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A sus 18 años, Sebastián quería un mejor trabajo; fue a la central de autobuses de Guadalajara y desapareció

El 4 de septiembre, Sebastián dejó Querétaro rumbo a Jalisco, tras recibir una supuesta oferta laboral. Desde entonces nada se sabe de él. Su madre, Beatriz Uscanga, viajó desde Veracruz para buscarlo y teme que haya sido víctima de un engaño.

“Mamá, saliendo de la entrevista de trabajo te marco. No te desesperes. Voy a estar bien”.

Beatriz Uscanga dice que eso fue lo último que le dijo por teléfono su hijo Sebastián Menéndez, de 18 años, antes de desaparecer la mañana del 4 de septiembre.

Un día antes, entre las 21 y las 21:30 horas, Sebastián había llamado a su madre desde Querétaro, ciudad a la que emigró un año antes para trabajar, porque en su municipio natal, Cosamaloapan, Veracruz, las oportunidades para iniciar un futuro escasean.

—La noche previa me dijo: “¿Qué crees, mamá? Te tengo una sorpresa”. Le pregunté de qué se trataba, pero sólo respondió: “Mañana te digo”. Esa noche, quizá por la intuición de madre que presiente que algo no está bien, ya no dormí nada”.

Al parecer, la sorpresa que el joven quería darle era que había encontrado un trabajo mejor pagado que el que tenía como mesero en Querétaro. Un supuesto amigo —a quien nadie en la familia ni en el entorno de Sebastián conoce—, le habría ofrecido el empleo, pero en Jalisco. Incluso, alguien que también se desconoce, le habría comprado el boleto de autobús para que viajara a Guadalajara, donde debía tomar un Uber en la nueva central de autobuses para llegar a una supuesta entrevista en Zapopan, municipio conurbado con la capital jalisciense.

Beatriz narra la última conversación:

—Me llamó a las 8:45 horas del 4 de septiembre. Me dijo: “Mamá, estoy en la Central de Autobuses de Tlaquepaque, en Jalisco”. Lo noté nervioso. Le pedí que buscara ayuda, que se acercara con la Guardia Nacional o con la policía. Pero me respondió que no, que ya había llegado el Uber que le habían mandado y que lo llevaría a Zapopan. Empecé a gritar, muy preocupada, y él solo me dijo que lo sentía, que iba a una entrevista y que saliendo me marcaba. Pero ya no hemos vuelto a saber nada de él.

Quizá por desconfianza o por temor, Sebastián no usó el boleto de autobús que le compraron. En su lugar, viajó desde Querétaro mediante la aplicación Blablacar, donde se comparten trayectos y gastos con otras personas.

El joven, de 1.80 de altura, cabello corto y ondulado, de color castaño oscuro, llegó a la central vestido con una camisa de manga larga negra, chamarra negra con el logo de un conejo, pantalón azul claro de mezclilla y tenis blancos. En el cuello llevaba una cadena con un dije de San Benito, el patrón que protege de los peligros y las tentaciones.

La última pista de Sebastián se pierde en Zapopan. A partir de ahí, aunque su madre lo llamó con insistencia, así como sus amigos, el joven nunca volvió a contestar.

Su teléfono ya estaba apagado.


 “Jalisco no necesita un Mundial, necesita a sus desaparecidos”

Beatriz recorrió más de 900 kilómetros en autobús desde Veracruz para iniciar una búsqueda incesante de pistas que conduzcan a su hijo desaparecido.

—Yo me llevo a mi hijo de Jalisco —asegura, tajante, durante la entrevista con Animal Político—. Me lo voy a llevar de aquí, pero me lo voy a llevar vivo. No quiero ver que la ficha de mi hijo diga: “localizado sin vida”. No —niega con la cabeza—. Yo lo quiero vivo.

Cuando se le pregunta qué cree que pudo haber ocurrido, responde de inmediato: su hijo —casi adolescente aún— fue “reclutado” mediante engaños. No sabe por quién, pero está convencida: el crimen organizado usa ofertas falsas de empleo para atraer a jóvenes, hombres y mujeres, con sueldos competitivos. Los citan a una supuesta entrevista y desaparecen.

Organizaciones civiles como la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) han señalado en informes recientes que ese engaño, a través de ofertas laborales falsas, es una de las principales formas de reclutamiento forzado y trata de personas en el país.

“En estos casos, dichas supuestas ofertas se dan en espacios públicos accesibles, como centros comerciales y tiendas. Estas ofertas prometen trabajos atractivos, estudios o incluso relaciones amorosas para captar a sus víctimas”, se lee en el informe ‘Infancia Cuenta’, publicado por REDIM el 30 de septiembre.

Colectivos de madres buscadoras de Jalisco han denunciado que ese modus operandi se repite en la nueva central camionera de Tlaquepaque, a apenas unos 12 kilómetros del palacio de gobierno estatal y de la turística catedral del centro histórico.

Las autoridades locales de Tlaquepaque presumen la efectividad de operativos de seguridad en la terminal: entre el 1 de octubre de 2024 y abril de este año reportan 29 personas rescatadas. Sin embargo, los colectivos sostienen que la terminal sigue siendo un foco rojo de reclutamiento y desapariciones —como muestran el caso reciente de Sebastián Menéndez y el de Alan Ulises Ortiz Romo, de 24 años, visto por última vez en esa terminal el 12 de agosto—. Según un reporte de TV Azteca, el investigador jalisciense Víctor Manuel González Romero registró 67 reportes de personas desaparecidas en la nueva terminal durante el año pasado.

Todo esto ocurre en un estado que lleva años siendo un infierno de desapariciones, especialmente de niños y jóvenes. En la investigación México destruyendo el futuro, este medio documentó que Jalisco fue número uno en desaparición de jóvenes: acumuló, entre 2018 y 2022, un total de 3 mil 448 casos activos de niños, niñas, adolescentes y personas de hasta 29 años desaparecidos, casi el 50 % del total de casos denunciados durante esos años en la entidad. Y registró otros 458 casos de jóvenes localizados muertos, siendo también el número uno en este rubro.

A partir de 2022, Jalisco dejó de aparecer en los primeros lugares de las estadísticas de desapariciones. Activistas, colectivos, padres y madres buscadores atribuyen esa aparente mejora no a una reducción real del fenómeno, sino a fallas en el registro y en la notificación por parte de las autoridades.

—Da coraje escuchar a las autoridades decir que las desapariciones y la violencia van a la baja —dice Beatriz—, porque es completamente mentira. El martes, en una conferencia mañanera, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó datos de una disminución del 32 % de los asesinatos. Pero yo lo estoy viendo y lo estoy viviendo. He ido con las madres buscadoras y me doy cuenta de cuánta gente desaparece a diario, y cuánta aparece muerta. Encontramos cuerpos expuestos, pedazos de cuerpos. “¿Dónde quedó la sensibilidad?”. Ya no hay. ¿Cómo le lloras al brazo de tu hijo? ¿O a una pierna? Y aquí el gobernador está más preocupado por el Mundial de futbol del próximo verano. No necesitamos un Mundial de futbol en Jalisco, necesitamos a los desaparecidos.

“No busco culpables, solo a mi hijo”

Beatriz habla desde un domicilio que le facilitó la Comisión de Atención a Víctimas estatal. Allí comparte vivienda con otras madres buscadoras foráneas que llegaron a Jalisco en busca de pistas. Con ellas, asegura, el infierno es un poco más llevadero. Aunque cuando va a la Fiscalía estatal —cuyo exterior está forrado de fotografías y lonas que exigen la aparición de cientos de desaparecidos—, siente que el mundo se le cae encima.

—Hablo por mi hijo, porque es mi desesperación. Pero desde que desapareció hace unos días hasta hoy han ocurrido un montón más de casos. Y, desgraciadamente, este infierno es muy lento, demasiado lento. La burocracia retrasa todo. Por eso nosotras, las madres, somos las que prácticamente llevamos la investigación.

En su búsqueda Beatriz ha recurrido a todo lo que ha podido: colectivos de búsqueda, periodistas, influencers, youtubers, medios, redes sociales, todo. Aunque las redes sociales, a veces, también le han jugado en su contra por la desinformación, y por las opiniones revictimizantes y estigmatizantes. El clásico: “no cuidaste a tu hijo”.

—Las redes sirven para bien… y para mal. Todos estamos expuestos a vivir un infierno como este. Si yo, que hablaba con mi hijo y le daba educación y consejos, lo perdí por una oferta laboral falsa, ahora imagínate un padre que no hable con sus hijos.


