Nacional

Imágenes del tema: kelvinjay. Con la tecnología de Blogger.

Estados

Política

Violencia

La FGJ de Michoacán detiene en Uruapan a los escoltas de Carlos Manzo, Edil asesinado

La detención ocurre dos días después de que Omar García Harfuch informara que fue detenido Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, quien entrenó y luego coordinó a los tres jóvenes sicarios que operaron en territorio la tarde-noche en que Carlos Manzo fue asesinado.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Michoacán detuvo este viernes a siete de las escoltas de Carlos Manzo, el Alcalde de Uruapan asesinado el pasado 1 de noviembre en un evento público, un caso que conmocionó al país.
"Cumplimentamos orden de aprehensión en contra de siete servidores públicos del Municipio de Uruapan, por su probable participación en el delito de homicidio calificado, en comisión por omisión, en agravio del Presidente Municipal Carlos Alberto Manzo Rodríguez", indicó la FGE en X, antes Twitter.
La detención de los individuos, que supuestamente velaban por la seguridad del édil, ocurrió en la Casa de la Cultura, en Uruapan, y fue realizada por elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional (GN).
"Los detenidos serán trasladados al Centro Penitenciario 'Lic. David Franco Rodríguez' y serán puestos a disposición del Juez de Control", añadió la institución.

El personal de seguridad había colocado un cerco en la zona del Centro de Uruapan para ejecutar las capturas.

Las aprehensiones ocurren dos días después de que Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informara que fue detenido Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, quien entrenó y luego coordinó a los tres jóvenes sicarios que operaron en territorio la tarde-noche en que Manzo Rodríguez fue asesinado.
Avanzan investigaciones del caso Manzo

Según la información presentada por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, los tres sicarios que participaron en el homicidio de Carlos Manzo fueron asesinados. Uno en el lugar de los hechos, el mismo día en que disparó al Alcalde, y los otros después, en condiciones aún no claras.

El Fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, dijo que “El Licenciado” fue quien los organizó. Los tres eran parte de una célula criminal dedicada al asesinato y la extorsión, y dependiente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La pistola con la que mataron a Manzo estaba relacionada con dos asesinatos previos, apenas de octubre.

En conferencia de prensa Harfuch dio a conocer que la identificación de Jorge Armando "N" se logró mediante el análisis de diversos materiales que se obtuvieron como parte de los trabajos de investigación que se han emprendido por parte de las autoridades estatales y federales, en las cuales se han utilizado herramientas tecnológicas que permitieron reconstruir con precisión la secuencia de hechos, así como la participación de cada involucrado.


Además de "El Licenciado" también se logró identificar a "dos sujetos que, horas antes del ataque, acompañaron al agresor Víctor Manuel “N”, quien fue neutralizado al cometer el homicidio", indicó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Fallo de la SCJN pone en riesgo el presupuesto 2026 para víctimas: Defensores DDHH

Los defensores de derechos aseguraron que se eliminó la garantía de las víctimas para no depender de negociaciones políticas o coyunturas electorales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió reabrir la discusión sobre la constitucionalidad de la reforma de 2020 a la Ley General de Víctimas, decisión que avala la eliminación del porcentaje obligatorio de presupuesto destinado a medidas de ayuda, asistencia y reparación integral.

El fallo, que contradice una sentencia previa ya firmada por unanimidad por la antigua Primera Sala, fue interpretado por especialistas y organizaciones como una vulneración al principio de cosa juzgada y un retroceso en la garantía de derechos de las víctimas.

En la mesa de análisis, representantes de las organizaciones defensoras de derechos, Artículo 19, Fundar y el Centro Prodh señalaron que la Corte actuó con criterios políticos, revirtió su propio precedente y dejó en incertidumbre presupuestaria al sistema nacional de atención a víctimas.

Previamente, en sendos comunicados, las organizaciones afirmaron que la resolución de la Corte “implica un grave retroceso para los derechos de las víctimas” y que el tribunal “ha decidido darle la espalda a las víctimas al reabrir la discusión sobre la constitucionalidad de reformas regresivas”.


Citaban que el fallo vulnera el principio de “cosa juzgada” y la garantía de “seguridad jurídica”, pues retoma un debate que la anterior integración de la Corte ya había resuelto.

También advirtieron que sin un porcentaje mínimo de presupuesto asegurado, las medidas de atención, asistencia, memoria, verdad y reparación “pierden eficacia y se reducen a buenos deseos en la ley sin impacto alguno en la realidad”.

Al respecto, Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 para México y Centroamérica, explicó que el caso se originó en un amparo promovido por el Centro Pro después de la reforma de 2020, cuando se modificó el artículo 132 de la Ley General de Víctimas en el contexto de la desaparición de varios fideicomisos.

Recordó que la Primera Sala, con la antigua integración, “declaró por unanimidad la inconstitucionalidad” de la reforma por eliminar el mínimo presupuestal necesario para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) emitiera medidas de apoyo, asistencia, rehabilitación y reparación.

Maldonado señaló que ese criterio derivó en jurisprudencia.
Ya había jurisprudencia aprobada por unanimidad que habla de la progresividad que debe imperar en materia de derechos de las víctimas.
Sin embargo, la nueva integración del tribunal no sólo rechazó emitir la declaratoria general de inconstitucionalidad, sino que decidió reabrir el fondo del asunto.

Para él, la decisión afecta incluso a la propia Corte porque “reabre el debate y deja desprotegidas a las víctimas y entonces la pregunta es, ¿de dónde obtiene legitimidad una corte que le da la espalda a las víctimas?”.

También sostuvo que la legitimidad de un tribunal constitucional no deriva del origen electoral de sus integrantes, sino de sus resoluciones.
Las altas cortes logran legitimidad a partir de sus resoluciones, no a partir del voto popular.
Asimismo, Iván Benumea, coordinador del programa de justicia fiscal de Fundar, subrayó que la resolución tuvo una carga política visible durante la discusión y coincidió con Maldonado en que la eliminación de la garantía presupuestaria deja a las víctimas expuestas a decisiones anuales del Congreso.

Dijo que dicha garantía funcionaba como “un seguro que le garantizaba a las víctimas, un cierto monto de presupuesto de manera anual”, indispensable para no depender de negociaciones políticas o coyunturas electorales.

La decisión de la Corte, explicó, abre un escenario adverso porque “ahora las víctimas estarán en la incertidumbre porque si el Poder Legislativo así lo decide, podría aprobar un presupuesto menor progresivamente”.

Benumea, también criticó que algunas ministras justificaran la reforma bajo el argumento de que el Ejecutivo sigue asignando recursos.
No estábamos hablando de lo que hace el Poder Ejecutivo sino de qué le debía mandar la Corte al Poder Legislativo.
Mencionó que la Corte debió concentrarse en ordenar cómo restituir el presupuesto perdido, dado que la reforma ya había sido considerada inconstitucional por el propio tribunal.

“Lo que tenía que discutirse, fue cómo regresamos ese presupuesto que es indispensable para atender los derechos humanos de las personas”.

Por su parte, María Luisa Aguilar Rodríguez, directora del Centro Pro, recordó que su organización presentó el amparo originalmente porque la CNDH, en ese momento, no utilizó la vía de acción de inconstitucionalidad.

Explicó que su impugnación se enfocó “exclusivamente en la medida regresiva de eliminar esta garantía de tener un mínimo de presupuesto” y no en cuestionar los fideicomisos.

Aseguró que la decisión de la Primera Sala fue coherente y garantista, pues pedía asegurar recursos aun cuando existieran recortes o cambios administrativos.

Aguilar sostuvo que la revisión del Pleno fue atípica porque “parece un levantamiento de la cosa juzgada, pues porque genera mucha incertidumbre”.

Sobre los argumentos esgrimidos durante la deliberación, afirmó que fueron “políticos, engañosos, insustanciales”, y que algunas ministras defendieron la eliminación de fideicomisos desde la óptica de su participación en la administración federal anterior.

Criticó que en el debate se subrayara que no había víctimas quejándose por falta de presupuesto y según la directora del Centro Pro, ese enfoque “no permitió una discusión sustantiva de cómo proteger más a las víctimas”.

