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México rechaza fallo de Corte Suprema de EU por demanda contra fabricantes de armas

El máximo tribunal estadounidense sostuvo que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) otorga inmunidad a los fabricantes, al no haberse probado que “ayudaran y facilitaran” el tráfico ilegal.

La Suprema Corte de Estados Unidos sostuvo este jueves que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) da inmunidad y protege a los fabricantes de tener responsabilidad legal.

El argumento central, publicado esta mañana en su sitio web oficial, fue que no se probó que las empresas “ayudaran y facilitaran” (aiding and abetting) al tráfico ilícito de armas. Sin embargo, la Suprema Corte no se pronunció sobre el segundo esgrimido que es el de la proximidad del daño (proximate cause).

Con esta decisión, la Suprema Corte revoca la que previamente adoptó la Corte de Apelaciones, que había admitido la demanda de México, y devuelve el caso a la Corte de Distrito para que los procedimientos sigan en consonancia con su decisión.

La Secretaría de Relaciones Exteriores expresa con firmeza su desacuerdo con la decisión emitida por la Suprema Corte de los Estados Unidos y continuará haciendo lo que esté a su alcance para frenar el tráfico ilícito de armas, agotando todos los recursos legales y diplomáticos disponibles.

México ha presentado argumentos sólidos que demuestran el daño que las empresas fabricantes de armas ocasionan a nuestro país, y seguirá en su lucha contra el tráfico de armas y la responsabilidad de las empresas que fabrican y permiten que el flujo de armas siga alimentando la violencia y nutriendo a los grupos delictivos que atentan contra la paz y la seguridad de las familias mexicanas.

Esta demanda fue presentada por México en agosto de 2021 ante un Juez de Distrito de Boston, Massachussets. En enero de 2024, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito concluyó que México había alegado de manera suficiente que “los demandados ayudaron e instigaron el tráfico ilegal de sus armas hacia México”.

La decisión de la Suprema Corte del día de hoy, no afecta el curso de la segunda demanda presentada por México en Tucson, Arizona, en 2022, en contra de cinco tiendas distribuidoras de armas. Dicha demanda sigue avanzando y se encuentra en la etapa de producción de evidencia.

Las dos demandas presentadas por México tanto en Massachussets como en Arizona, han permitido dar visibilidad al grave impacto del trasiego de armas de fuego a nuestro territorio.

México ha logrado posicionar el tema no sólo en la esfera bilateral, sino también multilateral, a través de la resolución 2616 del Consejo de Seguridad de la ONU en 2021. Actualmente, se está a la espera de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita también una opinión sobre el tema.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Habrá colaboración con Colombia para frenar actividad de grupos criminales: Sheinbaum

Sheinbaum señaló que desde hace algunos meses México y Colombia han tenido reuniones de alto nivel para abordar temas de seguridad.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló este jueves que está buscando colaborar con el Gobierno de Colombia para atender actividades de grupos criminales en ambas naciones, tras la presunta participación de colombianos en un ataque donde murieron ocho integrantes de la Guardia Nacional la semana pasada entre Michoacán y Jalisco.

“Buscamos una colaboración con el Gobierno de Colombia para poder atender si hay alguna actividad criminal de algún miembro, de algún grupo criminal en Colombia o a su vez algún miembro de un grupo criminal de México”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante reaccionó así a las declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien el martes aseguró que en el ataque en una zona limítrofe de Michoacán y Jalisco, en el occidente del país, y donde murieron los miembros de las Fuerzas Armadas, participaron exmilitares colombianos.

“Acaba de estallar una bomba contra el Ejército mexicano en Michoacán, con unos muertos ahí. El Ejército, en su acción, fue y capturó a los posibles autores del explosivo. La mayoría son exmilitares colombianos y hay algunos activos. La noticia la tiene la prensa pero no la han publicado. Estamos exportando mercenarios a la mafia”, subrayó Petro.

Este jueves, Sheinbaum señaló que desde hace algunos meses México y Colombia han tenido reuniones de alto nivel para abordar temas de seguridad.
Hay coordinación y se está fortaleciendo la información, la capacidad de colaboración conjunta cada uno en nuestro territorio, pero pues nos ayuda mucho (tener) esas reuniones.
Asimismo, evadió confirmar si existían exmilitares o mercenarios colombianos trabajando en el crimen organizado mexicano.

“Lo que ha habido es detenciones. Lo puede informar, lo pueden preguntar el martes para que lo informe con mayor detalle el secretario de seguridad, pero ha habido detenciones en México en donde hay personas de nacionalidad colombiana”, apuntó.

El pasado jueves, las autoridades mexicanas informaron de la detención de 17 presuntos sicarios, entre ellos 12 colombianos, relacionados con la fabricación y explosión de una mina anti terrestre que mató a los ocho militares el 28 de mayo.

El Ejército mexicano ha identificado en Michoacán y Jalisco una fuerte lucha entre dos organizaciones del narcotráfico, autodenominadas como el Cártel de Los Reyes -asentado en el municipio michoacano de Los Reyes- y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Conagua acredita ilegalidad de presas de Duarte; presenta denuncias en FGR y Profepa

La Conagua ratificó que las obras en el rancho de César Duarte no cuentan con los permisos necesarios, por lo que emprendió acciones para recuperar el agua acumulada ilegalmente.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) acreditó la ilegalidad de las presas construidas en el rancho El Saucito, propiedad del exgobernador priista César Duarte Jáquez, en Balleza, Chihuahua.

En un comunicado, informó ayer que presentó ante el Juzgado Décimo de Distrito los fundamentos jurídicos que avalan la demolición de las estructuras, bajo el argumento de que el caso ha agotado todas las instancias impugnativas y que la suspensión provisional otorgada es improcedente.
"Es importante recalcar que esas sanciones, en su oportunidad, fueron combatidas por el exgobernador Duarte en diferentes instancias jurisdiccionales; sin embargo, éstas fueron validadas, incluso, por el propio Poder Judicial de la Federación [PJF], por lo que se trata de la ejecución de una determinación firme", manifestó la Conagua en el boletín.
Asimismo, interpuso un recurso de queja contra la decisión del juzgado y entregó información para su revocación, en el que señaló que la defensa emprendida busca evitar una acción de justicia ante el acaparamiento de agua en una zona de alto estrés hídrico.

El organismo también presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por presuntos actos ilícitos, como el uso ilegal de bienes nacionales y maltrato animal detectado en el sitio.
"Conagua considera que los medios de defensa emprendidos en favor de las obras ilegales son una maniobra para intentar evadir un acto de justicia encaminado a evitar el acaparamiento de agua en una cuenca con alto estrés hídrico", añadió.


Por ello, ratificó que las sanciones se determinaron por la construcción de obras en propiedad federal, el aprovechamiento indebido del recurso hídrico y la alteración del cauce natural de un cuerpo de agua sin la autorización correspondiente. La "anomalía persiste y no puede continuar", sentenció.

Mafia exprime Chihuahua

En Chihuahua, una red de exfuncionarios estatales de la Conagua ha facilitado la sobreexplotación de acuíferos, beneficiando a empresarios ligados al exgobernador priista César Duarte.

La Contraloría ciudadana estatal documenta cómo un presunto prestanombres de Duarte ha acaparado el acuífero Llano de Gigantes para producción de nuez, mientras productores menonitas y la empresa agroindustrial La Norteñita han explotado el acuífero Laguna Santa María.


El director de Conagua, Efraín Morales, reveló que se recuperaron 700 mil metros cúbicos de agua almacenados ilegalmente en represas del rancho El Saucito, propiedad de Duarte.

