José Murguía Santiago confirma la premisa inevitable: el narcotráfico no puede subsistir, ni crecer, sin el Estado. Entiendo el Estado como lo que es, “la organización política que regula a la sociedad en un territorio determinado”, el nuestro integrado por tres poderes, el Ejecutivo, al que pertenecía Murguía, el Legislativo y el Judicial.
Esto lo han sabido los mexicanos durante muchos años, siempre a toro pasado, es decir cuando ya el daño se había hecho y las autoridades en lugar de proteger a la sociedad habían apoyado al narcotráfico o al crimen organizado. Notorios, ahí están los casos como el reciente de Genaro García Luna, quien fue Secretario de Seguridad en la Presidencia del panista Felipe Calderón Hinojosa, hoy preso en los Estados Unidos, sentenciado a 38 años por delitos relacionados con la conspiración para traficar drogas. Aun cuando fue liberado por un acuerdo más político que judicial, está el caso interrumpido del General Salvador Cienfuegos, quien fue Secretario general de la defensa en el sexenio del priísta Enrique Peña Nieto, pero protegido en la administración del morenista Andrés Manuel López Obrador, cuando las autoridades de los Estados Unidos lo identificaron con el apodo de El Padrino y lo señalaron también de cuatro cargos de conspiración por drogas.
Antes, allá por los finales de la década de los noventa, otro general fue detenido: Jesús Gutiérrez Rebollo, paradójicamente el Zar Antidrogas del Gobierno del priísta Ernesto Zedillo Ponce de León, quien fue señalado, investigado, procesado y sentenciado a 40 años de prisión por haber colaborado en actividades criminales del cártel de Juárez, por entonces liderado por Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos.
También reciente fue la aprehensuón de la exalcaldesa morenista de Amanalco, María Elena Martínez, que junto a otras seis personas, fue detenida en un operativo llamado Enjambre y encabezado por el Secretario de seguridad ciudadana del Gobierno de la República, Omar García Harfuch. Otra morenista evidenciada por sus relaciones con narcotraficantes es Norma Otilia Hernández, exalcaldesa de Chilpancingo a quien se le conoció por un video en una reunión, plática, con un conocido narcotraficante de aquella región, Celso Ortega Jiménez, de la célula criminal de Los Ardillos.
Y estos son sólo algunos de los casos que se han dado a conocer en los últimos años.
También ha sido notorio cómo particularmente policías antes judiciales luego ministeriales, de corporaciones municipales, estatales y federales, son investigados por servir a los cárteles de la droga. Igual de llamativa resulta la declaración de uno de los hermanos Arellano Félix que, entrados ya los dosmiles, reveló que la nómina de policías y funcionarios de procuradurías locales y federales ascendía a un millón de dólares, pues les pagaban para que sirvieran a ellos y no a la sociedad.
A partir de la creación de la Guardia Nacional, en varios estados de la República Mexicana se han presentado casos de elementos de esa corporación sirviendo a células de los cárteles de la droga; los escoltan para que no sean molestados, les apoyan en el traslado de droga y en algunos casos, como en Baja California, se han descubierto células de policías, locales federales e incluidos Guardias Nacionales, que roban droga de un cártel a otro.
La criminalidad organizada no puede mantenerse en la impunidad sin la colaboración de los representantes del Estado, y si antes esta deshonesta acción la llevaban a cabo mayormente policías, elementos de seguridad, ha ido trascendiendo hasta llegar a los representantes populares y las áreas administrativas de los gobiernos, y como es evidente en los casos expuestos, no importan las siglas, lo mismo ha sucedido con corruptos del PRI, que del PAN, que de Morena, y ahora de Movimiento Ciudadano, como el caso del exalcalde de Teuchitlán, José Murguía Santiago, detenido apenas el sábado y señalado no sólo de permitir las actividades ilícitas en el conocido como rancho del exterminio del cártel Jalisco Nueva Generación, sino de ser autor material y estar al servicio y en la nómina, a razón de 70 mil pesos mensuales, del cártel que comanda el muy impune Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho".
En una grande contradicción, dado que tanto el Gobierno de la República como la FGR que comanda Alejandro Gertz Manero, se han encargado de “desmentir” supuestamente con pruebas científicas, que el rancho Izaguirre no era un centro de exterminio del CJNG, sino un centro de adiestramiento (vaya, de los males para ellos el menor), a Murguía Santiago sí lo acusan del delito de desaparición forzada, e incluso, a pesar de que Gertz también dijo que los restos humanos ahí encontrados no eran recientes sino de cierta antigüedad, también señalan que un testigo y policía, ubica al exalcalde de Teuchitlán, en el rancho del exterminio, tan cerca como en septiembre de 2024, entregando restos humanos para deshacerse de ellos.
No nada más los protegía, permitiendo actividades ilícitas, sino que para la Fiscalía, también era participe de las mismas, proveía armas, elementos de seguridad y contribuía con la desaparición de personas y el ocultamiento de restos humanos. Entonces resulta que sí, que el rancho del exterminio sí es tal, al menos basados en la carpeta de investigación que mantiene preso al exalcalde emanado de Movimiento Ciudadano.
Entonces sí, el rancho Izaguirre sólo pudo existir y explotarse de forma criminal con la ayuda de algún miembro del Estado, en este caso y por lo pronto, un Alcalde, lo que confirma la premisa de que no hay cártel que sobreviva en la impunidad sin la colaboración directa de las autoridades. La narcopolítica en pleno en el pasado y en el presente de un México que terminará pagando muy caro por la corrupción mafiosa de sus gobiernos.
