Por su parte, Bertha Alcalde, titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX, detalló que seis de los 13 detenidos participaron en las acciones materiales de los asesinatos de los dos servidores públicos.

Añadió que usaron cinco vehículos para cometer el delito.

Alcalde Luján indicó que tras realizar los cateos se identificaron a dos personas que ya tenían una orden de aprehensión en su contra Jesus ‘N’ y Anette ‘N’. Mientras que Erin ‘N’ está acusado de asociación delictuosa.

La fiscal capitalina reveló los nombres de otros seis sospechosos Abraham ‘N’, Jesus ‘N’ y Francisco ‘N’.

Declinó mencionar a un grupo delictivo que estuviera relacionado con el asesinato de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega.

Dijo que “no hay registro de que los funcionarios hayan recibido amenazas previas”.

En su oportunidad, Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC capitalina, explicó que existen diversas líneas de investigación para esclarecer el móvil del asesinato, ya que dijo, la prioridad era detener a los autoridades materiales del doble homicidio.

Asimismo, indicó que los 11 inmuebles que fueron cateados estaban ligados con actividades ilícitas como: venta y procesión de narcóticos, robo de vehículos y el homicidio de los colaboradores de la mandataria local Clara Brugada.

Las autoridades confirmaron que el autor material del disparo y los autores intelectuales del crimen siguen prófugos.

El diputado Rafael Reyes confirmó que ya se presentaron las acciones legales correspondientes y advirtió que el Poder Legislativo reforzará sus mecanismos de seguridad digital. “Hemos procedido con las denuncias formales y trabajaremos en fortalecer la protección de nuestras plataformas para evitar que hechos de este tipo vuelvan a repetirse”, declaró.

Como parte de las acciones inmediatas, el Congreso suspendió temporalmente las transmisiones en vivo hasta garantizar la total integridad de los canales oficiales.

 

Morenista presidirá el Tribunal de Disciplina Judicial

Sara Leonor Estrella León presidirá el Tribunal de Disciplina Judicial de Yucatán. Es la candidata que obtuvo el mayor número de votos, es decir, 121 mil 905 y también fue elegida para presidir este órgano.

“La presidencia será designada por dos años consecutivos por el voto mayoritario entre los miembros de dicho Tribunal, pudiendo ser ratificada por sus integrantes para continuar por un periodo más”, establece el artículo 70 constitucional. 

Es la jefa del Departamento de Compras dentro de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán. Pero Sara Leonor Estrella León no sólo es funcionaria pública. 

También aparece en el padrón del partido Morena con fecha de afiliación al menos desde marzo de 2023, según la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 

Mirka Eli Sahuí Rivero obtuvo 112 mil 758 votos para ser magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial. Es hermana de Mauricio Sahuí Rivero, actual delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Yucatán, nombrado por el titular Octavio Romero Oropeza desde diciembre de 2024. 

En el Tribunal de Disciplina Judicial de Yucatán tres magistraturas serán para mujeres, según el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. La tercera de ellas es actuaria en el Poder Judicial estatal, Landy Aimee Pino Barrera, quien obtuvo 115 mil 417 votos.

Mientras que los dos magistrados hombres son el juez de control Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, con 109 mil 013 votos, y Mauricio José Cantón Dager, quien obtuvo 104 mil 225 sufragios y se ha desempeñado como coordinador y director legal en una empresa de bebidas.

Cinco de nueve integrantes del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán provienen del gobierno del morenista Joaquín Díaz Mena y uno más forma parte de la administración pública federal. Según el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, por el criterio de paridad de género serán cinco mujeres y cuatro hombres. 

Por número de votos, al haber obtenido 119 mil 829, Erika Beatriz Torres López será la magistrada presidenta. 

“La Presidencia del Tribunal Superior de Justicia se renovará cada dos años de manera rotatoria, asignándose a las magistraturas que obtengan el mayor número de votos en la elección correspondiente”, menciona el artículo 64 constitucional. 

Antes se desempeñaba como directora jurídica del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur). Se trata de un organismo descentralizado encargado de apoyar la conservación y promoción del patrimonio histórico de Yucatán, así como de sus atractivos turísticos, en el que Erika Beatriz Torres López ha estado desde 2009, según su síntesis curricular.

Al haber obtenido 118 mil 779 votos, Carolina Muñoz Gasca será otra de las magistradas de este tribunal. En el Gobierno de Yucatán se desempeñó como subconsejera de Servicios Legales y Vinculación Institucional en la Consejería Jurídica, la cual forma parte del gabinete de Joaquín Díaz Mena.

Con 112 mil 251 sufragios, Jenny Mariana García Brito llegará al Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, tras haber sido parte del Gobierno de ese estado. En marzo de 2025, fue nombrada directora de Casa Otoch, un centro de asistencia social para niñas, niños y adolescentes. 

De noviembre de 2024 a febrero de 2025, García Brito llevó la jefatura jurídica en la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, según su currículum. Aunque los nombramientos no fueron hechos por Joaquín Díaz Mena, el desempeño de los cargos sí ocurrió durante su gobierno.

Gerardo Martín Chacón Tuyub también aparece en el directorio de funcionarios del Gobierno de Yucatán, pues es director de Asuntos Jurídicos e Investigación Administrativa en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Con 115 mil 780 votos será magistrado. 

Hernán Jesús Vega Burgos obtuvo 115 mil 235 votos para ser magistrado. Según la PNT, en el Gobierno de Yucatán es titular de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, la cual forma parte de la Secretaría General de Gobierno en el gabinete de Joaquín Díaz Mena.

Además, Defensorxs advirtió que su candidatura era altamente riesgosa porque fue detenido por proteger a una red de trata y explotación sexual y fue denunciado por abusar sexualmente de dos mujeres costarricenses privadas de su libertad. Por estos hechos, sus cuentas bancarias fueron congeladas por autoridades federales y renunció a su puesto como delegado del Instituto Nacional de Migración. Recientemente, las autoridades de Estados Unidos le negaron la visa por estar relacionado con estos delitos.

