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“Le vamos a hacer mierda la ventanilla y lo vamos a sacar a rastras”

En un suburbio de Maryland, antes del amanecer, a un mes de inaugurado el gobierno de Trump, un alto funcionario de ICE estaba de pie junto a un Mazda que sus agentes acababan de detener.

El funcionario le dijo a un reportero de la televisión local en la escena lo que estaba a punto de suceder. “O nos da el carnet”, dijo, “o le hacemos mierda la ventanilla y lo sacamos a rastras”. Entonces, como el conductor se negó a salir del coche, los agentes rompieron el cristal.

Fue uno de los casi 50 casos documentados de agentes de inmigración que rompieron ventanas de vehículos que ProPublica ha identificado a partir de redes sociales, noticias locales, demandas y entrevistas desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo hace seis meses. Usando los mismos métodos, encontramos solo ocho en la década anterior. Ninguna de las cifras es exhaustiva. El Gobierno no publica estadísticas al respecto.

Expertos en el uso de la fuerza y ex miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas dicen que la táctica rara vez se utilizó durante las administraciones anteriores. Dicen que no se conoce ningún cambio de política que autorice a los agentes a romper ventanas. Más bien, es parte de una ruptura normativa más amplia.

Hay cuotas de detenciones, y cada vez son más agresivas. “Se ha puesto un énfasis en la rapidez y el número de detenciones que antes no existía”, afirma Deborah Fleischaker, jefa de personal de ICE durante la presidencia de Joe Biden.

A los agentes que rompen cristales no se los sanciona, sino que se los asciende. El funcionario de Maryland, Matthew Elliston, ocupa ahora un alto cargo en la sede central y supervisa las operaciones en la costa este. Del otro lado del país, un jefe de la Patrulla Fronteriza que también adoptó esta táctica, Gregory Bovino, quedó a cargo de las redadas en Los Ángeles. (Ninguno de los dos respondió a las preguntas de ProPublica).

ICE afirma que sus agentes utilizan un “mínimo de fuerza” en las detenciones. Saque sus propias conclusiones.

Los agentes rompen las ventanillas de los autos incluso si en su interior hay niños llorando o mujeres embarazadas.


“¡Está embarazada!”, gritaba un hombre mientras su mujer, ciudadana estadounidense, filmaba desde el interior de su Chevy. “¡Está embarazada! ¡Está embarazada!”

Los agentes rompieron tres ventanas para detener a Jeison Ruiz Rodríguez y a su hermano menor César a principios de marzo. El video no fue el primero que sale a la luz en el gobierno de Trump: este año ya se habían registrado al menos nueve detenciones con ventanas rotas, algunas documentadas por publicaciones en Facebook, por periodistas locales o de la televisión en español.


El Día de la Madre, en los suburbios de Boston, agentes de ICE y del FBI detuvieron a una familia que se dirigía a la iglesia y amenazaron a Daniel Flores Martínez con lo que, según la familia y un testigo, podría ser una pistola. Sus tres hijos y su esposa, ciudadana estadounidense, lloraban en el auto. Los agentes le rompieron la ventanilla a Flores Martínez, lo obligaron a arrodillarse y luego lo tiraron bruscamente al suelo.

Uno de los niños es pequeño. Otro tiene 12 años y padece una discapacidad grave.

El incidente fue captado por el entonces estudiante de secundaria Kenneth Santizo, que estaba cerca esperando el autobús. “Lo único que oía era el llanto de los niños”, contó Santizo.

Hay denuncias de caras ensangrentadas, brazos cortados y otras lesiones, producto de los vidrios de las ventanillas rotas por los agentes.


En junio, un testigo grabó a varios agentes enmascarados que rompieron con una cachiporra el vidrio trasero de una camioneta blanca, tiraron al conductor al suelo y le apretaron con fuerza la cabeza contra el pavimento. El detenido, a quien se ve por última vez en el video con sangre en la cabeza, no ha sido identificado.


En una calle residencial, en mayo de este año, los agentes hicieron pedazos dos ventanillas de un Ford Focus para detener a los dos hombres que iban dentro. Un vecino filmó desde el interior de su casa a un hombre, que luego WBUR identificó como el inmigrante guatemalteco Kiender López López, que se puso a pelear con los agentes enmascarados. (Anteriormente fue acusado de violencia doméstica, pero no lo condenaron). Gritaba pidiendo ayuda cuando varios agentes lo derribaron. El gobierno no facilitó ninguna información sobre la detención, a pesar de las reiteradas peticiones de WBUR y ProPublica.

Al menos 10 personas declararon haber sido heridas este año en detenciones con ventanas rotas. Cuando llegó al centro de detención procedente de Spokane, Washington, César Ruiz Rodríguez tenía una herida abierta en la parte de atrás de la cabeza, dijo su abogado, y las radiografías mostraban esquirlas de vidrio en las rodillas de su hermano Jeison. ICE afirmó que los hermanos, nacidos en Nicaragua, eran miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua. Ambos negaron su pertenencia a la banda. Descubrimos que a los hermanos los habían acusado de amenazar a un familiar, pero los fiscales retiraron los cargos.

En Kentucky, ICE detuvo a Martin Rivera y a su novia, Jennifer Gribben, ciudadana estadounidense, aunque en realidad buscaban a un fugitivo. “Dijeron que buscaban a García,” dijo Rivera en una escena que la pareja transmitió por Facebook Live y que luego borraron. Uno de los agentes respondió: “Pero te encontré a ti”.

Luego procedieron a romperle la ventanilla del coche. Gribben escribió en Facebook que la golpearon “brutalmente en la cabeza” y que los agentes le rompieron el brazo a Rivera. Se declaró inocente de los cargos de resistencia a la autoridad y agresión en tercer grado derivados del incidente.

Cerca de Detroit, agentes de ICE enmascarados sacaron de su coche a Verónica Ramírez Verduzco, de 49 años, empleada de un hogar de asistencia, arrastrándola por una ventanilla que rompieron. Según su abogado, cinco días después del incidente, Ramírez Verduzco aún tenía heridas cortantes en los antebrazos.

ICE le informó a ProPublica que los agentes están autorizados a utilizar la fuerza cuando los civiles no siguen sus órdenes. Pero Ramírez Verduzco y otros contaron que casi no les dieron tiempo a responder antes de que los agentes les rompieran las ventanillas.

“No tuve chance de entender lo que estaba pasando”, dijo en una entrevista poco antes de que se ordenara su deportación a México.

Los funcionarios afirman que buscan a “lo peor de lo peor”. Pero rompen ventanillas para detener a personas sin antecedentes penales.

En un caso, ICE declaró que una mamá de 51 años tenía conexiones con MS-13.


Esta primavera, ICE detuvo a Elsy Noemi Berrios tras romper la ventanilla de su auto y llenarle de vidrios el vestido estampado. Su hija adolescente gritaba y lloraba mientras grababa con su celular. Un agente ayudó a Berrios a sacudirse las esquirlas de vidrio y a salir del coche. “Gracias”, dijo ella. Luego, el agente la esposó.

Cuando el video se volvió viral, provocando una indignación generalizada, la agencia emitió un comunicado en el que afirmaba que Berrios, de nacionalidad salvadoreña, tenía “probados lazos con la violenta pandilla callejera transnacional MS-13”. Tras examinar los registros judiciales, tanto federales como locales, no encontramos antecedentes penales de Berrios ni ninguna otra prueba que apoyara esta afirmación. En otro caso muy difundido, en julio de este año, ICE detuvo cerca de Portland (Oregón) a un quiropráctico iraní que estaba en proceso de obtener su residencia legal. Se dirigía a la guardería de su hijo pequeño. “Tengo un bebé en el auto”, dijo el hombre. Le permitieron seguir hasta la guardería y le rompieron una ventanilla no bien bajó al bebé del coche. No pudimos encontrar antecedentes penales.

Tu auto es una zona gris en términos constitucionales. No goza de las mismas protecciones avaladas por la Cuarta Enmienda que tienen los domicilios particulares. Uno puede negarse a abrir la puerta de su casa si los agentes no le muestran una orden judicial, pero no puede negarse a bajarse del coche.

La Constitución sigue estableciendo cuándo es legítimo emplear la fuerza, y cuánta pueden ejercer los agentes. Pero no hay reglas claras. ¿Deben romper los cristales minutos o segundos después de parar un vehículo? ¿Hace falta sacar a alguien a rastras por la ventanilla rota cuando podrían esperar a efectuar la detención otro día?

“El uso de la fuerza debe ser objetivamente razonable”, afirma Bruce Alan Barnard, instructor jubilado de la Cuarta Enmienda en el Centro de Formación de las Fuerzas de Seguridad Federales en Georgia, donde se entrenan los agentes del ICE. El problema de lo “objetivamente razonable”, dice Barnard, es que “es un oxímoron. Lo que es razonable para usted puede no serlo para mí”.

A los agentes de inmigración no les dicen si tienen que romper o no las ventanillas de los autos ni de qué manera deben hacerlo, según nos informaron antiguos funcionarios federales. Nada se dice al respecto en las directrices sobre el uso de la fuerza para los agentes de inmigración. No es que haya estado prohibido. Solo era una táctica inusual.

No se dice nada al respecto en las directrices del gobierno sobre el uso de la fuerza para los agentes de inmigración. Y los ex instructores y alumnos del centro de formación en Georgia afirman que nunca formó parte del plan de estudios.

A menudo, los civiles a los que les destrozan las ventanillas no son las personas que buscaban los agentes. Algunos son ciudadanos estadounidenses.


En Massachusetts, esta primavera, un agente de ICE alto y con gorra de camionero rompió con un mazo las ventanillas del auto en el que iba Juan Francisco Méndez, solicitante de asilo guatemalteco. Los agentes habían parado el coche buscando a un tal “Antonio”, según declaró su esposa al ser consultada por el New Bedford Light. Méndez no tiene antecedentes penales conocidos. Méndez y su mujer les dijeron a los agentes que se bajarían del auto cuando llegara su abogado. Antes de romper la ventanilla con el mazo, uno de los agentes los amenazó en un español entrecortado: “Puede hacer esta dos veces. ¿Duro o facil?”