Sin embargo, el tráfico de concesiones va más allá, con empresas como Agroindustrias BVM recibiendo, en un sólo día, 125 constancias de libre alumbramiento para uso agrícola, en un acuífero ya sobreexplotado.

Hace unos días, el Senador Juan Carlos Loera entregó un informe técnico a la Conagua, detallando cómo exdelegados de la institución han favorecido a agroindustriales mediante la entrega de constancias apócrifas, permitiendo la perforación indiscriminada de pozos.

"Se acabaron privilegios": CSP


El 30 de abril, la Conagua anunció una revisión exhaustiva de las concesiones de agua en todo el país, con el objetivo de combatir irregularidades y recuperar recursos hídricos en zonas de mayor escasez.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el director de la Conagua, Efraín Morales López, detalló que se analizará cada concesión para garantizar su uso legal y ordenado, tomando medidas contra aquellas otorgadas de manera indebida.

La mandataria federal denunció que políticos y empresarios han acumulado lagos, pozos y presas sin permisos en zonas con déficit hídrico, por lo que aseguró que se recuperarán conforme a la Ley. Además, señaló que varias concesiones agrícolas se convirtieron en desarrollos habitacionales sin pagar derechos, una práctica que se intensificó tras la privatización del agua en el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La Corte Suprema estadounidense rechaza demanda de México contra fabricantes de armas

México perdió la batalla legal contra la industria armamentista en EU, mientras los fabricantes quedan exentos de responsabilidad por el tráfico ilegal de armas.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos (EU) desestimó la demanda del Gobierno de México contra los fabricantes de armas, a quienes acusaba de facilitar el tráfico ilegal de armamento hacia territorio mexicano y de contribuir a la violencia generada por los cárteles.

El fallo unánime determinó que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) bloquea la demanda, ya que México no presentó pruebas suficientes para demostrar que los fabricantes de armas facilitaron o promovieron activamente la venta ilegal de armamento a traficantes mexicanos.

“Dado que la demanda de México no alega de manera plausible que los fabricantes de armas demandados ayudaron e incitaron a los distribuidores de armas a vender ilegalmente armas de fuego a traficantes mexicanos, la PLCAA [Ley de Protección del Comercio Legal de Armas] impide la demanda”, dice la resolución de los magistrados del Supremo.
La Jueza Elena Kagan subrayó que la acusación debía probar una asistencia directa y sistémica, lo que el Tribunal consideró insuficiente.
“La pregunta que se plantea es si la demanda de México alega plausiblemente dicha conducta. Concluimos que no”, escribió la Jueza sobre una decisión unánime.
“No nos cabe duda de que, tal y como afirma la demanda, algunas de estas ventas tienen lugar y que los fabricantes son conscientes de ello. Sin embargo, México no ha alegado adecuadamente lo que debe: que los fabricantes ‘participan en’ esas ventas ‘como en algo que desean llevar a cabo’ y ‘pretenden, con [su] actuación, que se lleve a cabo”, como exigiría la doctrina legal.

México argumentó que los fabricantes, entre ellos Smith & Wesson Brands, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta, Glock y Colt, diseñaban y comercializaban armas con características atractivas para los cárteles.
Sin embargo, el Tribunal Supremo determinó que la mera existencia de estos productos, al ser legales, no implica colaboración en actividades ilícitas. Con esta decisión, la Corte impide que el Gobierno mexicano avance en su intento de responsabilizar legalmente a la industria armamentista por el tráfico ilegal de armas.

Con esta decisión, la Corte impide que el Gobierno mexicano avance en su intento de responsabilizar legalmente a la industria armamentista por el tráfico ilegal de armas.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

CNTE a Sheinbaum: Es más violencia simular diálogo y condenar desde un escritorio

Previamente, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a las y los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que aprobaran o se deslindaran de la violencia que se registró ayer en la sede de la Secretaría de Gobernación (Segob).

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) envió un nuevo mensaje a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en medio de la ola de protestas que encabeza a nivel nacional para exigir la derogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007, impulsada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

En esta ocasión, aseguró que es más violencia simular la existencia de diálogo y condenar desde un escritorio, que la agresión que protagonizó ayer un grupo de personas encapuchadas en la sede de la Secretaría de Gobernación (Segob). Las y los inconformes lanzaron objetos y golpearon el acceso principal del edificio ubicado sobre la calle Bucareli.

El ataque se atribuyó de forma preliminar a integrantes de la CNTE y no se había confirmado oficialmente su participación, ya que las personas involucradas en los hechos mantenían el rostro cubierto. Sin embargo, hoy la organización sindical afirmó que "lo que desde el poder se señala como 'violencia' no es otra cosa que la digna respuesta de una clase trabajadora que, una vez más, ha sido ignorada y despreciada".

"Mientras la Secretaría de Gobernación y la SEP [Secretaría de Educación Pública] lanzan llamados a la paz y al diálogo 'respetuoso', el magisterio democrático ha resistido más de veinte días de indiferencia, silencio y simulación institucional", denunció en un posicionamiento.


Asimismo, cuestionó por qué si las autoridades federales "condenan la expresión rebelde del magisterio", no hacen lo mismo con la violencia estructural que deja a sus miembros sin una pensión digna o con "la violencia de haber impuesto un régimen de explotación laboral tecnocrática como la USICAMM [Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros]".
"¿Por qué no condenan la violencia de décadas que margina a nuestras comunidades, que mantiene a niñas y niños con hambre en las aulas, sin libros, sin pupitres, sin futuro?", añadió la CNTE.
En su boletín, sostuvo que "citar a [Benito] Juárez no basta para ocultar la impunidad con la que se sigue explotando al pueblo". "Si realmente creen en la razón y el derecho, entonces escuchen al magisterio y atiendan sus demandas sin burla ni demora", exhortó.
"Decir que el magisterio ejerce violencia es una falacia: ningún funcionario ha sido agredido, ningún miembro del Gabinete ha sido dañado", argumentó la Coordinadora Nacional.


"¿Pero no es violencia mantener a miles de trabajadores bajo el desgaste del plantón, sin solución alguna? ¿No es violencia mantener cerradas las puertas del diálogo real mientras se condena desde un escritorio?", se preguntó.
De acuerdo con las y los docentes, "violencia es tener al pueblo trabajador sobreviviendo en la miseria mientras se predican promesas vacías desde tribunas oficiales", y "explotar al maestro, al campesino, al joven sin empleo ni educación, al pueblo entero mientras se acusa de radicalismo a quienes ya no están dispuestos a seguir agachando la cabeza".
"Lo verdaderamente violento no está en las calles, está en las decisiones que se toman desde el poder y que perpetúan la injusticia. Porque si nos condenan por resistir, no es por lo que hacemos, sino por lo que representamos: la fuerza organizada del pueblo que ya no está dispuesto a callar", subrayó la CNTE.
"¡Ni silencio ni simulación: exigimos solución! ¡Abrogación de la Ley del ISSSTE 2007 y la Ley Educativa Laboral Peña-AMLO! ¡UNIDOS Y ORGANIZADOS, VENCEREMOS!", finalizaron las y los maestros.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La Policía Auxiliar de CdMx se encargará de vigilancia en museos del INAH: Sheinbaum

Después de los problemas con la licitación de seguridad, Claudia Sheinbaum anunció que la Policía Auxiliar asumirá la vigilancia en los museos del INAH, lo cual permitiría su reapertura inmediata.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este jueves que todos los museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) reabrirían hoy, luego de que se resolviera el tema de la seguridad.

