Personas cercanas a Morena, y cuentas que simpatizan con el gobierno federal, utilizan las redes sociales para recomendar por quién votar en las elecciones judiciales del próximo 1 de junio, en las que se elegirán nuevos jueces, magistrados y ministros.

A dos semanas de realizarse la elección judicial, en redes sociales y chats proliferan “acordeones”, es decir, listas que indican por quién votar, en su mayoría por exfuncionarios de gobiernos morenistas o candidatas que tienen abierta simpatía hacia el partido guinda.

Los acordeones han sido elaborados por personajes reconocidos como Pedro Salmerón Sanginés, exfuncionario en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y también por numerosas cuentas que en redes sociales suelen compartir información de Morena y del gobierno federal.

En la elección del Poder Judicial los votantes se enfrentarán a boletas inéditas: por primera vez no habrá recuadros con partidos políticos para tacharlos, sino que habrá una lista con varios nombres y cada uno estará ligado a un número. La gente deberá anotar en la parte posterior el número que tiene el candidato de su preferencia.

El Instituto Nacional Electoral (INE) estimó que cada persona se podría tardar hasta 10 minutos en votar, debido al nuevo formato de las boletas electorales y porque la mayoría de las candidaturas a jueces, magistrados y ministros son desconocidas por la población.

Ante esta dificultad, y para intentar instruir el voto, personajes cercanos a Morena han circulado acordeones que son variados: algunos incluyen la fotografía de las candidaturas, sus nombres y el número que representan. En otras ocasiones son más sencillos y solo incluyen los números que las personas deberían escribir en las boletas para elegir a uno u otro aspirante.

Por ahora los acordeones se han centrado en las candidaturas que buscan un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en el Tribunal de Disciplina Judicial.

Acordeones recomiendan votar por candidatas cercanas a Morena

Lenia Batres, hermana del director del ISSSTE y afín a Morena, es una de las más favorecidas en los acordeones difundidos en redes sociales como X, o incluso en listas que circulan en chats de WhatsApp.

Otras de las candidatas favorecidas en los acordeones para la Suprema Corte son María Estela Ríos, exconsejera jurídica de la Presidencia cuando Andrés Manuel López Obrador gobernó el país entre 2021 y 2024; Loretta Ortiz, exdiputada federal de Morena, y Yasmín Esquivel, quien no esconde su simpatía con el partido guinda.

Las recomendaciones también son sobre las candidaturas al Tribunal de Disciplina Judicial. En este apartado uno de los más favorecidos es Bernardo Bátiz, quien ha sido legislador de Morena e incluso fue propuesto por López Obrador para ser ministro de la SCJN en 2021.

En una publicación en X del pasado 13 de mayo, Salmerón Sanginés dio a conocer sus candidatas favoritas, entre las que se incluyen Lenia Batres y María Estela Ríos. También nombró a Selene Cruz, exfuncionaria de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Cuentas afines al gobierno federal piden votar por candidatos cercanos a Morena

Los personajes públicos que han pedido votar por candidaturas cercanas a Morena son apenas la punta del iceberg.

En redes sociales como X, hay cuentas que son afines al gobierno federal y que también anuncian su voto a favor de morenistas que estarán en las boletas del próximo 1 de junio.

Algunas de las cuentas anuncian que sus acordeones serán compartidos a familiares y amigos a través de WhatsApp para replicar sus votaciones.

Un presunto integrante clave del Cártel de Tláhuac, Diego Oziel “N”, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en la colonia Del Gas, de la alcaldía Azcapotzalco, por su presunta participación en un homicidio ocurrido el 3 de abril de 2024.  

El organismo encabezado por Bertha Alcalde Luján informó que la investigación indica que el señalado es presunto responsable de haber disparado directamente contra un hombre que se encontraba a bordo de una motocicleta y perdió la vida a causa del ataque el pasado mes de abril, en la colonia Miguel Hidalgo, de la alcaldía Tláhuac 

En un comunicado precisó que Diego Oziel “N” fue localizado por los uniformados en Azcapotzalco, donde fue detenido y posteriormente trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente. 