Un portavoz de ICE le dijo a ProPublica que la agencia “respalda las maniobras consideradas apropiadas por los agentes en la escena”.


En junio, una niña de 15 años y su madre vieron a unos agentes de ICE parar un camión de trabajo y detener bruscamente a varios hombres.

“Por última vez, ¿me vas a abrir o no?”, advirtió un agente antes de romper el cristal. “Te lo voy a hacer mierda ahora mismo”.

Mientras la adolescente gritaba y les preguntaba a los agentes si tenían orden judicial, el conductor habló a cámara y dijo que era ciudadano estadounidense.

A principios de este año, el zar de la frontera Tom Homan lanzó una de sus ya conocidas amenazas a una ciudad santuario, prometiendo hacer del área de Boston un “infierno”. Para ese fin, sus agentes de inmigración necesitaban ayuda.

Un comunicado de prensa de ICE no tardó en anunciar su colaboración con otras agencias federales, entre ellas la Guardia Costera y el Departamento de Estado, en un operativo de un mes de duración en la zona, que bautizaron Operación Patriota. (La Guardia Costera confirmó que ayudó a transportar a las personas detenidas en Martha’s Vineyard y Nantucket. El Departamento de Estado también confirmó su participación. Ninguno de estos organismos hizo más comentarios).

Unos testigos filmaron en la cercana ciudad de Waltham, Massachusetts, a agentes enmascarados de la Administración para el Control de Drogas y de Investigaciones de Seguridad Nacional, junto con agentes de agencias no identificadas, que interrogaban a dos hombres estacionados en una furgoneta. “Si me demuestran que están aquí legalmente, los dejo en paz”, dijo uno de los agentes, que como única identificación tenía su chaleco antibalas que decía “agente federal”.

En los meses subsiguientes, agentes federales de otras agencias han seguido participando en operativos de inmigración en todo el país.

No sabemos quiénes son estos agentes enmascarados. Con frecuencia, tampoco a qué agencia pertenecen, ni quiénes son los responsables de su accionar.

¿Qué ocurre si los agentes se pasan de la raya? Por lo general, poco y nada.

Los mecanismos para demandar a los agentes federales son aún más limitados que para la policía, por lo cual a los inmigrantes se les dificulta aún más exigirles a los agentes responsabilidad ante cualquier caso de mala conducta.

“Las probabilidades están en su contra”, afirma Fleischaker, ex alto funcionario de ICE.

Incluso si un juez decide conceder una indemnización por daños y perjuicios, eso no suele cambiar lo que ocurre -o ya ocurrió- en los tribunales de inmigración, que son un sistema aparte. Las pruebas de una detención violenta rara vez evitan que a alguien lo deporten, y si ya ha sido deportado, no lo ayudarán a volver.

La familia detenida el Día de la Madre presentó una denuncia por acciones “ilegales y excesivas”, pero al padre ya lo deportaron a México. (El gobierno no respondió a la denuncia ni a las preguntas de ProPublica al respecto). Precursora de una demanda civil completa, la denuncia dice que su hijo de 3 años le dice ahora a la gente: “La policía rompió la ventana y tiró a papá al suelo”.

Las indemnizaciones en casos similares han sido pequeñas. Una mujer de California detenida por la Patrulla Fronteriza en 2016 después de que los agentes rompieran la ventana de su automóvil mientras sus hijos gritaban llegó a un acuerdo dos años después por $25,000.

Cuando le preguntamos en detalle a la Casa Blanca por la táctica y los incidentes ocurridos, se mantuvo firme en su defensa de los agentes. “ProPublica es un pasquín de izquierda que está descaradamente al servicio de los extranjeros ilegales”, afirmó la vicesecretaria de prensa Abigail Jackson en un comunicado. “Los agentes de ICE están sacando heroicamente a estos extranjeros violentos e ilegales de las calles estadounidenses con la máxima profesionalidad”.

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, también defendió la táctica cuando le preguntaron por la Patrulla Fronteriza. Los agentes “pueden romper las ventanillas de los vehículos” si los ocupantes no acatan sus órdenes, dijo. En junio, un portavoz de ICE declaró para ProPublica: “Nuestros agentes están entrenados para utilizar la mínima cantidad de fuerza necesaria para resolver situaciones de manera que se garantice el éxito del operativo y se dé prioridad a la seguridad.”

Otros organismos cuyos agentes estuvieron implicados en los incidentes que documentamos -el FBI, la DEA y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos- no respondieron o se negaron a hacer comentarios sobre casos concretos.

Los agentes también están deteniendo a testigos. Pero ellos siguen filmándolos.


Los testigos que graban estos videos se exponen a un riesgo no menor.

Job García, estudiante de doctorado de 37 años y ciudadano estadounidense, estaba filmando una redada de inmigración en junio cerca de un Home Depot de Los Ángeles cuando los agentes de la Patrulla Fronteriza rompieron la ventanilla de un camión para detener al hombre que iba dentro. Entonces, los agentes detuvieron a García.

El Mexican American Legal Defense and Educational Fund presentó en julio una denuncia contra el gobierno federal en nombre de García, alegando que los agentes lo detuvieron en represalia por filmar y porque era latino.

En respuesta a nuestras preguntas, McLaughlin, del DHS, afirmó que García “agredió y acosó verbalmente” a la Patrulla Fronteriza. (En el video no se ve ninguna agresión). McLaughlin añadió: “Lo sometieron y detuvieron por agresión a un agente federal”.

Kayden Goode, la chica de 15 años que filmó la detención del ciudadano estadounidense en Rochester, Nueva York, dijo que se sintió obligada a grabar a pesar del peligro que corría.

“Me parece que no estuvo bien,” afirma Goode. “El hecho de que algo sea legal no significa que esté bien.”

A veces basta con la amenaza. Un solicitante de asilo afgano que se bajó del auto ante la amenaza de ICE de romperle la ventanilla dijo en una declaración jurada: “Me hizo acordar a los talibanes”.

Es posible que todo esto sea solo el principio. Poco antes de que se aprobara a principios de julio la flamante ley de política interior de Trump, el zar de la frontera Tom Homan dijo en una conferencia cristiana conservadora que las agencias de inmigración recién estaban empezando. La ley triplicará el tamaño del ICE y añadirá miles de agentes de inmigración.

“¿Les parece que estamos deteniendo a mucha gente ahora?”. dijo Homan. “Aún no han visto nada”.

FUENTE: PROPUBLICA.
AUTOR: NICOLE FOY, MCKENZIE FUNK.

Gobernación publica convocatoria para designar a titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas

Este miércoles, se abrirá el registro electrónico de aspirantes en el micrositio oficial. 30 días después de la publicación, Segob presentará a la presidenta Claudia Sheinbaum, la propuesta de designación del titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB).

La Secretaría de Gobernación (Segob) publicará el próximo viernes 15 de agosto, la convocatoria para designar a la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB). 

Dicha convocatoria se encuentra en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En un comunicado, la dependencia indicó que dicha designación se suma a la de los integrantes del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que actualmente se desahoga ante el Senado.

“Las bases establecen los requisitos y el procedimiento para que colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil propongan candidaturas”, señaló la Segob.

Requisitos para el titular de la Comisión Nacional de Búsqueda

Gobernación precisó que la próxima persona titular de la CNB tendrá que cumplir con los siguientes requisitos: ser ciudadano o ciudadana mexicana; no haber sido condenado por delito doloso ni inhabilitado como servidor público; contar con título profesional; no haber ocupado dirigencia nacional o estatal de un partido político en los últimos dos años, y tener conocimientos y experiencia en derechos humanos y búsqueda de personas.

A partir de este miércoles, se abrirá el registro electrónico de aspirantes en el micrositio oficial. Se prevé que, aproximadamente 30 días después de la publicación, la Segob presente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la propuesta de designación.

“Para el Gobierno de México, la búsqueda de personas desaparecidas es una prioridad nacional y se trabaja de la mano con las familias y colectivos para recibir propuestas de candidaturas que fortalezcan la labor de búsqueda”, añadió.

Teresa Reyes deja la Comisión Nacional de Búsqueda llena de perfiles sin experiencia

Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien estuvo al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda por 21 meses, dejó la institución repleta de gente sin experiencia en puestos clave y frenó proyectos de búsqueda que se construyeron durante años.

Reyes Sahagún fue nombrada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador como encargada de la CNB el 23 de octubre de 2023, cuando las críticas contra el gobierno federal se intensificaron por el aumento de casos de desaparición en el país.

La excomisionada llegó a su cargo entre críticas debido a su falta de experiencia en la materia. Antes de llegar a su puesto había sido directora del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos Mayores y coordinadora de las delegaciones estatales de la Secretaría de Bienestar.

Dos exconsejeros del Sistema Nacional de Búsqueda narran que solo hasta el final de su gestión la funcionaria se abrió a hablar con los colectivos, pero para ese momento ya se habían echado atrás varios proyectos destinados a resolver la crisis de desaparición de personas.

“Algunas cosas que se implementaron (con la excomisionada Karla Quintana), algunas cuestiones que se habían logrado se fueron para atrás, unas de plano fueron anuladas y no se tenían que haber anulado, se tenían que haber modificado”, comenta Valentina Peralta.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

UNAM obstaculiza estudios de mujeres que deciden maternar mientras cursan el posgrado

Estudiantes que decidieron ser madres señalan que vivieron situaciones de discriminación para ingresar y cursar un posgrado en la UNAM, por lo que exigieron a las autoridades universitarias crear un protocolo para mujeres y personas gestantes que estudian y maternan.

Mujeres y personas gestantes que han decidido maternar han sido discriminadas y relegadas en espacios académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como denunció Alisson, una candidata al doctorado en Artes y Diseño que pidió omitir su nombre real para prevenir represalias en su contra.

Alisson fue seleccionada para el programa de posgrado en 2024, pero no pudo completar el proceso de inscripción en la Facultad de Artes y Diseño porque había salido del país para dar a luz a su hija. A pesar de que ella intentó en diversas ocasiones contactar a la universidad para prevenirles de su situación, y buscar una solución, no obtuvo respuesta a tiempo y perdió la oportunidad de continuar sus estudios.

