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Cisneros lleva medios a ZETA y amenaza a codirectora

A las 14:00 horas de este viernes 31 de octubre, el dueño de la birriería Guadalajara en Ensenada, Manuel Cisneros Romero, acompañado por su abogado Miguel Lanz Paredes, su aparatosa escolta personal con hombres armados, y rodeado de medios de comunicación digitales, improvisó una conferencia de prensa en la acera frente a las oficinas del Semanario ZETA, donde, de forma agresiva, amenazó a la codirectora de ZETA, Adela Navarro Bello, a quien exigía ver: “porque vamos a ir con todo, porque ella publicó, Adela Navarro”.

Cisneros Romero se refirió a la nota en la edición impresa del Semanario de este viernes 31 de octubre de 2025 titulada “Crimen de Cisneros: pleito, extorsión y narco”, donde se replican las tres hipótesis que la FGE maneja entorno a la investigación del asesinato, ocurrido el sábado 18 de octubre de 2025, de Omar Cisneros Salcedo, cuando dos hombres vestidos de negro ingresaron al restaurante Birriería Guadalajara poco antes de las 18:52 horas y dispararon a quemarropa contra él. La agresión armada ocurrió cuando la víctima se encontraba frente al mostrador conversando con la cajera.

El hombre, evidentemente alterado, dio un mensaje ante los reporteros digitales señalando en reiteradas ocasiones a la directora de ZETA, a quien emplazó a proporcionarle pruebas de lo publicado en el semanario, pese a que lo que se reproduce en el texto de la nota son las declaraciones oficiales, y extraoficiales, de funcionarios de la Fiscalía General del Estado e investigadores asignados al caso.

En tono amenazante, Manuel Cisneros Romeros amedrentó a la directora de ZETA para poder verla, cuando declaró y así quedó grabado en las cámaras y en vivos de los reporteros digitales presentes: “Quiero verla a ella, vengo a buscarla, porque la nota salió hoy, vengo a buscarla porque me va a dar la cara, si no es aquí o en otro lado pero me la va a dar”, arengando que se encontraría, de alguna manera, con Adela Navarro Bello.

Cisneros Romero insistió en sus señalamientos y en exigir pruebas de las declaraciones de los funcionarios de la FGE, pero respecto a ZETA y a su directora, en su exaltada alocución emitió comentarios calumniosos, al referir que la publicación del Semanario atendía a otros intereses y no al ejercicio del periodismo de investigación, cuando señaló dirigiéndose a Navarro Bello, que no estaba presente en el lugar: “Que tienes de pruebas para comprobar y dañar a la familia así, de negocios, simplemente por un dinero están haciendo eso, o no quiero saber por qué lo están haciendo”.

El dueño de la birriería, insistió en exigir a ZETA y a su directora pruebas, pero en algún momento, evidenció que sus sospechas sobre el asesinato de su hijo estaban en el cobro de piso (una de las hipótesis que reveló la FGR y que el semanario replicó), de acuerdo con datos del Registro Público de la Propiedad de Baja California, así como licencias o autorizaciones del Ayuntamiento de Ensenada, su hijo Omar figuraba como propietario de los dos inmuebles que albergan las sucursales, una en la calle Ruiz, donde ocurrió el crimen, y la matriz que se encuentra en la calle Macheros, entre Primera y Segunda.

De acuerdo con la declaración que la familia hizo a los agentes de la Fiscalía, aseguraron que enfrentaban cobro de piso, pero además hicieron un señalamiento directo en contra de otra familia de empresarios de apellido Mancillas.

La familia Cisneros, sugirió, sin fundamento que el ataque podría venir de una disputa judicial por la fracción de terreno usado como estacionamiento que está contiguo a la matriz del restaurante ubicado en la calle Macheros.

El conflicto legal lo enfrentó durante varios años el padre de la víctima, con el empresario Fernando Mancillas Ponce, quien es propietario de diversos restaurantes de mariscos en la ciudad.

En la edición de este viernes se publicó un trabajo de investigación sustentado con información oficial de quienes investigan en la Unidad de Delitos Contra la Vida de la Fiscalía General del Estado (FGE) y agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), quienes dan a conocer las líneas de indagatoria en torno al homicidio del empresario Omar Cisneros Salcedo.

La Fiscalía informó que las tres hipótesis que los agentes están investigando para esclarecer el homicidio son: Una disputa judicial por una fracción de terreno que los propietarios de la birriería sostienen con otro propietario de Marisco Bahía de Ensenada, el cobro de piso y los nexos con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Con un tono sumamente agresivo, Cisneros, primero atendió a blogueros que reunió en la vía pública a quienes, beligerantemente, dijo: “Vengo a buscar a esta señora Adela Navarro, por la nota publicada sobre mi hijo fallecido -Omar Cisneros-. Eso se publicó sin escrúpulos, sin sustento y sin nada. Se atreven a decir que mi hijo está vinculado con los cárteles. Yo vengo a pedir que me dé las pruebas, el sustento. Mi hijo tuvo 33 años de negocios familiares y si tienen pruebas para acusarlo, que me las muestren”.

“Quiero que dé la cara y que presente las pruebas. Tiene libertad de publicar lo que quiera, pero yo también tengo derecho a decir por qué publica eso”, añadió.

Cisneros acusó al medio de recibir pagos para publicar la nota: “Muéstrame fotos, muéstrame evidencias, ¿qué pruebas tienen para difamar y dañar a la familia por dinero?”, dijo, sugiriendo que la publicación carece de sustento.

Al ser cuestionado, advirtió, “porque vamos a ir por todo”, sin especificar más.

Insistió: “Adela Navarro, quiero que me dé la cara, que me muestre las pruebas. Si las tiene, yo se las comprobaré para saber si mi hijo realmente estuvo en eso que ella afirma”.

Cisneros también aseguró que quiere entregar información sobre otras líneas de investigación en torno al homicidio de su hijo.

“Hay denuncias; quiero ver a la codirectora para dárselas y que se ponga a trabajar de verdad como periodista profesional, no que cumpla su horario y se vaya. Ya publicó la nota, ahora la tiene que comprobar conmigo”.

Sobre el posible cobro de piso en los negocios de Ensenada, afirmó que su hijo se lo reservaba.

“Lo que siempre sucede es el cobro de piso; no se atreven a investigarlo. Mi hijo nunca me lo dijo directamente, yo ya lo había pasado hace algunos años; a mi hijo lo estaban atosigando, y ahora me entero”.

Señaló una supuesta colusión policial funciona así: “Llega la policía, hace su ‘pum pum’, ya cierra y se va”. Negó la línea de investigación sobre una posible colusión de Cisneros Salcedo que la Fiscalía confirmó a ZETA.

“Era una persona noble, apoyaba a su papá, a su mamá, a su hermano, a su exmujer, a sus nietas y sobrinas. Que venga y diga que está con el cártel… se lo digo con firmeza porque yo también tengo el derecho de ejercer mi réplica”.

Sin embargo, Cisneros Romero no buscó a ZETA en junio, cuando se publicó en este Semanario una investigación sobre las ligas entre sus empresas y las de otros como Fernando Salgado o Jesús González Lomelí, este último señalado por la OFAC y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por sus nexos con la Mayiza, en donde figura la ex alcaldesa y hoy diputada federal por Morena, Araceli Brown.

“Que me compruebe y yo le puedo demostrar con cuentas bancarias. No se vale que se publique eso”, acusó Cisneros Romero antes de tocar la puerta de las oficinas de ZETA y exigir a la recepcionista hablar con Navarro Bello y cuestionar cuantas entradas y salidas tenía el inmueble.

La información contenida en la edición del viernes 31 de ZETA incluye a la empresa Cisgo y está disponible en el Registro Público de la Propiedad y el Registro Público de Comercio.

Entre socios de Cisneros en la citada empresa figura Jesús González Lomelí, quien aparece en listas que también son de dominio público del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por sus presuntos vínculos con miembros del crimen organizado, en particular con Alfonso y René Arzate García, operadores del Cártel de Sinaloa en Baja California.

Asimismo, información del Registro Público de Comercio indica que Cisneros participaba como socio en al menos tres compañías relacionadas con la industria alimentaria: Procesadora de Alimentos Alibaja, S.A. de C.V., Comercializadora Con Sabor a México, S.A. de C.V. y Alimentos Cisgo, S.A. de C.V., esta última al parecer fue disuelta.

Más información pública vinculan a los Cisneros con FJP & M, S.A. de C.V., propiedad de Fernando Rafael Salgado Chávez, originario de Guadalajara, quien, junto con el empresario Álvaro Vidal Velasco, constituyó el Grupo Xavkar, S.A. de C.V.

El mismo viernes 31 de octubre, ZETA y la codirectora Adela Navarro Bello, recibieron llamadas de alerta ante las amenazas de Cisneros Romero, de parte del Mecanismo de Protección Federal, el Mecanismo de Protección Estatal, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad del Estado, la Presidencia Municipal de Tijuana.

Dado que además de las amenazas y exigencias vociferadas en la banqueta frenta a ZETA contra el medio y su codirectora, cuando fue evidente que la solicitada no se encontraba en las instalaciones, uno de los blogueros que lo acompañó a su improvisada conferencia de prensa, le alertó y conminó a que fuera a buscar a la periodista del Semanario a su domicilio particular, proporcionándole, además, la ubicación de su casa.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.

