismos nos dicen que ahorita sí está un poco peligroso para ir. Por eso nos están apoyando a través de comunicación vía celular, para darnos información del avance”.


“Son parte de nuestra familia”: mamá de jóven desaparecido en Sinaloa

La señora Maritza lleva presente a Isaías, Santiago y Enrique como parte de su familia, pues si bien los últimos dos jóvenes no llevan su sangre, tuvieron múltiples convivencias juntos.

“Son buenos hijos, son buenos amigos y buenos nietos”, dice. “Son parte de nuestra familia y se fueron (de vacaciones) con la confianza y la felicidad de ir a festejar y pasársela un fin de semana en Sinaloa con Isaías”.


A la fecha, no hay avances en la investigación sobre su paradero, por lo que la mamá de Isaías hace un llamado a la ciudadanía a compartir sus fichas de búsqueda y apoyar con cualquier información que pueda ayudar a que los jóvenes regresen a casa.

“Tenemos mucha fe en que pronto ellos puedan regresar con bien. Hay dos familias muy dañadas ante esta situación y esta violencia que se ve sobre nuestro país, porque ya no somos libres de conocer nuestro país, y es muy preocupante”, remarca Maritza.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TAMARA MARES.

Buscan a sobrino de la periodista Gloria Muñoz, secuestrado en octubre de 2024

Jesús Muñoz mide 1.70 metros, tiene ojos chicos de color café oscuro, cabello ondulado negro y tez morena clara. Como señas particulares, presenta una cicatriz en la frente, otra por quemadura en el brazo derecho, así como un lunar en la pantorrilla y otro debajo del ojo derecho.

Jesús Muñoz Mata, de 35 años, permanece desaparecido desde el 20 de octubre de 2024, cuando fue secuestrado en el municipio de Alvarado, Veracruz. A pesar de que su familia accedió a las exigencias económicas de los captores, hasta la fecha no se tiene información sobre su paradero. 

Jesús es sobrino de la periodista Gloria Muñoz, quien junto a familiares ha solicitado el apoyo de la ciudadanía para compartir su ficha de búsqueda, difundida por la Fiscalía General de la República (FGR) a través del programa “¿Has visto a…?”.

Jesús Muñoz mide 1.70 metros, tiene ojos chicos de color café oscuro, cabello ondulado negro y tez morena clara. Como señas particulares, presenta una cicatriz en la frente, otra por quemadura en el brazo derecho, así como un lunar en la pantorrilla y otro debajo del ojo derecho. 

El registro oficial de la FGR es el 538/DS/2025. Cualquier información puede ser reportada al correo electrónico hasvistoa@fgr.org.mx, al portal hasvistoa.fgr.org.mx o al número 55 80 59 66 74. 

La familia hace un llamado especial a las comunidades de Veracruz y Quintana Roo para colaborar en la difusión del caso y apoyar en la localización de Jesús.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FLAVIA MORALES.

México reconoce su responsabilidad en la desaparición forzada de joven madre igualteca, desaparecida dos años antes que los 43

A inicios de mayo, el Subsecretario de derechos humanos de Gobernación, Arturo Medina, articuló la voz oficial del Estado mexicano, para el reconocimiento internacional y la disculpa pública ofrecida por la desaparición de Ivette Melissa Flores Román, ocurrida el 24 de octubre de 2012, cuando un comando armado entró a su casa en Iguala, Guerrero, y se la llevó de manera forzosa. Tenía entonces 19 años y casi 13 años después, continúa desaparecida. 

La disculpa fue consecuencia del dictámen emitido por el Comité de las Naciones Unidas para la eliminación de la discriminación contra las mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés) que halló responsable a México de haber discriminado y criminalizado a la joven desaparecida y a su familia, dilatando la investigación criminal y omitiendo cualquier mecanismo para buscarla, ignorando el contexto de violencia extrema y predominio del crimen organizado que vivían entonces en Iguala y que, en 2014, se volvió tristemenente conocido como el sitio de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. 

Así como las Naciones Unidas han hecho énfasis en sus condenas previas a México, en la relación entre la violencia machista y feminicidio; este caso sentó un precedente por su denuncia del vínculo entre la desaparición de mujeres “como una de las representaciones más graves de la violencia de género” y la dificultad para su reconocimiento cuando la delincuencia organizada participa en los crímenes. 

