Al pueblo de San Miguel Xoxtla

A los Pueblos de la Región Cholulteca

A los medios de comunicación

El pasado 12 de mayo, la presidenta municipal de San Miguel #Xoxtla, Guadalupe Ortiz, traidora del pueblo, señaló públicamente la ratificación del convenio que su antecesora, Guadalupe Ziyancan Peregrina Díaz, firmó con el gobierno del estado de Puebla, SOAPAP y la Empresa traficante de agua Concesiones Integrales Agua de Puebla S.A. de C.V. El cual señala la rehabilitación del pozo número 4 para llevar según sus declaraciones, el 50% del agua a la Ciudad de Puebla, la construcción de un nuevo pozo y la donación de 100 tinacos para la población.

A consecuencia de esas declaraciones, la comunidad del pueblo de San Miguel Xoxtla convocó a diversas asambleas públicas para aclarar la situación y exigir determinantemente la cancelación de dicho convenio. Al no haber una respuesta por parte del gobierno municipal y estatal, la asamblea tomó la decisión de realizar 2 cierres de la autopista México – Puebla.

La presión comunitaria permitió que el 30 de mayo, en presencia de regidores del ayuntamiento, se realizara otra asamblea pública en la cual se llegó al compromiso de que el próximo 2 de junio se realizara un cabildo abierto, para derogar todo permiso, convenio y negociación que el municipio haya tenido con la empresa Concesiones Integrales Agua de Puebla, Gobierno del estado e instituciones que pretendan extraer el agua de la comunidad.

De la misma forma, se acordó que el pozo número 4 quedara inhabilitado y a resguardo de la comunidad. Estos acuerdos quedaron firmados por la comisión del pueblo de Xoxtla, regidores y el síndico municipal, Miguel Hernández Azucena.

A raíz de este documento, el mal gobierno estatal y municipal comenzaron una campaña de criminalización y desinformación contra la comunidad de Xoxtla e integrantes del movimiento en defensa del agua.

En el intento de fragmentar y deslegitimar la organización en defensa del agua pretenden aislar al municipio de Xoxtla diciendo que son otros pueblos los que se están manifestando contra el despojo de agua. Además el pasado 30 de mayo en las calles de Xoxtla hubo presencia de elementos del ejército y Guardia Nacional para intimidar a la población, con lo que se demuestra que los tres niveles de gobierno se empeñan en despojarnos y usar la fuerza pública para entregar el agua a los empresarios.

Le recordamos al mal gobierno que como pueblos unidos nos apoyamos en la defensa del agua y que ante cualquier intento del mal gobierno y empresas criminales de despojarnos de nuestra agua los pueblos nos organizaremos siempre para defenderla y liberarla.

Les recordamos que en abril del 2024, el pueblo de Xoxtla cerró el pozo clandestino de la empresa Castores.

En 2008, en Juan C Bonilla evitaron la perforación de dos pozos profundos que se emplearían para llevarse el agua a la ciudad de Puebla y dársela a los desarrolladores inmobiliarios.

En el año 2017, toda la Región Cholulteca incluida Xoxtla frenamos la privatización del agua que el mal gobierno pretendía hacer en el estado.

En 2021, los pueblos de la región frenaron el despojo de agua que la empresa traficante de agua Bonafont – Danone generaba en el territorio.

Para nosotras y para nosotros el agua no es una mercancía, el agua de nuestros pueblos se queda en nuestros pueblos y es destinada para seguir reproduciendo la vida, no para llenar los bolsillos de empresarios ambiciosos y criminales.

Una vez más los pueblos demostramos que la acción colectiva es la única vía para asegurar la vida en nuestras comunidades.

Es por eso que se convoca a todo el pueblo de Xoxtla y comunidades de la región a hacer presencia el próximo 2 de junio a las 3:00 pm. En el zócalo de San Miguel Xoxtla, para exigir la cancelación de todo tipo de acuerdos que pretenden llevarse el agua de nuestra comunidad.

¡Fuera traidoras y traidores de los pueblos que entregan nuestra agua!

¡Porque el agua es de Xoxtla y se queda en Xoxtla!

ATENTAMENTE

Consejo ciudadano, defensores del agua y la tierra de San Miguel Xoxtla

¡Fuera mal gobierno, fuera Alejandro Armenta fuera Agua de Puebla para Todos!

Sin embargo, destacó que Ana Gabriela Guevara no está siendo investigada formalmente.