La mandataria federal explicó que el cierre temporal se debió a un retraso en la adjudicación de la licitación para el servicio de vigilancia, pero tras dialogar con el director del INAH, Diego Prieto, se acordó una solución inmediata.
“Hubo un problema ahí en el tiempo de adjudicación de la licitación que tuvieron en seguridad; ayer vimos el tema y hablamos con Diego, y todo de inmediato se abre”, señaló Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina.


Ante la consulta sobre quién se encargará de la vigilancia, la titular del Ejecutivo precisó que será la Policía Auxiliar de la Ciudad de México la responsable de la seguridad en los recintos tras descartar el uso de seguridad privada.

La Secretaria de Cultura celebra reapertura

Claudia Curiel de Icaza, Secretaria de Cultura, anunció este jueves que el Museo Nacional de Antropología y el resto de recintos que forman parte de la red del INAH reanudaron actividades en su horario regular.
A través de su cuenta oficial de X, la funcionaria federal invitó al público a visitar estos espacios, entre los que se encuentran el Museo Nacional de Historia, el Museo de las Culturas del Mundo y el Museo de El Carmen.
“Ya están abiertos en su horario regular. Gracias por su comprensión”, escribió Curiel, junto a una imagen del Museo Nacional de Antropología que muestra algunas de sus piezas más emblemáticas, como la Piedra del Sol.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Con plantón, normalistas de Mactumactzá exigen justicia para Jesús Alaín, asesinado por la policía en Chiapas

Justicia para su compañero Jesús Alaín Vázquez es la exigencia de las y los estudiantes normalistas de Mactumactzá, Chiapas, que desde las 14 horas del pasado martes instalaron un plantón en el cruce del Paseo de la Reforma y la Avenida Insurgentes, en la Ciudad de México.

Alaín fue asesinado en los alrededores de la normal por policías de la Fuerza de Respuesta Inmediata Pakal (FRIP) el pasado 15 de mayo. Desde entonces, el estudiantado de Mactumactzá ha realizado protestas en Chiapas con el apoyo de otras escuelas de la Federación de Estudiantes Socialistas Campesinos de México (FECSM).

Ante la falta de respuestas por parte de la fiscalía de la entidad, las y los normalistas decidieron bloquear las dos avenidas más importantes de la capital para involucrar a las autoridades federales, particularmente a la presidenta Claudia Sheinbaum y al Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero, con quienes exigen una reunión. La falta de atención de los funcionarios les ha obligado a permanecer en el plantón por más de 24 horas.

Durante el homenaje con globos blancos que fue realizado en honor a Alaín la tarde del miércoles, ante la vista de cientos de capitalinos en plena hora pico, una joven normalista denunció en el micrófono: “Nos quitaron a un hermano, nos quitaron a un futuro maestro, quitaron a un maestro en el estado de Chiapas, que iba a ir a los lugares más recónditos de nuestro estado, aquellos lugares donde la inseguridad está más que vista, donde el gobierno no quiere que vayan los maestros para que no le quiten la venda de los ojos a la población”.

18 y 15 de mayo, dos fechas marcadas por la violencia policial

La violencia de la policía de Chiapas en contra de los normalistas de Mactumactzá no es un hecho aislado: el homicidio de Jesús Alaín ocurrió durante las jornadas previas a la movilización que las y los normalistas preparaban con motivo del cuarto aniversario de la detención de 95 de sus compañeros.

En aquella protesta del 15 de mayo del año 2021, cuando se manifestaban en contra de la aplicación en línea del examen de admisión a la normal -que excluiría a muchos aspirantes de escasos recursos y sin acceso a conexión a internet- la policía de Rutilio Escandón arrestó con violencia física y sexual a estudiantes, 74 mujeres y 21 hombres.

Las y los normalistas detenidos permanecieron en prisión durante meses, mientras que sus compañeros instalaron un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México. Tras su liberación, una severa persecución judicial fue emprendida en su contra.

A unos días de cumplirse cuatro años de esos hechos, agentes de la FRIP le quitaron la vida al joven Alaín.

“Nos empezaron a perseguir los pakales y en ese momento el chofer de nuestra unidad empezó a acelerar un poco” narró para Desinformémonos uno de los estudiantes “de repente la fuerza policíaca aventó gases lacrimógenos y tres balazos y es ahí donde fue el impacto que le causó la muerte a nuestro compañero”.

Las autoridades del Estado de Chiapas difundieron un vídeo de los hechos, captado por sus cámaras de seguridad, acompañada de una rápida versión oficial de los hechos: El joven cayó del vehículo.

El Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello cuestionó la versión de las autoridades y exigió que se investigue el probable uso indebido de gases lacrimógenos por parte de los policías de la FRIP que haya derivado en que el estudiante cayera del vehículo.

La violación a los protocolos de investigación por parte de la fiscalía local es otra de las denuncias del estudiantado “Tardaron más de tres días por ir a recoger las evidencias, que como estudiantes tuvimos que resguardar con el miedo de que los mismos policías, que se encuentran a pocos metros de la normal en un crucero las levantaran para dejar sin evidencia después de lo que pasó.”

El plantón en Reforma e Insurgentes permanecerá de forma indefinida mientras el grupo de normalistas que lo sostiene se encuentran a la expectativa de que las autoridades federales les confirmen una reunión que se llevaría a cabo el día de hoy.

En las primeras horas de este jueves estudiantes reportaron a Desinformémonos que un grupo de entre 50 y 60 motociclistas arribaron al plantón y comenzaron a hacer destrozos. En redes sociales, denunciaron estos hechos como un ataque por parte de un grupo de choque. No se reportaron estudiantes lesionados.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: AXEL HERNÁNDEZ.

Liberan a defensores de Santiago Mexquititlán detenidos y torturados por la policía de Querétaro

Los cuatro defensores de Santiago Mexquititlán que fueron detenidos arbitrariamente, golpeados y torturados por la policía de Querétaro la noche de este miércoles fueron puestos en libertad a las 22:40 horas, informó el Concejo Indígena de Gobierno de Santiago Mexquititlán, Amealco.

Entre las víctimas de la violencia policial se encontraba Estela Hernández, quien fue “detenida, torturada física y sexualmente” por elementos de la policía estatal, luego de que asistió al DIF de Amealco para exigir la libertad y el esclarecimiento de la detención de los otros tres defensores detenidos previamente, “ante lo cual elementos de la policía arremetieron contra ella ejerciendo actos de tortura física y sexual”, denunció la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida (Anavi).

La Anavi reportó que la agresión contra los defensores otomís se enmarca en el llamado del Concejo Indígena de gobierno de Santiago Mexquititlán a la próxima asamblea comunitaria en defensa del agua, convocada para el próximo 14 de junio en el pozo de Barrio cuarto.

De acuerdo con el Nodo de Derechos Humanos, los defensores Leonardo García y Jesús Torres fueron detenidos arbitrariamente por la policía y trasladados a las instalaciones del DIF de Amealco. La detención fue documentada en video por otro habitante, quien también fue detenido, y posteriormente Estela Hernández “fue agredida brutalmente y detenida” al solicitar información sobre sus compañeros.

Durante la detención, los integrantes del Concejo Indígena fueron incomunicados y víctimas de tortura, así como Hernández denunció la violencia física y sexual a la que fue sometida por la policía.

Los defensores del agua de la Asamblea responsabilizaron al gobierno estatal de Querétaro de la violencia contra los cuatro integrantes detenidos por la policía y denunciaron la operación del Estado mexicano que “despliega estrategias de represión en contra de los pueblos” que se organizan en defensa del agua y la vida.

Tanto los pueblos que integran la Anavi como la organización de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes condenaron “la criminalización, hostigamiento y represión” contra la comunidad de Mexquititlán y exigieron que la agresión no quede en la impunidad.


FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Congelan casi 6 millones de pesos a los Alegres del Barranco

La Fiscalía del Estado de Jalisco sumó una nueva línea de investigación por el posible delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita a las pesquisas que ya se realizaban por la presunta conducta de apología del delito tras diferentes presentaciones del grupo musical Los Alegres del Barranco y les efectuó el aseguramiento de un monto económico obtenido de las ganancias de uno de sus conciertos.

Se trata de la cifra de 5 millones 878 mil 179 pesos 93 centavos producto de las ganancias que la agrupación artística obtuvo de la presentación realizada en el auditorio TELMEX, hace un par de meses en el municipio de Zapopan, donde se interpretaron corridos en favor del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho.

La música en favor del capo fue acompañada con imágenes del apodado El señor de los Gallos, por lo que la Fiscalía investiga ahora la posibilidad de que las ganancias del concierto hubiesen sido ilícitas; es decir, que exista un presunto patrocinio criminal.

Tras el aseguramiento, se informó a la Dirección de Extinción de Dominio de la propia dependencia para que, de acuerdo con sus atribuciones y facultades, sustancie los procedimientos y ejercite las acciones correspondientes.

Los integrantes de Los Alegres del Barranco ya han acudido a declarar ante el Ministerio Público por esta y otras indagatorias más, siendo vinculados a proceso en un Juzgado de Control por apología del delito, junto con un promotor y un representante.

En total, se contabilizan cuatro presentaciones en distintos municipios donde pudo haberse repetido la interpretación investigada.

Actualmente los artistas enfrentan medidas cautelares como exhibir una garantía de 300 mil pesos por cada uno, presentarse a firmar ante el Juzgado en el complejo carcelario de Puente Grande, permanecer a disposición y no salir del estado de Jalisco sin autorización.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: LUIS CARLOS SÁINZ.

Juez ampara a Yarrington para no ser detenido… fuera de “El Altiplano”

Juan Pablo Cortés Torres, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal del Estado de México, con sede en Toluca de Lerdo, concedió una suspensión definitiva, el 5 de junio de 2025, a Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba -ex militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y gobernador de Tamaulipas, del 5 de febrero de 1999 al 31 de diciembre de 2004-, para no ser detenido, ni sujeto a prisión preventiva, por la más reciente orden de aprehensión librada en su contra.

Relacionada con la compra de la Isla Frontón, frente a las costas de Veracruz, con dinero de supuestos sobornos del Cártel del Golfo (CDG), ante la orden de aprehensión librada en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, librada el 24 de febrero de 2024, por Raquel Duarte Cedillo, titular del Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca de Lerdo.

Sin embargo, mientras Yarrington Ruvalcaba estuviera preso en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, “El Altiplano” -ubicado en el municipio de Villa de Almoloya de Juárez, Estado de México-, la Fiscalía General de la República (FGR) podría ejecutarle dicha orden de captura en cualquier momento.

“En ese sentido, se concede la suspensión definitiva para los siguientes efectos: para que una vez obtenga su libertad, no sea privado de su libertad personal, única y exclusivamente, por lo que respecta al proceso judicial que se sigue en su contra radicado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en esta ciudad, bajo el número de proceso 34/2024, independientemente del delito que se le impute”, determinó Cortés Torres.

“No podrá ser privada de su libertad la persona quejosa aun cuando comparezca ante el juez de la causa para la continuación del proceso penal, y éste le imponga medida cautelar de prisión preventiva, ya que esta no podrá ejecutarse pues el promovente está a disposición de este juzgador por cuanto hace a su libertad personal”, agregó el titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal del Estado de México, con sede en Toluca de Lerdo.

Asimismo, Cortés Torres fijó un pago de una garantía de 500 mil pesos al ex gobernador tamaulipeco, para mantener vigente dicha protección judicial por tiempo indefinido, contra la orden de captura librada por Duarte Cedillo.

En esta causa penal, la FGR acusaba a Yarrington Ruvalcaba de presuntamente adquirir con dinero de sobornos del CDG, un yate, tres ranchos, predios rústicos y la Isla Frontón, en Veracruz, además de 3 mil 500 bienes del menaje en dichos inmuebles, a través del supuesto testaferro Antonio Peláez Pier, un empresario que fue dueño de los Gallos Blancos de Tampico Madero, club de fútbol que luego cambió su sede a la ciudad de Querétaro.

La suspensión fue dictada por Cortés Torres, en una demanda de amparo interpuesta por el ex mandatario estatal de Tamaulipas, representado por el despacho Nassar, Nassar y Asociados. El juez basó su resolución en una jurisprudencia emitida en abril de 2025, por el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, que avaló que siguieran concediéndose suspensiones que impidieran las capturas por delitos con prisión preventiva de oficio, ya que la reforma de supremacía constitucional no se hizo sobre los artículos de la Carta Magna que regulaban los amparos y las suspensiones.

Yarrington Ruvalcaba ingresó, a las 17:58 horas del 9 de abril de 2025, a “El Altiplano”, a bordo de una camioneta blanca, escoltada por tres vehículos y 15 elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la Fiscalía General de la República.

El ex mandatario estatal tamaulipeco fue puesto a disposición, el 10 de abril de 2025, de Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca de Lerdo.

Asimismo, Yarrington Ruvalcaba comparecería, el mismo día, en las audiencias de declaración preparatoria ante los Juzgados Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Tamaulipas, así como el Cuarto de Distrito en Materia Penal de la capital mexiquense.

En estos órganos jurisdiccionales se encontraban radicadas las tres órdenes de aprehensión que fueron libradas en contra del ex gobernador, por delitos contra la salud, delincuencia organizada y lavado de dinero en distintas modalidades.

Desde una rejilla de prácticas del interior de “El Altiplano”, en dichas diligencias, Yarrington Ruvalcaba tendría la opción de rendir su declaración preparatoria ante la autoridad judicial o reservarse el derecho a rendir su testimonio.

El ex gobernador fue trasladado, vía aérea, el 9 de abril de 2025, a la Ciudad de México, bajo custodia de elementos de la Fiscalía General de la República, tras ser entregado por las autoridades de Estados Unidos, a sus homólogos mexicanos.

La entrega del ex mandatario estatal tamaulipeco -quien fue liberado, el 3 de julio de 2024, según la información que arrojaba una búsqueda con el número de registro 39549-479, de la Agencia Federal de Prisiones​ (BOP, por sus siglas en inglés), del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés)- se realizó a las 12:20 horas (tiempo del Centro de México), a través de la frontera terrestre entre San Diego, California, y Tijuana, Baja California.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Pemex es responsable de uno de cada 3 sitios contaminados en Áreas Naturales Protegidas; llevan más de 10 años sin atender

En México hay 46 sitios contaminados dentro de áreas destinadas a la protección de la biodiversidad, los cuales tienen hasta 17 años sin ser atendidos y suman un área de 80 mil metros cuadrados.

Pemex es responsable por los derrames que corresponden a una tercera parte de los sitios contaminados que invaden 18 Áreas Naturales Protegidas (ANP) en México, un total de casi 65 mil metros cuadrados de hidrocarburos que infectan los suelos de zonas destinadas a preservar la biodiversidad del país.

En México, existen 232 ANP federales, de las cuales 18 tienen al menos un sitio contaminado en su interior. Dentro de ellos hay 46 sitios que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha identificado como espacios contaminados, y 16 de ellos fueron a causa de derrames de Pemex Exploración y Producción o Pemex Refinación.

Cada uno de los puntos de contaminación a manos de la paraestatal mexicana tuvieron afectaciones desde los 24 metros cuadrados y hasta de casi 38 mil metros cuadrados, pero en conjunto suman casi 65 mil metros cuadrados de suelos infectados de hidrocarburos.

