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Sheinbaum insiste en la extradición de Zerón; destaca envío de varias cartas a Israel

Zerón se fugó primero a Canadá en 2019 y luego a Israel, país que no tiene tratado de extradición con México. Desde entonces, tanto con López Obrador como con Sheinbaum, el Gobierno mexicano ha insistido en su envío a México para responder por delitos de tortura dentro del caso Ayotzinapa.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó esta mañana que ha insistido con el Gobierno de Israel con la extradición de Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) que ayudó a construir la narrativa de la llamada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, así como el pedido de extradición de dos personas más con el Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos (EU).
"Se han enviado varias cartas al Gobierno de Israel a través de los canales diplomáticos para la extradición de Tomás Zerón. Eso existe desde el Presidente [Andrés Manuel] López Obrador que se está pidiendo y ahora se está insistiendo en esta extradición", indicó Sheinbaum este jueves en su conferencia de prensa matutina.
Zerón se fugó primero a Canadá en 2019 y luego a Israel, país que no tiene tratado de extradición con México. Desde entonces, tanto con López Obrador como con Sheinbaum, el Gobierno mexicano ha insistido en su envío a México para responder por delitos de tortura para empujar la versión del Presidente Enrique Peña Nieto sobre lo que sucedió con los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014.

Zerón, quien se encuentra desde entonces en Israel, cuenta con dos órdenes de aprehensión: la primera se giró en marzo de 2020 por el delito de tortura, y en abril de 2021 la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la segunda orden por su presunta responsabilidad en actos de tortura contra Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, integrante de Guerreros Unidos, acusado de participar en la desaparición de los 43 normalistas.
Tomás Zerón fue director de la AIC y ha sido señalado como un agente clave detrás de la “verdad histórica” junto al exprocurador Jesús Murillo Karam, recientemente detenido por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes en septiembre de 2014.
El exdirector de la AIC ha sido acusado de tortura en el caso de Ayotzinapa y rechazó el criterio de oportunidad que le ofreció la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa de cooperar en el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas, de acuerdo con Alejandro Encinas, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración en el Gobierno de López Obrador.

México también busca extradición de dos personas en EU

Además, indicó Sheinbaum este jueves, México solicitó la extradición de "dos personas que solicitamos al Secretario de Estado de Estados Unidos", Marco Rubio. Son dos involucrados en el caso Ayotzinapa "que están en Estados Unidos, y que estamos solicitando su extradición a México", indicó la mandataria mexicana.

Hace un par de semanas, Sheinbaum había revelado que solicitó la extradición de dos objetivos criminales relacionados con el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, esto durante su reunión en Palacio Nacional con el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en su visita a Palacio Nacional.
"Son sobre el caso Ayotzinapa. Se lo habíamos comentado a los familiares, padres y madres. Son dos personas de las que se está pidiendo su extradición. Se lo comenté personalmente al Secretario del Departamento de Estado. Fueron solamente estas dos personas. Por la sensibilidad de lo que significa para nuestro país este caso", aseguró en su conferencia de prensa.
Sin embargo, la Presidenta descartó dar los nombres de las personas de quienes se solicitó la extradición. Tampoco confirmó si el Secretario Rubio se mostró abierto a la solicitud.

Los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa han solicitado al Gobierno de Sheinbaum la extradición de José Ulises Bernabé García, quien radica en EU y que en la época de la desaparición de los estudiantes era Juez en Barandilla de Iguala.

Sin embargo, su caso presenta dificultades, ya que Bernabé García solicitó asilo político en EU en abril de 2015 y fue aceptado en aquel país desde entonces, lo cual podría complicar su extradición. La misma Sheinbaum ha dicho que se trata de una persona "que tiene mucho qué decir" sobre el caso.

Familiares de normalistas de Ayotzinapa no ven avances

Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa expresaron decepción tras reunirse con la Presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional la primera semana de septiembre, encuentro en el que les presentó una línea de investigación sobre el análisis de llamadas telefónicas realizadas el día de la desaparición de los estudiantes. “No tenemos avances sustanciales”, reviraron las familias, a casi 11 años de la tragedia.
"Los padres han manifestado que se le ha dado un voto de confianza a la Presidenta porque ha mostrado voluntad… pero esa voluntad tiene que traducirse en hechos reales y que las investigaciones puedan avanzar. No hay avances. Estábamos esperando que por lo menos nos dieran un avance significativo con la línea celular… quedó mucho a deber hoy el Gobierno", sostuvo Isidoro Vicario, el abogado de las familias que reemplazó a Vidulfo Rosales.
Mario César González, padre de César Manuel González, acusó que el Gobierno ha dejado caer otras líneas de investigación y órdenes de aprehensión, por lo que ven un retroceso en el proceso. "Desafortunadamente es que con la nueva tecnología dejaron caer las líneas que teníamos durante 10 años, como las de Ejército", explicó al hacer referencia a 800 folios que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) tiene en su poder.


Por su parte, Emiliano Navarrete, padre del normalista José Ángel, reclamó que “el Estado sigue protegiendo igualmente a los funcionarios anteriores involucrados en la desaparición de nuestros hijos”.

Cuando están por cumplirse 11 años desde la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, el caso enfrenta múltiples retrocesos.

En junio, un Tribunal Colegiado confirmó la absolución de José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, respecto al secuestro de los 43 normalistas. Abarca Velázquez sigue preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, que se localiza en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, debido a que está sujeto a un proceso por los delitos de lavado de dinero y contra la salud. Apenas esta semana, Abarca ganó otro amparo por otro caso.

El 16 de julio, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que Rosendo Gómez Piedra, quien era titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), había decidido dejar su cargo tras acusaciones de corrupción por parte de los padres de los 43 normalistas desaparecidos.


"Él renunció. Él decidió renunciar y por lo pronto está el licenciado [Mauricio] Pazarán, que fue incorporado como parte de la Fiscalía hace algunos meses. Él ha estado platicando con los familiares", detalló en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional.
También las familias de Ayotzinapa sufrieron otra pérdida, luego de que el abogado Vidulfo Rosales Sierra confirmara el 21 de agosto la renuncia a su representación legal, la cual mantuvo durante casi 11 años como parte del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Rosales se unió al equipo del Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz.

“Ya lo hablé con ellos y yo me voy a separar por cuestiones personales y de salud. Eso es un hecho, la certeza que hay hoy en día. Lo otro es una posibilidad. No hay nada formal. Mantengo un diálogo con el Ministro presidente”, reveló el abogado en ese momento. Rosales dijo que por parte de los padres hubo mucha tristeza al comunicarles su separación, incluso algunos mostraron desilusión, pero que la mayoría le mostró respeto y apoyo a su decisión.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Comando mata a oficial y a su hijo en Celaya, epicentro de violencia contra policías

Los responsables del ataque escaparon del sitio, mientras el oficial y su hijo quedaron tendidos sobre el suelo. Es el cuarto hecho de violencia en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Celaya en dos meses.

Un oficial de Tránsito y Policía Vial de Celaya, identificado como Efráin León, de 45 años de edad, y su hijo de 29 años fueron asesinados el martes en la noche por un comando en la comunidad Tenería del Santuario, localizada en la zona norte de Celaya, Guanajuato. Hasta el momento, la autoridades no reportan detenidos.

Se trata del cuarto hecho de violencia en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Celaya en los últimos dos meses. El mando policial se encontraba en su día de descanso y se incorporaría a sus actividades este miércoles, indicó la prensa local.

De acuerdo con un reporte al 911, a las 20:30 horas se registró una balacera en una casa-habitación ubicada en la calle Vicente Suárez casi esquina con Niños Héroes. Los vecinos fueron quienes reportaron el hecho a la autoridades

Los responsables del ataque escaparon del sitio, mientras el oficial y su hijo quedaron tendidos sobre el suelo. Elementos de seguridad arribaron al lugar para resguardar la zona y al percatarse de que había dos heridos de bala, pidieron que acudieran paramédicos al lugar.