Desactivados, pero no investigados

Aparte de su lopezobradorismo a ultranza, algo tienen en común los tres morenistas Adán Augusto López Hernández, Gerardo Fernández Noroña y Andrés Manuel López Beltrán: políticamente están desactivados dentro del movimiento que fundó su líder moral, Andrés Manuel López Obrador.

Y otro denominador común: a pesar de ser señalados por los excesos adquiridos, disfrutados o cometidos durante los encargos de gobierno, legislativos o partidistas que han tenido, ninguno es investigado formalmente, sólo exhibido públicamente.

El verano de 2025 cambió la vida pública y política de los tres personajes, los tres varones morenistas que ya en el otoño se encuentran en la ignominia total. Primero fue el caso de Adán Augusto López, otrora poderoso morenista que intentó ser candidato a la Presidencia de la República después de haber sido honrado con la titularidad de la Secretaría de Gobernación por parte de Andrés Manuel López Obrador en el último tirón de su administración. Ambos tabasqueños, el expresidente lo llamó públicamente su “hermano”, para dar más certeza a la cercanía no sólo política que los unía, sino también personal.

Será por esos espaldarazos que López Hernández adquirió tanto poder al interior de Morena, en las bancadas legislativas del movimiento y desde la oficina que ocupó en gobernación, desde donde no sólo controló políticamente, también acordó con gobernadores y gobernadoras.

Como premio de consolación ante su derrota interna a manos de la ahora Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, Adán Augusto, como se le suele identificar comúnmente, llegó al Senado de la República y a la coordinación morenista en la Cámara Alta con tanto poder que creyó que el presidencialismo se había extinguido y su posición en el Senado le era suficiente para negociar con la titular del Poder Ejecutivo. Pero nada; ni López Obrador en su momento, ni Sheinbaum Pardo hoy día, acabaron la centralización desde el Poder Ejecutivo.

Adán Augusto inició su caída en desgracia cuando se reveló y fue confirmado por la Secretaría de Seguridad del Gobierno de la República y la FGR, que quien había sido su secretario de Seguridad al momento en que gobernó Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, era el líder de la célula La Barredora, al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación, apodado el Comandante H.

El exsecretario de Gobernación fue medido con la misma vara que le aplicaron en Morena a Felipe Calderón Hinojosa, a quien acusan por lo menos de incapacidad al no haber percibido que su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, había servido a la mafia. Ahora, dentro -aunque especialmente fuera- de Morena reflexionaban sobre el mismo eje con otros protagonistas: ¿Cómo era posible que Adán Augusto no supiera que su secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, no sólo servía al crimen organizado, sino que era cabeza de una célula, La Barredora, en la estructura misma del Cártel Jalisco Nueva Generación? Imposible no haberlo advertido.

Una vez entregado al descrédito político y moral con la develación oficial de los delitos cometidos por el cercano colaborador de López Hernández, el camino de las revelaciones que siguen hundiendo al antes poderoso secretario de Gobernación siguió llenándose de lastres. También con información de origen confidencial, fue revelado en reportes de prensa los más de 79 millones de pesos que en dos años, cobró de forma privada y particular el senador de Morena, pero que no consignó en sus declaraciones patrimoniales. De repente, en la arenga presidencial para dar una explicación, López improvisó una conferencia de prensa donde sembró más dudas y despertó más suspicacias sobre el origen de su fortuna, que intentó radicar en una herencia, aunque los ingresos mayores fueron cuando ya gozaba de las mieles de ser uno de los protagonistas del Movimiento fundado por su “hermano”, Andrés Manuel López Obrador; aunque no predicaba los principios de no ceder ante el lujo, el exceso, la acumulación de riqueza, sino todo lo contrario.

Es evidente, y así lo ha deslizado él, que la información que lo pone en la posición de ser investigado, ha salido del ámbito oficial. Sean filtraciones, delaciones o fuentes, el acceso a la información ha sido ágil y directo para exhibirle. Hace unos días, de nueva cuenta otro ramalazo: se confirmó la cercanía de López Hernández con el preso y exsecretario de Seguridad de Tabasco, a quien apoyó con trabajo notarial, con extensiones, con la apertura de empresas, con la contratación de sus servicios; si alguien era cercano y sabía de los alcances de Bermúdez Requena, ya no queda duda, ese era el exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López. Su caída política, ante la pérdida de confianza, la sospecha, y la denuncia, va vertiginosamente. Sin embargo, los casos no llegan a integrar una carpeta de investigación; se le exhibe lo suficiente para inhabilitarlo políticamente, sin investigarlo formal y oficialmente.

Aunque de suyo no ha tenido el protagonismo suficiente para ser comparado con su padre de quien se dice ser el legado, en los meses recientes, Andrés Manuel López Beltrán, mejor conocido como Andy, ha estado más ausente de la vida política pública. Dos hechos de suma incongruencia con los principios de su padre subieron al mayor de los vástagos del tabasqueño a la palestra de la crítica social: un viaje de lujo a Japón para vacacionar después de “extenuantes” jornadas laborales; y la adquisición, a razón de casi medio millón de pesos, de una obra de arte de la magistral Yayoi Kusama.

En ambos casos, para revelar los detalles de los pagos, hubo filtración de documentos de prueba, del hotel, y las comidas en Japón, además de la transacción de la pintura. Andy López ha hecho lo posible, aunque ciertamente con poco esfuerzo y menor presencia, para justificar sus repentinos buenos gustos (al menos de lo que se conoce), que no coinciden con la política y los principios de austeridad republicana pregonados por su padre. Hasta donde se sabe, no constituye un delito darse unas vacaciones de lujo, o adquirir una carísima obra de arte, aun cuando se desconozcan los ingresos lícitos de López Beltrán, si el partido le paga o si su negocio de chocolates es exitoso; pero exhibirlo en los excesos, como a Adán Augusto, le resta calidad moral y congruencia, sin abrirle una carpeta de investigación a raíz de su enriquecimiento inexplicable.

Sucedió prácticamente lo mismo con Gerardo Fernández Noroña, cuando se reveló en una investigación periodística que quien se autoerigía como luchador social, el representante de los desprotegidos, el austero que vivía en una vecindad, el que se revelaba al sistema que le cobraba impuestos, ahora, en la bonanza del poder de Morena, vivía en una residencia de 12 millones de pesos en Cuernavaca, Morelos. Una casa cuyo monto no alcanza a cubrir con el salario que como legislador ha tenido, pero de la que goza a conciencia oficialista. Otra vez, se revela suficiente información para afectarlo políticamente, pero no para seguirle una indagación oficial.

Está claro que en Morena el poder no se comparte, y que quien lo acumula puede ser desactivado en la política con presunciones de excesos, abusos, riqueza repentina, sin iniciar averiguaciones formales porque, al parecer, el propósito no es enfrentarlos con la justicia por un posible enriquecimiento ilícito, sino inhabilitarlos moralmente rumbo a las próximas elecciones.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

Aprueba Veracruz la Ley Monse, que elimina el perdón por lazos familiares a encubridores de feminicidas

Durante la sesión del Congreso local, varias diputadas subrayaron que el dictamen permaneció cuatro años en la congeladora legislativa, pese a haber sido impulsado por colectivas y familiares de víctimas desde la legislatura anterior.

Con 39 votos a favor, el Congreso de Veracruz aprobó este martes la Ley Monse, una reforma al Código Penal local que elimina las excusas absolutorias y causas de inculpabilidad derivadas de vínculos familiares o afectivos, que impedían sancionar a quienes ocultaban o protegían a los responsables de delitos graves como feminicidio, homicidio, violación o pederastia.

Durante la sesión del pleno local, varias diputadas subrayaron que el dictamen permaneció cuatro años en la congeladora legislativa, pese a haber sido impulsado por colectivas y familiares de víctimas desde la legislatura anterior.

La Ley Monse lleva su nombre en memoria de Montserrat Bendimes Roldán, una joven veracruzana de 20 años, estudiante de ingeniería, asesinada a golpes por su pareja, Marlon Botas, el 17 de abril de 2021 en Boca del Río.

El agresor escapó con ayuda de sus padres, quienes abandonaron a la joven herida en la entrada de un hospital sin avisar a su familia ni llamar a las autoridades. Aunque los padres fueron detenidos en mayo de 2021 por encubrimiento, un juez determinó que no estuvieron relacionados con el feminicidio y solo fueron imputados por “omisión de auxilio”.

La aprobación de esta ley busca evitar que casos como el de Montserrat se repitan, al sancionar penalmente a quienes, por lazos de sangre o afectivos, protejan a los agresores. En otras entidades del país, como Morelos, Oaxaca, Puebla, Jalisco, Estado de México y Ciudad de México, la Ley Monse ya ha sido aprobada o dictaminada, según destacaron las legisladoras durante la sesión.

Desde la tribuna, la diputada Elena Córdova Molina, de Movimiento Ciudadano, celebró que “después de tanto tiempo de espera, en Veracruz la Ley Monse ya será una realidad”. Recordó que la iniciativa “representa castigos ejemplares a encubridores con penas privativas de libertad y sanciones económicas”.