También propuso una alerta más amplia sobre el funcionamiento del tribunal.
Si esta va a ser la práctica del Pleno de la Corte nos levanta muchas alertas alrededor de la poca imparcialidad y de cómo se pueden abrir decisiones que ya había de la Corte anterior.
También advirtió que los “principios de certidumbre jurídica están en juego” si este mecanismo de revisión se vuelve recurrente.

El panel coincidió en que la reapertura del caso y la validación de la reforma de 2020 crean un precedente regresivo, debilitan la arquitectura institucional del sistema de víctimas y comprometen la garantía de progresividad en derechos humanos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Cae regidor de Chalco por presunto huachicol de agua

Christian Jesús “N” alias “Gimmy” y/o "Jimy" también está señalado por su probable participación en delitos de secuestro, extorsión y despojo entre otros.

Elementos de la Fiscalía del Estado de México detuvieron a Christian Jesús “N” alias “Gimmy” y/o “Jimy”, sexto regidor de Chalco, identificado como líder del “Sindicato 22 de octubre”.

La dependencia indicó que el sujeto fue detenido las primeras horas de este viernes 21 de noviembre, en cumplimiento de orden de aprehensión en el marco de la segunda fase de Operación “Caudal”.


Resaltó que Christian Jesús “N” era un objetivo prioritario de dicho operativo al estar relacionado con actividades delictivas en la cadena de la extracción, distribución y comercio ilícito del agua en el Estado de México.

Añadió que “Gimmy” y/o “Jimy” también está señalado por su probable participación en delitos de secuestro, extorsión y despojo entre otros.

Fue ingresado al Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl a disposición de la Autoridad Judicial.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

OPLES advierten que centralizar elecciones sería inviable; consejeras alertan riesgos operativos

Integrantes de los OPLES aseguraron que la magnitud de los procesos electorales estatales volvería inviable una operación centralizada.

Representantes de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) defendieron en la Cámara de Diputados que el país no puede transitar hacia un modelo donde el INE asuma todas las funciones electorales. Aseguraron que la magnitud y diversidad de los comicios estatales volvería inviable una operación centralizada y que el federalismo electoral ha permitido estabilidad y alternancia durante una década.

Paula Ramírez Höhne, presidenta del OPLE de Jalisco, recordó que la estructura constitucional del país impide uniformar la organización electoral. Señaló que “México es una república federal. Eso significa que sus 32 entidades tienen la facultad de darse su propio régimen interior”, y explicó que los OPLES responden a contextos sociales, políticos y culturales que una autoridad nacional no podría cubrir desde el centro.

Ramírez expuso que el volumen de trabajo que atienden los organismos locales demuestra la imposibilidad de centralizar las elecciones. Recordó que “en 2024 registramos más de 170 mil candidaturas, imprimimos más de 228 millones de boletas e instalamos 2 mil 26 consejos con más de 13 mil ciudadanas y ciudadanos vigilantes”, y advirtió que “la masividad, la diversidad y la complejidad de las realidades locales hacen materialmente imposible la centralización de las elecciones en México”.

La presidenta del Instituto Electoral de Guanajuato, Brenda Canchola, sostuvo que no existe duplicidad entre las funciones del INE y las de los OPLES.

“No hay duplicidad de funciones, sino competencias distintas que obedecen a las particularidades del ámbito territorial”, y destacó que el conocimiento local permite resolver conflictos y diseñar procesos adecuados a cada entidad.

Por su parte, la presidenta del OPLE de Puebla, Blanca Yáscara Cruz García, alertó que un modelo centralizado sería más costoso, más lento y menos cercano a las comunidades. Afirmó que “difícilmente una sola institución podría encargarse del gran cúmulo de responsabilidades requeridas” y que una estructura nacional sobredimensionada estaría “alejada del contexto social y político de los municipios del país”.

Las consejeras también resaltaron avances impulsados desde lo local, como la paridad y la representación indígena. Ramírez recordó que “el 55 por ciento de las candidaturas locales fueron para mujeres y 21 congresos estatales quedaron integrados mayoritariamente por diputadas”, algo que atribuyó a reglas creadas por los propios institutos estatales.

Cruz afirmó que la próxima reforma electoral debe construirse con la firme convicción de “garantizar eficiencia, federalismo funcional, transparencia, profesionalismo, participación ciudadana y modernización tecnológica”, al insistir en que cualquier modificación debe preservar los principios del federalismo electoral.

El encuentro se dio en el Salón de Protocolo de San Lázaro, al que asistieron diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios y los titulares de los OPLE’s de los estados de Jalisco, Guanajuato, Puebla, Yucatán, Veracruz, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Oaxaca, Hidalgo, Baja California Sur, Baja California, Chiapas y Estado de México.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: EDGAR LEDESMA.

Organizaciones acusan a la Suprema Corte de “darle la espalda a las víctimas” ante el rechazo para recuperar presupuesto

Organizaciones, colectivos y víctimas calificaron la decisión de la Corte como un "grave retroceso" y exigieron al máximo tribunal del país garantizar los derechos humanos, recursos y acceso a la justicia.

Organizaciones y colectivos calificaron como un “grave retroceso” a los derechos humanos la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que rechazó recuperar el presupuesto mínimo destinado para la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas de violaciones a derechos humanos o delitos en el país, el cual fue eliminado por el Congreso luego de la aprobación de una reforma en 2020.

La controversia surgió a raíz de que el máximo tribunal determinó reabrir la discusión sobre la constitucionalidad de reformas consideradas regresivas a la Ley de Víctimas y resolvió que es constitucional el cambio por el que se elimina el porcentaje obligatorio de presupuesto asignado a medidas de ayuda, asistencia y reparación.

En ese sentido, en un comunicado conjunto con más de 200 firmas, colectivos de búsqueda, madres buscadoras y organizaciones para la justicia sostuvieron que la Suprema Corte “le dio la espalda” a las víctimas.

“La decisión de esta Corte, recién instalada, representa un enorme retroceso en materia de derechos humanos, pues abre la puerta a que las víctimas vean diluidos sus derechos en virtud de reformas legales que podrían debilitar los mecanismos de protección, atención y reparación”, enfatizaron en el comunicado.

Asimismo, señalaron la gravedad de que la decisión se adoptó vulnerando el principio de “cosa juzgada”, pues se reabrió una discusión sobre constitucionalidad de reformas regresivas a la ley de víctimas que ya había sido determinada por la Corte anterior.

Expusieron también que la medida también pone en situación de vulnerabilidad directo el principio de progresividad de los derechos humanos y el derecho a la reparación integral.

“Sin un presupuesto y un marco normativo y constitucional robusto, las medidas de atención, seguimiento, memoria, verdad y garantía de no repetición pierden eficacia y se reducen a buenos deseos en la ley sin impacto alguno en la realidad”.

Exigen asegurar recursos y acceso a la justicia para víctimas

Ante este panorama, las organizaciones hicieron una serie de demandas específicas:
  • Instaron a la Corte a respetar y garantizar los derechos humanos, particularmente de las víctimas, evitando la reapertura de debates sobre reformas regresivas.
  • Solicitaron al Poder Judicial y al Congreso de la Unión garantizar la progresividad y no regresividad de los derechos de las víctimas, y exigieron que cualquier reforma futura sea diseñada con la participación de las víctimas, de manera transparente y respetuosa de sus derechos humanos.
  • Demandaron a las autoridades federales y estatales que aseguren los recursos, el adecuado funcionamiento de los órganos competentes y el acceso real a la justicia para las víctimas, sin dilaciones ni desmantelamiento de los instrumentos de asistencia y reparación.
Finalmente, hicieron un llamado a la sociedad civil nacional e internacional para que mantenga vigilancia sobre estos procesos y señale cualquier retroceso normativo o institucional que afecte los derechos de las víctimas.

Entre las múltiples organizaciones y colectivos firmantes se encuentran Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Fundación para la Justicia, Fundar, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Red TDT, y numerosos colectivos de búsqueda como Buscadoras por la Paz Sonora, Colectivo por Amor a Ellxs, y Madres Buscadoras de Sonora.
El debate sobre el presupuesto para víctimas

El pasado 18 de noviembre, el pleno de la nueva Corte rechazo, por mayoría de cinco votos, recuperar el presupuesto mínimo destinado para víctimas de violaciones a derechos humanos o delitos en el país.

