Anteriormente, EMEEQUIS reveló que durante 2018 y 2024, el Tribunal Electoral de Sinaloa realizó contratos con la empresa de Chávez Jr., pese a que este ya tenía una orden de aprehensión en su contra. 

Sin embargo, no es la única institución que ha estado relacionada con esta empresa. Aunque Chávez Jr. aún no era investigado, existen documentos que muestran su relación con el gobierno de Sinaloa.

Por ejemplo, en una factura del 8 de febrero de 2018, se le cobró al gobierno por la “RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, UBICADA EN TERESA DE MIER” por un total de 62 mil 455.40 pesos. En otra factura del mismo día se cobró 56 mil 543.93 por rentas en el mismo inmueble.

Esta relación se dio bajo el mandato de Quirino Ordaz Coppel, a cargo del gobierno de Sinaloa, y con el priísta Jesús Antonio Valdés Palazuelos a cargo del municipio de Culiacán. 

Esta comunicación estrecha continuó más allá de los contratos, ya que el actual gobernador, Rubén Rocha Moya, se reunió al menos en dos ocasiones con el púgil, incluso cuando este ya era investigado (a partir de 2019, según la FGR). 

En primer lugar, el morenista asistió a un evento donde convivió con Chávez Jr. la noche del 19 de diciembre de 2021. En ese momento, Rocha Moya se tomó una foto junto al boxeador y lo felicitó por una pelea en la capital del estado: 

“Noche de box en Culiacán, con nuestro gran campeón Julio Cesar Chavez Gonzalez, para ver la pelea de su hijo Julio Cesar Chavez Jr., a quien felicito por su triunfo”.

Pero no fue la única vez que se reunieron: el boxeador Iván Morales registró otro encuentro entre Chávez Jr. y el gobernador el 11 de mayo de 2021 en un lugar no determinado. Varias cuentas en redes sociales registraron el momento a través de videos y fotografías.

En esa ocasión, Rocha Moya realizó una llamada con Julio César Chávez padre (a través del teléfono de Chávez Jr.). En ese video, Rocha Moya menciona: 

“Aquí estoy con el Jr., dice que lo regañas mucho, sí me doy cuenta yo, y no es cualquier regaño, vale la pena, hay que hacerle caso”. 

El 4 de julio, luego de la captura de Chávez Jr. el 3 de julio, Rocha Moya se lavó las manos sobre el tema: “Nosotros no tenemos nada que decir al respecto, porque no está en la jurisdicción del estado”, sino de la federación. 

EMEEQUIS buscó al gobierno de Sinaloa y al de Culiacán para cuestionar su relación con el boxeador. Al cierre de este reportaje, no ha habido respuesta.

Detalló que Pinto Madera cuenta con orden de aprehensión por asociación delictuosa y se le relaciona con extorsiones, secuestro, trasiego de droga, robo de combustible.

Asimismo, de pactar una alianza con otro grupo criminal, por lo que esta detención tendrá un impacto en la disminución de la violencia en la región.

 

La relación de subordinación que en su momento vinculó a Carlos Manuel Merino Campos con Hernán Bermúdez Requena hoy está bajo lupa por dos razones: la revelación de que existe una orden de aprehensión contra su exsecretario de seguridad y la crisis que enfrenta la aviación mexicana por un conflicto con autoridades de Estados Unidos.

Hace dos días, el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) acusó a México de incumplir un acuerdo bilateral, con el cual obligó a las aerolíneas estadounidenses de carga a reubicar sus operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ubicado a casi 50 kilómetros de la capital mexicana.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este martes una mesa de diálogo entre autoridades aeroportuarias de México y Estados Unidos, sin que se haya confirmado la asistencia de Merino Campos a las negociaciones en su calidad de titular de ASA.

La relación entre el titular de ASA y el prófugo Bermúdez

Carlos Manuel Merino Campos fue sucesor de Adán Augusto López Hernández en la gubernatura de Tabasco a partir del 26 de agosto del 2021. Una de sus primeras acciones de gobierno fue ratificar a Bermúdez Requena como secretario de Seguridad y no lo removió del cargo ni siquiera cuando se filtraron los reportes elaborados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) que lo señalaban como líder del grupo criminal “La Barredora”, un brazo armado del CJNG en esa entidad federativa.

Hernán Bermúdez Requena fue señalado por la Defensa como parte del crimen organizado el 12 de noviembre de 2019, cuando aún no era nombrado secretario de Seguridad de Tabasco.

El 11 de diciembre del mismo año, ya con ese antecedente, el entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, lo designó como secretario de Seguridad estatal, sin que se conozca de la existencia de una alerta por parte de la Defensa para tratar de frenar el nombramiento.

Tampoco existe constancia de que la Fiscalía General de la República (FGR) haya iniciado una carpeta de investigación por el reporte emitido en noviembre de 2019 por la 30 Zona Militar de Sedena para el Centro Regional Fusión de Inteligencia (Cerfi) Sureste, un organismo en el que fiscalías, policías y secretarios de gobierno acuerdan estrategias conjuntas de seguridad.

Por el contrario, Bermúdez Requena se afianzó en el cargo y los reportes de inteligencia de la Defensa dieron cuenta de que su ascenso se tradujo en el crecimiento de las actividades criminales en Tabasco, incluyendo la liberación de un líder delictivo a cambio de un presunto soborno de 500 mil pesos.