Al arribar lo cuerpos de emergencia encontraron a las victimas sin signos vitales, por lo que se realizó el levantamiento y traslado de sus cuerpos para realizar las autopsias correspondientes. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Guanajuato no ha dado a conocer las posibles líneas de investigación, pero informó que nueve personas fueron asesinadas en el estado el día de ayer, incluidas el oficial y su hijo, en los municipios de León, Celaya, Salvatierra, Acámbaro y Salamanca.

Medios de comunicación locales reporta que Efraín León prestó sus servicios en la corporación durante 30 años.

Celaya, epicentro de la violencia contra policías

En Guanajuato han asesinado a 33 elementos de diferentes corporaciones de seguridad en lo que va del año, ocho de los cuáles ocurrieron en Celaya, de acuerdo con la organización “Causa en Común”.

El doble homicidio ocurrido ayer es el cuarto hecho de violencia en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Celaya en los últimos dos meses.

También es el segundo asesinato de un efectivo de dicha corporación en una semana, ya que el pasado 18 de septiembre se reportó que Jesús Inés Mejía Rangel, un comandante de la Policía de Tránsito de 43 años de edad, perdió la vida en un ataque armado cuando salía de su casa en Celaya.

El pasado 12 de febrero murió en un ataque similar, al exterior de su domicilio, Álvaro Fernando Coria Jiménez, jefe de escoltas del Alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, quien también había denunciado recibir amenazas del crimen organizado.

El 6 de marzo, la violencia alcanzó a Carlos Miguel Reyes Ortega, exdirector de la Policía Municipal de Celaya, conocido como “Comandante Zeus”. El exmando fue asesinado también en un ataque con arma de fuego.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 24 SEPTIEMBRE 2025.

La SSC-CdMx detiene a Marvin "N", reo que se fugó del Reclusorio Varonil Oriente

Marvin "N", el hombre que el día de ayer se evadió del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, fue detenido en la Alcaldía Magdalena Contreras.

El Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), Pablo Vázquez, informó la noche de este miércoles que ya fue detenido Marvin "N", el hombre que el día de ayer se evadió del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la Alcaldía Magdalena Contreras.
"Derivado de trabajos de investigación y de los seguimientos realizados por mis compañeros del Sistema Penitenciario, de la policía de proximidad y de la Subsecretaría de Inteligencia de la @SSC_CDMX, hace unos momentos, en @ALaMagdalenaC, fue detenido Marvin "N" quien el día de ayer se evadió del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente", escribió el secretario en su cuenta de X, antes Twitter.
A la par, agradeció a la ciudadanía por su colaboración y al Centro Nacional de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) por su apoyo en el desarrollo de las investigaciones.
"No habrá impunidad. Seguiremos trabajando para garantizar el apego estricto a los protocolos de actuación, así como el orden y la seguridad en los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México", indicó en su mensaje.
Apenas ayer, el Personal de Custodia Penitenciaria de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, adscrita a la Secretaría de SSC-CdMx, informó sobre la ausencia de un reo durante el pase de lista realizado en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicado en la Alcaldía Iztapalapa.

Tras el reporte inicial, las autoridades penitenciarias activaron de inmediato el protocolo de búsqueda y dieron aviso a la Dirección General de Asuntos Internos, con el fin de iniciar entrevistas con los custodios responsables de la vigilancia en ese turno y recabar la información necesaria para integrar la carpeta de investigación administrativa.

Asimismo, el director del centro penitenciario, junto con el personal de custodia presente durante el pase de lista, fue trasladado ante el agente del Ministerio Público, quien tomó conocimiento de la fuga y comenzó la investigación correspondiente para esclarecer cómo se registraron los hechos dentro del penal.
Paralelamente, personal especializado comenzó el análisis de los videos obtenidos de las cámaras de vigilancia instaladas al interior y en los accesos del Reclusorio Oriente, con el propósito de establecer la ruta de escape del interno, y detectar posibles fallas en los procedimientos de supervisión y control.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana precisó que estas acciones forman parte de un plan de reforzamiento de medidas internas, cuyo objetivo es determinar responsabilidades entre servidores públicos, aplicar sanciones administrativas y, de ser necesario, turnar a los implicados ante instancias judiciales.

De acuerdo con medios, la persona que escapó habría sido identificada como Marvin Didier “N”, de 27 años, quien fue detenido el 13 de febrero de este año e imputado por el delito de tentativa de homicidio, luego de que presuntamente atacara a dos vecinos con un cuchillo de cocina y un tubo durante una riña en la Alcaldía Magdalena Contreras.

Desde entonces, Marvin Didier “N” permanecía bajo custodia en el penal capitalino hasta que su evasión fue confirmada por las autoridades. Sin embargo, la huida quedó frustrada cuando fue detenido esta noche.

A raíz de los hechos, las autoridades de la CdMx señalaron que la investigación continuará hasta determinar con precisión las circunstancias en que se concretó la evasión, así como la posible participación de servidores públicos. Además, la fuga derivó en investigaciones internas y en el reforzamiento de medidas de seguridad al interior del reclusorio.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 24 SEPTIEMBRE 2025.

Ecocarburante, acusada de huachicol fiscal, obtuvo permiso de comercialización a cinco días del inicio del gobierno de AMLO

Constituida en 2017, Ecocarburante obtuvo un permiso de la CRE para comercializar hidrocarburos cinco días después del arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Un año más tarde firmó contratos con la Sedena para proveer combustible al AIFA

Ecocarburante, S. A. de C. V., una de las empresas involucradas en la red de huachicol fiscal, y presunta lavadora de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), recibió autorización para comercializar hidrocarburos cinco días después de que iniciara el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque la empresa fue constituida el 14 de septiembre de 2017, necesitaba el permiso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para poder importar y vender combustibles legalmente. Lo consiguió sólo hasta el inicio del gobierno de AMLO, el 6 de diciembre de 2018, según consta en el permiso H/21910/COM/2018.

Dicho trámite requería 10 días para que la CRE admitiera la solicitud y 90 días más para analizarla, de acuerdo con el Reglamento de las actividades a que se refiere el título tercero de la Ley de Hidrocarburos.

La empresa consiguió la autorización 15 meses después de su creación. Mientras que en diciembre de 2019 consiguió contratos con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para proveer combustible en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Además, la Sedena le entregó 11 millones de pesos sin que existiera contrato que justificara la entrega de recursos públicos, lo que fue señalado en junio de 2022 como una irregularidad en la revisión de los gastos del AIFA, una de las obras prioritarias del expresidente López Obrador.

Siete meses después de la creación de Ecocarburante, en julio de 2019, fue nombrado como apoderado legal Miguel Castellanos Cruz, quien también fue representante de Petro Almacenes de Occidente, Mefre Fletes, Dalcrise; esta última también aparece como accionista de Impulsora de Productos Sustentables.

Dicha empresa es investigada por huachicol y tiene como socio a José Isabel Murguía Santiago, hermano de José Ascención Murguía Santiago, exalcalde de Teuchitlán, de acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción.

Mientras que Eric Daniel Zamora Delgadillo, representante de Ecocarburante y apoderado de Impulsora de Productos Sustentables, fue acusado en Estados Unidos de lavar dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, informó el pasado 20 de mayo que el expresidente municipal de Teuchitlán –quien ya está procesado y en la cárcel–, sus dos hermanos y su familia son los propietarios de todos los camiones que se utilizaron, tanto en Tamaulipas como en Ensenada, y todo esto está vinculado finalmente con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Ecocarburante forma parte de una red de empresas implicadas en el huachicol fiscal, es decir, la importación de diésel haciéndolo pasar por otro aditamento para no pagar impuestos, delito que ha sido investigado por la Fiscalía General de la República (FGR).