En contra de recuperar este presupuesto mínimo del 0.014% del presupuesto votaron las ministras y ministros Lenia Batres Guadarrama, María Estela Ríos González, Irving Espinosa Betanzo y Sara Irene Herrerías Guerra, quienes coincidieron en señalar que la reforma del 2020 otorgó una “mayor protección a las víctimas”.

Mientras que quienes votaron a favor de recuperar este piso mínimo de ayuda a las víctimas fueron los ministros Hugo Aguilar Ortiz -presidente de la Corte-, Arístides Rodrigo Guerrero García, Giovanni Azael Figueroa Mejía -ponente del asunto-, y las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa, quienes apuntaron que la nueva reforma no garantiza un “presupuesto mínimo a las víctimas para su atención”.

De esta forma, tras un intenso debate, la Corte desestimó el proyecto de sentencia de la declaratoria general de inconstitucionalidad 6/2024, en la que el ministro Figueroa Mejía declarar como violatoria de la Constitución la reforma al artículo 132, fracción I, de la Ley General de Víctimas, que eliminó la garantía de un presupuesto mínimo para las medidas de “ayuda, atención y reparación” a víctimas del país.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ed Andrade, influencer señalado por recibir pago del PAN para apoyar la marcha de la Generación Z

La marcha de la Generación Z derivó en señalamientos hacia Edson Andrade por un contrato con el PAN y por la divulgación de sus datos personales, hecho tras el cual dijo que dejaría México.

Edson Saúl Andrade Lemus, abogado y creador de contenido, se colocó en el centro de la discusión pública tras ser identificado como una de las figuras visibles de la marcha de la Generación Z y por la difusión de un contrato que lo vincula con el Partido Acción Nacional (PAN) por más de dos millones de pesos. La movilización juvenil se llevó a cabo el 15 de noviembre de 2025 en la Ciudad de México y reunió a jóvenes que expresaron reclamos en materia de seguridad y participación política.

Contrato con el PAN y señalamientos por apoyo a la marcha

El 19 de noviembre de 2025, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, difundió un contrato en conferencia de prensa como parte de la exposición de información relacionada con la marcha de la Generación Z. El documento establece que el PAN-CDMX contrató a Andrade en febrero de 2025 por 2 millones 106 mil 810 pesos para la prestación de servicios de “estrategia digital y gestión de redes sociales” a lo largo de doce meses, con pagos mensuales cercanos a 175 mil 577.50 pesos. La divulgación del contrato generó señalamientos en torno a que el creador de contenido habría recibido recursos del PAN en un periodo que coincidió con la movilización juvenil.
En el proceso de ese debate público surgió la hipótesis de que el pago habría tenido relación con la difusión o visibilidad de la marcha de la Generación Z. Aunque no hay documentos que acrediten participación formal de Andrade como organizador, su presencia en redes sociales lo convirtió en uno de los perfiles más identificados con la movilización.

Reconocimiento del PAN sobre la relación con Edson Andrade

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, reconoció que el partido contrató a Andrade para servicios en materia de comunicación digital. Señaló que el acuerdo corresponde a un servicio profesional y forma parte de las actividades regulares del partido.

Romero afirmó que el contrato no implica que la marcha de la Generación Z haya sido convocada o financiada por el PAN y explicó que la relación del partido con Andrade se circunscribió a tareas digitales. Sostuvo que la participación del creador de contenido en la movilización ocurrió de manera independiente a los servicios prestados al partido.

Filtración de datos personales y anuncio de salida del país

El 13 de noviembre de 2025, autoridades federales presentaron en conferencia matutina un análisis sobre la movilización juvenil. Durante la exposición se incluyeron fotografías, nombres y actividad en redes sociales de jóvenes identificados como impulsoras e impulsores de la marcha, entre ellos Edson Andrade.

Tras esa exhibición, Andrade declaró que sus datos personales quedaron expuestos y que personas ajenas accedieron a información sobre sus redes, fotografías, amistades y ubicaciones. Afirmó que la divulgación de esa información lo colocó en una situación de vulnerabilidad y señaló que “tendrá que irse del país” por motivos de seguridad. Indicó que seguirá apoyando la movilización juvenil, pero lo hará desde fuera de México.
Perfil digital y antecedentes de Ed Andrade

Andrade es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y orienta su contenido a reflexiones sobre política y participación ciudadana dirigidas a jóvenes. En TikTok supera los 178 mil seguidores y reporta un alcance de varios millones de visualizaciones. En Instagram mantiene alrededor de 32 mil seguidores.

En registros públicos aparece como proveedor de servicios para el PAN entre julio de 2021 y diciembre de 2022 en áreas relacionadas con comunicación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

“Ella no decide”: Alcaldesa acusa a Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, de violentarla

La presidenta municipal de Cadereyta de Montes acusó una actitud machista, misógina y discriminatoria en una reunión con el mandatario estatal panista, la cual finalmente no se concretó, pero el secretario de Gobierno señaló que la alcaldesa decidió salirse.

La presidenta municipal de Cadereyta de Montes, Querétaro, Astrid Alejandra Ortega Vázquez, acusó al gobernador panista Mauricio Kuri González de ejercer violencia simbólica en su contra.

Este miércoles estaba prevista una reunión entre la alcaldesa, surgida de Morena, y el mandatario estatal, del PAN, la primera desde que ella tomó posesión del cargo desde octubre del año pasado.

De acuerdo con la versión de Ortega Vázquez, primero le impidieron a su equipo de funcionarias que la acompañaran estar en la reunión, además de condicionarla a dejar su teléfono si quería ingresar.


Sin embargo, narró que pese a haber solicitado que la generación de fotos se hiciera después de tratar los temas de su municipio con el gobernador, el mandatario terminó por decirle que ella no decidía en esa oficina de la Casa de la Corregidora de Querétaro.

El gobernador se levanta y dice: ‘ella no está aquí para decidir, ella no decide si se toman las fotografías o no, así que adelante’, a lo cual le contesto que ‘sí’, que sobre mi imagen y sobre mi persona, por supuesto que decido yo y que le pedía amablemente que eso no se llevara a cabo y él continuó diciendo: ‘No, ella no va a decidir aquí, esta reunión es nuestra’”, relató en una transmisión en vivo desde la sede oficial del Poder Ejecutivo de Querétaro.

La presidenta salió de la reunión, pese a reconocer que había diversos temas que buscaba abordar con el gobernador directamente, al señalar que hay información que no le hacen llegar.

“Le dije: ‘Bueno, yo pensé ¿verdad?, que venía a una reunión de amistad, o sea, en plan de amistad, en plan amigable, con una clara intención de plantear el tema de Cadereyta, los muchos temas de Cadereyta que tenemos atrasadísimos, me doy cuenta que no, si no se puede llevar esta reunión en condiciones, pues me retiro y así lo hice”.

Ortega Vázquez consideró haber sido discriminada y haber sufrido violencia simbólica.

“Noto un claro, clarísima forma distinta de tratarnos al resto de los alcaldes y alcaldesas y a una servidora, y esto sí es una forma de discriminación, sí es una forma de violencia simbolica, ¿verdad?, la que intentaron ejercer sobre mi persona y no lo voy a permitir, no importa si es el gobernador del estado”.

“Simplemente se paró y se fue”


El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, no ha emitido su postura sobre lo sucedido.

Su secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, consideró que a la presidenta municipal no le gustó el protocolo de dejar su teléfono y la toma de fotografías y sugirió que su actuar pudo haber sido de forma premeditada.

“La verdad es que no, no se tuvo la reunión, venía la, desde que llegó la presidenta se le invitó a pasar a palacio, parte de los protocolos que nosotros tenemos aquí, el primero es el celular, entonces se molestó, ya venía un poco ella, no sé si premeditadamente con esa intención”.

No obstante, la alcaldesa aseguró que ella había accedido a esas restricciones con tal de tener la reunión con el gobernador y poder abordar los asuntos pendientes con él.  

En su versión también narró haber solicitado que las fotografías se tomaran hasta el final del encuentro oficial, lo que el propio secretario de Gobierno habría admitido, pero que la postura del mandatario fue distinta.

“Porque a lo que yo vine es a tratar temas de trabajo, de relevancia para la población en Cadereyta, no vine para pedirle una foto al gobernador, no vine para sonreir, caerle bien o que él me cayera bien a mí, somos dos personas que fuimos electas por pueblos que nos respaldan y que esperan de nosotros que desempeñemos bien nuestro trabajo para el que nos eligieron, entonces pido esta consideración, se lo menciono al secretario de Gobierno, se lo menciono al equipo que estaba fuera de la oficina también y resulta que todo mundo me dice que sí, que no hay problema”.

