Cuando estalló el escándalo de la Casa Blanca adjudicada a la familia Peña-Rivera, entonces presidente Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera primera dama del País, por allá de noviembre de 2014, y el grupo de investigación de Aristegui Noticias develó que poseían una mansión valorada en unos 7 millones de dólares, que además estaba a nombre de una empresa relacionada con el Grupo Higa, el principal constructor de los gobiernos del priista, quien salió a dar la cara por la casa fue la esposa, entonces y ahora apodada La Gaviota por una interpretación en una telenovela.
Sola, con un traje morado, contra una pared, con los brazos sobre una mesa y sosteniendo documentos en sus manos, Angélica Rivera habló por ella y defendió su patrimonio. Pocos le creyeron. Sin embargo, salió a dar la cara por su familia, incluido su esposo, el presidente Enrique Peña Nieto.
En Baja California, después de que el 10 de mayo el esposo de la gobernadora informó vía Facebook que su visa de turista le fue revocada, y que con ello había afectado a su esposa, Marina Ávila, no ha dado la cara en 27 días. El primer caballero del estado, y recién afiliado a Morena, ha permanecido escondido en algún lugar de México, o del mundo, y ha dejado sola a su esposa.
No sólo la dejó con la crisis más grande que haya tenido cualquier gobierno estatal en México: que un gobernador, en este caso mujer, en funciones, le hayan retirado la visa para entrar a los Estados Unidos, que prácticamente le prohibieran el acceso a ese país, y para agravar el asunto, estando al frente de la administración de uno de los estados fronterizos con la Unión Americana una relación binacional prioritaria en esta región económica.
A los días del anuncio de la revocación de las visas, primero la del esposo y luego la de la gobernadora, otro escándalo, el segundo en menos de dos semanas, sacudió al gobierno de Baja California: una casa de cuatro millones de dólares, que la propia mandataria presumió en redes sociales, localizada en Rancho Santa Fe, en el condado de San Diego, California, donde departió con sus padres y su hija, pero que está a nombre de un polémico empresario, Fernando Salgado, ligado no sólo a Morena, también al alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, y en algunos proyectos al gobierno del estado, a Carlos Torres Torres y hasta al exfiscal, Ricardo Iván Carpio.
Ambas polémicas, las más grandes que han sucedido en Baja California con el retiro de la visa norteamericana a la mandataria estatal, algo que nunca había ocurrido en el País, y en la utilización de una mansión millonaria en San Diego, la gobernadora Marina Ávila Olmeda las ha enfrentado sola. De su marido nada se sabe, sólo lo que publica en Facebook.
De tener una vida muy pública, de representar junto a su hermano Luis Torres los intereses de la gobernadora, de ser escoltado por camionetas oficiales con escolta y apoyado en las relaciones públicas por el publirrelacionista de Jorge Hank y del gobierno del estado, Miguel Ángel Badiola, Carlos Torres pasó al ostracismo. Se escondió, se esfumó, se ocultó del ojo público y el martes de esta semana, el 3 de junio, finalmente hizo desde donde se encuentre refugiado, lo que debió hacer cuando el retiro de su visa de turista para entrar a los Estados Unidos: se deslindó del cargo “honorario” que su esposa le concedió y el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño también.
Si como Torres Torres dijo en su publicación inicial que lamentaba “profundamente que esta situación haya tenido consecuencias para mi esposa, Marina del Pilar”, y él se consideraba responsable de lo que su esposa estaba viviendo, la pregunta es por qué no se deslindó de su gobierno de manera inmediata. De hecho, fue la gobernadora, quien días después de informar de las revocaciones a ambos de las visas norteamericanas, lo ratificó en el cargo de coordinador de Proyectos Estratégicos.
Hubieron de pasar 25 días, para que finalmente el esposo se deslindara de los espacios de gobierno que ocupaba en la administración de su mujer y en la de Tijuana. Finalmente, fue convencido quizá, o entró en razón tal vez, de hacerse a un lado y no seguir explotando las posiciones políticas de su pareja para provecho de sí mismo, como lo ha hecho sistemáticamente desde 2019 cuando ella era alcaldesa de la capital bajacaliforniana.
La cuestión es que -a diferencia de Angélica Rivera, que lo hizo de frente, con cámaras, que no se escondió y continuó con su vida de primera dama de México-, Carlos Torres, el primer caballero de Baja California, no da la cara; informa desde la oscuridad, agazapado en algún lado justificando poner “pausa” a su vida pública para dedicarse a su familia, a sus hijos, pero dejando sola a su esposa con la crisis política más grande que ha habido en el estado, de la cual es protagonista.
Ahora sí que en el caso de la familia Ávila-Torres no hay un gran hombre detrás de una gran mujer, sino un hombre camuflajeado en el gobierno de su esposa, amparado en un partido político poderoso, confiado en la protección del oficialismo desde la Presidencia de la República, oculto en algún lugar, alejado del ojo público, arropado con la impunidad de investigaciones truncas en la FGR, pero muy señalado por la autoridad de los Estados Unidos que le niega el acceso a su territorio.
Quizá, con el ocultamiento de Carlos Torres, con el hecho de dejar sola a su esposa enfrentando las crisis políticas y personales que tiene, sus aspiraciones a ser candidato de Morena a la alcaldía de Tijuana en 2027 también se hayan esfumado, así como su persona que se perdió en medio del peor brete que se tenga en la historia de Baja California.
La protesta ciudadana sigue: sea con carnes asadas, con gritos de “Fuera Marina” en cualquier concentración de personas, o con el ya muy popular “¿Y el Torres?”, emulando a quienes en Sinaloa buscaban al Gobernador Rubén Rocha. Pero en Baja California, quisieran saber dónde está el esposo de la gobernadora y por qué no da la cara. Al menos, como sí lo hizo La Gaviota, en 2014.