Por su parte, la diputada Elizabeth Morales García, del Partido del Trabajo, afirmó que con esta reforma “ningún lazo personal puede estar por encima del derecho a la verdad y a la justicia”. Añadió que la medida “elimina los abusos que derivan del concepto de interés legítimo o las relaciones de amor o estrecha amistad, porque el afecto no puede justificar la impunidad”.

En tono crítico, la diputada Ana Rosa Valdés Salazar, del grupo legislativo mixto Veracruz Nos Une, subrayó que “esta ley no ha sido formulada por diputadas o diputados, sino impulsada por mujeres, colectivas, organizaciones y sobre todo por la familia de Monse”.

La diputada Indira de Jesús Rosales San Román, del Partido Acción Nacional, recordó que “nos tomó cuatro años llegar a este momento” y señaló que “ya fue dictaminada en Puebla, en el Estado de México, en Oaxaca y en Jalisco”, mientras que en Veracruz “nos tardamos cuatro largos años”.

A nombre del Partido Verde Ecologista, la diputada Tania Cruz Mejía resaltó que “no estamos discutiendo una reforma más al Código Penal; estamos discutiendo una reforma que tiene nombre de mujer, que nació del dolor y de la indignación, pero sobre todo de la lucha por justicia”. Añadió que “era ilógico e inaceptable que otros estados como Morelos, Puebla o la Ciudad de México avanzaran antes que nosotros, la cuna de esta lucha”.

En representación de Morena, la diputada Astrid Sánchez Moguel defendió que las reformas “fortalecen el marco normativo para sancionar el feminicidio y eliminar los vacíos legales que perpetúan la impunidad de los delitos de violencia contra las mujeres”. Explicó que se modifican los artículos 26 y 345 del Código Penal de Veracruz, limitando las excusas absolutorias basadas en vínculos familiares o afectivos, “con una perspectiva de protección primordial a las víctimas y a la sociedad en conjunto”.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

«Es falso» afirmar que las desapariciones no se cometen desde el Estado: organizaciones y colectivos

«Afirmar que las desapariciones que se perpetran actualmente en México no se cometen “desde el Estado” es falso desde el ángulo jurídico y también desde la perspectiva de la realidad», aseguraron colectivos de búsqueda, familiares de desaparecidos, organizaciones, activistas y defensores de derechos humanos, tras la declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre que las desapariciones forzadas en el país no tienen relación con el Estado, en contradicción con el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED).

En un comunicado, cientos de colectivos y organizaciones manifestaron y respaldaron su desacuerdo con la declaración de Sheinbaum, y aseguraron que su discurso no está apegado «a la realidad jurídica internacional y nacional, ni a la realidad sociológica del país».

Recordaron que muchas de las desapariciones forzadas en México «son perpetradas directamente por agentes estatales de cualquier sector o nivel, y también, otras, tal vez la mayoría, son cometidas por agentes delincuenciales que actúan con autorización, apoyo, y, sobre todo, aquiescencia de agentes del Estado», por lo que constituyen una desaparición forzada «desde el Estado» de acuerdo con las convenciones internacionales.

Precisaron que la definición de desaparición forzada del CED, por ejemplo, incluye como parte de ella el hecho de que, cuando una privación de la libertad es cometida por un particular que actúa con autorización, apoyo o aquiescencia de agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, «constituye propiamente una desaparición forzada».

Por ello, hicieron un llamado al gobierno federal «a corregir su equivocada posición con respecto al CED y, en lugar de contradecirlo, cooperar con el mismo y con la comunidad internacional para erradicar de fondo las causas de las desapariciones y garantizar la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas».

COMUNICADO:

El pasado 27 de octubre de 2025, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, una periodista, Karina Vargas, de Reporte Índigo, le preguntó a la mandataria sobre la activación del artículo 34 en la convención en la materia, por parte del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED), para determinar si las desapariciones que ocurren en México son generalizadas o sistemáticas.

Al respecto, la presidenta de la República afirmó lo siguiente:

“Nosotros no coincidimos, se ha manifestado varias veces, ha habido varios documentos. Lamentablemente, las desapariciones que existen en México están vinculadas con la delincuencia organizada, en la gran mayoría de los casos. No es la violencia del Estado, como fue en los sesentas (sic), en los setentas (sic), incluso en una parte de los ochentas (sic)… Eso es muy distinto a lo que ocurre en México, donde no es el Estado mexicano”.

Los colectivos, organizaciones y personas solidarias que suscribimos este documento, deseamos formular las siguientes precisiones con base en nuestro informe:

No negamos que la mayoría de las desapariciones que ocurren actualmente en México sean obra de agentes delincuenciales o del crimen organizado. Sin embargo, no coincidimos, por no estar apegado a la realidad jurídica internacional y nacional, ni a la realidad sociológica del país, que las desapariciones forzadas que ocurren actualmente en México no se encuentran asociados directa o indirectamente con la responsabilidad del Estado.

Si bien estamos de acuerdo en que las desapariciones que ocurren en el país actualmente son de características distintas a aquellas que se perpetraron durante los años sesentas, setentas, incluso en una parte de los ochentas, que fueron cometidas directamente por agentes del ejército y otros agentes del Estado mexicano, como parte de una política de persecución política, esto no quiere decir que las desapariciones que se están cometiendo actualmente en nuestro México no sean desapariciones forzadas propiamente dichas, de acuerdo con la estricta aplicación de la definición de desaparición forzada contenida en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte, y de la misma legislación mexicana en la materia.

Las desapariciones que se cometen actualmente en México, en su mayoría, son desapariciones forzadas propiamente dichas, como lo hemos demostrado en el estudio e informe alternativo que presentamos ante el Comité Contra las Desapariciones Forzadas a mediados del mes de agosto de este año. (Desapariciones Forzadas Generalizadas y/o Sistemáticas Cometidas en México https://www.fundacionjusticia.org/desapariciones-forzadas-generalizadas-y-o-sistematicas-cometidas-en-mexico/ ). Por lo tanto, afirmar que las desapariciones que se perpetran actualmente en México no se cometen “desde el Estado” es falso desde el ángulo jurídico y también desde la perspectiva de la realidad.

El CED ha formulado precisiones sobre la definición de desaparición forzada contenida en la Convención respectiva, que incluye como parte de ella, el hecho de que cuando una privación de la libertad es cometida por un particular que actúa con autorización, apoyo o aquiescencia de agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, constituye propiamente una desaparición forzada.

Los principios sobre responsabilidad internacional del Estado aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución A/RES/56/83) son claros en el sentido de que, la responsabilidad internacional del Estado se deriva de actos contrarios al derecho internacional, que son cometidos por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel. En un estado federado, como lo es México, agentes de cualquier sector significa servidores públicos, ya sean federales, estatales o municipales, de cualquiera de los poderes, ya sean ejecutivo, legislativo, judicial, o de órganos constitucionales autónomos, o de cualquier índole, independientemente de que sean de alto o medio o bajo nivel. Cualquier “servidor público” tal y como dicho término es entendido por la constitución mexicana, es un agente del Estado para los efectos de la Convención Internacional en la materia.

En la declaración sobre agentes no estatales en el contexto de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, que hizo público el Comité Contra las Desapariciones Forzadas el 2 de mayo de 2023 (CED/C/10), quedó perfectamente claro que, cuando agentes del Estado otorgan autorización, apoyo o aquiescencia a agentes no estatales, como podrían ser grupos del crimen organizado, dichas privaciones de la libertad constituyen desapariciones forzadas propiamente dichas, en virtud de la participación directa o indirecta de agentes gubernamentales del Estado.

En dicha declaración, el comité aclaró los siguientes conceptos:

“III. Desapariciones forzadas cometidas por agentes no estatales que se enmarcan en el ámbito de aplicación del artículo 2

2. El artículo 2 de la Convención se refiere a las desapariciones forzadas que sean obra de agentes del Estado o de personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. Abarca las circunstancias en las que los actos u omisiones de personas o grupos de personas que no sean agentes del Estado puedan no obstante atribuirse al Estado y, por tanto, conllevar la responsabilidad del Estado en el marco del Derecho internacional. Dicha atribución puede producirse en cualquier contexto, incluidas situaciones de paz o de conflicto armado internacional o no internacional.

3. “Autorización” significa que el Estado, por conducto de sus agentes, ha dado permiso oralmente o por escrito a personas o grupos de personas para hacer desaparecer a una persona.

4. “Apoyo” significa que el Estado ha proporcionado algún tipo de ayuda a personas o grupos de personas que han cometido una desaparición forzada, entre otras cosas compartiendo información o proporcionando medios como infraestructura, financiación, armas, capacitación o medios logísticos. A efectos de atribución en este contexto, no es necesario que el apoyo se preste con el objetivo específico de cometer una desaparición forzada.

5. Por “aquiescencia” se entiende que el Estado conocía, tenía razones para conocer o debía conocer la comisión o el riesgo real e inminente de comisión de una desaparición forzada por personas o grupos de personas, pero que concurre alguna de las siguientes circunstancias:

a) El Estado ha aceptado, tolerado o consentido esa situación, aunque sea implícitamente;

b) El Estado, deliberadamente y con pleno conocimiento, por acción u omisión, no ha adoptado medidas para prevenir el delito e investigar y castigar a los autores;

c) El Estado ha actuado en connivencia con los autores o desentendiéndose por completo de la situación de las potenciales víctimas, facilitando las acciones de los agentes no estatales que cometen el acto;

d) El Estado ha creado las condiciones que permitieron su comisión.