Además, en el último de los cinco reportes revelados en 2022, la Defensa sostuvo que el entonces secretario de Seguridad de Tabasco era el presunto líder del grupo delictivo “La Barredora”, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación en el sureste mexicano.

Carlos Merino Campos: un hombre de Adán Augusto López

El actual titular de ASA, Carlos Merino Campos era una figura cercana a Adán Augusto López Hernández, político morenista que ganó las elecciones para gobernador de Tabasco celebradas el 1 de julio de 2018.

El triunfo de López Hernández se logró con una amplia mayoría gracias al arrastre que tuvo la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en esa misma elección. Pese a que ganó los comicios en julio del 2018, Adán Augusto López asumió la gubernatura hasta enero del 2019.

Desde el arranque de su mandato fue muy clara la cercanía de López Hernández con AMLO, quien lo llamó a formar parte de su gabinete el 26 de agosto del 2021 como Secretario de Gobernación, en sustitución de la exministra Olga Sánchez Cordero.

Antes de dejar la gubernatura, Adán Augusto López operó la sucesión en Tabasco y designó como gobernador provisional al que era su secretario de Gobierno, Carlos Manuel Merino Campos.

Cuatro días más tarde, el Congreso de Tabasco nombró mandatario interino a Merino Campos, por lo que a nadie extrañó que el nuevo mandatario le diera continuidad al mandato de Adán Augusto López, ratificando a decenas de funcionarios, incluyendo al propio Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad Pública estatal.

La ratificación de Bermúdez Requena por parte de Merino ocurrió cuando inteligencia militar ya había presentado ante los mandos de la Defensa, los primeros reportes que ligaban al jefe policiaco con el crimen organizado. Una vez más, las autoridades federales fueron omisas ante el nombramiento.

Aristegui Noticias buscó la versión del exgobernador de Tabasco y actual titular de ASA. La respuesta de su equipo de prensa es que Carlos Manuel Merino “salió de la ciudad para de nuevo ver asuntos del sector con algunos operadores y administradores aeronáuticos al interior de la República y se ausenta al menos esta semana, por lo que no estará disponible para atender medios”.

Las omisiones ante las revelaciones de Guacamaya Leaks

El 5 de octubre del 2022, tras una filtración masiva de correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) por parte del grupo de hacktivistas Guacamaya, conocida como Guacamaya Leaks o Sedena Leaks, se hicieron públicos los cinco reportes que señalaban los nexos directos de Hernán Bermúdez Requena con el CJNG y su probable participación en delitos como cohecho, robo de combustible y tráfico de drogas.

Aristegui Noticias y al menos una docena de medios dieron a conocer la información de forma simultánea, pero Carlos Manuel Merino, gobernador interino de Tabasco, decidió mantener en su cargo a Bermúdez Requena.

Así, Hernán Bermúdez siguió despachando como Secretario de Seguridad de Tabasco hasta el 5 enero del 2024.

El relevo de Hernán Bermúdez se dio en medio de una ola de violencia que azotó Tabasco en diciembre de 2023, incluyendo un presunto ataque a su domicilio que fue desmentido casi de inmediato.

La versión oficial es que se había dado un enfrentamiento entre civiles armados dentro de un exclusivo fraccionamiento ubicado Villahermosa en el que habitaba Hernán Requena con su familia, pero el hecho nunca se aclaró y el gobierno de Tabasco no informó del seguimiento a las investigaciones.

La violencia volvió a escalar en los primeros días de enero del 2024 y a pesar de ello, el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Moreno, envió un mensaje el 5 de enero en el que advertía que su gobierno “no cedería” ante chantajes propagandísticos, minimizando la situación de violencia.

En el video de ese mensaje, Hernán Bermúdez Requena aparecía como Secretario de Seguridad de Tabasco con todo y su uniforme. Sin embargo, por la noche las cosas cambiaron y se anunció su destitución.

El informe concluye: “Por la información central que se obtuvo se infiere la existencia de la corrupción de funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco al colaborar con la liberación de integrantes de la delincuencia organizada a cambio de un pago, lo que repercute en el combate al crimen organizado”.

El 30 de agosto de 2022 un correo electrónico enviado por el CERFI Sureste a los altos mandos de la Defensa titulado “Panoramas Delictivos” vinculó directamente a Bermúdez Requena con el Cártel Jalisco y lo colocó en un organigrama como máximo líder de “La Barredora” y el alias “Comandante H”.

“El Comandante H” se defiende

Dos meses después las filtraciones del colectivo Guacamaya harían públicos todos los señalamientos, Hernán Bermúdez Requena, actualmente prófugo, rechazó todos los señalamientos con el argumento de que en Tabasco no había delincuencia organizada, sino solamente grupos delictivos locales.

Aristegui Noticias cuestionó al entonces secretario de Seguridad de Tabasco sobre los informes revelados por la filtración masiva de los “hackactivistas” de Guacamaya y su respuesta fue la siguiente:

Pregunta: ¿Tiene alguna notificación oficial sobre presuntos vínculos con la célula del crimen organizado La Barredora?