En tanto, el secretario de Gobierno de Querétaro, Eric Gudiño Torres, dijo a reporteros que la reacción de la presidenta había sido de “enojo” cuando vio entrar al fotógrafo y que eso derivó en que abandonara el lugar.

“Pasó el gobernador, saludamos, entró un fotógrafo, se enojó (la presidenta) y se paró, o sea, no hubo reunión, eso simplemente fue lo que pasó, ya al final yo platiqué con ella y le pedía que me explicara que cuál era la intención, entonces pues simplemente dijo que no estábamos respetando su imagen, que porque había un fotografo”.

Gudiño dijo que además de él, en la reunión participarían 2 secretarias, la de Mujeres y del Trabajo; el secretario de Planeación y Participación Ciudadana, así como la titular de la Comisión Estatal de Infraestructura.

La alcaldesa dio su versión sobre esa conversación con el secretario de Gobierno: “Salí del recinto, me alcanza el secretario de Gobierno y me dice: ‘Oye Astrid, pues es que de qué se trata, ¡tanto trabajo me costó conseguir esta reunión! y pues esto, ¿no?, entonces le dije: ‘A ver, yo hablé contigo, te dije muy claramente, te solicité algunas cosas, cedí tres veces ante circunstancias que ustedes no me comunicaron, que ustedes arbitrariamente están determinando en este momento, justo en este momento’”.

Ortega Vázquez añadió que el secretario de Gobierno le sugirió considerar lo que comunicaría acerca de lo ocurrido.

“Lo último que el secretario me pidió fue que considerara lo que iba a comunicar, porque, por lo que veo es lo único que les preocupa, lo que pueden comunicar, no lo que realmente acontece, lo que realmente está pasando en nuestro municipio y seguramente en muchos otros municipios”, expresó.

Historia de desencuentros

La presidenta municipal ha tenido diversos desencuentros con el gobernador de Querétaro, uno de ellos ocurrió durante la huelga de trabajadores de Cadereyta que inició en febrero pasado y que se prolongó durante casi 7 semanas.

Al realizar una marcha desde Cadereyta de Montes hasta la ciudad de Querétaro para exigir una solución al conflicto, Ortega Vázquez expresó: “la huelga no es el tema que mantiene a Cadereyta en pausa y me voy a permitir decirlo nuevamente: Señor gobernador, Cadereyta es Querétaro y si usted está esperando a que la huelga nos dure tres años, ¡con o sin huelga la transformación va!, porque esto no lo detiene nadie, ¡ni usted!”.

En su momento, el gobernador Mauricio Kuri González consideró que la huelga de trabajadores del municipio de Cadereyta de Montes no era un asunto político, sino administrativo.

Por esas fechas, Ortega Vázquez solicitó apoyo y una reunión con el mandatario, pero Kuri González instruyó atender el asunto a su secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, una funcionaria con quien la alcaldesa también tuvo roces.

De igual manera, la presidenta municipal de Cadereyta de Montes fue crítica del proyecto hídrico que intentó impulsar el mandatario, denominado “Sistema Batán”, el cual terminó por ser abandonado.

Ahora Ortega Vázquez impulsa la municipalización del servicio de agua en Cadereyta de Montes y ha cruzado declaraciones con el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, Luis Alberto Vega Ricoy.

El gobernador Mauricio Kuri ha sostenido reuniones con alcaldes surgidos de Morena, como el de Tequisquiapan, Ezequiel Montes y el de Pedro Escobedo.

Este miércoles estaba prevista la primera reunión con la alcaldesa Ortega Vázquez que representa al municipio más extenso del estado y al segundo con más localidades, pero la reunión no pudo llevarse a cabo.

A la presidenta municipal la respaldaron la dirigente estatal de Morena y políticos de su partido.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERIC PACHECO.

Diputado Héctor Yunes amenaza e insulta a secretario de finanzas en el Congreso de Veracruz

El incidente se desató cuando el funcionario respondió a cuestionamientos de la diputada panista Indira Rosales sobre el seguro para desastres naturales.

El diputado local del PRI, Héctor Yunes Landa, protagonizó un violento altercado durante la comparecencia del secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández, en el marco de la glosa del sexto informe de gobierno del gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 

El incidente se desató cuando el funcionario respondió a cuestionamientos de la diputada panista Indira Rosales sobre el seguro para desastres naturales. Reyes Hernández señaló que la legisladora “no entendía” el tema y le sugirió consultar a sus asesores. Yunes Landa interpretó la respuesta como una falta de respeto y se levantó de su curul para confrontar directamente al secretario, gritándole “¡Cobarde!” y exigiendo respeto hacia las mujeres de la oposición.

Tras abandonar el auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada”, el diputado encaró a un joven asesor legislativo al que acusó de tomarle fotografías para provocarlo. En videos que se viralizaron en redes sociales, se escucha claramente a Yunes Landa empujar y amenazar al trabajador con las palabras: “Te voy a romper la madre” y “¿Quieres que te parta la madre aquí?”. 

La presidenta de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, Tanya Carola Viveros Cházaro (Morena), pidió calma y respeto al formato de la comparecencia, sin que ello lograra contener al legislador. 

No es la primera vez que Yunes Landa se ve involucrado en episodios polémicos en el recinto legislativo. En febrero de 2025 protagonizó otro enfrentamiento con la diputada Viveros Cházaro por cuestiones de protocolo durante la entonación del Himno Nacional, y en sesiones previas de la glosa había sido blanco de gritos de “¡Cobarde!” por parte de presuntos simpatizantes de Morena.


FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Matan a Lauro Orozco, exalcalde de Ignacio Zaragoza, Chihuahua; gobernó el municipio en tres periodos

El exalcalde de Ignacio Zaragoza, Chihuahua, fue localizado al interior de su vehículo con dos impactos de proyectil de arma de fuego.

Lauro Orozco Gómez, exalcalde de Ignacio Zaragoza, Chihuahua, fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles 19 de noviembre, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con el reporte oficial, a las 14:19 horas el radiooperador de Seguridad Pública notificó a agentes de la Agencia Estatal de Investigación sobre el fallecimiento de una persona del sexo masculino en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, sin número, en dicho poblado.

Al llegar al lugar, los agentes localizaron una camioneta tipo pick up Chevrolet Cheyenne, color gris, con el cuerpo de la víctima en su interior.

A simple vista presentaba dos lesiones producidas por proyectil de arma de fuego: una con entrada en el pómulo izquierdo y salida en el ojo derecho, y otra más en el cuello, del lado izquierdo, sin salida, detalló la FGE.

Como parte de las primeras diligencias, se entrevistó a un familiar, quien informó que el exalcalde había salido momentos antes de su domicilio para dirigirse a una bodega donde resguardaba mercancía, ya que operaba un negocio de venta de vinos y licores.

En la escena, personal de Servicios Periciales aseguró dos teléfonos celulares y dos casquillos calibre 9 mm, los cuales fueron embalados para su análisis. El levantamiento y traslado del cuerpo estuvo a cargo del personal del SEMEFO, donde se realizará la necropsia de ley.

Carrera política de Lauro Orozco

Lauro Orozco Gómez fue presidente municipal de Ignacio Zaragoza en tres periodos: 2004-2007, 2028-2021 y, el más reciente, 2021-2024.


Tras concluir su última gestión, fue candidato a diputado local por Movimiento Ciudadano, partido que condenó su homicidio:

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia y a todos los habitantes de Ignacio Zaragoza, convencidos de que su trabajo perdurará en la memoria de quienes compartieron con él la misión de trabajar por el noroeste”.

Chihuahua es la segunda entidad más violenta del país, con 1,527 homicidios dolosos entre enero y octubre de este año, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Un año de mañaneras: medios pro-4T concentraron el 40 % de los turnos en las preguntas

Durante octubre de 2025, los medios afines al gobierno federal acumularon 54 turnos de preguntas.

En un año de conferencias mañaneras de la presidenta Claudia Sheinbaum, los medios autoproclamados a favor del gobierno federal concentraron el 40 % de los turnos en las preguntas, es decir, acumularon 702 turnos de un total de 1,752 turnos asignados para preguntar. 