Según las indagatorias de la Fiscalía capitalina, el presunto homicida también es señalado como un integrante clave del Cártel de Tláhuac, grupo delictivo dedicado a la extorsión, narcotráfico y otros delitos de alto impacto.

“Las cifras que se nos presentaron son alarmantes”. Con estas palabras, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, describió la situación que enfrentan diez de los 19 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) que organizan elecciones judiciales en sus estados.

Taddei reaccionó así al final de la sesión de Consejo General del INE, en la que se presentó el informe mensual sobe la situación presupuestal de los organismos electorales, en el que se advierte que cuatro estados tienen un nivel de riesgo alto, seis un nivel medio y nueve un riesgo bajo.

Los estados con mayor riesgo son Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí y Veracruz; en esta última la crisis es mayor, pues además de tener elecciones judiciales locales habrá elecciones municipales.

Los casos más graves sobre recursos en los estados con elección judicial local

Estados con nivel de riesgo medio sobre recursos para elección judicial local

Con nivel de riesgo medio el INE reporta a los estados de Yucatán, Colima, Quintana Roo, Ciudad de México, Aguascalientes y Baja California, en donde se reportan problemas similares: retraso en la entrega de recursos aprobados por los Congresos locales, adeudos con el INE e insuficiencia de recursos para contratar personal, rentar inmuebles y equipos.

De los diez estados con nivel alto o medio de riesgo presupuestal, nueve están gobernados por Morena y sus aliados, partidos que promovieron las reformas para la elección judicial. Sólo Aguascalientes, considerado con riesgo medio, es gobernado por el PAN.

Desde 2022, el colectivo Hasta Encontrarte ha revisado de forma independiente más de 30 centros de rehabilitación en los municipios de Irapuato y Silao con el objetivo de localizar personas en vida, pero también para detectar posibles puntos para localizar personas desaparecidas.

Así lo explicó Bibiana Mendoza Negrete, vocera del colectivo, quien dijo que aunque no han encontrado personas con vida, han identificado al menos 15 puntos relevantes para búsqueda en campo que han podido regresar a sus seres queridos.

Hombres armados asesinaron esta mañana a Maxi Pérez Alvarado, exdirector de Tránsito de Teapa, municipio serrano ubicado a 56 kilómetros de Villahermosa. La víctima fue funcionario del ayuntamiento teapaneco en el trienio 2021-2024.

De acuerdo con reportes policiacos, el exservidor público caminaba sobre la banqueta en el lugar conocido como Puente Seco cuando fue alcanzado por sujetos que le dispararon en varias ocasiones. Tras la agresión, personas que pasaban por el lugar trataron de auxiliar a Pérez Alvarado, quien ya había fallecido cuando llegaron los paramédicos.

El director del portal de noticias El Guerrero, Opinión Ciudadana, José Carlos González Herrera, el "Ave Fénix", fue asesinado a balazos anoche en Acapulco tras concluir la transmisión en vivo de su programa. 

Apenas el martes, en Chilpancingo, el diputado de Tierra Caliente, Bulmaro Torres Berrún, amenazó de muerte a un fotorreportero por fotografiarlo comiendo en su curul.

Por más de 30 años la familia Johnson ha sostenido una batalla legal con ejidatarios de Mulegé, un pequeño poblado en Baja California Sur que cuenta con apenas 3 mil habitantes; ahí, en ese mismo tiempo, han administrado el Hotel Serenidad, punto de reunión reconocido a nivel mundial, pues en cada temporada llegan estadunidenses, canadienses y alemanes a disfrutar de las paradisíacas y casi desérticas playas y lugares de esparcimiento que abundan en la zona.

A raíz de la pelea en tribunales con los ejidatarios del poblado que reclaman que de manera inmediata les entreguen más de 20 mil metros cuadrados en los que se encuentra el hotel, los Johnson descubrieron que cientos de personas fueron estafadas al igual que ellos, al supuestamente comprar de manera legal predios en distintos puntos del país, pero que luego son reclamados por ejidatarios, pues toda la compraventa realizada y administrada por la Corett no tiene validez ante el Tribunal Superior Agrario.