“Me dijeron que ya había sido aceptada, y yo súper feliz y todo, pero yo ya llevaba 7 meses de embarazo”, cuenta sobre su experiencia.

Para poder inscribirse en el doctorado, la UNAM le había dado una cita para entregar en persona su documentación original y tramitar su credencial de estudiante, la cual caía en las fechas en que Alisson estaría fuera de México para parir.

“Yo les escribí inmediatamente en junio para decirles (…) ‘Oye, esta fecha cae dentro de mi fecha probable de parto, no voy a estar, no puedo estar físicamente’”, recuerda. Las autoridades universitarias la remitieron a diversas instancias, pero no le dieron una respuesta a su solicitud previo a su viaje y el área administrativa entró en un periodo vacacional.

Para prevenirse y poder completar su inscripción, a pesar de que la UNAM no le había dado una ruta a seguir, Alisson le pidió a una amiga suya intentar realizar el trámite en la fecha dada, e incluso obtuvo un poder notariado para este fin. Sin embargo, no tuvo éxito.

“No es un proceso que haya fallado porque no aporté la documentación a tiempo, o porque quise que hicieran una excepción para mí. No, físicamente no podía estar presente porque estaba pariendo”.

Animal Político buscó a la UNAM para una postura frente a las denuncias de discriminación contra madres y mujeres embarazadas, pero no obtuvo una respuesta al momento de esta publicación.

“Estaba súper enojada, frustrada”

Cuando el área administrativa de la UNAM retomó labores, Alisson nuevamente intentó comunicarse para dar seguimiento a su inscripción. Para entonces, ya habían pasado dos meses, y ella ya había tenido a su hija en otro país. 

“Me dijeron, ‘Sí, hemos revisado tu caso. Puedes entrar al doctorado, pero no puedes aplicar a la beca’” disponible para el posgrado, recuerda que le comentaron. Molesta, les remarcó que su proceso de inscripción se había demorado porque no obtuvo respuesta de la universidad, pero la decisión fue inamovible. Incluso, recuerda que en una ocasión una trabajadora le comentó que era su culpa y tendría que haber “calculado mejor sus tiempos”.

“Era mi culpa, por no haber calculado en mi embarazo, el nacimiento de mi bebé acorde al posible calendario académico de la UNAM, sin saber en un proceso de 6 meses de selección”, señala Alisson. “Estaba súper enojada, frustrada, triste”.

Por parte de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Artes y Diseño, la invitaron a presentar nuevamente su solicitud al año siguiente, y la animaron al decir que si ya había quedado seleccionada antes, lo volvería a lograr.

“No es un proyecto de vida el ser madre, es un deseo puro, una elección. Por eso, para mí no tiene por qué ser incompatible con mi trabajo”, señala. “Nunca pensé que tendría que elegir entre uno u otro”.

Sin protocolos para atender estudiantes que maternan en la UNAM

Los “Lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM” contemplan, en sus primeros dos artículos, que se debe erradicar y prevenir la discriminación de género en contra de integrantes de la comunidad universitaria en las instalaciones educativas, la cual incluye la “distinción, exclusión o restricción” basada en condición de embarazo.

A pesar de que en el Artículo 11 se señala explícitamente que pueden presentar una denuncia ante el Abogado General de la UNAM por hechos constituyentes en violencia y discriminación de género “los integrantes de la universitaria y público en general, afectados por hechos ilícitos ocurridos dentro de los campus universitarios”, Alisson no fue atendida por la Defensoría de los Derechos Universitarios ni canalizada a la autoridad competente.

“Consulté con muchas entidades de la UNAM que se encargan de (atender) la violencia de género y todas me decían que no me podían ayudar porque no llegué a ser alumna”, dice, contrario a lo estipulado en los documentos universitarios.

El principio de no discriminación por condición de embarazo se repite en la “Guía de derechos y deberes de las alumnas y los alumnos de la UNAM”, cuya primera edición se publicó en el 2014. Pese a lo anterior, no existe un protocolo que oriente cómo atender casos en los que una persona gestante que esté embarazada tenga que atender situaciones médicas, como el mismo parto de su bebé. Animal Político consultó con la UNAM sobre esta falta de protocolos, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta.

“No tenía ni idea de las consecuencias”

Lucía, quien igualmente pidió omitir su nombre para evitar represalias, estaba en el proceso de selección para el doctorado en Artes y Diseño cuando se enteró que estaba embarazada. Era un deseo y plan que había tenido para su vida, por lo que cuando recibió la noticia que sería madre, además de haber sido aceptada en el posgrado, fue doblemente feliz.

“Para mí era un reto personal el poder seguir con mis estudios y estar entrando al doctorado, era algo que tenía en mente, como un propósito”, relata. Una vez que inició el semestre, ella se acercó con sus tutores para compartirles la noticia de su embarazo. 

“Todo el semestre estuve trabajando (…) no pedí realmente ninguna ayuda adicional o lo que sea, no consideré que fuera necesario. Como era mi primer embarazo, no tenía ni idea de las consecuencias que iba a involucrar, estar haciendo el doctorado y a la vez ser mamá”.

Una vez que tuvo su bebé, Lucía hizo cambios en sus horarios y rutinas que le permitieran atender al recién nacido y a la par avanzar en su proyecto de doctorado. Para ese semestre, una de sus tutoras daba asesorías extracurriculares que no eran obligatorias, además que tenían una duración de hasta cuatro horas, por lo que la estudiante se acercó con su profesora para explicarle que no podría asistir a las reuniones.

“Le comenté que no podía estar asistiendo a estas reuniones porque apenas estaba teniendo a mi bebé, a darle pecho, cada tres horas me pedía darle de comer, entonces realmente para mí, el poder asistir era prácticamente imposible”, recuenta. “Le pedí ayuda, si podía tomar las reuniones en línea para que yo pudiera asistir, u otras consideraciones para que me tomara en cuenta”.

La tutora no tuvo una buena reacción, opina Lucía, y le reclamó que ella la había apoyado durante el embarazo. “El hecho que le estaba pidiendo no ir a sus reuniones le molestó demasiado, hubo un rechazo un poco hacía mí, y en las circunstancias donde yo me encontraba en ese momento, yo le di prioridad a mi hija más que al doctorado”.

Lucía continuó con sus estudios y avanzó en su investigación por su cuenta, pero fue relegada en el grupo del posgrado por la doctora, quien posteriormente también le comunicó que ya no quería ser parte de su Comité Tutorial.

Lucía consideró salirse del doctorado por malos tratos

Tanto para Lucía como Alisson, el enfrentar discriminación y obstaculización en la UNAM por el hecho de maternar fue motivo de frustración y desilusión. Para ellas, como para muchas mujeres y personas gestantes en México, el deseo de ser madre no debía ser incompatible con crecer profesionalmente.

“Me sentí muy mal, y hasta consideré salirme del doctorado ante la situación, porque claramente para mí era un estrés adicional estar haciendo el doctorado y siendo mamá primeriza”, comparte Lucía. Además, la beca que recibe por sus estudios es el único ingreso económico propio que tiene.

Esto también lo nombró Alisson, quien recalcó que en un trabajo tradicional formal sí existen licencias de maternidad y permisos que protegen a quienes son madres y laboran; a diferencia del ámbito académico, en el que no existen protocolos o reglamentos para garantizar la continuidad de sus estudios e investigaciones.

Encontrar espacios de lucha en común para maternar y estudiar

Para ambas, el encontrar espacios con otras madres en la universidad ha sido un espacio seguro para continuar con sus sueños profesionales.

“Conocí a dos mamás que tuvieron situaciones muy parecidas a las mías”, comparte Lucía. “Me di cuenta que realmente sí es un tema que están teniendo las mamás, y me parece que es un logro para nosotras, el hecho de poder seguir con nuestros estudios y todavía maternar”.

Alisson remarcó que las universidades deben de crear condiciones para que mujeres y personas gestantes puedan continuar sus estudios, y no sólo dependa del criterio y solidaridad de las y los profesores.

“(Quisiera) que se tenga un protocolo, como en el mundo laboral, con reglas y flexibilidades. Que se tome en cuenta el tiempo en que podemos llegar a ser incapaces de atender obligaciones, como durante el embarazo y los primeros tiempos de la vida del bebé. Las restricciones del embarazo, de la lactancia. Son cosas que no dependen de nuestra voluntad”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TAMARA MARES.

SRE: 'México no aceptaría' operaciones militares de EU en México

El presidente de EU, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en secreto que autoriza al Pentágono a usar la fuerza militar contra los cárteles.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) afirmó que no permitiría la participación de las fuerzas armadas estadunidenses en operaciones dentro del territorio mexicano.

Lo anterior luego que el presidente de EU, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en secreto que autoriza al Pentágono a usar la fuerza militar contra los cárteles.

Comunicado de la SRE:

En relación al comunicado publicado el día de hoy por la Embajada de Estados Unidos en México, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresa lo siguiente:
  1. México y Estados Unidos coincidimos en que la colaboración entre nuestros países se da con respeto irrestricto a nuestras soberanías.
  2. 2. Cada quien debe trabajar en su país, para atender las causas que provocan las adicciones y la violencia derivada del tráfico ilegal de drogas y de armas.
  3. Nuestra cooperación se basa en los principios de confianza mutua, responsabilidad compartida, igualdad soberana, respeto a la integridad territorial y cooperación sin subordinación.
  4. México cuenta con una Estrategia Nacional de Seguridad para construir la paz con justicia, a partir de la atención a las causas estructurales que propician la violencia y avanzar en que haya cero impunidad.
  5. México seguirá trabajando de manera coordinada con los Estados Unidos. En particular en el combate al tráfico ilícito de drogas y de armas, lo cual es fundamental para disminuir la violencia.
  6. La colaboración y el diálogo binacional, en un marco de respeto a las leyes de cada país, es la mejor herramienta para alcanzar el propósito de proteger a nuestras comunidades. Desde hace meses, trabajamos en un acuerdo de seguridad sobre esos principios: colaboración y respeto a la soberanía.
  7. México no aceptaría la participación de fuerzas militares estadounidenses en nuestro territorio.
Trump defiende enviar tropas para atacar a los cárteles

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, defendió este viernes enviar tropas contra los carteles del narcotráfico en América Latina para “proteger” a su país, una maniobra que supondría ir un paso más allá en la guerra contra el fentanilo.

