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Maestros rechazarán propuesta del gobierno sobre pensiones; sólo es un parche: analista

Gustavo Leal, especialista en política pública, considera que las propuestas de la Presidencia de congelar la edad de jubilación y “completar” la cantidad que pueden recibir los trabajadores con el Fondo de Pensiones del Bienestar son insuficientes para atender la demanda de la CNTE.

La propuesta que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) el pasado miércoles 28 no resuelve su demanda de derogar la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007 ni el problema de fondo sobre el sistema de pensiones, no sólo para el magisterio, sino para 3.2 millones de trabajadores al servicio del Estado y sus familias, advierte Gustavo Leal Fernández, especialista en política pública de Salud y Seguridad Social.

“El fondo de pensiones para el Bienestar es un parche, no resuelve lo que se está proponiendo sobre la mesa. El fondo del asunto es poner una ley del ISSSTE a la altura del año 2025, de lo que somos ahora, 18 años años después de lo que ocurrió cuando los tecnócratas reformaron la Ley de ISSSTE en el año 2007”, subraya el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) campus Xochimilco, en entrevista con Proceso.

En medio de las protestas de la CNTE, que en las últimas dos semanas ha desquiciado la vialidad de la Ciudad de México, y las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde su conferencia en Palacio Nacional que ha comparado al magisterio con “la derecha”, el analista celebra que además de sus exigencias en materia educativa, la disidencia magisterial puso en el centro de la agenda nacional un tema “muy urgente”: el debate sobre el sistema de pensiones.

“Lo que están planteando son los costos enormes que tiene la reforma de (Felipe) Calderón y (Manlio Fabio) Beltrones de 2007 sobre lo que es realmente la pensión final del magisterio, pues amputaron parte de estos derechos a los trabajadores al servicio del Estado y los mandaron a un sistema de pensiones con pensiones miserables”, asegura.

Conocedor de las iniciativas de reforma de gobiernos del PRI, del PAN y ahora de la llamada 4T, Leal Fernández destaca que la demanda de la CNTE “ilumina” un universo más amplio: todo el apartado B que implica a los trabajadores al servicio del Estado, entre ellos, los de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, los médicos y el personal del IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud, profesores universitarios, entre otros. Calcula que este universo suma alrededor de 3.2 millones de trabajadores y sus familias.

Por ello critica las descalificaciones mediáticas contra la CNTE y las que se han hecho desde Palacio Nacional “tratando de plantear que los maestros están pidiendo un imposible, que no se puede hacer nada, que no hay recursos, etcétera, y dejando de considerar que lo que se está poniendo sobre la mesa es el futuro de las pensiones de los próximos mexicanos también y los que van a pasar en los siguientes años a retiro”.

Gustavo Leal Fernández considera que las propuestas de la Presidencia de congelar la edad de jubilación mediante un “decreto” y “completar” la cantidad que pueden recibir los trabajadores con el Fondo de Pensiones del Bienestar (creado en el 2024 por el presidente Andrés Manuel López Obrador) son “insuficientes” para atender la demanda de la CNTE.

Ahorro y prioridades

Con estancias posdoctorales en universidades de Austria y España y profesor en Estados Unidos, Leal Fernández se refiere al primero de los cinco puntos que planteó el gobierno federal, mediante las secretarías de Gobernación (Segob), Educación Pública (SEP) y el ISSSTE: “La emisión de un decreto para reducir progresivamente la edad de jubilación, hasta alcanzar la edad previa a la reforma del 2007 en el caso de los que están en el décimo transitorio de la Ley del ISSSTE”.

Ese “supuesto decreto”, critica, “está armado para que el gobierno siga ahorrando; no está pensando para que pase a retiro con ese congelamiento la gente que ya debería pasar para hacer justicia, digamos, a la urgencia de los que empezaron a cotizar hace muchos años y que ya cumplen con los requisitos, sino que beneficia a los trabajadores más jóvenes”.

Bajo ese argumento, “absolutamente insuficiente”, el especialista prevé en las próximas horas que las bases del magisterio “van a responder al gobierno que ese decreto no es suficiente”.

El pasado lunes 26, la presidenta Sheinbaum dedicó buena parte de su conferencia “mañanera” a justificar el porqué cambió su discurso de campaña política, de prometer a los maestros echar abajo la reforma del ISSSTE del 2007, para ahora decir que al gobierno “no le alcanzan los recursos” y que de hacer el cambio tendría una “carga a las finanzas públicas que no puede atender el Estado mexicano”.

La exjefa de gobierno de la CDMX argumentó: “Pondríamos en problemas a los recursos públicos para Programas de Bienestar, para obra pública, para el salario de los trabajadores del Estado, todo lo que representa el presupuesto público”.

Ante ese argumento, Gustavo Leal reacciona: “Es lamentable. El argumento que ha utilizado la presidenta es sumamente frágil. Ella dice ‘no alcanza porque están los programas sociales’. Sí, pero, señora presidenta, el problema que está puesto sobre la mesa son las pensiones, aquí hay un asunto de prioridades. ¿Qué hacemos con las pensiones? Nadie está en contra de más programas sociales, pero ¿qué hacemos con el problema de las pensiones? No es un argumento sólido”.

Pensiones del Bienestar

Estudioso del sistema de seguridad social desde sexenios atrás, Gustavo Leal Fernández recuerda que el Fondo de Pensiones para el Bienestar, aprobado en 2024 y que la presidenta Sheinbaum Pardo destacó en días pasados como parte de la solución a las demandas del CNTE, es “el segundo parche que activó el presidente López Obrador” en su gestión como medida de “justicia social” para que el trabajador se pensionara con el 100% de su salario, como se presumió en ese momento.

El primer parche, recuerda, “fue el tibio ajuste que hizo (el tabasqueño) a las pensiones del IMSS del apartado A”, aprobado en 2020.

Y asevera: “Este segundo parche es un esquema que deja a muchos afuera, cubre a muy pocos y con complementos muy bajos. Y tiene otro grandísimo problema en su propio diseño: financieramente es muy inestable”.

Ofrece un ejemplo: “De los recursos con que cuenta ahora que son, según la última información que presentó Hacienda, cercanos a los 45 mil millones de pesos, 32 mil millones de pesos son de las cuentas de los trabajadores que no habían sido reclamadas. Entonces, un financiamiento público directo al modelo de autopensión del sistema de cuentas individuales y de las Afore con más recursos públicos es un parche”.

Luego advierte que aunque en el periodo inmediato “es manejable, pues beneficia a muy pocos con muy poco, en los siguientes años, conforme vaya creciendo el universo de gente que lo va a reclamar, va a enfrentar muy serios problemas de financiamiento y esta base inestable seguramente va a recibir mucha presión”.

Por ello el economista insiste en que “ni el congelamiento de la edad de jubilación ni el parche del fondo de pensiones para el Bienestar atienden la profundidad del reclamo que hace la CNTE de una pensión justa”.

Sin inteligencia gubernamental

Conocedor de diversas propuestas de ley en pasadas administraciones, Leal Fernández critica que el documento con propuestas que el gobierno federal entregó a la Coordinadora el pasado 28 de mayo es “de extrema pobreza gubernamental respecto a lo que se está solicitando”. Por eso, justifica, la Coordinadora dijo que les dieron “pura paja”.

Considera que en el gobierno federal existe una “falta de entendimiento del fondo del problema. No hay por parte del gobierno una lectura correcta de lo que está poniendo sobre sobre la mesa”.

Por eso insiste: “Cuando esto se baje a consulta con las bases, terminarán con un rechazo y con el replanteamiento de que no se está entendiendo de fondo la demanda principal, que es mejorar el sistema de pensiones”.

Con autoridad académica, afirma que “no hay una inteligencia institucional, gubernamental para hacer de este tema tan relevante un asunto que podría discutirse a profundidad”. Lo que sí destaca es que el gobierno de Sheinbaum tendría que resolver pronto el tema para que no continúen las manifestaciones de los maestros y que el millón 200 mil niños que están sin clases en distintas entidades, puedan regresar a las aulas a terminar su ciclo escolar.