Roberto Alfonso Carrillo Granados será magistrado gracias a sus 111 mil 505 votos. Es encargado de la delegación Yucatán de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

Finalmente, con 112 mil 378 votos, Sofía Elena Cámara Gamboa será magistrada tras ser secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán; Claudia Crisol Antonio Mayor obtuvo 105 mil 924 para llegar a este órgano tras ser jueza de primera instancia; y Alan Jesús Hernández Conde, con 104 mil 693 votos, será magistrado tras desempeñarse como abogado en el despacho Hernández Conde.

Según manda la orden de Decomiso, esos 80 millones de dólares deberán reflejarse en las arcas del Departament of Justice (DOJ) antes de que sea emitida su sentencia en una fecha aún por definir.

Ese acuerdo que parece extraordinario es en realidad bastante común: el de un narcotraficante detenido que buscando beneficios ofrece a los fiscales colaboración y parte de sus ahorros.  

Durante los primeros ocho meses del año, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha expulsado a Estados Unidos a 55 criminales, 29 en febrero y 26 en agosto, que eran procesados en México. Es común que en estos casos, las fiscalías lleven sus interrogatorios hacia las ganancias ilegales de cada uno para así calcular un decomiso y la posibilidad de una “colaboración” y un “acuerdo”. 

De hecho, en la próxima audiencia del lunes 25 de agosto, se espera que “El Mayo” cambie su declaratoria de “no culpable” a una de aceptar los cargos. A 13 meses de su llegada a Estados Unidos, está por definirse el monto del decomiso que solicitarán los fiscales del Distrito Este de Nueva York.

De acuerdo con el caso de Joaquín Guzmán Loera, “El Mayo” Zambada enfrentaría una condena de cadena perpetua y su traslado a una prisión de máxima seguridad, como la Supermax de Colorado, donde está recluido “El Chapo”. Un fallo distinto podría indicar que el acusado ha aceptado realizar pagos y, eventualmente, proporcionar información que involucre a otras personas.

Los datos obtenidos para esta investigación fueron tomados en la revisión de más de 30 expedientes, con sus órdenes de decomiso, dictámenes, transcripciones de audiencias, registros del Buró de Prisiones, notas de prensa, así como del Código Penal y Código de Procedimientos Penales de los Estados Unidos.

Cómo justifica EU los decomisos

En 1984, durante la Administración Ronald Reagan, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Integral para el Control del Delito en la que se facultó al Departamento de Justicia para ejecutar un Fondo de Decomiso de Bienes (FDB) y así debilitar a narcotraficantes y cárteles. 

En el título 28 del Código de Estados Unidos se detallan casi 30 programas donde el fiscal general puede invertir los bienes decomisados. Desde gastos de operación e investigación, o pago a víctimas y proveedores externos, las multas igual se utilizan para el “pago de horas extras, viajes, combustible, capacitación, equipo y otros costos similares de los oficiales de las fuerzas del orden estatales o locales”. Aparece, incluso, un gasto más inverosímil: “compra de evidencia de cualquier violación de la Ley de Sustancias Controladas”.

En un artículo, el abogado del Instituto Cato, Randal John Meyer, denuncia que “el FBI tiene un enorme interés en confiscar la mayor cantidad de activos, ya que estos fondos se utilizan para financiar la agencia”. La financiación específica con utilidades del narcotráfico explicaría por qué el Departamento de Justicia y sus agencias relacionadas, sobre todo el FBI y la DEA, mantienen un interés especial en delincuentes millonarios.

La maquinaria comienza a trabajar desde la acusación formal en la que aparece por primera vez la Notificación de Decomiso donde anuncian que, de ser hallado culpable por delitos como lavado de dinero, fraude o narcotráfico, cualquier utilidad o propiedad que el acusado haya obtenido cometiendo el delito, está sujeta a decomiso de conformidad con el Título 21 del Código de los Estados Unidos. Según una regla de procedimiento penal el fiscal general tiene facultades plenas para buscar dichas utilidades.

Los ingresos combinados del programa federal de decomisos han crecido más del mil por ciento en los últimos 15 años según reporta el Instituto Cato y es gracias a ellos que las arcas de muchos departamentos de policía cuentan con recursos. Eso ha llevado a que en círculos legales llamen a las multas “vigilancia con fines de lucro”.

En dos décadas de decomisos a narcos mexicanos se observan casos con distintos desenlaces: desde quienes pagaron para obtener una sentencia reducida, hasta quienes no ofrecieron indicios sobre sus ganancias ilícitas. También hay antecedentes de acusados a quienes se les eximió del pago de multas tras declararse en bancarrota. En estos dos últimos escenarios, las penas impuestas han sido generalmente de cadena perpetua o superiores a 40 años de prisión. Y aunque son pocos, existen procesos en los que no se advierte una relación clara entre el monto de la sanción económica y la condena impuesta.

Todos los narcotraficantes extraditados a Estados Unidos enfrentan acusaciones similares: operación de una empresa criminal, tráfico y distribución de cocaína, marihuana, metanfetamina, heroína y, en años recientes, fentanilo, así como lavado de dinero y portación de armas con fines delictivos. Por ello, en la revisión de estos casos se omitirán los cargos que se repiten en la mayoría de los expedientes.

Narcos que pagaron

En lo que va del siglo, líderes de los principales grupos criminales que han controlado el trasiego de drogas en México han destinado recursos significativos para financiar operaciones de agencias de seguridad en Estados Unidos.