Respuesta: Nunca he sido notificado ni mucho menos de nada de esto. Inclusive el día de hoy tuvimos reunión con la mesa y se tocó el tema. Nosotros tenemos reuniones en algo que se llama la GIO (Grupo de Inteligencia) donde nos reunimos Sedena, Marina, FGR, nosotros, para tocar temas sobre hechos delictivos. (…)

Yo platiqué con el CNI de aquí y se le preguntó en una mesa que sí él tenía conocimiento de su existencia el día de hoy y dijo ‘no’, pero no solamente a él. Se le preguntaron a todos. El gobernador dijo ‘¿ustedes tienen información?’, ‘yo no’. El señor gobernador ‘¿por qué?’ ‘Porque yo no soy investigador’.

Al ampliar su respuesta, negó la existencia del grupo criminal “La Barredora”, del que hoy es señalado como su máximo líder:

“La Barredora’ es inexistencial (sic), hay muchos que firman, pero aquí donde veo las mantas y las cartulinas son muy comunes, pero nosotros no hacemos investigación. Aquí no tenemos conocimiento que exista un cartel y más de esa magnitud. Existen delincuencia locales, son delincuentes locales y no se les puede llamar cárteles de delincuencia organizada. Nosotros en lo que respecta a la policía estatal nos enfocamos exclusivamente al municipio del Centro (Villahermosa).

Nosotros no podemos ni proteger, y bueno, cómo vamos a proteger algo que no se tiene la prueba de la existencia (…) yo no tengo conocimiento de la existencia (de ‘La Barredora’)”.

Tres personas detenidas

Actualmente, la principal línea de investigación versa sobre una diferencia en cuestiones de narcomenudeo, delito por el cual Adriana Yanete Rodríguez Alegría, mamá de una de las menores, cuenta con antecedentes.

Por la privación ilegal de la libertad y el posterior homicidio de las cuatro mujeres, actualmente tres hombres se encuentran detenidos.

Guillermo N., alias “El Flaco”, y Christian N. alias “El Camarón”, fueron asegurados el 13 de junio del 2025 y vinculados a proceso el 18 de junio. Así como Iván Etzael N, alias “El Talibán”, vinculado a proceso el 10 de julio.

Según destacó el fiscal Fidel Corvera, solamente resta una orden de aprehensión en ser cumplimentada. Sin embargo, probablemente serán solicitadas ante un Juez de Control alrededor de tres más, los cuales se están ubicando con base en trabajos de investigación.

“No se descarta que hubiera más desaparecidos en los que pudieran estar involucrados”, concluyó.

El “Terrible” Morales se retiró del boxeo en 2014 y comenzó su camino en la política mexicana en 2007 como director del Instituto del Deporte de Tijuana durante la administración de Jorge Ramos Hernández, del Partido Acción Nacional. Su primer cargo fue como diputado federal por el distrito 7 de Baja California, de 2018 a 2021, por Morena en coalición con el Partido Encuentro Social (PES) y el Partido del Trabajo (PT). En el gobierno de Marina del Pilar fue director del Instituto del Deporte y Cultura Física (INDE) entre 2021 y 2023, cuando dejó el cargo para ser precandidato a la alcaldía de Tijuana, candidatura que perdió contra Ismael Burgueño, quien lo designó como secretario del Bienestar.

Actualmente, Morales Elvira trabaja como comentarista deportivo en Fox Sports México, de Grupo Multimedia Lauman, del empresario Manuel Arroyo, filial de Walt Disney Company.

Los estados con más víctimas de extorsión fueron el Estado de México, al acumular el 25% de los casos totales. Le siguen Guanajuato, Ciudad de México, Nuevo León y Veracruz. 

Desde 2018, los casos de extorsión se han mantenido al alza, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Para el primer semestre de 2025, las víctimas de este delito subieron 77.4% frente al mismo periodo de 2018.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que el delito de extorsión aumentó durante su gestión. Ante ello, presentó un plan para atender este delito, el cual incluye un número nacional para denuncias anónimas, equipos de investigación en las zonas de mayor incidencia y propuso una reforma para que el Congreso legisle una ley general contra la extorsión.

Como te contamos, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), señaló que, aunque la estrategia nacional contra la extorsión tiene elementos positivos como actualizar el tipo penal y aprovechar la experiencia de las unidades antisecuestro, lo anunciado hasta ahora son generalidades: “Una estrategia implica objetivos medibles en tiempo, en resultados. Lo que vemos son generalidades”.

Extorsión sube en la mitad de los estados

De acuerdo con los datos del SESNSP, las víctimas de extorsión tienen dos años al alza y alcanzaron su máximo histórico en el primer semestre de 2025, al reportar 5 mil 887 víctimas. 

Los estados que concentraron el mayor número de víctimas fueron: el Estado de México con 1 mil 481 víctimas, le sigue Guanajuato con 787; Ciudad de México con 662; Nuevo León con 500 casos y Veracruz con 479.

Según la última entrega de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), en 2023, la cifra negra —delitos que no fueron denunciados— por extorsión fue del 96.7%, lo cual lo coloca como el segundo delito con la mayor cifra negra en el país. 

Los principales motivos de las víctimas para no interponer una denuncia fueron la pérdida de tiempo y la desconfianza en las autoridades.