Conocida como la “sentencia CEDAW sobre la desaparición de mujeres”, el dictámen del caso de Ivette Melissa incluye varios puntos extra, que exigen al Estado una política eficaz para proteger a las mujeres “en contextos de extrema violencia”. Eso vale incluso para su madre, Sandra Luz Román Jaimes, principal artífice de este proceso que puja por la justicia, quien pidió a las autoridades presentes en el evento, su compromiso de brindarle seguridad a ella y a su familia, para continuar en este camino. 

El caso fue presentado para el análisis del Comité por la organización civil Idheas Litigio Estratégico en octubre de 2019, fue aceptado en 2020 y dictaminado el 24 de octubre de 2022, al cumplirse diez años de la desaparición. El Estado tardó otros dos años y medio en ofrecer la disculpa, catalogada como “un primer acto de reparación”, por el encargado de la oficina del Alto comisionado para las Naciones Unidas en México, Jesús Peña Palacios. 

Una red

Ivette Melissa conoció a su novio estudiando en Iguala y fue madre a los 16 años, tras lo cual se mudó a vivir con la familia de su pareja, un joven de su edad. El maltrato en ese sitio comenzó pronto, fue obligada a cortar el contacto con su familia y aislada, signos reconocidos como episodios de violencia machista. La familia de la joven madre también reconoció la violencia que envolvía a Ivette, quien comenzó una segiudilla de escapatorias de su familia política. Mientras su madre y sus hermanos, intentaban auxiliarla, del otro lado emergió la figura de su suegro, el padre de su pareja, llamado Humberto Velázquez Delgado, como el personaje que mandataba la violencia. 

Vélazquez Delgado era entonces comandante de la policía ministerial de la Fiscalía de Guerrero, y acumulaba una larga trayectoria, -desde los años 90- de denuncias en su contra por violencia policial y señalamientos de su vinculación con el grupo criminal, Guerreros Unidos. A pesar de las múltiples evidencias que se acumularon contra él durante la década que lleva abierto el caso, nunca fue citado a declarar. Fue asesinado en su tienda de equipamiento militar en Iguala, en la tarde del 21 de junio de 2021. 

Así como las autoridades se negaron a citar al identificado agresor, las autoridades ignoraron este contexto de violencia criminal como un hecho vinculado a la desaparición de la joven. Incluso existe un antecedente en el expediente, señalado por las abogadas de Idheas, dónde se argumentó no encontrar elementos para acreditar la razón de género como motivo de su desaparición. 

“Estamos ante un caso emblemático, y aunque no puede considerarse suficiente por sí misma, esta disculpa implica reconocer, de manera explícita y oficial, la existencia de una violencia estructural en contra de las mujeres, y asumir la responsabilidad por las omisiones institucionales graves, que permiten esta violencia extrema”, sostuvo Frida Velázquez, representante legal de Idheas. 

Luz en el camino

Sandra Luz Román Jaimes, madre de Ivette Melissa, recorrió (y aún recorre) un tortuoso camino en pos de la justicia, ya que las amenazas continuaron hacia ella y su familia, una vez que su hija fue desaparecida. Los primeros dos años los sufrió casi en soledad, cobrándole a su salud y cambiando su vida por completo, dedicándola a la búsqueda. La familia recibió otro duro golpe cuando su sobrina y prima de Ivette, Norma Angélica Bruno Román, fue asesinada por el grupo criminal, frente a sus hijos pequeños. Su muerte continúa en la impunidad. 

Por eso, cuando en 2014 explotó la atención sobre las desapariciones en México, tras la desaparición de los 43 normalistas, Sandra junto a otras familias igualtecas claves para este país, -como la familia Vergara, por ejemplo- fundaron “los Otros desaparecidos” y surcieron el camino a la justicia que abrió el Comité de madres y padres de los 43, hacia el resto de las familias que sufren la desaparición de uno de los suyos. 

Tres años después, fundó su propio colectivo Madres Igualtecas en busca de sus desaparecidos AC y desde entonces, ha sido referente para acompañar a otras familias que pasan por lo mismo. Durante el acto de disculpa pública, las compañeras del colectivo llenaron los espacios disponibles para los invitados de la familia. 