Sobre denuncias previas, cuando Santiago Nieto fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y confirmó la existencia de señalamientos por presunto desvío de recursos durante la administración de Guevara en Conade, la presidenta dijo que las auditorías continúan y que Guevara “tiene el tiempo para responder cualquier observación que surja del proceso”.

Finalmente, Sheinbaum afirmó que, desde el punto de vista presupuestal, no hay ningún problema relacionado con esta situación.

Aquí no tenemos nada que esconder y sobre las observaciones, la que fue titular de la Conade tiene su tiempo para poder contestar esas observaciones.

La administración de Trump también ha propuesto gravar los envíos desde su país, un planteamiento duramente criticado por el gobierno mexicano.

“Creemos que el posible impuesto a las remesas podría ocasionar ciertas disrupciones en el corto plazo. En caso de ser aprobado, anticipamos un incremento en los flujos antes de entrar en vigor, con el efecto tras ello todavía muy incierto”, dijo Grupo Financiero Banorte.

Por lo pronto, el número de operaciones provenientes principalmente de Estados Unidos se hundieron en abril un 8.1% interanual, su peor descalabro desde octubre de 2009, a 12.4 millones de transacciones.

En tanto, el monto promedio por orden decreció en el periodo un 4.5%, un declive no visto desde marzo de 2016, a 385 dólares.

En cifras acumuladas, las remesas, que enlos últimos años han marcado máximos históricos, cayeron un 2.5% interanual entre enero y abril a 19,015 millones de dólares, dijo el banco central.

Además, reportó que mediante los Sistemas de Atención de FISETEL recibió 968 llamadas ciudadanas, de las cuales 909 que solo fueron para pedir orientación.

En tanto, 43 llamadas se turnaron a las Fiscalías estatales y 16 más se ingresaron a la Ventanilla Única de la FISEL para ser investigadas por ministerios públicos especializados.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que recibió 19 denuncias sobre posibles delitos menores, que ya se investigan.

Durante todo el domingo, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) de la Fiscalía local recibió ocho denuncias vía telefónica, ocho por correo electrónico y tres mediante comparecencia directa en Ministerios Públicos.

Las denuncias se presentaron por hechos ocurridos en las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Cabe señalar que la Fiscalía capitalina reportó que contó con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México para el seguimiento territorial y el monitoreo remoto de la elección judicial estatal que tuvo lugar en las 16 alcaldías.

En la casilla electoral en la Escuela Octavio Paz, ubicada en la Colonia La Bondad, se informó que a la casilla correspondiente al Distrito Judicial 09 de la Sección 23, no estaba en funciones debido a la ausencia de la mayoría de los funcionarios designados.

Como parte de la invitación a la Ciudadanía a votar y ejercer este derecho, el presidente municipal Román Cota Muñoz emitió su voto cerca de las 11:00 de la mañana en la casilla 696, ubicada en el fraccionamiento El Refugio.

El alcalde asistió en compañía de su esposa, Alejandra Herrera, y de la diputada local Maythe Méndez, quien lo acompañó en el ejercicio de su derecho ciudadano.

Alrededor de las 2:00 de la tarde, ciudadanos reportaron llamadas en los que señalaron señalaba que como parte del comité de participación ciudadana instaban al ciudadano a ejercer su voto, si este no contaba con los medios para asistir sería “apoyado”, trasladándolo de ida y vuelta.

Algunos de los candidatos a jueces del Muncipio de Tecate, mediante mensajes de Whatsap, Facebook y SMS, solicitaban el apoyo debido a la “poca participación ciudadana”.

Para las 6:00 pm las casillas fueron desarmadas, el material electoral retirado y las boletas trasladas a su distrito.

Desde las 6:00 de la mañana la Fiscalía General de Estado, Guardia Nacional y algunos vehículos del ejército se instalaron en casillas de mayor concurrencia, las instalaciones del IEEBC e INE.

En la casilla ubicada en el parque Miguel Hidalgo, la más concurrida en elecciones comunes, solamente se registraron cerca de 130 votos a lo largo del día, mientras que al menos cinco colonias apenas y alcanzaron los 30 votos.

En Comitán, presidentes de casilla reportaron que la elección fue suspendida por la inseguridad generada por los enfrentamientos entre grupos armados en días recientes.

En el Distrito 10, de Villaflores, Chiapas, los sellos del paquete electoral fueron violados y se encontraron boletas previamente marcadas.

Lo mismo ocurrió en el Distrito 13, del municipio de Huehuetán.