Por otro lado, las víctimas de extorsión subieron en 18 estados respecto a los primeros seis meses del año pasado. Las entidades que tuvieron un mayor incremento fueron Chiapas con un incrementó del 1,680%;Tamaulipas con un aumento del 148%; la Ciudad de México tuvo un incremento del 145%; Puebla con un 88% y Baja California Sur con un 70%.

Homicidios bajan a nivel nacional, pero suben en seis estados

A nivel nacional, se contabilizaron 12 mil 752 víctimas de homicidios dolosos, 15.5% menos que en el mismo periodo de 2024 cuando se reportaron 15 mil 104. A pesar de ello, los asesinatos subieron en seis estados, entre los que destacan Sinaloa, Baja California Sur y Nayarit. 

Sinaloa tuvo un incremento del 265% en el primer semestre del año, al registrar 893 víctimas frente a las 244 víctimas del mismo periodo de 2024.

Desde septiembre pasado, cuando comenzaron los enfrentamientos entre grupos criminales en Sinaloa, en la entidad se registran 1 mil 549 víctimas de homicidio doloso. La captura de Ismael “El Mayo” Zambada desató una crisis de violencia en la entidad que estalló el pasado 9 de septiembre ante el enfrentamiento de distintas facciones del Cártel de Sinaloa.

Pese a que la violencia continúa en el estado, entre el 1 de octubre de 2024 y el 16 de julio de 2025, las autoridades federales reportaron la detención de 1 mil 487 personas, el aseguramiento de más de 3 mil armas de fuego; decomisos de 53 mil 602 kilogramos de droga y un millón 811 mil pastillas de fentanilo y el desmantelamiento de 91 laboratorios clandestinos.

Otro de los estados que han tenido un aumento en las víctimas de homicidios son Baja California Sur con un aumento del 64%; Nayarit con un incremento del 44%; Campeche con un 34%; Tlaxcala 12% y Guanajuato del 9%. 

En contraste, los estados que han reportado las mayores disminuciones en este delito son Zacatecas con una reducción del 61%; Chiapas con una baja del 58% y Quintana Roo con un 51%.

A 10 años de sus fallas institucionales, el IMSS finalmente ofreció este lunes una disculpa pública por esos hechos, sin que esta haya sido suficiente para reparar el daño, considera hoy su esposo, Miceli. 

“Lo que ha pasado a lo largo de estos 10 años nos da como enojo, nos da coraje, porque a pesar de todo el tiempo que han tenido para mejorar y realmente cumplir con la medida de no repetición, no lo han hecho y falta todavía mucho para que ellos cumplan”, cuenta en entrevista. 

Matilde Pérez, investigadora de Fundar que ha acompañado el caso, señala que esta es una muestra de que están ocurriendo situaciones en las que las mujeres mueren por causas evitables, por lo que usaron sus herramientas de litigio estratégico para visibilizar las problemáticas estructurales que afectan los derechos humanos, que requieren al mismo tiempo poner recomendaciones claras sobre la mesa para transformar y revertirlas.

“Este caso coloca la necesidad de que se tienen que establecer medidas de no repetición, se tienen que atender estas causas estructurales, y justamente cuando se llega a esta conciliación con el IMSS, lo que se coloca no es solo reconocer que hubo una responsabilidad de la institución, sino que esta institución cómo se va a comprometer, qué acciones va a implementar para que estos hechos no se repitan”, puntualiza.

Sin embargo, en la década que ha transcurrido entre la muerte de Marisol y este 21 de julio, cuando el IMSS emitió la disculpa pública, el Instituto ha recibido 20 recomendaciones de la CNDH por violaciones a derechos humanos relacionados con violencia obstétrica en diferentes hospitales de todo el país. 

Por eso es que a Miceli la disculpa le parece insuficiente. El espacio en Bochil, Chiapas, donde se llevó a cabo, no tenía características que permitieran un acceso abierto al público. Además de que, a su juicio, no cumplió con los requisitos de publicidad suficiente, hay otros aspectos reparatorios que apuntan a la no repetición que el Instituto no ha atendido en su totalidad.

Violencia obstétrica: deudas en la reparación del daño y la no repetición

Si cuestiones tan básicas como no contemplar otro tipo de espacio, o que la institución no haya colocado siquiera una foto de Marisol, en un acto que era simbólico para su familia, no se cumplieron, en lo estructural aún hay todavía más deudas. 

“Está pendiente que se resuelvan las condiciones de infraestructura, de personal, y un poco lo que se ha colocado es que este caso no tendría que terminar con la disculpa pública; el compromiso que por lo menos hoy vino a hacer el IMSS es que van a cumplir con las medidas que están pendientes”, señala Matilde.

Miceli confiesa que imaginaba otro escenario y lamentablemente no fue así, aunque por lo menos tuvo la oportunidad de decirle al Instituto lo que era necesario. “A pesar de todo el tiempo que han tenido para mejorar y realmente cumplir con la medida de repetición, no lo han hecho”, reclama.

A su juicio, falta todavía mucho para que se considere que han cumplido. Si bien el acto de disculpa fue histórico para él, a nivel simbólico, porque debe ser relevante y darle un auge al tema, es necesario seguir avanzando. Por temor, dice, no tomaron en cuenta los lugares que él propuso para la disculpa, pero más allá de eso, no han cumplido casi con ninguna medida de reparación.