Entre octubre de 2024 y octubre de 2025, la presidenta realizó 271 conferencias matutinas y asignó 702 turnos de preguntas a comunicadores afines a su gobierno y al partido Morena. Los  medios que acumularon más participaciones fueron: Diario Basta, con 38 participaciones; El Heraldo de México, con 37 intervenciones, y Noticiero en Redes, con 36 turnos de preguntas. 

En los últimos cuatro meses, los medios de comunicación afines al gobierno federal se mantuvieron por encima de 40 %. En octubre, estos comunicadores concentraron 54 turnos de preguntas.  

En su conferencia del 2 de octubre, la mandataria reafirmó su compromiso de no repetir actos de represión, privación ilegal de la libertad, uso de las fuerzas armadas contra la población, utilización de cárceles clandestinas, desapariciones forzadas, torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Sin embargo, durante la manifestación de conmemoración, policías de la Ciudad de México agredieron a periodistas y civiles. Las organizaciones Red Rompe el Miedo y Artículo 19 documentaron fallas en los protocolos policiales, violencia física y abuso de autoridad por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del gobierno de Clara Brugada.


Durante su primer informe de gobierno, la presidenta aseguró que la Refinería Olmeca produce, en promedio, 270,000 barriles diarios de petrolíferos. De acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos (Pemex) de agosto de 2025, la refinería procesó 133,200 barriles diarios de petróleo y produjo 102,000 barriles diarios de productos petrolíferos, lo que representa apenas 39 % de su capacidad de procesamiento y 30 % de su capacidad de producción.

Medios pro-4T mantuvieron una participación del 40 % en octubre

En octubre de 2025, la mandataria celebró 24 conferencias matutinas y otorgó 129 turnos de preguntas, de los cuales 54 fueron asignados a medios autoproclamados a favor del gobierno federal. 

Desde julio, estos comunicadores han promediado una participación mensual por encima de 40 %. En octubre, los medios de comunicación que tuvieron más participaciones durante las conferencias fueron La Jornada, con cinco participaciones; Revista Fortuna, con cuatro intervenciones, y Uno TV, con cuatro preguntas.


En contraste, la revista Proceso y Milenio tuvieron dos intervenciones, mientras que El Universal solo participó en una ocasión en las conferencias matutinas de octubre. 

Durante el primer año de gobierno de la presidenta, Diario Basta, del Grupo Cantón, acumuló 38 participaciones, siendo el medio de comunicación que más intervenciones tuvo durante las conferencias matutinas. 

El 11 de agosto de 2025, Sheinbaum felicitó al diario y a sus dueños, la familia Cantón, por su aniversario. Cabe destacar que este grupo aumentó sus ingresos debido a la publicidad oficial entregada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En el marco de la visita de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, el reportero de Diario Basta cuestionó a la presidenta: “¿Le ha pasado por la mente platicarle a Marco Rubio sobre también las cosas positivas, en este caso, de lo de México Canta?”. 

Y en julio de 2025, el comunicador Carlos Pozos, conocido como Lord Molécula, le preguntó a la mandataria si cree en el fenómeno ovni. 

A Diario Basta le sigue El Heraldo de México con 37 intervenciones; Noticiero en Redes, con 36 participaciones; Revista Contralínea, con 33 intervenciones, y Grupo Healy, con 29 participaciones. 

En contraste, Reforma acumuló 14 intervenciones, la revista Proceso tuvo 20 participaciones y El Universal, 17 turnos de preguntas. 

Inundación en Veracruz y desinformación sobre reducción de homicidios en Sinaloa durante octubre

Durante la conferencia de prensa del 8 de octubre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, mencionó que Sinaloa disminuyó 42 % los homicidios dolosos respecto a junio de 2025. 

Entre enero y septiembre de este año, el estado registró 1,302 víctimas de homicidio. Mientras que, en el mismo periodo del año pasado, se contabilizaron 481 víctimas, es decir, hubo un incremento de 170 %. Además, Sinaloa es la cuarta entidad con más homicidios en 2025, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

El 10 de octubre, el río Cazones en Veracruz se desbordó y provocó la inundación de 70 municipios en este estado. Esta emergencia causó la muerte de 35 personas en el estado. El 13 de octubre, la presidenta aseguró que no se tuvo información sobre la magnitud de las lluvias. 

Sin embargo, distintas instancias federales sí alertaron sobre la magnitud de las lluvias durante los días previos a la emergencia. Además, pobladores de Veracruz acusaron en redes sociales que el gobierno estatal no alertó ni evacuó las zonas de riesgo. 

Durante la conferencia del 30 de octubre, la presidenta Sheinbaum negó que el Estado mexicano participe en la desaparición de personas y enfatizó que la mayoría de los casos están vinculados con la delincuencia organizada. 

“Las desapariciones que existen en México están vinculadas con la delincuencia organizada en la gran mayoría de los casos… Es muy distinto a lo que ocurre hoy, donde no es el Estado mexicano”, mencionó la mandataria. 

En esta verificación te contamos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), medios de comunicación y organizaciones civiles han documentado casos en los que servidores públicos participan en la desaparición forzada de personas en los últimos años.

La investigación Permiso para matar, de Animal Político y dirigida por Daniel Moreno en colaboración con Paris Martínez y Jacobo Dayán, documentó un patrón de crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos por fuerzas de seguridad mexicanas, federales y estatales contra 1,524 víctimas inocentes o indefensas durante los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: OSCAR NOGUEDA ROMERO.

Llaman a Sheinbaum a saldar deuda pendiente con víctimas de la "Guerra sucia"

La historiadora Eugenia Allier Montaño, exintegrante del MEH, insiste en el llamado a la presidenta a retomar los trabajos de la Comisión para la Verdad, el Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de graves violaciones de derechos humanos cometidas entre 1965 a 1990.

A poco más de un año de haber concluido el mandato de la Comisión para la Verdad, el Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de graves violaciones de derechos humanos cometidas entre 1965 a 1990, las víctimas de ese periodo, conocido como “guerra sucia”, continúan en la espera de que sean atendidas sus demandas sostenidas durante décadas, alerta Eugenia Allier Montaño, exintegrante del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH). 

Entrevistada en víspera de la realización del encuentro “Memoria, verdad y justicia. A un año del cierre de la Comisión de la Verdad (1965-1990)”, en el que se contempla la participación de representantes de colectivos de víctimas, Allier Montaño lamenta que autonombrándose “hija del 68”, hasta ahora la presidenta Claudia Sheinbaum no ha atendido a ese sector históricamente relegado.

“El encuentro es un llamado de atención de nuevo a la presidenta Claudia Sheinbaum, que como ella lo ha mencionado, pues es hija del 68 y bueno, decirle que ahí están los reclamos presentes. 

“Ella se reunió con el Comité Eureka, pero el Comité Eureka no es el único colectivo y, además, pues no solamente es reunirse con ellos, hay que hacer acciones concretas que lleven a cumplir las demandas de los colectivos”, considera la historiadora e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, sede el encuentro de colectivos de familiares y sobrevivientes. 

Como integrante del MEH, Allier Montaño coordinó el informe “Verdades Innegables”, una investigación que documenta mil 103 casos de desapariciones forzadas y logra identificar la responsabilidad 2 mil 200 funcionarios como responsables de crímenes de lesa humanidad, a partir de la documentación de 227 testimonios de sobrevivientes e integrantes de colectivos de familiares de víctimas, así como a 27 archivos públicos y 14 personales, todos integrados en cuatro tomos, 14 capítulos, distribuidos en 2 mil 020 páginas. 

“Verdades Innegables” da cuenta de la violencia del Estado contra los sectores político-militares de la época, recurrió a 227 testimonios de sobrevivientes e integrantes de colectivos de familiares de víctimas, así como a 27 archivos públicos y 14 personales, todos integrados en cuatro tomos, 14 capítulos, distribuidos en 2 mil 020 páginas. 

El documento coordinado por la historiadora fue el único reporte públicamente aceptado por el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, que decretó la creación de la Coveh.  

Otros tres comisionados, Abel Barrera, David Fernández y Carlos Pérez Ricart, fueron responsables del informe “Fue el Estado”, que aborda violaciones a derechos humanos contra otros sectores sociales cometidos entre 1965 y 1990. 