En el caso de Michoacán, el consejero informó que en el distrito 03, de Zitácuaro, no hubo funcionarios de casilla debido a amenazas y detonación de explosivos un día antes de la jornada electoral en la escuela donde iba a instalarse el centro de votación.

Y en el distrito de Culiacán, Sinaloa, una casilla no se instaló por ausencia de funcionarios de Mesa Directiva de casilla.

Romero hizo estas declaraciones con base en los conteos preliminares de su partido e informó que sus resultados en otras alcaldías están en proceso. El panista adelantó que la elección municiapl en el puerto de Veracruz está “profundamente cerrada” por lo que aguardarán los resultados.

Elecciones en Veracruz y Durango

Este domingo, Veracruz y Durango tuvieron comicios para renovar alcaldías, estos coincidieron con la elección judicial a nivel federal y en 19 entidades.

En Veracruz, unos 6 millones de ciudadanos  fueron convocados a participar en estas elecciones que forman parte del proceso electoral local ordinario 2024-2025 coordinado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Organismo Público Local Electoral (OPLE). En Veracruz están en juego un total de mil 54 cargos públicos locales, de los cuales 212 corresponden a presidencias municipales, 212 a sindicaturas y 630 regidurías.

Las elecciones se llevaron a cabo en un clima de tensión debido a los recientes casos de violencia político-electoral que han azotado al estado.

Desde el inicio del periodo de campañas el pasado 29 de abril, el proceso electoral en Veracruz transcurrió entre homicidios, atentados y balaceras que, hasta el momento, han dejado dos candidatos muertos, ambos de Morena, y múltiples víctimas colaterales.

Al menos 123 personas candidatas pidieron medidas de protección, siendo los abanderados del PT los que presentaron más solicitudes.

En Durango, alrededor de un millón 400 mil ciudadanos fueron convocados a votar en esta jornada para elegir un total de 404 cargos públicos locales, de los cuales 39 son presidencias municipales; 39 sindicaturas y 326 regidurías.

PAN evita descalificar a ganadores de elección judicial y les da el “beneficio de la duda”

Sobre la elección judicial de este domingo, Jorge Romero, presidente nacional del PAN, dijo que este partido, antes de descalificarlos, dará el “beneficio de la duda” a quienes resulten ganadores para ocupar los cargos de ministros, magistrados y jueces en unos comicios que calificó como una “simulación”.

“No descalificamos a nadie, lo que les queremos decir a quienes resulten electos es que habrán de calificarse o descalificarse ellos mismos”, comentó Romero.

El líder blanquiazul agregó que darán “un beneficio de la duda” a quienes resulten electos hasta que empiecen a actuar como integrantes del Poder Judicial.

Romero mencionó que serán las acciones de los ministros, magistrados y jueces seleccionados en estos comicios las que hablaran por ellos y si actúan conforme la ley.

“Exhorto a quienes resulten electos a que cuiden lo que queda de nuestra Constitución”, llamó Romero.

PAN acudirá a instancias internacionales a denunciar elección judicial

El PAN acudirá a diversas instancias internacionales para denunciar la elección judicial, dijo Mariana Gómez del Campo, secretaria de Asuntos Internacionales del blanquiazul en conferencia de prensa.

Gómez del Campo precisó que en algunas instancias presentarán una denuncia formal, mientras que en otras informarán de lo que ocurre en México con estos comicios judiciales.

Entre las instancias a las que el PAN acudirá mencionó: la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y el Parlamento Europeo.

Alcalde Luján destacó los triunfos en municipios como Minatitlán, Tuxtla, Xalapa, Poza Rica, Córdoba, Boca del Río, Alvarado, Papantla, Tantoyuca, Acayucan, Coatzacoalcos y Medellín.

En tanto, Luisa Alcalde afirmó que Morena ganó de “forma contundente” en Gómez Palacio, la segunda ciudad más importante de Durango, y en 21 municipios más en la elección local.

“Hoy este municipio (es) gobernado por el PRI, un municipio estratégico que forma parte de la región Lagunera, así como Gómez Palacio avanzamos en muchos otros municipios, triunfos que nos dan las encuestas de salida en 22 municipios duranguenses”, comentó.

La dirigente nacional destacó los triunfos en Canelas, Guadalupe Victoria, Hidalgo y Ocampo. “Así que avanza Morena y avanza con la coalición con el Partido Verde y el Partido del Trabajo“, agregó la morenista.