Hasta el cierre de esta edición, la CNTE no había respondido a las propuestas que les hizo el gobierno de Sheinbaum ni había levantado el plantón que instaló desde el 15 de mayo último en el Zócalo capitalino y sus alrededores.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.

Demora del periodo extraordinario es por falta de consenso en Morena por Ley Telecom: Rubén Moreira

"Hay una lucha fuerte que es muy evidente", sugirió el priista sobre la situación entre los legisladores de Morena, y recalcó la necesidad del periodo extraordinario para establecer los artículos que se contraponen a la designación de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia.

El coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, afirmó que posponer el periodo extraordinario es porque dentro de Morena no han llegado a consensos en reformas como la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

El legislador tricolor también informó que es necesario el periodo extraordinario para establecer los artículos que se contraponen a la designación de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la reforma del Poder Judicial antes del 1 de septiembre.

“Entonces sí tiene que haber un extraordinario, cuando menos para eso (artículos que se contraponen a la designación de la presidencia de la SCJN), por otro lado, pues ellos van a preparar, dar el golpe final a la libertad de expresión y el golpe final a la libertad de expresión es el tema de la “Ley Censura” y pues lo están armando y la “Ley Censura” va con la Ley de Seguridad. 

“Yo creo que no tienen ahorita en sus consensos internos, hay una lucha fuerte que es muy evidente entre esta Agencia Digital contra otras secretarías, porque la Agencia Digital no solamente está en la Ley de Telecomunicaciones, está en la ley Orgánica de la Administración Pública, está en estas leyes de mejora regulatoria, está en las leyes de seguridad y está en la ley de Telecomunicaciones”, explicó. 

Rubén Moreira detalló que la Agencia Digital entra en conflicto legal en atribuciones con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Comunicaciones, con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con la Secretaría de Economía. 

El 4 de junio, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que el periodo extraordinario se llevará a cabo a finales de junio ya que, detalló, se deben concluir los dictámenes de las 22 iniciativas que anunció que se discutirían.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

A 16 años del incendio en la Guardería ABC, los hijos sobrevivientes continúan lucha de padres y exigen castigo a responsables

A más de una década y media del siniestro, no hay un solo alto funcionario en prisión, y la exigencia de justicia permanece como una deuda pendiente del Estado mexicano.

Este 5 de junio se cumplen 16 años del incendio en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, una tragedia que cobró la vida de 49 niñas y niños, y dejó a más de 100 con lesiones físicas y emocionales.

A más de una década y media del siniestro, no hay un solo alto funcionario en prisión, y la exigencia de justicia permanece como una deuda pendiente del Estado mexicano.

Lo que comenzó como una tragedia originada por la negligencia institucional, hoy continúa como una herida abierta. Pero en esta ocasión, la lucha ha adquirido una nueva voz: la de los sobrevivientes. Aquellos niños que entonces apenas caminaban o dormían en cunas, hoy adolescentes, han comenzado a alzar la voz, a narrar sus vivencias y a exigir castigo para los responsables que, hasta hoy, siguen sin enfrentar consecuencias judiciales.

Incendio en la Guardería ABC: una tragedia evitable

El incendio ocurrió en 2009, cuando las llamas iniciadas en una bodega del gobierno del estado de Sonora se propagaron hacia la guardería subrogada por el IMSS.

Las investigaciones revelaron condiciones inadecuadas de seguridad: techos con material inflamable, inexistencia de salidas de emergencia funcionales y falta de protocolos de evacuación. La tragedia fue, en todos los sentidos, evitable.

Pese a las denuncias y señalamientos públicos, los procesos penales han sido insuficientes. Algunos funcionarios de bajo perfil enfrentaron cargos menores, pero ningún alto mando ha sido sancionado de forma ejemplar. La impunidad se ha convertido en uno de los rasgos más dolorosos del caso.

Batalla por la verdad, justicia y no repetición

Las familias de las víctimas han sostenido durante años una lucha incansable. Hoy, esa resistencia se amplifica con la participación activa de los propios sobrevivientes. Jóvenes que han pasado por cirugías, terapias, rehabilitaciones y silencios prolongados, ahora toman la palabra y cuestionan directamente a las autoridades. Denuncian las secuelas físicas —como quemaduras y limitaciones motoras—, pero también las invisibles: ansiedad, depresión, trastornos de estrés postraumático.

Este aniversario será conmemorado con diversas actividades en Hermosillo. A través de redes sociales y espacios públicos, los sobrevivientes compartirán sus testimonios y exigirán una justicia que les ha sido negada durante 16 años.

El caso ABC no solo simboliza una tragedia humana, es también un emblema de las fallas estructurales en el sistema de protección infantil, la falta de rendición de cuentas y la lucha ciudadana contra el olvido. Hoy, quienes sobrevivieron no solo recuerdan: continúan, con su voz, la batalla por verdad, justicia y no repetición.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/PROYECTO PUENTE.
AUTOR: 

Congreso de Guanajuato rechaza la despenalización del aborto; diputada del Partido Verde cambió su voto

De último momento, la diputada del PVEM, Luz Itzel Mendo González, anunció que cambiaría su decisión, por lo que se sumó al voto panista y perredista. Guanajuato es uno de los estados con leyes más restrictivas en el país en torno al aborto.

El Congreso de Guanajuato rechazó la despenalización del aborto. La iniciativa no consiguió la mayoría de votos en la sesión de este jueves, luego de que la semana pasada se registrara un empate.

De último momento, la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luz Itzel Mendo González, anunció que cambiaría su decisión, por lo que se sumó al voto panista y perredista. De esta manera se alcanzaron 19 votos a favor de mantener la penalización del aborto y se registraron 17 en contra.

La decisión de la legisladora desató un fuerte caos en el pleno: colectivos feministas  le gritaban “¡pinche vendida, pinche vendida!”, mientras que grupos en contra de la despenalización del aborto le aplaudían y ovacionaban.

“Hablé con mujeres compañeras, hablé con mi conciencia y hoy he cambiado de opinión (…) “No soy ninguna vendida, hoy votaré a favor del dictamen”, dijo.

Insistió en que no estaba de acuerdo con que el aborto sea tratado como un servicio más y que en Guanajuato no hay ninguna mujer encarcelada por aborto, por lo que consideraba que no era necesario quitarlo como delito para proteger a las mujeres.

“Este no es tema de colores partidistas, el Partido Verde Ecologista al cual pertenezco orgullosamente reconoce la libertad de conciencia y en uso de plena libertad hoy defiendo con serenidad mi voto, yo no quiero que las mujeres vayan a prisión pero tampoco quiero que el aborto se imponga como política pública”, expresó Mendo González.

El aborto en Guanajuato

Previo a la discusión, organizaciones civiles hicieron un llamado a resolver el empate de la votación anterior y garantizar los derechos reproductivos de las mujeres; recordaron que el acceso a la interrupción del embarazo es un tema de salud pública, particularmente en un estado que durante 2023 fue la segunda entidad con mayor incidencia de abortos en el país.

En 2023 Guanajuato registró 5 mil 421 abortos, según el Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios de la Secretaría de Salud de México. Mediante este se sabe también que de quienes vivieron esos eventos de salud, el 1.2 % (64) eran niñas de 10 a 24 años, y el 21.1 % (mil 143) tenía entre 15 y 19 años de edad.

Por otro lado, León (27.2 %), Irapuato (10.4 %) y Celaya (7.3 %) fueron los municipios donde hubo mayor incidencia de abortos. Del total registrado en el estado, 3 mil 065 (56.6 %) se realizaron mediante legrado uterino instrumental.

Guanajuato es uno de los estados con leyes en torno al aborto más restrictivas en el país, pues lo permite solo en casos de violación y riesgo a la vida, por lo que no permite que las mujeres guanajuatenses tengan una vida reproductiva libre de estigma y con respeto a su autonomía reproductiva.