“América Latina tiene muchos carteles. Hay mucho tráfico de drogas. Queremos proteger nuestro país. Tenemos que proteger nuestro país. No lo hemos hecho durante cuatro años”, respondió a los periodistas en la Casa Blanca después de que le preguntaran sobre este posible movimiento.

El mandatario reconoció que “libran un juego difícil” aunque justificó que lo hace por su país. Sin embargo, no dio más detalles del operativo.

El republicano fue interrogado horas después de que The New York Times publicara en exclusiva que ya habría firmado una orden secreta instruyendo al Pentágono a usar la fuerza militar contra los carteles, de acuerdo con fuentes familiarizadas.


De este modo, las fuerzas estadounidenses ya estarían elaborando los primeros planes y contarían con un instrumento legal para realizar ataques militares directos y unilaterales en territorio extranjero contra los carteles.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el mandatario busca luchar contra el tráfico del fentanilo en EU, que, a su juicio, es producido principalmente por los carteles mexicanos con productos chinos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

'No soy funcionario ni manejo recursos del gobierno': José Ramón López Beltrán ante críticas por sus vacaciones

El hijo mayo del expresidente Andrés Manuel López Obrador defendió 'tener momentos personales o familiares no es un lujo, es un derecho. Quien trabaja y vive con honestidad también merece descanso, privacidad y alegría sin ser juzgado'.

José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, respondió a las personas que lo criticaron por estar de vacaciones con su familia, luego que se difundieran fotos con su hija y su hijo.

Afirmó que no es un funcionario público y que manejo recursos del gobierno. “Trabajo, como muchas otras personas, y cuando se puede, también busco compartir tiempo con mi familia”, afirmó.

Ante ello, José Ramón López Beltrán defendió “tener momentos personales o familiares no es un lujo, es un derecho. Quien trabaja y vive con honestidad también merece descanso, privacidad y alegría sin ser juzgado”.

El comunicado:
Hace unos días circuló una foto mía con mi hijito Salomón, y ahora comenzó a circular otra, esta vez con mi hija Natalia. Ante los comentarios que han surgido, me es necesario aclarar algunos puntos.

No soy funcionario público. No tengo ningún cargo ni manejo recursos del gobierno. Trabajo, como muchas otras personas, y cuando se puede, también busco compartir tiempo con mi familia.

Llevo años leyendo que “no trabajo”, como si guardar silencio fuera lo mismo que no hacer nada. Pero no todo se presume ni todo se publica. Trabajo todos los días, desde hace mucho, en proyectos y asuntos que no buscan reflectores ni necesitan aprobación. Y que yo no lo ande contando, no le da a nadie derecho a inventar desde la ignorancia o la mala intención.

Tener momentos personales o familiares no es un lujo, es un derecho. Quien trabaja y vive con honestidad también merece descanso, privacidad y alegría sin ser juzgado.

No hay más que imágenes familiares, como la que muchos padres tienen con sus hijos.

Si algún día llego a participar en la vida pública (que ahora no es el caso), lo haré con responsabilidad, honestidad, transparencia, respeto y amor al pueblo.

El tiempo y la verdad siempre ponen las cosas en su lugar.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

EU revoca visa al empresario Eduardo Margolis; lo vinculan con lavado de dinero y corrupción

Las acusaciones contra el mexicano, de origen judío, refuerzan la percepción de que su influencia en México se construyó sobre una red de relaciones políticas y empresariales opacas, con García Luna como uno de sus principales aliados.

El gobierno de Estados Unidos revocó la visa del empresario mexicano de origen judío, Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol.  

Esta decisión se produce en medio de señalamientos que lo vinculan a presuntas actividades de lavado de dinero, corrupción y contratos públicos millonarios en México.

Margolis, conocido por su influencia en el sector empresarial, enfrenta ahora un nuevo capítulo de controversia que pone en entredicho su historial y conexiones políticas. 

Las acusaciones contra Margolis no son recientes.  

Desde hace años, su nombre ha sido asociado con casos de alto perfil, como el de Vallarta-Cassez y el de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, condenado en Estados Unidos por narcotráfico.  

Margolis mantuvo una relación cercana con García Luna, lo que lo habría beneficiado con contratos gubernamentales durante el sexenio de Felipe Calderón. Esta conexión ha sido señalada como un factor clave en las investigaciones que ahora lo tienen en la mira de autoridades tanto en México como en Estados Unidos.   

El pasado 2 de agosto un artículo de Los Ángeles Press detalló que Margolis fue identificado en un dictamen pericial de 2017, basado en el Protocolo de Estambul, como participante directo en actos de tortura contra Israel Vallarta, implicado en el caso Vallarta-Cassez.  

El informe describe agresiones graves, incluyendo torturas físicas y psicológicas, que dejaron secuelas en Vallarta. A pesar de la gravedad de estas acusaciones, la Fiscalía General de la República no ha iniciado acciones penales contra Margolis, lo que ha generado críticas sobre la impunidad en el caso. 

La revocación de la visa de Margolis también coincide con reportes del 6 de agosto en X, que lo señalan como “persona de interés” en investigaciones en ambos lados de la frontera por presunto lavado de dinero y evasión fiscal. 

Estas acusaciones refuerzan la percepción de que su influencia en México se construyó sobre una red de relaciones políticas y empresariales opacas, con García Luna como uno de sus principales aliados.  

Durante el gobierno de Calderón, García Luna facilitó contratos a empresas vinculadas a Margolis, según fuentes periodísticas, lo que le permitió amasar una considerable fortuna. El caso de Margolis Sobol refleja los desafíos que enfrenta México en el combate a la corrupción y la impunidad, especialmente cuando se trata de figuras con conexiones políticas de alto nivel. La relación con García Luna, quien enfrenta una condena de 38 años en Estados Unidos por proteger al cártel de Sinaloa, pone en perspectiva el alcance de las redes que Margolis habría tejido.  

Por ahora, la revocación de su visa representa un golpe significativo a su estatus, limitando su movilidad internacional y aumentando el escrutinio sobre sus actividades. Mientras las autoridades mexicanas no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las acusaciones, la sociedad civil y medios independientes continúan exigiendo transparencia.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Director del ISPyCF de la CDMX achaca a la Fiscalía los retrasos en la entrega de cuerpos

El funcionario reconoció que hay personas que negocian con las funerarias para agilizar los trámites a cambio de cobros indebidos, pero llamó enfáticamente al personal del Instituto a no aceptar formar parte de este tipo de conductas, ya que el servicio de necropsia es gratuito.

Arturo Cervantes Arroniz, director del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (ISPyCF), achacó el retraso en la entrega de los cuerpos de personas fallecidas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). 

El funcionario reconoció que hay personas que negocian con las funerarias para agilizar los trámites a cambio de cobros indebidos, pero llamó enfáticamente al personal del Instituto a no aceptar formar parte de este tipo de conductas.

“Se ha detectado que las funerarias hacen cobros a los deudos por supuestamente agilizar necropsias, la entrega de certificados de defunción o por, incluso, la práctica de exámenes de laboratorio; en ese sentido, insistió en que el servicio de necropsia no genera ningún gasto para los ciudadanos”, informó el ISPyCF mediante un comunicado. 

El director del ISPyCF, dependiente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), afirmó que el 60% de los casos en que se ha retrasado la entrega de los cuerpos a los deudos se debe a errores de escritura y en la documentación que les envía el ministerio público. 

“Actualmente hay diversos factores que pueden derivar en el retraso en la entrega de cadáveres a sus deudos, que son ajenos a la institución, y explicó que la única autoridad competente para autorizar la entrega de un cadáver es la ministerial, no el personal del ISPyCF.  

“Entre los factores ajenos al ISPyCF que pueden retrasar la entrega de un cadáver está el hecho de que aproximadamente en 60 por ciento de los casos se presentan errores de escritura en la documentación que se le remite al ISPyCF por parte de la autoridad ministerial y que se debe de corregir, a fin de evitar posteriores problemas legales a los deudos”, añadió. 

El ISPyCF es la institución encargada del Registro de Personas Fallecidas y el Protocolo de Necropsia Homologado, mecanismos que coadyuvan a la Estrategia de la Ciudad de México para la Búsqueda y Localización de Personas, presentada por las autoridades para el periodo 2025-2030. 

En julio pasado, peritos y médicos se unieron al paro de labores del Poder Judicial de la capital del país, acompañados por madres buscadoras.  

En aquel momento, el personal forense pedía aumentos salariales, condiciones laborales dignas, el cese del hostigamiento laboral y tráfico de influencias en la institución, y personal suficiente para realizar el servicio de forma eficaz. 

Después de estas manifestaciones, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México removió de su cargo a la doctora Patricia Crespo, el pasado 4 de julio. La funcionaria fue denunciada por los trabajadores en paro de propiciar el ambiente de acoso laboral y propiciar el nepotismo en cargos claves de la institución. Arturo Cervantes Arroniz fue su reemplazo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ETHAN BALANZAR.

Madre recupera a hijo desaparecido en hallazgo de campo de adiestramiento

Una madre localizó a su hijo entre los detenidos en un operativo federal contra el CJNG en el municipio Rincón de Romos. El joven, desaparecido meses atrás tras aceptar un trabajo, apareció con signos de tortura. Colectivos de búsqueda denuncian reclutamiento forzado.

Las revelaciones hechas durante la audiencia de vinculación a proceso de 18 jóvenes detenidos en un operativo federal, realizado el 26 de julio último en la sierra de Pabellón de Hidalgo, municipio de Rincón de Romos, apuntaron por primera vez a la existencia de un “campamento de adiestramiento” atribuido al crimen organizado en Aguascalientes, un hecho sin precedentes en el estado. 

La noticia del caso (y la ola de violencia que originó) han cimbrado a la entidad, que presume ser una de las más seguras del país.

El lugar fue nombrado expresamente como campo de adiestramiento por el Ministerio Público Federal y la defensa de los acusados durante la audiencia judicial celebrada el 1 de agosto último. Hasta entonces, las autoridades no habían detallado de qué tipo de espacio se trataba, aunque el fiscal estatal, Manuel Alonso García, dijo, vagamente, que en el campamento se realizaban labores de vigilancia por parte de un grupo criminal.

