“Yo fui totalmente una víctima del Estado, porque yo nunca participé en la muerte del hermano de Alejandro, Federico, esposo de mi madre. Fui presentada como garantía accesoria, cosa que no existe en el derecho penal mexicano”, expresó.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió su caso en 2022 por unanimidad y ordenó su liberación. Sin embargo, Cuevas asegura que sigue viviendo con temor.

“Tengo una libertad definitiva porque la Suprema Corte, como bien recuerdas, me dio 11 votos a cero, pero no se sabe qué puede pasar. Yo siento que el crimen ha tomado el poder en México”, señaló.

“Hagan lo que hagan, no me van a callar. Aquí estoy y aquí me voy a morir en la línea”, concluyó.

Aseguró que su familia sigue desplazada y viviendo en el extranjero debido al miedo de nuevas represalias. “Mi familia y yo estamos desplazados y viviendo en tierras ajenas y con una libertad condicional porque no sabemos en qué momento pueda reactivarse esto”, afirmó

Afuera, la esperaban abogados del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), quienes la acompañaron durante todo el proceso judicial.

Sofía de Robina Castro, abogada del IFDP, destacó la importancia del fallo de la SCJN.

El proyecto de sentencia presentado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena expuso irregularidades en la obtención de pruebas, como cateos y peritajes sin cadena de custodia, incluyendo un cateo realizado un año después de los hechos en un inmueble vinculado a un familiar de la denunciante Isabel Miranda Torres.

Juana Hilda viajó después a la Ciudad de México para reencontrarse con sus seres queridos tras casi dos décadas de separación.

El caso Wallace involucra a otras cinco personas que permanecen en prisión: Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, César Freyre Morales, Alberto Castillo Cruz y Tony Castillo Cruz.

Todos han denunciado tortura, fabricación de pruebas y violaciones al debido proceso.

En el caso de Brenda Quevedo Cruz, acusada de estar implicada en el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace en 2005, en junio de 2024 obtuvo un cambio en la medida cautelar que enfrentaba.

Fue trasladada del Centro Federal de Readaptación Social número 16 a su domicilio, donde actualmente permanece bajo arraigo domiciliario.

Según la abogada Sofía de Robina Castro, el reciente fallo de la Suprema Corte abre la posibilidad de revisar las sentencias de los demás imputados bajo los mismos criterios.

La revelación del reloj mundialista no sólo marca la cuenta regresiva hacia la inauguración, también una serie de tensiones sobre el destinatario de la transformación del espacio urbano.

El 11 de junio último la mandataria capitalina se presentó en un salón ubicado en General Prim 32, en la alcaldía Cuauhtémoc. Ahí, ante a funcionarios y exfutbolistas, encabezó un acto protocolario para comenzar con el conteo regresivo a 365 días del Mundial. 

Brugada reiteró que para recibir el torneo internacional su gobierno hizo una inversión histórica, más de seis mil millones de pesos en “obras, infraestructura, agua, seguridad y movilidad”.

Frente a Félix Aguirre, director del Estadio Banorte (nombre comercial del Estadio Azteca), la jefa de Gobierno dijo que se fortalecerán los derechos de los habitantes “con más agua, con mejor espacio público (y) también con más servicios”.

De las obras a realizarse para recibir el partido inaugural de la Copa Mundial, así como otros cuatro juegos, destacó también la iluminación de 48 kilómetros en el Centro Histórico, la instalación de la ciclovía “Gran Tenochtitlán”, que irá del Zócalo hasta Periférico Sur, y el fortalecimiento de la electromovilidad con más líneas y nuevos trenes.

Pese a que los proyectos capitalinos para el Mundial impactarán principalmente a las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, residentes y colectivos en ambas demarcaciones ya comenzaron a cuestionar las implicaciones que tendrá la nueva infraestructura en sus comunidades. 

Exigen freno al segundo piso

El 10 de junio último, mientras el equipo de Comunicación de la jefa de Gobierno difundió la invitación para la revelación del reloj mundialista, la Comisión de Participación Comunitaria de vecinos de la colonia Villa de Cortés, en Benito Juárez, comenzó a circular volantes con la convocatoria a una movilización programada para el 13 de junio próximo sobre la calzada de Tlalpan, con la intención de exigir que no se construya el segundo piso en dicha vialidad.