“Incluían la remodelación y ampliación de la infraestructura, que aún no la terminan ni la entregan; se pedía que tuvieran a los médicos capacitados y especializados, y todavía no cumplen. Hay vacantes por cumplir en ginecobstetricia; también en los insumos y medicamentos, y todavía falta, y en lo que nosotros damos mucha relevancia e importancia es en el tema de las ambulancias”, explica el esposo de Marisol.

Respecto a esta medida, el Instituto aseguró que había dos ambulancias equipadas que ya estaban en función y servicios, pero una de ellas no lo está –subraya– porque fue prestada para otro lugar, sabiendo que el pueblo de Bochil la necesitaba. 

Además, estos 10 años de lucha por justicia y reparación, han implicado para su familia un esfuerzo constante: “A lo largo de estos 10 años, además, nos da mucha profunda tristeza, pues ellos todavía no cumplen con su palabra, y con lo que hoy escuché, me da más tristeza, porque el director miente al decir algo que no es, cómo quisiéramos en verdad que lo que ellos dicen, lo pusieran en práctica, que se hiciera verdaderamente, pero vemos que es nulo”. 

Ahora, Miceli está convencido de que seguirá en pie de lucha, avanzando y supervisando que el IMSS realmente llegue a cumplir los actos de reparación, para darle la certeza a las personas de que al acudir al servicio público, van a encontrar una buena atención. 

La investigadora de Fundar subraya que la problemática no está cambiando de fondo, pese al convenio firmado. “Las causas estructurales que dieron origen o detonaron la muerte de Marisol siguen ahí, entonces en ese sentido es la exigencia del compromiso de las instituciones, de que haya un verdadero reconocimiento a la responsabilidad, y de mirar hacia el futuro, no solo hacia el pasado… Hacia adelante, ¿cuáles son los compromisos que van a tener con las víctimas?”, cuestiona.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido otras dos recomendaciones por al menos dos casos más de violencia obstétrica ocurridas en centros hospitalarios del IMSS en Bochil, Chiapas.

La primera fue emitida en 2016 (50/2016), por un caso de violencia obstétrica e inadecuada atención médica que implicó el agravio de una madre y la pérdida de la vida de su recién nacida en el Hospital Rural Oportunidades número 8 del IMSS, atribuibles al personal médico. 

De acuerdo con el recuento de la Comisión, el 26 de diciembre de 2013, alrededor de las 05:00 horas, la agraviada, de 21 años de edad, acudió al servicio de urgencias, donde se le diagnosticó delicada, con embarazo de 40.2 semanas de gestación y signos de trabajo de parto, además de ruptura prematura de membranas.

La mujer fue atendida por un pasante en medicina, quien le realizó varias veces tactos y le colocó una pastilla de misoprostol para inducir el parto; aunque primero la monitoreó continuamente, después insistió en que todavía faltaba tiempo para el parto, pese a que ella mencionaba que tenía fuertes dolores y pensaba que el bebé ya iba a nacer. Aunque ella pidió una cesárea con el argumento de que sentía el sufrimiento fetal del bebé, no se la realizaron.

Cuando finalmente la llevaron a la sala de parto, la mujer ya no tenía fuerzas y sintió que la bebé se movía más lento; la niña nació a las 01:00 horas del 27 de diciembre de 2013 y la madre se percató de que no lloraba. Un médico le informó que su hija se encontraba grave. A ella la dieron de alta, pero su hija permaneció hospitalizada, y horas más tarde le llamaron para comunicarle que había fallecido por choque cardiogénico, insuficiencia renal e hipertensión pulmonar persistente.

La segunda recomendación documentada por la CNDH corresponde a 2022 (13/2022) sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud de madre y su recién nacido, así como a la vida del segundo, y a la libertad y autonomía reproductiva por violencia obstétrica, al igual que a la información en materia de salud de la víctima, quien era una mujer indígena tsotsil, en el hospital rural del IMSS en Bochil.

Montenegro relató que “dos meses después de la elaboración de este reporte, en diciembre del 2021, la Sedena envía al expresidente López Obrador y a su equipo más cercano un panorama político y social previo a su visita a Tabasco”.

El 23 de diciembre de 2021, durante la gira presidencial en Palenque, Tabasco, “nadie le informó al expresidente que Bermúdez Requena estaba bajo investigación y formaba parte de un organigrama criminal bastante nutrido”.

En ese informe, indicó Montenegro, “le explican que Bermúdez Requena iba a ser el encargado de mantener la paz y el orden social en el estado durante su visita”.

Añadió que “meses antes ya habían catalogado en informes oficiales de la Sedena a este personaje como un presunto delincuente y miembro activo de la barredora, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”.

Montenegro mencionó además un informe de la Sedena de febrero de 2021 en el que “un sujeto conocido como Carlos René Cruz ‘El TACA’, integrante del CJNG, hablaba de la llegada de 30 a 40 personas, todos ellos miembros de la 4T, a Tabasco para investigar a la Fiscalía local y al entonces secretario Bermúdez Requena por casos de corrupción”.