Los sitios se encuentran en la Cuenca del Río Necaxa, Cañón del Río Blanco, el Corredor Biológico Chichinautzin, la Cuenca Don Martín y los Pantanos de Centla.

Pemex ha presentado ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), autoridad competente en manejo de hidrocarburos, los planes de remediación para 15 de los 16 puntos, pero todos menos uno de estos sitios fueron identificados como contaminados desde hace al menos 10 años y no han sido descontaminados a la fecha de hoy.

Animal Político solicitó a Pemex una postura sobre sus trabajos de remediación para eliminar la contaminación en estos sitios de conservación, pero no recibió respuesta al momento de esta publicación.

En cuanto a ASEA, la institución señaló que ha aprobado 14 planes de remediación por contaminación de hidrocarburos en estas 5 Áreas Nacionales Protegidas. En el caso particular de los Pantanos de Centla, agregó, se encuentra en la etapa del Muestreo Final Comprobatorio, por lo que se espera pronto realice el trámite de Conclusión del Programa de Remediación.

“La ASEA se mantiene pendiente de los sitios por remediar, registrados en el Inventario Nacional de Sitios Contaminados de la SEMARNAT y en el ámbito de sus atribuciones aprobará o no la Conclusión del Programa reportado por el Regulado, de aquellos sitios pendientes de remediación”, resaltó.


Zonas de protección de biodiversidad, contaminadas y sin remediación

En el país, hay 232 Áreas Naturales Protegidas (ANP), las cuales representan 98 millones de hectáreas de suelo nacional. Son espacios marítimos o de suelo bajo protección especial del Gobierno federal para conservar a la fauna y flora nativa de esos sitios, incluyendo especies en peligro de extinción o que estén bajo algún riesgo.

Mediante una revisión del inventario de sitios contaminados de la Semarnat, este medio pudo constatar que 18 de estas áreas tienen al menos un sitio contaminado dentro de ellas. Este conteo propio no contempla los sitios contaminados que se encuentran cerca de las Áreas Naturales Protegidas, pero ya fuera del polígono delimitado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

En conjunto, el área afectada de estos 46 puntos es de 80 mil 463 metros cuadrados, mientras que en volumen corresponde a 101 mil 742 metros cúbicos de suelo infectado. 

Animal Político también buscó a la Conanp sobre las medidas que ha tomado para la remediación de estos espacios, a lo cual contestó: “Cada que se detecta un posible ilícito ambiental, se elabora la correspondiente denuncia a la PROFEPA y se les da el seguimiento a estas, conforme a lo que resulte de las indagaciones de la procuraduría”.

“En la Conanp, se trata de evitar que haya sitios contaminados dentro de sus áreas naturales protegidas que sean producto de actividades mineras, agropecuarias, forestales y que pongan en riesgo a sus comunidades, a la flora y la fauna, así como de sus ecosistemas. En caso de que sean detectados se siguen planes, acciones y programas de restauración. La Conanp se apega al Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados vigente y se coordina con las dependencias involucradas”, añadió.

Hidrocarburos y químicos manchan 18 zonas protegidas

En el sureste de México, la Laguna de Términos, Pantanos de Centla y la Reserva de la Biosfera de La Sepultura son los sitios afectados.

En la zona centro y oriente del país, se trata de la Reserva de la Biósfera Zicuirán-Infiernillo, el Cañón del Río Blanco, el Corredor Biológico Chichinautzin, la Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa, la Sierra Gorda y la Sierra Gorda de Guanajuato, la Peña Colorada, la Sierra de San Miguelito, el Parque Nacional Gogorrón y la Sierra de Álvarez. 

En el norte del país, las ANP afectadas son el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, la Cuenca Don Martín, Tutuaca, el Papigochic y la Reserva de la Biosfera Janos.

Los contaminantes son, en su mayoría, hidrocarburos; aunque también se registraron casos de afectación por sustancias químicas, y metales y metaloides.

Contaminación data desde hace 17 años

Algunos de los sitios contaminados dentro de las Áreas Naturales Protegidas fueron detectados desde el 2008, pero a la fecha siguen registrados como un espacio que no ha sido remediado. 

Los dos primeros derrames fueron de hidrocarburos y se produjeron en dos zonas distintas: uno en la Cuenca del Río Necaxa y otro en el Puerto Industrial Pesquero Isla del Carmen, dentro de la Laguna de Términos. Aunque tienen programas de remediación aprobados, no se ha erradicado la contaminación.

De los 46 sitios contaminados identificados, nueve de ellos no tienen un programa de remediación aprobado, el cual es un requisito para emprender acciones para eliminar el contaminante del suelo.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TAMARA MARES.

INE recibe 29 denuncias contra los “acordeones” durante la elección judicial

Además de las 29 denuncias, 77 candidatos que aparecían en los "acordeones" se deslindaron de su elaboración y difusión durante la jornada electoral.

El Instituto Nacional Electoral (INE) recibió 29 denuncias sobre los llamados “acordeones” durante la elección judicial; además, al menos 77 candidatos y candidatas que aparecían en dichas listas se deslindaron de su producción y difusión.

En conferencia, la presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, Rita Bell López, y el encargado de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE), Hugo Patlán Matehuala informaron que del total de quejas, cuatro casos corresponden a dominios de internet que difundían contenidos con formas de votar a favor de algunas candidaturas.

Hasta el momento, dos de ellos fueron cancelados, uno se modificó y el cuarto aún se puede consultar.

Tras recibir las denuncias, la comisión dio vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto, como a la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL) y a la Fiscalía General de la República (FGR) para que realicen las indagatorias.

El INE agregó que 77 candidatos y candidatas se deslindaron sobre su posible participación en la difusión de los “acordeones”.

“Con el deslinde, la persona involucrada ‘no está exculpada, ni es culpable’, solamente se incorpora en el expediente, se revisan las pruebas que existan y puede ser culpado o inculpado”, dijo Patlán Matehuala.

Sobre las acciones que le corresponden al Instituto, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral continuará la investigación y en su momento, remitirá el expediente a la Sala Regional Especializada de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, informaron en un comunicado.

Solicitan 184 medidas cautelares durante proceso de elección judicial

De acuerdo con el INE, en el marco del Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación, el instituto recibió 184 solicitudes de medidas cautelares.

Del total, 153 corresponden a Procedimientos Especiales Sancionadores relacionados con propaganda, equidad en la contienda, entre otros, y 31 en materia de Violencia Política contras las Mujeres en Razón de Género.

Asimismo, se detalló que las principales denuncias que se presentaron fueron por afectación a los principios de neutralidad e imparcialidad de personas servidoras públicas; participación en foros y debates sin cumplir con los requisitos normativos; violencia política contra las mujeres en razón de género; posible inducción al voto mediante los llamados “acordeones” y contratación o adquisición de tiempo en radio y televisión.

También, actos anticipados de campaña; contratación de propaganda en redes sociales e internet; encuestas y difusión de propaganda electoral que hace referencia a la identidad a un partido o fuerza política; propaganda electoral en equipamiento urbano y vulneración a la veda electoral.

Difunden acordeones en plena jornada electoral: Morenistas, los más beneficiados

El 1 de junio Animal Político documentó que acordeones impresos en lonas, colocados en postes cercanos a las casillas, así como versiones físicas y digitales portadas por votantes al momento de emitir su sufragio por ministros, magistrados y jueces, marcaron la jornada de la primera elección judicial en el país. La mayoría de ellos a favor de perfiles morenistas.

En CDMX se distribuyeron digitalmente acordeones en los que coincidían las candidatas y candidatos a ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial o de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pero variaban en las boletas federales para magistrados de circuito y jueces de distrito, y en las de candidatos locales.