Una de las carpetas de investigación derivó en la detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna —excomandante de la 12 Zona Naval en Puerto Vallarta, Jalisco, y sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda— por su presunta participación en la red de huachicol fiscal operada en puertos y aduanas, como reveló el periódico Reforma el 6 de septiembre.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.

Los niños de la guerra: ir con miedo a la escuela en Culiacán

Más de 60 niños, niñas y adolescentes asesinados en un año, escuelas de luto y menores que confiesan su miedo, así la guerra interna en el Cártel de Sinaloa que alcanza los salones de clase.

—En la vida, lo normal es que los hijos entierren a sus padres. Pero cuando una madre es la que entierra a sus dos niños asesinados… la ciudad entera llora de dolor. Tiembla.

Tras la sentencia, Víctor Manuel Aispuro, director de la escuela primera Sócrates –una de las más emblemáticas de Culiacán–, respira hondo y esboza una sonrisa trémula. Han pasado ocho meses desde la tragedia, pero asegura que la ciudad sigue conmovida y la escuela permanece de luto por Gael y Alexander, los hermanos de 9 y 12 años asesinados a balazos en una guerra del cártel de Sinaloa que, a su corta edad, eran incapaces de comprender.

Todo ocurrió el 19 de enero. Esa noche, el estadio de Los Tomateros –el equipo insignia de la capital sinaloense– estaba lleno para ver el partido contra Cañeros de Los Mochis. Las autoridades habían llamado a la población a recuperar la normalidad y salir a las calles, aunque las balaceras entre ‘mayitos’ y ‘chapitos’, facciones del Cártel de Sinaloa enfrentadas desde septiembre de 2024, seguían brotando por distintos puntos de la ciudad.

La familia de Gael y Alexander respondió al llamado y fueron al ‘diamante’. Tras el partido, subieron a su camioneta para regresar a casa: los dos niños, su hermano adolescente de 17, y sus padres, Antonio y Miriam.

En la avenida Agricultores, a la altura del fraccionamiento Los Ángeles, la rutina familiar se quebró. Antonio se dio cuenta de que hombres armados los seguían, muy seguramente para robarles el vehículo. Un caso más de los 7 mil registrados desde que inició la guerra. Pero, según los reportes policiales, el hombre no se detuvo. Aceleró en busca de proteger a su familia.

Los criminales, entonces, abrieron fuego.

Antonio murió al instante, alcanzado por varias balas.

Gael falleció un día después en un hospital.

Alexander lo hizo al día siguiente.

Miriam y su hijo adolescente sobrevivieron.

Antonio pasó a engrosar la estadística de 2 mil homicidios en Sinaloa durante el primer año de guerra interna del cártel. La muerte de los hermanos se sumó a otra cifra: 66 menores de edad han perdido la vida en esta disputa que no perdona ni a los niños. Apenas dos meses más tarde, la pequeña Dana también quedó atrapada en una balacera entre criminales. La trasladaron de urgencia a un hospital en un coche agujereado por las balas. Ahí murió poco después. Tenía 12 años.

 “Mi hija no merece vivir con miedo”

Son las 8:50 horas del 12 de septiembre. Los niños y niñas de entre 5 y 12 años ya están en sus salones de la primaria Sócrates, ubicada en el centro de Culiacán, a un par de cuadras del estadio de los Tomateros.

Vestido con una camisa azul clara de manga corta, jeans y tenis, el director del plantel, Víctor Manuel Aispuro, se coloca bajo un porche que lo resguarda del sol, todavía tibio pero a punto de volverse el habitual plomo fundido. A sus espaldas, una puerta con dibujos de cuatro pequeños da la bienvenida con un gran letrero. Junto al marco, unos trípticos enseñan a los alumnos qué partes de su cuerpo pueden ser tocadas y cuáles no.

—Todavía estamos en un proceso de reconstrucción que nos duele mucho —asegura apenas empieza la entrevista con los reporteros de Animal Político y Noroeste—. Llevamos un tratamiento tanatológico con los maestros y con los niños. Aún no superamos la pérdida de Gael y Alexander. Eran muy cariñosos, les encantaba venir a la escuela. Aunque estuvieran enfermos, querían convivir con sus amiguitos. Les gustaba hacer deporte.

Señala con la barbilla la pequeña explanada que lleva hasta la puerta principal. A un costado, cerca del busto de Sócrates, está la cancha de futbol. Allí, sus compañeros levantaron un altar con dulces, juguetes y hasta monedas para los hermanos asesinados. Lo retiraron al terminar el pasado ciclo escolar.

Víctor Manuel hace una pausa. Sonríe. No quiere que la emoción le gane.

—En su inocencia, los niños les dejaban moneditas para que fueran a la tiendita a comprar. Algunos, en su fantasía de dolor, dicen que los han visto jugar en el patio. Es su manera de expresar que sus compañeros no debieron irse tan pronto. No les tocaba.

Dentro de la escuela, una mujer de unos 60 años funge como veladora. Con polo rojo claro, cubrebocas negro y sentada en un pupitre, vigila la entrada y responde cuando alguien toca el timbre. Afuera, no hay patrullas ni retenes militares, a diferencia de otros puntos de la ciudad donde la presencia armada es muy cotidiana. El director dice que no es tan necesario: la escuela no es el problema en la seguridad de los niños. Aunque, de todos modos, tienen protocolos y practican simulacros en caso de un ataque armado en las inmediaciones de la primaria.

—Cuidamos la escuela entre todos. Y si llamamos, la autoridad llega rápido. Pero el riesgo no está aquí. El riesgo está en el camino de la escuela a la casa, y viceversa. No hay seguridad para nadie… Y en esta guerra hay niños que están muriendo.

Recuerda, por ejemplo, el caso de la madre de una alumna que vive en la colonia Las Coloradas. Hace poco lo llamó para decirle que pensaba dejar de llevar a la niña y salir de Culiacán. No es la única: en un año de guerra, al menos 142 familias –351 personas, en su mayoría de comunidades rurales como Tecolotes, Piedras Blancas o Caminaguato– han abandonado sus hogares, según un reporte de la Secretaría del Bienestar estatal publicado por la Revista Espejo.

—Me dijo: “Tengo mucho miedo. Todos los días hay balaceras por donde vivo. Todos los días escucho disparos y gritos. Mi hija no merece vivir así”.

A la Sócrates llegan a diario cientos de niños de hasta 100 colonias distintas: de Las Coloradas a Culiacancito, pasando por la Miguel Alemán, Loma de Rodriguera, Alturas del Sur, la Rafael Buelna o el centro.

—Es muy raro que un papá o una mamá no me avise por la mañana: “Hoy no llevaremos al niño porque hubo una balacera y las calles están cerradas”. O: “No llegamos porque balearon una casa en mi calle”. Todos los días pasa algo. Por eso, en los chats que tenemos con los padres, cuando veo que la situación está difícil les digo: ‘Hoy está muy peligroso, tomen precauciones”.

De hecho, ha habido jornadas en las que las balaceras, los asesinatos y las persecuciones han sido tan intensas que en ese chat con 300 familias piden activar la modalidad de “escuela en línea”, para que los niños reciban clases en casa mediante Zoom, Skype o Whatsapp. Como en los peores días de la pandemia de Covid 19.

—Las clases en línea no son lo ideal. Los niños aprenden menos y el horario es muy desgastante para el maestro, que empieza a las ocho y no sabe cuándo termina. Son cansadas y agotadoras. Pero ante esta situación, lo hacemos con gusto —admite resignado el director.

 “Tengo miedo”

Son las 9:30. De vez en cuando se abre la puerta de un salón y aparecen niños de pelo ensortijado y sonrisas traviesas. Corren por el pasillo, saludan a la cámara y desaparecen entre risas y jugando entre sí. El director baja la voz, les devuelve el gesto con la mano y una sonrisa, y espera a que se alejen para continuar con la entrevista.