Los inconformes argumentan que ese proyecto ocasionará deterioro urbano, gentrificación, aumento de tráfico y más inseguridad; además, denuncian que esa obra promueve una falsa ecología.

Junto con la convocatoria vecinal, se difundió un pronunciamiento ciudadano en el que diversos colectivos y organizaciones civiles manifestaron su rechazo a la imposición de megaproyectos y obras inmobiliarias asociadas a la preparación de la ciudad como sede mundialista.

También solicitaron la implementación de medidas urgentes contra lo que llaman la “turistificación”, regulación de plataformas como Airbnb, protección a la vivienda, freno a desalojos encubiertos, además de apertura de procesos de planeaciones urbana, participativa y vinculante: “La ciudad no está en venta”, expresaron.

Discurso “estético”

Para Natalia Lara, integrante del colectivo Asamblea Tlalpan-Coyoacán, “todo lo que está promoviendo (la jefa de Gobierno) de infraestructura, el colector, la red hidráulica y demás tiene que hacerse independientemente del Mundial; no nos pueden decir que un programa para atención a este magno evento sea darnos agua en nuestras casas, tener un drenaje y una mejor movilidad. Eso lo merecemos por derecho”. 

La activista denunció que faltan estudios de impacto ambiental, por lo que dijo que solicitarán los proyectos ejecutivos.

En ese contexto, Lara calificó el discurso de la jefa de Gobierno como “estético”, pues reiteró que en vez de que la mandataria proporcione a los vecinos información integral de los proyectos, parece que “está haciendo campaña; no hay evidencia de nada”.

Respecto de la escasez de agua lamenta: “No sabemos ni siquiera los impactos reales del Mundial, de la demanda de agua, la calidad del aire, si va a ser suficiente la movilidad y el transporte con la cantidad de turistas, no sólo para Coyoacán y Tlalpan, sino para el resto de la ciudad”.

“Obviamente un inmueble de este tipo tendría un impacto ambiental mucho inferior al que tiene un hotel de lujo”, dice Romel González del Área jurídica del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX). “La lógica del gobierno y del Ejército parece ser primero construir y luego eventualmente pedir perdón por las afectaciones, como lo hicieron con el Tren Maya”.

De acuerdo con el área jurídica del CRIPX, se trata de un “engaño institucional” que involucra varias dependencias federales: Sedena, Semarnat y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que dictaminó la viabilidad de la obra. 

Fue hasta un año después del inicio de las obras que un ingeniero del Ejército ingresó a Semarnat la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto “Construcción de un Hotel en Nuevo Uxmal”, que según la dependencia está en su página de Internet “a disposición del público”, aunque en realidad no se encuentra.

Animal Político buscó una postura de la Sedena, pero no recibió ninguna respuesta. A Semarnat se le preguntó por qué otorgó la autorización provisional a un proyecto de alojamiento para militares cuyas características son de un hotel turístico, pero al cierre de edición no hubo una explicación.

Recientemente, Pedro Ayuso, un poblador de la zona, visitó el Parque Nacional Nuevo Uxmal con su familia. “A unos metros de la entrada hay un retén de militares que te piden tus documentos y te preguntan a qué vas; siendo que estás allí de turista, se siente realmente muy raro”, relata.

“Después del retén se encuentra el Hotel Tren Maya y luego el ingreso al parque, que cuesta 140 pesos para los turistas nacionales. El boleto incluye la posibilidad de recorrer un pasillo que está bajo el sol, aunque en Yucatán el calor es realmente infernal. El camino lleva a un espacio donde hay unos animales en cautiverio, y son un venado, un jabalí, un pavo de monte y un ocelote: la verdad es que no me pareció nada atractivo para los turistas. De hecho, no había casi nadie y los artesanos que trabajan allí me dijeron que gastan más en pasaje para alcanzar su puesto de lo que ganan con la venta de sus productos”.

No sólo es Uxmal, Ejército pide autorización para otro hotel en ruta del Tren Maya

Sedena empleó la misma maniobra para obtener la autorización provisional de impacto ambiental para poder comenzar a construir el Hotel Tren Maya de Calakmul. Según una nota publicada en agosto de 2023 por Giovanna Gasparello y Jorge Fernández Mendiburu en Los Angeles Press, en febrero del mismo año la Dirección General de Ingenieros de la SEDENA presentó a SEMARNAT una solicitud de autorización provisional relativa a la “Construcción de un alojamiento para el personal que brinda seguridad, monitoreo, investigación, logística y educación ambiental en la Zona Arqueológica de Calakmul, Campeche” (que, por otro lado, fue registrado ante la Secretaría de Hacienda como “alojamiento para el personal [militar] en tránsito en la región Sureste”).