En entrevista con Desinformémonos, Sandra contó que han conseguido que la justicia emita algunas órdenes de aprehensión referidas al caso; y que como parte de este proceso de reparación, buscan que se instale una placa en Iguala, en memoria de su hija. También que el dictámen de CEDAW ha permitido la colaboración de la Comisión Nacional de Búsqueda, y con ellos han retomado las búsquedas en vida en el vecino estado de Morelos, dónde trabajaron la última semana de mayo, y la primera quincena de junio. “Estoy emocionada, no tengo palabras, pero esperemos que en todo lo que se comprometió el Estado, la Federación y las autoridades internacionales sigan apoyándome, y que no termine yo en un ataúd, como varias de las buscadoras que buscan como yo”, concluyó.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: ELIANA GILET.

Absuelven a cuatro policías acusados de presunta desaparición forzada y homicidio de tres jóvenes en Romita, Guanajuato, en 2023

Un juez absolvió a los policías, pues la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato (FGE) no pudo comprobar que presuntamente los hayan entregado a un grupo criminal, ni que los hayan amenazado.

Cuatro policías de Romita, Guanajuato, fueron liberados tras haber sido acusados de desaparición forzada y homicidio del matrimonio conformado por Daniela Castro y Juan Pablo Vargas, de 27 y 25 años, y de Carlos Esteban Rocha Anguiano de 25.

El pasado 11 de enero de este año, el juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Oralidad de la Segunda Región del Estado, Alfonso Israel Valdez Alvarado, liberó a cuatro expolicías de Romita que habían sido acusados por el delito de desaparición forzada, incluido el entonces director de Policía de dicho municipio, pues la Fiscalía no pudo sostener mediante pruebas que existieron amenazas previas y que las personas detenidas fueron entregadas a un grupo delincuencial.

Los cuerpos de los jóvenes fueron encontrados en una fosa clandestina el pasado 23 de febrero de 2023, en la zona de El Escoplo, en el Rancho El Refugio.

Caso de los jóvenes en Romita, Guanajuato

De acuerdo con la Plataforma por la Paz y Justicia de Guanajuato, el 19 de febrero de 2023 a las 19:00 horas, las víctimas viajaban en un automóvil, cuando colisionó con otro que se encontraba estacionado en la calle. Al lugar de los hechos arribaron agentes de la policía vial para proporcionar asistencia, pero la víctima refiere al oficial que ya se están arreglando con los propietarios del vehículo y que su presencia no es necesaria.

“Posteriormente por un grupo de Whats App, el comisionario de Seguridad Pública de Romita es informado del suceso. Momentos después el mismo comisionado arriba al lugar y procede a detener a la víctima que conducía el vehículo en estado de ebriedad, remitiendo al mismo a la estación de policía de Romita”, señala la plataforma.

Añadió que, en testimonios de los declarantes, el comisionario declaró a la víctima que ya lo estaban buscando y que sería entregado al crimen organizado.

“A la estación de policía arribaron los otros dos ofendidos, con la intención de averiguar qué había ocurrido con la primera víctima. Ambos son detenidos y remitidos a la jueza cívica, pero ninguna de las detenciones es registrada en el Sistema Nacional de Detenciones, es archivada de manera física”, indicó.

Detalló que a las 23:00 horas de ese mismo día, arribó hasta las instalaciones de Seguridad Pública un vehículo de motor del cual descendieron varias personas y uno de ellos se identificó como el hermano de las víctimas, “que está ahí” para pagar la multa

“Pero que prefiere no entrar en las instalaciones”, refiere.

En ese sentido, dicho familiar entregó el dinero de las multas al elemento de la policía municipal y por mandato de una jueza cívica, son “liberados”.

“En esa la madrugada del día 20 de febrero, se presentan a la estación de policía los padres de los afectados, a los cuales se les informa que sus familiares ya fueron liberados por otro pariente. El comisario, al ser cuestionado por los padres asegura que no puede proporcionar más información de los eventos que acontecieron, ni del paradero de sus seres queridos”, aclaró la plataforma.

