Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), denunció un presunto fraude y manipulación de votos en Papantla y Poza Rica, luego de que el miércoles el OPLE pausara el conteo ya que en Papantla hubo cambio de sede y en Poza Rica el organismo ejerció la facultad de atracción.

De acuerdo con el dirigente emecista, se “violó la cadena de custodia” de los paquetes electorales y cuando se reinició el conteo de votos comenzaron a aparecer boletas a favor de MC, pero tachadas encima para convertirlos en votos nulos.

“Lo que está haciendo Morena en Veracruz tiene un nombre: FRAUDE y traición a la democracia”, acusó Álvarez Máynez.

En tanto, el también emecista Dante Alfonso Delgado señaló en sus redes sociales que Morena pretende “arrebatarles el triunfo en Poza Rica” mediante un presunto fraude electoral.

“Morena no acepta su derrota y quiere arrebatarnos el triunfo en Poza Rica cometiendo fraude electoral. Después de aplazar el conteo de votos; esta madrugada con el recuento en marcha aparecen votos nulos donde está marcado MC y el PVEM. Exigimos que este robo pare”, publicó en su cuenta de X.

Alcalde Luján destacó los triunfos en municipios como Minatitlán, Tuxtla, Xalapa, Poza Rica, Córdoba, Boca del Río, Alvarado, Papantla, Tantoyuca, Acayucan, Coatzacoalcos y Medellín.

En tanto, Luisa Alcalde afirmó que Morena ganó de “forma contundente” en Gómez Palacio, la segunda ciudad más importante de Durango, y en 21 municipios más en la elección local.

“Hoy este municipio (es) gobernado por el PRI, un municipio estratégico que forma parte de la región Lagunera, así como Gómez Palacio avanzamos en muchos otros municipios, triunfos que nos dan las encuestas de salida en 22 municipios duranguenses”, comentó.

La dirigente nacional destacó los triunfos en Canelas, Guadalupe Victoria, Hidalgo y Ocampo. “Así que avanza Morena y avanza con la coalición con el Partido Verde y el Partido del Trabajo“, agregó la morenista.

Denuncia “intervención ilegal” en Lerdo

Luisa Alcalde Luján acusó en su conferencia ante medios de comunicación que el gobierno estatal y municipal de Lerdo “intervinieron de manera ilegal” en las elecciones locales con la participación de la policía municipal y pese a la presencia de la secretaria general, Carolina Rangel Gracida.

“Llega la policía municipal, armados y detienen al coordinador, incluso se lo llevan, ya se lo iban a llevar y finalmente lo liberan, pero no es un hecho aislado. Vimos muchos conatos y mucha intimidación por parte, sobretodo, de la policía municipal”.

“En varias casillas, representantes de casillas nuestros (hubo) donde los sacaron, incluso a algunos los golpearon, entonces eso es lo que denunciamos que no tenemos la menor duda, de que se trató de una elección en donde intervino de manera ilegal tango el gobierno municipal como el gobierno estatal“, afirmó.

Elecciones locales

Este domingo 1 de junio se realizó la jornada electoral en Veracruz en la que se renovarán más de mil cargos públicos municipales.

Poco más de 6 millones de ciudadanos fueron convocados a participar en estos comicios que forman parte del proceso electoral local ordinario 2024-2025 coordinado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Organismo Público Local Electoral (OPLE).

En Durango, alrededor de un millón 400 mil ciudadanos fueron convocados a votar en esta jornada para elegir un total de 404 cargos públicos locales, de los cuales 39 son presidencias municipales, 39 sindicaturas y 326 regidurías.

Unos de los impactos se quedó en el portón de dicho lugar y los casquillos percutidos sobre el asfalto.

No hay personas heridas.

Durante la sesión del OPLE, Froylán Ramírez Lara, representante de Movimiento Ciudadano, reportó el ataque a la casa de campaña ubicada en la calle Venustiano Carranza, en la colonia Úrsulo Galván.

Guadalupe Groth dijo que no puede dar más detalles sobre lo ocurrido, pero que su equipo se encuentra a salvo.

Reportes preliminares de la policía municipal indican que sujetos armados a bordo de un vehículo dispararon contra la vivienda de la candidata.

Sus hermanos, Jesús Guzmán y Amado Guzmán, también han ocupado la presidencia municipal; su hermana, Rosario Guzmán, ha sido senadora y diputada federal por el PAN, y su otro hermano, Omar Enrique Guzmán, también fue funcionario municipal y diputado.

La familia entera ha ocupado cargos municipales y legislativos en Veracruz, pero entre ellos destaca Joaquín Guzmán, quien llegó a ser presidente estatal del PAN de 2017 a 2021, año en el que intentó reelegirse -sin éxito- en un polémico proceso que fue resuelto en el Tribunal Electoral.