Aun así, insiste en que no hay burocracia ni comentarios maliciosos que la detengan en la búsqueda de su hijo, a quien no ha dejado de ver “como un niño”, y al que define como un “joven amiguero, bondadoso, noble, sencillo y deportista”.

—Yo no busco culpables, ni señalo a nadie. Yo solo quiero que me entreguen a mi hijo, por favor —ruega Beatriz.

Y mantiene su promesa: no se moverá de Jalisco hasta encontrar a Sebastián.

—Yo te voy a buscar, hasta por debajo de las piedras, hijo.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.

FGE investiga desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela en Mazatlán

El joven desapareció tras salir del bar Terraza Valentino’s, propiedad del secretario de Economía de Sinaloa, Ricardo Velarde.

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que se encuentra en curso una investigación por el delito de privación ilegal de la libertad en agravio del joven Carlos Emilio, originario de Durango pero desaparecido en Mazatlán en un bar propiedad del secretario de Economía, Ricardo Velarde. 

Los hechos, según la Fiscalía, ocurren el sábado 4 de octubre y aunque no explican en el comunicado el lugar de la desaparición, colectivos y familiares del joven desaparecido advierten que esto sucedió en el baño del bar la Terraza Valentino’s, propiedad del secretario de Economía de Sinaloa.

El joven Carlos Emilio es originario de Guadalupe Victoria, Durango y después de ese día no volvió al hotel donde se encontraba alojado junto con su familia. 

Este no es el primer caso de turistas jóvenes desaparecidos en Mazatlán. En junio último cuatro mujeres desaparecieron en la colonia Francisco Villa, una de ellas originaria de Mexicali, Baja California de nombre María Cristina Pérez Salas de 21 años.? 

Otro caso es el de tres jóvenes de Querétaro desaparecidos en Mazatlán durante sus vacaciones en abril último. Estos viajaron para festejar el cumpleaños de José Isaías García Rosey junto a los hermanos Santiago y Carlos Enrique Sánchez Rodríguez, pero desaparecieron el 7 de abril mientras regresaban del puerto. 

Hasta el 5 de octubre la Fiscalía tiene abiertas 243 carpetas de investigación en Mazatlán por el delito de privación ilegal de la libertad, apenas detrás de Culiacán que cuenta con 379. Entre ambos municipios registran cerca del 60 por ciento de los casos que se investigan en este 2025.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: AARÓN IBARRA.

Desaparecen dos mujeres jóvenes en Aguascalientes en menos de un mes

Judith Alexandra Olayo Arredondo, de 20 años y embarazada de cinco meses, así como Ángela Gabriela Muñoz Téllez, de 15 años, se encuentran desaparecidas.

Dos mujeres jóvenes, una de 15 y otra de 20 años, desaparecieron en Aguascalientes en el último mes. Sus familias han organizado manifestaciones para exigir investigaciones rápidas a las autoridades, en casos que, dicen, incluyen engaños y violencia de género. 

Judith Alexandra Olayo Arredondo, de 20 años y embarazada de cinco meses, desapareció el 16 de septiembre entre las comunidades de Jaboneras y Calvillito, casi en los límites con el estado de Jalisco. Estaba ahí, de acuerdo con el testimonio de su familia, junto con su pareja, un joven identificado como Diego “N”.

Vecinos de la zona aseguraron haber visto a la joven desnuda y pidiendo ayuda, acusando que había sido abusada. Y aunque aseguran haber pedido ayuda a las autoridades, éstas no actuaron conforme al protocolo, señaló el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSGA), una organización civil que acompaña casos de desaparición y de violencia contra las mujeres. 

“No tendrían que haber esperado ni 12 ni 48 horas. El lugar tenía que haber sido resguardado y nosotras entramos. La familia ha estado colaborando, la comunidad ha estado colaborando, diciendo lo que pasó, tratando de reconstruir qué sucedió”, declaró ante medios locales Mariana Ávila Montejano, coordinadora del OVSGA. 

Judith Alexandra había dicho a su familia que vivía situaciones violentas con su pareja. Desde su desaparición, su celular se encuentra apagado y no hay ningún indicio de su paradero; mientras que Diego “N”, su pareja, no ha sido —hasta ahora— requerido por las autoridades. 

En días pasados también se registró la desaparición de Ángela Gabriela Muñoz Téllez, de 15 años, quien desapareció el 1 de octubre en la zona centro de la ciudad capital, donde trabajaba. Su familia se manifestó este miércoles en el Palacio Municipal de la capital aguascalentense para exigir su localización. 

De acuerdo con Ivonne Téllez, madre de la joven, su hija habría sido engañada por un sujeto proveniente del Estado de México, pero la fiscalía local, dice Téllez, asegura que se la joven se fue voluntariamente. 

“Las autoridades con las cámaras me dicen que se fue por su propia voluntad, cuando yo como mamá siento que a ella se la llevaron con engaños. Desde ese día su teléfono está apagado, no le llegan mensajes, no hay nada”, dijo. 

De acuerdo con la familia, la fiscalía identificó a un hombre de entre 25 y 30 años de edad que pudo haber participado en los hechos, utilizando un vehículo reconocido por las autoridades, pero la investigación ha avanzado con lentitud. 

Hasta ahora el fiscal del estado y ex secretario de seguridad pública estatal, Manuel Alonso García, no se ha pronunciado sobre los hechos. 

Las fichas de búsqueda:



FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MÓNICA CERBÓN.

“Mi hija no se perdió, se la llevaron”: buscan a Kimberly, estudiante del CCH Naucalpan

La madre de Kimberly, Jaqueline, denuncia que existen videos donde presuntamente un hombre “ se la lleva”.

Desde el 2 de octubre, familiares, compañeros y autoridades buscan a Kimberly Hilary Moya González, de 16 años, alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan, luego de que saliera por unas copias para su tarea y nunca regresara. Su madre sostiene con firmeza: “Mi hija no se perdió, se la llevaron”.


Lo que se sabe hasta ahora de la desaparición de Kimberly Hilary Moya

La desaparición de Kimberly fue reportada el 2 de octubre de 2025 en la colonia San Rafael Chamapa, municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Cámaras de seguridad registraron que la estudiante salió de un cibercafé alrededor de las 16:06 horas, vestida con pantalón gris, sudadera verde y mochila rosa. En las imágenes se observa que caminó por la calle Los Aceites, cerca del bulevar Luis Donaldo Colosio.

En las grabaciones también se distinguen al menos tres vehículos sospechosos transitando en la zona en repetidas ocasiones. Las autoridades tomaron nota de un automóvil tipo Volkswagen “bocho”, una camioneta y un coche compacto.

El 3 de octubre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) activó un boletín de Alerta Amber para localizar a la menor.

El 4 de octubre, familiares, vecinos y estudiantes del plantel realizaron un bloqueo en el bulevar Luis Donaldo Colosio, a la altura de San Rafael Chamapa, exigiendo que las autoridades actúen con urgencia.

Durante la manifestación, su madre declaró públicamente: “Ella no se perdió, se la llevaron”, y describió a un presunto responsable: hombre robusto, alto, de cabello crespo y vestido de azul.


La Guardia Municipal de Naucalpan informó que la Célula de Búsqueda Municipal inició recorridos de campo, revisiones de videograbaciones privadas y del sistema C4, además de coordinar acciones con la FGJEM. También se ha otorgado acompañamiento jurídico y psicológico con perspectiva de género a la familia.

“Mi hija no se perdió, se la llevaron”: la voz de la madre y la exigencia social

La madre de Kimberly, Jaqueline, denuncia que existen videos donde presuntamente un hombre “la lleva” y que la menor no se desorientó ni abandonó voluntariamente su trayecto. La familia ha difundido su ficha de búsqueda en redes sociales y medios locales para mantener la atención pública sobre el caso.

Vecinos y estudiantes se sumaron al reclamo en Naucalpan, bloqueando vialidades y exigiendo que se preserve la evidencia, se obtengan las grabaciones relevantes y que no haya dilaciones en la investigación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

CNDH rechaza que se considere crisis de desaparecidos en la Asamblea General de la ONU

La comisión presidida por Rosario Piedra Ibarra emitió un comunicado para repudiar “la idea de que la respuesta a los problemas de México sea la intervención de organismos extranjeros”.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) rechazó la posibilidad de que el Comité sobre Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) revise la situación de México y la ponga a consideración de la Asamblea General, a través de su secretario general, Antonio Guterres.  

