El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) señaló que la deuda histórica continúa con las comunidades originarias, pues la elección judicial discriminó a jueces nombrados por usos y costumbres al no considerar los sistemas de justicia ancestrales.
“Informamos a los pueblos, que el hecho de que un indígena presida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no significa que vaya a defender las causas de las comunidades originarias”, sentenció el consejo en un comunicado sobre la deuda histórica que persiste con ellos en medio de la aplicación de la reforma judicial y la elección de personas juzgadoras que se llevó a cabo el pasado 1 de junio.
“Recordemos como Benito Juárez impulsó la desamortización de los bienes de las comunidades, lo que significó el despojo de tierras comunales y que miles de indígenas y campesinos se convirtieran en peones explotados rapazmente por las grandes haciendas”, añadió.
“No hay nada que celebrar”: consejo indígena señala discriminación por elección judicial
El consejo constituido por autoridades tradicionales de 70 comunidades de Michoacán señaló que a pesar del discurso oficial de la reforma judicial y la elección de jueces, magistrados y ministros, la deuda histórica continúa con los pueblos originarios debido a que no consideraron su cultura, organización ni sus sistemas de justicia ancestrales.
Aseveró que la reforma al Poder Judicial no se consultó de forma apropiada con los pueblos indígenas en Michoacán, pues no hay una acta de Asamblea General para verificar que se llevó a cabo una consulta “previa, libre e informada sobre las implicaciones de las reformas constitucionales que restructuraron el poder judicial, transgrediendo el derecho a la consulta sobre medidas legislativas que nos afectan”.
Refirió que la reforma y la elección judicial discriminó a jueces nombrados por usos y costumbres al no considerar los sistemas de justicia ancestrales que existen en las comunidades originarias, como es el caso de Michoacán, donde hay más de 200 juzgadores tradicionales que no son reconocidos, pero que cada día resuelven diversos asuntos, entre ellos problemas territoriales, familiares, civiles y de delitos menores.
Añadió que alrededor de 20 comunidades no permitieron la instalación de casillas para el pasado 1 de junio como parte de su autonomía y libre autodeterminación.
“En perspectiva histórica, no hay nada que celebrar, la deuda con la justicia de los pueblos indígenas continúa”, concluyó.
Hugo Aguilar aparecía en acordeones distribuidos por Morena
Hugo Aguilar, un abogado mixteco, hizo campaña para ministro con la frase “ya nos toca” y se comprometió con la justicia ambiental y de las comunidades indígenas, pero desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) coordinó consultas para los megaproyectos prioritarios del expresidente Andrés Manuel López Obrador sin cumplir con los estándares internacionales de Derechos Humanos.
Aguilar fue propuesto como candidato a la Corte por el Poder Ejecutivo y recibió el apoyo público de Claudia Sheinbaum.
El 22 de febrero, antes del inicio formal de las campañas, pero ya con las listas de candidatos publicadas por los comités de evaluación, la mandataria expresó su respaldo, sin decir su nombre. “Queremos que un indígena llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo. Hugo Aguilar Ortiz fue el único aspirante indígena.
Durante las campañas, su nombre y su número, el 34, coincidían en primer lugar en los acordeones impresos y digitales que fueron distribuidos de forma masiva para favorecer a candidatas y candidatos morenistas. La operación dio resultado.
Ahora, el funcionario del gobierno morenista no sólo se perfila para llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también para presidir el máximo tribunal del país.
Con el 99.89 % de las actas computadas, Hugo Aguilar sumaba este miércoles 6 millones 131 votos, mientras que la ministra Lenia Batres registraba 5.7 millones.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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