En la actual campaña para renovar los 212 ayuntamientos de Veracruz, Joaquín Guzmán volvió a acaparar los reflectores, cuando el pasado 22 de mayo denunció una agresión por parte de hombres armados en contra de su equipo de campaña y un candidato a regidor.

Historia de un cacicazgo familiar

Todo comenzó en 1997, cuando Joaquín Guzmán Avilés abandonó el PRI, que le cerró las puertas para ser su candidato a la presidencia municipal de Tantoyuca. Curiosamente, quien operó para ello fue el entonces secretario de Gobierno, Miguel Ángel Yunes Linares, con quien a la larga terminaría haciendo una amistad de décadas.

Al perder la postulación priista, Guzmán buscó a la dirigencia estatal del PAN, que lo hizo su candidato y consiguió la victoria en el ayuntamiento en una apretada contienda que se definió por menos de cien votos.

En 2000, el PAN volvió a ganar Tantoyuca, esta vez con Héctor Lara Argüelles, quien había sido director de Obras Públicas de Joaquín Guzmán y fue obligado a colocar a Omar Enrique Guzmán como tesorero municipal y a Jesús Guzmán como síndico. En ese año, Joaquín Guzmán fue electo diputado local.

Cuatro años después, en las elecciones de 2004, Joaquín regresó como candidato y ganó con un margen amplio, para iniciar meses después un segundo periodo como presidente municipal.

En 2007, su hermano Jesús fue el candidato panista en Tantoyuca, pero perdió las elecciones frente al priista Trinidad San Román, quien interrumpió -tan sólo por tres años- la dinastía de los Guzmán Avilés.

Actualmente, el candidato de Morena que disputa la presidencia municipal y busca terminar con este cacicazgo es el diputado Roberto Francisco San Román, hijo de aquel priista que gobernó entre 2007 y 2010.

Ese año, el PAN decidió postular al expriista Miguel Ángel Yunes a la gubernatura de Veracruz, pero perdió frente a Javier Duarte.

Quien no perdió en los comicios veracruzanos de 2010 fue Joaquín Guzmán, quien fue electo por tercera vez presidente municipal de Tantoyuca, dando inicio a un periodo de 15 años ininterrumpidos de gobiernos encabezados por los tres hermanos.

En un caso inédito de nepotismo municipal, en 2014 Jesús Guzmán recibió el poder de su hermano Joaquín; en 2018, Amado Guzmán sucedió a su hermano Jesús, quien a su vez volvió a ser electo en 2021 para tomar protesta l 1º de enero de 2022.

En febrero pasado, el PAN registró como su candidato a la presidencia municipal a Joaquín Guzmán, quien de ganar las elecciones del próximo domingo sustituiría a su hermano Jesús a partir del 1º de enero de 2026, y se quedaría en el poder hasta 2029.

El “camino de la constancia”

El municipio de Tantoyuca se ubica en el norte de Veracruz, cerca del estado de Hidalgo y en la región de la Huasteca, que corre desde San Luis Potosí hasta el norte veracruzano y el sur de Tamaulipas.

Con más de 100 mil habitantes, de los cuales 70 mil tienen credencial para votar, Tantoyuca es la cabecera del distrito 02 local y tiene una población indígena importante. Enfrenta problemas de marginación, pobreza y carencia de servicios básicos, atención a la salud y empleo.

“Creo que Tantoyuca va por un camino de constancia, creo que Tantoyuca merece seguir siendo uno de los municipios en la zona norte del estado de Veracruz donde se respira seguridad, tranquilidad y paz social; creo en los gobiernos anteriores y seguiré en la escuela que han forjado”, dice, en clara referencia a las administraciones que él y sus hermanos han encabezado en Tantoyuca.

“Roberto Marcelo no sólo ha perdido el respaldo ciudadano, sino que arrastra un historial oscuro de presuntos vínculos con grupos delictivos que operan en la zona de las altas Montañas y la región capital”, señala el comunicado difundido a medios locales como E-Consulta.

Los señalamiento fueron respaldados por Esteban Ramírez Zepeta, dirigente de Morena en Veracruz, que dijo que MC ha “puestos candidatos que en su mayoría tiene carpetas abiertas de investigación o que están involucrados con el crimen organizado”, e hizo un llamado a mantener la calma y tener un cierre del proceso y una jornada electoral “tranquila y en paz”.

Candidato de MC en Jilotepec se deslinda de agresión

Ante los señalamientos en su contra, José Roberto Marcelo Cortés, candidato de MC a la presidencia municipal de Jilotepec, se deslindó y aseguró que se trata de una campaña de “guerra sucia” en su contra y del partido naranja. 