Tras la conclusión del 29 periodo ordinario de sesiones del CED en Ginebra, en el que se revisó en sesión cerrada el caso de México como parte de la aplicación del artículo 34, que faculta a ese órgano de tratado establecer si un escenario con más de 133 mil personas desaparecidas forman parte de una situación generalizada y sistemática, la CNDH presidida por Rosario Piedra Ibarra emitió un comunicado para repudiar “la idea de que la respuesta a los problemas de México sea la intervención de organismos extranjeros”.

En el documento, que hace referencia al informe sombra que familiares de víctimas de desaparición, organizaciones de la sociedad civil, académicos y activistas entregaron al CED, el organismo señaló que la ONU atraviesa por problemas “enormes en materia de financiamiento, de atención al cambio climático y de conflictos armaos y construcción e paz, como lo ha demostrado la imposibilidad de las potencias mundiales para poner un alto al genocidio en contra del pueblo palestino en Gaza”, como para dirigir sus esfuerzos en las desapariciones en México.  

“Si la comunidad internacional y en particular la ONU, van a ocupar su atención, no debería ser para apuntar el caso de un país soberano que en los últimos años ha demostrado que puede, con el apoyo democrático de la mayoría del pueblo, ir trazando su propio camino hacia una sociedad más igualitaria, más justa y derechos para todos, no para unos cuantos”, declaró la CNDH.  

En el documento, el organismo minimiza la conclusión a la que llegarán los diez integrantes del CED, expertos seleccionados por representantes de los estados firmantes el tratado contra las desapariciones forzadas y que forman parte de la ONU sobre la situación de desapariciones en México, al señalar que “su opinión no representa lo que pueda opinar la comunidad internacional, y puede ser sujeta a debate y contraargumentos”.  

En lo que calificó como una explicación para que “el pueblo cuente con mayor claridad” de lo que significa la activación del artículo 34 del reglamento del CED, el organismo presidido por Piedra Ibarra señaló que esa medida, anunciada en abril de este año, “puede acarrear presión política para nuestro país desde perspectivas internacionales que no empaten con la realidad ni las necesidades nacionales”.  

Según la CNDH los argumentos de la CED para declarar el inicio del procedimiento “están relacionados con hechos y acciones gubernamentales previas a 2019”, en específico sobre “políticas de seguridad inadecuadas que imperaba durante las administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, cuya gestión estuvo marcada por la mal llamada ‘guerra contra las drogas’, que fue el contexto facilitador del alza sin precedentes de las desapariciones en México en los últimos años”. 

Al omitir que la política de militarización de la seguridad pública llevada a cabo por Calderón se acentuó con Andrés Manuel López Obrador y que continúa con Claudia Sheinbaum, la CNDH apuntó que la situación de estados como Veracruz, Colima y Nayarit, mencionados como emblemáticos en el informe sombra entregado a la CED, “están fuertemente vinculados a los gobiernos estatales de personas priistas con dañada reputación política, algunos de ellos sentenciados por delitos graves”. 

Al quejarse de que en el CED no mencione el trabajo de la CNDH, el organismo salió en defensa de los gobiernos de la Cuarta Transformación al sostener que “las desapariciones forzadas no son consecuencia de una política de Estado como sí ocurría en el pasado, durante la llamada ‘guerra contra el narco’ y durante el periodo de violencia política conoció como ‘guerra sucia’”.  

El organismo informó que entre 2009 y 2025, registró 396 expedientes de queja por desaparición forzada o involuntaria de personas, acumulándose el 69.6% de los casos, 272 expedientes, entre 2009 a 2011, de los cuales 102 corresponden a 2011. 

Según la CNDH entre 2020 y 2025, durante los gobiernos de la 4T, “se han registrado 46 expedientes, esto es 11.6% de todas las quejas entre 2009 y 2025”. 

El organismo cuestionó que “esta tendencia a la baja no es ni siquiera considerada por el CED”, información que es consultable en la página web de la CNDH, en la que se advierte que “de los 396 expedientes mencionaos, 56.8% se abrieron por hechos ocurridos en cinco entidades: Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Chihuahua y Coahuila”, y que la mayoría de los casos ocurrieron entre 2009 y 2012, “en plena estrategia de seguridad fallida durante el calderonismo”.  

Al señalar que durante la gestión Rosario Piedra Ibarra se emitieron 21 recomendaciones por desaparición forzada “de casos actuales y de otros que estaban archivados y no se atendieron”, el organismo omitió mencionar que de acuerdo con cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) hay 133 mil 773 personas desaparecidas y no localizadas al 2 de octubre, y una crisis forense de más de 72 cuerpos sin identificar bajo resguardo de fiscalías. 

En su comunicado, la CNDH de Rosario Piedra insiste en rechazar el escrutinio internacional. 

“Desde la Comisión Nacional diferimos categóricamente de las posturas mediáticas que ignoran el trabajo de diversas instancias del Estado mexicano en los últimos años, y que creen que la intervención de agentes extranjeros es la ruta adecuada. Esta Comisión Nacional tiene claro que nos toca a todas y todos en México identificar los problemas nacionales, trazar rutas entre autoridades, instancias protectoras de derechos humanos y el Pueblo”, sentencia el comunicado.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Primer año de Sheinbaum: México, con 40 desapariciones diarias y bajo el escrutinio de la ONU

Durante el mandato de la presidenta, aumentó 16% el número de víctimas en comparación con 2024. Enfrenta, además, el escándalo internacional que supuso el caso Teuchitlán, y la revisión del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas sobre la gravedad de las desapariciones forzadas en el país

El primer año del sexenio de Claudia Sheinbaum ha marcado un nuevo récord en el número de desapariciones en México: cada día, 40 personas no regresan a sus hogares, un promedio de 1.6 cada hora. Hasta el 1 de octubre, desaparecieron 14,765 personas en el país, 16% más que en el último año de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, cuando hubo 12,695 víctimas. México enfrenta, además, el escrutinio de la ONU, por considerar que en México la desaparición forzada ocurre de manera generalizada y sistemática.

Aunque se ha tratado de ignorar la problemática desde la Presidencia, evitando hablar sobre las desapariciones, casos como el del rancho Izaguirre, en Jalisco, han develado este año el alcance del reclutamiento forzado que llevan a cabo los grupos criminales, mediante la oferta falsa de puestos de trabajo, a través de redes sociales o incluso utilizando videojuegos. 

Pese a que llegaron hasta las puertas de Palacio Nacional para solicitárselo, la mandataria no se ha reunido con colectivos de madres buscadoras. Únicamente tuvo un encuentro, el 30 de agosto, con integrantes  del Comité ¡Eureka! —fundado por Rosario Ibarra de Piedra en 1977 para exigir la presentación con vida de los desaparecidos durante la “guerra sucia”—, y reuniones con familiares de los normalistas de Ayotzinapa, que no se han traducido, a pesar de sus promesas, en avances en las investigaciones.

El pasado 4 de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU anunció la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, que faculta al CED —un órgano integrado por expertos independientes— a llevar el caso de México a la Asamblea General de la ONU, que podría determinar que las desapariciones forzadas en el país constituyen un crimen de lesa humanidad.

El Gobierno mexicano envió el 18 de septiembre, como parte del procedimiento, un informe sobre cómo está enfrentando un drama que supera las 133,000 víctimas, según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Aunque esta información generalmente es pública, el Estado solicitó que fuera tratada de forma confidencial, publicó Proceso.

El CED aclaró que la activación del artículo 34 no prejuzga la situación del país. Explicó que, de acuerdo con el artículo 2 de la convención, la desaparición forzada “es la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”, seguido de la negativa a reconocer la privación de la libertad o el ocultamiento de su paradero. 

“El Comité considera que las circunstancias contempladas en el artículo 2 se aplican, entre otras cosas, a los denominados ‘grupos paramilitares’, pero también a las personas involucradas en la delincuencia organizada, incluidos los grupos o redes informales, desde el momento en que recibieron la autorización, el apoyo o la aquiescencia de una autoridad estatal”, sentenció el CED.

La activación del artículo 34 provocó un rechazo generalizado desde las instancias gubernamentales, incluso el entonces presidente de la mesa directiva del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña, dijo que presentaría un “recurso legal” contra el presidente del CED, Olivier de Frouville, por su comportamiento “faccioso y atrabiliario”. La propia presidenta negó que en el país se cometan desapariciones forzadas y acusó a los integrantes del comité de un desconocimiento de la situación de México. 