A poco más de un año del cierre de la Coveh,“el balance desafortunadamente no es positivo, el nuevo gobierno federal ha perdido la oportunidad de retomar este trabajo que ya existía para a partir de eso seguir profundizándolo”, considera Allier Montaño. 

La investigadora resalta que no sólo “no se ven resultados” de las reuniones que han sostenido colectivos de víctimas de atrocidades cometidas durante la llamada “guerra sucia”, sino que durante este último año hubo eventos que los agraviaron, como el homenaje por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al general Hermenegildo Cuenca Díaz, quien dirigió parte de la política de aniquilamiento de los grupos insurgentes, y recientemente al entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Figueroa.  

“Es una vergüenza, que no sólo no se realizan los reconocimientos necesarios respecto a las graves violaciones de derechos humanos, el nuevo gobierno no ha reconocido el trabajo de la Comisión, no lo ha retomado y está permitiendo estos otros actos conmemorativos”, señala indignada. 

En el caso reciente del homenaje al natalicio de Rubén Figueroa, realizado por el gobierno de Evelyn Salgado, Allier Montaño abundó que “es para no creerse, uno de los personajes centrales en la represión en Guerrero y se le realiza un reconocimiento, en lugar de estar reconociendo a la gente que luchó por cambiar esta sociedad y que además sufrió una violencia de Estado desmedida”. 

Tras señalar que el principal objetivo del encuentro de colectivos es “visibilizar” a las víctimas de la represión de Estado, la investigadora puntualiza que, si bien hay distintas demandas entre los colectivos, la central es la misma que hace más de 50 años, justicia.  

“Para ellos y ellas es mucho más importante la justicia, la búsqueda de las personas desaparecidas y la reparación. Es fundamental que haya justicia, que pueda haber distintas formas de justicia, lo sabemos también por otros países, a veces no es el momento por distintas circunstancias en que se pueda realizar la justicia penal, pero pueden realizarse por lo menos juicios simbólicos que den mensajes claros a la sociedad, y eso tampoco se está realizando. Y por supuesto, aparte de la justicia, la cuestión de la búsqueda es fundamental”, resalta. 

Eugenia Allier alerta que, desde el primer gobierno de la alternancia política con Vicente Fox, que creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), que no judicializó la mayoría de los casos de graves violaciones a derechos humanos cometidos durante el periodo de la “guerra sucia”, se ha pasado por alto que esa deuda pendiente con el pasado  ha tenido consecuencias en el presente, que en parte explican el incremento de la violencia criminal y de desapariciones, que ya suman más de 130 mil. 

“No saldar las cuentas tiene impactos en todos los sentidos, en la localización de las personas desaparecidas, en la justicia; la impunidad que vivimos en este país, violencia, que, si bien la que genera la violencia que estamos viviendo hoy, pero la permite de alguna manera que siga existiendo porque si hay impunidad respecto al pasado, pues qué más da, podemos hacer lo que sea”, considera la historiadora.  

En cuanto a la deuda histórica en materia de reparación del daño, Allier Montaño apunta que “es un problema no solo para el pasado, sino también para el presente, y debería ser un reconocimiento no solamente de lo que se está viviendo hoy en el país, sino de las graves consecuencias que vivir con la violencia de Estado ha tenido para muchísima gente que viene pues desde la ‘guerra sucia’”. 

Reconoce que, sin duda, ante los grandes problemas nacionales, “definitivamente, una de las dificultades que puede enfrentar el gobierno federal es que, al reparar, digamos, económicamente a quienes vivieron la violencia de Estado de la ‘guerra sucia’, pues es que también tiene que reparar a todas las víctimas del presente que son miles, lo sabemos”. 

Sin embargo, agrega, “también se puede solventar de otras maneras. ¿Por qué no generar, mejor, programas sociales específicos, programas médicos específicos para ayudar a la gente? No con dinero, no dándole una cantidad exclusivamente, sino facilitando el acceso a la salud pública de todas las personas, pues eso, que viven con secuelas psicológicas, emocionales, físicas, y que lo están viviendo hoy”. 

Insiste en el llamado a la presidenta a retomar los trabajos de la Comisión para la Verdad, el Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de graves violaciones de derechos humanos cometidas entre 1965 a 1990, y saldar la deuda que tiene México con su pasado.  

“La Comisión no era un capítulo en mi vida, parte de mi compromiso con los colectivos y sigue siendo”, concluye Eugenia Allier Montaño al invitar a las nuevas generaciones a conocer el pasado de México reciente a través de los informes de la Coveh y de los testimonios de las víctimas.  

El “Memoria, verdad y justicia. A un año del cierre de la Comisión de la Verdad (1965-1990)”, se lleva a cabo en el auditorio Pablo González Casanova del IIS de la UNAM, y puede ser seguido a través de sus redes sociales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Ley para la jornada laboral de 40 horas llegaría a San Lázaro antes del 15 de diciembre: Monreal

El periodo de sesiones de la Cámara de Diputados cerraría entre el 11 y 12 de diciembre, prevé el legislador morenista

El coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, previó que la iniciativa de jornada laboral de 40 horas llegue a la Cámara Baja antes del 15 de diciembre. 

El diputado morenista afirmó que es una promesa de la presidenta Claudia Sheinbaum y resaltó que la reforma será gradual.

“Yo creo que puede llegar la iniciativa antes del día 15 de diciembre. Puede llegar. Es una decisión de la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, fue un compromiso de ella en la campaña y estoy seguro que va a cumplirlo y nosotros vamos a ayudarle para cumplirlo. 

“Ella habló de semana de 40 horas antes de que concluyera su sexenio, quiere decir que será gradual y nosotros estamos en la disposición de acompañarla en este proceso legislativo de establecer en la ley y en la Constitución las semanas de 40 horas”, detalló.

Ricardo Monreal explicó que la presidenta encargó el proyecto al secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños, quien se encargó de los acuerdos con empresarios y diversos sectores económicos.


“Estoy enterado que la Presidenta le encargó el documento de iniciativa al secretario de Trabajo, al joven Marath, pero no sé si ya concluyó.  Él estaba conversando por encargo de la Presidenta con los sectores económicos, con las cámaras, con los grupos empresariales para caminar de manera consensuada en la propuesta que se haga y que me parece muy atinado que se haga así. Entonces, no hay que desesperarse. 

“Yo desearía que antes de que cierre el periodo de sesiones, que estamos pensando en cerrar entre el 11 y 12 de diciembre, pueda darse esta iniciativa”, puntualizó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

Protestas en Guanajuato frenan el acueducto Solís–León, clave del Plan Nacional Hídrico

Agricultores, líderes sociales y el obispo Raúl Vera rechazan el acueducto Solís–León, al denunciar que pondría en riesgo el abasto en el sur del estado y que además se aprobó sin consulta adecuada. El megaproyecto permanece detenido mientras crece la presión social y política.

Ocho meses después de que la presidenta Claudia Sheinbaum destacara a Guanajuato como ejemplo nacional por los acuerdos para tecnificar el campo y aprovechar el agua de la presa Solís, el panorama cambió: productores y habitantes de Acámbaro y municipios vecinos se han sumado al rechazo del proyecto federal que pretende construir el acueducto Solís–León para dotar de agua al corredor industrial de la entidad.

El domingo 9 de noviembre más de tres mil personas se concentraron en el centro de Acámbaro para protestar contra la obra a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), parte del Plan Nacional Hídrico, que prevé una inversión de 15 mil millones de pesos para llevar agua de la presa Solís a León, Irapuato, Celaya, Salamanca y Silao.

Entre consignas como “fuera Sheinbaum” y “revocación”, los manifestantes exigieron detener la construcción del acueducto, al considerar que afectará el abasto de agua en la región sur de Guanajuato.

El rechazo, que inició con los productores agrícolas de Acámbaro, se ha extendido a municipios como Jerécuaro, Tarandacuao, Salvatierra, Villagrán y Cortazar, también beneficiarios del riego proveniente de la presa Solís.

A la protesta se sumó el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, originario de Acámbaro, quien en un desplegado llamó a la población a defender sus recursos naturales:

“Es hora de defender el territorio, el agua y la vida, antes de que queden en manos extranjeras sin alma, que no conocen ni aman esta tierra”, expresó.