“Es una fuerte campaña de guerra sucia en mi contra y de Movimiento Ciudadano (…) imputando supuestos actos de violencia, hechos que carecen de fundamentos”, dijo en un video publicado en sus redes sociales.

El candidato emecista grabó su mensaje al exterior del lugar donde presuntamente habría ocurrido el incendio de la casa de campaña y el vehículo de su rival, el cual dijo no estaba resguardado por ninguna autoridad.

Marcelo Cortés dijo que las acusaciones son un acto de intimidación, lo cual no van a permitir, hizo un llamado a la gobernadora Rocío Nahle a tomar cartas en el asunto y señaló al gobierno municipal y a Morena de estar “detrás de estos actos”.

En redes sociales circuló la versión de que la agresión en realidad habría sido un altercado que derivó de un accidente vial en el que uno de los vehículos de campaña de la candidata del PT impactó contra la motocicleta de un ciudadano.

“Ante los rumores que han circulado en redes sociales, queremos dejar constancia de que lo ocurrido fue un ataque directo, precedido por provocaciones e intentos de hostigamiento durante el evento. No permitiremos que se distorsione la verdad ni que se minimice la gravedad de lo sucedido”, menciona el comunicado al respecto.

El equipo de Pérez Roa hizo un llamado a las autoridades estatales y electorales para reforzar la seguridad y garantizar condiciones equitativas para todos los candidatos, al señalar que en Veracruz se vive un proceso electoral “bajo una alarmante ola de violencia política”.

Violencia en elecciones en Veracruz

Con corte al 23 de mayo, al menos 123 candidatos en Veracruz habían pedido medidas de protección, esto luego del homicidio de dos aspirantes desde que iniciaron las elecciones, de acuerdo con autoridades locales.

En ese sentido, la gobernadora del estado, Rocío Nahle, solicitó al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que envíe más elementos de la Guardia Nacional a 10 municipios del estado que faltan por cubrir y reconoció que otros 57 son considerados de riesgo por la violencia electoral.

Las elecciones locales de Veracruz han transcurrido entre homicidios, atentados y balaceras que, hasta el momento, han dejado dos candidatos muertos, ambos de Morena, y múltiples víctimas colaterales, por lo que los candidatos han pedido protección.

Detalló que tres camionetas con hombres armados interceptaron a los simpatizantes, resultando una persona herida. La víctima, se señala, podría ser familiar o amigo de los implicados en la campaña.

Ante la gravedad del ataque, el PAN solicitó la intervención de la Guardia Nacional y la Sedena para proteger el proceso electoral local.

“Esta campaña no debe convertirse en un proceso donde se consumen más actos violentos que atenten contra la vida de las personas”, advierte. 

Esta semana de visita en Veracruz, el líder nacional del PAN, Jorge Romero dijo que en Veracruz “han recibido amenazas más de un par de candidatos” y adelantó que han solicitado protección formal, a una semana de la jornada electoral del 1 de junio. 

Joaquín Rosendo Guzmán Avilés es exdirigente del PAN, ha sido diputado federal y local y es la cuarta vez que contiende por el cargo. 

Renuncias e investigaciones

También, La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación tras la detención de Francisco “N”, de 33 años de edad, quien fue asegurado durante un evento proselitista del candidato de Movimiento Ciudadano, Jesús Uribe Esquivel, en Las Choapas.

Al detenido se le decomisaron dos armas cortas calibre .22 y .38, junto con seis cartuchos útiles, mientras circulaba en una motocicleta cerca de la colonia San José del Carmen. De inmediato, fue entregado a elementos de la Policía Municipal, y posteriormente trasladado a disposición de la FGR por portación ilegal de armas de fuego.

En este contexto de creciente violencia, la candidata del PT en Las Choapas, Luz del Carmen Bautista López, presentó este jueves su renuncia formal ante el OPLE, tras anunciar su decisión días atrás. 

El trámite se hizo oficial la tarde del 22 de mayo, con la entrega de la documentación, lo que deja al PT sin representación en ese municipio, a menos de dos semanas de las elecciones.

El ambiente electoral en Veracruz está marcado por asesinatos y amenazas. Hasta ahora se han reportado dos candidatos muertos —Yesenia Lara (Morena, Texistepec) y Germán Anuar Valencia (Morena, Coxquihui). 

Hasta la fecha, al menos 123 aspirantes han pedido medidas de seguridad; el gobierno de Veracruz anunció protección para la mayoría.

“Yo no soy originaria de Juan Rodríguez Clara pero fue ahí donde aprendí a hacer política pública y donde Goyo me enseñó a querer al municipio. Quiero ser alcaldesa por la misma razón que él quería: que no haya más delincuentes, solo hay extorsiones, secuestros, cobros de piso”, mencionó.