Familiares y colectivos de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil enviaron en agosto un informe al CED, difundido el 1 de octubre, en el que subrayaron que las desapariciones forzadas perpetradas desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón, en 2006, cuando declaró la “guerra contra el narcotráfico”, no pueden considerarse hechos aislados. 

“Encontramos que en México se han cometido en contra de víctimas civiles desapariciones forzadas, entre otras atrocidades, de manera masiva o generalizada, tanto por organizaciones [criminales] como por agentes del Estado de los tres niveles de gobierno”, concluye el informe. 

Los firmantes recomiendan la instalación de una Comisión de Esclarecimiento Histórico para identificar los patrones de las desapariciones y establecer acciones para detenerlas, y piden comunicar a la Corte Penal Internacional la información que presentan para que se inicie una investigación preliminar por crímenes de lesa humanidad.

Para el director jurídico de Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Juan Carlos Gutiérrez, sí se puede hablar de desapariciones sistemáticas y generalizadas en México, pero solo en algunos estados de la república; menciona como ejemplo Veracruz bajo el gobierno de Javier Duarte, o Nayarit cuando era fiscal Édgar Veytia. 

El abogado critica la falta de apertura de la administración de Sheinbaum para abordar el tema. “No ha habido una apertura seria, participativa, para analizar el fenómeno de la desaparición ni se ha convocado a las organizaciones ni a los colectivos. A los únicos familiares que ha recibido [Sheinbaum] siguen siendo los de Ayotzinapa; del resto no ha recibido a ninguna otra madre para hablar del tema”, lamenta Gutiérrez.

La “cifra negra” de Sinaloa

Los estados que registraron el mayor número de desapariciones desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2025 fueron el Estado de México, Ciudad de México y Sinaloa. Pero el porcentaje de aumento de víctimas respecto al año anterior fue mayor en Jalisco, con 198%; Baja California Sur, con 140%, y Sinaloa, con 132%.

Este último estado ha sido el escenario del enfrentamiento entre dos grupos criminales, los Chapitos y los Mayos, facciones del Cártel de Sinaloa que desataron una ola de violencia tras el traslado y detención en Estados Unidos de Ismael Zambada García, el Mayo, en julio de 2024.

Las desapariciones en Sinaloa se han concentrado en Culiacán —el epicentro de la disputa— y Mazatlán; el 90.8% son hombres jóvenes, de  entre 15 y 39 años de edad.

“Ha sido muy desesperante, muy frustrante para nosotros que se lleven a tantos muchachos, a tantas personas, y que no los encontremos”, relata Alma Rosa Rojo, integrante del colectivo sinaloense Voces Unidas por la Vida y quien busca a su hermano Miguel Ángel desde el 2009.

Además, si bien hay un registro oficial que ofrece una idea del impacto que ha tenido el enfrentamiento de los grupos criminales en la desaparición de personas, los colectivos han señalado que la “cifra negra” de desapariciones que no se denuncian ante las autoridades –por miedo u otros motivos– sería mucho mayor.

“Dicen que hay ahorita más de 2,000 desaparecidos, del año que tiene la guerra, y también asesinados”, afirma Rojo. “Sobrepasa, yo creo, los 4,000 o 5,000 desaparecidos. Hay muchísimos que no meten denuncia porque tienen miedo, muchísimos que no quieren ni siquiera acercarse a una autoridad porque tienen mucho miedo”.

En Chiapas, donde se registraron en el primer año del sexenio de Sheinbaum 395 desapariciones —la cifra global supera las 1,700, según el RNPDNO—, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha advertido sobre el alto número de desaparición de mujeres, que supera el 60% del total, cuando el promedio nacional es del 25%.

El impacto de Teuchitlán

El descubrimiento, el 5 de marzo, del rancho Izaguirre en Teuchitlán, y la repercusión que tuvo tanto en México como a nivel internacional, obligó al Gobierno federal a actuar. Cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó a este predio localizó decenas de prendas, zapatos, mochilas, libretas con nombres, además de fragmentos óseos. Quedó demostrado que el lugar era un campo de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación, donde asesinaban e incineraban a jóvenes que se negaban a ingresar a sus filas, como aseguraron supervivientes que fueron testigos de los hechos.

La narrativa oficial se centró en negar que se tratara de un centro de exterminio. Al mismo tiempo que la Fiscalía General de la República (FGR) tomaba el control de la investigación, se abrió el rancho a la visita de periodistas y de madres y padres buscadores que creían haber reconocido alguna prenda de sus hijos en las imágenes que se difundieron. Mientras medios de comunicación afines a Morena negaban que en el rancho se matara a jóvenes, el propio secretario de Protección y Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, terminó por aceptarlo. 

Marlety García, que busca desde 2017 a su hijo César Ulises Quintero, es fundadora del colectivo Entre Cielo y Tierra. Fue una de las madres buscadoras que ingresaron al rancho en marzo, cuando llegaron decenas de familiares de distintos estados del país a intentar obtener pistas de sus seres queridos.

“Nosotros creemos que ya debe de haber resultados, dictámenes, de lo que ellos se llevaron del rancho Izaguirre”, señala. García precisa que no han tenido contacto con la FGR ni con autoridades del Ejecutivo federal para dar seguimiento a los hallazgos y las investigaciones.

Lamenta también la falta de atención a los colectivos por parte de Sheinbaum. “Ha sido muy decepcionante para nosotras, las madres buscadoras, porque no nos ha dado la oportunidad de tener una entrevista con ella, de platicar a fondo con ella”, dice la buscadora. “Tampoco es que el tema de los desaparecidos lo tenga como algo prioritario en su agenda, y es un problema de lesa humanidad a nivel nacional”.

‘Reformar una ley no cuesta nada’

Humberto Guerrero, coordinador del Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de Fundar, recuerda que el tema de las desapariciones nunca estuvo presente en el plan de gobierno de la presidenta. Incluso, en los 100 compromisos que realizó al inicio de su gestión, no se mencionaba la desaparición de personas, solo el caso Ayotzinapa. 

“La coyuntura la llevó a ponerle atención al tema, y sobre todo la coyuntura de Teuchitlán”, plantea el abogado.

El gobierno de Sheinbaum, considera, ha desmontado los principales pilares del sistema de búsqueda instituidos por López Obrador, que habían sido un logro de las familias. En el caso del Centro Nacional de Identificación Humana y del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, ya llegaron a este nuevo sexenio desmantelados.

“Yo creo que han tratado de evitar contradecir abiertamente ese modelo, pero es claro que no les resulta cómodo: el registro nacional de personas desaparecidas, las comisiones de búsqueda, el fortalecimiento forense, etcétera. Creo que quedó claro en la iniciativa que la presidenta manda al Congreso”, señala Guerrero.

Los cambios legislativos, considerados una respuesta a la crisis detonada por el caso Teuchitlán y la activación del artículo 34,  incluyeron reformas a la Ley General en Materia de Desapariciones y a la Ley General de Población. El Gobierno federal propone que, “sin dilación alguna”, las desapariciones se registren tanto en el RNPDNO como en una Base Nacional de Carpetas de Investigación, iniciadas por las fiscalías de los estados, según las medidas publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

El abogado Jorge Verástegui advirtió que, debido a la mala clasificación del Ministerio Público, existe el riesgo de que numerosos delitos de desaparición no sean incluidos en esta base y disminuya la cifra de víctimas, pues de los más de 130,000 casos que tenía el RNPDNO en julio, solo el 8.92% estaban registrados como desaparición forzada o cometida por particulares. 

Una de las principales reformas legales es la creación de una Plataforma Única de Identidad, que permitirá cruzar la Clave Única del Registro de Población (CURP), que incorpora datos biométricos, con bases de datos, a fin de agilizar los procesos de búsqueda —con la emisión de alertas inmediatas— e identificación de los cuerpos que resguardan los Servicios Médicos Forenses (Semefos). 

Para Verástegui, esta plataforma solo servirá para tener el historial de la víctima, no para encontrarla, o para su identificación forense por medio de las huellas dactilares.

La medida fue criticada por organizaciones civiles, por considerar que el registro de datos biométricos conlleva el riesgo de que la información sea utilizada para la vigilancia de la ciudadanía, o un mal uso por terceros en caso de filtración o la venta de los datos.

“De reformas legales fallidas está plagado el camino al infierno. Reformar una ley no cuesta nada, el problema es la implementación, los recursos, todo lo que está pendiente”, subraya Volga de Pina, abogada e investigadora del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México de la UNAM.

