La reforma constitucional abre la puerta a contar con una ley general que homologue el combate a la extorsión en todo el país
La reforma aprobada con 106 votos de todos los grupos parlamentarios modifica el artículo 73 de la Constitución, para agregar la extorsión como uno de los delitos sobre los que los legisladores deben expedir las leyes generales.
En la actualidad, cada entidad y la propia Federación tienen normativas distintas. Por lo tanto, una de las principales problemáticas que busca corregir la reforma es la disparidad entre las normas federales y estatales en torno a este delito, ya que la extorsión está regulada con diferentes definiciones, modalidades, agravantes y penalidades en los distintos códigos penales.
Con esta reforma, el Congreso podrá expedir una ley general sobre ese delito. La normativa estará enfocada en homologar el tipo penal y sus sanciones, además de establecer mecanismos de colaboración entre instituciones y articular las capacidades del Estado.
La iniciativa fue enviada al Congreso por la presidenta Claudia Sheinbaum a principios de julio, unos días después de que su gobierno presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, enfocada en combatir el delito que ha ido a la alza en los últimos años, de acuerdo con la propia mandataria.
La reforma aprobada será enviada a los Congresos estatales para obtener su aval y que pueda ser promulgada, tras lo cual el Congreso tendrá un plazo de 180 días para emitir la ley general en la materia.
Esa ley, según adelanta la propia propuesta, deberá regular los programas de formación especializada para cuerpos de seguridad y procuración de justicia que combatan el delito, así como el uso de inteligencia, tecnología e informática en la investigación.
La normativa tendrá que establecer estrategias para evitar que personas privadas de la libertad orquesta y realicen extorsiones desde el interior de los centros penitenciarios.
También deberá contener la ruta de canales seguros y eficaces de denuncia y las medidas de protección para testigos y víctimas.
“No tienen confianza en las autoridades”
Sólo hubo oradores para hablar a favor de la iniciativa, pero la oposición destacó los pendientes en seguridad que rodean a este delito.
La senadora del PRI, Carolina Viggiano, citó la Encuesta Nacional de Victimización para sostener que la extorsión tiene una cifra negra de 97 por ciento por la falta de denuncias ante la desconfianza autoridades.
“El delito crece en la oscuridad, se esconde en el silencio y golpea directamente la economía familiar”.
La legisladora recordó que en lo que va del 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó un crecimiento de 45.3 por ciento de la extorsión en lo que va de 2025.
“La extorsión telefónica representa el 85 por ciento, obviamente en los lugares donde tenemos delincuencia organizada hay cobro de piso, de manera directa en los negocios, en las regiones que controla el crimen organizado”, dijo.
La senadora Claudia Anaya, llamó a realizar una autocrítica y reconocer que hay omisión, corrupción y colusión en los delitos de extorsión, lo que deriva en costos más altos en los productos que terminan afectando a los consumidores. Ejemplificó con el caso de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, CATEM, presidida por el diputado de Morena Pedro Haces, que tiene denuncias de comerciantes de la construcción.
También, la legisladora advirtió que municipios y estados deberán contar con los recursos suficientes para enfrentar el delito de la extorsión, ya que se ha ido concentrando la administración de los recursos de seguridad a la Federación.
La panista Susana Zatarain, del PAN, destacó la coincidencia de todos los grupos para legislar contra la extorsión y llamó a trabajar en conjunto para poner penas severas.
“Pongamos penas severas, que hagamos que la ley se cumpla y que exijamos que el gobierno de México siga combatiendo con todas sus fuerzas a quienes vienen a quitarle la paz a las y los mexicanos, la seguridad es un derecho, no un privilegio”.
En tanto, el senador Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, advirtió que no se trata sólo de homologar el delito y sus sanciones, sino que “poner a las víctimas en el centro” y contemplar las distintas modalidades de la extorsión.
“Se trata de fortalecer canales de denuncia que den seguridad a quienes se atreven a alzar la voz frente a los delincuentes. Y se trata de generar confianza ciudadana, a partir de resultados tangibles”.
En su participación, la senadora Lucía Trasviña, de Morena, ejemplificó la diferencia de normativa que existe actualmente en las entidades del país.
“Mientras en el ámbito federal la pena por extorsión va de dos a ocho años, en Chihuahua alcanza hasta 30 años y en Oaxaca apenas llega a tres años, esta disparidad no sólo es injusta debilita el sistema de justicia y abre márgenes de impunidad, por eso es urgente unificar y homologar”.
Araceli Saucedo, de Morena, reiteró el respaldo a la iniciativa presidencial y reconoció que las víctimas necesitan garantías de la denuncia sin riesgos.
“Reconocemos y decidimos apoyar a nuestra Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, con esta iniciativa, además acompañar al pueblo mexicano; porque estoy segura que con ello vamos a avanzar”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANDRO AGUILAR.