6. En particular, existe aquiescencia en el sentido del artículo 2 cuando existe un cuadro persistente conocido de desaparición de personas y el Estado no ha adoptado las medidas necesarias para impedir nuevos casos de desaparición e investigar a los autores y llevarlos ante la justicia.

7. En tales casos, corresponde al Estado la carga de probar que no hubo aquiescencia por su parte, y debe demostrar que ha tomado medidas y acciones concretas para prevenir, investigar y castigar el delito, y que tales medidas han sido efectivas en la práctica.

8. Las circunstancias contempladas en el artículo 2 se aplican, entre otros, a los denominados “grupos paramilitares”, las “patrullas civiles” y empresas de seguridad privada. También pueden aplicarse a las personas implicadas en la delincuencia organizada, en particular a los grupos de traficantes o tratantes, y se extienden a cualquier persona o grupo de personas, incluidos los grupos o redes informales, desde el momento en que recibieron la autorización, el apoyo o la aquiescencia de una autoridad estatal.”

Como lo hemos demostrado de manera contundente en nuestro informe alternativo, presentado al CED, y al que ya hemos hecho referencia líneas arriba, la gran mayoría de las desapariciones que se cometen actualmente en México, son desapariciones forzadas propiamente dichas, pues muchas de ellas son perpetradas directamente por agentes estatales de cualquier sector o nivel, y también, otras, tal vez la mayoría, son cometidas por agentes delincuenciales que actúan con autorización, apoyo, y, sobre todo, aquiescencia de agentes del Estado.

Por ello, creemos equivocada la postura que ha adoptado el gobierno de la República en relación con el inicio del procedimiento previsto en el artículo 34 de la convención de la ONU en materia de desapariciones forzadas, aduciendo que la aplicación de tal dispositivo es solamente para casos excepcionales, con lo cual parecería que la posición del gobierno de México es que la gravísima situación de las desapariciones, no es excepcional en nuestro país, o que el CED no está actuando de acuerdo con criterios objetivos.

Los colectivos y organizaciones que suscribimos el informe al Comité, no podemos coincidir con tal aseveración, y nos parece, no solamente alejado de la realidad, sino una prueba más de que el gobierno de la República nos da la espalda, negando la realidad.

En tal virtud, quienes firmamos, 61 colectivos, 66 organizaciones civiles, entre otros, hacemos un llamado al gobierno federal mexicano a corregir su equivocada posición con respecto al CED, y en lugar de contradecirlo, cooperar con el mismo y con la comunidad internacional para erradicar de fondo las causas de las desapariciones y garantizar la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas.

Suscrito en los Estados Unidos Mexicanos el día 28 de octubre de 2025.

Organizaciones de familiares de víctimas:

Armadillos Rastreadores, Lagos de Moreno; Buscador@s Zacatecas, AC; Buscando Vidas y Justicia por México, A. C.; Búsqueda Desaparecidos Nayarit; Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos AC; Casa Hogar Veracruz; Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello; Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, COFADDEM “Alzando Voces”; Colectivo Amor por los Desaparecidos, Tamaulipas; Colectivo Ayuda a Regresar a Luis Alberto Calleja, AC; Colectivo Buscadoras Guanajuato, México; Colectivo Buscando con Amor y lucha por Ustedes, Veracruz; Colectivo Buscando Corazones; Colectivo Buscando Justicia por los Nuestros, Zitlala, Gro.; Colectivo Buscando nuestros Desaparecidos de Tamaulipas, AC; Colectivo Casa de la Esperanza de Cuauhtémoc, Chihuahua; Colectivo de familiares de personas desaparecidas 10 de octubre de Parral, Chihuahua; Colectivo Esposas y Familiares de Agentes de Seguridad Estatales Detenidos y Desaparecidos por Militares en 1977; Colectivo familiares en Búsqueda María Herrera de Chilpancingo Gro.; Colectivo Guerrero No+ Desaparecid@s; Colectivo Hasta Encontrarte, Irapuato, Guanajuato; Colectivo Junax K’ontantik, Chiapas; Colectivo Madres Novias del Sol Buscando a sus hijos por la Cuenca del Papaloapan; Colectivo Pirasol. Cd. Valles, SLP; Colectivo Raúl Trujillo Herrera; Colectivo Siguiendo Tus Pasos, Baja California; CRISDE Juntos Hasta Encontrarlos; Desaparecidos Justicia AC. Querétaro; Desaparecidos Querétaro; En Búsqueda de Verdad y Justicia, Tepic, Nayarit; Familiares Caminando por Justicia, AC; Familiares en Búsqueda Michoacán; Familiares en Búsqueda, Xalapa; Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas AC (FAMUN), Coahuila; Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, Cd. Juárez, Chihuahua; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (FUUNDEC-M); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco (FUNDEJ); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL); Glorieta de las y los Desaparecidos; Grupo Víctimas por sus Derechos en Acción AC (VI.D.A) Laguna, Coah.; H.I.J.O.S. México; Justicia y Esperanza de San Luis de La Paz, Guanajuato; Mujeres en Búsqueda de sus Desaparecidos; Mujeres en Búsqueda, Nogales, Ver.; Plataforma de Víctimas de Desaparición Forzada en México; Por Amor a Ti, Hasta Encontrarte, Tampico, Madero y Altamira, Tamps.; Rastreadoras de El Fuerte; Red de Madres, Veracruz; Red Internacional de Asociaciones de Personas Desaparecidas (RIAPD); Sabuesos Guerreras ext Matías Romero Oaxaca; Sabuesos Guerreras Oaxaca; Sabuesos Guerreras, Sinaloa; Somos la Voz de Pablo y Nuestros Desaparecidos; Todos somos la Voz de los Desaparecidos; Unidas por el Dolor, Culiacán, Sin.; Unidas Siempre Buscando; Unidos por la Paz, la defensa de los Derechos Humanos, AC; Uniendo Corazones, Culiacán, Sin.; Uniendo Cristales, AC; Unión y Red Nacional de Búsqueda de Personas (URNBPD); Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas, Coahuila.

Organizaciones civiles:

Alianza Ciudadana por La Paz; Apuesta Solidaria AC; Article 19, Oficina para México y Centroamérica; Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT; Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres AC; Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas AC (AJAGI); Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello; Centro de Derechos Humanos – Espacios para la Defensa, el Florecimiento y Apoyo Comunitario; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, AC; Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco AC (BARCA-DH); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan AC; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM); Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas AC (FrayBa); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte; Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, AC; Centro de Investigación de Crímenes Atroces AC (CICA); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD); Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC; Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos, José Ma. Morelos y Pavón AC Guerrero; Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia “Francisco Suárez SJ” del ITESO; Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, AC (CILADHAC); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (CADHAC); Colectiva Shalom, Torreón, Coah; Colectivo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes (COLEFOM); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos AC (CEPAZDH), Chiapas; Colectivo Impacta Cine; Colectivo Sí a la Vida (General Cepeda, Coahuila); Colectivo Todxs Somos Jorge y Javier; Colectivo Zapotengo, Pochutla, Oax; Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos; Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos AC; Comité de Derechos Humanos de Tabasco, AC; Consultora Solidaria SC; Consultoría Promoción Humana AC; Defensores por la Justicia, Oax; Eje de Iglesias y Espiritualidades; Frontera con Justicia AC (Casa del Migrante, Saltillo); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho AC; Global Exchange; Global Rights Advocacy; Grupo de Acompañamiento a Familiares de Personas Desaparecidas (GAF-FLAD México); Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI); Justicia Pro Persona, AC; Justicia Transicional en México, Estrategias contra la Impunidad, AC; Lekil Kuxlejal AC; México Unido Contra la Delincuencia (MUCD); Movilidades Libres y Elegidas CoLibres; Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF); Observatorio de Designaciones Públicas; Pastoral Social, Iglesia Anglicana de México; Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato; Red de Mujeres de La Laguna; Red de Periodistas del Noreste; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT); Red por los Derechos de la Infancia en México AC (REDIM); Resilientes MX; SAC Consultoría para la Construcción de Paz; Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos AC (SEIINAC); Sociedad Civil las Abejas de Acteal (Chiapas); Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe; Tequio Jurídico AC; Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes.