Los primeros decomisos grandes se impusieron al clan de los Arellano Félix, hermanos originarios de Sinaloa que se convirtieron en “dueños” de la frontera Tijuana-California, desde mediados de los noventa durante la explosión de los cargamentos de cocaína que cruzaban por México.

Francisco Javier Arellano Félix, conocido como “El Tigrillo”, fue el primero en utilizar su fortuna para obtener beneficios judiciales. Detenido por autoridades estadounidenses en agosto del 2006 mientras pescaba en aguas internacionales a bordó de su yate Riviera de 14 metros llamado “Dock Holiday”, en septiembre del 2007 le presentaron una orden de decomiso que incluía, además del yate, la cantidad de 50 millones de dólares.

El juez inicialmente sentenció a “El Tigrillo” a lo que parecía una merecida cadena perpetua, pero en 2014 le redujeron la pena a 23 años. Los fiscales justificaron que el cambio era en respuesta a “toda la información que el señor Arellano había entregado y que era un sueño hecho realidad” según citó Mark Adams, abogado del acusado cuando pidió que esos 23 años se redujeran a 19. 

Los 50 millones ya no alcanzaron para un segundo recorte, aunque Francisco Javier Arellano Félix permanece fuera del registro del BOP, por lo que se ignora dónde purga su condena o si ya obtuvo su libertad. La regla de que cualquier preso federal con buen comportamiento sólo debe cumplir el 85 % de su castigo, lo obliga a permanecer sólo 19 años 5 meses, que se cumplen a finales de 2025. Pero como su archivo permanece sellado, nada se sabe de su paradero.

Con el ejemplo de su hermano menor, Benjamín Arellano Félix también buscó lucrar con su fortuna. La orden de decomiso para el otrora violento “El Señor” llegó el 16 de febrero del 2012, dos meses antes de recibir 25 años de condena. En 2022 buscó que lo dejaran en libertad “por compasión”, pero se lo negaron. A Benjamín le pidieron 100 millones de dólares y en el documento donde se anuncia su multa se muestra cómo funciona el mecanismo. La frase “el decomiso será firme respecto del acusado al momento de la sentencia, forma parte y se incluye en la misma” se puede traducir como “si no hay pago no hay sentencia benévola”. 

El último de los Arellano Félix procesado en EU fue Eduardo Ramón, a quien le decomisaron 50 millones de dólares, como a “El Tigrillo”, previo a su sentencia de 15 años. Cumplió 9 años y en 2021 fue enviado a México donde sigue detenido. 

Pero si hablamos de un clan que ha cedido a las ambiciones de los fiscales ese es el de los Zambada. 

Desde el proceso contra Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo”, la fiscalía de Chicago, donde lo juzgaron, anunció que Zambada Niebla aceptó ser responsable en Estados Unidos por el decomiso de un billón 373 millones 415 mil dólares. Es por eso que, al momento de pedir a un juez que lo condenara a tan sólo 17 años, el juez se estacionó en 15 años y los fiscales alegaron que la generosa sentencia era en respuesta a que “su cooperación ha sido extraordinaria”.

Cierto es que, desde su detención, “El Vicentillo” se convirtió en un informante modelo que no sólo testificó en el juicio contra “El Chapo” Guzmán, sino que anteriormente había compartido información que ayudó a la detención de otros capos. Según documentos y su propio testimonio en el juicio citado, Zambada Niebla colaboró en capturas de alto nivel: la de “El Chapo” Guzmán en febrero del 2014 en Mazatlán Sinaloa; la de Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy” en Torreón, Coahuila, el mismo año, y la de Miguel Ángel Treviño “El Z-40”, en julio del 2013 en Tamaulipas. 

Oficialmente nunca se sabrá si “El Vicentillo” y su entonces poderoso padre “El Mayo” Zambada llegaron a juntar un billón de dólares. Lo cierto es que Zambada Niebla estuvo preso sólo 12 de los 15 años a que lo sentenciaron en 2019 y fue liberado en 2021. Es testigo protegido y vive con otra personalidad en algún lugar de los Estados Unidos que pocos conocen.

Ismael Zambada Imperial apodado “El Mayito Gordo” también debió pasar por la caja registradora antes de acogerse al privilegio de una condena corta. En su acuerdo de culpabilidad, este otro hijo de “El Mayo” aceptó “presentar un cheque de caja pagadero a United States Marshals Service por la cantidad de cinco millones de dólares en o antes de la fecha de la sentencia”, según el acuerdo.

“Mayito Gordo” fue detenido en 2014 en México y extraditado cinco años después. Se declaró culpable y le dieron nueve años de prisión que, con el crédito desde el año que fue detenido en México, la regla del 85 % y los 5 millones de dólares, lo llevaron a obtener su libertad en junio de 2022.

Uno más de los hijos de “El Mayo”, detenido y liberado tras depositar, fue Serafín Zambada Ortiz. A “El Sera” lo agarraron en septiembre de 2013 cuando viajó a Estados Unidos en compañía de su esposa. En 2018 fue sentenciado a cinco años, pero la jueza consideró atenuantes como su arrepentimiento y la entrega de 250 mil dólares, equivalente a parte de sus ganancias ilícitas. Semanas después, quedó en libertad.

Fuera de los Zambada, a Raúl Flores Hernández lo acusaron por ayudar a integrantes de El Cártel de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación usando sus conexiones con fuentes de suministro en Sudamérica para coordinar el transporte de grandes cantidades de cocaína con destino a EU. Con sus ganancias invirtió en una extensa red de negocios y bienes raíces ubicados principalmente en Guadalajara, Jalisco. 

El recargo impuesto a “El Tío” Flores Hernández fue de 280 millones de dólares. Durante las negociaciones, los fiscales inicialmente recomendaron una condena de 11 a 14 años, pero, ante su resistencia, solicitaron cadena perpetua. En enero de 2024, la jueza fijó la pena en 21 años. Flores Hernández apeló, aunque es improbable que la sentencia se modifique, incluso si paga la multa.