En otras ciudades como Cancún, Quintana Roo, incluso se documentó la entrega de “acordeones” comestibles, los cuales estaban impresos en una oblea.

Las boletas comestibles fueron utilizadas como un mecanismo para instruir a votantes sobre por quién emitir su sufragio y luego eliminar evidencia al ingerirlas. Esta práctica tuvo como finalidad incidir en la elección de jueces y magistrados, constituyendo una violación al proceso democrático.

Avance de cómputos en elección judicial

Con corte a las 17:00 horas, el avance de los cómputos por tipo de elección para la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es de 84 mil 151 actas computadas, representando un 99.86% de avance total para esta elección.

En tanto, para la elección de magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, se han registrado 80 mil 954 actas computadas, un 96.06% de representación.

Por su parte, a la elección de magistradas y magistrados para la Sala Superior del Tribunal Electoral se han contabilizado 57 mil 532 actas computadas lo que representa un 68.27% de avance.

En las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 36 mil 289 actas se han registrado y representa un 43.21%.

Para el Tribunal Colegiado de Circuito, 10 mil 400 actas computadas se han registrado, representa el 12.38% de avance total para esta elección.

Y para la elección de Juzgados de Distrito, solo se han contabilizado 995 actas computadas, representando un 1.18%.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Quema de material electoral y actos vandálicos impiden cómputos en cinco municipios de Veracruz

“En algunos casos ya no se cuenta con los paquetes. Por ejemplo, en Acatlán falta uno; en Hidalgotitlán se perdieron varios; y en Tlalnelhuayocan todos fueron destruidos por actos vandálicos”, declaró la consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral.

La quema de material electoral y los actos vandálicos registrados tras la jornada del domingo 1 de junio, han impedido el inicio de los cómputos en al menos cinco municipios de Veracruz, informó el Organismo Público Local Electoral (OPLE). 

La consejera presidenta del organismo, Marisol Delgadillo Morales, detalló que los municipios afectados son Tuxtilla e Hidalgotitlán en el sur del estado; Mecatlán en el norte; así como San Andrés Tlalnelhuayocan y Acatlán en la zona montañosa central, donde se registraron desde la pérdida parcial hasta la destrucción total de paquetes electorales.

“En algunos casos ya no se cuenta con los paquetes. Por ejemplo, en Acatlán falta uno; en Hidalgotitlán se perdieron varios; y en Tlalnelhuayocan todos fueron destruidos por actos vandálicos”, declaró. 

Además de la pérdida de documentación, en algunos consejos municipales se han presentado manifestaciones que dificultan el desarrollo de los cómputos. Delgadillo advirtió que estas concentraciones podrían retrasar o impedir el trabajo de los consejos locales. 

Por estos hechos de violencia se presentaron cuatro denuncias penales por los hechos violentos registrados en Tuxtilla, Hidalgotitlán, San Andrés Tlalnelhuayocan y Mecatlán. En estos municipios se reportaron agresiones, daños a inmuebles y quema de paquetes electorales, así como de documentación oficial. 

En cuanto al avance de los cómputos, Delgadillo Morales indicó que en 48 municipios donde la diferencia entre el primer y segundo lugar es menor al 3 por ciento, se podría ordenar un recuento total de votos, dependiendo del número de casillas instaladas y las incidencias registradas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FLAVIA MORALES.

FGR se deslinda de Gertz Manero por afirmación de montaje en caso Florence Cassez

Después de que el fiscal Gertz Manero reconoció públicamente que el caso contra Florence Cassez fue un montaje, el IFDP solicitó cancelar el proceso penal contra Israel Vallarta, expareja de la francesa, pero la FGR negó la solicitud y desconoció las declaraciones de su titular.

La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que las declaraciones del fiscal Alejandro Gertz Manero de que el caso Florence Cassez fue un montaje, no son oficiales y rechazó desistir del juicio por secuestro contra Israel Vallarta, expareja de la francesa. 

El pasado 25 de marzo, Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, reconoció públicamente en la conferencia matutina que la acusación contra la francesa Florence Cassez fue un montaje.

“Mire, el caso de Florence Cassez fue un montaje. La presencia de ustedes fue una muestra de transparencia. Esa es la diferencia. Gracias”, expresó Geertz Manero tras los cuestionamientos de un periodista por la comparación del Caso Cassez y el Rancho Izaguirre. 

Ante esto, el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) solicitó al ministerio público federal iniciar el trámite para cancelar el proceso penal contra Israel Vallarta, expareja de la francesa, debido a que el propio titular de la FGR había reconocido que el caso era un montaje. 

Sin embargo, la FGR, a través de un oficio fechado el 28 de mayo, negó la solicitud del IFDP y desconoció las declaraciones de su titular.  

“No debe perderse de vista el hecho de que, si bien el titular de la institución ministerial realizó un comentario en la conferencia mañanera al responder el cuestionamiento de un periodista sobre hechos diversos suscitados en el estado de Jalisco, esto no debe ser tomado como un posicionamiento oficial de la Fiscalía General de la República, puesto que no constituye una declaración oficial como erróneamente se ha malinterpretado, ya que de manera tendenciosa el periodista abordó el tema”, enfatizó la FGR en el oficio al que Proceso tuvo acceso. 

Vallarta fue detenido en 2008, junto a Florence Cassez (en aquel momento su pareja sentimental), acusado de pertenecer a “Los Zodiacos”, una banda dedicada al secuestro en la Ciudad de México. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó liberar a Florence Cassez en 2013 por violaciones al debido proceso y el efecto corruptor en las pruebas presentadas.  

Sin embargo, Israel Vallarta lleva preso 19 años y 5 meses sin sentencia por los hechos del caso Cassez. 

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ETHAN BALANZAR.

Bertha Alcalde designa a nuevo coordinador de formación profesional de la FGJCDMX

La Fiscalía capitalina informó que el nuevo titular del órgano desconcentrado tendrá la facultad de revisar los procesos de reclutamiento, selección e ingreso de aspirantes a Policías de Investigación (PDI), agentes del Ministerio Público y peritos.

La fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, designó a Jorge Adrián Gómez Carreño, como nuevo coordinador del Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores (IFPES), que ofrece especialización técnica y científica a las personas servidoras públicas encargadas de investigar y perseguir delitos. 

En un comunicado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el nuevo titular del órgano desconcentrado tendrá la facultad de revisar los procesos de reclutamiento, selección e ingreso de aspirantes a Policías de Investigación (PDI), agentes del Ministerio Público y peritos.

En un comunicado, la institución precisó que Gómez Carreño tendrá también la tarea de actualizar los planes y programas educativos del IFPES: “Priorizando la capacitación y profesionalización, no solo del personal sustantivo, sino también del administrativo, al considerar que ambos son fundamentales para el adecuado ejercicio de la acción penal y procesal”.  

Además, deberá proponer y promover criterios institucionales en materia del Servicio Profesional de Carrera: “Con el fin de garantizar el ascenso basado en el desempeño y la preparación de cada persona”.  

La Fiscalía capitalina precisó que la visión del nuevo titular se empareja con el Plan de Trabajo 2025-2029, que presentó Alcalde Luján para afianzar una institución más profesional, cercana, transparente y orientada a resultados.  

Al recibir su nombramiento, Gómez Carreño declaró: “Buscamos, por instrucciones de la fiscal general, consolidar al Instituto como un referente académico y de capacitación en el ámbito de la procuración de justicia”.  

¿Quién es Jorge Adrián Gómez Carreño?