Familiares de personas desaparecidas:

Adriana Moreno Becerril; Alda Nelly Cruz Balderas; Aldo Nery Castillo Reséndiz; Alicia Solís Reyna; Alma Cecilia Salgado Santana; Amada Rocío Rebolledo Sotelo; Amelia Hernández Enamorado; Ana Cristina Solís; Ana María González Betanzos; Andrea Gorethy Robles Solís; Andree Méndez Tello; Angélica María Berrospe Medina; Araceli Rodríguez Deaquino; Armando Olmeda; Artemisa Ramírez Ortiz; Beatriz Torres Zuleta; Beatriz Zapoteco Neri; Bellarmina García; Benita Lara García; Berenice Gómez Montes; Bertha Patricia Valdez Ramírez; Bibiana Mendoza; Carolina Reséndiz Mata; Carolina Rodríguez Deaquino; Cecilia García Pacheco; Charbel Méndez Tello; Cruz María Helos Ortega; Daniel Durán Hernández; Delia García Luna; Diana Aguilar Parada; Diana Iris García; Dora Alicia Domínguez Cardón; Eder Christopher Sánchez Viesca Ortiz; Elíseo Rodríguez Gallegos; Erika Guadalupe Salas Ramírez; Erika Montes de Oca; Esther Barajas; Esther Deaquino Velázquez; Fabiola Alejandrina Orozco Romano; Felicitas Suárez Guerrero; Femini Rangel; Fernando Maldonado Medellín; Gerardo Calleja Martínez; Guadalupe Cepeda Aguilar; Guadalupe Lucina Solís; Irene Silos Silva; Ismael Rodríguez García; Ixchel Teresa Mireles Rodríguez; Jaime Galván; Javier Espinosa; Jean Michel Sánchez Viesca Ortiz; Jesús Antonio Ángulo Cárdenas; Jorge Verástegui González; José Alfredo Villagrana; José Antonio Robledo Chavarría; José Matilde Salas Espino; Juan Carlos Lozada Delgadillo; Juana María Castillo Gallegos; Julio César Arellano García; Karol Yuliana Rodríguez Cruz; Lázaro Ramírez Ortiz; Leticia Pinzón Medina; Lucía Baca Baca; Lucía Santana Román; Luz Elena Montalvo Velázquez; Ma de los Ángeles Rodríguez García; Ma. de los Ángeles Mendieta Quintana; Ma. del Refugio Montoya Herrera; Ma. Elena Salazar Zamora; Ma. Guadalupe Fernández Martínez; Ma. Salvadora Coronado Navarro; María Ascención Flores; María de Jesús González Medrano; María de Jesús Lara García; María de las Mercedes Almaraz Fuentes; María de Lourdes Herrera del Llano; María del Carmen Bustamante Salas; María del Carmen García Samaniego; María del Pilar Arenas Navarro; María del Rosario Cano Mascorro; María del Socorro Calderón Ayala; María Esther Contreras de la Rosa; María Eugenia Guerrero Juárez; María Eugenia Padilla García; María Eugenia Zaldívar Padilla; María Guadalupe Pérez Ayala; María Luisa Lazarín Sierra; Marisa Arrioja Reyes; Marisol Sotelo Adame; Martha Beatriz Vega Ruiz; Martha Montelongo; MaryCarmen Trejo; Mayra González Ángeles; Micaela González Heras; Minerva Zepeda Zepeda; Mireya Villarreal Salinas; Miriam Arrambide Jiménez; Misael Rodríguez García; Nora G Tello Santana; Nilvia Hernández Romero; Noemí Martínez Martagón; Nora Torres Rodríguez; Olivia Esmeralda Salgado Santana; Oralia Nájera Simizú; Oscar Flores Coronado; Oscar Sánchez Viesca López; Patricia López Rodríguez; Paulina Landaverde Martínez; Perla Damián Marcial; Rafael Rodríguez Balderas; Ramiro Bonilla Tudón; Raúl Reyes Covarrubias; Raúl Rivera Muñoz; Ricarda Salazar Castillo; Ricardo Ulises Téllez Padilla; Rocío Salas Ramírez; Romeo Mendoza Almaraz; Rosa Alma Delia Hernández García; Rosa Angélica García Saucedo; Rosa Angélica Lara García; Rosa Imelda Díaz Neris; Rosa María Guajardo Fuentes; Severina Fabiola Alarcón Serrano; Silvia Elida Ortiz Solís; Teresa de Jesús Medina Saucedo; Velia Aurora García Cruz; Yadira González Hernández; Yerin Rodríguez Zamora; Yolanda Montes Ortiz.

Personas de academia, activistas y solidarias:

Aarón Ortiz Santos; Adriana Jean Manuel (UABC-Colectivo Siguiendo tus Pasos); Alfredo López Casanova; Alma Rosa García Guevara; Andrea de la Serna (CIESAS-LAJUVI); Andrea Santiago; Arturo Carrasco Gómez, Sacerdote Anglicano; Camelia Muñoz Alvarado; Claudia Irasema García; Claudia Liza Corona de la Peña; Edith López Ovalle; Eleazar Cabello Palacio; Elena Azaola; Eliana García Laguna; Emiliana Cruz (también CIESAS-LAJUVI); Eugenia Allier Montaño; Federico Tatter, Vocalía Internacional, FEDEFAM; Gloria Lizbeth Delgadillo Islas; Guadalupe Vázquez Luna; Inti Barrios Hernández; Jacobo Dayán; Jimena Lara Estrada; Jorge Javier Romero Vadillo; José Luis Manzo Ramírez; Laura Velázquez de León; Ma. Dolores Soto Álvarez; Manuel Olivares Hernández; María Elizabeth Navarro Jerónimos; María Eugenia Arriaga Salomón; María López de la Rica; Mariana Mora Bravo (CIESAS-LAJUVI); Martín Barrios Hernández; Matilde M. Domínguez Cornejo; May-ek Querales Mendoza; Mercedes Ruiz González; Merle Iliná; Michael W Chamberlin; Minerva Nora Martínez Lázaro; Pbro. Fernando Liñán Treviño; Pbro. Miguel Peón Navarro; Pilar Noriega García; R. Aída Hernández Castillo (CIESAS-LAJUVI y Eje de Iglesias y Espiritualidades de la BNB); Rafael Castelán Martínez; Raymundo Sandoval; Roberto Hernández Ramos; Sandra Estrada Maldonado (Universidad de Guanajuato); Santiago Corcuera Cabezut; Víctor Manuel Cabrera Morelos; Yoltzi Martínez Corrales.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: 

Los muertos se cuentan distinto

"Es evidente que no se puede tapar la inseguridad con el reagrupamiento de homicidios en otras categorías, y con el incremento sostenido de los desaparecidos en México, pero el Gobierno de la República insiste en el tema para lograr posicionarlo y de esa forma, normalizar aún más la violencia en este país".

El optimismo de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, auspiciado y compartido por su Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en relación a una disminución en el número de homicidios dolosos que, aseguran, ronda los dos dígitos, contrasta sobremanera con la realidad que se ve en el país, se escucha con el sonido de las balas y el silencio sepulcral de las palas.

En un sólo día del fin de semana, destacaron las cifras oficiales de seguridad, nueve personas fueron asesinadas en Chihuahua, seis en Baja California y otro tanto en el Estado de México. Sinaloa se maneja aparte desde hace poco más de un año que estalló la guerra interna en el Cártel de Sinaloa a propósito de la entrega de Ismael Zambada García, el Mayo, a autoridades de los Estados Unidos a manos de su ahijado Joaquín Guzmán López. El mismo día domingo, hubo tres asesinatos y el descubrimiento de restos humanos de acuerdo al conteo que puntillosamente llevan en el periódico El Noroeste.

“En México ya rascas y hay un muerto”, dijo a ZETA la escritora Elena Poniatowska Amor, y aun no entraba el Gobierno de izquierda al país, pero ya para entonces se advertía la normalización de la violencia que ha ido escalando; se refería por supuesto al tema de las fosas clandestinas o narcofosas, entonces y ahora en auge.

Pero la normalización de la violencia ahora la promueve el Gobierno de la República, festinando un supuesto descenso en la estadística de asesinatos como asegurando estar mal pero no tan mal. Y sí está mal el país, los asesinatos se mantienen y se atestiguan todos los días, pero la autoridad los cuenta diferente, ya no los agrupa en una sola tabla de homicidios dolosos, es decir crímenes violentos, ejecuciones, asesinatos, ahora los clasifica para diseminar el número total: homicidios dolosos, feminicidios, homicidios culposos (suelen incrementar también a conveniencia), asesinato de policías, restos humanos localizados, cuerpos enterrados.

Al tiempo que el propio crimen organizado ha evolucionado en las formas de atacar. Matan y entierran para que los cuerpos no sean localizados, lo cual da una falsa impresión de un descenso en el número de homicidios dolosos, que se puede confirmar con la creciente cifra de desaparecidos, donde organizaciones de la sociedad civil integradas por familiares de desaparecidos llevan un conteo más puntual que el oficial, y reportan incrementos de seis por ciento anual hasta superar en 2024, los 100 mil desaparecidos en el país.

Muchos de los restos localizados por estas organizaciones de madres, padres, hermanos y familias enteras de víctimas de desaparición forzada, tampoco son sumadas a la estadística de los homicidios dolosos, las autoridades procuradoras o preventivas, justifican que no saben en qué momento esas personas fueron asesinadas, y cuando se encuentran restos no coincidentes con órganos vitales, ni siquiera los pueden considerar un muerto más.

Es demasiada la indolencia del Gobierno de la República, y de los gobiernos en las entidades federativas, para actuar de tal manera, manipular la estadística para engañar con una falsa disminución de la violencia en el país.

Pero el terror cunde por todas partes, cuando el narcotráfico y el crimen organizado accionan contra una sociedad vulnerada ante la falacia de la disminución de la violencia y la inseguridad. ¿Cómo sostener ante los agricultores que las cifras disminuyen cuando asesinan a uno de sus activistas más aguerridos como Bernardo Bravo? Es evidente que no se puede tapar la inseguridad con el reagrupamiento de homicidios en otras categorías, y con el incremento sostenido de los desaparecidos en México, pero el Gobierno de la República insiste en el tema para lograr posicionarlo y de esa forma, normalizar aún más la violencia en este país.