Xóchitl Tress responsabiliza a gobierno municipal de atentado

En la misma entrevista, Tress responsabilizó al actual gobierno municipal de Juan Rodríguez Clara, encabezado por Eric Rodríguez Bárcenas, del atentado que sufrió junto a su equipo de trabajo y por el que murió la periodista Avisack Douglas Coronado.

“Estoy segura que la misma gente que está al frente del municipio, cobardemente son los que me querían silenciar”, señaló.

Cabe destacar que Rodríguez Bárcenas ganó la presidencia municipal también por MC, pero en abril de 2024, junto a los ediles de Coyutla, Oluta y Cazones de Herrera, renunció al partido naranja para sumarse al proyecto de la entonces candidata de Morena a la gubernatura, Roció Nahle.

Tress también denunció que la Policía Municipal de Juan Rodríguez Clara “limpió la escena del crimen y levantaron los casquillos”, y dijo que, en caso de ganar, tendrá una “policía que no esté vendida al crimen organizado”.

El atentado ocurre en un contexto de creciente violencia política en el estado, que ha registrado múltiples agresiones contra aspirantes y actores relacionados con el proceso electoral.

Las autoridades estatales y federales anunciaron que ya se iniciaron las investigaciones para dar con los responsables. La Fiscalía General del Estado (FGJ) de Veracruz confirmó la apertura de una carpeta de investigación por homicidio doloso y tentativa de homicidio.

Por su parte, MC exigió garantías de seguridad para sus candidatos y condenó el ataque. En un comunicado, el partido lamentó profundamente la muerte de Avisack Douglas y pidió justicia.

Organismos defensores de la libertad de expresión y asociaciones de periodistas también condenaron el crimen, y exigieron una investigación pronta y eficaz. A su vez, recordaron los altos niveles de impunidad que enfrentan los ataques contra la prensa en México.

El colectivo añadió que el plantón fue instalado para exigir el cese a la criminalización de más de una década contra la comunidad mazateca, que ha sufrido prisión política, desplazamiento forzado, tortura, persecución, re victimización y el ecocidio del río por defender su autonomía y su territorio.

Como parte de las acciones, las mujeres mazatecas también lanzaron una carta para recabar firmas y dirigida al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, para que «ponga fin a una década de criminalización sistemática contra la comunidad originaria de Eloxochitlán de Flores Magón», a través de medidas concretas como la cancelación inmediata de las órdenes de aprehensión contra 56 defensores, el regreso seguro y en libertad de los 14 perseguidos políticos y el cierre definitivo de los procesos judiciales contra los expresos políticos Herminio Monfil, Fernando Gavito, Alfredo Bolaños, Jaime Betanzos y Francisco Durán, «quienes firman cada 15 días y sufren hoy una nueva persecución».

Carta al Gobernador del Estado de Oaxaca

Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, México, a 15 de Mayo de 2025.

ASUNTO: Ponga fin a una década de criminalización sistemática contra la comunidad originaria de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca.

 Ing. Salomón Jara Cruz, Gobernador. 

Por medio de la presente, la comunidad originaria de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, las organizaciones, colectivos de derechos humanos, académic@s, ciudadanos y ciudadanas de México y del mundo, preocupados por el presente y futuro de la comunidad mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, nos dirigimos a usted para exigir el cese inmediato de la represión y criminalización sistemática que durante más de diez años ha azotado a la comunidad originaria de Eloxochitlán de Flores Magón, en la Sierra Mazateca de Oaxaca, cuyos habitantes defienden la autonomía, su río y territorio.

La comunidad mazateca, conformada en su mayoría por hablantes de lengua indígena, ha sido víctima de un ataque sistemático que vulnera su autonomía, su territorio, y su derecho a la vida digna. Esta violencia estructural no es solo una cuestión local, sino que constituye una violación grave de los derechos humanos, que está llamando la atención de la mirada internacional.

Desde 2011, Eloxochitlán de Flores Magón ha vivido una escalada de violencia de Estado que no tiene otro nombre más que crimen político y racismo estructural. Más de 40 personas defensoras comunitarias han sido encarceladas, perseguidas, desplazadas o sometidas a procesos judiciales plagados de irregularidades. Actualmente, 56 habitantes defensores comunitarios—entre ellos trabajadoras de la educación, campesinos, madres, mujeres de más de sesenta y cinco años, y ex presos políticos—enfrentan órdenes de aprehensión por delitos fabricados y prescritos, en una estrategia de terror jurídico que busca arrancar a la comunidad de sus raíces y someterla al saqueo de sus recursos naturales.

¿Quién autoriza esta represión, señor Gobernador?