Según Valdez Alvarado, y que hubiera existido negativa a informar sobre la detención.

Violencia en Guanajuato

El estado del bajío ha sido recrudecido por la violencia en los últimos días, pues la Fiscalía General del Estado (FGE) informó de la localización de 17 cuerpos en fosas clandestinas en una vivienda en la comunidad de Rancho Nuevo del Llanito, en el municipio de Irapuato.

Además, la madrugada del 19 de mayo, se registró un ataque armado en la comunidad de San Bartolo, en el municipio de San Felipe, que dejó como saldo siete muertos, todos del sexo masculino, informó el ayuntamiento.

En ese contexto, Guanajuato se mantiene a la cabeza como el estado más violento: en 2024 registró 3 mil 151 asesinatos y entre enero y abril de este año hubo mil 260, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La entidad junto con Baja California, Estado de México, Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Jalisco, concentran más de la mitad de los homicidios en el país.

La violencia persiste a pesar de que a finales de marzo la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, dio a conocer que, tras la visita del Gabinete de Seguridad federal, se acordó la creación de dos grupos especializados en materia de seguridad.

El primero de ellos, detalló, es liderado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y se encarga de la ministerialización de las causas penales, esto significa que los operativos tengan como resultado más órdenes de aprehensión y más sentencias condenatorias.

El segundo, el cual es mixto y está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), coordina operaciones especiales, principalmente en los municipios de atención prioritaria, y tiene apoyo del Grupo de Inteligencia Operativa del Estado.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Siete policías en Michoacán son declarados culpables por la desaparición forzada de un agricultor

La víctima se encontraba trabajando en una huerta cuando los agentes, sin motivo alguno, lo golpearon, sometieron y subieron a una patrulla con rumbo desconocido.

Siete policías municipales de Ziracuaretiro, entre ellos una mujer, fueron declarados culpables de la desaparición forzada de un agricultor, ocurrida el 10 de septiembre de 2019, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

De acuerdo con el organismo de procuración de justicia, durante el juicio oral el agente del Ministerio Público demostró que el día de los hechos el agricultor Isaac G. se encontraba en una huerta de aguacate, ubicada en la avenida 5 de mayo del municipio señalado, cuando llegaron los agentes imputados y sin motivo alguno golpearon a la víctima en diversas partes del cuerpo.

Posteriormente, el hombre fue sometido y subido a una patrulla en la que se lo llevaron con rumbo desconocido, sin ser puesto a disposición de alguna autoridad competente y desde entonces se desconoce su paradero.

Como resultado de las investigaciones de la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, se integró la carpeta de investigación y se estableció la posible participación de los entonces servidores públicos en el delito, quienes fueron presentados ante el Juez de Control que resolvió vincularlos a proceso.

Los detenidos fueron identificados como Juan José “N”, Raúl Ernesto “N”, Luis Ángel “N”, Marco Antonio “N”, Víctor Hugo “N”, Moisés “N” y Rocío “N”.

En audiencia, y luego de analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó fallo condenatorio en contra de los acusados y será próximamente cuando se lleve a cabo la audiencia de individualización de la pena.

Según la FGE, las investigaciones continúan porque la víctima sigue sin ser localizada.

Apenas el 18 de mayo anterior tres policías municipales de Zamora habían sido condenados por la desaparición forzada de dos hombres y una mujer, el 4 de agosto de 2023.

Las víctimas habían sido detenidas cuando circulaban en un vehículo y presuntamente dieron una vuelta sin precaución, fueron trasladadas a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, adonde llegaron los agentes René “N”, Miguel “N” y Rubén “N”, quienes las esposaron e internaron en el área de “barandillas”, y hasta la fecha se desconoce su paradero.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.

Grupo Fugitivo: cinco cuerpos, una cita trampa y muchas preguntas

La desaparición del Grupo Fugitivo en Reynosa dio un giro sombrío tras el hallazgo de cinco cuerpos calcinados en un rancho. Aunque días antes autoridades aseguraron que los músicos estaban a salvo, familiares desmintieron esa versión. La Fiscalía de Tamaulipas confirmó este jueves que los restos podrían corresponder a los jóvenes, avivando el misterio sobre un posible engaño oficial y una trampa mortal.