Ocultar o diseminar la estadística de la violencia y la inseguridad, sólo lleva a más impunidad en las cambiantes formas de los delincuentes para cometer los delitos, así como matan y entierran en lugar de dejar cuerpos tendidos sobre la tierra y el asfalto, ya no secuestran ahora extorsiona, delito que ha ido a la alza en casi todos los sectores productivos del país, los limoneros lo han hecho público pero sucede con quienes cosechan otros productos, o con aquellos que pescan o venden productos y servicios. Para el criminal es más fácil y requiere menos esfuerzo, extorsionar o cobrar piso, que secuestrar a las personas. Además, que es un delito pocas veces denunciado y muchas ocasiones no investigado oficialmente, lo que le permite al criminal hacerse de dinero lícito, ganado con el esfuerzo y el trabajo de las víctimas, para seguir en su ilícito negocio. Y cuando parece salirse de su criminal control, entonces matan, como lo hicieron con Bernardo Bravo, o con otros activistas sociales que denuncian la inseguridad y la violencia que los cárteles ejercen y el Gobierno intenta minimizar, normalizar a pesar de las víctimas, de los muertos, de los desaparecidos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

"México no es piñata de nadie": Sheinbaum rechaza suspensión de rutas mexicanas a EU

Sheinbaum rechazó la decisión de suspender varias rutas de aerolíneas mexicanas a EU, incluidos todos los servicios del AIFA, ya que las empresas no han mostrado inconformidades; es una decisión soberana, subrayó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó este miércoles la decisión de Estados Unidos (EU) de suspender 13 rutas de aerolíneas mexicanas a dicho país, incluidos todos los servicios que iban del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia la Unión Americana, y señaló que México no es piñata de nadie, pues son decisiones soberanas.

"No estamos de acuerdo con esta decisión del Departamento de Transporte [de EU]. Ayer le pedí al Canciller [Juan Ramón de la Fuente] que se comunicara con el Departamento de Estado, con el Secretario Marco Rubio, para tener una reunión en EU, donde participe el Secretario de Transporte [Sean Duffy], para revisar si tiene fundamento, que desde nuestra perspectiva no tiene ninguno, estas acciones que están tomando de manera unilateral", afirmó Sheinbaum en su conferencia matutina.
"Y lo decimos con toda certeza: México no es piñata de nadie, a México se le respeta, y hasta ahora hemos logrado un respeto muy grande de distintas instituciones del gobierno de EU incluida la máxima institución, que es la Presidencia. Con el Presidente Trump hemos logrado un buen entendimiento. La última llamada que tuvimos el sábado fue muy buena", indicó desde Palacio Nacional.
Además, Sheinbaum advirtió sobre la posibilidad de que haya otros intereses, políticos o económicos, detrás de la decisión del gobierno de Donald Trump. "No vaya a ser que haya un interés de otro tipo. Puede ser un interés político, puede ser un interés de apoyar a algunas empresas frente a otras, incluso estadounidenses, por eso digo: no vaya a ser que haya una situación de este tipo", dijo la Presidenta.

El martes, el gobierno de Trump revocó la aprobación de 13 rutas de aerolíneas mexicanas a dicho país. La orden, emitida por el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés), suspende todos los servicios combinados entre Estados Unidos y el AIFA y congela cualquier ruta nueva o ampliada.
De acuerdo con el Secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, la medida se toma como una respuesta al “continuo abuso” por parte de México del Acuerdo de Transporte Aéreo firmado hace una década entre ambas naciones. Asimismo, Estados Unidos no permitirá que ocurran vuelos ya previstos para iniciar a operar en los siguientes días.
La medida ocurre luego de que el pasado 15 de septiembre, Estados Unidos ordenara el fin de la alianza entre Delta y Aeroméxico a partir del 1 de enero de 2026, tras considerar que el acuerdo genera efectos anticompetitivos en el mercado aéreo bilateral.

Entre las razones que dio el Departamento para anular las rutas está la cancelación de franjas horarias para aerolíneas estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) "Benito Juárez" y la reubicación forzada de las operaciones de carga estadounidenses al AIFA, una acción tomada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, este miércoles, Sheinbaum señaló desde Palacio Nacional que "ésta y otras solicitudes que hizo hace meses el Departamento de Transporte se contestaron con toda prontitud". "La decisión de llevar la carga al AIFA es una decisión soberana y que tiene que ver con protección civil. El AICM estaba muy saturado, esa era la razón por la cual querían construir el Aeropuerto de Texcoco", explicó la mandataria.
"Esa saturación del AICM ponía en riesgo a los pasajeros, a los usuarios que utilizan ese aeropuerto. Se construye el AIFA, comienzan a trasladarse algunas líneas al AIFA, pero no tomaban la decisión de trasladarse de manera adecuada para disminuir los riesgos en el AICM. Se toma la decisión que se vaya la carga al AIFA por razones de seguridad, de protección civil", detalló.

"Todas las empresas que se fueron al AIFA están felices, las de carga. Tienen más espacio, hay más seguridad, es decir, no hay un solo reclamo de las empresas, sólo un pequeño reclamo en aduanas y se está atendiendo para que puedan tener adecuadamente su acceso a las aduanas. La manera en que se está operando, incluidas las empresas estadounidenses, están muy contentas con la carga en el AIFA", argumentó Sheinbaum.

Por último, la Presidenta le pidió a Andrea Marván, integrante de la nueva Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), que sustituyó a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios (Condusef), si podía hacer un análisis que soportara los argumentos de que supuestamente se violenta la competencia de las empresas estadounidenses en México. "Que la CNA haga un análisis de si realmente se está afectando la competencia de las aerolíneas, que desde nuestra perspectiva no hay afectación", concluyó Sheinbaum.

¿Qué rutas fueron canceladas?

De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, las rutas de Aeroméxico entre Ciudad de México y San Juan, Puerto Rico; así como las que van de la terminal Felipe Ángeles a las ciudades texanas de Houston y McAllen, fueron canceladas.

De la aerolínea Volaris se canceló las ruta entre la capital mexicana y Newark, Nueva Jersey.

Viva Aerobus sufrió más afectaciones, con la cancelación de líneas aéreas desde el aeropuerto Felipe Ángeles a los siguientes destinos:
  • Austin, Texas.
  • Nueva York-JFK.
  • Chicago-O’Hare.
  • Dallas/Fort Worth.
  • Denver-Houston.
  • Los Ángeles.
  • Miami.
  • Orlando, Florida.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Agricultores de Michoacán y Guanajuato extienden bloqueo; exigen subir precio al maíz

Grupos de agricultores han bloqueado varias carreteras del país como parte del Paro Nacional Agropecuario. 

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó este martes que agricultores de diversas entidades del país mantienen bloqueos en diversos puntos carreteros; exigen que el Gobierno de la Presidenta Sheinbaum aumente los precios de garantía de sus productos, sobre todo del maíz.
"La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informa sobre el cierre de carreteras en diferentes estados del país debido a movilizaciones de productores agrarios, por lo que se recomienda a los usuarios tomar sus previsiones", indicó la dependencia.
Der acuerdo con autoridades federales, los bloqueos de campesinos tienen lugar en estados como Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Morelos. En total, se han registrado cierres en al menos 33 puntos carreteros por las manifestaciones de las y los trabajadores del campo.
Guanajuato es la entidad con el mayor número de manifestaciones que se reportan hasta el momento. La SICT informó de al menos 18 bloqueos en caminos y autopistas del estado.

Jalisco es la otra entidad afectada por estas movilizaciones; los bloqueos impiden el acceso al área Metropolitana de Guadalajara. Los manifestantes mantienen cerrados los accesos como el Macro Libramiento de Guadalajara, Guadalajara-Colima, Carretera a Nogales y la Caseta del Nodo vial de ingreso al municipio de Ocotlán. También se reportan tres bloqueos en al menos tres puntos de la Autopista México-Guadalajara.

A las 22:00 horas de este día se cumplían casi 44 horas de protesta de los productores de maíz que se encuentran instalados sobre la carretera Guadalajara a Nogales, donde mantienen cierres viales en ambos sentidos de circulación.
"En Michoacán, siguen los cierres de carreteras en la Carretera Maravatío-Zapotlanejo, a la altura de la caseta Panindícuaro, en el kilómetro 307+000; Carretera Maravatío-Zapotlanejo, a la altura de la caseta de Zinapécuaro, en el kilómetro 202+200", notificó la dependencia.

El Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5) de esta entidad informó este martes que a las 10:39 horas los bloqueos carreteros continuaban en los siguientes puntos:
  • Zinapécuaro: Carretera de Cuota 15D Atlacomulco–Zapotlanejo.
  • Vista Hermosa: Autopista de Occidente Km 390 (Caseta de Peaje).
  • Vista Hermosa: Tanhuato-Vista Hermosa entronque a la autopista.
  • Panindícuaro: Caseta de Cobro.
  • La Piedad: La Piedad-Numarán a la altura de Villas de las Lomas.
  • Ecuandureo: Occidente Méx-GDL Km360, Plaza de Cobro.
  • Jiquilpan: Carretera federal Jiquilpan-Sahuayo. Referencia: Glorieta de Liconsa.
  • Venustiano Carranza: Carretera Venustiano Carranza-La Barca. Referencia: Crucero 4 Esquinas.
  • Villamar: Carretera Villamar-Jiquilpan. Referencia: Glorieta cruce a Jaripo.
En Sinaloa se reporta que hay presencia de productores del campo que mantienen bloqueadas casetas de peaje en Ahome, Guasave y Culiacán. También se mantiene desde ayer un bloqueo en la Autopista Siglo XXI que conecta Morelos con Puebla.

