Hugo Aguilar Ortiz, actual titular de la Coordinación de Derechos Indígenas, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), se perfilaba, hasta un corte de las 09:00 horas del 2 de junio de 2025 -tiempo de la Ciudad de México-, para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque, al igual que todos los demás candidatos que integrarían el Pleno del máximo tribunal constitucional, no tenían experiencia dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Con un avance del 47.4212 por ciento de actas electorales computadas y una participación ciudadana de 11.2255 por ciento, Aguilar Ortiz mantenía la ventaja de entre 64 candidatos a ministro de la SCJN, que desde la noche del 1 de junio de 2025 comenzó a perfilarse, al iniciar el registro de voto en las juntas distritales.
Según un perfil elaborado por la organización no gubernamental Observatorio Electoral Judicial (OEJ), de origen mixteco y nacido en Tlaxiaco, Oaxaca, Aguilar Ortiz es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) y cuenta con estudios de Maestría en Derecho Constitucional, en la misma institución educativa.
“Cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito agrario y de derechos indígenas, destacando roles clave en la Procuraduría Agraria, la [Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano] SEDATU y el INPI. Ha trabajado en el organismo electoral estatal de Oaxaca, promoviendo sistemas normativos indígenas”, indicó dicha ONG.
“En 2018, enfrentó controversias al validar una elección municipal en Reyes Etla, Oaxaca, acusada de irregularidades. En diciembre de 2024, fue excluido inicialmente de la lista de aspirantes a la SCJN, reconociendo el error el Comité de Evaluación del Legislativo”, señaló el OEJ, respecto a los conflictos de interés de Aguilar Ortiz.
“Comenzó su trayectoria profesional en la Procuraduría Agraria, ocupando roles como jefe del departamento jurídico en Xalapa, subdelegado en Tuxtla Gutiérrez y delegado estatal en Tlaxcala y Oaxaca”, narró la ONG.
“Fue Director General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de la Reforma Agraria (ahora SEDATU), donde coordinó la defensa legal en casos de restitución de tierras y conflictos comunitarios durante ocho años. Fue Coordinador General de Derechos Indígenas en el INPI (2018-2024)”, recopiló el OEJ.
“Participó en organismos electorales, siendo encargado de Sistemas Normativos Indígenas en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) y consejero titular en el Registro Agrario Nacional”, agregó la ONG.
“Ponente en espacios académicos y de organizaciones sociales como la UABJO, la Universidad Iberoamericana, la [Universidad Nacional Autónoma de México] UNAM, [Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales] FLACSO, Academia Mexicana de los Derechos Humanos, Universidad Intercultural de Tabasco y la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, sobre temas de Derecho Agrario, derechos indígenas, Derecho Constitucional y pluralismo jurídico”, detalló el OEJ.
En tanto que las ministras en funciones Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, se mantendrían en el cargo. Además, María Estela Ríos González -quien desde el 2 de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2024 fue titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador- también entraría a la SCJN.
Asimismo, sería ministra Natalia Téllez Torres Orozco, quien en la actualidad es magistrada en la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), también propuesta por el político tabasqueño.
En el caso de los hombres aspirantes a ministro, habrían ganado un espacio en la SCJN el académico e investigador de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Isaac de Paz González, así como Federico Anaya Gallardo, asesor en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, del 2010 al 2011, durante la Jefatura de Gobierno interina de Martí Batres Guadarrama.
También habría obtenido un espacio en el máximo tribunal constitucional, el abogado penalista César Mario Gutiérrez Priego, hijo de José de Jesús Gutiérrez Rebollo, un general de división del Ejército Mexicano y que en 1996 fue nombrado como jefe del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), dependiente de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), que en ese entonces estaba subordinada al Gobierno de Zedillo Ponce de León.
Sin embargo, tras ser investigado en 1997, por la aparición de una supuesta grabación entre Gutiérrez Rebollo y Amado Carrillo Fuentes, alias “El Señor de los Cielos”, líder del Cártel de Juárez -en la que presuntamente el general discutía los pagos que el capo sinaloense debía realizarle, a cambio de ignorar la utilización de aviones de su propiedad para el transporte de droga-, el llamado “zar anti narcotráfico” fue detenido, acusado de soborno, de obstrucción a la justicia y de facilitar el transporte de cocaína.
Gutiérrez Rebollo fue condenado a 31 años, 10 meses y 15 días de prisión, por el uso ilegal de armas restringidas al Ejército. Luego, en 2007, fue condenado por un tribunal federal a una nueva pena de prisión de otros cuarenta años, y una multa de 24 millones 716 mil 829 pesos, por su presunta colaboración con Carrillo Fuentes.
El general murió de cáncer cerebral en el Hospital Central Militar de la Ciudad de México el 19 de diciembre de 2013, mientras cumplía su condena de 40 años de prisión, que antes de su internamiento purgaba en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, “El Altiplano”, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.
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