¿Cuántos recursos públicos se han desviado para desplegar operativos de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal, de agentes ministeriales, y de personas y vehículos de origen desconocido, en contra de una comunidad de menos de cinco mil habitantes? ¿A quién sirve este uso desproporcionado de los recursos del Estado? ¿Por qué se protege el poder caciquil que encabezan Elisa Zepeda Lagunas y Manuel Zepeda Cortés, quienes, amparados en el aparato político y judicial, continúan con actos de hostigamiento hacia la comunidad y con la explotación de piedra del río Xanga Ndá Ge, mantienen minas de material pétreo a cielo abierto, con impunidad y violencia?

Lo decimos sin ambigüedades: esto no es una disputa legal, es una injusticia histórica que refleja el racismo estructural contra los pueblos indígenas de México y que busca asegurar el despojo. Esta no es solo una cuestión nacional, sino un llamado urgente a la comunidad internacional. Ustedes, como autoridad estatal, aún tienen en sus manos la oportunidad de resarcir una de las peores páginas de abuso de poder en la historia reciente de Oaxaca.

Usted, Gobernador, conoce la Sierra Mazateca. Ha sido parte de luchas sociales y sabe bien que este pueblo no es un nido de delincuentes. Es un pueblo organizado, con una profunda conexión con su tierra y su cultura, que ha manifestado en reiteradas ocasiones que no desea ser desplazado, ni exiliado, ni enterrado lejos de su hogar ancestral.

Exigimos, con urgencia una reunión resolutiva entre los tres poderes de Oaxaca para:

Su análisis permitió descubrir 95 convenios con 16 compañías que facturaron 276.6 millones de pesos de recursos federales, y que pasaron desapercibidos para los auditores. Esta cantidad de dinero equivale a poco más de lo que cuesta construir y equipar un hospital regional en Veracruz para brindar servicio a 35 mil habitantes. 

La mayoría de estas empresas fachada eran veracruzanas, un par se constituyó en Puebla y una en Guadalajara; algunas tenían direcciones fiscales en viviendas de zonas populares, o socios de bajo perfil o ilocalizables; otras recibieron contratos al poco tiempo de haber sido creadas, pero todas tenían al menos una cosa en común: ninguna pudo refutar los señalamientos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y, por esa razón, fueron incluidas en la lista definitiva de EFOS. 

Los recursos entregados a las factureras procedieron, sobre todo, de secretarías estatales —Educación, Desarrollo Social, Salud—, entre las que destaca la de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), que les destinó 237 millones de pesos.

Además, las empresas obtuvieron 81 millones de pesos adicionales por contratos con dependencias federales, principalmente con la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la entonces Administración Portuaria Integral de Veracruz, y la Secretaría de la Función Pública, además de los gobiernos de Hidalgo, Morelos y Oaxaca. Firmaron también convenios con las siguientes administraciones, incluida la de Andrés Manuel López Obrador.

De áreas prioritarias a bolsas fantasmales

Los contratos de la SIOP debían servir para una cancha de usos múltiples en Tantoyuca, la remodelación del parque Reino Mágico en Veracruz, pavimentación de calles en Xalapa, un estudio para el manejo de la basura en municipios del sur, y 79 obras carreteras en todo el estado. 

Para estos proyectos se destinaron recursos federales, que tenían que invertirse en educación, salud, infraestructura social y seguridad pública.

La SIOP justificó en el papel su aplicación a proyectos de infraestructura, pero en la práctica, las transferencias federales fueron a parar a siete empresas fantasma: Infraestructura en Construcción, Inmobiliaria Gomgo, Grupo Inmobiliaria Frabersa, Consorcio de Ingeniería Petrolera, Comercializadora y Constructora Gora, Antep y Grupo de Servicios Gamyt.

El enorme parque inaugurado a finales de los ochenta era como un pequeño Chapultepec para los veracruzanos: tenía una gran zona arbolada con áreas de juegos infantiles, teatro al aire libre, un trenecito y toboganes, y albercas para enfrentar las épocas de intenso calor. De aquello queda muy poco.

Cuando Duarte gobernaba la entidad, la SIOP encargó a Infraestructura en Construcción que hiciera dentro de Reino Mágico una pista de patinaje de categoría internacional, destinada a ser sede de una competencia de velocidad en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2014. La obra, que actualmente se encuentra deteriorada, costó 22 millones de pesos; de acuerdo con la prensa local, la administración duartista no pagó a la constructora.

Ambas registraron sus domicilios fiscales en casas de colonias populares en Coatzacoalcos; donde supuestamente alguna vez estuvo Gomgo ahora hay una barbería, cuyo dependiente dijo que no había escuchado hablar de la empresa. Tampoco contestaron al cuestionario que se les envió por correo electrónico.

Natalia Campos, coordinadora de Administración Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), explica que es una irregularidad común de las factureras que sus domicilios no tengan coherencia con el giro de la compañía: “Lo que muestran los antecedentes de empresas fantasma es que se utilizan viviendas de personas colaboradoras, de trabajadores cercanos, como prestanombres de vivienda de esta empresa”.