Decomisos no pagados o reducidos

Alfredo Beltrán Leyva, “El Mochomo”, extraditado en 2013, fue sentenciado a cadena perpetua en 2017. La fiscalía solicitó un decomiso de 10 mil millones de dólares, pero el juez lo redujo a 529.2 millones, monto que no se ha recuperado.

Gerardo y José González Valencia, de “Los Cuinis”, fueron extraditados en 2020 y 2021, respectivamente. Ambos se declararon culpables. Gerardo recibió cadena perpetua y una multa de 341 millones de dólares; José, 30 años y una multa de 100 dólares. La primera sanción está apelada.

En 2018, Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, fue condenado a 49 años y 100 mil dólares de multa; su suegro, Carlos Montemayor, a 34 años y 192 millones. Montemayor no ha pagado y mantiene apelaciones.

Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, detenido en 2009, fue extraditado en 2012 y condenado a 10 años tras colaborar con autoridades mexicanas y estadounidenses. Aunque se anunció un decomiso de 100 millones, no hay registro de pago.

Rubén Oseguera González, “El Menchito”, fue sentenciado en julio de 2025 a cadena perpetua y un decomiso de 6 mil millones de dólares, calculados bajo el mismo método que el caso de Joaquín Guzmán: multiplicar el volumen estimado de droga por el precio de mercado, sin descontar costos operativos.

Narcos sin recursos y beneficios limitados

En el Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén fue extraditado en 2010, condenado a 25 años y multado con 50 millones de dólares; recuperó la libertad en 2024 tras cumplir 21 años. Su abogado, Juan Jesús Guerrero Chapa, reunió al menos 30 millones en efectivo de propiedades y escondites en Tamaulipas y Nuevo León.

Mario Cárdenas Guillén fue extraditado en 2022, multado con 10 millones y condenado a 14 años; fue liberado en 2024 tras acreditarse el tiempo cumplido en México. Jorge Eduardo Costilla Sánchez, “El Coss”, sentenciado a cadena perpetua en 2022, fue exonerado de decomiso por “incapacidad de pago”.

Mario Núñez Meza, “El M-10”, recibió 40 años de prisión y un decomiso de 100 mil dólares. Óscar “El Lobo” Nava Valencia fue condenado a 25 años, liberado tras 14, y multado con 5 mil dólares, además de colaborar como testigo.

De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Sur de Texas, Gómez Jr. su esposa Lesley Chávez,? y otros tres residentes del Valle del Río Grande habrían falsificado declaraciones fiscales y documentos empresariales para obtener préstamos de la Administración de Pequeños Negocios (SBA). Los fondos, que suman un fraude estimado en 685,800 dólares, fueron utilizados para gastos personales. 

Según la investigación los detenidos, presentaron solicitudes fraudulentas al Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y al Programa de Préstamos por Desastres Económicos (EIDL), en complicidad con otras tres personas. 

De acuerdo con la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas, el matrimonio y sus? cómplices habrían manipulado declaraciones fiscales y registros comerciales para acceder de manera indebida a los programas de apoyo PPP y EIDL, creados para evitar el colapso económico de negocios afectados por la emergencia sanitaria. 

Las autoridades acusan que el dinero, en lugar de utilizarse para sostener nóminas o salvar empresas, fue desviado a gastos personales, inversiones privadas y criptomonedas. 

De confirmarse su culpabilidad, los implicados enfrentarán penas de hasta 20 años de cárcel y multas superiores a los 250 mil dólares, además de la restitución de los recursos defraudados. 

El regidor panista ya compareció ante la corte federal en McAllen y, de ser declarado culpable, podría enfrentar hasta 20 años de prisión y una multa de hasta 250,000 dólares. 

La investigación fue realizada por el FBI y la Oficina del Inspector General de la SBA, con apoyo del Departamento de Seguros de Texas. El caso está a cargo del fiscal federal adjunto Lee Fry. 

A principios de 2020, la SBA comenzó a ofrecer Préstamos por Desastre Económico (EIDL) y préstamos del Programa de Protección de Nómina (PPP) para ayudar a las pequeñas empresas a superar la pérdida temporal de ingresos causada por la pandemia. 

Según la acusación formal los acusados?presentaron solicitudes fraudulentas para obtener préstamos EIDL o PPP entre junio de 2020 y noviembre de 2021. 

El regidor y su esposa, propietarios y operadores de varias empresas de entretenimiento y servicios en el Valle del Río Grande, incluyendo Dream Weddings RGV, LLC, Ambience Flowers and Rentals LLC y Brand Boosters Co. LLC, presuntamente defraudaron al gobierno en tres ocasiones. 

El 10 de junio de 2020, Chávez presentó una solicitud de EIDL con declaraciones fraudulentas para Dream Weddings RGV, LLC, y recibió $150,000 al día siguiente. 

La acusación formal indica que, poco después, Chávez y Gómez utilizaron esos fondos para comprar equipos para su imprenta, Brand Boosters Co. LLC. 

Al año siguiente, el 20 de mayo, Chávez presentó otra solicitud fraudulenta del PPP para Ambience Flowers and Rentals LLC y recibió $40,800 seis días después, según la acusación. 

“Inmediatamente después de recibir el depósito, una parte de los fondos se transfirió a la cuenta bancaria personal de Lesley Chávez y se utilizó para gastos e inversiones personales”, declaró la acusación. 

El 4 de noviembre de 2021, Lesley presentó un formulario de condonación del préstamo PPP. 

Gómez presentó su propio formulario fraudulento de préstamo PPP el 20 de mayo de 2021 para Brand Boosters Co. LLC y recibió $20,800 siete días después, según la acusación. 