Montenegro destacó que en los informes oficiales y en la inteligencia militar se identificaba a Bermúdez Requena como líder de una estructura criminal que controlaba el huachicol y otras actividades ilícitas en Tabasco, con apoyo de un grupo cercano de colaboradores, entre ellos figuras como Carlos Tomás Díaz (Tomasín), Carlos René Cruz y otros operadores del CJNG.

El periodista afirmó que esta red criminal operaba con “aval” de altos mandos y que la estructura criminal era “bastante nutrida”, con presencia en varias regiones estratégicas, y que además contaba con apoyo y protección institucional que permitió que Bermúdez Requena estuviera en funciones a pesar de los indicios y acusaciones en su contra.

Finalmente, Montenegro concluyó que la omisión en estos informes dirigidos al Ejecutivo y la cercanía entre Bermúdez Requena y altos mandos estatales representan una red de protección institucional.

“No es una omisión gubernamental en este caso, sino una complicidad compartida“, ya que “se respetó la lealtad” entre López Obrador y Adán Augusto, considerados entre sí “hermanos políticos”.

Además, Montenegro criticó la contradicción en las declaraciones oficiales, recordando que el general Ricardo Trevilla dijo que la información obtenida de Guacamaya Leaks “no es oficial” y “no se puede informar algo que no está comprobado”, mientras que, según Montenegro, esta información ya estaba disponible para la Fiscalía General del Estado de Tabasco y la Fiscalía General de la República.

El crimen se cometió alrededor de las 7:30 de la noche del domingo, cuando la víctima se encontraba en su camioneta Chevrolet tipo van color gris para cargar gasolina en una estación del centro de la población en la avenida Colegio Militar, confirmaron autoridades. 

Hombres armados se acercaron para dispararle a mansalva; su cuerpo quedó dentro de la unidad. 

La víctima fue identificada como Sergio Ureiro Castañeda, de profesión arquitecto, comerciante de abarrotes y material para construcción. 

Y fue uno de los líderes del Movimiento en Defensa de la Plazuela de los Cántaros, que en enero pasado logró recuperar la histórica plaza pública y área verde protegida. 

Minutos después de conocer el homicidio, su hermana Verónica Ureiro, médico, líder de la organización de vecinos y delegada de la colonia San Diego de Tlapa, llegó al lugar para reconocer el cuerpo. 

Reclamó al dos veces alcalde priista Gilberto Solano Arreaga la violencia criminal desatada contra ciudadanos en Tlapa, la principal ciudad comercial de la región. 

Y se quejó de la aparatosa presencia de policías municipales, estatales, ministeriales, así como elementos de la Guardia Nacional que llegaron para acordonar la escena del crimen. 

“¡Ya para qué están aquí!, deberían estar buscando a los responsables. ¡No sirven para nada!”. 

Sergio Hugo Ureiro formó parte del Movimiento de Defensa de la Plazuela de los Cántaros. 

La organización de vecinos se levantó en enero de 2024 luego de que el alcalde Gilberto Solano anunciara la destrucción del área que cuenta con árboles centenarios para construir 17 locales comerciales. 

Los colonos denunciaron que por más de 30 años una veintena de vendedores de comida invadieron de manera ilegal la plaza con ayuda de las autoridades municipales.   

En ese tiempo maltrataron los árboles de tlalahuacates al utilizarlos como postes de luz clavando medidores y al derramar aceite quemado usado para fritangas. La plaza se convirtió en una zona insalubre. 

La plaza fue construida a principios del siglo 20 y fue usada para esparcimiento público y el fin de semana para vender alfarería elaborada por artesanos de las comunidades Zacualpan, Huitzapula y Tlalzala. Tras demandas administrativas y ambientales, en 1996 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ordenó mantener el área verde y de esparcimiento, libre para todos. 

Tras un año de plantones en el Ayuntamiento de Tlapa y en el Palacio de Gobierno en Chilpancingo, en enero pasado los vecinos desalojaron con sus propias manos los locales y sus instalaciones luego de que comerciantes y autoridades no cumplieran minutas para dejar libre la plaza. 

La plaza finalmente ha sido usada como espacio recreativo de los ciudadanos y de expresiones culturales diversas. 

“Hoy sufrimos y lloramos el cruel asesinato de un compañero defensor del medio ambiente, fiel defensor de la Plazuela de los Cantaros, el Arquitecto Sergio Hugo Ureiro Castañeda, por lo que exigimos justicia. Alto a la violencia en Tlapa”, expresó el Comité al compartir una esquela. 

La tarde del lunes en el funeral del activista, Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, expresó que la lucha que abanderó no fue para beneficio personal, sino para abrir los últimos espacios verdes que quedan en la ciudad. 

Consideró que se perdió una conciencia ecológica. 

“Tuvo la osadía de dejar un legado en favor de las nuevas generaciones. Dentro de este dolor y esta tragedia hay indignación de la gente de Tlapa, no hay resignación, no hay complicidad, hay ese coraje de decir que no es posible que sigamos hundiéndonos en esta violencia”. 

Recordó cuando Tlapa era una provincia tranquila, pero que ahora todos se tienen se tienen que cuidar de todos, cada por su propia sobrevivencia. 

“El miedo nos ha aislado y nos ha paralizado. Ese miedo nos hace cómplices de estas tragedias”. 