Lo que comenzó como la búsqueda angustiosa de cinco jóvenes músicos terminó en un giro oscuro, cargado de sospechas, contradicciones oficiales y un posible crimen premeditado. 

A las 9:47 horas del jueves 29 de mayo, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó el hallazgo de cinco cuerpos calcinados en una zona despoblada. Las autoridades informaron que podrían corresponder a los integrantes del Grupo Fugitivo, desaparecidos desde el sábado.


El anuncio sepultó una versión que había circulado en redes y medios desde el lunes: que los jóvenes habían sido localizados con vida. Esa versión, impulsada por autoridades estatales, resultó ser falsa. Y no fue un error menor. Fue, según denunciaron familiares y activistas, un engaño deliberado para encubrir la gravedad del caso.

En la mañanera, presidenta aseguró que se está trabajando de cerca con Tamaulipas y que sería el Gabinete de Seguridad daría información.

¿UNA TRAMPA PLANEADA?

Los músicos, originarios de Reynosa, habían sido contratados para tocar en una supuesta fiesta privada. Se les indicó una dirección, pero al llegar encontraron una palapa vacía, en medio de la nada, sin rastro de celebración. “Todo indica que fue una emboscada”, asegura Edith González, fundadora del colectivo “Amor por los Desaparecidos”. Según sus investigaciones, el evento nunca existió y los jóvenes fueron llevados ahí para desaparecerlos.

“Les dieron una dirección falsa. Los citaron en un lugar apartado. Fue una trampa”, dice González, quien ha acompañado a familiares en la búsqueda.

Los cinco desaparecidos eran músicos del Grupo Fugitivo, una banda versátil que tocaba en fiestas, bodas y ferias locales. Tenían aspiraciones modestas: consolidar su nombre en la región y algún día cruzar a Estados Unidos.

DE LA ESPERANZA A LA MENTIRA

La noticia de su desaparición generó una movilización inmediata entre sus familias, quienes comenzaron a buscar pistas y difundir sus rostros. Pero el lunes, la versión que circuló desde fuentes del gobierno estatal fue alentadora y peligrosa: se dijo que los músicos habían sido rescatados con vida.

“Nos llamaron y nos dijeron que los habían encontrado. Nos pidieron ir a identificarlos. Fue falso. Todo era mentira”, denunció públicamente Sony Bernal, expareja de uno de los integrantes.

Bernal señaló directamente al gobernador Américo Villarreal y al secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, acusándolos de difundir información falsa para contener la presión pública. La misma Fiscalía evitó emitir un comunicado oficial durante días, alimentando la incertidumbre.

EL HALLAZGO QUE CAMBIA TODO

La narrativa dio un giro total la mañana del jueves, cuando la Fiscalía informó que cinco cuerpos calcinados habían sido localizados en un paraje despoblado. Aunque el comunicado es prudente y aclara que aún deben realizarse las pruebas genéticas, las autoridades reconocen que los cuerpos coinciden con las características y número de los músicos desaparecidos.

El caso ahora apunta hacia un asesinato múltiple. Aunque los familiares continúan rechazando que sean los cuerpos de los músicos.
TAMAULIPAS Y LA RUTA DE LA IMPUNIDAD

Este caso revive viejas heridas en Tamaulipas, un estado donde los desaparecidos suman miles y los patrones de violencia tienen el sello del crimen organizado, a menudo con la complicidad del poder. El hallazgo de cuerpos calcinados en zonas rurales es tristemente común, y las investigaciones suelen diluirse entre laberintos burocráticos.

La mentira oficial sobre el presunto “rescate con vida” hizo más profundo el dolor. En palabras de una de las madres: “Nos dieron esperanza para después matarnos dos veces”.

UN GRUPO MUSICAL, UNA TRAGEDIA ANUNCIADA

El Grupo Fugitivo no tenía enemigos. Eran cinco jóvenes que querían tocar música, viajar, grabar un disco. Hoy, su historia se une a la lista de historias truncadas por la violencia en el norte de México. Y su caso ya simboliza el hartazgo de una sociedad que exige verdad, no simulación.