—Hay niños que llegan llorando, no porque no quieran venir a la escuela, sino porque tienen miedo de que sus padres puedan ser asesinados o secuestrados. Todos tenemos miedo, la verdad. Los maestros también. Estamos cansados. Queremos vivir en paz. No queremos que nos arrebaten a un niño más —hace hincapié el director de la primaria, que el día de la entrevista acababa de llegar de Ciudad de México. Ahí viajó con otros ciudadanos y activistas para solicitar una audiencia con la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, quien no los recibió, aunque sí fueron escuchados en el Senado de la República. Ahí plantearon, entre otras cosas, que más allá de los 6 mil soldados patrullando las calles, se necesita “una estrategia que utilice la tecnología y la inteligencia para detener esta guerra”.

El docente cuenta que apenas una semana previa se vivieron momentos de pánico por una balacera en las inmediaciones de otra escuela primaria, en la periferia de Culiacán.

—Atacaron a una persona. Y, de nuevo, los niños entraron en pánico. Todos estaban tirados pecho a tierra.

El 19 de septiembre, solo una semana después de esta entrevista, un grupo armado irrumpió en la Escuela Técnica Secundaria ‘Profesor Enrique Romero’, en el sector Bellavista. Incendiaron la biblioteca, causaron destrozos en la tienda escolar, la cocina y en la dirección general, y dejaron mensajes dirigidos a un grupo criminal. Eran las seis de la mañana, poco antes del inicio de clases.

Se trata de sucesos que se suman a una lista cada vez más larga y que se acumula en la memoria de niños y niñas atrapados en la guerra de un cártel. Nadie sabe todavía cuál será el impacto en su salud mental. A la violencia se añade otra pérdida: la orfandad. Entre las más de 2 mil personas asesinadas en un año de crisis de inseguridad en Sinaloa también hay madres y padres de familia.


En un cambio de clase, Víctor Manuel invita a pasar a un aula. Es un salón típico de primaria: mesas y sillas en tres filas, mochilas y bolsas colgadas de los respaldos, letras de colores del abecedario en una pared, dibujos de dinosaurios y de Toy Story en otra. Cuadernos y lápices dispersos sobre los pupitres completan la escena.

La maestra, que enseña sumas y restas, lleva una diadema con un micrófono. Habla con una mezcla de tono dulce, pero con autoridad. Los niños, de unos 6 años, guardan silencio. Aunque siempre hay alguno distraído al que hay que llamar al orden.

De pronto, uno rompe en llanto. Viste uniforme, como el resto: pantalón azul marino, polo blanco. Llora con rabia, con la cabeza hundida entre sus brazos sobre el cuadernillo de Matemáticas.

Cuando se le pregunta a la maestra, ella acaricia maternal su pelo alborotado y explica que esa mañana llegó con un fuerte dolor de garganta.

Sin embargo, al preguntarle directamente al niño, éste levanta la cabeza, enjugándose las lágrimas, y responde.

—Tengo miedo.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.

Reportan posible fuga de reo del Reclusorio Oriente; director y custodios son presentados ante el MP

La SSC adelantó que aplicará sanciones administrativas y medidas de reforzamiento, pero no precisó si se trató de una fuga, ni el tiempo transcurrido entre el pase de lista y la activación del protocolo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que durante un pase de lista en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente se reportó la ausencia de un hombre imputado por el delito de tentativa de homicidio. 

La dependencia compartió una tarjeta informativa en la que detalló que personal de custodia penitenciaria detectó la ausencia del interno e inmediatamente se activó el protocolo de búsqueda.

También se solicitó la intervención de la Dirección General de Asuntos Internos, que inició entrevistas con los custodios en turno para integrar una carpeta administrativa. 

El director del penal y los custodios responsables fueron presentados ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades. Paralelamente, los oficiales realizan el análisis de cámaras de videovigilancia dentro y fuera del centro penitenciario, con el objetivo de ubicar al interno y determinar posibles omisiones en los controles de seguridad. 

El hombre evadido había sido detenido en febrero de este año y estaba imputado por tentativa de homicidio, por su presunta responsabilidad en lesionar a sus vecinos con un cuchillo de cocina y un tubo durante una riña, en la alcaldía Magdalena Contreras. 

La SSC adelantó que aplicará sanciones administrativas y medidas de reforzamiento, pero no precisó si se trató de una fuga, ni el tiempo transcurrido entre el pase de lista y la activación del protocolo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: XIMENA AROCHI.

Van tres detenidos por ataque a instalaciones de la Fiscalía de BC en Tijuana y Ensenada

El fin de semana, desconocidos lanzaron bombas molotov e incendiaron vehículos en sedes de la Fiscalía de Baja California.

La titular de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), Ma. Elena Andrade Ramírez, informó que hay tres detenidos y han realizado distintos cateos luego del ataque a las instalaciones de la dependencia en los municipios de Tijuana y Ensenada. 

La funcionaria estatal reveló este martes 23 los avances de la investigación sobre las agresiones registradas el sábado 20 y domingo 21, donde hubo lanzamiento de bombas molotov y automóviles incendiados, además de un guardia amagado. 

Las agresiones en Ensenada ocurrieron en las oficinas porteñas, ubicadas a un costado del centro de gobierno estatal y la presidencia municipal, mientras que en Tijuana tocó en la Unidad de Robo de Vehículos y en la Unidad de Secuestros. 

Andrade Ramírez calificó de “cobarde ataque” lo ocurrido a la institución durante el pasado fin de semana. 

“Seguimos trabajando: ya tenemos tres detenidos para investigación y sé que vamos a continuar con las investigaciones, desarrollando cateos. En este momento se están llevando cateos con la evidencia que hemos obtenido en diferentes puntos del estado y para lograr dar con el paradero de los responsables, además de estos tres detenidos”, detalló. 

La fiscal aseguró que, desde un principio, acudió al municipio de Ensenada para inspeccionar el lugar y dialogar con el equipo de trabajo. 

"No fue un ataque a Ensenada: fue a nuestra institución. Obviamente es por el trabajo que hemos hecho: hemos detenido a bandas criminales sin ver a qué grupo pertenecen, porque no nos corresponde a la Fiscalía del Estado determinar e investigar esos delitos, son fuero federal”, comentó. 

La fiscal agregó que, al investigar los homicidios, han tenido detenciones importantes en Rosarito, Tijuana y Mexicali. 

“La Fiscalía va a seguir trabajando y una cosa les quiero mencionar: aquí no hay compromiso con nadie ni hay consigna contra nadie”, subrayó Ma. Elena Andrade Ramírez.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: BENJAMÍN PACHECO LÓPEZ.

Detienen en Edomex a “El Orejas”, presunto operador de la Unión Tepito

Brayan Andrés López Sánchez es acusado de participar en el ataque contra una tortillería para exigir el pago de derecho de piso, así como del homicidio de una mujer.

Agentes federales y municipales detuvieron en Chimalhuacán, Estado de México, a Brayan Andrés López Sánchez "El Orejas", presunto integrante de la Unión Tepito relacionado con delitos de extorsión y homicidio. 

El arresto tuvo lugar en Chimalhuacán, Estado de México, el domingo 21 de septiembre y participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) Secretaría de Marina (Marina) Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN), junto con autoridades locales del Estado de México.  

Presuntamente Brayan “N”, de 30 años, participó el año pasado en el ataque a una tortillería con una bomba molotov para obligar a los propietarios a pagar derecho de piso, y en el homicidio de una mujer el pasado 14 de enero del 2024, de acuerdo con un comunicado de la SSPC.  