Cientos de colonos, familiares y activistas despidieron al arquitecto exigiendo a las autoridades estatales justicia.

Medios de comunicación locales dieron a conocer que los cuerpos tenían huellas de tortura y al parecer se trataba de choferes del sindicato de taxistas Lázaro Cárdenas del Río, quienes días atrás habían sido reportados desaparecidos por la misma Fiscalía. 

Cinco días antes del triple homicidio, un supervisor de la misma organización gremial de choferes de taxi fue ejecutado en la colonia irregular In House, de Playa del Carmen. 

Por este crimen, el 14 de julio, el fiscal del estado Raciel López Salazar dijo que existen dos líneas de investigación: narcomenudeo e invasión de tierras. 

No obstante, por el hallazgo de los cuerpos –calificado de triple homicidio– ha decidido guardar silencio.  

El 21 de julio Raciel López Salazar encabezó la conferencia de prensa de la Mesa de Seguridad de Quintana Roo. Estuvo acompañado de la secretaria de Gobierno Cristina Torres Gómez, y del secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez. 

En ningún momento los funcionarios hablaron de este hecho delictivo. Por el contrario, López Salazar sostuvo que durante el primer semestre del año hubo una reducción del 52% de homicidios dolosos, en comparación con el mismo semestre de 2024. 

Asimismo, Luis Herrera Quiam, secretario general del sindicato de taxistas Lázaro Cárdenas del Río, también ha mantenido el silencio ante el caso que señalan de menoscabo de sus propios agremiados. 

Herrera Quiam se desempeña también como secretario general del ayuntamiento de Playa del Carmen. 

En Quintana Roo, los tres principales sindicatos de taxistas, ubicados en Tulum, Playa del Carmen y Cancún, tanto agremiados, como algunos dirigentes, han estado relacionados en presuntas actividades ilícitas por lo que han sido detenidos, como el caso de Salomón Alfonso Muñoz, quien siendo dirigente de la agrupación sindical Andrés Quintana Roo, fue acusado de homicidio.

Una investigación apoyada por Quinto Elemento Lab y realizada durante 2024 documentó que al menos 20 menores de edad fueron víctimas de abuso sexual en casas hogar de Ayudante al Niño entre 1992 y 2022. Hasta abril pasado, cuando se publicó el documental con las revelaciones, había siete presuntos agresores implicados en el caso y solo uno había sido llevado ante la justicia.

En una de las fotografías tomadas durante el operativo realizado el 9 de julio y compartidas por una fuente que pidió no ser identificada, se puede ver a Steve Ross, director ejecutivo de la institución, rodeado de personal del DIF del Estado de México y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. La situación jurídica de Ross es incierta, pues las autoridades no han informado si está detenido.

La información ha sido escasa y confusa. No fue sino hasta una semana después del aseguramiento cuando el DIF del Estado de México emitió una tarjeta informativa para confirmar la clausura de las cinco casas hogar de Ayudante al Niño IAP y el aseguramiento de 37 menores de edad que vivían en ellas, aunque no aclaró su estado ni a dónde fueron trasladados. Portavoces del DIF declinaron ofrecer mayores detalles.

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), organismo federal que coordina políticas para proteger los derechos de los niños, lamentó los hechos y exigió justicia para las víctimas.

“Nos solidarizamos plenamente con las niñas, niños y adolescentes víctimas, y exigimos que se asegure su acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral. La protección de la infancia es una responsabilidad ineludible del Estado y de toda la sociedad”, señaló la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA en un comunicado emitido el 16 de julio. 

Para Eric Miller, quien lleva años denunciando abusos sexuales dentro de las casas hogar, la noticia llegó como un respiro. "Hace casi tres años hablé con la Junta Directiva de Ayudante al Niño en Estados Unidos y les advertí que, si no tomaban medidas decisivas para remover al personal y las políticas dañinas, su institución sería cerrada. Ahora, ese día ha llegado. Mi sincera esperanza es que de las cenizas de esta institución surja algo mejor, más verdadero y más capaz de cumplir con la misión de cuidar a los niños necesitados de México”, dijo.

Paola Cuevas, quien trabajó en la casa hogar en 2021 hasta descubrir los abusos que vivían los menores, esperaba este momento. “Me da tranquilidad que las autoridades por fin hayan tomado la acción de cerrar la institución. Era algo que estábamos esperando. Seguiremos presionando para que se lleve a cabo una investigación a profundidad”, afirmó la también activista. 

El documental apoyado por Quinto Elemento Lab reveló los abusos sistemáticos cometidos durante más de 30 años contra menores dentro de Ayudante al Niño; las denuncias fueron ignoradas por el personal y por su director ejecutivo, el estadounidense Steve Ross. Tras la publicación de la investigación, Ayudante al Niño lamentó los hechos y expresó su disposición a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos.

Las autoridades sabían sobre las posibles irregularidades y abusos dentro de las casas hogar. Al menos desde 2017, el DIF del Estado de México y la Junta de Asistencia Privada tenían conocimiento de las denuncias de abuso sexual. El punto de quiebre llegó en 2021, cuando once niñas se organizaron para denunciar los abusos de Javier C., una de las personas encargadas de cuidarlas.