Diputados a favor y en contra de la despenalización del aborto

Durante su intervención, la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Alicia Pedroza Orozco, destacó que la despenalización del aborto no es un asunto ideológico, sino que tiene que ver con la salud pública y con los derechos de las mujeres.

“Es un asunto de salud pública, no ideológico (…) La penalización mata en silencio, mata con miedo”.

“¿Quiénes somos nosotros para imponer? ¿Quiénes somos nosotros para obligar a una mujer a tener un destino que no eligió?”, dijo frente al pleno al enfatizar que es falso que en Guanajuato ya no se criminaliza a las mujeres que abortan.

Asimismo, destacó que de archivarse la iniciativa, las mujeres no van a olvidar. “Será una traición con nombre y apellido, y el costo será alto porque ya no estamos en el siglo pasado y esta generación está presente”, advirtió.

Recordó que ya existe un amparo en trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que podría obligar al Congreso de Guanajuato a despenalizar el aborto.

Por el contrario, el diputado del PAN, Jorge Espadas, reafirmó su postura en contra de la despenalización del aborto. “Abortar es matar. Este tema tiene que ver con la vida, y el PAN no vino aquí a debatir sobre la vida, vino a defenderla”, enfatizó.

“Las y los diputados hicimos campaña, registramos una plataforma legislativa, y ahí establecimos el compromiso con cada elector, con cada mujer y hombre: vamos a defender la vida desde la concepción. Hoy estamos cumpliendo con los ciudadanos”, afirmó.

En tanto, la diputada panista Jared González respaldó al legislador y destacó su postura en “defensa de la vida desde la concepción”, e insistió en que despenalizar el aborto significaría desproteger a las mujeres del estado.


FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Cómputo final del INE: Hugo Aguilar será presidente de la Corte; hubo 22.8% de votos nulos

Aunque los resultados estaban conocidos desde días antes, hasta las 5 de la tarde de ayer el INE seguía sin recibir y revisar 155 actas, que llegaron y fueron computadas este jueves.

El Instituto Nacional Electoral (INE) terminó de computar hoy las últimas de las 84 mil 266 actas de las elecciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con lo que alcanzó la revisión del 100% de boletas –dos días después del plazo definido--; los resultados marcan una participación de 13.01%, una tasa de votos anulados o no utilizados de 22.8%, y confirman que Hugo Aguilar Ortiz será el presidente del máximo tribunal de justicia del país durante los próximos dos años, tras obtener el 5.3% de los votos. 

Aunque los resultados estaban conocidos desde días antes, hasta las 5 de la tarde de ayer el INE seguía sin recibir y revisar 155 actas, que llegaron y fueron computadas este jueves.

Poco antes de mediodía de este 5 de junio, el INE había revisado el 99.72% de las actas relativas al Tribunal de Disciplina Judicial, que reflejan una tasa de abstención ligeramente superior a la de la SCJN –87.12% por el momento--, y unos resultados también alineados con los “acordeones” atribuidos a Morena, que fueron difundidos antes de las elecciones. 

Los funcionarios del organismo electoral siguen revisando las actas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de las magistraturas de circuito y de los juzgados de distrito, que marcan --hasta el momento-- unas tasas de abstención mayores a las de la SCJN.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Abogada denuncia “chivos expiatorios” en investigación del rancho Izaguirre

La defensora Cecilia Isabel Ayala Dávalos expuso detalles sobre el proceso que actualmente enfrentan sus representados: Juan José Huerta Valdivia, Edgar Brandon Ramírez Márquez y Enrique Yeragzmel Barragán Barboza, quien están siendo investigados por abuso de autoridad y otros ilícitos.

En la investigación de las omisiones en el procesamiento del Rancho Izaguirre se están fabricando responsabilidades y “chivos expiatorios”, entre los que están peritos forenses, sostuvo Cecilia Isabel Ayala Dávalos, la abogada defensora particular de tres de los cuatro peritos que están señalados como presuntos responsables; junto con ocho funcionarios de la Fiscalía del Estado en la carpeta de investigación 180/2025, que actualmente está en el índice de la Agencia 2, del Ministerio Público, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

La defensora expuso detalles sobre el proceso que actualmente enfrentan sus representados: Juan José Huerta Valdivia, Edgar Brandon Ramírez Márquez y Enrique Yeragzmel Barragán Barboza, quien están siendo investigados por abuso de autoridad y otros ilícitos relacionados con la administración de justicia y el poder público. La fiscalía aún no ha formalizado acusaciones ni vinculado a los servidores a proceso, por lo que los peritos “mantienen su presunción de inocencia”.

Ayala Dávalos argumentó que los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) no tienen atribución de actuar por cuenta propia, ya que son auxiliares de la autoridad.
"Los peritos de ciencias forenses no son autoridad. Si los quieres llamar a rendir cuentas, tienes que apegarte a la normatividad por la que ellos se rigen, pero no con las normatividades que aplican a la Fiscalía del Estado", expresó.
Los peritos, son señalados a partir de un acta administrativa de la Vicefiscal en Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, del 6 de marzo de 2025, que señala supuestas inobservancias en el desempeño de funciones. Ayala Dávalos argumenta que el acta administrativa no regula el actuar de los peritos, quienes actúan a petición de la autoridad competente y se rigen por la Ley Orgánica del IJCF.  Los peritos sólo intervinieron en el caso Rancho Izaguirre el 3 de octubre de 2024, durante aproximadamente 5 horas y media, para elaborar un plan de acción, tras ser requeridos por el Ministerio Público, pero después ya solicitaron su presencia.

La abogada afirmó que existen argumentos jurídicos sólidos para defender a sus clientes y demostrar que no deben ser llevados a juicio bajo la normativa invocada. Sin embargo, advirtió que la imparcialidad de las investigaciones está en entredicho debido a la supuesta falta de autonomía de los ministerios públicos y a la línea que, aseguró, siguen las órdenes superiores dentro de la Fiscalía del Estado, esto, dijo, genera una situación de simulación y riesgo de que se convierta en una persecución de chivos expiatorios.   
“Pero si tú tienes a la fiscalía especializada en combate a la corrupción, queriendo hacer una investigación imparcial, es imposible porque son de la misma casa. Todos son de fiscalía, nada más que uno de la Vicefiscalía de personas desaparecidas y otros del combate de la corrupción. Esto es una simulación. ¿Entonces, existe el riesgo de que se incurra en una situación de chivos expiatorios”. Sí, claro, claro, ya empezó porque con esta información que está adherida a la carpeta de investigación, no es suficiente para llevar a juicio a los peritos. Ellos no son autoridad. A ellos, si los quieres llamar a rendir cuentas, pues tienes que apegarte a la normatividad por la que ellos se rigen, pero no con las normatividades que aplican a la Fiscalía”.   
La defensa obtuvo un amparo (456/2025) que suspende provisionalmente la acusación contra los peritos. Cuestiona la celeridad con la que se judicializó la carpeta, contrastando con la lentitud en otros casos.

Con respecto a la coordinación y las responsabilidad del Ministerio Público, resaltó que "El Ministerio Público tiene la obligación y el deber de coordinar a policías investigadores, a peritos. Y esto es a lo que ya me refería, el mando y conducción. Y vamos a sentarnos en un supuesto de que alguno no lo hizo debidamente. Vamos a concederles ese derecho de que alguien de los involucrados no hizo su trabajo. Pero para eso está el Ministerio Público".   

En ese sentido, la abogada llamó a que se revisen las actuaciones de la entonces titular de La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) Blanca Jaqueline Trujillo Cuevas, quien actualmente continúa siendo responsable del área, aunque el área cambió de nombre a Vicefiscalía de Personas Desaparecidas   
"La jerarquía hacia arriba del Ministerio Público, que son sus directores, coordinadores y la vicefiscal. Entonces aquí la primera responsable de coordinar al personal de la Vicefiscalía, pues es la vicefiscal. Y así como las escaleras se barren de arriba hacia abajo, también en la Vicefiscalía deben de empezar por la intervención”, anotó.
Señaló que hay indicios y temores de un posible plan previamente establecido para resolver el caso de manera rápida y bajo condiciones poco transparentes. Además, expresó que la rápida investigación y la acelerada tramitación de medidas cautelares parecen indicar una estrategia premeditada, que no se ajusta a la práctica jurídica habitual.