“Tras recibir los fondos, Bernardo Gómez Jr. utilizó una parte de los fondos del préstamo PPP para financiar una cuenta de criptomonedas para su propio enriquecimiento”, declaró la acusación. 

Posteriormente, presentó un formulario de condonación del préstamo PPP el 26 de julio de 2021. 

El regidor Bernardo eso Gómez JR, es hijo de Bernardo Gómez Villagómez quien fuera presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, durante el periodo 1996–1998.

Entre los asesinatos que rompieron el récord histórico el mes pasado está el de la noche del 20 julio en la colonia Iturbe, en Tula, cuando un enfrentamiento entre un grupo armado y elementos de la Procuraduría dejó un agente de investigación muerto y dos más lesionados. Los agentes llevaban a cabo indagatorias relacionadas con un secuestro. 

Cuatro días después, el Gabinete de Seguridad estatal informó sobre la detención de cinco personas que, afirmó, eran presuntos integrantes de una célula del grupo delictivo de Los H. El secretario de Seguridad Pública, Salvador Cruz Neri, dijo en conferencia de prensa que además de pelear por el control total de la organización, eran posibles responsables del asesinato del agente la noche del 20 de julio. Asimismo, atribuyó la violencia reciente a la pugna por el control criminal entre ésta y otras facciones criminales. 

Para situar el segundo mes más violento por asesinatos con dolo en los que se usaron armas de fuego en Hidalgo, hay que remontarse a julio de 2020, donde hubo 22 carpetas. 

Aquel 2020 fue el cuarto año de gobierno de Omar Fayad Meneses, hoy embajador de México en Noruega. Fue en el sexenio del entonces priista que Hidalgo se ubicó en el primer lugar nacional en robo de hidrocarburo a través de perforaciones a ductos (2018). Asimismo, 2020 también representó una pelea territorial entre cárteles por las válvulas, igualmente con formas de violencia y saña contra los cuerpos que las organizaciones criminales han mantenido. 

El tercer registro más alto data de junio de 2019, con 21 asesinatos violentos en los que los agresores usaron armas de fuego. Fue el año de la exposición de una “ordeña” a un ducto de Pemex en los límites entre Tlahuelilpan y Tlaxcoapan, que dejó un saldo de 137 muertes: personas que recolectaban combustible regado en una canaleta tras días de sequía en las gasolineras estatales, después de que el gobierno federal determinara cerrar parcialmente ductos y cambiar rutas de traslado con la intensión de disminuir el huachicol. 

A partir de ese suceso se registró una serie de homicidios de presuntos líderes de organizaciones criminales. Las entonces autoridades locales lo denominaron un “ajuste de cuentas” entre huachicoleros. Comenzó con el asesinato de El Parka?–Julio César Zúñiga Cruz para inteligencia del estado y/o Héctor Baltazar Osorio Delgado para la Policía Federal–, el 20 de enero, dos días después del estallido en la parcela del ejido de San Primitivo, a la que se conoció como la exposición de Tlahuelilpan. 

Entre personas ultimadas dejadas en parajes, calles, con el tiro de gracia, impactos en más partes del cuerpo e incluso con algún tipo de desmembramiento, le siguió el ataque contra el?Talachas,?acaecido el 18 de mayo de 2019 en Santa Ana Ahuehuepan, Tula. Con base en los reportes de la policía, entraron a su casa en la calle Cuitláhuac y lo tirotearon cuando llegaba del rosario de su hijo, el?Puerco, que fue asesinado seis días antes. Ellos eran identificados como los jefes de la banda de Los Poblanos o Los Talachas. 

Aunque no fueron las únicas, esas dos muertes reconfiguraron los liderazgos del huachicol en Hidalgo, que cerró 2019 con 4 mil 71 tomas clandestinas mediante las cuales los grupos criminales robaron hidrocarburos, una cifra que representaba un crecimiento de 92 por ciento respecto a 2018, cuando hubo 2 mil 121 y fue el año a partir del cual la entidad, en ese momento bajo el mando de Omar Fayad, se convirtió en la más “ordeñada” del país. 

Este julio de 2021 enmarca otra disputa criminal, mientras la?Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) sitúa a tres cárteles en la geografía hidalguense (Jalisco Nueva Generación (CJNG) –con mayor dominio territorial–, el Cártel de Sinaloa (CDS) y el del Noreste (CDN)), e informes de la propia DEA, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), entre otras instancias estadunidenses, detectaron una operación en la que el combustible que es extraído en Hidalgo a través de tomas clandestinas, y robado de cargamentos que salen de la refinería de Tula, es traficado a Texas mediante intermediarios corruptos en ambos lados de la frontera, así como una red de empresas fachada. 

Las autoridades hidalguenses afirman que tras la detención el 15 de marzo pasado de Hugo Alberto M. M., “El H”, y el asesinato de su hermano José David tres días después, el grupo que lleva su mote se dividió en células que luchan por el control total, lo cual ha generado disputas armadas, asesinatos y violencia en la región de Tula, una de las más vulnerables al huachicol en el país. 

Aunque para el gobierno de la entidad la pelea es entre grupos locales, a nivel federal ven no sólo la presencia de cárteles, sino su alianza, precisamente, con agrupaciones más pequeñas que controlan giros delictivos específicos en sus territorios. 

Los H son una organización criminal que se dedica al robo de combustibles, al sicariato y al narcomenudeo. El gobierno federal sugiere, con la detención de dos personas en el Estado de México justo en julio pasado, el vínculo entre este grupo delictivo y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); ambas agrupaciones se dedican al robo de gasolinas en el Valle de México. 

Durante agosto, los asesinatos violentos con armas han continuado: el 18, la policía municipal de Tula encontró dos cuerpos masculinos con impactos en la calle Felipe Ángeles de la localidad de Nantzha. Constató que ambos presentaban signos de tortura y que fueron asesinados con armas de uso exclusivo militar calibre .223.? 