“De acuerdo con las indagatorias, el detenido podría estar vinculado a una red criminal de un grupo delictivo que se dedica a la extorsión, con métodos amenazantes, a tortillerías, carnicerías y rosticerías”, se lee en el mismo comunicado. Diversos medios de comunicación reportan que dicha organización es el grupo armado “La Nueva Era”, vinculado al cártel de la Unión Tepito.  

El comunicado se refiere a Brayan “N” como un generador de violencia en la zona y un “objetivo prioritario” para las autoridades encargadas de la seguridad pública.  

¿Cómo fue la detención?

Luego de que los efectivos desarrollaron acciones tácticas y estratégicas sobre la avenida Lázaro Cárdenas esquina con la calle Francisco I. Madero, observaron al sujeto y le marcaron el alto para realizarle una revisión de seguridad.  

En dicha revisión le hallaron diversas dosis de cristal y cocaína, además, le aseguraron un teléfono celular y dinero en efectivo. Por lo anterior, Brayan “N” fue detenido, informado de sus derechos y trasladado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Senado aprueba reforma para expedir una ley contra la extorsión; será enviada a Congresos estatales

La reforma constitucional abre la puerta a contar con una ley general que homologue el combate a la extorsión en todo el país

Por unanimidad, el Senado concretó la reforma constitucional que permitirá al Congreso expedir una nueva ley general para sancionar el delito de extorsión. 

La reforma aprobada con 106 votos de todos los grupos parlamentarios modifica el artículo 73 de la Constitución, para agregar la extorsión como uno de los delitos sobre los que los legisladores deben expedir las leyes generales.

En la actualidad, cada entidad y la propia Federación tienen normativas distintas. Por lo tanto, una de las principales problemáticas que busca corregir la reforma es la disparidad entre las normas federales y estatales en torno a este delito, ya que la extorsión está regulada con diferentes definiciones, modalidades, agravantes y penalidades en los distintos códigos penales.

Con esta reforma, el Congreso podrá expedir una ley general sobre ese delito. La normativa estará enfocada en homologar el tipo penal y sus sanciones, además de establecer mecanismos de colaboración entre instituciones y articular las capacidades del Estado.

La iniciativa fue enviada al Congreso por la presidenta Claudia Sheinbaum a principios de julio, unos días después de que su gobierno presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, enfocada en combatir el delito que ha ido a la alza en los últimos años, de acuerdo con la propia mandataria.

La reforma aprobada será enviada a los Congresos estatales para obtener su aval y que pueda ser promulgada, tras lo cual el Congreso tendrá un plazo de 180 días para emitir la ley general en la materia.

Esa ley, según adelanta la propia propuesta, deberá regular los programas de formación especializada para cuerpos de seguridad y procuración de justicia que combatan el delito, así como el uso de inteligencia, tecnología e informática en la investigación.

La normativa tendrá que establecer estrategias para evitar que personas privadas de la libertad orquesta y realicen extorsiones desde el interior de los centros penitenciarios.

También deberá contener la ruta de canales seguros y eficaces de denuncia y las medidas de protección para testigos y víctimas.

“No tienen confianza en las autoridades”

Sólo hubo oradores para hablar a favor de la iniciativa, pero la oposición destacó los pendientes en seguridad que rodean a este delito.

La senadora del PRI, Carolina Viggiano, citó la Encuesta Nacional de Victimización para sostener que la extorsión tiene una cifra negra de 97 por ciento por la falta de denuncias ante la desconfianza autoridades.

“El delito crece en la oscuridad, se esconde en el silencio y golpea directamente la economía familiar”. 

La legisladora recordó que en lo que va del 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó un crecimiento de 45.3 por ciento de la extorsión en lo que va de 2025.

“La extorsión telefónica representa el 85 por ciento, obviamente en los lugares donde tenemos delincuencia organizada hay cobro de piso, de manera directa en los negocios, en las regiones que controla el crimen organizado”, dijo.

La senadora Claudia Anaya, llamó a realizar una autocrítica y reconocer que hay omisión, corrupción y colusión en los delitos de extorsión, lo que deriva en costos más altos en los productos que terminan afectando a los consumidores. Ejemplificó con el caso de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, CATEM, presidida por el diputado de Morena Pedro Haces, que tiene denuncias de comerciantes de la construcción.

También, la legisladora advirtió que municipios y estados deberán contar con los recursos suficientes para enfrentar el delito de la extorsión, ya que se ha ido concentrando la administración de los recursos de seguridad a la Federación.

La panista Susana Zatarain, del PAN, destacó la coincidencia de todos los grupos para legislar contra la extorsión y llamó a trabajar en conjunto para poner penas severas.

“Pongamos penas severas, que hagamos que la ley se cumpla y que exijamos que el gobierno de México siga combatiendo con todas sus fuerzas a quienes vienen a quitarle la paz a las y los mexicanos, la seguridad es un derecho, no un privilegio”.

En tanto, el senador Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, advirtió que no se trata sólo de homologar el delito y sus sanciones, sino que “poner a las víctimas en el centro” y contemplar las distintas modalidades de la extorsión.

“Se trata de fortalecer canales de denuncia que den seguridad a quienes se atreven a alzar la voz frente a los delincuentes. Y se trata de generar confianza ciudadana, a partir de resultados tangibles”.

En su participación, la senadora Lucía Trasviña, de Morena, ejemplificó la diferencia de normativa que existe actualmente en las entidades del país.

“Mientras en el ámbito federal la pena por extorsión va de dos a ocho años, en Chihuahua alcanza hasta 30 años y en Oaxaca apenas llega a tres años, esta disparidad no sólo es injusta debilita el sistema de justicia y abre márgenes de impunidad, por eso es urgente unificar y homologar”.

Araceli Saucedo, de Morena, reiteró el respaldo a la iniciativa presidencial y reconoció que las víctimas necesitan garantías de la denuncia sin riesgos. 

“Reconocemos y decidimos apoyar a nuestra Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, con esta iniciativa, además acompañar al pueblo mexicano; porque estoy segura que con ello vamos a avanzar”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANDRO AGUILAR.

Matan a jefe de farmacia de hospital del IMSS en Culiacán; agresores hieren a menor tras robar auto y huir

El asesinato del jefe de farmacia de un hospital y la agresión al vehículo donde viajaba la nieta del gobernador de Sinaloa, ocurrió mientras el Gabinete de Seguridad federal se encontraba en la entidad.

Luis Omar “N”, jefe de farmacia del Hospital Regional del IMSS No. 1 en Culiacán, Sinaloa, fue asesinado a balazos la tarde de este martes 23 de septiembre, en un hecho en el que resultó herido un menor de un año y tres meses de edad.

El homicidio ocurrió en las inmediaciones del Colegio Sinaloa, sobre la calle Río Humaya, en la colonia Guadalupe, cuando la víctima había salido del hospital y se dirigía a su vehículo. Fue entonces cuando fue atacado por sujetos armados.

De acuerdo con los reportes, al momento de huir, los agresores despojaron a una mujer de su vehículo, y durante el robo el menor de edad resultó herido por una esquirla. Sin embargo, se reporta fuera de peligro tras ser atendido por elementos del Ejército, quienes lo trasladaron a un hospital.

Al lugar llegaron militares y policías de diversas corporaciones, mientras que elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron las investigaciones correspondientes por el asesinato del jefe de farmacia.

Esto ocurrió casi a la par de un “intento de despojo de camioneta” —de acuerdo con el gobernador Rubén Rocha Moya—, en la que viajaba su nieta y por lo cual resultaron heridos agentes de seguridad asignados como escoltas.

Cabe destacar que los mencionados hechos sucedieron mientras el Gabinete de Seguridad federal, encabezado por el secretario Omar García Harfuch, realizaba su quinta visita al estado para atender el tema de inseguridad.

Tan solo este martes, en la entidad se registraron tres carpetas por homicidio doloso, dos por feminicidio, diez robos de vehículo y tres denuncias por privación de la libertad, de acuerdo con la FGE.