¿Quién organizó el falso evento? ¿Por qué los citaron en un lugar deshabitado? ¿Qué intereses se esconden detrás de este montaje?
La verdad aún no ha sido plenamente revelada. Pero la narrativa oficial ya colapsó.

La pregunta ya no es si están vivos. La pregunta es quién los mató. Y por qué.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Familias de desaparecidos denuncian demoras en análisis forenses e identificación de cuerpos

El colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL) denunció las «violaciones graves a víctimas de desaparición, homicidios y feminicidios» cometidas por el personal del Servicio Médico Forense y del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, ante las demoras en los análisis forenses y de identificación de cuerpos en la entidad.

En un comunicado, los familiares del FUNDENL ejemplificaron las faltas con tres «deficiencias que vulneran los derechos de las miles de víctimas» en Nuevo León. La última de ellas se registró en abril de este año, cuando fueron localizados diversos restos humanos que hasta el momento siguen sin ser analizados y la familia buscadora del caso continúa «sin alguna información al respecto».

«Así como este hallazgo, existen miles de restos humanos localizados en otros sitios en años anteriores, que permanecen en resguardo del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales sin ser identificados y tampoco cuentan con algún dictamen a través del cual la Fiscalía proporcione alguna información a las familias de las víctimas», precisaron las familias.

Otro caso es el de un joven reportado como desaparecido que fue localizado sin vida en junio de 2024, pero a casi un año del hallazgo el Servicio Médico Forense no ha expedido el Certificado de Defunción, «argumentando a los familiares que no ha sido posible determinar la causa de muerte», a pesar de la importancia del documento.

El FUNDENL agregó que también en junio de 2024 la madre de una joven desaparecida fue notificada por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León que su hija fue identificada dentro de los hallazgos de “El Tubo” en Hidalgo, Nuevo León, recuperados desde 2022. «Sin embargo, hasta el día de hoy, a casi un año de esta identificación, no ha sido entregada a sus familiares para una restitución digna, siendo esto un acto grave de su parte», acusó el colectivo.

Los familiares entregaron un escrito al Fiscal General de Justicia, Javier Flores Saldívar, y al Director del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de Nuevo León, Porfirio Díaz Torres, para urgir su intervención en las «deficiencias» de las instituciones.

COMUNICADO:

DESDE FUNDENL DENUNCIAMOS VIOLACIONES GRAVES A VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN, HOMICIDIOS Y FEMINICIDIOS

Desde las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, denunciamos lo siguiente:

1.-  En junio de 2024, tras la desaparición de un joven, impulsamos su búsqueda y fue localizado lamentablemente sin vida, y hasta el día de hoy a casi un año del hallazgo, el Servicio Médico Forense NO ha expedido el Certificado de Defunción, argumentando a los familiares que no ha sido posible determinar la causa de muerte, por lo que la familia aún no ha podido tener el Acta de Defunción, siendo este un documento tan importante.

2.- También, en junio de 2024, en otro caso que acompañamos, la madre de una joven desaparecida fue notificada por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, que su hija fue identificada dentro de los hallazgos de “El Tubo”, Hidalgo, Nuevo León, recuperados desde 2022, sin embargo, hasta el día de hoy, a casi un año de esta identificación, no ha sido entregada a sus familiares para una restitución digna, siendo esto un acto grave de su parte.

3.- A principios de abril de 2025 fueron localizados diversos restos humanos relacionados a otro caso que acompañamos, que hasta el momento continúan sin ser analizados y la familia continúa sin alguna información al respecto. Así como este hallazgo, existen miles de restos humanos localizados en otros sitios en años anteriores, que permanecen en resguardo del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales sin ser identificados y tampoco cuentan con algún dictamen a través del cual la Fiscalía proporcione alguna información a las familias de las víctimas.

Por lo anterior, el día de hoy hemos entregado un escrito al Fiscal General de Justicia, Lic. Javier Flores Saldívar, así como al Director del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de Nuevo León, Lic. Porfirio Díaz Torres, haciéndoles un llamado para su urgente intervención y que, atendiendo a la gran responsabilidad de sus cargos, resuelvan dichas deficiencias que vulneran los derechos de las miles de víctimas en este Estado.

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León a 27 de mayo de 2025

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.