Denuncia “intervención ilegal” en Lerdo

Luisa Alcalde Luján acusó en su conferencia ante medios de comunicación que el gobierno estatal y municipal de Lerdo “intervinieron de manera ilegal” en las elecciones locales con la participación de la policía municipal y pese a la presencia de la secretaria general, Carolina Rangel Gracida.

“Llega la policía municipal, armados y detienen al coordinador, incluso se lo llevan, ya se lo iban a llevar y finalmente lo liberan, pero no es un hecho aislado. Vimos muchos conatos y mucha intimidación por parte, sobretodo, de la policía municipal”.

“En varias casillas, representantes de casillas nuestros (hubo) donde los sacaron, incluso a algunos los golpearon, entonces eso es lo que denunciamos que no tenemos la menor duda, de que se trató de una elección en donde intervino de manera ilegal tango el gobierno municipal como el gobierno estatal“, afirmó.

Elecciones locales

Este domingo 1 de junio se realizó la jornada electoral en Veracruz en la que se renovarán más de mil cargos públicos municipales.

Poco más de 6 millones de ciudadanos fueron convocados a participar en estos comicios que forman parte del proceso electoral local ordinario 2024-2025 coordinado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Organismo Público Local Electoral (OPLE).

En Durango, alrededor de un millón 400 mil ciudadanos fueron convocados a votar en esta jornada para elegir un total de 404 cargos públicos locales, de los cuales 39 son presidencias municipales, 39 sindicaturas y 326 regidurías.

Unos de los impactos se quedó en el portón de dicho lugar y los casquillos percutidos sobre el asfalto.

No hay personas heridas.

Durante la sesión del OPLE, Froylán Ramírez Lara, representante de Movimiento Ciudadano, reportó el ataque a la casa de campaña ubicada en la calle Venustiano Carranza, en la colonia Úrsulo Galván.

Durante la sesión permanente de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, la gobernadora Margarita González Saravia, estuvo presente para dar seguimiento al desarrollo de la elección judicial.

Ante preguntas de la prensa sobre una posible intervención del gobierno estatal en el sentido del voto, se aclaró que no hubo tal intervención. Asimismo, se explicó que se permite el uso de acordeones para consulta personal, pero no su distribución entre electores.

Por su parte, Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que se desplegaron 500 elementos de la Guardia Nacional, 600 de la SSPC estatal y 400 policías municipales. Hasta el momento, se mantiene saldo blanco.

Más tarde, la gobernadora acudió a emitir su voto y afirmó que es momento de que la justicia esté en manos del pueblo. También reiteró su compromiso con la legalidad, la paz social y el fortalecimiento democrático.

Confusión, uso de acordeones y baja afluencia

Denisse Isabel Pérez Salgado, presidenta de la casilla 206, informó que la votación comenzó a las 8:40 horas debido a una suplencia, y que el proceso ha sido lento. Mencionó que algunos votantes acudieron con acordeones, aunque no se observó su distribución.

Varios ciudadanos consultados admitieron no saber con precisión qué cargos se elegían. Martha Flores, de Cuernavaca, dijo haber acudido “porque es mi derecho”, pero señaló que votó guiada por un acordeón entregado por una sobrina que trabaja en el gobierno.

Gabriela Farías, de Santa María, también consideró importante votar, pero reconoció que no tenía claridad sobre los cargos en disputa. Otros ciudadanos, como una habitante de Tepuente, señalaron que acudieron con dudas, aunque con la intención de impulsar un cambio.

También hubo críticas hacia el uso de acordeones y hacia actores políticos. Algunas personas consideraron que prácticas atribuidas a administraciones pasadas se están repitiendo.

Denuncias de presión a trabajadores para movilizar votantes

La resolución aprobada por unanimidad por el Pleno de la Corte el 3 de marzo pasado en sesión privada, también protege a la ministra presidenta Norma Piña quien fue denunciada por Zaldívar en abril de 2024 por supuestamente interferir en la elección presidencial a favor de la excandidata panista, Xóchitl Gálvez.

“Este Tribunal Constitucional determina que lo dispuesto en el Acuerdo General Plenario 9/2005 ya no se encuentra vigente para atender las quejas y/o denuncias ciudadanas en que se atribuya responsabilidad administrativa a alguna ministra o ministro de este Alto Tribunal.