Las coincidencias entre las firmas tampoco son casualidad: pertenecen a la misma red —donde hay más de un centenar de contratistas o de EFOS—, formada por compañías que comparten accionistas, administradores, representantes legales o comisarios, según la reconstrucción hecha por Quinto Elemento Lab a partir de registros de comercio.

Una red que, de acuerdo con una investigación de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, obtuvo contratos en el sexenio de Duarte por más de 3 mil 600 millones de pesos.

Los nexos entre Gomgo y Frabersa son visibles a través de Yajaira Sánchez Hernández, quien en 2011 era una joven veinteañera con roles de administración y representación legal en Frabersa. Sánchez era parte de, por lo menos, otras nueve empresas con las que se tendía un puente hasta Gomgo. El suyo no es el único caso, pues otras personas están también simultáneamente vinculadas con muchas compañías.

“En general, las empresas fantasma funcionan en red. […] Si acaso sancionas a una,  no estás viendo todo el esquema”, afirma Janet Oropeza, especialista de Fundar, organización civil que analiza políticas e instituciones públicas.

AVC Noticias acudió al domicilio de Hernández, indicado en los registros comerciales de las empresas. Se encuentra en la colonia Formando Hogar, una zona de viviendas populares contigua al puerto de Veracruz. En la visita, realizada a principios de noviembre de 2024, uno de los vecinos dijo que no vivía ahí desde hacía años.

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) contrató a cinco firmas que acabaron en la lista de EFOS definitivas. De los 25 millones de pesos de este rubro que se entregaron a factureras, Sistemas Avanzados Deportivos —constituida en Guadalajara— recibió 9.5 millones de pesos, mientras que Comercializadora Masa de Córdoba —cuyo domicilio es un local donde se venden dulces— obtuvo 5.9 millones de pesos. Fueron contratadas por la SEV para la compra de computadoras y artículos deportivos.

El sector salud estatal también utilizó de forma irregular las transferencias federales. En total, 5.9 millones de pesos que deberían haber sido utilizados para terminar un centro de salud en Cerro Azul, al norte de la entidad, y darle mantenimiento a una docena de clínicas en comunidades de la zona sur, acabaron en manos del Corporativo Administrativo Piraya, una EFOS conformada en Puebla.

Las dependencias mencionadas recibieron un listado detallado de preguntas vía Comunicación Social, pero no brindaron un posicionamiento sobre los hallazgos de este reportaje.

Uno de los extrabajadores de esta empresa es el actual subdirector de Programación, Seguimiento, Control y Evaluación Técnica de Obras Públicas de la SIOP, Jesús Eduardo Ruiz Bermúdez. La información fue proporcionada por el funcionario en su reseña curricular, como parte de las obligaciones de transparencia. Se buscó al funcionario vía telefónica y por correo, aunque no contestó el cuestionario enviado.

Para el académico de la Universidad Veracruzana, Víctor Andrade Guevara, experto en estudios políticos y sociales de la región, el problema de la contratación pública de empresas fantasma en Veracruz está lejos de haber terminado, pero destaca que “tuvo su punto más alto en el periodo de Javier Duarte, donde se convirtió en un verdadero mecanismo de extracción de recursos de la administración pública, totalmente planificado: este es un mecanismo sistémico de corrupción”.

Negocios sin consecuencias

Aunque la ASF tiene la facultad de fiscalizar los recursos federales, ninguno de los 95 contratos detectados por Quinto Elemento Lab y AVC Noticias ha sido incluido en las denuncias que enfrenta la administración duartista, según la revisión de 45 informes del órgano fiscalizador que derivaron en 71 procedimientos penales. 

De estas denuncias, apenas 14 se han presentado ante un juez, en cuatro casos no se continuó la investigación, y 53 están en la etapa de integración.

Consultado para este reportaje, el exauditor del Área Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, Gerardo Lozano Dubernard, explica que es probable que no se hayan detectado los convenios del gobierno de Veracruz con las EFOS porque el personal es insuficiente para examinar todas las contrataciones. 

“Todo es a base de muestras”, aclara. “Tú no tienes una bolita de cristal para saber en qué auditoría te vas a encontrar una irregularidad”. Esto hace que obras o compras pequeñas “de 3 millones o de 4 millones” comúnmente queden fuera de la revisión, precisa Lozano. La mayoría de los contratos fantasma que el gobierno de Duarte otorgó con dinero de transferencias federales está por debajo de ese rango. 