El hallazgo incluyó un arsenal de armas largas, cartuchos, cargadores, un lanzagranadas, chalecos antibalas con las siglas “CJNG” y una bolsa de plástico con un bloque de 742.5 gramos de clorhidrato de cocaína; así como objetos personales, alimentos, utensilios de cocina y mochilas. Entre los detenidos hay dos colombianos, uno de ellos, de acuerdo con su esposa, también tiene nacionalidad venezolana, así como personas originarias de municipios de Michoacán, Guanajuato y Coahuila. 

Entre los detenidos también hay dos menores de edad y al menos cuatro que tenían ficha de desaparición reciente: Felipe de Jesús Hernández Valdivia, de 39 años, y Emanuel Núñez, de 28, desaparecidos el 28 de mayo de este año en circunstancias aún desconocidas; Arturo Sebastián García Yáñez, de 22 años, desaparecido el pasado 29 de mayo, y Carlos Antonio Esparza Medina, de 18 años, desaparecido el 23 de junio.

Carlos Antonio había aceptado un trabajo como staff en una clínica de rehabilitación en Guadalajara cuando su familia perdió contacto con él, según lo señalado por Cynthia Medina, su madre, que forma parte del Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia.
El sábado, cuando vi la foto de los detenidos, vi que era mi hijo –cuenta la señora Medina llorando. Tenía el ojo hinchado. Sentí felicidad por saber que estaba vivo, que está completo, no sabía todo lo que se venía, no visualicé todo el problema en el que está él ahora, que lo están tratando como un criminal. El domingo en la noche lo pude ver menos de cinco minutos, estaba muy golpeado, irreconocible de su rostro hinchado, muy sucio, muy mal, estaba llorando. Verlo así me acabó. Él me dijo que en el momento de la detención estaba desarmado.
Las versiones oficiales sobre cómo se detectó el campamento difieren: mientras el fiscal estatal asegura que se debió a “denuncias anónimas” recibidas semanas atrás, el Ministerio Público Federal expuso que el operativo se activó después de que un helicóptero de seguridad fue atacado desde el campamento.

Fuentes federales aseguraron a Proceso que el despliegue fue motivado por la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Zacatecas ese mismo día.

La respuesta al hallazgo fue una ola de violencia en todo el estado que tomó por sorpresa a las autoridades. Incluyó la quema de cinco tiendas de conveniencia y un depósito de cerveza, así como una decena de automotores incendiados, entre ellos tráileres, camiones, una combi del transporte público foráneo y un camión del transporte público urbano. 

Los incendios bloquearon tres carreteras federales y otras estatales. También se reportó el hallazgo de dos cuerpos calcinados en los límites entre los municipios de Tepezalá y Pabellón de Arteaga, al norte de la entidad.

Y aunque la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la fiscalía local anunciaron la detención de nueve personas por los hechos violentos, sólo dos están presuntamente implicadas con los incendios. Las siete restantes fueron detenidas por la posesión de diversas cantidades de droga.

Esa violencia, sin embargo, no es nueva. Desde 2023 (el primer año de la administración de la panista Teresa Jiménez Esquivel) la población ha vivido el recrudecimiento de la delincuencia con el crecimiento en 72.1% de la tasa de incidencia delictiva y de 28.4% en la de prevalencia delictiva, indican datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe). 

Los porcentajes colocaron a Aguascalientes, por primera vez, entre los tres estados del país con mayores incrementos en tasas de inseguridad. 

Las desapariciones también han aumentado en el estado, así como las extorsiones y el cobro de piso.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, los casos aumentaron en 2024, cuando pasaron de 39 en 2023 a 135. En lo que va de 2025 se han reportado 73 casos. La mayoría son hombres entre 15 y 49 años.

 Los municipios con mayores cifras son la capital del estado, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo y Pabellón de Arteaga.

Tortura y desamparo

Yuridia Bello Camacho, jueza de distrito encargada de la vinculación a proceso, solicitó abrir una carpeta de investigación por las lesiones que presentaron los detenidos, como quemaduras y golpes en el rostro y cuerpo. Uno de ellos será examinado por posibles daños graves en el riñón y otro recibió un disparo en la pierna.

De acuerdo con familiares de los jóvenes, durante la primera parte de la audiencia, realizada a inicios de la semana pasada, se denunció que estuvieron privados de su libertad de dos a cuatro horas desde su detención y hasta que fueron presentados ante las autoridades judiciales.

Pese a la solicitud del abogado de uno de los detenidos para que comparecieran nueve policías estatales, nueve militares y un miembro de la Guardia Nacional que, dijo, fueron los responsables de las aprehensiones, ninguno asistió a declarar. 

Los detenidos fueron vinculados a proceso por los delitos de acopio de armas, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, posesión de cartuchos y cargadores, asociación delictuosa y delitos contra la salud; cinco de ellos tienen agravantes por, presuntamente, haber disparado a elementos federales.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Federal solicitó distribuir a los jóvenes detenidos entre los penales federales de Guanajuato, Michoacán y Chiapas “atendiendo a las circunstancias de los hechos y su probable relación con un grupo delictivo, para prevenir que puedan tomar control carcelario del penal estatal”. La solicitud fue aceptada por la jueza. El plazo para el traslado vence el 18 de agosto próximo.

Esa decisión generó angustia entre las familias de los detenidos, quienes enfrentan condiciones económicas precarias. Algunas madres denunciaron que sus hijos habían sido reportados como desaparecidos desde meses antes, otras que fueron engañados con ofertas de empleo como soldadores o balconeros.

“¿Cómo voy a ir hasta Chiapas? No sé ni siquiera dónde está. Apenas tenemos dinero para mantener la casa”, dijo Verónica Torres, tía de Javier Zapata Solís, de 22 años, que antes de ser detenido se dedicaba a recoger plástico y otros artículos de los contenedores de basura para luego venderlos. Ella dejó de saber de él desde mayo de este año. 

Entre los argumentos para permitir el traslado a penales federales, la jueza detalló las calificaciones reprobatorias que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha dado al centro de reclusión de Aguascalientes en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, sobre todo desde 2022. 

Entre los puntos por los cuales se han dado tales calificaciones están la falta de prevención de violaciones a los derechos humanos y de atención en caso de detección, hacinamiento, insuficiencia de programas para la prevención y de atención a incidentes violentos, entre otras.

Esas deficiencias fueron palpables en 2023, cuando se registró el presunto suicidio de seis internos del penal. A inicios de ese año, la CNDH emitió la recomendación 252/2023 a la entidad por “deficiencias en la atención médica de personas privadas de la libertad, revisiones indignas a visitantes y falta de personal de seguridad en los tres centros penitenciarios”. Pero las autoridades estatales la tildaron de golpeteo político.

“Hasta ustedes van a estar más seguros en un centro federal, hay cámaras en todos lados”, dijo la jueza.

Reclutamiento, una realidad negada: Colectivo de Búsqueda

Desde que las madres buscadoras identificaron a sus hijos desaparecidos en las fotografías filtradas del operativo y la lista de los nombres de los detenidos, que también se filtró, el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSGA), que acompaña las labores del Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia, denunció que en años recientes han recibido reportes de jóvenes desaparecidos tras haber aceptado una oferta de empleo.

“En los inicios de año reportamos el reclutamiento forzado, cobro de piso y cuota por seguridad que ha sido confirmado en lugares como el Agropecuario. Hoy las madres ya no solamente están buscando en los servicios médicos forenses, en los campos o en los anexos, también tienen que estar buscando en el Poder Judicial o en los Ministerios Públicos porque sus hijos o familiares desaparecidos, además de ser víctimas de este tipo de violencias que son responsabilidad de las autoridades, están siendo tratados como victimarios. Necesitamos una sociedad responsable y empática que proteja a las juventudes”, dijo Mariana Ávila Montejano, coordinadora del OVSGA, durante una rueda de prensa en la que participaron madres buscadoras.
A mi hijo lo sacaron de mi casa –agrega–, la destrozaron, se lo llevaron a rastras, golpeado. El señor fiscal no puede decir que no hay desaparición forzada, el señor fiscal no puede decir que no existe, las autoridades lo saben perfectamente porque nosotras hemos ido a ponerle la carpeta frente a su escritorio, lo saben. No podemos cerrar los ojos ante una situación que está más que vista. 
Olivia Muñoz Campos, madre de Edgar Alfredo Quezada Muñoz, desaparecido el 27 de septiembre de 2022, asegura a que la desaparición de su hijo no fue por decisión propia.

Lorena Guerrero Márquez, suegra de Víctor Manuel Ocón Ramírez, desaparecido el 13 de diciembre de 2023, también denunció que hombres no identificados entraron a su casa y se lo llevaron.

“Compañeras de Michoacán, de Jalisco, hasta de Oaxaca, estuvieron preguntando los nombres de las personas que fueron detenidas. La desaparición es un problema grave en Zacatecas y en Jalisco, pero en Aguascalientes poco se habla del tema, no se reconoce. Todas las personas que llegan a ser reclutadas también son víctimas de un problema muy grave que le ocurre a México”, dijo en entrevista Javier Espinosa, vocero del Colectivo Maverick en Aguascalientes y coordinador de la Unión y Red Nacional de Búsqueda de Personas.

Pese a ello, el fiscal estatal negó la problemática argumentando que los jóvenes deciden trabajar con los cárteles y desaparecen por decisión propia, o que deciden irse de sus hogares sin que nadie los obligue. 

Sin embargo, la propia fiscalía estatal había reconocido anteriormente la problemática. 

En abril último, Vicente Junior Acevedo Navarro, titular de la fiscalía Especializada en Materia de Desaparición y Localización de Personas de Aguascalientes, reveló que dos jóvenes originarios del estado aceptaron una falsa oferta de empleo y los trasladaron a Nayarit, donde fueron privados de su libertad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MÓNICA CERBÓN.

Hasta X desmiente a Sergio Gutiérrez Luna en su explicación de lujos

La red social X desmintió al diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna mediante una Nota de la Comunidad que lo acusa de mentir para minimizar críticas a sus lujos, valuados en más de 4.7 millones de pesos y no declarados, muy por encima de su salario oficial.