Desde las 6:00 de la mañana de este día, un grupo de personas identificadas como “cargadores”, quienes suelen acompañar a actuarios en diligencias judiciales, se apostó en las entradas de varios edificios del Poder Judicial de la Ciudad de México. Entre ellos, había hombres y mujeres que, de acuerdo con testimonios de personal del Tribunal, actuaron como golpeadores para impedir la protesta laboral.

“Estaban desde las seis de la mañana en cada puerta de los inmuebles: Niños Héroes 132, Torre Norte, Torre Sur, Claudio Bernard 150, el 119 y Claudio Bernard 60”, declaró Yanet Villagómez, trabajadora administrativa especializada en juzgados civiles. “Son los que acompañan a las actuarias para los lanzamientos, para las diligencias que tienen que hacer; sin embargo, pues entre esos cargadores hay golpeadores”, afirmó.

Los disturbios comenzaron alrededor de las 7:30 de la mañana, cuando los trabajadores intentaban iniciar su manifestación. “Fue en la entrada principal del edificio Niños Héroes 132, que es la entrada para el Consejo de la Judicatura. Ahí se armó todo. Aventaron piedras, botellas, tierra. No sabíamos ni con qué nos estaban golpeando”, relató.

También se reportaron agresiones en el estacionamiento de ese edificio, así como en las demás sedes. “Desde que llegamos no nos dejaron poner lonas, lazos, cintas. Nos las quitaban. A una compañera le aventaron una piedra y le abrieron la cara”, narró Yanet. La trabajadora fue atendida por Protección Civil y trasladada primero al ISSTE de Indianilla y posteriormente al Hospital Ángeles.

“Nos quisieron intimidar desde temprano, pero no nos vamos a echar para atrás. Vamos a seguir hasta que nos cumplan”, dijo Yanet al insistir que la huelga se mantendrá.

“No sabemos quién los mandó, pero no fue gratis”, agregó. “Hay versiones de que fue el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, o el sindicato de Diego, o el de un compañero que se llama Rafael. Pero alguien les pagó”.

La protesta

Desde el pasado 29 de mayo, trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial local decidieron iniciar una protesta para reclamar un aumento salarial del 7% a sus salarios, que no fueron incrementados a pesar de que la Ley Federal del Trabajo estipula que, desde el primer semestre de cada año, debe haber un incremento.

El 5 de junio de 2025, luego de días de manifestaciones, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, y Diego Valdez Medina, emitieron un comunicado en el que informaron sobre un 5% de aumento directo al salario y 2% en prestaciones.

Los trabajadores no aceptaron dicha propuesta, debido a que señalaron que este acuerdo fue tomado en cuenta sin consultar a la propia base trabajadora.

Ayer, tras una mesa de negociación, autoridades capitalinas indicaron a los trabajadores que no podían seguir en las negociaciones, si no regresaban a laborar, por lo que estos tomaron la decisión de escalar sus protestas, comenzado con bloqueos en diversas calles de la capital este miércoles.

Por este motivo, hoy a las 11:00 horas, autoridades jurisdiccionales y de la Ciudad de México citaron a los integrantes del Poder Judicial de la Ciudad de México a una reunión en el edificio de Niños Héroes 119.

“El comentario fue ‘piensen que deben de regresar porque el gobierno de la Ciudad no puede negociar si está interrumpido un servicio que sí consideran sensible para la ciudadanía’. Entonces la respuesta fue no, por eso la comunicación que vamos a tener es que continúa el paro de actividades”, señaló un líder de los trabajadores la tarde de ayer.

🚨#Ahora | Presuntos grupos de choque agreden a los trabajadores del poder judicial de la CDMX que mantienen un paro de labores, en las inmediaciones de Ciudad Judicial en la colonia Doctores.

📹 Especial pic.twitter.com/lBWm0dQ99g

— Animal Político (@Pajaropolitico) June 11, 2025

Denunció la “ausencia total del gobierno estatal y federal, que no han enviado ninguna fuerza de contención ni apoyo; el Estado, una vez más, ha abandonado a La Ruana, tal como ocurrió cuando asesinaron a mi hermano, Hipólito Mora”. 