Lo que llamó la atención de la abogada fue la rapidez con la que se ha desarrollado el caso. De acuerdo con su relato, en marzo pasado, la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA) solicitó las entrevistas a 12 servidores públicos, incluyendo a sus clientes, en un proceso que se ha caracterizado por una celeridad poco común. Además, critica la UMECA haya sido aplicada antes de la audiencia inicial, “pasando por alto la presunción de inocencia”.   

La audiencia inicial prevista para el 29 de mayo, referente al acta administrativa 47941/2025  fue suspendida, pese a que ya existía un informe de valoración de riesgo procesal, lo que permitió a la autoridad tener una idea clara del posible riesgo de fuga o sustracción de la justicia por parte de los implicados.   

"Previo a la audiencia inicial a la que estábamos citados el 29 de mayo, fueron requeridos por la Unidad de Medidas Cautelares a efecto de que se constituyeran los 12 servidores públicos y se les practicaran las entrevistas”, anotó que esto viola la presunción de inocencia.   

La abogada Cecilia Isabel denunció obstáculos por parte de la Fiscalía en el proceso de investigación del caso de Rancho Izaguirre, específicamente en relación con las diligencias y entrevistas a servidores públicos involucrados en la desaparición de personas.    

Según Ayala Dávalos, acudió a la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas para solicitar la aceptación de un oficio dirigido a la carpeta de investigación 180-2025, donde se especifica la situación en ese lugar. Sin embargo, fue informada de que no podía entregar el documento porque debía solicitar autorización a un superior, e incluso le indicaron que no podía ser atendida en oficialía, en contra del procedimiento correcto y del ejercicio del derecho de petición.   

A pesar de la amabilidad mostrada por un servidor público llamado Eric González, quien le ofreció un correo institucional para futuras comunicaciones, la abogada señaló que la negativa refleja un desconocimiento del procedimiento por parte de la fiscalía, lo que limita los derechos de los peritos y abogados a ejercer su defensa.    

Ayala Dávalos explicó que su intención era entrevistar a Daniel Hernández Ramírez, secretario de la Agencia del Ministerio Público de la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas, quien en un informe de 24 de abril de 2025, detalla el despliegue operativo en la escena del Rancho Izaguirre. Dicho informe señala que, a pesar de que el lugar fue inspeccionado en septiembre de 2024, “el procesamiento del sitio no se concluyó ni se le dio continuidad”, pese a la existencia de múltiples intervenciones por parte de diferentes cuerpos técnicos, como científicos forenses y equipos caninos.   

La abogada criticó que la continuidad de las investigaciones ha sido desigual, ya que las labores de peritos y científicos solo se llevaron a cabo en la primera intervención, que duró aproximadamente cinco horas el 3 de octubre de 2024.    

Asimismo, resaltó que la coordinación entre los diferentes equipos y las autoridades no ha sido efectiva, y que la falta de continuidad en las acciones ahora afecta la integridad de la investigación. La profesional acusó que los obstáculos y negativas de la fiscalía podrían estar limitando la obtención de información clave para esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia.    

Ayala Dávalos subrayó que desde septiembre de 2024, la investigación ha estado marcada por una omisión en la tramitación de las diligencias, evidenciando una grave situación en la conducción del caso y la protección efectiva de los derechos de las víctimas y sus representantes. Puntualizó que este asunto está descontextualizada, con incongruencias e inconsistencias jurídicas y con simulaciones.

Asimismo, Ayala Dávalos criticó la manera en que la Fiscalía ha manipulado la información y expresó preocupación por la posible contaminación de las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), al cuestionar la actuación de los peritos forenses y la forma en que se manejan los informes y las revisiones del lugar de los hechos. También criticó la falta de coordinación y liderazgo efectivo por parte del Ministerio Público, argumentando que la responsabilidad recae en la Vicefiscalía y sus superiores para garantizar procedimientos adecuados y una investigación transparente. 

La abogada Cecilia Isabel Ayala realizó una evaluación crítica sobre el proceso judicial y las investigaciones relacionadas con un caso de personas desaparecidas, poniendo en duda la actuación y documentación de la Vicefiscalía encargada. 

Indicó que, según entrevistas realizadas, personal activo de la Fiscalía y otros colectivos no conocen a la vicefiscal, ya que no ha hecho acto de presencia en los lugares de los hechos, y su documentación se limita a chats, lo cual, para la abogada, deja dudas sobre su verdadera participación y compromiso. Además, criticó la falta de movimiento en las inspecciones en la escena del crimen desde septiembre de 2024, señalando que la vicefiscal y el Ministerio Público no agotaron las diligencias necesarias. 

También abordó el retraso en la audiencia inicial, atribuyéndole a requerimientos del juzgado y cuestionando si esa demora responde a intereses políticos o judiciales. La especialista expresó preocupación por la situación de los peritos, quienes, a pesar de supuestas garantías de apoyo, habrían sido afectados institucionalmente y aún enfrentan posibles procedimientos internos por supuestas irregularidades, además del impacto económico y personal. 

"Es muy suspicaz la forma en que se está llevando a cabo. La carpeta de investigación cobra vida jurídica a partir de marzo, y en tres meses se obtuvieron los elementos de prueba para solicitar la vinculación a proceso. Lo que se está haciendo con la unidad de medidas cautelares, sometiéndolos en esta etapa, es pasarse por alto la presunción de inocencia."apuntó. 

Sobre la gestión de la Fiscalía aseguró que “lo que caracteriza a la Fiscalía es que no sabe investigar. (...) La Fiscalía no investiga, porque si hicieran su trabajo no estaríamos en este problema, sencillo".

Por otra parte, la abogada señaló inconsistencias en la participación de diferentes agentes del Ministerio Público en las investigaciones, mencionando que la presencia inicial de una de las fiscales, identificada como Ana Berenice Zúñiga Varga, ya que  podría, no haberse extendido a otras personas, y que en la actualidad esa fiscal sigue activa en la misma zona, sin haber sido removida. 

Ayala Dávalos cuestionó la estrategia de la fiscalía y el interés de las distintas partes por detener o retener información clave, evidenciando una situación que requiere mayor transparencia y compromiso institucional para esclarecer los hechos relevantes en este delicado caso de desapariciones. 

Finalmente, la abogada hizo un llamado a transmitir una versión más objetiva y realista al público, evitando la desinformación y el estigma social generado por una comunicación parcial y malinterpretado de los hechos. Señaló que la correcta conducción y responsabilidad en las investigaciones son clave para evitar decisiones judiciales basadas en informaciones sesgadas o incorrectas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ELIZABETH RIVERA AVELAR.

A 16 años de la tragedia en la Guardería ABC hay menos sentenciados y reducen condenas de cárcel

Por la tragedia en la Guardería ABC sólo una persona está en prisión, y de 22 a sólo nueve pasó el número de sentenciados con penas de poco menos de seis años de cárcel. Familias de las víctimas denuncian impunidad. El caso sigue en la CIDH mientras exigen justicia al Estado mexicano.

Hoy se cumplen 16 años del incendio en la Guardería ABC que mató a 49 niños y dejó un número indeterminado de lesionados. El caso de la instancia infantil, que estaba subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es un ejemplo más de impunidad: durante estos años los sentenciados pasaron de 22 a sólo nueve, y las penas de cárcel impuestas, que como mínimo eran de 20 años, quedaron en menos de seis años. 

Por si fuera poco, sólo una persona se encuentra en prisión por esos hechos.

Todo comenzó el 5 de junio de 2009 cuando a las 14:45 horas ocurrió un incendio en una bodega anexa perteneciente a la Secretaría de Hacienda. Ahí se originó el fuego y migró hacia la guardería sin mayor obstáculo.