“Por tanto, las quejas y/o denuncias ciudadanas en las que se atribuyan alguna responsabilidad administrativa en contra de alguna Ministra o Ministro, ya sea en funciones o en retiro, deben ser remitidas a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas para su desechamiento, teniendo como referente lo determinado en la presente consulta a trámite”, establece la resolución cuyo proyecto fue elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

En su resolución el ministro precisó que la ley establece que los integrantes del Pleno cuentan con fuero que los protege contra acusaciones de responsabilidad política y penal e incluso frente a su propia renuncia, pero no especifica qué pasa con acusaciones de responsabilidad administrativa.

Añadió que el acuerdo General 9/2005 facultaba al Pleno de la Corte para investigar las acusaciones de posibles responsabilidades administrativas en contra de los ministros, pero que a partir de la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador ya dejó de tener vigencia debido a que esa facultad fue transferida al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) que entrará en funciones el 1 de septiembre próximo y ni siquiera es aplicable a estos casos.

“Actualmente ya no se sostiene la vigencia del Acuerdo General Plenario 9/2005, tratándose de faltas administrativas atribuidas a las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ello es así, ante la inexistencia de un marco legislativo que desarrolle y precise el procedimiento sancionador aplicable a dichos juzgadores, así como el tipo de faltas administrativas que les pueden ser atribuidas (incluyendo su gravedad) y las sanciones susceptibles de imponerse”, indica.

“No pasa inadvertido lo dispuesto en el artículo 97 constitucional en su redacción vigente a partir de septiembre de dos mil veinticuatro, en el sentido de que ‘Cualquier persona o autoridad podrá denunciar ante el Tribunal de Disciplina Judicial hechos que pudieran ser objeto de responsabilidad administrativa o penal cometidos por alguna persona servidora pública del Poder Judicial de la Federación, incluyendo ministros, magistrados y jueces, a efecto de que investigue y, en su caso, sancione la conducta denunciada’. Sin embargo, esa disposición no puede ser interpretada de manera aislada, sino en correlación con el resto de las disposiciones que campean en la materia. Concretamente, tratándose de ministras y ministros, también debe observarse lo dispuesto por el artículo 94 de la Constitución Federal, en lo relativo a que las ministras y ministros de la Suprema Corte solo podrán ser removidos de sus cargos en los términos del Título Cuarto de la propia Ley Fundamental, en correlación con el cúmulo de garantías judiciales especialmente reforzadas para tales impartidores de justicia”.

Es decir, que pese a que la facultad le fue conferida al TDJ para investigar a los ministros, estos sólo pueden ser removidos de sus cargos por causas graves y a través de un juicio político o declaratoria de procedencia.

“Sin que lo anterior implique dotar de impunidad alguna a dichos impartidores de justicia, pues como ya se destacó, sí pueden ser sujetos de responsabilidad penal en términos de lo previsto por el artículo 111 de la Constitución Federal, o bien, ser sometidos a responsabilidad política de conformidad con el diverso artículo 110 del mismo ordenamiento”, enfatiza el fallo.

“Mientras no exista un marco legislativo que desarrolle con precisión las faltas susceptibles de atribuirse a los ministros y ministras de la Suprema Corte, así como las sanciones y el procedimiento a seguir para su determinación, no se les puede reprochar responsabilidad administrativa a fin de no interferir con la alta función jurisdiccional que se les ha conferido. Aunado a que la falta de ese desarrollo legislativo no puede ser subsanada a través de un Acuerdo General Plenario, como el 9/2005, que motivó la apertura de la presente consulta a trámite”.

Claudia Arlett Espino, titular de la Secretaría Ejecutiva, indicó que 50 casillas seccionales tuvieron que suspenderse de manera definitiva –equivalente al 0.05% de las 89 mil 974 casillas aprobadas–, ya sea por riesgo de violencia, en Chiapas, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Yucatán y Zacatecas, o por contingencias climáticas, en San Luis Potosí, el Estado de México, Puebla y Quintana Roo.

Más temprano en el día, el consejero Jorge Montaño informó que, hasta el corte de las 2 de la tarde, el INE tenía registrados mil 41 “incidentes”, e indicó que 856 de ellos habían sido resueltos “de forma oportuna y exitosa”.

El consejero dijo que el INE no pudo instalar 16 casillas por actos de violencia, amenazas, o porque los funcionarios no se presentaron: 14 de ellas en municipios de Chiapas –San Cristóbal de las Casas, Comitán, Villaflores y Huehután–, una en Zitácuaro, Michoacán –donde se reportó una explosión el día anterior– y una última en Culiacán, la capital de Sinaloa, envuelta desde hace medio año en la guerra entre las ramas rivales del Cártel de Sinaloa.