La red social X (antes Twitter) desmintió públicamente al diputado Sergio Gutiérrez Luna (Morena) al colocar una nota de la comunidad bajo un video en el que el legislador afirmaba ser víctima de una “campaña de desprestigio” por las críticas a su estilo de vida.

En el mensaje, los usuarios advirtieron: “El diputado MIENTE para tratar de desviar la información sobre sus gastos excesivos en artículos de lujo, eventos y viajes que él y su pareja han exhibido en sus redes sociales y no concuerdan con sus ingresos como servidor público”.


El señalamiento hace referencia a una investigación publicada por EMEEQUIS, que documentó cómo Gutiérrez Luna y su esposa, la diputada Diana Karina Barreras Samaniego (PT), muestran en redes sociales ropa, calzado, joyas y relojes de marcas como Ferragamo, Dolce & Gabbana, Cartier, Hublot o Balenciaga. El valor estimado de estos artículos supera 4.7 millones de pesos, mientras que el salario anual del legislador es de 1.3 millones.

Ninguno de estos bienes fue reportado en sus declaraciones patrimoniales ante la Contraloría de la Cámara de Diputados, lo que podría implicar un incumplimiento legal. Las publicaciones —algunas tomadas en eventos públicos y junto a celebridades— han sido duramente criticadas por su contraste con el discurso de austeridad de la 4T.

CÓMO FUNCIONA LA “NOTA” QUE LO DESMINTIÓ

La aclaración bajo el video fue generada mediante la herramienta Community Notes (Notas de la Comunidad), que permite a usuarios aprobados añadir contexto a publicaciones potencialmente engañosas, incompletas o falsas.
Estas notas se basan en fuentes confiables y deben ser aprobadas por un grupo diverso de colaboradores antes de mostrarse a todos los usuarios.

CUÁNDO X AÑADE ESTE TIPO DE ACLARACIONES
  • Información potencialmente engañosa o falsa: cuando un post contiene afirmaciones inexactas o sin sustento.
  • Eventos de actualidad o noticias sensibles: como elecciones, desastres naturales o controversias políticas.
  • Contexto histórico o cultural: para explicar el trasfondo de una publicación.
  • Contenido viral o de alto alcance: publicaciones con gran número de interacciones, especialmente de figuras públicas.
  • Denuncias o acusaciones públicas: cuando se hacen señalamientos graves que requieren verificación.
  • Contenido controversial o sensible: como violencia, discriminación o salud pública, donde es clave evitar malinterpretaciones.
En el caso de Gutiérrez Luna, la nota se colocó por tratarse de un mensaje político viral con afirmaciones que la comunidad consideró falsas o engañosas.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: JOSÉ GUADERRAMA.

Delegado de FGR asesinado investigaba a presidenta electa del Poder Judicial de Tamaulipas

Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, fue asesinado el pasado lunes en Reynosa mientras investigaba a Tania Gisela Contreras López, presidenta electa del Poder Judicial del estado, por presuntos delitos de asociación delictuosa y tráfico de influencias.

La FGR confirmó que fuerzas federales capturaron a un presunto integrante de “Los Metros”, facción del Cártel del Golfo que controla el huachicol fiscal en la región, señalado como uno de los probables responsables del homicidio del funcionario federal.

En exclusiva, la periodista Azucena Uresti dio a conocer documentos oficiales en los que la representación de la FGR en Tamaulipas confirma la existencia de dos carpetas de investigación en contra de Contreras López. La primera, iniciada el 26 de abril de 2025, se enfoca en el delito de asociación delictuosa, presentado por el Director Jurídico del Partido Acción Nacional (PAN) en Tamaulipas, Jesús Gustavo García Rodríguez. Esta figura legal contempla sanciones de cinco a diez años de prisión para quienes formen parte de una banda con fines delictivos, según el Código Penal Federal.

La segunda carpeta, iniciada el 9 de mayo de 2025, investiga a Contreras López y a Juan Carlos Madero Larios por el delito de contrabando, específicamente por la omisión total o parcial en el pago de contribuciones fiscales. Esta denuncia también fue presentada por el PAN, que acusa además tráfico de influencias en el manejo de recursos públicos.

PRIMER DETENIDO POR EL HOMICIDIO

La Fiscalía identificó al detenido como Jaret Roberto Hernández Rojas, quien ya contaba con una orden de aprehensión por delitos federales y fue localizado en un centro de rehabilitación en Reynosa, donde se ocultaba para evadir a las autoridades.

En un operativo conjunto, la Fiscalía Especializada de Control Regional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las Fuerzas Armadas lograron obtener información clave que permitió ubicar un vehículo usado por los agresores el día del crimen. Entre los ocupantes se identificó a Hernández Rojas.

Durante la detención se aseguraron dos armas largas, cargadores, cartuchos útiles y droga. El análisis del teléfono celular de Hernández Rojas reveló pruebas que confirman su participación directa en el homicidio, así como su pertenencia a “Los Metros”, brazo armado del Cártel del Golfo vinculado al robo de combustible, también conocido como huachicol.
INVESTIGACIÓN VINCULADA AL HUACHICOL

La FGR subrayó que “Los Metros” son uno de los principales responsables del huachicol fiscal en Tamaulipas, actividad ilícita que genera pérdidas millonarias y altos niveles de violencia en la zona fronteriza.

Hernández Rojas es el primer detenido por el asesinato del delegado Vásquez Reyna. La Fiscalía informó que será presentado ante un juez federal este mismo viernes, y que las investigaciones continúan para detener a más implicados en el ataque.

LAS INVESTIGACIONES CONTRA LA PRESIDENTA ELECTA DEL PODER JUDICIAL

Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna estaba al frente de dos carpetas de investigación contra Tania Gisela Contreras López. La primera, iniciada en abril de 2025, por asociación delictuosa, y la segunda, en mayo, por contrabando y omisión en el pago de contribuciones fiscales. Ambas denuncias fueron presentadas por el Partido Acción Nacional (PAN) en Tamaulipas.

Estas investigaciones, que apuntaban a posibles redes de corrupción y tráfico de influencias dentro del Poder Judicial local, colocaron a Vásquez Reyna en el centro de un conflicto político y criminal en un estado históricamente marcado por la violencia y la impunidad.

CONTEXTO Y REPERCUSIONES

El asesinato de Vásquez Reyna ha provocado una fuerte reacción de las autoridades de seguridad y justicia, no solo por la relevancia de su cargo, sino por su papel en la lucha contra el crimen organizado y el robo de hidrocarburos.

La FGR reiteró que no habrá impunidad y que usará todos los recursos legales y de inteligencia para desarticular la red criminal responsable del asesinato y garantizar la seguridad de quienes combaten la corrupción y el crimen en Tamaulipas.

Este caso refleja la complejidad del escenario en el estado, donde la violencia contra funcionarios públicos sigue siendo una amenaza latente, y pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y la coordinación entre las autoridades para preservar la justicia y el estado de derecho.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Las crisis de Morena: de la narcopolítica a la incongruencia

Morena no sale de una cuando ya sus miembros metieron al partido, que se define como movimiento, en otra. En las últimas semanas el partido en el poder ha estado en el entredicho popular debido, primero, a las señaladas ligas de un secretario de seguridad de gobierno morenista, nada menos que el de Tabasco, la tierra de origen del líder moral y fundador, Andrés Manuel López Obrador, con el narcotráfico, y no con cualquier cártel, sino con el que ha tenido mayor crecimiento en los últimos 12 años: el de Jalisco Nueva Generación; y después, porque en el periodo vacacional, los líderes del partido decidieron recrearse y relajarse en hoteles de lujo en el extranjero, incluido el hijo mayor del tabasqueño, Andy López Beltrán, en Japón, en hotel de lujo de Tokio con compras de aún mayor exclusividad.

En medio de tales escándalos, aparece otro: el de la diputada conocida como “Dato protegido”, Diana Karina Barreras y su esposo, Sergio Gutiérrez Luna, además presidente morenista de la Cámara de Diputados, quienes fueron exhibidos por el periodista Jorge García Orozco por la vida dispendiosa que llevan, a partir de revelar el altísimo precio de las prendas, el calzado, las joyas y los relojes que la pareja utiliza y ha presumido en sus redes sociales y en el día a día de su vida legislativa.

El punto común en todos los temas escándalos de Morena, en días recientes, es la incongruencia.

El mismo Adán Augusto López Hernández –ahora senador pero que como gobernador de Tabasco tuvo entre sus colaboradores a Hernán Bermúdez, como secretario de seguridad y hoy prófugo de la justicia–, fustigó hasta el cansancio que Felipe Calderón Hinojosa debió estar enterado de los malos pasos en los que andaba su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, hoy preso en la Unión Americana. Sin embargo, en una incongruencia total, esa máxima no le aplica a él. Es decir, Calderón estaba obligado a conocer de las actividades ilícitas de su secretario de Seguridad, pero Adán Augusto no está obligado, ni enterado, de las ligas que con el CJNG tenía su secretario de Seguridad.

Si un tema ha abanderado a los morenistas es la premisa lopezobradorista de vivir en la justa medianía. El expresidente, que predicó con el ejemplo al decir que sólo traía 200 pesos en el bolsillo, que vacacionaba en los pueblos y playas de México, que no hizo viajes al extranjero, que manejaba un carro austero, ahora está observando cómo su hijo se hospeda en hoteles 5 estrellas en Japón; sus aliados Ricardo Monreal, Mario Delgado, Laida Sansores, haciendo lo mismo por Europa, y además que, faltando a su máxima de no tener más de un par de zapatos o no vestir lujos, su vástago compra en Prada, el otro hijo viste de marcas de diseñador y el presidente de la Cámara de diputados y su esposa, poseen atuendos, accesorios y obras de arte por arriba de los cinco millones de pesos. La incongruencia total en la era de los excesos de algunos morenistas.