Antes de la presentación de la iniciativa de reformas al Congreso, la coyuntura que significó la activación del artículo 34 y el caso Teuchitlán llevó a que la Secretaría de Gobernación convocara a mesas de diálogo a los colectivos de personas buscadoras, con el objetivo de incorporar sus propuestas. 

“Ahí hubo un esfuerzo, que no fue menor, de reunir a una gran cantidad de colectivos y de familias para escuchar un poco dónde están las necesidades”, considera De Pina, exintegrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

“A la par que se estaban reuniendo con colectivos, estaban haciendo un diagnóstico que mostraba que hay muchos problemas, no uno solo […] y que no cambian otros problemas que acompañan la crisis de desaparición, como el tema forense o esta dinámica que hay entre comisiones de búsqueda y fiscalías”.

Las reformas legales pusieron en pausa la propuesta de López Obrador, quien heredó a Sheinbaum una Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada centrada en el cruce de bases de datos, y las búsquedas casa por casa y por llamadas telefónicas, que tenía como objetivo generar un “nuevo censo” que demostrara que su sexenio, con más de 50,000 víctimas, no era el que registraba el mayor número de desapariciones.

Las medidas aprobadas reiteraron la responsabilidad de la FGR y de sus homólogos locales en la consolidación del Banco Nacional de Datos Forenses, una herramienta que debe contribuir a la identificación de más de 72,000 cuerpos en el país.

“Todos los estados tienen un nivel de desorden: no hay formatos homologados, no todo el mundo registra igual, y todavía no se logran centralizar las bases para el Banco Nacional de Datos Forenses, para el Registro Nacional de Fosas Clandestinas, el Registro Nacional de Personas Fallecidas y no Identificadas”, advierte la investigadora.

Doble renuncia

Este año marcó también la renuncia en agosto de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), lo que había sido una petición constante de familiares de víctimas desde su nombramiento en octubre de 2023, por su inexperiencia y cercanía a Morena. 

El 12 de septiembre fue elegida la abogada Martha Lidia Pérez Gumecindo como nueva titular de la CNB, en un proceso de selección cuestionado por su opacidad y la falta de participación efectiva de las familias, aunque su designación fue celebrada por diversos colectivos. 

La llegada de la abogada, quien se desempeñaba como titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la FGR coincide con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de un nuevo acuerdo para que la CNB junto con la FGR actualicen el Protocolo Homologado de Investigación para los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, así como el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas. 

“A partir de enero de 2026, las fiscalías y procuradurías estatales y las comisiones locales de búsqueda deberán aplicar dichos protocolos”, establece el acuerdo publicado el 30 de septiembre, justo al cumplirse un año del gobierno de Sheinbaum. 

El 15 de julio, tras una gestión marcada por la polémica que no aportó nuevas líneas de investigación para hallar a los 43 normalistas, renunció Rosendo Gómez Piedra a la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA). En su lugar fue nombrado Mauricio Pazarán, quien según la presidenta dará un nuevo enfoque a las indagaciones con el análisis de las llamadas telefónicas que se produjeron antes y después de la desaparición de los estudiantes.

Debido a la falta de avances en el caso Ayotzinapa, Sheinbaum ofreció solicitar la ayuda de expertos de la ONU, mientras familiares y representantes de organizaciones civiles temen que las últimas aprehensiones marquen un regreso a la “verdad histórica”, que sostiene que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula por integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, una conclusión que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) demostró que no era cierta. 

Pese al silencio del Estado, y a una gestión de las desapariciones por parte de Sheinbaum que se limita a reaccionar a coyunturas como el caso Teuchitlán, los familiares de las víctimas han urgido a la presidenta que atienda una crisis cuyas cifras no hacen más que aumentar.

“Que no le dé carpetazo al tema de desaparecidos”, expresó la madre buscadora Marlety García, “ya es parte de la historia de México. Va a estar ahí y nuestros niños, nuestros jóvenes, la están viviendo”.

FUENTE: A DÓNDE VAN LOS DESAPARECIDOS.
AUTOR: CÉSAR MARTÍNEZ, TAMARA MARES

Exigen a Fiscalía de Tabasco la presentación con vida de familia desaparecida

La Vicefiscalía de Delitos de Alto Impacto mantuvo a la familia luego de localizarla y a pesar de anunciar la liberación de los cuatro, incluidos niños, estos no han vuelto a su domicilio.

Parientes de la familia Méndez Velázquez, desaparecida desde el jueves 25 de septiembre en Villahermosa, Tabasco, exigen a la fiscalía estatal que los presenten con vida, luego de que presuntamente fueron retenidos en sus instalaciones tras su hallazgo.

En entrevista con Aristegui Noticias, María Guadalupe Velázquez Bolainas, mencionó que su hermana Verónica desapareció junto con su esposo Guadalupe Méndez Bautista y sus hijos, Anyi Michel de 13 años y Ángel Guadalupe, de 7 años, vecinos de la colonia Tomás Garrido, en Comalcalco.

La familiar reportó que los Méndez Velázquez dejaron su domicilio luego de desayunar, sin que falten pertenencias o indicios de algún viaje.

La entrevistada denunció que no pudieron presentar la denuncia de desaparición de inmediato, porque les dijeron que tenían que esperar 72 horas y por ello no se generaron las cuatro fichas de búsqueda.
Entonces yo, el domingo, me presenté a meter la denuncia de desaparición y no trabajaron, me dijeron que hasta el día lunes.
Cabe destacar que, según el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, las autoridades en México deben iniciar la búsqueda de inmediato, sin esperar 72 horas, especialmente cuando se trata de mujeres, niñas, niños o adolescentes, para garantizar su seguridad y cumplir con los derechos humanos.

María Guadalupe indicó que este lunes 29 de septiembre fueron contactados por personal de la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE) para notificarles el hallazgo de sus familiares y que acudieran a la Vicefiscalía de Delitos de Alto Impacto.

Acudieron primero a esa oficina, pero les dijeron que ahí no estaban y les dijeron que buscaran en el área de Alerta Amber, pero no obtuvieron información sobre su paradero.

Posteriormente, les proporcionaron un número de contacto, que era el mismo desde el que se les informó el hallazgo y les dijeron que debían esperar en Fiscalía para recibirlos; después de eso, la mujer dijo que pudo verlos pasar nada más.

“Marcamos y nos dijeron que estaban en una delegación y qué esperábamos en fiscalía, porque ahí nos los iban a entregar, y ciertamente si, pasaron, pasó mi cuñado, mi hermana, mis dos sobrinos y la persona con la que andaban”.

Esta última persona, dijo María Guadalupe, estaba en calidad de detenido, pero desconoce la causa.

Sin embargo, la familiar agregó que les explicaron que su familia fue retenida debido a que pudieran ser víctimas de un posible secuestro, porque recibieron llamadas solicitando rescate y les enviaban números de cuentas para depositar dinero.

“Fuimos a Alto Impacto, dimos la evidencia que teníamos, las fotos que teníamos y ahí comenzaron la investigación y nos dijeron que tenían 72 horas para determinar qué pasó, porque mis familiares parecían idos, los niños estaban bien, pero estaban sucios”.

Incluso, supieron que no coincidían las versiones que daba la persona con la que la familia estaba acompañada, ni lo que decían los niños.

Aunque la Fiscalía notificó que los desaparecidos habían sido liberados alrededor de las 20:00 horas y 21:00 horas del lunes, hasta el momento no han llegado a su domicilio. 

“No sé por qué algunas radios y en redes publicaron que ya estaban en su hogar, porque no es así, la última vez que los vimos fue en la oficina de Alto Impacto, pero hoy martes no han vuelto”, aseguró María Guadalupe.

Además, María Guadalupe dijo que les proporcionaron un número telefónico desde esa oficina para que pudieran monitorear a sus familiares, pero no responden. 
Marcamos a ese número y nos manda a buzón, no se sabe nada de ellos hasta ahorita.
La familia solicitó a la Fiscalía General del Estado de Tabasco que aclare oficialmente el estado de salud y el paradero de Verónica Velázquez, Guadalupe Méndez y sus hijos, cuya desaparición se mantiene vigente para su familia, hasta poder hablar con ellos.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: KARINA CANCINO.

Encuentran sin vida a estudiante desaparecido en Acapulco; cuerpo presentaba golpes y asfixia

La Fiscalía de Guerrero confirmó que el cuerpo presentaba huellas de golpes y asfixia, luego de que se reportara su desaparición el pasado 24 de septiembre.