Lejos de ofrecerles protección, el DIF decidió mantener a las niñas en la misma casa hogar. Hasta marzo de 2025, cuatro de ellas todavía vivían ahí. Javier C. fue detenido en abril de 2022 y el año pasado fue sentenciado a once años de prisión por el delito de violación agravada.

El pasado 13 de julio, durante la misa dominical, representantes de dos de las iglesias cristianas estadounidenses que financian a Ayudante al Niño IAP se pronunciaron sobre el cierre de las casas hogar y las denuncias de abuso sexual contra algunos los cuidadores. Adam Jones y Joe Putting, pastores líderes de Connect Christian Church y Tomoka Christian Church respectivamente, aseguraron que la institución está siendo víctima de ataques con denuncias falsas. 

“Una de nuestras misiones más longevas en México, Niños de México (Ayudante al Niño), está teniendo problemas, hay un sentimiento antiestadounidense en estos momentos”, justificó el pastor Putting, líder de Tomoka Church en la misa celebrada en Florida. 

Las casas hogar de Texcoco y Chicoloapan ya están clausuradas, pero Ayudante al Niño IAP posee otra más en San Andrés Cholula, Puebla, que sigue operando con normalidad, según fuentes cercanas a la institución. Hasta la publicación de este texto, ninguna autoridad había informado a dónde fueron trasladados los 37 menores.

En conferencia de prensa, Hernández Salazar recordó las demandas de la Asamblea Comunitaria de Puente Madera, que exige el cumplimiento en la repartición equitativa y legal de los recursos provenientes de los Ramos 28 y 33, que por derecho corresponden a la agencia municipal como parte del municipio de San Blas Atempa.

«Está en todo su derecho de exigir esos recursos porque llevan años sin un avance, como las autoridades dicen que hay con el Corredor Interoeceánico […]. Con esa negatividad demuestran que es mentira lo que dicen del Corredor. No será desarrollo para esas comunidades indígenas, lo que representa es despojo a las comunidades», explicó David Hernández Salazar.

Por su parte, un representante de la comunidad chontal de El Coyul denunció que la situación que atraviesan es de «criminalización y despojo de las tierras», pues actualmente hay mil 452 hectáreas de las que personas ajenas al pueblo se han apropiado, además de que 21 habitantes criminalizados con sentencias de 15 años de prisión por defender su territorio.

Durante la protesta y los bloqueos, los pueblos también se opusieron a la destrucción y privatización del aguaje en Jalapa del Marqués, así como demandaron el cese de agresiones, hostigamientos y cortes de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a las familias en resistencia de la APIIDTT, entre otras demandas.

«No hay primavera oaxaqueña ni Guelaguetza sin justicia, paz y libertad para los pueblos», recalcaron los pueblos.

A los pueblos de Oaxaca, a los medios libres, a la sociedad en general, al gobierno federal y estatal:

Hoy, desde las entrañas del Istmo de Tehuantepec, alzamos la voz con dignidad y rabia. Ante la falta de respuesta a nuestras legítimas demandas, actualmente sostenemos CUATRO BLOQUEOS CARRETEROS en Jalapa del Marqués, El Coyul, Puente Madera y Zanatepec.

Si no hay una respuesta clara y concreta a nuestras demandas, continuaremos con las movilizaciones durante la Guelaguetza en la región, y nos desplazaremos a la Ciudad de Oaxaca para instalar un campamento en los próximos días.

¡NADA ESTÁ RESUELTO!

¡NO HAY PRIMAVERA OAXAQUEÑA, NI GUELAGUETZA SIN JUSTICIA, PAZ Y LIBERTAD PARA LOS PUEBLOS!

¡SI NO NOS ESCUCHAN, GRITAREMOS!

NUESTRAS EXIGENCIAS SON CLARAS:

– NO a la gentrificación y turistificación de los pueblos, barrios y colonias de Oaxaca

– Revocación de sentencia para las 21 personas defensoras de El Coyul

– Alto al despojo en El Coyul por parte de Alfredo Manuel Mena Alonso, Rigoberto Cruz Cartas, Joel Ricardez López y su organización UNECACI

– Basta de criminalización contra Puente Madera

– Revocación de sentencia para David Hernández Salazar

– Repartición justa de los ramos 28 y 33 para Puente Madera

– Reconocimiento inmediato al comisariado electo de San Pedro Huamelula. Fuera UNECACI de nuestro pueblo

– No a la destrucción y privatización del aguaje en Jalapa del Marqués

– Reparación integral y garantías de no repetición para el pueblo Ikoots de San Mateo del Mar. Libertad a las personas presas injustamente y cancelación de órdenes de aprehensión

– Justicia para Eugui Roy y Obed Espinoza Ramos

– La energía eléctrica es un derecho humano. Reforma al artículo 4° ya

– Basta de agresiones, hostigamientos y cortes por parte de la CFE a las familias en resistencia de la APIIDTT

– ¡Alto a las guerras! ¡Palestina libre!

Los pueblos estamos de pie y organizados. No pedimos favores, exigimos derechos.

Mientras no haya justicia, no habrá descanso. Si no nos escuchan, haremos que se escuche nuestro grito.

Desde el Istmo en rebeldía,

pueblos en resistencia.