El origen del conflicto se remonta al 1 de marzo pasado, cuando Sheinbaum visitó Irapuato para firmar el convenio de tecnificación de 10 mil 200 hectáreas del distrito de riego 011, que incluye a municipios como Acámbaro, Salvatierra, Yuriria, Valle de Santiago, Salamanca, Irapuato, Silao y Pénjamo.

El acuerdo comprometía 6 mil 400 millones de pesos del gobierno federal para modernizar el sistema de riego y, con el ahorro del uso agrícola, dotar hasta 120 millones de metros cúbicos de agua a los municipios del corredor industrial a través del nuevo acueducto. Los cinco municipios concentran a 3.5 de los 6 millones de habitantes del estado. Tan sólo en León viven 1.9 millones de guanajuatenses. 

El convenio incluye la firma de 40 personas, entre ellas los presidentes de los módulos de riego del distrito 011. Sin embargo, productores locales denunciaron que no se les informó sobre el destino del agua ni los alcances del proyecto.

La negociación para que los representantes de los módulos de riego aceptaran ceder agua de la presa Solís a los municipios del corredor industrial estuvo a cargo de Aarón Mastache, subdirector de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo reconoció el pasado 4 de noviembre que la falta de socialización del proyecto se debió a una solicitud del gobierno federal.

"Yo sí quiero dejar muy claro que esta falta de socialización no se había dado porque el estado no quisiera hacerlo o porque hubiéramos sido omisos en ese tema, sino que había una solicitud por parte de las autoridades federales que así fuera. Nosotros hemos hecho las gestiones para que se dialogue con la gente y se conozcan las bondades del proyecto", dijo en entrevista la gobernadora de Guanajuato mientras crecía el rechazo.

Las protestas y señalamientos de presunta corrupción obligaron a Alejandro Acevedo a renunciar al cargo de presidente del módulo de riego de Acámbaro, acusado de negociar con las autoridades federales la cesión de agua de la presa Solís.

Por ahora, la obra del acueducto permanece detenida, mientras crece la presión social para que el gobierno federal y el gobierno del estado den marcha atrás al proyecto que prometía resolver los problemas de abastecimiento de agua que padecen los municipios más poblados de Guanajuato.

El acueducto Solís-León es el segundo megaproyecto de los últimos 20 años para abastecer de agua a León, luego de que el municipio guanajuatense fue excluido como beneficiario de la presa El Zapotillo, porque elevar la cortina significaba inundar tres comunidades de Jalisco, cuyos habitantes emprendieron una lucha legal para defender sus territorios.

Las resistencias

Habitantes del sureste de Guanajuato reclamaron que las autoridades estatales y federales mantienen en el olvido a esta región del estado, mientras impulsan proyectos que, afirman, ponen en riesgo su acceso al agua.

“Se acuerdan de esta zona de Guanajuato sólo para querer saquear; qué desgracia", afirmó Amadeo Hernández, líder nacional de la Central Campesina Independiente, durante la protesta realizada el domingo 9 de noviembre en Acámbaro.

A la manifestación acudieron alrededor de 3 mil personas, quienes recorrieron las principales calles del municipio con pancartas que incluían mensajes como: “El agua no tiene partido, tiene dueño: el pueblo", “No somos políticos, somos pueblo, y el pueblo manda”,“Claudia, escucha, estamos en la lucha”.

Los participantes advirtieron que Acámbaro y los municipios vecinos están unidos para defender el agua de la presa Solís, ante la intención del gobierno federal de construir el acueducto Solís–León para abastecer a los municipios del corredor industrial.

Productores del suroeste del estado acusaron que el convenio de tecnificación del campo iniciará por las hectáreas agrícolas de Irapuato, y no de Acámbaro, pese a que de este último saldría el agua destinada al corredor industrial.

También señalaron que, según los planes oficiales, el acueducto estaría terminado en 2028, mientras que la tecnificación concluiría hasta 2029, es decir, el agua empezaría a enviarse antes de concluir el sistema de riego por goteo, lo que consideran un riesgo para la producción agrícola local.

Voz de la Iglesia

Además del obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, quien pidió detener las obras e instalar mesas de trabajo con participación efectiva de las comunidades, otro sacerdote generó controversia: Jesús Alfredo Gallegos, conocido como Padre Pistolas.

Durante una misa en Chucándiro, Michoacán, el 2 de noviembre, el sacerdote expresó su rechazo al proyecto y lanzó fuertes críticas contra la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo. Sus palabras fueron condenadas por la mandataria, aunque anunció que no presentará denuncia.

"Con la presa de Solís le damos de tragar a todo pinche México y si nos quitan la presa se van a morir de hambre, cabrones. Esa pinche gobernadora quiere matarnos de hambre. Ya dije, si insisten nos levantamos. Yo le voy a partir su madre a ella porque es la culpable de matarnos de hambre a todos", afirmó el llamado Padre Pistolas.

En un segundo video difundido posteriormente, Gallegos insistió en que el acueducto no es viable y advirtió que, si el proyecto avanza, podría proliferar la extracción ilegal de agua, comparándola con el “huachicol” de combustibles.

“León y Celaya tienen mucha industria; resuelvan sus problemas, no nos quieran dejar sin comer a nosotros. Si quieren, denme los 6 mil millones y yo les hago dos presas”, afirmó.

En su comunicado, el obispo Raúl Vera pidió frenar las obras y abrir espacios de deliberación real con las comunidades:

“Nuestra oposición no es al derecho humano al agua, sino al uso injusto y deshonesto del agua, que despoja a los más pobres para beneficiar a quienes ya concentran la riqueza”.

El obispo señaló que un proyecto de esta magnitud no puede imponerse sin una consulta popular que garantice la participación directa de los habitantes afectados.

Origen del proyecto

El agua para abastecer León ha sido un tema desde hace más de 20 años, ante los problemas hídricos que enfrenta el municipio que concentra más del 30% de la población total del estado.

Luego de dos décadas en que los gobiernos panistas del estado habían reclamado a la Federación soluciones a los problemas de abasto de agua, la inclusión de Guanajuato en el Plan Nacional Hídrico del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo fue celebrada por la gobernadora García Muñoz Ledo.

Desde 2005, con la construcción de la presa El Zapotillo, se había prometido llevar agua a León, pero las obras se suspendieron en 2014 tras la defensa del territorio encabezada por los habitantes de Temacapulín, Acacico y Palmarejo. En 2022, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se alcanzó un acuerdo que excluyó a León del beneficio del proyecto.

Con el inicio del nuevo gobierno federal y una renovada relación con el estado, se anunciaron inversiones multimillonarias que impactarán directamente a los productores agrícolas del sur de Guanajuato.

Los proyectos hídricos contemplan una inversión de 21 mil 400 millones de pesos, de los cuales 15 mil millones se destinarán a la construcción del acueducto Solís-León y 6 mil 400 millones a la tecnificación del campo. La Federación aportará 12 mil 500 millones (7 mil 500 millones para el acueducto y 5 mil millones para la tecnificación), mientras que el resto correrá a cargo del gobierno del estado y los municipios beneficiados.

Durante su visita a Irapuato el 1 de marzo pasado, Sheinbaum destacó los avances de Guanajuato en materia de modernización agrícola:

“La verdad, en Guanajuato ha sido ejemplar el trabajo que se ha venido haciendo para tecnificar el riego agrícola y llevar el agua a los distintos municipios donde hace falta”, dijo la presidenta, al presentar los proyectos del acueducto Solís-León y del tren de pasajeros que pasará por varios municipios del estado.

En el evento, el director general de Conagua, Efraín Morales López, explicó que se busca recuperar 120 millones de metros cúbicos de agua al año de la presa Solís, mediante la tecnificación del riego agrícola, para distribuirla en los municipios con mayor escasez: León, Irapuato, Celaya, Salamanca y Silao.

Morales subrayó que 76% del agua en México se destina al campo, por lo que modernizar los sistemas de riego representa “la mejor apuesta para garantizar el consumo humano sin afectar la producción”.

A su vez, Agustín Robles, presidente del distrito de riego 011, reconoció la dificultad de alcanzar acuerdos con los 24 mil 700 productores registrados:

“Convencer a los usuarios de riego no fue fácil, pero fue un éxito, todo un éxito. No sólo para el uso doméstico, sino también para el agrícola e industrial”, señaló ante la presidenta Sheinbaum.