Guadalupe Mora consideró “especialmente preocupante la omisión deliberada de la alcaldesa de Buenavista, perteneciente al partido Morena, quien hasta el momento se ha negado a dar entrevistas o emitir declaraciones públicas sobre la grave situación que enfrentamos; su silencio es cómplice del abandono y su falta de acción deja a nuestros ciudadanos en el más profundo estado de indefensión”. 

Ante la situación de los habitantes de La Ruana, Mora Chávez solicitó el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos, así como “la difusión de esta denuncia por parte de medios de comunicación, periodistas y defensores de la verdad”, ya que la región de Tierra Caliente “está siendo devorada por el crimen organizado mientras nuestras autoridades callan”. 

Puntualizó: “No pedimos favores, exigimos que se cumpla con el deber constitucional de proteger a la población civil”.

La fiscal general, Ma. Elena Andrade Ramírez, informó este martes a la prensa que tenían conocimiento del hecho, por lo que se acercaron a las familias y acudieron a Misión de San Borja, donde colaboraron por varios días con el destacamento que tiene la Secretaría de la Defensa en la zona. 

“Y finalmente fueron encontrados los cuerpos de esos jóvenes. A grandes rasgos, los familiares narran que por algunos de ellos pasó un amigo a bordo de la camioneta donde se supone que desaparecieron. Eran varios, ocho personas. Otros tenían tiempo viviendo fuera de su domicilio, así que la familia se enteró posteriormente”, detalló la funcionaria estatal. 

Agregó que los cuerpos fueron encontrados en estado de putrefacción, por lo cual no fue posible una identificación formal inmediata. 

“Hay evidencias, como señas particulares, que se presume son las personas que fueron denunciadas desaparecidas. Sin embargo, la información completa sería hasta que tengamos las pruebas de genética. Ya se les tomó las pruebas de ADN a todos los familiares para hacer las comparativas pertinentes y darles el resultado de manera oficial. Son ocho”, abundó la fiscal general. 

Ma. Elena Andrade Ramírez puntualizó que los cadáveres presentan huellas de violencia y la causa de la muerte, al parecer, es por arma de fuego, aunque no se descarta otra más, pero por el estado no se tiene todavía el diagnóstico completo. 

“Inclusive fueron encontrados en un área totalmente inhóspita, desértica, en la nada, literalmente, fueron ahí enterrados”, comentó. 

Por último, adelantó que trabajarán con autoridades de Baja California Sur para ver si tienen relación con otros homicidios que acontecieron una semana antes. 

Los desaparecidos, conforme fue divulgado en su momento, son:

Al momento de su detención también era señalado por autoridades de Coahuila como el autor material de la ejecución de José Eduardo Moreira Rodríguez, hijo del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdez, asesinado el 3 de octubre de 2012, en represalia por la muerte de Alejandro Treviño Chávez, sobrino del "Z-40".

Actualmente, "El Flaco" se encuentra en el Centro Federal de Reinserción Social número 17, ubicado en el estado de Michoacán donde purgará el resto de su condena.

En la publicación del acuerdo 18/06/25 en el Diario Oficial de la Federación de este lunes, donde se dan a conocer los calendarios escolares para el ciclo lectivo 2025-2026 aplicables en todo el país para la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y de formación para la educación básica, el 8 de septiembre se llevará a cabo la jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil. 

En entrevista, Mariana Gil, directora de la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) –que hizo público el caso en su informe Es un secreto–, recuerda que estas medidas de no repetición, además de las de reparación, como compensación y terapias, dirigidas a la SEP y a la Autoridad Educativa Federal fueron determinadas por el juez Padierna en adición a los 494 años que se le impusieron a la persona procesada penalmente.

“Ahí pone que se institucionalice un día en el calendario escolar para la concientización sobre el abuso y el maltrato infantil”, enfatiza. En esta ocasión, la jornada caerá en esa fecha; sin embargo, las familias decidieron no institucionalizarla en un día fijo por la movilidad de los fines de semana y las vacaciones, sino plantearla como jornada al principio del ciclo escolar. Aunque hubo propuestas diversas sobre el posible día, las familias eligieron que fuera al inicio, porque fue cuando sus hijas e hijos comenzaron a experimentar los abusos, que ocurrieron entre el 20 de agosto y el 8 de octubre de 2018.