Además, en otros incidentes de impacto social, el 11 de agosto, en las aguas negras del canal Requena en Tezontepec de Aldama fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre. El mismo día, en Tlahuelilpan, otro cadáver masculino fue hallado en el canal de aguas negras del paraje Las Cadenas.

Mujeres vestidas de negro, rosa y morado se apoderaron de la Plaza de Armas y colocaron la portada de un periódico gigante con el titular: “Extra, extra, el monstruo de burla paridad ataca nuevamente a las morelenses: ¿Salvará el Tribunal Electoral la paridad o se sumará a la violencia política contra las mujeres?”

Seguido de la nota de ocho columnas, fechada el 27 de junio de 2025, se leía: “El Congreso de Morelos, con el voto de 8 diputadas y 10 diputados, aprobó una reforma al Código Electoral que reduce la paridad a solo 11 municipios, ignorando a las mujeres de Cuernavaca, Huitzilac, Zapata, Tepoztlán, Emiliano Zapata, Coatetelco, Ocuituco, Tetecala y Xoxocotla”.

Con ello, legisladoras y legisladores simularon cumplir con la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEE) en respuesta al juicio ciudadano TEEM/JDC/15/2024.

Lo anterior fue el escenario del informe de parte dirigido a niñas y jóvenes morelenses en el marco del Día Internacional de la Juventud. Las abogadas especialistas en derecho electoral Perla Pedroza Vélez y Daniela Albarrán Domínguez fueron las encargadas de dar los pormenores del avance en la lucha por la igualdad y la paridad.

“Lo dirigimos a ustedes, niñas y jóvenas de Morelos, porque sabemos que el futuro de nuestra tierra también les pertenece. Queremos que sepan que hay mujeres que estamos peleando hoy para que mañana, cuando les toque levantar la voz, aspirar a un cargo o representar a las morelenses, ya no tengan que enfrentarse a un muro de machismo político ni a la violencia política que nos golpea por el simple hecho de ser mujeres”, expuso la abogada Perla.

Detalló que ese enemigo tiene nombre: violencia política contra las mujeres en razón de género. “La ejercen quienes nos niegan derechos, quienes nos cierran el paso y, sobre todo, quienes desde el poder deciden que nuestras voces valen menos”.

La defensora puntualizó que en Morelos, “quienes han traicionado a las mujeres son las y los diputados de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, que con su reforma ilegal y tramposa nos arrebataron la paridad, pretendiendo convencernos de que 11 municipios son la mitad de 36. Esa mentira la avaló también la indiferencia de la gobernadora Margarita González Saravia, que se negó a vetar la reforma”.

Las activistas recordaron que, ante la injusticia, la batalla se ha dado desde el primer día.

“Pero no hemos callado ni un solo día. Desde 2023 emprendimos una batalla frontal: primero solicitamos al IMPEPAC que implementara municipios exclusivos para mujeres; nos dijeron que no. Entonces, 12 mujeres interpusimos un juicio ciudadano, y el Tribunal Electoral del Estado de Morelos nos dio la razón, reconociendo nuestro derecho, aunque aplazando el cumplimiento pleno hasta 2026–2027”.

La abogada Daniela subrayó que, a partir de ahí, “hemos sostenido una ofensiva jurídica y política” que incluye:

En entrevista posterior a la protesta, Perla Pedroza señaló:

"El futuro político de las mujeres en Morelos está en manos del Tribunal Electoral del Estado, que analiza si el Congreso cumplió con la sentencia de 2024 en materia de paridad".

“Estamos esperando que el Tribunal realmente haga valer el cumplimiento de la sentencia. Todo está en sus manos, deben juzgar si el Congreso cumplió o no con lo mandatado”, afirmó.

De acuerdo con Pedroza, el Congreso solo reservó 11 municipios para mujeres, pese a que el IMPEPAC había identificado 23 donde nunca ha gobernado una presidenta municipal. Entre ellos, Cuernavaca, Mazatepec, Jiutepec, Tepoztlán, Huitzilac, Xochitepec y Yecapixtla.

“El fondo de esta reforma es la partidocracia. Se reparten el poder entre grupos y por cuotas, sin importar el color del partido. No quieren que lleguen mujeres a municipios estratégicos con capital económico y peso electoral”, denunció.

Las activistas sostienen que lo justo es garantizar la mitad de las 33 alcaldías que se eligen por partidos políticos —es decir, 16 o 17—, además de avanzar en los municipios indígenas respetando los sistemas normativos internos.

Pedroza advirtió que, si el Tribunal local valida la reforma, acudirán a la Sala Regional Ciudad de México y, en su caso, a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, enfatizó que esperan evitar más litigios: “No estamos pidiendo nada exagerado, solo lo que ya está consagrado en la ley: igualdad en el acceso al poder”.

Sobre los tiempos, explicó que la resolución debe llegar antes del 1 de septiembre, plazo que marca 90 días previos al inicio formal del proceso electoral. “De lo contrario, se aplicará la reforma y ese es el cálculo que está haciendo el Congreso”, advirtió.

“Lo que el Congreso ratifica con esta reforma es que sigue siendo un sistema patriarcal, con visión machista, que se niega a soltar el control del poder a las mujeres”, concluyó.

“El Proyecto Portero y este nuevo programa de capacitación muestran cómo vamos a luchar: planificando y operando codo a codo con nuestros socios mexicanos, y aplicando toda la fuerza del gobierno de los Estados Unidos.”

Sin embargo, la presidenta aclaró que sí se realizó un acuerdo de seguridad con el Departamento de Estado de Estados Unidos, coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, tras una reunión en Washington en febrero de este año.