De acuerdo con los padres de las víctimas, las reducciones de los sentenciados y las penas de prisión fueron la decisión de un Tribunal Unitario, entre abril y mayo de 2022, derivada, a su vez, de una determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mayo de 2021. La Corte determinó que hubo una responsabilidad “involuntaria” de varios de los imputados. 

A su vez, en juzgados de Tijuana donde se desahogaban los procesos determinaron otorgar la competencia penal del Caso ABC a un tribunal especializado en la Ciudad de México, lo que representa un obstáculo para que madres y padres de los niños sigan el proceso y obtengan justicia. 

Integrante del Movimiento 5 de Junio (M5J), Patricia Duarte, madre de Andrés Alonso, víctima directa del incendio, expresó su indignación:

“Han pasado casi 10 años hasta hoy desde 2016, fecha en que se dictó la primera sentencia. Hoy está una sentencia firme, pero yo no les creo porque ese amparo que presentaron los ya sentenciados, y que se resolvió en Tijuana para ver quién tenía la competencia para dictar las sentencias, es una táctica dilatoria del Poder Judicial con la defensa de estas personas. 
Es algo que el Poder Judicial pudo haber resuelto de manera inmediata: Hoy sale que una parte (de las sentencias) las va a ejecutar la jueza primera de Distrito y que la cuestión penal se va a la Ciudad de México. 
En ese sentido, la señora Patricia cuestiona: “¿Cómo nosotros, desde Hermosillo, Sonora, vamos a poder verificar que esas sentencias se cumplan en los juzgados de la CDMX? Nosotros lo vemos como una complicidad del Poder Judicial con estas personas. Son meramente tácticas dilatorias, marrullerías judiciales”.

El proceso en la Corte Interamericana

La impunidad y falta de justicia llevó a los padres de las víctimas a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en octubre de 2014. El órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) declaró admisible el caso el 6 de junio de 2020. 

El presidente del M5J, José Francisco García Quintana, padre de Andrés Alonso, explica que la CIDH mantiene su proceso en la etapa de “fondo”, para determinar si existieron violaciones que ameriten llevar el caso a la corte con sede en San José, Costa Rica.

“El Estado está aportando elementos. La administración anterior dijo: ‘Todavía no se resuelven, tengo muchas investigaciones contra las personas inculpadas’. Aún en 2020 el director del IMSS (Germán Martínez Cázares) y después Zoé Robledo ratificaron denuncias contra dos funcionarios como Carla Rochín (excoordinadora de guarderías) y el que era de Prestaciones Económicas en 2009. Y eso es lo que han dado como respuesta (a la CIDH) en los últimos comunicados en esta etapa de fondo”, refirió José Francisco García. 

Agregó que la CIDH “está llamando a cuentas al Estado” y que éste se está lavando las manos justificándose con el hecho de que mantiene investigaciones internas abiertas, lo mismo que carpetas ministeriales contra Rochín y el otro exfuncionario del IMSS.

Sobrevivientes no reconocidos

La pesadilla del caso ABC no sólo recala en los padres de familia cuyos niños murieron en la guardería, también en los papás y mamás cuyos pequeños sobrevivieron y padecen secuelas, pero que las autoridades nos los reconocen como víctimas.

“Fueron 82 sobrevivientes con afectaciones pulmonares. Tuvieron quemaduras externas, pero no fueron atendidos por el porcentaje (del daño) que se consideró en ese momento, pero quemadura es quemadura, interna o externa. Como sus lesiones no se vieron desde un inicio, no fueron reconocidos como víctimas, pese a que tienen dictámenes médicos elaborados por el IMSS y que se utilizaron para diagnosticar las lesiones de los fallecidos y de los que fueron reconocidos como víctimas. 

“La diferencia es que tuvimos que poner un juicio en la Procuraduría Administrativa, y hasta la fecha no hemos logrado el reconocimiento como víctimas”, explica Fabiola Domínguez, madre de Laura Fernanda.

También integrante de Manos Unidas, otra de las organizaciones que exigen justicia por el Caso ABC, lamenta sobre la situación de Laura Fernanda: “En un futuro puede padecer una secuela más grande, como ha pasado con sobrevivientes del atentado terrorista del 11 S en Estados Unidos. Eso puede pasarles a nuestros hijos, Dios quiera que no, y el IMSS va a decir que las secuelas no fueron causadas por el incendio”.

En ese contexto, la señora Fabiola solicita al director general del Seguro Social, Zoé Robledo, no darles la espalda a las víctimas.  

Llamados para la presidenta y el Poder Judicial

Los padres de familia del Caso ABC también denuncian que la Fiscalía General de la República (FGR) ha influido para que se mantenga la impunidad. 

“Todos los delitos que se cometen tanto ámbito local como federal tienen un periodo de vigencia o prescripción en el cual pueden ser sancionados. Y es algo que le decíamos en su momento al personal del IMSS y a otras autoridades de la fiscalía”, recordó García Quintana. 

“Se lo hicimos a ver a Marisela Morales Ibáñez cuando era titular de la PGR cuando estaba como presidente Felipe Calderón y nos dijo que si no teníamos abogados, que si eran estúpidos nuestros abogados porque no iba a proceder ese sobreseimiento (relativo a algunas de las personas sentenciadas y ocasionado por la falta de vigencia de los delitos). La vimos en noviembre y en diciembre resolvieron el sobreseimiento”.

Por ello, Movimiento 5 de Junio lanzó exhortos para Claudia Sheinbaum y para el nuevo Poder Judicial.

“Esto es un llamado para que dejen de estar protegiendo a esas personas y que, de una vez por todas, se ejecuten las sentencias que ya están firmes. No vamos a permitir que sigan postergando el ingreso de los ya sentenciados a los penales, porque los vamos a estar denunciando”, dijo Patricia Duarte 
Una vez más el Poder Judicial demuestra que está del lado de la gente que puede pagar la justicia en México, no de la mayoría.
Sentencias reducidas

Estos son los sentenciados del Caso ABC y sus condenas vigentes son las siguientes:
  • Sandra Lucía Téllez Nieves, dueña de la estancia infantil, con cinco años y siete meses de cárcel. Tiene vigente una orden de reaprehensión con fecha febrero de 2022.
  • Antonio Salido Suárez, dueño de la estancia infantil, con cinco años y siete meses de prisión.
  • Roberto Copado Gutiérrez, exdirector de Protección Civil municipal, con cinco años y siete meses. Tiene orden de reaprehensión desde junio de 2023.    
  • Arturo César Leyva Lizárraga, exdelegado del IMSS en Sonora, con cinco años y siete meses. Él purgó su condena en su domicilio en Jalisco.
  • Fausto Salazar Gómez, exdirector de Recaudación de la Secretaría de Hacienda en Sonora, con cinco años y siete meses.
  • Jorge Luis Melchor Islas, subdirector de Recaudación, con cuatro años y nueve meses.
  • Martín Francisco Lugo Portillo, jefe del Departamento de Bomberos, con cinco años y siete meses.
  • Arturo Dávila Pacheco, segundo comandante del Departamento de Bomberos, cinco años y siete meses.
  • Jorge Arturo Torres Escalante, encargado de la bodega de Hacienda, cuatro años y nueve meses.
  • Sólo Noemí López Sánchez, excoordinadora delegacional de Guarderías y exjefa del Departamento de Guarderías del IMSS Sonora, está sentenciada con ocho años y diez meses. Ella se internó voluntariamente en prisión desde junio del año pasado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALBERTO DUARTE.

México rechaza fallo de Corte Suprema de EU por demanda contra fabricantes de armas

El máximo tribunal estadounidense sostuvo que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) otorga inmunidad a los fabricantes, al no haberse probado que “ayudaran y facilitaran” el tráfico ilegal.

La Suprema Corte de Estados Unidos sostuvo este jueves que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) da inmunidad y protege a los fabricantes de tener responsabilidad legal.

El argumento central, publicado esta mañana en su sitio web oficial, fue que no se probó que las empresas “ayudaran y facilitaran” (aiding and abetting) al tráfico ilícito de armas. Sin embargo, la Suprema Corte no se pronunció sobre el segundo esgrimido que es el de la proximidad del daño (proximate cause).