Según el cálculo de las autoridades y de la ODI, serán aproximadamente 232 mil escuelas de todo el país, y más de 24 millones de infancias las que formarán parte de estas jornadas. Para Gil, se trata de un precedente muy relevante para generar prevención. 

“Creo que el hecho de que en la escuela haya una jornada como esta va a implicar que los niños y niñas tengan educación sexual integral, que hasta la fecha ha sido un poco a voluntad de los docentes o de las escuelas; unas que sí, otras que no, pero creo que va a poner un precedente en el sentido de que los niños, desde pequeños, tengan información y educación sexual”, puntualiza.

Por ello, ahora que se ha publicado oficialmente la incorporación de la jornada de concientización sobre abuso sexual, la comunicación también está en marcha para que la autoridad cumpla con otras medidas de reparación, materiales de prevención, conversaciones para definir una fecha de disculpa pública, así como algunos lineamientos para capacitación de docentes. 

“La Autoridad Educativa Federal, quiero decirlo, es la que está tratando de cumplir con todo, y estamos teniendo una buena respuesta por parte de ellos. De la Fiscalía, no; hay muchas medidas que son para la Fiscalía, incluidas la de seguir investigando, porque estos niños y niñas mencionan a más de 13 adultos, además de los dos que están sentenciados, y esas investigaciones no han rendido ningún fruto”, lamenta. 

Advierte, al mismo tiempo, que una cosa es oficializar la jornada en el calendario, y otra saber cómo se llevará a cabo en 232 mil escuelas: “Es un avance, suena muy increíble pensar en esto, pero ahora cómo la SEP va a responder a qué va a pasar en esa jornada, porque además es diferente la educación sexual en un jardín de niños a niños de primaria baja, de primaria alta; es un inicio, pero hay que seguir peleando, observando y documentando lo que hacen las autoridades”.

Otras medidas establecidas por la sentencia contemplan el reconocimiento público de la actividad irregular del Estado tras los hechos cometidos por uno de sus servidores públicos, al igual que la implementación de cursos de capacitación, de forma permanente, dirigidos a todo el personal de la institución sobre prevención, detección y abordaje de situaciones de violencia sexual contra infancias en el ámbito educativo.

A estos se añaden el establecimiento de políticas públicas relativas a la creación de espacios escolares seguros para todos los jardines de niños; un programa de regularización académica, becas y entornos escolares seguros para las víctimas, así como la publicación de materiales didácticos y audiovisuales relacionados con las experiencias vividas en la búsqueda de justicia, así como incluir en el sitio web de la SEP materiales didácticos de prevención del abuso sexual.

Las diversas versiones del informe Es un secreto, que para 2024 han evidenciado 27 casos en 12 entidades, documentan que niñas y niños muy pequeños han sufrido violencia inimaginable en preescolares y primarias públicas y privadas. “Se trata de patrones delictivos marcados por acciones organizadas entre varios adultos y perpetradas de manera masiva dentro de un plantel escolar”, señala el documento para ciertos casos, como el del kínder en la GAM.

Estas formas graves de violencia –subraya la ODI– develan, a su vez, tres problemas: las escuelas en nuestro país carecen de supervisión efectiva; múltiples fiscalías locales y la federal han tenido conocimiento de estos casos durante años y han sido incapaces de investigarlos adecuadamente, incluso cuando se trata de denuncias expresas de posibles delitos de explotación sexual infantil, mientras que padres y madres carecen de información adecuada sobre cómo hablar con hijos e hijas para detectar posible violencia sexual.

Los mandos en la mira

En los meses de septiembre y noviembre, se registraron los asesinatos de cinco policías en Mazatlán, dos de ellos fueron exsecretarios de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

El 19 septiembre atacaron a balazos y quitaron la vida a un comandante de la Municipal en la colonia Francisco Villa, tras recibir hasta 30 impactos de bala dentro de su camioneta particular.

Los extitulares de Seguridad Pública de Mazatlán, Simón Malpica Hernández y Juan Ramón Alfaro Gaxiola, cayeron asesinados los días 9 y 24 de noviembre, el primero en la colonia Juárez y el segundo en la colonia Hacienda Urías.