El nuevo funcionario es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Además, cuenta con una maestría en Juicios Orales, así como en Seguridad Pública y Políticas Públicas, y es egresado del Programa de Liderazgo para Visitantes Internacionales del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. 

En su experiencia en el servicio público, cuenta con trayectoria en diversos cargos en la Fiscalía General de la República (FGR), entre los que destacan desempeño como agente del Ministerio Público Federal en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales y como subdirector en la Dirección de Investigación y Extensión Académica de la Dirección General de Formación Profesional.  

Durante nueve años, fue director general de Formación y Servicio Profesional de Carrera en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, donde también estuvo al frente del Instituto de Formación Profesional estatal.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: XIMENA AROCHI.

“Que un indígena presida la Corte no significa que vaya a defender las causas”: consejo de pueblos originarios sobre Hugo Aguilar

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) señaló que la deuda histórica continúa con las comunidades originarias, pues la elección judicial discriminó a jueces nombrados por usos y costumbres al no considerar los sistemas de justicia ancestrales.

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) se pronunció sobre el abogado Hugo Aguilar, quien se perfila para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y señaló que, aunque una persona indígena asuma el cargo, eso no significa que defenderá las causas de las comunidades originarias.

“Informamos a los pueblos, que el hecho de que un indígena presida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no significa que vaya a defender las causas de las comunidades originarias”, sentenció el consejo en un comunicado sobre la deuda histórica que persiste con ellos en medio de la aplicación de la reforma judicial y la elección de personas juzgadoras que se llevó a cabo el pasado 1 de junio.

“Recordemos como Benito Juárez impulsó la desamortización de los bienes de las comunidades, lo que significó el despojo de tierras comunales y que miles de indígenas y campesinos se convirtieran en peones explotados rapazmente por las grandes haciendas”, añadió.

“No hay nada que celebrar”: consejo indígena señala discriminación por elección judicial

El consejo constituido por autoridades tradicionales de 70 comunidades de Michoacán señaló que a pesar del discurso oficial de la reforma judicial y la elección de jueces, magistrados y ministros, la deuda histórica continúa con los pueblos originarios debido a que no consideraron su cultura, organización ni sus sistemas de justicia ancestrales.

Aseveró que la reforma al Poder Judicial no se consultó de forma apropiada con los pueblos indígenas en Michoacán, pues no hay una acta de Asamblea General para verificar que se llevó a cabo una consulta “previa, libre e informada sobre las implicaciones de las reformas constitucionales que restructuraron el poder judicial, transgrediendo el derecho a la consulta sobre medidas legislativas que nos afectan”.

Refirió que la reforma y la elección judicial discriminó a jueces nombrados por usos y costumbres al no considerar los sistemas de justicia ancestrales que existen en las comunidades originarias, como es el caso de Michoacán, donde hay más de 200 juzgadores tradicionales que no son reconocidos, pero que cada día resuelven diversos asuntos, entre ellos problemas territoriales, familiares, civiles y de delitos menores.

Añadió que alrededor de 20 comunidades no permitieron la instalación de casillas para el pasado 1 de junio como parte de su autonomía y libre autodeterminación.

“En perspectiva histórica, no hay nada que celebrar, la deuda con la justicia de los pueblos indígenas continúa”, concluyó.

Hugo Aguilar aparecía en acordeones distribuidos por Morena

Hugo Aguilar, un abogado mixteco, hizo campaña para ministro con la frase “ya nos toca” y se comprometió con la justicia ambiental y de las comunidades indígenas, pero desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) coordinó consultas para los megaproyectos prioritarios del expresidente Andrés Manuel López Obrador sin cumplir con los estándares internacionales de Derechos Humanos.

Aguilar fue propuesto como candidato a la Corte por el Poder Ejecutivo y recibió el apoyo público de Claudia Sheinbaum.

El 22 de febrero, antes del inicio formal de las campañas, pero ya con las listas de candidatos publicadas por los comités de evaluación, la mandataria expresó su respaldo, sin decir su nombre. “Queremos que un indígena llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo. Hugo Aguilar Ortiz fue el único aspirante indígena.

Durante las campañas, su nombre y su número, el 34, coincidían en primer lugar en los acordeones impresos y digitales que fueron distribuidos de forma masiva para favorecer a candidatas y candidatos morenistas. La operación dio resultado.

Ahora, el funcionario del gobierno morenista no sólo se perfila para llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también para presidir el máximo tribunal del país.

Con el 99.89 % de las actas computadas, Hugo Aguilar sumaba este miércoles 6 millones 131 votos, mientras que la ministra Lenia Batres registraba 5.7 millones.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Organizaciones promueven la liberación de mujeres del Cefereso 16 sentenciadas por delitos de drogas sin pruebas

Una decena de mujeres, entre ellas Lidia y Eréndira, han sido liberadas del Cefereso 16 mediante un mecanismo promovido por organizaciones civiles; más de 40 internas podrían verse beneficiadas con una liberación anticipada.

Lidia tiene 24 años y es mamá soltera; proviene de una familia de escasos recursos. Sus hijas tienen 7 y 9 años. Vivía con su mamá, su papá y sus dos hermanos, además de sus hijas, en un departamento de un cuarto en Pénjamo, Guanajuato, antes de ser encarcelada en el Cefereso 16. Invertía su semana completa en trabajar su estética.

Aunque ahí obtenía recursos suficientes para aportar al hogar, no siempre le garantizaban comida para toda su familia o para pagar las necesidades escolares de sus hijas. El 2 de marzo de 2022 la acusaron falsamente de cometer un delito y la enviaron a prisión. Su detención ocurrió por haber estado en “el lugar y momento equivocado”, una fiesta a la que salió aquella noche.

Elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron en el lugar a dos hombres y dos mujeres. Lidia, además, se enfrentó a la violencia que se ejerció para someterla y golpearla. Su abogado de oficio nunca le explicó lo que estaba ocurriendo y le recomendó firmar una declaración que la hacía responsable. Nunca recibió una explicación clara por parte de su defensor, permaneció más de dos años en prisión preventiva y el 6 de octubre de 2023 la sentenciaron por el delito de posesión bajo la recomendación de su abogado.

Hasta hace una semana, Lidia trabajaba en la “industria” del Cefereso 16, para enviarle a su mamá el dinero que ganaba, destinado a los gastos de sus hijas. Gracias a la campaña de fondeo “Libéralas”, pudo acceder a un beneficio y recuperar su libertad el pasado 26 de mayo. Si no hubiera sido por eso, una multa de solo 16 mil pesos, con los que no contaba, la habría atado a permanecer otros tres años en prisión injustamente.

A la campaña que permitió la liberación de Lidia le antecede un mecanismo impulsado por organizaciones de la sociedad civil para rastrear y detectar a mujeres privadas de la libertad susceptibles de ser beneficiarias de una libertad anticipada. Con ello, buscan visibilizar los obstáculos y problemáticas que enfrentan esas mujeres, muchas de ellas encarceladas sin sentencia o sin haber cometido algún delito.

CEA Justicia y Elementa DDHH se propusieron reunir sus saberes –el trabajo directo en reclusorios y la investigación, respectivamente– para hacer una evaluación de mujeres que se encontraran en este caso, con ayuda del órgano penitenciario, empezando por el Cefereso 16, que en los últimos años ha representado un punto de interés específico debido a las muertes de mujeres que se han documentado al interior.

En entrevista, Renata Demichelis, de Elementa DDHH, explica que mediante el estudio de estos casos, las organizaciones detectaron que en muchos, como el de Lidia, su encarcelamiento injustificado o sin el proceso adecuado, se debe a que los defensores públicos suelen sugerirles declararse culpables con el fin de que accedan a un proceso abreviado, no estén mucho tiempo en prisión preventiva y  puedan negociarse reducciones de pena o la sentencia mínima. De acuerdo con la organización, más de mil 900 mujeres en prisión por delitos de drogas enfrentan violencia y fallos en el sistema judicial.