Con esta decisión, la Suprema Corte revoca la que previamente adoptó la Corte de Apelaciones, que había admitido la demanda de México, y devuelve el caso a la Corte de Distrito para que los procedimientos sigan en consonancia con su decisión.

La Secretaría de Relaciones Exteriores expresa con firmeza su desacuerdo con la decisión emitida por la Suprema Corte de los Estados Unidos y continuará haciendo lo que esté a su alcance para frenar el tráfico ilícito de armas, agotando todos los recursos legales y diplomáticos disponibles.

México ha presentado argumentos sólidos que demuestran el daño que las empresas fabricantes de armas ocasionan a nuestro país, y seguirá en su lucha contra el tráfico de armas y la responsabilidad de las empresas que fabrican y permiten que el flujo de armas siga alimentando la violencia y nutriendo a los grupos delictivos que atentan contra la paz y la seguridad de las familias mexicanas.

Esta demanda fue presentada por México en agosto de 2021 ante un Juez de Distrito de Boston, Massachussets. En enero de 2024, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito concluyó que México había alegado de manera suficiente que “los demandados ayudaron e instigaron el tráfico ilegal de sus armas hacia México”.

La decisión de la Suprema Corte del día de hoy, no afecta el curso de la segunda demanda presentada por México en Tucson, Arizona, en 2022, en contra de cinco tiendas distribuidoras de armas. Dicha demanda sigue avanzando y se encuentra en la etapa de producción de evidencia.

Las dos demandas presentadas por México tanto en Massachussets como en Arizona, han permitido dar visibilidad al grave impacto del trasiego de armas de fuego a nuestro territorio.

México ha logrado posicionar el tema no sólo en la esfera bilateral, sino también multilateral, a través de la resolución 2616 del Consejo de Seguridad de la ONU en 2021. Actualmente, se está a la espera de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita también una opinión sobre el tema.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Habrá colaboración con Colombia para frenar actividad de grupos criminales: Sheinbaum

Sheinbaum señaló que desde hace algunos meses México y Colombia han tenido reuniones de alto nivel para abordar temas de seguridad.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló este jueves que está buscando colaborar con el Gobierno de Colombia para atender actividades de grupos criminales en ambas naciones, tras la presunta participación de colombianos en un ataque donde murieron ocho integrantes de la Guardia Nacional la semana pasada entre Michoacán y Jalisco.

“Buscamos una colaboración con el Gobierno de Colombia para poder atender si hay alguna actividad criminal de algún miembro, de algún grupo criminal en Colombia o a su vez algún miembro de un grupo criminal de México”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante reaccionó así a las declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien el martes aseguró que en el ataque en una zona limítrofe de Michoacán y Jalisco, en el occidente del país, y donde murieron los miembros de las Fuerzas Armadas, participaron exmilitares colombianos.

“Acaba de estallar una bomba contra el Ejército mexicano en Michoacán, con unos muertos ahí. El Ejército, en su acción, fue y capturó a los posibles autores del explosivo. La mayoría son exmilitares colombianos y hay algunos activos. La noticia la tiene la prensa pero no la han publicado. Estamos exportando mercenarios a la mafia”, subrayó Petro.

Este jueves, Sheinbaum señaló que desde hace algunos meses México y Colombia han tenido reuniones de alto nivel para abordar temas de seguridad.
Hay coordinación y se está fortaleciendo la información, la capacidad de colaboración conjunta cada uno en nuestro territorio, pero pues nos ayuda mucho (tener) esas reuniones.
Asimismo, evadió confirmar si existían exmilitares o mercenarios colombianos trabajando en el crimen organizado mexicano.

“Lo que ha habido es detenciones. Lo puede informar, lo pueden preguntar el martes para que lo informe con mayor detalle el secretario de seguridad, pero ha habido detenciones en México en donde hay personas de nacionalidad colombiana”, apuntó.

El pasado jueves, las autoridades mexicanas informaron de la detención de 17 presuntos sicarios, entre ellos 12 colombianos, relacionados con la fabricación y explosión de una mina anti terrestre que mató a los ocho militares el 28 de mayo.

El Ejército mexicano ha identificado en Michoacán y Jalisco una fuerte lucha entre dos organizaciones del narcotráfico, autodenominadas como el Cártel de Los Reyes -asentado en el municipio michoacano de Los Reyes- y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Conagua acredita ilegalidad de presas de Duarte; presenta denuncias en FGR y Profepa

La Conagua ratificó que las obras en el rancho de César Duarte no cuentan con los permisos necesarios, por lo que emprendió acciones para recuperar el agua acumulada ilegalmente.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) acreditó la ilegalidad de las presas construidas en el rancho El Saucito, propiedad del exgobernador priista César Duarte Jáquez, en Balleza, Chihuahua.

En un comunicado, informó ayer que presentó ante el Juzgado Décimo de Distrito los fundamentos jurídicos que avalan la demolición de las estructuras, bajo el argumento de que el caso ha agotado todas las instancias impugnativas y que la suspensión provisional otorgada es improcedente.
"Es importante recalcar que esas sanciones, en su oportunidad, fueron combatidas por el exgobernador Duarte en diferentes instancias jurisdiccionales; sin embargo, éstas fueron validadas, incluso, por el propio Poder Judicial de la Federación [PJF], por lo que se trata de la ejecución de una determinación firme", manifestó la Conagua en el boletín.
Asimismo, interpuso un recurso de queja contra la decisión del juzgado y entregó información para su revocación, en el que señaló que la defensa emprendida busca evitar una acción de justicia ante el acaparamiento de agua en una zona de alto estrés hídrico.

El organismo también presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por presuntos actos ilícitos, como el uso ilegal de bienes nacionales y maltrato animal detectado en el sitio.
"Conagua considera que los medios de defensa emprendidos en favor de las obras ilegales son una maniobra para intentar evadir un acto de justicia encaminado a evitar el acaparamiento de agua en una cuenca con alto estrés hídrico", añadió.


Por ello, ratificó que las sanciones se determinaron por la construcción de obras en propiedad federal, el aprovechamiento indebido del recurso hídrico y la alteración del cauce natural de un cuerpo de agua sin la autorización correspondiente. La "anomalía persiste y no puede continuar", sentenció.

Mafia exprime Chihuahua

En Chihuahua, una red de exfuncionarios estatales de la Conagua ha facilitado la sobreexplotación de acuíferos, beneficiando a empresarios ligados al exgobernador priista César Duarte.

La Contraloría ciudadana estatal documenta cómo un presunto prestanombres de Duarte ha acaparado el acuífero Llano de Gigantes para producción de nuez, mientras productores menonitas y la empresa agroindustrial La Norteñita han explotado el acuífero Laguna Santa María.


El director de Conagua, Efraín Morales, reveló que se recuperaron 700 mil metros cúbicos de agua almacenados ilegalmente en represas del rancho El Saucito, propiedad de Duarte.

Sin embargo, el tráfico de concesiones va más allá, con empresas como Agroindustrias BVM recibiendo, en un sólo día, 125 constancias de libre alumbramiento para uso agrícola, en un acuífero ya sobreexplotado.

Hace unos días, el Senador Juan Carlos Loera entregó un informe técnico a la Conagua, detallando cómo exdelegados de la institución han favorecido a agroindustriales mediante la entrega de constancias apócrifas, permitiendo la perforación indiscriminada de pozos.

"Se acabaron privilegios": CSP


El 30 de abril, la Conagua anunció una revisión exhaustiva de las concesiones de agua en todo el país, con el objetivo de combatir irregularidades y recuperar recursos hídricos en zonas de mayor escasez.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el director de la Conagua, Efraín Morales López, detalló que se analizará cada concesión para garantizar su uso legal y ordenado, tomando medidas contra aquellas otorgadas de manera indebida.