La dependencia estatal que más dinero entregó a las EFOS, la SIOP, en respuesta a solicitudes de información de Quinto Elemento Lab y AVC Noticias, aseguró que no hubo ninguna sanción administrativa ni denuncias por los contratos con empresas fantasma. En cambio, hubo factureras que sí emprendieron demandas contra el gobierno estatal. 

En respuestas enviadas por Transparencia, el Gobierno de Veracruz —en el periodo de Cuitláhuac García Jiménez— reconoció que Infraestructura en Construcción exigió el cumplimiento de un adeudo por 16.4 millones de pesos relacionado con 20 obras contratadas entre 2009 y 2015. Según un oficio entregado por la Secretaría de Finanzas y Planeación de la entidad, la administración no había pagado a la empresa fantasma. La dependencia no respondió al cuestionario por escrito que se le envió.

Infraestructura en Construcción siguió obteniendo contratos con recursos federales: el último, en la administración de López Obrador a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Sin embargo, la firma ya no pudo cobrar el dinero ni iniciar la obra porque el SAT la había inmovilizado tras catalogarla como empresa fantasma.

Otra compañía que logró subsistir, aunque con distinto nombre, fue E&E Production. Esta facturera recibió 3.9 millones de pesos de la SEV para organizar eventos culturales en 2014, cinco años antes de que el SAT la clasificara como EFOS. 

Posteriormente, su socio fundador, Ernesto Carvajal del Puerto, se mantuvo activo como contratista gubernamental.

En respuesta a esta investigación, Ernesto Carvajal dijo vía telefónica que E&E Production era una microempresa sin trabajadores, donde solo se encontraban él y otro socio. “De ahí en fuera todo, todo lo subarrendábamos”. Por el impedimento para facturar, explicó que actualmente trabaja como persona física, pero opera como tal como lo hacía con la empresa: “Hacemos lo mismo (…).  Bueno, hemos crecido, hemos comprado algunas cosas, tenemos activos y todo”.

El Gobierno de Veracruz lo contrató en 2019 para conseguir a los artistas musicales de las Fiestas Patrias y obtuvo casi 30 millones de pesos por adjudicaciones directas para la realización del Festival de la Salsa en 2022 y para la instalación de los escenarios en la edición de 2023. En 2024 se encargó —también por adjudicación directa— de montar un escenario en el fuerte de San Juan de Ulúa para festejar los 200 años del Congreso de Veracruz y para el Sexto Informe de Gobierno de García Jiménez.

Dentro del contrato con el Congreso de Veracruz, en el apartado de los datos del proveedor se menciona la página web de la empresa inmovilizada. Sobre esto, Carvajal mencionó: “No tengo nada que ocultar de la empresa. Nos quedamos con el nombre comercial, así quedamos. Y las páginas y  las redes sociales siguen siendo las mismas”. Respecto al hecho de haber recibido la mayoría de los contratos por adjudicación directa, argumentó que es porque prestaba un servicio especializado, “no es que yo tenga un amigo, un compadre, un familiar o nada de eso”.

Carvajal también fue proveedor de al menos 15 eventos políticos de Morena para la campaña de Rocío Nahle García por la gubernatura de Veracruz y para las visitas al estado de Claudia Sheinbaum durante la carrera presidencial. Documentos de fiscalización del Instituto Nacional Electoral permitieron comprobar que el empresario no figuraba en la lista del SAT como contribuyente que simula operaciones. 

El actual gobierno del estado contestó brevemente por escrito a una lista de preguntas enviadas para este reportaje. Negó conocer la información de las contrataciones previas con E&E Productions y confirmó que Carvajal fue contratado en la campaña electoral de Nahle con las facturas correspondientes, sin embargo, indicaron que “no conocíamos los antecedentes que se mencionan de Ernesto Carvajal”.

Casos como este son posibles gracias a que no existe un supuesto legal que invalide a los socios de una facturera, explica Denise Tron, experta fiscal de la organización Justicia Justa, aunque por los antecedentes que llevaron a que una compañía fuera enlistada como EFOS considera que el SAT “tendría que investigar a las otras empresas en las que participan los mismos accionistas o representantes legales”.

Frente a este panorama, el académico Víctor Andrade concluye que, a pesar del transcurso de los años, poco ha cambiado la situación en Veracruz. Cuando lo dice, está por terminar el primer gobierno morenista del estado, con García Jiménez. “Es algo similar en muchos sentidos. Retornamos a las prácticas a las que se recurría en el periodo de Javier Duarte”.

Mientras que en Actopan, a unos 50 kilómetros de la capital, fueron asesinados exalcalde y regidor después de asistir a mitin político de Morena.

 A dos semanas de la elección, 75 candidatos han solicitado medidas de seguridad para sus actos proselitista y se han identificado más de 30 focos rojos de seguridad en todo el estado.