El mecanismo arrancó en el Cefereso 16 y contempla todas las oportunidades que las distintas leyes permiten para que una persona pueda obtener su libertad anticipada, en el caso de sentenciadas. La vinculación con el órgano penitenciario llevó a las organizaciones a poder ingresar al centro penitenciario, entrevistar a poco más de 50 mujeres que permanecen ahí por delitos contra la salud, particularmente posesión y transporte de sustancias, con el fin de identificar también cómo habían sido sus detenciones, si habían tenido defensas adecuadas y cuál era el estatus de su sentencia. 

Con ello, analizaron a cuáles beneficios de preliberación podían acceder. La idea es hacer sostenible el mecanismo para que, por un lado, perdure en el tiempo, y por otro, pueda replicarse en otros centros de reclusión. A las conversaciones se sumó posteriormente la Secretaría de las Mujeres, explica Demichelis, sobre todo para el proceso de liberación, y regreso seguro y digno. La participación se complementa con representantes directos de la Secretaría de Gobernación y de la Consejería Jurídica. 

Dado que las organizaciones no representan legalmente de manera directa a las mujeres y no cuentan con acceso a sus expedientes, las autoridades compartieron una lista de quienes identificaron que podían ser liberadas. Elementa DDHH y CEA Justicia continuaron el proceso con las entrevistas y el análisis jurídico de los beneficios que existen, precisa Demichelis, al tiempo que generaron el trámite de solicitud de las liberaciones anticipadas.

Luego de entrevistar a poco más de 50, alrededor de 42 eran susceptibles de obtener un beneficio y 19 podían ser liberadas casi de manera inmediata. “Los diferentes beneficios implican que tienen que cumplir ciertos requisitos y cada beneficio son distintos, pero en general son buena conducta, que sean primo delincuentes, obviamente que los delitos estén en un catálogo de delitos que se permite que accedan a este tipo de beneficios, pero por ejemplo, también que cumplan con los pagos que tienen de fianza, multa o reparación. En el caso de los delitos de drogas no hay reparaciones porque son delitos que no tienen víctimas”, señala la especialista. 

En muchos casos, pese a cumplir el resto de los requisitos, si no tienen para pagar las multas, que sí existen –como en el caso de Lidia—, no pueden ser liberadas. En otros casos, una vez prescritas las multas, ya podía obtenerse la liberación con un simple trámite. Así fueron liberadas las primeras nueve mujeres.

Entre ellas, para algunas se logró el pago de las multas mediante un particular. Cinco mujeres más que ya se había identificado que cumplían plenamente todos los requisitos y además fueron encarceladas injustamente, requerían solo el pago de la multa. Ellas dieron vida a la campaña de fondeo “Libéralas”.

Un regreso digno y seguro a casa

Eréndira, liberada junto con Lidia la semana pasada, nació en Michoacán. Se dedicaba a la pizca de limón en el campo. Vivía con sus cinco hijos, la más chica de 14 años, seis nietos y tres hermanas. 

También de escasos recursos y ante la precariedad del trabajo agrícola con pagos de menos de 3 mil pesos mensuales, no tenía suficiente dinero para cubrir las necesidades de comida, ropa y calzado de su familia. El 20 de abril de 2018 fue detenida por policías municipales en Guerrero. No le explicaron las razones, no pudo hablar con su defensor de oficio y nunca había tenido acceso a su expediente. Eréndira tiene dificultades para leer y escribir.

Fue privada injustamente de su libertad durante 6 años y 9 meses en el Cefereso 16. Luego de ser detenida junto con otras tres mujeres, se le sentenció sin pruebas a 13 años 10 meses y 15 días por supuesta posesión de marihuana y cartuchos. Desde antes de ser liberada, sabía que al salir quería conseguir trabajo, continuar sus estudios y cumplir su sueño de ser maestra de kinder. Para ella, la educación es una manera de reparar la violencia en el país.

Pero el regreso y la reinserción después de la liberación no siempre es fácil. “Una de las cosas que tiene nuestro sistema de justicia es que a pesar de que tiene como objetivo la reinserción social, una vez que salen las personas de la cárcel no hay nadie que les garantice un regreso a casa seguro, unas condiciones que les permitan reinsertarse y retomar; les abren la puerta y les desean buena suerte”, sostiene Demichelis.

Además, en el caso de un centro penitenciario como el Cefereso 16, que es federal, hay personas privadas de la libertad originarias de toda la República. Con un simple “suerte”, tienen que regresar a la sierra de Guerrero, de Chihuahua, o algún poblado de Chiapas, con el riesgo y el costo que implica, sin forma de comunicación e incluso, posiblemente, de identificación. Por eso, la campaña “Libéralas” fue pensada para financiar las multas, pero también el regreso digno y seguro a casa. 

“Nosotras hicimos un estimado, ya también conociéndolas a ellas, sus lugares de origen o a donde quieren regresar, porque no todas quieren regresar a su lugar de origen por condiciones de seguridad o lo que sea; hicimos un estimado para cubrirles los traslados, por ejemplo, revisiones médicas, una semana de alimentos para que puedan por lo menos tener esa seguridad en lo que buscan empleo, se establecen nuevamente con sus familias, y para poder también pagarles traslados a recuperar documentos, o muchas veces las preliberaciones se dan bajo la condición de que tienen que regresar a firmar mes con mes”, explica. 

Con los 90 mil pesos que ya llevaban recaudados de los 250 mil que contempló la campaña, el viernes 23 de mayo se pagaron las multas para las liberaciones de Lidia y Eréndira, que se hicieron efectivas el lunes 26 de mayo, después de la audiencia respectiva. Ellas ya están de regreso a casa, pero Luna, Margarita y María Isabel aún esperan correr con la misma suerte. 

“Ojalá lo que haga sea fomentar nuevas donaciones como de ‘sí funciona’, ya se está materializó la libertad de cinco mujeres”, desea Demichelis. Los casos de mujeres sentenciadas injustamente les permitieron, además, identificar ciertas características similares entre ellas: provenir de contextos de mucha precariedad, pobreza y altos índices de violencia; haber tenido una defensa inadecuada; tres de ellas madres solteras y el sostén de la casa, quienes tuvieron que dejar a sus hijos al cuidado de las abuelas, así como haberse enfrentado a la fabricación de delitos y violencia durante su detención, ya sea violencia física, o amenazas de violencia sexual.

Para Demichelis, el objetivo poco a poco se va consiguiendo: “Hacer ver que son injusticias, porque estas mujeres no cometieron el delito, pero que también estamos frente a un sistema de justicia penal que castiga la pobreza, la precariedad, que castiga a ciertas poblaciones en específico; hemos visto una respuesta positiva, pero de pronto no somos muy dados a accionar. Ha sido increíble porque hemos registrado en la plataforma donativos de 30 pesos, y me parece algo increíble, porque 30 pesos suman. 

“El alcance es increíble, a pesar de no estar cerca de la meta, pero el objetivo no es solamente la recaudación; es poder llegar a más personas con esos mensajes, poder decir que esto es lo que pasa en un país como México, en donde se castiga de forma desproporcionada conductas que no tienen víctimas, que además si lo comparamos con la cantidad de personas que están privadas de la libertad por delitos de narcotráfico de alto impacto, es mucho mayor la gente que está por delitos menores; realmente se está castigando a los eslabones más bajos sin tocar las estructuras más grandes del mercado ilícito de drogas”, concluye.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.