La organización estadounidense publicó el pasado 18 de agosto, un comunicado en el que se indicaba que tomarían acciones para confrontar cárteles: “El Proyecto Portero y este nuevo programa de capacitación muestran cómo vamos a luchar: planificando y operando codo a codo con nuestros socios mexicanos, y aplicando toda la fuerza del gobierno de los Estados Unidos.”

A pesar de esta postura, Sheinbaum aclaró que sí existe un acuerdo de seguridad con el Departamento de Estado de Estados Unidos, coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, tras una reunión celebrada en Washington en febrero de este año. Este acuerdo, explicó, se centra en la coordinación administrativa y el intercambio de información, sin implicar operativos conjuntos en territorio mexicano.

“Hay colaboración en el sentido que den información, ellos tienen agentes en México que tienen que cumplir con la ley de seguridad nacional y ahora con la visión que hicimos al artículo 40 a la Constitución” expresó.

Dicha iniciativa de modificación a la Constitución Mexicana emitida a principios de año tiene como objetivo rechazar intervención política extranjera.

Levy es un empresario y exfuncionario público, que trabajó de diciembre de 2018 a abril del 2019 como Subsecretario de Planeación y Política Turística durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. 

También fungió como director general de la Agencia de Promoción de Inversiones y de Desarrollo de la Ciudad de México (PROCDMX) durante la gestión de Miguel Ángel Mancera como jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Simón Levy presuntamente vive en Estados Unidos, y desde el 2022 tiene dos órdenes de aprehensión por daño a la propiedad y responsabilidad de los directores responsables de obra o corresponsables, de acuerdo con información publicada por Proceso. 

Con la ficha roja, las autoridades estadunidenses podrán detenerlo e iniciar el proceso de extradición a México. 

¿Por qué se acusa a Simón Levy de daño a la propiedad y fraude?

De acuerdo con reportes periodísticos, Simón Levy fue denunciado por agredir y amenazar a Emma Yolanda Santos, una mujer de la tercera edad con quien perdió un litigio y debe pagar un millón 453 mil 197.5 mil dólares por no haber cumplido con un convenio.   

Los hechos ocurrieron la noche del 15 de noviembre del 2021, cuando la víctima denunció que Levy se presentó en su domicilio, ubicado en Polanco, donde pateó y golpeó la puerta de su departamento en repetidas ocasiones, al tiempo que “le gritaba y amenazaba con atentar contra su vida”. La agresión quedó registrada en un video que se hizo público en redes sociales. 

Desde el 2019 Simón Levy enfrenta un conflicto con Emma Yolanda Santos, quien lo denunció por incumplimiento de un convenio de construcción en un edificio en Campos Elíseos 113 en Polanco en la alcaldía Miguel Hidalgo.  

El condominio fue construido a través de una sociedad entre ambos, en el que la mujer puso el terreno y el exsubsecretario construyó departamentos. El acuerdo establecía que debía construir los departamentos de un mismo tamaño; sin embargo, Simón Levy ocupó 213 metros más de lo acordado y no realizó una remuneración equivalente.

La audiencia, muy participativa, exigió que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo rompa sus relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, que se implemente un boicot contra las empresas que apoyan el despojo de tierras, y que la propia UNAM cese los vínculos académicos con las universidades israelíes.

Durante su exposición, que empezó con un video que exhibió los horrores perpetrados por el ejército de Israel contra palestinos –incluyendo imágenes de niños fallecidos em bombardeos y por hambruna–, Rasheed deploró la parálisis de la Organización de las Naciones Unidas en torno a las violaciones al derecho internacional cometidas por el gobierno de Benjamin Netanyahu.

Aseveró que Israel ha ignorado a las escasas iniciativas presentadas en la Asamblea General de la ONU para frenar la ocupación de tierras, que Estados Unidos ha vetado todos los acuerdos del Consejo de Seguridad para cesar los bombardeos en Gaza y permitir la entrada de ayuda humanitaria, y que las agencias del organismo internacional han sido blancos de ataques militares y recortes presupuestarios que obstaculizan sus acciones.

En entrevista con Proceso, el maestro Víctor Alejandro Butrón Barrera explica que ese enfoque es el eje de su tesis “Estrategias para reducir el reclutamiento del crimen organizado: un análisis con teoría de juegos”. 

El trabajo no sólo se queda en lo teórico, busca la praxis, demostrar que, desde lo exacto, es posible analizar uno de los mayores problemas que enfrenta el país. 

Su investigación fue reconocida por su aportación, ganó el primer lugar en el Premio de Investigación Económica “Maestro Jesús Silva Herzog 2024”. La UNAM otorgó este galardón a la tesis desarrollada en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) resaltando su potencial para incidir en la política pública.

La “tasa de descuento”, un concepto matemático usado en economía y que en esta tesis tiene como objetivo medir cuánto se valora el presente frente al futuro, es clave para entender por qué un joven decide unirse a una célula criminal.

“Para ponerlo supersencillo, es cómo valoras tú el futuro. Es decir, si la tasa de descuento es alta, tú eres impaciente y valoras el presente. Entonces, quieres como las cosas inmediatas. Tienes recompensas inmediatas”, explica.

El ejemplo es el siguiente, si a un joven se le ofrecen 100 pesos ahora, o esperar un día para recibir 110, muchos elegirán la primera opción. Y esa elección no siempre es fruto de la necesidad inmediata, hay jóvenes que deliberadamente buscan ser reclutados porque ven en ello una vía rápida para obtener dinero, estatus o independencia económica.

Butrón sustenta su análisis con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), tasas de homicidio, estadísticas de defunciones, presencia de fuerzas de seguridad y, sobre todo, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

“La ENOE te revela lo que en realidad está ingresando la gente. Es decir, cuál es su ingreso real. Y, por ejemplo, hay algunos estados durante este periodo que estoy analizando de 2010 a 2022, donde están ganando menos de tres mil pesos mensuales. Entonces, este tipo de variables son reveladoras… están diciendo que la gente no tiene tanto ingreso a partir de su empleo”, comenta.