A este clima se suma el caso del director de Investigación Aduanera, Tonatiuh Márquez, a quien el diario Reforma evidenció en la ostentación de los relojes que utiliza, particularmente uno con precio arriba de los tres millones de pesos, y hace unos días el mismo periódico reveló como el funcionario adquirió por 7.7 millones de pesos un condominio en la exclusiva zona de Polanco cuyo valor real es de 22 millones de pesos. Caso éste, similar al de Luis Torres Torres en Baja California, dado que el cuñado de la gobernadora ha adquirido varias propiedades en Tijuana y la Zona Costa a precios muy por debajo del mercado, como la casa que habita en Puerta de Hierro que, según consta en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, adquirió en 400 mil pesos cuando su valor real alcanza los 22 millones de pesos.

Pero de todo, estas incongruencias en el modo de vida de los morenistas, particularmente de las vacaciones en Europa y Japón, de los excesos en el vestir y los accesorios, quienes han tenido que enfrentar toda la semana, y hasta hoy, a la crítica, no de los adversarios, sino de los ciudadanos que ven en el actuar de los morenistas señalados una falta de congruencia con las máximas lopezobradoristas, son las principales jerarcas del partido en el poder: la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y la dirigente nacional, Luisa María Alcalde Luján. Aun dando golpes internos con sus retóricas pasivo agresivas, justifican los viajes al extranjero de sus correligionarios, llamando racistas o clasistas a quienes desde la oposición critican la incongruencia, por ejemplo, del hijo del expresidente; al tiempo que la mandataria nacional ha dicho una y otra vez que no critica, pero que sí hace un llamado a vivir en la justa medianía.

Por ejemplo, cuando Andy López Beltrán publicó una carta en su cuenta de Instagram para justificar sus vacaciones en Japón, argumentando que lo hizo con sus recursos, en aerolíneas comerciales y con un pago de siete mil 500 pesos por noche, desayuno incluido, y se victimizó culpando a sus “adversarios” de mandarle espías para que evidenciarlo, la Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró en su mañanera, a propósito de la carta del junior: “No voy a entrar a un debate sobre este tema particular. Mi posición la voy a defender siempre porque es mi convicción: es que el poder, cualquiera que se tenga, se debe ejercer con humildad, con sencillez; y a nosotros nos juzga uno sólo que son millones, el pueblo de México”.

Un día después, Luisa María Alcalde, la dirige nacional de Morena, hizo un llamado a su militancia y liderazgos, a vivir “en la justa medianía”, y que “reforcemos la idea de que nuestros dirigentes, aunque tengan los recursos para ponerse ropa muy cara (…) no hacerlo, porque somos dirigentes de un movimiento”.

Prácticamente, tanto la Presidenta de la República como la dirigente de Morena critican a quienes viajan al extranjero y se hospedan en hoteles de lujo, o portan atuendos carísimos (relojes de arriba de los 350 mil pesos en el caso de “Dato protegido” y su esposo, por decir lo menos), y les llaman a no hacerlo, porque la incongruencia entre la presunta ideología del morenismo de vivir en austeridad republicana, y el actuar del partido o movimiento político de izquierda en las últimas semanas, es algo que no pueden justificar ni una ni otra dama.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

Xandro y Pablo, jóvenes localizados sin vida tras ser detenidos por policías de Los Cabos

Los cadáveres de Xandro Roldán Arce y Pablo García Nevárez fueron localizados, el 7 de agosto de 2025, en un arroyo de la zona de Santa Anita, en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur. Ambos jóvenes habían sido reportados como desaparecidos desde el 27 de julio del mismo año, fecha en la que, según familiares y testigos, fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal.

La localización de los cadáveres fue confirmada por el colectivo “Nosotras con Ellas”, el cual acompañó a las familias de Roldán Arce y García Nevárez, durante la búsqueda. En un comunicado, la organización no gubernamental señaló que los restos de los jóvenes se encontraban en avanzado estado de descomposición y que presentaban signos de violencia. Según el comunicado, las familias realizaron la identificación de los cuerpos mediante prendas y características físicas.

El hallazgo fue confirmado posteriormente por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJE-BCS), que informó que los cadáveres fueron encontrados en un arroyo, en las inmediaciones de la comunidad de Santa Anita, en la delegación de San José del Cabo. Según la institución de procuración de justicia estatal, las pruebas genéticas confirmaron la identidad de los jóvenes, y se inició una carpeta de investigación por homicidio doloso.

La desaparición de Roldán Arce y García Nevárez ocurrió el 27 de julio de 2025, cuando presuntamente fueron interceptados por policías municipales en la zona de El Zacatal, en Cabo San Lucas. La última ubicación conocida fue registrada por una cámara de videovigilancia de un comercio, donde se les observó esposados y siendo ingresados a una patrulla. A partir de ese momento, no se tuvo contacto con ellos.

Respecto a los agentes involucrados, el Gobierno Municipal de Los Cabos informó que los elementos señalados ya habían sido suspendidos de sus funciones desde que se recibió la denuncia por desaparición. Además, la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal del Ayuntamiento colaboró con las investigaciones de la PGJE-BCS.

El día 8 de agosto del mismo mes y año, los cuerpos de Roldán Arce y García Nevárez fueron entregados a sus familiares para su sepultura. Según testimonios recabados por los colectivos que acompañan el caso, los familiares exigieron justicia y sanciones penales contra los elementos responsables.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur (CEDH BCS) emitió un pronunciamiento en el que informó que mantenía una queja de oficio y realizaba un acompañamiento puntual del caso. La CEDH BCS también solicitó medidas cautelares para las familias de las víctimas.

Organizaciones civiles, colectivos feministas y familiares de personas desaparecidas convocaron a una movilización para el día 10 del mismo mes y año en el centro de Cabo San Lucas, con el fin de exigir justicia, esclarecer los hechos y que los responsables enfrenten consecuencias legales.

La PGJE BCS no ha revelado el número total de policías involucrados ni los avances concretos respecto a su responsabilidad penal. El caso se mantiene bajo reserva mientras continúan las diligencias ministeriales.


FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Será difícil combatir al narco: Trump; usarán todo para protegerse de cárteles: embajador

El presidente Donald Trump evitó, el 8 de agosto de 2025, comentar respecto a la posibilidad de lanzar ataques militares en contra de los cárteles en México y en el resto de América Latina, pero aseguró que el Gobierno de Estados Unidos enfrentaba un “partido difícil” en contra del grupos del narcotráfico.

Durante un evento llevado a cabo en la Casa Blanca, junto al presidente de Azerbaijan, Ilham Aliyev y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, el magnate neoyorquino fue cuestionado respecto a una orden secreta que habría dado autorización al Pentágono para lanzar ataques contra los cárteles del narcotráfico.

“América Latina tiene muchos cárteles. Tienen un gran flujo de drogas. Así que, ya saben, queremos proteger nuestro país. Tenemos que protegerlo. No lo hemos hecho en cuatro años [durante la Administración encabezada por Joseph Biden] y amamos a este país como ellos aman a sus países. Tenemos que protegerlo. Y lo saben, estamos jugando un partido difícil, pero pronto tendremos más que decir al respecto”, indicó el presidente de EE. UU.

Por su parte, Ronald Johnson, titular de la Embajada de Estados Unidos en México, comentó que su país usaría todas las herramientas a su disposición para protegerse de la amenaza de los cárteles del narcotráfico, un enemigo en común para ambas naciones.

A través de una declaración escrita, el diplomático puntualizó que Estados Unidos no actuaría solo en esta tarea, sino que lo haría de manera colaborativa con el Gobierno que encabezaba la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“🇺🇸🇲🇽 Estamos unidos como dos aliados soberanos. Enfrentamos a un enemigo en común: los violentos cárteles criminales. Usaremos todas las herramientas a nuestra disposición para proteger a nuestros pueblos”, escribió Johnson, en su cuenta de la red social X.

“Los Estados Unidos y México enfrentan a un enemigo común: los violentos cárteles criminales que envenenan a nuestra gente, amenazan a nuestras comunidades y debilitan la seguridad y la prosperidad de nuestras dos naciones. El presidente Trump lo ha dejado claro, y los líderes en todo nuestro gobierno concuerdan, estas organizaciones no solo son narcotraficantes. Son terroristas que destruyen vidas, corrompen instituciones y mantienen como rehenes del miedo a comunidades enteras”, destacó el embajador.

“Seguiremos trabajando de manera colaborativa con el Gobierno de la presidenta Sheinbaum para confrontar esta amenaza con la seriedad que exige. Como lo ha dicho el secretario Marco Antonio] Rubio [García], ‘las tenemos que empezar a tratar como organizaciones terroristas armadas, no sólo como simples organizaciones dedicadas al narcotráfico’. Los cárteles son los que deberían de tener miedo – miedo a la fuerza combinada, la determinación y la resolución de dos naciones soberanas comprometidas con la justicia y con proteger a su gente”, dijo Johnson.

“Esto no se trata de que los Estados Unidos actúen solos. Se trata de construir un frente conjunto e inquebrantable con México para defender a nuestros ciudadanos, desmantelar las redes de los cárteles y asegurar que las únicas personas que deban temer por su futuro sean aquellas que lucran con el asesinato, la adicción y el caos”, abundó el embajador.

“Nuestro mensaje es claro: Estamos unidos. Usaremos todas las herramientas a nuestra disposición para proteger a nuestros pueblos, trabajando de forma colaborativa, como dos aliados soberanos. Como lo ha dicho el presidente Trump, nuestra cooperación en la frontera continuará en lo que respecta a todos los aspectos de la seguridad, incluyendo las drogas, la distribución de drogas y la inmigración ilegal a los Estados Unidos”, finalizó Johnson.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Viajes a Japón, Portugal y ropa de marcas exclusivas: la austeridad de morenistas en medio de llamados a evitar lujos

Morenistas han sido criticados por viajes y lujos que contradicen sus propios lineamientos éticos, ante los llamados de sus dirigentes a poner el ejemplo; a través de llamadas telefónicas, se realizan sondeos sobre la opinión de la ciudadanía acerca del tema.

Mientras algunos integrantes del partido Morena han sido señalados en días recientes por sus lujos en viajes y vestimenta, las lideresas de ese movimiento, la presidenta Claudia Sheinbaum y la dirigente partidista, Luisa María Alcalde, les insisten mantener una vida sin lujos en concordancia con la “justa medianía” juarista que ha promovido Andrés Manuel López Obrador.