La mandataria federal denunció que políticos y empresarios han acumulado lagos, pozos y presas sin permisos en zonas con déficit hídrico, por lo que aseguró que se recuperarán conforme a la Ley. Además, señaló que varias concesiones agrícolas se convirtieron en desarrollos habitacionales sin pagar derechos, una práctica que se intensificó tras la privatización del agua en el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La Corte Suprema estadounidense rechaza demanda de México contra fabricantes de armas

México perdió la batalla legal contra la industria armamentista en EU, mientras los fabricantes quedan exentos de responsabilidad por el tráfico ilegal de armas.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos (EU) desestimó la demanda del Gobierno de México contra los fabricantes de armas, a quienes acusaba de facilitar el tráfico ilegal de armamento hacia territorio mexicano y de contribuir a la violencia generada por los cárteles.

El fallo unánime determinó que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) bloquea la demanda, ya que México no presentó pruebas suficientes para demostrar que los fabricantes de armas facilitaron o promovieron activamente la venta ilegal de armamento a traficantes mexicanos.

“Dado que la demanda de México no alega de manera plausible que los fabricantes de armas demandados ayudaron e incitaron a los distribuidores de armas a vender ilegalmente armas de fuego a traficantes mexicanos, la PLCAA [Ley de Protección del Comercio Legal de Armas] impide la demanda”, dice la resolución de los magistrados del Supremo.
La Jueza Elena Kagan subrayó que la acusación debía probar una asistencia directa y sistémica, lo que el Tribunal consideró insuficiente.
“La pregunta que se plantea es si la demanda de México alega plausiblemente dicha conducta. Concluimos que no”, escribió la Jueza sobre una decisión unánime.
“No nos cabe duda de que, tal y como afirma la demanda, algunas de estas ventas tienen lugar y que los fabricantes son conscientes de ello. Sin embargo, México no ha alegado adecuadamente lo que debe: que los fabricantes ‘participan en’ esas ventas ‘como en algo que desean llevar a cabo’ y ‘pretenden, con [su] actuación, que se lleve a cabo”, como exigiría la doctrina legal.

México argumentó que los fabricantes, entre ellos Smith & Wesson Brands, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta, Glock y Colt, diseñaban y comercializaban armas con características atractivas para los cárteles.
Sin embargo, el Tribunal Supremo determinó que la mera existencia de estos productos, al ser legales, no implica colaboración en actividades ilícitas. Con esta decisión, la Corte impide que el Gobierno mexicano avance en su intento de responsabilizar legalmente a la industria armamentista por el tráfico ilegal de armas.

Con esta decisión, la Corte impide que el Gobierno mexicano avance en su intento de responsabilizar legalmente a la industria armamentista por el tráfico ilegal de armas.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

CNTE a Sheinbaum: Es más violencia simular diálogo y condenar desde un escritorio

Previamente, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a las y los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que aprobaran o se deslindaran de la violencia que se registró ayer en la sede de la Secretaría de Gobernación (Segob).

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) envió un nuevo mensaje a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en medio de la ola de protestas que encabeza a nivel nacional para exigir la derogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007, impulsada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

En esta ocasión, aseguró que es más violencia simular la existencia de diálogo y condenar desde un escritorio, que la agresión que protagonizó ayer un grupo de personas encapuchadas en la sede de la Secretaría de Gobernación (Segob). Las y los inconformes lanzaron objetos y golpearon el acceso principal del edificio ubicado sobre la calle Bucareli.

El ataque se atribuyó de forma preliminar a integrantes de la CNTE y no se había confirmado oficialmente su participación, ya que las personas involucradas en los hechos mantenían el rostro cubierto. Sin embargo, hoy la organización sindical afirmó que "lo que desde el poder se señala como 'violencia' no es otra cosa que la digna respuesta de una clase trabajadora que, una vez más, ha sido ignorada y despreciada".

"Mientras la Secretaría de Gobernación y la SEP [Secretaría de Educación Pública] lanzan llamados a la paz y al diálogo 'respetuoso', el magisterio democrático ha resistido más de veinte días de indiferencia, silencio y simulación institucional", denunció en un posicionamiento.


Asimismo, cuestionó por qué si las autoridades federales "condenan la expresión rebelde del magisterio", no hacen lo mismo con la violencia estructural que deja a sus miembros sin una pensión digna o con "la violencia de haber impuesto un régimen de explotación laboral tecnocrática como la USICAMM [Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros]".
"¿Por qué no condenan la violencia de décadas que margina a nuestras comunidades, que mantiene a niñas y niños con hambre en las aulas, sin libros, sin pupitres, sin futuro?", añadió la CNTE.
En su boletín, sostuvo que "citar a [Benito] Juárez no basta para ocultar la impunidad con la que se sigue explotando al pueblo". "Si realmente creen en la razón y el derecho, entonces escuchen al magisterio y atiendan sus demandas sin burla ni demora", exhortó.
"Decir que el magisterio ejerce violencia es una falacia: ningún funcionario ha sido agredido, ningún miembro del Gabinete ha sido dañado", argumentó la Coordinadora Nacional.


"¿Pero no es violencia mantener a miles de trabajadores bajo el desgaste del plantón, sin solución alguna? ¿No es violencia mantener cerradas las puertas del diálogo real mientras se condena desde un escritorio?", se preguntó.
De acuerdo con las y los docentes, "violencia es tener al pueblo trabajador sobreviviendo en la miseria mientras se predican promesas vacías desde tribunas oficiales", y "explotar al maestro, al campesino, al joven sin empleo ni educación, al pueblo entero mientras se acusa de radicalismo a quienes ya no están dispuestos a seguir agachando la cabeza".
"Lo verdaderamente violento no está en las calles, está en las decisiones que se toman desde el poder y que perpetúan la injusticia. Porque si nos condenan por resistir, no es por lo que hacemos, sino por lo que representamos: la fuerza organizada del pueblo que ya no está dispuesto a callar", subrayó la CNTE.
"¡Ni silencio ni simulación: exigimos solución! ¡Abrogación de la Ley del ISSSTE 2007 y la Ley Educativa Laboral Peña-AMLO! ¡UNIDOS Y ORGANIZADOS, VENCEREMOS!", finalizaron las y los maestros.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La Policía Auxiliar de CdMx se encargará de vigilancia en museos del INAH: Sheinbaum

Después de los problemas con la licitación de seguridad, Claudia Sheinbaum anunció que la Policía Auxiliar asumirá la vigilancia en los museos del INAH, lo cual permitiría su reapertura inmediata.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este jueves que todos los museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) reabrirían hoy, luego de que se resolviera el tema de la seguridad.

La mandataria federal explicó que el cierre temporal se debió a un retraso en la adjudicación de la licitación para el servicio de vigilancia, pero tras dialogar con el director del INAH, Diego Prieto, se acordó una solución inmediata.
“Hubo un problema ahí en el tiempo de adjudicación de la licitación que tuvieron en seguridad; ayer vimos el tema y hablamos con Diego, y todo de inmediato se abre”, señaló Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina.


Ante la consulta sobre quién se encargará de la vigilancia, la titular del Ejecutivo precisó que será la Policía Auxiliar de la Ciudad de México la responsable de la seguridad en los recintos tras descartar el uso de seguridad privada.

La Secretaria de Cultura celebra reapertura

Claudia Curiel de Icaza, Secretaria de Cultura, anunció este jueves que el Museo Nacional de Antropología y el resto de recintos que forman parte de la red del INAH reanudaron actividades en su horario regular.
A través de su cuenta oficial de X, la funcionaria federal invitó al público a visitar estos espacios, entre los que se encuentran el Museo Nacional de Historia, el Museo de las Culturas del Mundo y el Museo de El Carmen.
“Ya están abiertos en su horario regular. Gracias por su comprensión”, escribió Curiel, junto a una imagen del Museo Nacional de Antropología que muestra algunas de sus piezas más emblemáticas, como la Piedra del Sol.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Con plantón, normalistas de Mactumactzá exigen justicia para Jesús Alaín, asesinado por la policía en Chiapas

Justicia para su compañero Jesús Alaín Vázquez es la exigencia de las y los estudiantes normalistas de Mactumactzá, Chiapas, que desde las 14 horas del pasado martes instalaron un plantón en el cruce del Paseo de la Reforma y la Avenida Insurgentes, en la Ciudad de México.