Desde septiembre de 2024, la entidad atraviesa una crisis de violencia derivada de disputas entre Los Mayos y Los Chapos, facciones internas del Cártel de Sinaloa, que ha dejado 2,048 homicidios dolosos, más de 2,000 personas privadas de la libertad, 7,329 vehículos robados, 1,756 personas detenidas y 116 abatidas.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Gutiérrez Luna desiste de su queja contra consejeros del INE

El caso se remonta a una sesión del Consejo General en 2021 en la que una mayoría de seis consejeros –incluyendo a su entonces presidente, Lorenzo Córdova– decidió posponer temporalmente la organización de la consulta sobre la revocación de mandato.

Una vez más, el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna trató de corregir el rumbo de una polémica que le salió de las manos y exhibe su talante autoritario: escasas semanas después de obligar a una usuaria de X a pedir disculpas públicas durante 30 días por señalar un caso de nepotismo que lo involucra, el legislador tuvo que pedir este martes al Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) que desista del procedimiento sancionador lanzado por ese organismo contra tres integrantes del Consejo General actual, a raíz de una queja que él presentó hace más de tres años.

“Es dable desistir de aquella queja de hace 4 años que ya no tiene relevancia, lo que implicaría que ya no se continuara con el análisis o trámite de fondo de la queja en comento”, planteó el legislador en una carta dirigida a Víctor Hugo Carvente Contreras, el titular del OIC del INE.

El caso remonta a una sesión del Consejo General del INE que se llevó a cabo el 17 de diciembre de 2021, en la que una mayoría de seis consejeros –incluyendo a su entonces presidente, Lorenzo Córdova Vianello– decidió posponer temporalmente la organización de la consulta sobre la revocación de mandato.

Justificaron su decisión con el argumento de que el recorte presupuestario de cerca de 4 mil millones de pesos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la Cámara de Diputados habían impuesto al INE para el año siguiente haría imposible organizar una elección en los términos requeridos por la ley

El acuerdo del INE provocó una reacción airada de López Obrador y de Morena, que no duró mucho: apenas una semana más tarde, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el acuerdo y dio luz verde para la elección, ideada e impulsada por el expresidente. La consulta se llevó a cabo el 10 de abril de 2022: como era de esperarse, tuvo una tasa de participación muy baja –apenas el 17.77%–, y el 91.36% de los votantes puso en la urna la boleta “Que siga (López Obrador) en la Presidencia de la República”.

Sin embargo, en un hecho inédito, días después de la sesión del Consejo General, Sergio Gutiérrez Luna, entonces presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y una queja ante el OIC del INE contra los seis consejeros que votaron a favor del acuerdo, y contra el entonces secretario ejecutivo del árbitro electoral, Edmundo Jacobo Molina.

El día siguiente, el Consejo General del INE condenó en bloque el ataque de Gutiérrez Luna contra seis de sus miembros por una decisión tomada de manera colegiada; señaló que existen vías institucionales, como el TEPJF, para cuestionar sus decisiones.


La queja quedó en el olvido durante cerca de cuatro años, hasta que, en febrero pasado, el OIC volvió a abrir el expediente de manera misteriosa, y decidió realizar nuevas diligencias. El OIC solicitó los expedientes personales de los consejeros en junio, y les avisó sobre el “inicio de un procedimiento de responsabilidades administrativas” en su contra.

El OIC revivió la investigación en el marco del atropellado camino de la elección judicial, que escindió al INE en dos bloques: un bloque “oficialista” de cinco consejeros, encabezado por la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala, y un bloque “disidente” que cuenta con una mayoría de seis consejeros, quienes han asumido una postura muy crítica hacia el proceso judicial y han bloqueado intentos de Taddei por concentrar más poder en su figura.

De los seis denunciados por Gutiérrez Luna, tres permanecen en el Consejo General del INE, y todos ellos –Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera– forman parte del grupo de consejeros “disidentes”; una sanción contra ellos debilitaría al bloque “disidente”, del que Guadalupe Taddei se ha quejado públicamente en varias ocasiones, hasta la ruptura que sucedió cuando cinco “disidentes” intentaron aprobar un acuerdo para desconocer los resultados de la elección judicial, debido a las irregularidades detectadas durante el proceso.

Coincidencia o no, Sergio Gutiérrez Luna presidió la sesión de la Cámara de Diputados del 10 de diciembre de 2024, en la que los legisladores aprobaron por unanimidad el nombramiento de Víctor Hugo Carvente Contreras como nuevo titular del OIC del INE. Menos de tres meses más tarde, el funcionario reabría el expediente contra los tres consejeros.

Después que la consejera Dania Ravel reveló que el OIC revivió sorpresivamente el expediente contra los consejeros, se generó una polémica en torno al talante autoritario de Morena contra sus detractores, que llevó al líder del partido en la Cámara, Ricardo Monreal Ávila, a pedir públicamente el retiro de la queja.

Esta nueva controversia en torno a Gutiérrez Luna sucede semanas después que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) obligara a una usuaria de X a pedir disculpas públicas durante 30 días por haber insinuado en una publicación que Diana Karina Barreras, la esposa de Gutiérrez Luna, había ganado su candidatura para diputada del Partido del Trabajo (PT) en Sonora gracias la intervención de su marido.

La decisión del TEPJF desató una ola de indignación ante el abuso de poder de la pareja, la cual derivó en una campaña en redes sociales que exhibió el estilo de vida fastuoso de los esposos, y llevó Gutiérrez Luna a denunciar una presunta campaña orquestada por el empresario Claudio X. González en su contra.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Aprueban reforma para que Senado ratifique a mandos de la Guardia Nacional

La oposición acusó que este dictamen es resultado de una omisión en la reforma que constitucionalizó la militarización de la Guardia Nacional.

En sesión vespertina, los diputados oficialistas aprobaron la reforma que establece que la Cámara alta ratifique los nombramientos de las personas con la jerarquía de coronel y demás con categoría de jefes superiores de la Guardia Nacional (GN) propuestos por el o la titular del Ejecutivo. 

Los diputados aprobaron en lo general y en lo particular por 348 votos a favor y 98 en contra la iniciativa que reforma los artículos 76 y 78 de la Constitución en materia de ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional, la cual busca la armonización con la reforma Constitucional en materia de GN aprobada el 30 de septiembre del 2024.

La reforma también establece lenguaje inclusivo en su redacción de los artículos 76 y 78 de la Constitución en materia de ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional. La reforma será enviada a los estados y se busca sea aprobada en al menos 17 de estos para que sea constitucional. 

Oposición acusa pifias legales y ratificación de la militarización

La diputada del PAN, Noemí Luna, afirmó que, con esta reforma, los diputados oficialistas solucionan pifias legislativas, sin embargo, no así con las instituciones como la Guardia Nacional, por ello, afirmó que votaran en contra.    

“Las pifias legislativas se pueden solucionar. Lo que lamentablemente no tiene solución, y por eso en el Partido Acción Nacional vamos a votar en contra, es el gravísimo daño que ustedes le están haciendo a todas las instituciones, incluyendo al Ejército Mexicano y la confianza ciudadana. Dicen que introducen los contrapesos y que la ratificación es un mecanismo de control. Control, contrapesos y rendición de cuentas son mecanismos que ustedes no conocen”, detalló.  

Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Claudia Ruiz Massieu, resaltó que este dictamen es resultado de una omisión en la reforma que constitucionalizó la militarización de la Guardia Nacional, así que afirmó que respaldarlo implicaría respaldar la esencia misma de aquella reforma. 

“No es un simple acto de armonización, es el reconocimiento constitucional expreso de la existencia de una nueva corporación de las Fuerzas Armadas. Con mando con integrantes, con formación, con fuero y con un sistema de ascensos militar. 