Robles afirmó que los productores estaban dispuestos a ceder agua para el consumo humano, siempre que los organismos operadores se comprometieran a invertir en el tratamiento y retorno del agua al campo.

Ante las recientes protestas de agricultores del distrito 011, García Muñoz Ledo ha asegurado que está en abierta a escuchar y disipar las dudas de productores y población en general.

La gobernadora insistió en que el agua proveniente de la presa Solís no se destinará a la industria, sino exclusivamente al abasto doméstico de los municipios del corredor industrial.

Con la tecnificación del campo se podrían generar ahorros de hasta 300 millones de metros cúbicos, y sólo 120 millones están comprometidos para estos cinco municipios, dijo García Muñoz Ledo en su programa semanal Conectado con la gente, que dedicó a hablar de los alcances del proyecto.

“A todas esas personas que hoy dicen no al acueducto, es necesario que sepan, que conozcan el proyecto y resuelvan sus dudas”, añadió.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CARMEN PIZANO.

Jóvenes detenidos en la marcha Gen Z: abogados revelan abusos y vejaciones

Vejados por la policía. En entrevista con EMEEQUIS, los abogados de los acusados por la marcha Gen Z acusan violaciones a derechos humanos y una actitud arbitraria de las autoridades judiciales.

Tras la marcha del 15 de noviembre, 29 personas fueron detenidas bajo acusaciones que van desde homicidio en grado de tentativa hasta lesiones y robo. Aunque los policías capitalinos aseguran haber recibido amenazas de muerte, los detenidos ofrecen una versión distinta. Ellos y sus defensores denuncian irregularidades y tratos degradantes: desde una “marcación específica” en las muñecas para diferenciarlos de otros detenidos, incomunicación y diversas vejaciones, hasta la falta de alimentos y agua durante horas. Incluso uno de los jóvenes fue rapado por agentes, denuncian.

Gabriel, quien es funcionario público y abiertamente morenista, menciona su defensa, fue arrestado por su aspecto y bajo engaños. Él ni siquiera participó en la marcha. 

En entrevista con EMEEQUIS, los abogados de los acusados señalan violaciones a derechos humanos y una actitud arbitraria de las autoridades judiciales, en un caso que se ha politizado por su carga opositora frente al gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum. 

GABRIEL, DETENIDO POR SU ASPECTO DE “CHOLO”

Ricardo Colorado, defensor de ocho de los jóvenes, acusa a las autoridades de la CDMX de sólo tener el testimonio de un policía para sostener la acusación de intento de homicidio en contra de Gabriel,  acto que califica de endeble. Añade que el policía expresó que le gritaron que lo iban a matar pero sus lesiones no son graves y se curan en menos de 15 días. 

“La única razón es una persona, un policía que dice que mi cliente lo golpea y lo quiere matar… es una cuestión subjetiva que el juez ha pateado en las reglas de la prueba”.

Gabriel es un servidor público que acudió a la Plaza de la Tecnología y, por curiosidad, decidió pasar al Zócalo para documentar lo que sucedía. Colorado cuenta que policías lo engañaron para “protegerlo de los golpes”, pero terminaron entregándolo como presunto homicida y perdió sus posesiones. Ahora está esperando la llegada de su aguinaldo para comprarse un nuevo teléfono.
Además, Colorado denuncia un componente discriminatorio: “Gabriel tiene un aspecto ‘de cholo’. Es un funcionario público, pero sí está rapado y tatuado”, razón por la que asume que fue engañado por la policía para entregarlo bajo acusaciones de tentativa de homicidio. 

“Lo detienen a punta de patadas y macanazos”, señalando que los policías fueron quienes agredieron a Gabriel, razón por la que debe acudir al médico y cerciorarse que no tiene consecuencias médicas. 

Irónicamente Colorado añade que Gabriel es partidario de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la 4T,  por lo que se dirigió a la plaza para documentar la violencia que estaba ocurriendo en la plaza, mas no imaginó terminar arrestado por cargos que afirma no haber cometido.
La defensa logró evitar su prisión preventiva con más de 70 pruebas (documentos oficiales, testimonios, comprobantes), sin embargo, añade que el juicio no es neutral y que la presión política se siente en cada audiencia.

“Estamos jugando en una cancha donde el árbitro está de lado, trae una playera de equipo. Se lo dije al juez”.

RAPADO  Y MARCADOS  POR LA POLICÍA

Otro detenido, Alberto González, fue rapado dentro de las instalaciones policiales. El abogado lo describe como una vejación directa, la razón no la sabe, nadie lo ha podido explicar. Colorado mencionó que Alberto tenía el cabello chino pero, sin explicación fue rapado, acto absolutamente innecesario. 

Pero no fue el único trato inusual. Todos los jóvenes fueron marcados con una cinta en la muñeca, como “si entraran a un spa o un resort”, denuncia Colorado: “Es un estigma. Nunca había visto algo así. Es vejatorio”.
SIN COMIDA, AGUA NI COMUNICACIÓN

A ello se suma que, según el abogado, los detenidos no habían comido ni recibido agua hasta que el juez ordenó a los agentes garantizar lo mínimo indispensable.

“No les habían dado agua. El juez tuvo que pelear ese derecho”.

Colorado ya pidió a la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX una inspección urgente y asegura que un juez federal ya otorgó una suspensión de amparo para evitar más abusos. 

Danna Luna, quien también se presentó como asesora legal en la primera parte del proceso judicial, previo a la judicialización, menciona que se tuvieron que meter amparos a nombre de todos los detenidos, pues la autoridad los mantenía incomunicados. “Se presentaron amparos; presentamos amparos de todos (…) por incomunicación”. 

LAS 13 PUNTADAS

La detención de Daniela Toussaint Camberos se ha convertido en uno de los casos más alarmantes tras la marcha del 15 de noviembre.  La estudiante originaria de Guadalajara se trasladó a la CDMX para documentar la marcha, sin embargo, mientras grababa, los policías utilizaron el mismo método que con Gabriel y bajo excusas de protegerla, terminaron  golpeándola y arrestándola.

“Me engañaron porque el policía me llamó y me dijo que él iba a llevarme a una zona segura. Me llevaron con los granaderos y me patearon”, causando lesiones que ameritan cuatro y siete puntadas, además de un tobillo lesionado y diversos moretones.   

En redes circulan videos de cómo fue pateada por los policías para después ser subida con vendajes en la cabeza a una patrulla capitalina.

Amigos y familiares describen un operativo desmedido, aproximadamente ocho policías la habrían arrastrado, azotado contra el piso, para después dejarla sin atención médica. 

Pese a ello, fue señalada por las autoridades por homicidio en grado de tentativa, acto que contrasta de manera con los testimonios que señalan que fueron los propios agentes quienes ejercieron violencia contra ella. 

El 17 de noviembre se informó que Daniela sería trasladada al penal femenil de Santa Martha y este 19  se informó de su liberación. Al salir mencionó que durante  el ataque que sufrió tuvo miedo de que se repitiera otra represión estudiantil como la del 68.

LOS OTROS DATOS

Mientras el gobierno capitalino presume protocolos cifras de lesionados, las historias de los detenidos muestran otra cara: una cancha inclinada, presiones políticas y posibles violaciones a derechos humanos.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que ocho personas permanecen en prisión preventiva, diez enfrentarán proceso en libertad y cinco tendrán audiencia este 21 de noviembre. Además, señaló que se abrieron 17 carpetas de investigación sin detenido por lesiones, robos y daños.

El gobierno capitalino ha dado prioridad al saldo policial expresando que existen 60 policías lesionados, 40 trasladados a hospitales, de los cuales al menos 26 ya fueron dados de alta.

Sobre violaciones a protocolos, la autoridad reconoce 18 incidentes, siete de ellos agresiones a periodistas. Los policías involucrados fueron separados temporalmente.

La del 15N no es sólo una marcha que dejó 29 detenidos. Es, para muchos de ellos, el inicio de un proceso que nació en desventaja. Y que hoy revela una cancha donde, como dice el abogado Colorado, “el árbitro ya trae puesta la camiseta”.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: MARICARMEN GUTIÉRREZ ROMERO, NATALIA ORTIZ, MIGUEL ÁNGEL TEPOSTECO RODRÍGUEZ.