En esas condiciones salariales, expone, la educación deja de verse como un camino para aspirar a una mejor vida.

“Si ven que la educación no los lleva a nada, es decir, a ganar un salario mayor, a poder proveer para su familia, entonces van a empezar a valorar más el presente. Y lo que yo propongo ahí es que, como empiezan a valorar más el presente, quieren recompensas inmediatas y si alguien del narco les dice: ‘Te voy a dar siete mil pesos nada más por halconear, que es como una actividad supersencilla, nada más avisar si viene alguien de un grupo rival, la policía o el Ejército, entonces aceptan estas recompensas inmediatas y su esperanza de vida va bajando más”, detalla.

El hogar como variable

En su investigación, Butrón también identifica un aspecto poco discutido, la familia como actor central en el juego del reclutamiento. 

El hallazgo es paradójico, la familia puede ser tanto una vía de entrada como un dique de contención.

Un hogar que transmite valores, disciplina y pertenencia puede, sin querer, proveer al crimen de jóvenes con vínculos sólidos y lealtades profundas, lo que facilita que ellos mismos recluten a otros de su círculo cercano.

Pero esa misma estructura familiar puede ser la clave para frenar el reclutamiento, si el Estado la convierte en parte de la solución.  Aquí entra la tesis, que es modificar esa tasa de descuento con estrategias.

Butrón plantea que el gobierno debe involucrarse para generar acciones coordinadas que fortalezcan a las familias como primer escudo. 

“Como consecuencia de estas estrategias coordinadas se involucra a la familia para reducir el reclutamiento y, al mismo tiempo, reducir el tamaño del crimen organizado”, sostiene.

En su análisis, Butrón se concentró en ocho estados con las mayores tasas de homicidio: Baja California, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Sinaloa. Con esas variables elaboró un modelo basado en teoría de juegos para medir y proponer políticas que reduzcan el reclutamiento criminal.

La propuesta

La tesis de Víctor se conecta con estudios como el del doctor Rafael Prieto Curiel, quien, junto a Alejandro Hope, publicó el artículo “Reducir el reclutamiento de los cárteles es la única manera de reducir la violencia en México”. 

“Él empieza a modelar cuántos recursos humanos tiene el crimen organizado… y con modelos matemáticos explica que, en efecto, hay que reducir el reclutamiento de los cárteles. Él dice que alrededor de entre 350 y 370 personas deben ser reclutadas para que el crimen organizado continúe operando sin mayor problema”, comenta.

Entonces, retoma esa cifra, si se logra cortar ese flujo constante de jóvenes, la violencia perdería uno de sus motores principales. 

“Entonces, vinculando estas dos cosas, ¿cómo puedo hacer algo yo para reducir ese reclutamiento? Ese es el punto”, concluye.

En tanto, la escena de la madre frente a la cámara sigue vigente, multiplicándose en cientos de hogares. Jóvenes que eligieron poner precio a su futuro inmediato.

El crimen fue relacionado con posibles vínculos a los operativos contra el crimen organizado que este funcionario había encabezado, como el decomiso de 1.8 millones de litros de combustible robado a fines de julio de ese mismo año.

Este hecho ha puesto en perspectiva el peligro que enfrentan los funcionarios de la Fiscalía General de la República. Por ello, EMEEQUIS revisó los números de defunciones dentro de esta corporación, que alcanzaron niveles récord durante los últimos seis años en comparación con los datos de principios del nuevo milenio.

Durante el sexenio de Felipe Calderón (2007-2012), cuando inició la Guerra contra el Narcotráfico, el número de muertes de funcionarios de la PGR aumentó a 377. En el sexenio de Enrique Peña Nieto (2013-2018), la cifra disminuyó a 251 funcionarios fallecidos por diversas causas.

Sin embargo, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2019-2024), los números se dispararon significativamente, alcanzando 388 muertes, la cifra más alta en los últimos tres sexenios. Durante este periodo, destacaron dos años particularmente mortíferos: en 2020, fallecieron 137 funcionarios de la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, siendo el año más letal en los últimos 24 años; en 2021, se registraron 122 muertes de funcionarios.

No obstante, podría argumentarse que varias de estas muertes ocurrieron durante la pandemia de COVID-19. La FGR, a través de sus respuestas de transparencia, indicó que no cuenta con datos detallados sobre todas las causas de muerte de sus funcionarios, salvo algunos casos que murieron en servicio.

Los registros de la FGR muestran el número de elementos agredidos o heridos durante sus funciones, pero no especifican cuántos fueron asesinados fuera de su horario laboral o si se encontraban en zonas de alto riesgo para su integridad cuando fueron ultimados. 

De 2019 a 2024, se registraron dos homicidios de funcionarios en 2019 por arma de fuego en Villahermosa y la Ciudad de México. En 2020, se reportaron cinco homicidios más, que incluyeron desde disparos de arma de fuego hasta una laceración cardíaca, cuya causa no fue detallada. 

En 2021, murieron seis elementos de la FGR en funciones durante su horario laboral por causas como apuñalamiento, estrangulamiento y disparos de arma de fuego; cuatro de ellos en Guanajuato (tres el 19 de marzo de 2021) y dos en Jalisco. En 2023, sólo se registraron tres muertes por homicidio de personal en funciones, todas por arma de fuego en Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí.

No hay cifras disponibles sobre elementos asesinados en 2024 ni en 2025, años particularmente marcados por la guerra entre “La Mayiza” y “Los Chapitos” en Culiacán, que ha dejado cientos de muertos en todo el estado.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Guerrero, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina (Marina), incineraron una tonelada 347 kilos 16 gramos 500 miligramos de clorhidrato de cocaína el 12 de agosto pasado.