El estudiante de 17 años Omar Kalid Sánchez Salto, de la Universidad Autónoma de Guerrero, fue hallado sin vida en un hotel de la colonia Icacos, en Acapulco.

La Fiscalía de Guerrero confirmó a medios locales que el cuerpo presentaba huellas de golpes y asfixia, luego de que se reportara su desaparición el pasado 24 de septiembre.

De acuerdo con los reportes oficiales, Omar Kalid fue visto por última vez el 24 de septiembre de 2025 en el puerto de Acapulco. Al no tener noticias de él, sus familiares interpusieron una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) el 25 de septiembre, lo que permitió activar la Alerta Amber para intensificar la búsqueda.


La familia difundió la ficha correspondiente en redes sociales, solicitando apoyo de la ciudadanía para localizar al estudiante. Según su testimonio, temían que se encontrara en peligro, ya que había perdido contacto de manera repentina con su entorno cercano.

El mismo día en que se presentó la denuncia, personal de limpieza del Hotel Casarru, ubicado en la calle Comandante Ortiz Monasterio, ingresó a la habitación 505 y encontró al joven sin vida. De acuerdo con medios locales, el parte policial indicó que el cuerpo presentaba múltiples golpes y signos de asfixia.

Los trabajadores del establecimiento dieron aviso a los servicios de emergencia, quienes confirmaron el fallecimiento y notificaron a la Fiscalía del hallazgo. El Servicio Médico Forense (Semefo) trasladó el cuerpo para las diligencias correspondientes.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Policías de Playas de Rosarito detenidos por el delito de desaparición fueron vinculados a proceso

Los elementos de la Policía Municipal de Playas de Rosarito que fueron detenidos el 3 de septiembre de 2025, por la presunta comisión del delito de desaparición forzada, fueron vinculados a proceso, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Fue a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), tras los datos de evidencia presentados, se obtuvo la vinculación a proceso de Eusebio “F”, Jorge “D” y Rosendo “V”, otorgada por un Juez de Control Federal con residencia en el Estado de Baja California.

Luego de la orden de aprehensión cumplimentada por el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada.

Los hechos por los que se encontraría imputados, es la desaparición de dos personas, una de ellas menor de edad durante 2020 en el municipio donde laboraban, según precisó la corporación.

Los detenidos se encuentran en prisión preventiva justificada, con un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Según información publicada por ZETA, dos de los agentes detenidos también tienen denuncias ante la Fiscalía General de Baja California (FGE), Rosendo Valenzuela por abuso de autoridad y Jorge Abel por tortura, ambos durante 2019.

Asimismo, se presume que tanto Eusebio “F”, como Jorge “D”, pertenecían al grupo del ex comandante de la Policía de Rosarito, César Pedro Silva Ibáñez, detenido el 26 de abril de 2025, por el homicidio de Dulce y Hugo “N”, encontrados asesinados en la cajuela de un carro en la carretera de cuota Rosarito-Tijuana, el 18 de enero del 2024.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.

Desaparecidos en Culiacán: madres buscan respuestas en medio de la guerra del Cártel de Sinaloa

Más de 3 mil personas desaparecidas y 2 mil asesinadas deja un año de guerra interna del cártel de Sinaloa, mientras madres organizadas recorren calles y comunidades en busca de sus hijos e hijas ante la mirada lejana de los ‘punteros’ del narco que todo lo controla.

–Desde que mi hijo desapareció, yo estoy muerta. Muerta en vida. Veo su silla vacía en la mesa… y me derrumbo. Pero luego pienso: tiene cuatro hijos que todos los días me preguntan por él. Y yo quiero darles respuestas. Quiero decirles dónde está su papá.

Es jueves 11 de septiembre, 8 en punto de la mañana. Lorena Gutiérrez, madre de Mario Aristeo Galindo, desaparecido el 30 de abril de 2024 cuando tenía 26 años, se ajusta sobre su cabeza un sombrero negro para cubrirse del sol que empieza a quemar en Culiacán. Ha sido de las primeras en llegar al estacionamiento de un centro comercial, punto de reunión del colectivo Sabuesos Guerreras. Todas las mujeres visten playeras blancas de manga larga con la fotografía de sus seres queridos estampada en el pecho y espalda, acompañada de un número telefónico.

Minutos después, aparecen arriba de camionetas de color gris deslavado los soldados de la Marina: portan aparatosos fusiles de asalto y cinturones cargados de granadas que cruzan el torso. Ellos van a custodiar a la brigada.

Esta vez ni Lorena ni el resto de madres traen picos, palas, ni varillas para hurgar la tierra y olerla en busca de pistas. Hoy cargan, como si acunaran a un bebé, paquetes con las fotografías plastificadas de sus hijos. Durante un par de horas las irán pegando a pie en postes de luminarias y muros en La Palma, una pequeña localidad del municipio vecino de Navolato.

La jornada no será un paseo por el campo. El pueblo está plagado de ‘punteros’, los espías del Cártel de Sinaloa, fracturado desde hace un año en dos bandos enfrentados: ‘chapitos’ y ‘mayitos’. Tampoco el trayecto de algo más de media hora será tranquilo. Lo revelan los silencios de los soldados y los semblantes tensos de las madres, que caminan con la esperanza colgada del cuello, en forma de fotografía.

En una guerra que se ha cobrado en apenas un año 2 mil asesinatos y al menos 3 mil desaparecidos según los colectivos, ellas se niegan a rendirse: siguen buscando.

“A los desaparecidos no se les juzga, se les busca”

Un retén de militares, uno de los cientos que brotan por la ciudad, marca la salida de Culiacán hacia Navolato. Por las ventanillas del coche pasan campos de chile, grano y tomate, que se mezclan en el paisaje con ranchos para bodas y quinceañeras. Algunos lucen abandonados, fantasmagóricos, en mitad de la carretera casi desierta.

El convoy que custodia a las madres buscadoras –y en el que también viajan los periodistas de Animal Político y Noroeste– acelera al cruzar lugares que ya son símbolos de esta guerra. Transita, por ejemplo, por las inmediaciones de Huertos del Pedregal, la finca donde el 25 de julio asesinaron a Héctor Melesio Cuén, ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y donde uno de los hijos de ‘El Chapo’ secuestró a su antiguo socio, Ismael ‘El Mayo’ Zambada. Luego pasan por Campo Berlín; una pista aérea en mitad de la nada desde donde despegan avionetas para regar sembradíos. Fue desde allí que partió el aparato que llevó clandestinamente a ‘El Mayo’ a Texas, donde ya lo esperaba la DEA. Ambos lugares son considerados epicentros del desastre que hoy vive Sinaloa.

Kilómetros más adelante, la geografía del terror continúa. A eso de las 9:30 am, el convoy se desvía ligeramente hacia la izquierda para continuar hacia Navolato. A la derecha queda Culiacancito, tal y como anuncia un enorme arco de bienvenida. Apenas unos metros antes de cruzarlo, se ve, a plena luz, el cadáver de una mujer tirado en el asfalto junto a una palmera. El cuerpo está rodeado por policías de la Fiscalía, una camioneta del servicio forense, y cintas amarillas que prohíben el paso a la escena del crimen.

Para entrar a La Palma hay que pasar por un camino de terracería bordeado de palmeras y puestitos ambulantes de mariscos. Al llegar, las madres buscadoras bajan cargadas con garrafones de agua y suero. El calor y la humedad son terribles a las 10 de la mañana. Se colocan gorras, sombreros y paliacates en el cuello y comienzan a caminar por el centro del pueblo, donde hay tráfico y la gente se mueve con aparente normalidad.

Lorena Gutiérrez, acompañada de su marido, cuenta que su hijo trabajaba con ella en el negocio que tienen de tacos de camarón en San Pedro, otra pequeña localidad de Navolato. El joven también la ayudaba entregando pedidos a domicilio. De hecho, fue en este lugar, en La Palma, donde desapareció el 30 de abril de 2024, tras recibir un llamado para entregar una orden de tacos. Desde entonces, asegura el matrimonio, no han recibido ni una llamada pidiendo rescate ni extorsión alguna. Ninguna pista, nada.

–Hay una sábana de llamadas con posibles puntos de localización, pero eso es todo –dice Lorena, que le pide a su marido que le pase la primera ficha, en la que aparece un joven sonriente, con lentes, camisa blanca y corbata amarilla, que pegarán en el poste de una luminaria junto a muchas otras de personas desaparecidas.