Mientras que en la capital sinaloense, en Culiacán, el 22 de noviembre un grupo armado irrumpió en una cafetería del sector Montebello y asesinó a Benjamín Villarreal Guerrero, exsubdirector de la Policía Municipal de Culiacán, quien seguía activo, pero ya no como mando.

También en Culiacán, el 28 de noviembre encontraron sin vida por La Costerita a Francisco Javier “N”, comandante de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa.

Las agresiones a mandos policíacos se extendieron a Navolato, el 28 de abril, cuando asesinaron a Marco Antonio “N”, comandante de la Policía Municipal, en las afueras de su domicilio.

Caídos en servicio

La noche del 25 de octubre del 2024, los oficiales Carmen e Iván Orlando, de la Policía Municipal de Navolato, se encontraban dentro de una patrulla estacionada afuera de un plantel del Cobaes en San Pedro, cuando hombres armados los asesinaron.

La mañana del 6 de diciembre, un grupo de policías estatales transitaban cerca del Aeropuerto Internacional de Culiacán para dirigirse a un festejo por el Día del Policía, los interceptaron y asesinaron a un elemento, además de herir a cuatro más.

El 23 de enero, dos agentes de la Municipal de Culiacán perdieron la vida tras un ataque a balazos frente al Parque 87, mientras transitaban dentro de una patrulla.

Tres elementos de la Policía Municipal de Culiacán atendieron un reporte en el sur del municipio el 28 de febrero, y reaparecieron asesinados hasta el 2 de marzo, en una brecha de terracería en la sindicatura de Costa Rica. Joel Alberto, Ezequiel y Petra Emilia presentaron huellas de tortura.

La noche del 7 de mayo, en el sector Pradera Dorada de Mazatlán, un comando armado atacó a balazos a un grupo de policías municipales, dicho atentado dejó a dos oficiales asesinados y cuatro más lesionados.

Ataques a domicilio

El 12 de noviembre del 2024, un oficial de la Municipal de Mazatlán fue asesinado apenas llegó a su vivienda en el fraccionamiento San Marcos.

En la capital, el 18 de noviembre privaron de la libertad a un Policía Municipal de Culiacán en la sindicatura de Quilá, y el 20 de noviembre lo hallaron sin vida en un camino de terracería en la sindicatura Costa Rica.

Patricio “N”, otro Policía Municipal de Culiacán, estaba en un local donde venden pollos en la colonia Progreso, cuando llegaron a asesinarlo a balazos el 15 de marzo del 2025.

El pasado 8 de junio, agresores irrumpieron en una vivienda en Cofradía de La Loma, municipio de Navolato, y quitaron la vida a Rafael “N”, policía estatal activo, junto con su hermano.

La otra violencia: agentes desaparecidos

De septiembre de 2024 al 10 de junio de 2025 la Fiscalía General del Estado ha registrado 17 desapariciones de personas con ocupación Policía Estatal o Municipal.

De los agentes desaparecidos, tres fueron localizados con vida y seis sin vida, mismos que se ubican dentro de los 37 policías asesinados.

La FGE estableció que continúan activas las búsquedas de ocho agentes, pues no han sido ubicados.

Uno de los casos reportados fue el 13 de septiembre del 2024, cuando quedó abandonado dentro del Parque 87 de Culiacán el vehículo de un policía estatal activo, quien fue privado de su libertad y horas más tarde lo localizaron sano y salvo en su domicilio.

Para el 26 de septiembre del 2024, ocurrió con un oficial de la Municipal de Mazatlán.

Asimismo, una custodio del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, fue vista por última vez en el fraccionamiento Villa Bonita, en la capital. Pasó su periodo de descanso de 72 horas, pero ya no se presentó a trabajar.

La noche del 21 de noviembre del 2024, un agente de la Policía Estatal celebraba el cumpleaños de su padre en el poblado Estación Obispo, de la sindicatura Higueras de Abuya, en Culiacán. Sujetos armados irrumpieron en el convivio disparando al aire, luego asesinaron al padre del policía y a un amigo de la familia, y posteriormente privaron de la libertad al oficial y su hermano.

El caso más reciente registrado es el de Urías Hernández Pardiñas, policía municipal de San Ignacio y exmando de la misma corporación.

En la ficha de su desaparición se señala que no se sabe de su paradero desde la noche del domingo 8 de junio, cerca de las 21:30 horas, en la colonia Labastida Ochoa, perteneciente a San Ignacio.