Los cientos de casas de campaña multicolores se mantienen en la principal plaza pública del país y sus calles aledañas, pese a que ayer por la tarde se informó que la sección 22 de la Coordinadora decidió levantar el plantón y regresar a sus escuelas en Oaxaca.

Ayer por la noche, los dirigentes de distintas secciones suspendieron su Asamblea Nacional en la que decidirían si levantan el plantón o no. Se informó que este domingo, alrededor de las 16 horas retomarían la discusión.

En tanto, entre los pasillos que los mismos maestros disidentes delimitaron con sus campamentos se percibe tranquilidad y nula movilización.

Los maestros conviven entre ellos mientras algunos visitantes del Zócalo pasan entre los lazos, mantas y carteles, palos y sillas que sujetan las casas de campaña y las lonas que los cubren del sol y la lluvia.

En los alrededores, el comercio ambulante aprovecha la vendimia para turistas nacionales y extranjeros.

El pasado 24 de febrero de 2024, Karla Estefanía Soto García de 32 años, desapareció junto a su pareja Ignacio Faviel López Méndez de 37, cuando se encontraban en un rancho en Ensenada.

Se trató de una privación ilegal de la libertad, pues incluso al ingresar al sitio por primera vez los familiares localizaron sangre en la escena.

Junto a ellos también desaparecieron Juan Carlos Barreras Goycolea, de 57 años, José Ángel Martínez Castillo, de 35, así como Pedro Damián Patrón López, de 27.

Ricardo Dávila, de 30 años, y Brayan Isaac, de 25, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se encuentran detenidos, entre los imputados, se encuentra la relación con la desaparición.

En el primer informe del grupo se expuso que el 58.7% de las y los candidatos a la SCJN no tienen carrera judicial. Para ese indicador se tomó en cuenta que las y los aspirantes tuvieran experiencia en juzgados.

Al dividir los porcentajes entre hombres y mujeres, los hallazgos mostraron que las mujeres tienen más experiencia en el Poder Judicial, pues el 62% de las candidatas cuentan con carrera judicial. La cifra contrasta con el 80.65% de los candidatos que no tienen experiencia en el ámbito.

Las y los estudiantes realizaron un análisis de los 64 perfiles que se postularon a la SCJN, aunque solo presentaron los resultados de 63 porque una persona se abstuvo de participar. Para la observación, se consultaron más de 400 fuentes. 

El objetivo del ejercicio, organizado por la Ibero, es acercar a la ciudadanía al Poder Judicial y proporcionar herramientas para tomar una decisión informada. 

El primer informe también indicó que más de 70% carece de especialización en temas clave como medio ambiente, derechos de pueblos indígenas o personas con discapacidad. 

Cabe destacar que el 80% de las candidaturas no incluye el tema de las desapariciones forzadas en su agenda, una problemática con la que la justicia tiene una deuda histórica en México. 

Además, el informe mostró que hay 27 personas candidatas vinculadas con partidos políticos: 10 vinculaciones con Morena, seguido por el PRI con 8, el PRD con 3, así como el PAN y Movimiento Ciudadano con 2 cada uno. Además, hay una vinculación política con el Partido Verde Ecologista y el Partido Socialista Unificado de México, respectivamente.

El primer informe también sacó a la luz que Facebook, la red social más usada en las campañas, sólo alcanzó al 0.28% de la lista nominal nacional. Durante este periodo, las redes sociales se convirtieron en el principal medio de difusión de las personas candidatas, ante la ausencia de espacios en radio, televisión o eventos masivos. 

Sofía Otero, periodista por la Ibero e integrante del proyecto destacó que la estrategia digital fue insuficiente y excluyó a millones de mexicanos sin acceso a internet, en una entrevista con la Prensa Ibero. De acuerdo con datos de la Agencia de Transformación Digital 15 millones de personas en México no tienen acceso a internet.  

Por su parte, Camila Solís y Lucía Panqueva, estudiantes de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Ibero y coordinadoras del proyecto, explicaron que publicarán más informes después de los comicios. Los reportes posteriores informarán a la ciudadanía cómo quedó conformada la SCJN. 

El Observatorio cuenta con el respaldo de especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Universidad de Monterrey (UDEM), IBERO Torreón e IBERO Puebla. Sus valores son la neutralidad, imparcialidad, honestidad, tolerancia y justicia, por lo que no apoya a ningún perfil o candidatura.