Tras completar el primer punto del recorrido, los marinos, desplegados para cubrir el perímetro, urgen a las madres a no detenerse demasiado y seguir avanzando. La zona está caliente tras el hallazgo del cadáver en el vecino Culiacancito. Nada más comenzar con la pega de las fichas, un coche se detiene en un paso peatonal; el conductor baja la ventanilla y advierte a un soldado que extremen precauciones. Al parecer, ‘punteros’ del crimen organizado habían estado persiguiendo a los reporteros en motocicletas, sin que éstos se dieran cuenta.

–Está muy pesado acá –comenta Lorena, secándose el sudor de la frente–. Pero aún así, nos animamos a entrar a este lugar. Porque tenemos la esperanza de que alguien sepa algo y haga una llamada anónima con alguna pista.

El grupo de madres avanza hacia el siguiente punto: tres postes de madera junto a una gasera solitaria. Mientras camina sobre piedras y barro, Lorena confiesa que lleva algo más de un año cargando con un desgaste emocional terrible y, de algún modo, se siente culpable por lo sucedido a su hijo.

–Mi hijo era muy confiado. Confiaba en todo el mundo y pensaba que, así como él tenía un gran corazón, la gente también lo tenía. Y no. Ese fue su error. A veces, como madre, me siento culpable, oiga, por no haberle inculcado algo de malicia, por no haberle dicho que no toda la gente es buena ni todo es de color rosa.

Con un suspiro, agrega que está cansada de las críticas y del peso del estigma que enfrentan muchas madres buscadoras, del clásico ‘algo habrán hecho’.

–Mi marido y yo estamos muertos en vida y aún tenemos que cargar con las críticas, con los señalamientos, con que te digan ‘no fuiste una buena madre, no supiste cuidar a tu hijo’. No saben que yo, como mamá, soy súper protectora. Y si yo le marcaba mil veces, él mil veces me contestaba. Pero la gente habla sin saber. Por eso yo siempre digo: ‘a los desaparecidos no se les juzga. A los desaparecidos se les busca’.

 “Culiacán es un infierno”

Sira Patricia Macías busca a Édgar Alejandro Rangel Macías, de 32 años. Mientras pega una ficha con su fotografía en un poste carcomido de madera, junto a un Oxxo, recuerda que su hijo desapareció el 24 de febrero de 2024, hace un año y siete meses. Ese día, tres vehículos llegaron a la vuelta de su casa, en Culiacán, y se lo llevaron a la fuerza con todo y carro. El joven se dedicaba a la renta de vehículos para servicios de Uber.

Desde entonces, al igual que su compañera Lorena, Sira no ha tenido ni una sola pista sobre el paradero de su hijo. Aunque ella sí fue víctima de una extorsión que le dejó más dolor que pérdida económica.

–Me dijeron que lo tenían en Tamaulipas, que les depositara 5 mil pesos y me lo iban a entregar. Yo deposité y fui a donde me dijeron. Estuve espera y espera hasta las 10 de la noche, cuando un hombre me llamó para burlarse. Me decía ‘sí, sí, ahí viene en un taxi’. Pero mi hijo nunca llegó. Solo me quitaron el dinero.

Tras la frase, Sira –pelo largo recogido en una trenza, gorra blanca y lentes oscuros– se une al resto de las madres. En la camiseta blanca, en la espalda, lleva el rostro de Édgar Alejandro dentro de un cuadrado naranja, el emblema ‘desaparecido’ y un lema que reza: “Aunque quieran borrarte de mi mente, estás en la memoria de mi vientre”.

María Candelaria Medina también viste una playera blanca. En el pecho luce la frase ‘hasta encontrarte’, acompañada de una flama anaranjada; en la espalda, la fotografía de su hijo, Alfonso Alberto Palazuelos Medina, desaparecido el 11 de febrero de 2020. Ahora tiene 35 años.

Ese día, un grupo armado irrumpió en su domicilio en Villas del Río. Según testigos, llegaron en dos camionetas, vestidos de negro.

–A la fecha no sé si eran policías o delincuencia organizada –encoge los hombros la mujer, que aprovecha la pausa bajo un toldo para tomar un respiro.

–Se lo llevaron junto a otros amigos. Apareció uno con vida, otro muerto, y otro quedó desaparecido junto con mi hijo, un muchachito de apenas 20 años.

Cuando se le pregunta si la persona que fue localizada con vida no aportó información para esclarecer lo ocurrido, la mujer vuelve a encoger los hombros.

–Tiene miedo de hablar, y se entiende. Ahora todo el mundo en Culiacán tiene miedo, porque la ciudad es un infierno. Solo nosotras, las madres buscadoras, que hacemos lo que sea por nuestros hijos, no tenemos miedo de meternos donde sea para encontrar a nuestros tesoros.

“¡No estás sola!”

Ya casi es mediodía. El calor en La Palma se vuelve insoportable y el ambiente se siente cargado. Las mujeres piden cambiar de punto para pegar las últimas fichas. Los marinos se miran en silencio y acceden. El convoy avanza por la calle principal del pueblo cuando tres motocicletas aparecen y se colocan junto a las camionetas gris artilladas. Pueden ser ‘punteros’, o tal vez solo unos jóvenes rumbo a la tienda. Los soldados los observan tras los pañuelos que les ocultan el rostro. Al llegar al nuevo punto, se vuelven a desplegar y urgen a las madres a terminar rápido.

En un cruce de calles de suelo de terracería, las mujeres llenan una luminaria con las últimas fichas. Ahí, la desesperación rompe a Lorena Gutiérrez. Baja la cabeza y comienza a llorar.

–Te he marcado tantas veces al celular, hijo –susurra, golpeándose suavemente el pecho–. Siempre te decía: ‘¿dónde estás, hijo?’ Y tú me respondías: ‘En tu corazón, mami, en tu corazón’. Y mientras te encuentro, ahí vas a estar siempre. En mi corazón y en el de tu familia.

Al verla llorar, María Candelaria, Sira Patricia, y la docena de madres que integran la brigada se acercan y la abrazan con fuerza. Algunos marinos observan la escena en silencio.

Juntas, se gritan: ‘¡No estás sola, no estás sola!’.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.

Operativo de búsqueda para Ana Ameli y otros en el Ajusco continúa: Comisionado CDMX

Sobre las cifras de desaparecidos en la capital, el comisionado señaló que los datos actuales del Registro Nacional de Búsqueda no son representativos.

La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México mantiene un operativo sistemático para localizar a Ana Ameli García Gámez, estudiante desaparecida en la zona del Ajusco, en la Alcaldía Tlalpan, el 13 de julio pasado.

Luis Gómez Negrete, titular de la comisión, afirmó en entrevista para Aristegui en Vivo que “los esfuerzos de las autoridades de la Ciudad de México no van a considerarse suficientes ni terminados hasta que no podamos encontrar a Ana Ameli y creo que ese es el punto de partida de cualquier conversación sobre este caso”.

El comisionado explicó que tres horas después de la denuncia de desaparición presentada por la familia, un equipo del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas inició la búsqueda en el Pico del Águila, el último lugar donde se tiene registro de la joven.
Sabemos que en una zona agreste como es el Pico del Águila, cualquier vida corre peligro en la parte alta, y por lo tanto fue nuestra prioridad.
Gómez detalló que el operativo fue acompañado por un puesto de mando único, coordinado por él, con participación de la Guardia Nacional, Sedena, Marina, instituciones de la Ciudad de México, alcaldía y comunidad.

Tras ser cuestionado sobre su apreciación sobre los datos contenidos en el Registro Nacional, Gómez dijo que están construyendo un registro único para la Ciudad de México.


Antes existían fotoboletín de una institución, fotoboletín de otra institución y hoy en día estamos integrando todo en un solo sistema.

“No tenemos tampoco ningún límite para la investigación, no hay puntos que no podamos explorar, no hay líneas que no podamos seguir”, aseguró.

Respecto a la percepción de la familia de que el despliegue inicial se centró solo en la parte alta, el comisionado aclaró que en paralelo se realizaron entrevistas en colonias cercanas, se recabaron cámaras de seguridad y se revisaron más de 300 horas de videograbaciones del C5.

“Activamos canales de inteligencia para entender la información disponible en la zona en esas fechas”, añadió.

Gómez mencionó que actualmente existen otros casos en la zona, como el de Luis Oscar, cuya última ubicación también fue en la parte alta del Pico del Águila, y señaló que la comisión revisa casos de larga data en Tlalpan y otras zonas.

“La búsqueda no solamente es las acciones de rescate, también es investigación y trabajos humanitarios para dar con el paradero de las personas desaparecidas sin importar cuánto tiempo ha pasado”, explicó.