“Sí hay una omisión, producto de las prisas y el desaseo, sí falta armonizar, porque en su prisa dejaron descobijados a los mandos de la Guardia Nacional. Pero no nos dejemos engañar, esta propuesta no fortalece el control parlamentario del Senado sobre la Guardia Nacional. Lo que hace es seguir legitimando la militarización de la seguridad pública”, enfatizó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

Roban casa de Fernández Noroña en Tepoztlán: “grave y extrañísimo”

El morenista no incluyó detalles sobre los objetos sustraídos ni la presencia de personas en la vivienda, aunque confirmó que su pareja, Emma Ocampo está a salvo.

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, denunció el robo de su casa en Tepoztlán, Morelos, la madrugada de este 24 de septiembre, un hecho que calificó como “grave y extrañísimo”.

El robo, reportado por Noroña tras regresar a la Ciudad de México desde Chihuahua, no incluyó detalles sobre los objetos sustraídos ni la presencia de personas en la vivienda, aunque confirmó que su pareja, Emma Ocampo está a salvo.

Este incidente se suma a la controversia, ya que la casa ha sido cuestionada no solo por su irregularidad legal, sino también por contradecir el discurso de austeridad de Morena.
El incidente, ocurre en un contexto de fuertes críticas hacia el inmueble, conocido como “La Casa del Silencio”, debido a su presunta adquisición irregular y su elevado valor de 12 millones de pesos.

De acuerdo con información publicada por Proceso, la casa de Noroña, ubicada en el Valle de Atongo, carece de registro catastral y no paga impuestos prediales, según confirmó el presidente municipal de Tepoztlán, Perseo Quiroz Rendón.

La propiedad se encuentra en tierras comunales protegidas por una resolución presidencial de 1929, lo que implica que no puede ser objeto de compraventa ni hipoteca.

En Tepoztlán, la tenencia de la tierra es predominantemente social (80% comunal y 20% ejidal), y cualquier cesión de derechos debe ser aprobada por la Asamblea General de Comuneros, un proceso que, según las autoridades locales, no ocurrió en el caso de Noroña.

El predio, adquirido en noviembre de 2024, ha generado rechazo entre los comuneros, quienes el 29 de agosto de 2025 protestaron frente a la propiedad exigiendo su restitución al pueblo.

Los manifestantes denunciaron que la compra viola las normas agrarias, ya que las tierras comunales son “imprescriptibles e inembargables”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

‘El Mayo’ quiere morir en MX; le detectan “fase temprana de demencia”, afirma abogado

El capo sinaloense Ismael Mario Zambada García, “El Mayo”, cofundador y ex líder del Cártel de Sinaloa, de 76 años de edad, quisiera morir en México y no acabar sus días en la prisión de máxima seguridad de Florence ADMAX, conocida como el “Alcatraz de las Rocallosas”, ubicada en el condado de Fremont, Colorado.

La misma donde estaban internados Genaro García Luna -ex titular de la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante el Gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012-, así como Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, ex líder del Cártel de Sinaloa, organización delictiva que lo habría sobornado mientras era funcionario federal.

Así lo dijo Frank Pérez, abogado de Zambada García, durante una entrevista con el diario Milenio, en la que indicó que esperaba que los beneficios por declararse culpable de narcotráfico en Estados Unidos, le permitieran evitar cumplir su sentencia en la prisión de Florence ADMAX y morir en México.

“El Mayo” se declaró culpable, el 25 de agosto de 2025, ante el juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, de los cargos de asociación ilícita y de dirigir una empresa criminal continua que, según los fiscales neoyorquinos, distribuía enormes cantidades de drogas, principalmente a EE. UU.

Ese día, Zambada García -que estaba acusado de un total de 17 cargos- reconoció haber liderado una organización criminal -el Cártel de Sinaloa- de forma continuada desde enero de 1989 hasta enero de 2024, además de haber conspirado en virtud de la Ley Rico (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado), debido a su participación en blanqueo de capitales, asesinatos y secuestros relacionados con el narcotráfico.

Tras la declaración de culpabilidad, “El Mayo” evitó así ser procesado en un juicio público, pero perdió su derecho a revocar la sentencia que le impondrá el juez, quien le enfatizó al capo sinaloense que cada uno de los delitos de los que se había declarado culpable conllevaba pena de cadena perpetua, lo que podría concretarse cuando se leyera la sentencia, el 13 de enero del 2026.

Sin embargo, dos semanas antes de que se conociera la sentencia comenzarían las reuniones entre el juez y la Fiscalía neoyorquina, que emitiría una recomendación al respecto. Además, Cogan informó que como parte del acuerdo, impondría a Zambada García una multa de 2 millones de dólares, además de que le decomisaría bienes y activos por 15 mil mdd, mismos que habría generado durante su medio siglo dedicado a actividades ilícitas.

“Número uno, se declaró culpable porque es culpable y quería aceptar su responsabilidad […] Lo que esperamos son las condiciones, dónde lo van a mandar. No queremos que lo manden para el ADX, queremos una cárcel, ya es un señor de edad, donde puedan darle la atención que necesita por su salud, y visitas para la familia”, indicó el abogado de “El Mayo”, al citado rotativo.

“El señor sí quería regresar a México, él quiere morir aquí en México, en su país, pero quién sabe, así es la política y quién sabe qué va a pasar en el futuro”, enfatizó Pérez a Milenio, además de que también aseguró que no había recibido ninguna contestación por parte del Gobierno mexicano.

Asimismo, el litigante aprovechó para detallar un poco de la vida diaria del capo sinaloense en la unidad de reos peligrosos en el Centro Correccional Metropolitano, Nueva York (MCC New York, por sus siglas en inglés), donde esperaba su sentencia, programada para enero de 2026.

Según contó el abogado al citado rotativo, Zambada García leía varios libros de historia de México, una temática a la que se aficionó desde antes de su arresto. Además, tenía una radio con la que escuchaba algunas estaciones en español.

Sin embargo, siempre según el litigante -citado por Milenio-, las autoridades de salud de la prisión habían detectado que sufría de una fase temprana de demencia, por lo que su salud psicológica era una prioridad para sus representantes.

Asimismo, el defensor de ‘El Mayo’ insistió “en que los secretos de su cliente morirán junto a él”. Según el abogado, Zambada García no era un informante, un colaborador o testigo de alguna agencia de seguridad estadounidense, y que, de lo contrario, habría solicitado primero que la familia de su cliente fuera reubicada en territorio estadounidense, por su propia seguridad.

“El señor Zambada no está cooperando con ningún gobierno, americano o mexicano, [con] nadie. No lo está haciendo porque no le conviene al señor. El señor tiene 75 años, está enfrentando toda su vida en la cárcel, yo espero que esa sea su sentencia, así que no gana nada, y el señor no quiere”, dijo Pérez a Milenio.

“Los informes recientes de los medios de comunicación que sugieren que Ismael Zambada García está cooperando con las autoridades federales son inexactos. Si bien Ismael Zambada García se declaró culpable en este asunto, no ha cooperado con el gobierno ni ha firmado ningún acuerdo de cooperación”, escribió el abogado, en una posterior declaración escrita, enviada al citado rotativo.

“Reconocer una base factual no equivale a cooperar con el gobierno. Simplemente, confirma que la declaración de culpabilidad se basa en hechos ya presentados ante el tribunal. Un acusado puede admitir una irregularidad para resolver su propio caso sin colaborar con el gobierno en las investigaciones o el procesamiento de terceros”, abundó Pérez.

“En este caso, testimonios previos en juicios recientes ya habían descrito la conducta; la admisión del acusado sólo sirvió para confirmar la suficiencia legal de la declaración, no para aportar nueva información, ampliar testimonios anteriores u ofrecer cooperación”, concluyó el abogado, citado por Milenio.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

EU acusa de narcoterrorismo a 34 miembros del Cártel de Sinaloa, incluidos 32 estadounidenses

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), anunció, el 24 de septiembre de 2025, un encausamiento judicial en contra de 34 personas, dos mexicanos y 32 ciudadanos estadounidenses, por apoyar con a la organización “terrorista” del Cártel de Sinaloa, con material para el trasiego de drogas y lavado dinero.