Alaín fue asesinado en los alrededores de la normal por policías de la Fuerza de Respuesta Inmediata Pakal (FRIP) el pasado 15 de mayo. Desde entonces, el estudiantado de Mactumactzá ha realizado protestas en Chiapas con el apoyo de otras escuelas de la Federación de Estudiantes Socialistas Campesinos de México (FECSM).

Ante la falta de respuestas por parte de la fiscalía de la entidad, las y los normalistas decidieron bloquear las dos avenidas más importantes de la capital para involucrar a las autoridades federales, particularmente a la presidenta Claudia Sheinbaum y al Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero, con quienes exigen una reunión. La falta de atención de los funcionarios les ha obligado a permanecer en el plantón por más de 24 horas.

Durante el homenaje con globos blancos que fue realizado en honor a Alaín la tarde del miércoles, ante la vista de cientos de capitalinos en plena hora pico, una joven normalista denunció en el micrófono: “Nos quitaron a un hermano, nos quitaron a un futuro maestro, quitaron a un maestro en el estado de Chiapas, que iba a ir a los lugares más recónditos de nuestro estado, aquellos lugares donde la inseguridad está más que vista, donde el gobierno no quiere que vayan los maestros para que no le quiten la venda de los ojos a la población”.

18 y 15 de mayo, dos fechas marcadas por la violencia policial

La violencia de la policía de Chiapas en contra de los normalistas de Mactumactzá no es un hecho aislado: el homicidio de Jesús Alaín ocurrió durante las jornadas previas a la movilización que las y los normalistas preparaban con motivo del cuarto aniversario de la detención de 95 de sus compañeros.

En aquella protesta del 15 de mayo del año 2021, cuando se manifestaban en contra de la aplicación en línea del examen de admisión a la normal -que excluiría a muchos aspirantes de escasos recursos y sin acceso a conexión a internet- la policía de Rutilio Escandón arrestó con violencia física y sexual a estudiantes, 74 mujeres y 21 hombres.

Las y los normalistas detenidos permanecieron en prisión durante meses, mientras que sus compañeros instalaron un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México. Tras su liberación, una severa persecución judicial fue emprendida en su contra.

A unos días de cumplirse cuatro años de esos hechos, agentes de la FRIP le quitaron la vida al joven Alaín.

“Nos empezaron a perseguir los pakales y en ese momento el chofer de nuestra unidad empezó a acelerar un poco” narró para Desinformémonos uno de los estudiantes “de repente la fuerza policíaca aventó gases lacrimógenos y tres balazos y es ahí donde fue el impacto que le causó la muerte a nuestro compañero”.

Las autoridades del Estado de Chiapas difundieron un vídeo de los hechos, captado por sus cámaras de seguridad, acompañada de una rápida versión oficial de los hechos: El joven cayó del vehículo.

El Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello cuestionó la versión de las autoridades y exigió que se investigue el probable uso indebido de gases lacrimógenos por parte de los policías de la FRIP que haya derivado en que el estudiante cayera del vehículo.

La violación a los protocolos de investigación por parte de la fiscalía local es otra de las denuncias del estudiantado “Tardaron más de tres días por ir a recoger las evidencias, que como estudiantes tuvimos que resguardar con el miedo de que los mismos policías, que se encuentran a pocos metros de la normal en un crucero las levantaran para dejar sin evidencia después de lo que pasó.”

El plantón en Reforma e Insurgentes permanecerá de forma indefinida mientras el grupo de normalistas que lo sostiene se encuentran a la expectativa de que las autoridades federales les confirmen una reunión que se llevaría a cabo el día de hoy.

En las primeras horas de este jueves estudiantes reportaron a Desinformémonos que un grupo de entre 50 y 60 motociclistas arribaron al plantón y comenzaron a hacer destrozos. En redes sociales, denunciaron estos hechos como un ataque por parte de un grupo de choque. No se reportaron estudiantes lesionados.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: AXEL HERNÁNDEZ.

Liberan a defensores de Santiago Mexquititlán detenidos y torturados por la policía de Querétaro

Los cuatro defensores de Santiago Mexquititlán que fueron detenidos arbitrariamente, golpeados y torturados por la policía de Querétaro la noche de este miércoles fueron puestos en libertad a las 22:40 horas, informó el Concejo Indígena de Gobierno de Santiago Mexquititlán, Amealco.

Entre las víctimas de la violencia policial se encontraba Estela Hernández, quien fue “detenida, torturada física y sexualmente” por elementos de la policía estatal, luego de que asistió al DIF de Amealco para exigir la libertad y el esclarecimiento de la detención de los otros tres defensores detenidos previamente, “ante lo cual elementos de la policía arremetieron contra ella ejerciendo actos de tortura física y sexual”, denunció la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida (Anavi).

La Anavi reportó que la agresión contra los defensores otomís se enmarca en el llamado del Concejo Indígena de gobierno de Santiago Mexquititlán a la próxima asamblea comunitaria en defensa del agua, convocada para el próximo 14 de junio en el pozo de Barrio cuarto.

De acuerdo con el Nodo de Derechos Humanos, los defensores Leonardo García y Jesús Torres fueron detenidos arbitrariamente por la policía y trasladados a las instalaciones del DIF de Amealco. La detención fue documentada en video por otro habitante, quien también fue detenido, y posteriormente Estela Hernández “fue agredida brutalmente y detenida” al solicitar información sobre sus compañeros.

Durante la detención, los integrantes del Concejo Indígena fueron incomunicados y víctimas de tortura, así como Hernández denunció la violencia física y sexual a la que fue sometida por la policía.

Los defensores del agua de la Asamblea responsabilizaron al gobierno estatal de Querétaro de la violencia contra los cuatro integrantes detenidos por la policía y denunciaron la operación del Estado mexicano que “despliega estrategias de represión en contra de los pueblos” que se organizan en defensa del agua y la vida.

Tanto los pueblos que integran la Anavi como la organización de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes condenaron “la criminalización, hostigamiento y represión” contra la comunidad de Mexquititlán y exigieron que la agresión no quede en la impunidad.


FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Congelan casi 6 millones de pesos a los Alegres del Barranco

La Fiscalía del Estado de Jalisco sumó una nueva línea de investigación por el posible delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita a las pesquisas que ya se realizaban por la presunta conducta de apología del delito tras diferentes presentaciones del grupo musical Los Alegres del Barranco y les efectuó el aseguramiento de un monto económico obtenido de las ganancias de uno de sus conciertos.

Se trata de la cifra de 5 millones 878 mil 179 pesos 93 centavos producto de las ganancias que la agrupación artística obtuvo de la presentación realizada en el auditorio TELMEX, hace un par de meses en el municipio de Zapopan, donde se interpretaron corridos en favor del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho.

La música en favor del capo fue acompañada con imágenes del apodado El señor de los Gallos, por lo que la Fiscalía investiga ahora la posibilidad de que las ganancias del concierto hubiesen sido ilícitas; es decir, que exista un presunto patrocinio criminal.

Tras el aseguramiento, se informó a la Dirección de Extinción de Dominio de la propia dependencia para que, de acuerdo con sus atribuciones y facultades, sustancie los procedimientos y ejercite las acciones correspondientes.

Los integrantes de Los Alegres del Barranco ya han acudido a declarar ante el Ministerio Público por esta y otras indagatorias más, siendo vinculados a proceso en un Juzgado de Control por apología del delito, junto con un promotor y un representante.

En total, se contabilizan cuatro presentaciones en distintos municipios donde pudo haberse repetido la interpretación investigada.

Actualmente los artistas enfrentan medidas cautelares como exhibir una garantía de 300 mil pesos por cada uno, presentarse a firmar ante el Juzgado en el complejo carcelario de Puente Grande, permanecer a disposición y no salir del estado de Jalisco sin autorización.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: LUIS CARLOS SÁINZ.