De manera repetida, la presidenta de México y la dirigente de Morena han defendido que los gastos realizados por sus compañeros son cubiertos con recursos propios, pero también les han insistido en que deben mantener una vida acorde con lo que ha promovido el obradorismo.

Uno de los casos que ha generado más polémica es el de Andrés Manuel López Beltrán, integrante de la dirigencia nacional morenista e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, principal promotor de la austeridad.

López Beltrán fue fotografiado en julio pasado en Japón, durante su estancia en un hotel de Tokio y al salir de una tienda de lujo. Luego de una semana, el secretario de Organización de Morena respondió a través de una carta en la que acusó a sus adversarios y a los “hipócritas conservadores” de espiarle para generar una campaña de linchamiento.

El morenista argumentó que viajó en vuelos comerciales y que cada noche de hospedaje le costó 7 mil 500 pesos, “incluido el desayuno”. También dijo que él aprendió, “posiblemente antes que otros”, que el poder es humildad y que debe vivir en la justa medianía.

Otro caso cuestionado fue el del diputado Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en esa Cámara, quien aclaró que no se hospedó con su esposa en un hotel lujoso de Madrid, España, durante sus vacaciones, sino que sólo desayunaron ahí, y que pagó con recursos propios una cuenta de no más de 100 euros (2 mil 171 pesos mexicanos). En noviembre pasado, el legislador se vio orillado a ofrecer una disculpa luego de viajar junto con el también morenista Pedro Haces en un helicóptero privado.

El secretario de Educación Mario Delgado, expresidente de Morena, también fue captado este verano en días de descanso en Europa. El funcionario tuvo que explicar que los costos de su viaje a Portugal fueron cubiertos con sus recursos. 

Esta semana, el periodista Jorge García Orozco hizo públicos una serie de lujos del presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, y de la diputada del Partido del Trabajo, Diana Karina Barreras, su esposa. Como respuesta, la legisladora publicó un video en el que ofreció una disculpa, rechazó los costos que se le atribuyen a prendas y accesorios con los que ha sido retratada y acusó una campaña de desinformación.

Este miércoles fueron difundidas también imágenes de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, que muestran a la morenista a punto de abordar un avión rumbo a Ámsterdam, la capital de Países Bajos.

Un caso previo, en marzo pasado, fue el del presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, recientemente afiliado a Morena. El legislador viajó a Francia, a la Conferencia de presidentes del Parlamento Europeo, en línea ejecutiva o business class. Tras la difusión de imágenes de su vuelo, tuvo que explicar que él cubrió los costos adicionales que representaba respecto a un vuelo clase turista.

El legislador ha acusado que existe clasismo en las críticas sobre el acceso a lujos por parte de integrantes de su movimiento. En días previos, en una de las conversaciones que establece con sus seguidores a través de redes digitales, retomó la frase de Benito Juárez que alude a la “justa medianía”. Defendió que el expresidente aludió a una vida cubierta con la retribución que obtienen los funcionarios públicos por sus servicios, por lo que esa justa medianía estaba implícita en lo que ganan por su trabajo, argumentó.

También leyó completa la frase juarista: “No se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No se pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala”.

Los llamados de Sheinbaum y Luisa María Alcalde

Cuestionadas sobre el despliegue de lujos de algunos de sus compañeros, la presidenta Claudia Sheinbaum y la dirigente morenista Luisa María Alcalde han tenido que responder. La mandataria ha insistido que el poder se ejerce con humildad y sencillez —como la alusión en la carta de López Beltrán— y la lideresa morenista ha llamado a poner el ejemplo de una vida austera. Ambas han dejado por escrito esos principios.

A principios de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum dirigió una carta a la dirigencia de su partido con 10 sugerencias, la segunda enfocada en la importancia de conducirse con sencillez y evitar la frivolidad y el consumismo. Les llamó a no usar aeronaves privadas ni comer en restaurantes caros:

“Todos los militantes de Morena deben conducirse con honestidad, humildad y sencillez. La parafernalia del poder es del pasado de corrupción y privilegios, no de Morena. No caigamos nunca en la frivolidad, en el consumismo y la ambición por el poder y el dinero. No es de nuestro Movimiento viajar en aviones o helicópteros privados, o tener como anhelo portar ropa de marca, o tratar mal a las personas, o andar con guardaespaldas y un séquito de camionetas para ir de un lado a otro, o comer en restaurantes caros. Morena es humildad”, escribió Sheinbaum.

Un mes después, en la sexta sesión ordinaria de su Consejo Nacional de Morena, la dirigencia de ese partido hizo pública la carta y aprobó unos lineamientos que deben seguir los integrantes de ese movimiento, derivados precisamente del texto de Sheinbaum.

El primero de cinco lineamientos, dedicado a la “austeridad republicana”, el partido enumeró conductas que deberían ser contrarias a sus principios. Estas son:

“Promover el consumismo o exhibir signos de ostentación material como joyería, ropa de marcas exclusivas, propiedades o automóviles de alto valor, restaurantes o turismo de lujo, entre otras extravagancias. La parafernalia del poder pertenece al pasado de corrupción y privilegios; Morena es humildad”.

Con voto unánime ese partido estableció que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es la encargada de investigar y sancionar a los militantes que incumplan esos lineamientos.

“¿Esto afecta su opinión sobre Morena?”

El impacto que pueden tener los viajes de estos funcionarios de Morena en la imagen de ese partido ya comienzan a ser medidos en supuestas encuestas. A través de llamadas telefónicas, se realizan sondeos sobre la opinión de la ciudadanía acerca del tema.

Este jueves, números desconocidos llamaron a teléfonos celulares con cinco preguntas sobre el conocimiento y opinión respecto a los viajes de líderes morenistas.

La tercera pregunta alude al viaje de Andrés Manuel López Beltrán, con la pregunta de si un hotel que cuesta más de 7 mil pesos por noche le parece lujoso o austero. 

Enseguida se cuestiona sobre la congruencia con una de las principales tesis del expresidente Andrés Manuel López Obrador: “¿Cree que estos viajes contradicen el discurso de austeridad de López Obrador?”.

Finalmente, la encuesta cuestiona sobre si se mantiene el mismo nivel de confianza ciudadano hacia ese partido: “¿Esto afecta su opinión sobre Morena?”

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANDRO AGUILAR.

“Se tiene que limpiar mi nombre”: Israel Vallarta exige justicia y reparación del daño tras casi 20 años de cárcel

Tras su liberación, Israel Vallarta dijo que dará seguimiento a una denuncia que hizo en 2006 contra García Luna y Cárdenas Palomino, por su detención ilegal y tortura.

A una semana de su liberación, Israel Vallarta exigió que se limpie su nombre y el de su familia —que también fue perseguida jurídicamente— de las acusaciones de secuestro formuladas durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y por las cuales estuvo preso casi 20 años. 

Frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Vallarta se dirigió a los medios de comunicación para resaltar que su búsqueda de justicia está incompleta hasta que se deslinden responsabilidades por su detención y el montaje televisivo en el cual fue presentado como líder de una banda criminal, lo cual podría alcanzar a dos altos funcionarios de Calderón Hinojosa: Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino.

“Se tiene que limpiar mi nombre y el de mi familia”, reclamó. “Y creo que las personas responsables, quienes resulten responsables, tienen que comparecer ante la ley”.

En ese sentido, Vallarta señaló que en 2006 levantó una denuncia contra García Luna y Cárdenas Palomino, así como quien resulte responsable, por su presunta participación en su detención ilegal y tortura. Ahora que está en libertad, dará seguimiento ante las autoridades correspondientes para saber si la investigación ha avanzado.

“Si no lo han hecho (judicializar la averiguación), ¿qué motivos hay para estar retrasando la investigación y su presentación ante un juez?”, expuso.

Israel Vallarta pasó casi dos décadas privado de su libertad

En 2005, durante el gobierno del panista Felipe Calderón, Israel Vallarta fue aprehendido junto con Florence Cassez, una ciudadana francesa. Ambos fueron acusados de formar parte de una banda de secuestradores llamada “Los Zodiaco”.

La diligencia, que fue televisada a nivel nacional, estuvo a cargo de la hoy extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), que en ese momento era liderada por Genaro García Luna con el apoyo de su mano derecha, Luis Cárdenas Palomino.

En años posteriores empezaron a resaltar las irregularidades de la detención de ambos, lo que permitió la liberación primero de Cassez, en 2013, y la semana pasada de Vallarta.

Al recuperar su libertad, Vallarta anunció que estudiará la carrera de Derecho para poder especializarse en lo penal y defender a otras personas que, como él, fueron apresadas injustamente. Incluso, compartió que él y su esposa, Mary Sainz, recibieron una oferta de beca completa para matricularse en una universidad privada, aunque no especificó cuál.

“No queríamos que saliera por un dedazo”

En entrevista con Animal Político, su hermano René Vallarta remarcó que hay una sensación de justicia después de esta liberación. 

“Esta jueza, es lo que queríamos: alguien neutral, que lo hiciera conforme a derecho”, expuso. “Fue una sentencia absolutoria”.

René, quien también fue encarcelado de forma irregular, aseguró que fue la lucha constante de su familia y la esposa de Vallarta, con el apoyo de la sociedad, lo que impulsó la resolución favorable del caso de su hermano.

“Esto ha sido una lucha tenaz, pero no le debemos nada a ningún partido, a nadie”, agregó. “No queríamos que saliera por un dedazo, queríamos que saliera libre, completamente libre y absuelto”.

La batalla judicial pendiente

Además de buscar que los presuntos responsables de su detención y tortura sean llevados a la justicia, Vallarta y su familia seguirán impulsando la liberación de su hermano Mario, y su sobrino Sergio, ambos detenidos en 2012.

“Hoy estoy libre corporalmente, pero quiero que entiendan que fue una libertad legítima, sin dudas. Estoy absuelto, pero no ha sido una situación completa porque mi familia no está completa”, señaló.

Vallarta aseguró que el proceso judicial de sus familiares está en la última etapa, por lo que espera que pronto sean liberados.

“No sé si se podría tomar como un precedente para otras personas, el que en este momento se desistiera la acusación contra mi hermano y mi sobrino”, expuso.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.