Según un comunicado emitido por el DOJ, las 34 personas -31 de ellas acusadas de ser altos “miembros de alto rango” del Cártel de Sinaloa-, enfrentaban cargos federales por su presunta participación en el tráfico de cientos de kilogramos de metanfetamina, fentanilo y cocaína al sur de Illinois, así como el lavado de las ganancias a México.

Los 32 estadounidenses acusados de narcoterrorismo junto fueron: Earl Frank, Michael Pennel, Chontell Reynolds, Jeffrey Neely, Dereck Turnage, David Allen Day, Dwayne Kimmins y Charles R. Evans, Shannon Guyton, Kimberly Hoskins, Aundre Vaughn, Germán Ángel Alatorre Monge, Leobardo Alcaraz Ibarra, Miguel Ángel Aramburo Jr., Manuel Buenrostro, Oscar Bryan Castro y Carlos Díaz Jr.

Así como Alejandro Flores, Armando Gallardo, Karen Gandarillas Carreño, Roberto J. González Jr., Sabrina Danielle Herrera, Mauro Armando Luna Rentería, Lucia Viridiana Montaño, David Alonso Pereda, Memo Pérez, “Demecia Pérez”, Jaqueline Desiree Pikkila Vigueras, Miguel Ríos, Richard Ruiz Jr., Evan Sánchez, Julio Villa Morales, José Espino Zavala, y Martín Ismael Zúñiga López. Mientras que los dos ciudadanos mexicanos acusados en el encausamiento fueron Próspero Coronel Sánchez, alias “Pro”, y José Luis Angulo Soto, “José Luis Angulo Cazares”, y/o, “El Mi Niño”.

“El Cártel de Sinaloa se vale del narcotráfico para financiar su terrorismo contra el pueblo estadounidense, mientras siembra veneno en nuestras comunidades […] La acusación formal de hoy supone un duro golpe a la infraestructura de esta organización terrorista, mientras cumplimos la misión del presidente Trump de desmantelar y destruir los cárteles”, declaró Pamela Jo Bondi, Fiscal General de EE. UU., citada en un comunicado.

“El Cártel de Sinaloa es una organización criminal internacional despiadada que siembra el terror mediante la intimidación, la tortura y el asesinato. Toda esta organización se financia a través de una red de distribución de drogas que abarca el sur de Illinois”, dijo, por su parte, Steven D. Weinhoeft, fiscal federal, para el Distrito Sur de Illinois.

“La acusación formal sustitutiva de hoy se dirige contra algunos de los líderes más importantes de Sinaloa, lo que demuestra nuestro compromiso de utilizar todas las herramientas posibles para aplastar a este cártel, desmantelar sus operaciones y proteger a nuestra comunidad del narcoterrorismo”, agregó Weinhoeft.

“El anuncio de hoy en el Distrito Sur de Illinois es crucial en nuestra lucha por eliminar al Cártel de Sinaloa”, señaló Terrance Cole, titular de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), también citado en el comunicado.

“El extraordinario trabajo de la División de Campo de St. Louis y sus socios resultó en la incautación de más de 360 ​​kilos de fentanilo y expuso una red de lavado de dinero que movía millones de dólares en ganancias del cártel a través de bancos estadounidenses”, abundó Cole

“Esta no es una operación callejera, sino una red de tráfico de drogas del cártel que ha inundado el Medio Oeste con cantidades significativas de fentanilo, metanfetamina y cocaína. Continuamos la lucha, utilizando todos los recursos del gobierno de Estados Unidos, para destruir al Cártel de Sinaloa”, enfatizó el jefe de la DEA.

“La acusación formal alega que el Cártel de Sinaloa es una organización transnacional de narcotráfico con sede en México que utiliza la violencia premeditada para controlar territorio y socavar la autoridad gubernamental. El Cártel sustenta su actividad traficando narcóticos a Estados Unidos y canalizando las ganancias de vuelta a México”, explicó el DOJ.

“Durante aproximadamente una semana, la DEA, en colaboración con sus aliados en la aplicación de la ley, arrestó a 15 de los acusados ​​en un operativo nacional que involucró a miembros del Cártel de Sinaloa. Estas imputaciones y arrestos son el resultado de un operativo de varios años que incluyó la incautación de más de 400 kilogramos de fentanilo, casi 80 kilogramos de metanfetamina y 50 kilogramos de cocaína en comunidades del sur de Illinois y sus alrededores”, detalló el Gobierno de EE. UU.

“El presidente Donald J. Trump designó al Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera (OTE). Esta designación incluyó al Cártel de Sinaloa entre ocho organizaciones criminales clasificadas como OTE y Terroristas Globales Especialmente Designados (TGED) según la Sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (8 USC § 1189) y la Orden Ejecutiva 13224”, recordó el DOJ.

“El narcotráfico es un delito federal que prevé penas más severas para castigar el tráfico de drogas que apoya a organizaciones terroristas. El delito de apoyo material se aplica cuando una persona proporciona recursos a una organización a sabiendas de que ha sido designada como organización terrorista extranjera”, insistió el Gobierno de EE. UU.

“Un gran jurado federal presentó una acusación formal sustitutiva alegando que 26 acusados ​​participaron en una red de distribución de drogas originada en México con origen en el Cártel de Sinaloa que incluía el Distrito Sur de Illinois […]”, destacó el DOJ.

“Según documentos judiciales, la conducta imputada ocurrió entre enero de 2020 y julio de 2025. Se acusa a la conspiración de distribuir más de 50 o más gramos de metanfetamina, 400 o más gramos de fentanilo y cinco kilogramos o más de cocaína”, indicó el Gobierno de EE. UU.

“Este caso forma parte de la Operación ‘Recuperemos América’, una iniciativa nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales, y proteger a nuestras comunidades de los autores de delitos violentos”, señaló el DOJ.

“La DEA de San Luis, la Investigación Criminal del IRS, las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el Servicio de Inspección Postal de EE. UU. investigaron el caso. La Unidad de Programas de Libertad Condicional y Aplicación de la Ley de HSI brindó un apoyo crucial. Los fiscales federales adjuntos Karelia Rajagopal, Laura Reppert y Thomas Leggans del Distrito Sur de Illinois están a cargo del caso”, reveló el Gobierno de EE. UU.

Según lo destacó el DOJ, la acusación revelada el miércoles 24 de septiembre de 2025, derivó de una acusación originalmente presentada en 2023, contra de una red de 12 de tráfico de drogas en la zona metropolitana de Saint Louis, Missouri, que bordea con el Estado de Illinois, así como en Oklahoma, y de los que 10 personas ya se declararon culpables de traficar narcóticos.

De los acusados originalmente en 2023, los únicos dos individuos que volvieron a ser acusados dentro de la nueva acusación, fueron los estadounidenses Earl Frank y Michael Pennel, quienes se habían declarado no culpables de los cargos de conspiración para traficar drogas.

“Hoy, @TheJusticeDept anunció cargos federales contra varios miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa por su presunta participación en el tráfico de más de 360 ​​kilos de fentanilo y otras drogas letales. Esto se produce tras el arresto de @DEAHQ de 15 de los acusados”, escribió Bondi, en su cuenta de la red social X.

“El Cártel de Sinaloa se vale del narcotráfico para financiar su terrorismo contra el pueblo estadounidense, mientras siembra veneno en nuestras comunidades. La acusación de hoy representa un duro golpe a la infraestructura de esta organización terrorista, mientras cumplimos con la misión del presidente Trump de desmantelar y destruir los cárteles”, comentó la Fiscal General de EE. UU.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.