El senador Manuel Huerta y otros actores internos de Morena han denunciado prácticas graves de nepotismo en las candidaturas del partido. Para demostrarlo, el senador entregó una carpeta con al menos 100 casos que lo evidenciaban, y señaló directamente al dirigente estatal, Esteban Ramírez Zepeta, de solapar e incluso alentar estas candidaturas.

La ruptura de alianzas también ha reconfigurado el panorama electoral. El PT decidió ir solo en estos comicios, luego de que no logró negociar candidaturas, mientras que Morena y el PVEM van juntos solo en 166 municipios.

El PRI rompió la alianza con el PAN y va solo en 192 demarcaciones, al igual que Movimiento Ciudadano. El PVEM postuló candidatos en 42 municipios. 

Esta será la primera elección donde el PRD no participará luego de perder su registro.

La pelea por las candidaturas también derivó en renuncias y cambios de partido. Uno de los más escandalosos es el de Hipólito Deschamps Falcón, exdiputado y exalcalde por el PAN y excandidato a la gubernatura de Veracruz por Movimiento Ciudadano. Deschamps renunció al PAN en 2024 para ser candidato por MC, y a principios de marzo pasado defeccionó de ese partido para saltar a Morena, donde fue postulado como candidato a presidente municipal de Alvarado. 

El exdiputado Raúl Zarrabal renunció al PRI para pasarse a Movimiento Ciudadano y ser candidato.  Luis Vicente Aguilar Castillo- hijo del dirigente estatal del PT- renunció al partido tras 20 años de militancia y se sumó a Morena. 

La diputada del PAN, Monserrat Ortega, también renunció al partido para sumarse al PRI.  

 En el actual proceso, el PAN conserva algunos bastiones familiares, como es el caso de Joaquín Guzmán Avilés en Tantoyuca. El exlíder panista ha conservado el poder en la familia en los últimos años, ha sido tres veces alcalde y ahora nuevamente va como candidato. 

Mientras que el PRI postuló nuevamente en Cosoleacaque a Cirilo Vázquez Parissi, heredero de una dinastía política en la zona sur. Cirilo y su hermano Ponciano se han alternado el poder, tanto en la presidencia municipal como en diputaciones del distrito local y federal. Ambos son hijos de Cirilo Vázquez Lagunes, el líder ganadero asesinado en 2006. Ha sido dos veces presidente municipal, 

La joya de la corona

Veracruz y Boca del Río es donde se concentra parte del poder económico y político del estado, por lo que son consideradas las joyas de la corona de la elección y ahí la contienda se vuelve especialmente simbólica.

En estos municipios el PAN mantiene presencia y estructuras ligadas a la familia Yunes Linares. En el puerto de Veracruz ha gobernador Fernando Yunes -hijo de Miguel Ángel Yunes- y actualmente gobierna Patricia Loberia -esposa del senador Miguel Ángel Yunes Márquez-, el senador que dio su voto a Morena para lograr la reforma judicial y pretendió ingresar a este partido, con el rechazo expreso de militantes como la propia gobernadora Rocío Nahle. 

Mientras que Boca del Río, un municipio que antes también fue gobernado por Miguel Ángel Yunes Márquez, es gobernado por Juan Manuel Unanue, del grupo político de los Yunes.

Las candidatas del PAN en estos municipios son cercanas al grupo Yunes: en Veracruz la exsenadora y diputada con licencia Indira Rosales y en Boca del Río, la diputada federal con licencia María Josefina Gamboa. 

La pasada elección del 2024, donde se eligieron diputados locales, federales, la gubernatura y la presidencia, son un ejemplo de la presión que hay en estos dos municipios. Fueron las únicas diputaciones locales y federales que el PAN conservó.

Y aunque en ambos distritos perdió Morena, el resultado de la votación no le dio tanto margen de holgura.

Elección violenta

Desde que inició el proceso electoral en Veracruz en noviembre del 2024, más de diez funcionarios y políticos han sido asesinados en Veracruz. 

El proceso también ha estado marcado por renuncias de candidatos, quienes han señalado que fueron presionados para no contender o se vieron en riesgo.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, denunció que un candidato de su partido renunció tras recibir amenazas del crimen organizado y al menos cuatro más han pedido protección.

Se harán “elecciones libres”: Nahle

Confirmó que sólo en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Alvarado se han desplegado 300 elementos de seguridad para garantizar la seguridad; esto luego del ataque a dos elementos de la FGR, y dijo que se reuniría con la presidenta Claudia Sheinbaum para abordar la situación.

“Todos los días en la mesa de Seguridad hablamos del tema, reforzamos seguridad. Invitamos a los candidatos a que hagan denuncias formales, aunque estamos brindando seguridad a todos”, dijo Nahle. Y pidió: “No caigamos en las campañas de miedo y de intimidación”.