Añadió que los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Poniente llevaron a cabo el análisis de las cámaras de videovigilancia en las inmediaciones del hotel, gracias a lo cual identificaron que la víctima ingresó al lugar junto a un hombre que abandonó el hotel solo.  

Las autoridades descubrieron que el sujeto abordó un taxi y se trasladó a Iztacalco, donde realizaron recorridos de reconocimiento en la colonia Agrícola Pantitlán y se mantuvo el cerco virtual con apoyo de los monitoristas del C2 Norte.  

Fue en la Calle 6, que los uniformados encontraron a un hombre con las características físicas levantadas en el reporte. Además, el presunto feminicida manipulaba un arma de fuego.  

Los policías se acercaron al sospechoso y le realizaron una revisión preventiva en la que le aseguraron 24 bolsitas de marihuana, así como una subametralladora con un cargador y 12 cartuchos útiles, de la que no acreditó la legal portación.  

El presunto feminicida, de 41 años, fue detenido y, junto con lo asegurado, fue disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.

Por lo anterior, los uniformados se dirigieron al lugar y al llegar encontraron a varias personas que causaban daños a dos camiones de volteo, además, agredían físicamente a los conductores e impedían que otros trabajadores descargaran sus unidades y continuaran con una construcción que se lleva a cabo en el sitio.  

Los elementos policiales detuvieron a 18 hombres, entre ellos un menor de edad, y a tres mujeres. También aseguraron cinco vehículos utilizados como taxis irregulares, una camioneta de alta gama, un automóvil y cuatro armas de fuego cortas.  

Los detenidos, junto con lo asegurado, fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones correspondientes.   

De acuerdo con reportes periodísticos, los señalados acudieron al lugar para pegar calcomanías y otras insignias a las maquinarias utilizada en la obra mencionada, pues pretendían apoderarse de los espacios destinados a puestos semifijos y fijos, así como el ambulantaje en los alrededores del Deportivo.

“De manera respetuosa el gobierno a nombre de las partes solicita que la conferencia de procedimiento, calendarizada para el 16 de junio de 2025, se postergue aproximadamente 60 días o hasta que la Corte lo considere conveniente después de ese plazo”, indicaron los fiscales en la misiva enviada al juez Cogan.

El documento es una clara evidencia de que “El capo de capos” del Cártel de Sinaloa negocia un acuerdo de cooperación con el Departamento de Justicia, como ya lo había indicado, ante el mismo Cogan, su abogado Frank Pérez y los representantes de la fiscalía estadunidense.

En la misiva al juez, los fiscales exponen otra señal de la negociación con “El Mayo”, quien si se declara culpable de los delitos que le achacan, libraría el juicio y la posibilidad de ser sentenciado a la pena capital, de ser declarado culpable, y podría convertirse en testigo protegido.

“Como es conocimiento de la Corte, las partes han intercambiado ciertos materiales descubiertos (evidencias) y discutido una potencial resolución antes del juicio, que ocurre durante el tiempo de procedimiento del caso”, subrayan los fiscales al juez Cogan.

Tomando en cuenta que la solicitud de prórroga de 60 días es solicitada por la defensa y la parte acusadora, es casi un hecho que Cogan acceda a ella y simplemente determine la fecha para la sesión en agosto próximo.

Es parte de los procedimientos de preparación de juicio que el Departamento de Justicia presente al juez qué tipo de castigo se impondrá al acusado, en caso de ser declarado culpable en un juicio, y es por eso y la negociación que las audiencia del “Mayo” se han postergado.

Zambada García llegó a un aeropuerto municipal del estado de Nuevo México, el 25 de julio de 2024, acompañado de Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de su compadre, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

La llegada del “Mayo” y de Guzmán López a Estados Unidos en un avión civil, se cataloga como una entrega pactada a la autoridades estadunidenses aunque estas no han develado los detalles del acuerdo ni de qué tipo es; si voluntario por parte de Zambada García u obligado, en un secuestro maquinado por el hijo del “Chapo”.

El llamado “Capo de capos” del Cártel de Sinaloa es, para el Departamento de Justicia, una fuente inagotable de información de por lo menos cuatro décadas, sobre el trasiego de drogas, lavado de dinero y de armas en México y respecto a la narco corrupción en todos los niveles de gobierno, del sector militar y policial.