Por ello, anunció que en el próximo mes se pondrá en marcha una búsqueda por patrones, con la finalidad de identificar coincidencias entre desapariciones ocurridas en la misma región y construir líneas de investigación más amplias.

Sobre las cifras de desaparecidos en la capital, el comisionado señaló que los datos actuales del Registro Nacional de Búsqueda no son representativos.
Estamos revisando el registro porque no consideramos que los números que tenemos en este momento actualizados en el Registro Nacional son representativos del fenómeno de desaparición en la ciudad
Asimismo, se refirió a la manera en que se presentan los datos oficiales, dijo que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en la Ciudad de México hay más de 14 mil reportes acumulados.


Según el comisionado, en la Ciudad de México ocho de cada diez personas reportadas son localizadas, y en buena parte de esos casos no hay un delito detrás, sino conflictos familiares o ausencias voluntarias.

Para atender la dispersión de información, Gómez anunció la creación de un registro único de personas desaparecidas en la Ciudad de México, que integrará los reportes de la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad, Locatel y la Comisión de Búsqueda.

Explicó que, hasta ahora, cada dependencia emitía sus propios fotoboletines y manejaba su propio padrón, lo que derivaba en duplicidades y en un panorama inflado que no reflejaba la situación real.

“El objetivo es eliminar duplicidades, transparentar los datos y dar certeza a las familias”, afirmó.

Finalmente, señaló que cada búsqueda se aborda con un enfoque humanitario y sistemático, que incluye acompañamiento psicosocial, revisión de expedientes históricos y apertura a todas las líneas de investigación.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Tras disculpa fallida por caso de desaparición, Gobierno de Jalisco pide perdón por segunda ocasión

La primera disculpa fue calificada por las familias como una “simulación” y un mero "trámite" que no implicó una disculpa sincera, ni dignificó a las víctimas ni abonó al ejercicio del derecho de la reparación integral del daño.

Corrige el gobierno del estado de Jalisco la plana en disculpa pública fallida que emitió por un caso de desaparición. La autoridad del gobierno local ofreció una segunda disculpa pública a las familias de cuatro personas desaparecidas en septiembre de 2010, después de que la primera, realizada el pasado 14 de agosto, fuera considerada insatisfactoria. 

La disculpa se dirigió a las familias de Dalia Guadalupe Cruz, Luis Ramón Enciso, Bernardo Sedano y Emilia Carolina Naranjo, quienes desaparecieron en 2010. La disculpa es parte de la Recomendación 167/2023 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que encontró graves fallas en la investigación por parte de las autoridades estatales.

A diferencia de la anterior ocasión está vez sí se pronunció la palabra “disculpa” y fue el gobernador de la entidad, Pablo Lemus quien ofreció lo que llamó una “sincera disculpa” por las “omisiones” y acciones cometidas por el Ejecutivo Estatal y la Fiscalía del Estado, por violaciones a derechos humanos. 

“Quiero que se escuche fuerte en Jalisco y en todo México, no hay lugar para la soberbia. La humildad, la solidaridad, la sensibilidad y la empatía deben de marcar el actuar de todo funcionario o funcionaria pública en Jalisco y en todo México”, aseveró 

La primera disculpa fue calificada por las familias como una “simulación” y un mero "trámite" que no implicó una disculpa sincera, ni dignificó a las víctimas ni abonó al ejercicio del derecho de la reparación integral del daño. 

En este segundo intento, el gobernador Lemus asumió la responsabilidad institucional por las violaciones a los derechos humanos, reconociendo el dolor causado por "la falta de respuesta" e "injusticia" que las familias han sufrido por más de una década. 

Sin embargo, para las familias, la herida sigue abierta; los familiares de las víctimas, como Natividad Guerrero (madre de Valeria Guadalupe Cruz Romero) y Michelle Sedano (hija de Bernardo), expresaron su dolor y reprocharon la revictimización que han sufrido. 

“Preocupa la grave situación que seguimos enfrentando todas las familias de personas desaparecidas. Las autoridades se dicen rebasadas y nuestros casos son vistos como una carga, como un expediente más”, reprochó. 

Diego Enciso, quien tenía solo 3 años cuando sus padres Dalia Guadalupe y Luis Ramón desaparecieron, habló del "vacío enorme" y la ausencia que "no se olvida". Por su parte, Michelle Sedano compartió que "crecer sin él (su padre Bernardo Sedano) ha sido como caminar con una parte del corazón vacía". 

Natividad Guerrero cuestionó duramente las omisiones y el trato revictimizante, calificando la disculpa como "lo mínimo que se puede hacer". Su voz resonó la preocupación de miles de familias que se sienten ignoradas por las autoridades. 

En esta ocasión se permitió que colectivos y asociaciones pronunciará un mensaje. Tanto organizaciones como la CNDH y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas enfatizaron que, aunque la disculpa es un paso, no es suficiente para reparar el daño. 

Subrayaron la necesidad de una verdadera justicia, sin repetición y con un trato digno para las víctimas, especialmente considerando que en Jalisco hay casi 16 mil personas desaparecidas. 

La señora Natividad Guerrero instó al Gobierno de Jalisco a trabajar en la consolidación de políticas públicas y acciones que garanticen la protección de las víctimas de desaparición. 

A pesar de que Lemus Navarro prometió apoyo a las familias, organizaciones como el CEPAD y la ONU señalaron que esto no es suficiente. 

Anna Karolina Chimiak, Codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD), destacó la perseverancia de las familias y su firmeza en la lucha por la verdad, justicia y memoria; y que este acto marque un precedente y un compromiso de la no repetición en un futuro por parte de las instituciones. 

Las víctimas indirectas de estas desapariciones recordaron que ninguna disculpa puede llenar la angustia de la incertidumbre. El verdadero compromiso debe traducirse en mejoras institucionales, acceso a la verdad, justicia y, sobre todo, un trato digno para las víctimas. 

En Jalisco, la cifra de casi 16 mil personas desaparecidas subraya que el camino hacia la justicia es todavía largo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ELIZABETH RIVERA AVELAR.

Desaparecen dos artistas colombianos en Polanco, CDMX; Petro pide ayuda a Sheinbaum para localizarlos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, atribuyó la presunta desaparición de Bayron Sánchez y Jorge Herrera a "mafias multinacionales" que crecen en Latinoamérica por "el consumo desaforado de drogas" en los Estados Unidos.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó este domingo a su homóloga de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a la que consideró como su amiga y “compañera de lucha desde el M19”, que colabore en la localización del cantante colombiano Byron Sánchez Salazar y de su compañero, Jorge Herrera.

El mandatario colombiano señaló que ambos músicos presuntamente desaparecieron después de ofrecer un concierto en Sonora, “quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EEUU que crecen, también, por la falta de amor de su sociedad decadente”.

“Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón”, publicó el presidente en sus redes sociales.

“México todo, a encontrar con vida a los jóvenes hermosos de Colombia, para unir en la juventud y en las canciones a toda la América Latina, vanguardia de la humanidad, de la belleza y de los cambios”.

Sánchez Salazar es un cantante colombiano del género urbano, conocido como B-King. En tanto, Jorge Luis Herrera, es un DJ, identificado en el género como Regio Clown.

Cantantes como el reguetonero colombiano J Balvin compartieron mensajes en los que piden al público y seguidores colaborar en la localización de B-King.


Emiten fichas

La Comisión de Búsqueda de Personas emitió dos fichas en las que detalló que ambos artistas desaparecieron en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo. Sobre Bayron Sánchez señaló que “salió diciendo que iría al gimnasio” y desde ese momento se desconoce su paradero.

La ficha compartida por la fiscalía capitalina detalló que Bayron Sánchez cuenta con 31 años de edad, estatura de 1.73 metros y tiene como señas particulares una “greca” en la ceja izquierda y diversos tatuajes en el cuerpo.

En tanto, Jorge Luis Herrera Lemos, de 35 años de edad, mide 1.80 metros y tiene perforaciones en las orejas y diversos tatuajes, como señas particulares, de acuerdo con las fichas emitidas.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de Sonora afirmó que, hasta el momento, no se tiene registro de denuncia o indicios de que ambas personas hayan desaparecido en la entidad. Aseguró que no cuentan con datos que indiquen que acudieran a cantar en fecha alguna.

“La investigación corre a cargo de las autoridades de la Ciudad de México, las cuales ya han publicado fichas de búsqueda de las personas desaparecidas”, indicó en una publicación en Facebook.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.