Grupos de agricultores y campesinos han bloqueado con sus máquinas varias carreteras del país y han lanzado un Paro Nacional Agropecuario para exigirle al Gobierno federal que aumente los precios de garantía de sus productos, sobre todo del maíz. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) respondió con un aumento 25 por ciento superior al mercado internacional y créditos en apoyo al sector agropecuario.

Los principales grupos campesinos son aquellos de Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Jalisco y Morelos, pero las protestas se han extendido también a Sinaloa, Tamaulipas, Baja California, Tlaxcala y el Estado de México.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sheinbaum pide a EU revisar protocolos, tras ataque a supuestas lanchas del narco

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló, el 29 de octubre de 2025, que el Gobierno de México pidió al titular de la Embajada de Estados Unidos en territorio mexicano, Ronald Johnson, revisar el protocolo que aplicaba su país en operativos contra embarcaciones con presunta droga en aguas internacionales, tras un ataque, llevado a cabo un día antes por las Fuerzas Armadas estadounidenses, contra una embarcación en el océano Pacífico, a 830 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero.

Según lo reveló la titular del Poder Ejecutivo Federal -durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, dicha solicitud se presentó durante la reunión que sostuvo Johnson, un día antes, con Raymundo Pedro Morales Ángeles y Juan Ramón de la Fuente Ramírez, titulares de las secretarías de Marina (SEMAR) y Relaciones Exteriores (SRE), respectivamente.

“Lo que queremos es que ese protocolo se mejore en el marco de los acuerdos de seguridad que tenemos con los Estados Unidos. No queremos que nunca haya violación a nuestra soberanía”, afirmó la mandataria nacional, quien también detalló que el embajador de EE. UU. mostró disposición para revisar el protocolo y canalizar la propuesta a las instancias correspondientes del Gobierno estadounidense.

“En principio, el Embajador estuvo de acuerdo en que se promueva que se siga un protocolo como el que se venía utilizando previamente”, dijo Sheinbaum Pardo, quien también sostuvo que México no estaba de acuerdo con las intervenciones militares que el Gobierno de EE. UU. realizaba de manera unilateral en aguas internacionales cercanas al país. Ante ello pidió que, en las zonas cercanas al territorio mexicano, se aplicaran esquemas de coordinación bilaterales.

“No estamos de acuerdo con estas intervenciones y tenemos un modelo, un protocolo que ha dado muchos resultados. Si en aguas internacionales Estados Unidos ve que hay una lancha que presuntamente lleva droga, se ponen de acuerdo, interviene Secretaría de Marina o las instituciones del Gobierno de Estados Unidos”, explicó la presidenta.

Asimismo, la mandataria nacional informó que el objetivo del encuentro fue insistir en que ese mecanismo de coordinación binacional se mantuviera y se fortaleciera, a fin de evitar acciones que pudieran vulnerar la soberanía mexicana o poner en riesgo vidas humanas.

“Queremos que se cumplan todos los tratados internacionales y que nunca haya violación a nuestra soberanía, ni tampoco este tipo de operaciones en la zona económica”, subrayó la titular del Poder Ejecutivo Federal, quien también fue cuestionada sobre las operaciones realizadas por la SEMAR en las costas del Pacífico, ante lo cual admitió que no se pudo concretar el rescate.

El diplomático estadounidense acudió las instalaciones de la Cancillería, luego de que durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la titular del Poder Ejecutivo Federal pidió el encuentro, luego de la agresión que dejó un sobreviviente, mismo que fue rescatado por la SEMAR, a petición de la Guardia Costera de EE. UU. (US Coast Guard).

“La Secretaría de Relaciones Exteriores (@SRE_mx) y la Secretaría de Marina (@SEMAR_mx) informan que este día se llevó a cabo una reunión entre el canciller Juan Ramón de la Fuente; el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y el embajador de los Estados Unidos de América en México, Ronald Johnson (@USAmbMex), en la sede de la @SRE_mx”, anunció la Cancillería, en su cuenta de la red social X.

“El encuentro, realizado por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein), tuvo como objetivo fortalecer la coordinación bilateral entre México y Estados Unidos en materia marítima. En un ambiente de cordialidad, las partes coincidieron en que la principal prioridad es la salvaguarda de la vida humana en el mar, así como el respeto pleno a la soberanía nacional, reafirmando el compromiso con el entendimiento y la cooperación que históricamente han caracterizado la relación entre ambas naciones. La #SRE y la #SEMAR reiteraron su compromiso de actuar con profesionalismo, diálogo y cooperación institucional, para que México mantenga un papel constructivo, colaborativo y sólido en la seguridad marítima compartida”, indicó la SRE.

“Presidenta, ¿su gobierno aceptó rescatar a un sobreviviente de este ataque del gobierno de los Estados Unidos en una llamada “narcolancha”, como le llaman?”, le preguntó un reportero a Sheinbaum Pardo. Hoy nos lo informó el secretario de Marina. Una, digamos, un ataque que en aguas internacionales tuvo una embarcación, que presuntamente llevaba droga, es en aguas internacionales”, respondió la mandataria nacional.

“Parece que quedó un sobreviviente y la Marina, por razones humanitarias y dentro de los Tratados Internacionales, decidió rescatar a esta persona. Es importante, vamos, yo le hice el planteamiento hoy al secretario de Marina, y con el Secretario de Relaciones Exteriores, que estos temas se vean en una mesa, ¿no?, porque, como ustedes saben, nosotros queremos que se cumplan todos los tratados internacionales y que nosotros no estamos de acuerdo con estos ataques, como se dan”, subrayó la presidenta.

“Entonces, pedí que, en el marco del acuerdo que tenemos de seguridad con Estados Unidos, se llame al embajador y se pueda ver, en particular, esta situación”, añadió Sheinbaum Pardo. “¿Ya se rescató a esta persona?”, cuestionó el periodista. “Sí, entiendo… Me manda, me dio un […] Sí quieren, que lo informe la Secretaría Marina, porque me acaba de […] El papelito que me dio ahorita Belmont tiene que ver con esta información”, contestó la titular del Poder Ejecutivo Federal.

“En la mañana en el Gabinete solamente nos informaron de que ocurrió esta situación y di la instrucción de que se le pidiera al canciller, junto con Marina, que tuvieran una reunión con el embajador. Y les daremos la información con Secretaría de Marina de este sobreviviente, si es el caso que, en efecto, hubo un sobreviviente. Lo que sí […] Fue en aguas internacionales. En aguas internacionales. Ya toda la información la podemos dar a través de Secretaría de Marina”, finalizó la mandataria nacional.

“En cumplimiento del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) y tras la solicitud de Guardia Costera de EE. UU., la Armada de México atiende una operación de búsqueda y rescate marítimo a más de 400 millas al suroeste de Acapulco (830 km) con el objeto de salvaguardar la vida humana en la mar. Esta operación se realiza con un buque patrulla oceánica y un avión de patrulla marítima”, escribió la SEMAR, en su cuenta de la red social X.

“Esta operación de búsqueda y rescate se mantiene activa a partir del reporte recibido por la Guardia Costera de EE. UU., en el cual no existía mayor información de la persona reportada. Derivado de las declaraciones del Secretario de Guerra de ese país, se tiene conocimiento que citado náufrago corresponde a un tripulante de una de las embarcaciones referidas por dicho funcionario. La Marina continúa con la búsqueda y refrenda su compromiso con la salvaguarda de la vida humana en la mar”, abundó la SEMAR.

Pete Hegseth, titular del Departamento de Guerra de Estados Unidos (DOW, por sus siglas en inglés), anunció, el 28 de octubre de 2025, que el Ejército de EE. UU. llevó a cabo tres ataques en aguas del Pacífico oriental, contra embarcaciones sospechosas de transporte de drogas, resultando en 14 muertos y un sobreviviente.

“En cuanto al superviviente, el Comando Sur puso en marcha inmediatamente los protocolos estándar de búsqueda y rescate (SAR); las autoridades mexicanas [de búsqueda y rescate] aceptaron el caso y asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate”, dijo Hegseth, sin especificar si la persona permanecería bajo custodia de México o sería entregada a Estados Unidos.

El ataque se llevó a cabo en “aguas internacionales” del océano Pacífico, frente a las mexicanas. Hegseth publicó en sus cuentas de las diversas redes sociales, imágenes de los ataques en las que se pueden ver dos embarcaciones moviéndose a gran velocidad por el agua.

Una estaba visiblemente cargada con una gran cantidad de paquetes o bultos. Ambas explotaron de repente y se vieron envueltas en llamas. El tercer ataque parece haber sido realizado sobre un par de botes que estaban flotando en el agua, una al lado de la otra.

Las embarcaciones parecían estar en gran parte vacías, con al menos dos personas moviéndose antes de que una explosión las envolvió a ambas. El jefe del Pentágono dijo que “los cuatro barcos eran conocidos por nuestro aparato de inteligencia, transitando por rutas de narcotráfico conocidas y transportando narcóticos”.

El Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) es un tratado internacional que establece normas mínimas de seguridad para la construcción, equipo y operación de buques mercantes. Desarrollado por la Organización Marítima Internacional (OMI), surgió tras el hundimiento del Titanic y busca salvaguardar la vida humana en el mar.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Condenan a jóvenes presuntamente reclutados en Zacatecas

En un caso que ha generado controversia y debate público, el Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en Zacatecas, modificó la multa impuesta en sentencia a cuatro jóvenes imputados, presuntas víctimas de reclutamiento forzado, pero confirmó la pena de 7 años de prisión por diversos delitos.

Los magistrados solo modificaron la multa impuesta, reduciéndola de 16 mil 828 pesos 35 centavos a diez mil 857 pesos, en cumplimiento de la jurisprudencia que establece que el aumento de la sanción en casos de concurso ideal de delitos solo aplica a la pena de prisión y no a la multa.

Sin embargo, la sanción aplicada a Francisco P., Heriberto R., Juan R. y Alan D., quedó intocada al resultar penalmente responsables en la comisión de delitos contra la salud en la modalidad de posesión de marihuana y clorhidrato de metanfetamina con fines de venta, así como la posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

El caso, que se originó tras un cateo realizado en un inmueble de la colonia La Huerta Vieja, en Zacatecas capital el 28 de febrero de 2024, ha sido objeto de múltiples cuestionamientos, pues durante el proceso, la defensa argumentó que los acusados estuvieron privados de su libertad, ya que fueron reclutados forzosamente, lo que habría condicionado su presencia en el lugar de los hechos.

El tribunal desestimó esta teoría al considerar que no se presentaron pruebas contundentes que respaldaran dicha hipótesis, pese a que las madres de los imputados testificaron en el juicio, afirmando que sus hijos habían desaparecido días o semanas antes del cateo. Una de ellas dijo que su hijo fue a buscar trabajo en una empresa de seguridad el 1 de febrero de 2024 y no volvió a saber de él.

Sin embargo, sus declaraciones fueron consideradas inconsistentes y contradictorias por el tribunal, lo que debilitó la credibilidad de sus testimonios. Además, los agentes y peritos que participaron en el cateo aseguraron que los detenidos no mostraban signos de violencia física ni psicológica que indicaran una privación ilegal de su libertad.

La defensa también criticó a la Fiscalía por no haber agotado todas las líneas de investigación, como la realización de peritajes psicológicos que pudieran haber evidenciado la supuesta privación de libertad. No obstante, el tribunal concluyó que no existían indicios suficientes para justificar tal investigación.

El caso ha generado un debate sobre la presunción de inocencia y la carga de la prueba en el sistema penal acusatorio. Mientras que la defensa sostiene que la Fiscalía debió investigar la posibilidad de un reclutamiento forzado, el tribunal argumentó que la carga de probar una excluyente del delito recae en quien la invoca, en este caso, la defensa.

Este caso pone en el centro del debate la necesidad de garantizar investigaciones exhaustivas y la protección de los derechos humanos en el sistema de justicia penal mexicano, especialmente en un contexto donde la desaparición y el reclutamiento forzado son problemáticas recurrentes en el país.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: LUIS CARLOS SAÍNZ.

SSC-CdMx detiene a 4 vigilantes de la UNAM por homicidio de aficionado del Cruz Azul

Rodrigo Mondragón murió por asfixia causada por estrangulamiento, de acuerdo con lo revelado por la necropsia realizada por el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo).

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) informó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo ayer a los cuatro elementos de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) implicados en el homicidio de Rodrigo Mondragón, aficionado al Club Deportivo Cruz Azul, ocurrido el pasado sábado tras un partido. Los detenidos fueron enviados al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Se trata de Brayan "N", Noe "N", Luis Alberto "N" y José Rodrigo "N", quienes fueron consignados por el Ministerio Público a dicho penal de la Ciudad de México.

Bertha Alcalde Luján, Fiscal General de la capital, detalló ayer en conferencia de prensa que los detenidos laboraban como personal de seguridad universitaria y su situación jurídica se definirá a partir de la investigación que se está realizando de videos de cámaras de vigilancia, entrevistas y los estudios periciales.
“El cuerpo, hoy en día, se está realizando la necropsia en el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (INCIFO). Entonces, esto va a ser muy importante para avanzar con la investigación, determinar la causa de muerte. Se pusieron a disposición cuatro personas, por parte de la Secretaría de Seguridad. Estas personas laboran como personal de seguridad universitaria y que su situación jurídica va a ser definida, a partir de cómo avanza la investigación”, explicó la Fiscal.
Rodrigo Mondragón murió por asfixia causada por estrangulamiento, de acuerdo con lo revelado por la necropsia realizada por el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo).

Fuentes ministeriales, citadas por medios nacionales, revelaron la causa de la muerte del hombre, quien fue arrestado por personal de seguridad del Estadio Olímpico Universitario el pasado sábado, tras el partido entre "La Máquina" y el Monterrey.

Además, se dio a conocer que los restos del fanático del Cruz Azul fueron entregados a sus familiares alrededor de las 7:00 horas de ayer lunes.

Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió un comunicado en el que afirmó que recopiló y entregó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) todos los videos que puedan servir como prueba de lo ocurrido.
De acuerdo con una personas cercana a Rodrigo Mondragón, cerca de las 23:30 horas del sábado 25 de octubre elementos de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) habrían golpeado y detenido violentamente al aficionado del Cruz Azul "a quien subieron con vida a una camioneta oficial". "Desde ese momento, no se volvió a saber nada de él", destacó.
"Cuando familiares y amigos llegaron al lugar para pedir informes, ni el personal de seguridad de la UNAM ni los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CdMx) que se encontraban en la zona proporcionaron información veraz. [...] Durante esas horas, familiares y amigos estuvieron llamando a Locatel, hospitales y Ministerios Públicos en busca de información sobre Rodrigo Mondragón, sin obtener respuesta alguna", detalló.
La dirección de Protección Civil de la UNAM emitió un comunicado el domingo por la mañana, donde señaló que al término del partido entre el Cruz Azul y Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario, al realizarse el retiro de personas que permanecen en los estacionamientos del recinto deportivo, "una persona en aparente estado de ebriedad, agredió verbal y físicamente al personal de seguridad del estadio, impidiendo violentamente su labor".

"La persona logró ser sometida por dichos elementos de seguridad para su entrega a las autoridades. Durante el trayecto de su traslado, sufrió un desvanecimiento, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de paramédicos para brindar la atención médica correspondiente. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo lamentablemente se determinó la ausencia de signos vitales", aseguró. Ante esta situación, solicitó el apoyo de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de la Ciudad de México, para iniciar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades del personal que estuvo involucrado con los hechos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Delegación europea visita México para evaluar situación de derechos humanos y defensores

La plataforma advirtió que desde 2023 han sido asesinadas al menos 47 personas defensoras de derechos humanos y 14 periodistas en posible relación con su labor.

Una delegación internacional de europarlamentarias, organizaciones europeas y representantes de la sociedad civil está en México desde este miércoles y hasta el 7 de noviembre para conocer la situación de los derechos humanos, las personas defensoras y la paz en el país.

En un comunicado, la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos México–Unión Europea explicó que la visita busca fortalecer el diálogo político y la cooperación internacional entre México y la Unión Europea, además de visibilizar los desafíos en materia de migración, libertad de prensa y protección a personas defensoras.

La delegación estará integrada por europarlamentarias, organizaciones solidarias de Alemania, la Agencia Catalana de Cooperación, el Fons Català de Cooperación, el Consejo de la Abogacía de Cataluña, la Federación Interamericana de la Abogacía, la Asociación Libre de Mujeres Abogadas, el Colegio de Abogados de Bolonia (Italia) y las asociaciones Mujeres Pa’lante y La Garriga Sociedad Civil de Cataluña.

La europarlamentaria Diana Riba i Giner aseguró que en México persisten altos niveles de violencia e impunidad, reflejados de “manera alarmante” en la violencia de género y los feminicidios que diariamente cobran la vida de mujeres y niñas.

“Esta realidad evidencia la urgencia de fortalecer la cooperación internacional para proteger a quienes defienden los derechos humanos y exigen justicia en contextos cada vez más adversos”.

Durante su estancia, los integrantes de la delegación sostendrán reuniones con legisladores, miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de la Secretaría de Gobernación (Segob), de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como con organizaciones civiles y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México.

El itinerario incluye una visita a Tapachula, Chiapas, para conocer la situación de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional, además de encuentros con defensoras criminalizadas en San Juan Cancuc y con familiares de personas privadas de la libertad de forma arbitraria.

La delegación también abordará el caso de Kenia Hernández, defensora amuzga encarcelada en el Estado de México.

La plataforma advirtió que desde 2023 han sido asesinadas al menos 47 personas defensoras de derechos humanos y 14 periodistas en posible relación con su labor. De ellas, 16 contaban con medidas de protección al momento de su muerte.

En el caso de las mujeres defensoras, 18 han sido asesinadas, la mitad de ellas buscadoras de personas desaparecidas, de acuerdo con la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos.

Los resultados de la misión serán presentados el 6 de noviembre en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y posteriormente ante autoridades europeas.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.