Los testimonios de sobrevivientes del rancho Izaguirre en Teuchitlán son la prueba principal por la que José Ascensión Murguía Santiago, alcalde del municipio ubicado en la región Valles de Jalisco, fue vinculado a proceso el pasado viernes por el delito de delincuencia organizada agravada por tratarse de un servidor público.

El 3 de mayo, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al integrante de Movimiento Ciudadano acusándolo de estar relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que operaba el rancho Izaguirre, donde mantuvo a decenas o cientos de personas privadas de su libertad para convertirlas forzadamente en sicarios. El entrenamiento incluía prácticas con pistolas de gotcha; también eran obligados a desmembrar y quemar los cuerpos de quienes eran asesinados.

“Usted colaboró con ellos, decidió pertenecer, […] las víctimas en ese lugar lo vieron. Fue visto, colaboró brindando seguridad para captar gente privada de su libertad, sobajada, deshumanizada, para que pertenecieran a un grupo delictivo. Lo sabía y no hizo nada”, aseguró la acusación.

La audiencia de vinculación a proceso se realizó los días 3 y 9 de mayo en el Centro de Justicia Penal Federal en Jalisco. De los más de 100 datos de pruebas asentados en los 23 tomos de la causa penal 473/2025 de la investigación por los hechos delictivos relacionados con el rancho Izaguirre, la FGR utilizó los testimonios de Azul, Verde, Rojo y Australia —testigos de identidad reservada, tres de ellos víctimas sobrevivientes— para acusar a Murguía Santiago de brindar recursos humanos y materiales al CJNG, y de estar en la nómina de este grupo delictivo.

Guerreros Buscadores de Jalisco, uno de los cientos de colectivos en México que busca a sus familiares desaparecidos, llegó al rancho el 5 de marzo, tras recibir información anónima sobre la ubicación de varias fosas clandestinas. El predio de aproximadamente 10,000 metros cuadrados, delimitado por una barda, se ubica en el ejido La Estanzuela del municipio de Teuchitlán, a 58 kilómetros de la ciudad de Guadalajara, la segunda más importante del país.

Después de ingresar al rancho y trabajar más de cinco horas en la prospección del terreno, una integrante del colectivo hizo una transmisión en vivo para documentar lo que encontraron: cientos de restos óseos calcinados y enterrados bajo ladrillos y tierra, decenas de cartuchos de grueso calibre percutidos, áreas para entrenamiento físico y táctico, baños desvencijados, una especie de cocina, y un galerón donde decenas de prendas, maletas, zapatos y objetos personales se apilaban ante un altar dedicado a la Santa Muerte. Estos hallazgos evidenciaron que era un centro de confinamiento, entrenamiento y exterminio del CJNG; el colectivo logró hurgar en las entrañas de la maquinaria de reclutamiento forzado que desde hace lustros echó a andar esta organización criminal.

Por el caso Teuchitlán están detenidos José Gregorio Lastra Hermida, el Lastra, ex policías municipales de Tala, y Murguía Santiago, quien fue presidente municipal de Teuchitlán hasta su vinculación a proceso. Al día siguiente, 10 de mayo, el cabildo nombró como alcalde interino a Jaime Alberto Rodríguez Ballesteros. 

Policías de otros municipios involucrados

El testimonio del oficial mayor del ayuntamiento, quien conoce el procedimiento de préstamo de la retroexcavadora, apoyó esta versión, pues aseguró que no se utilizaba por el mal estado en que se encontraba.

Sobre la acusación de Rojo de que el alcalde le pidió una noche que abrieran una fosa para depositar restos humanos, la secretaria enfatizó que era imposible, ya que es “muy miedoso”. “Él veía perritos atropellados y les buscaba albergue; si trataba así a animalitos, no me imagino que le hiciera daño a humanos”, indicó.

El relato de la secretaria se centró en señalar que estuvo con el alcalde en fechas clave como el 5 de mayo de 2024. De acuerdo con uno de los testigos de identidad reservada, Murguía Santiago se reunió ese día con Lastra Hermida, supuesto encargado del reclutamiento forzado del CJNG, en el rancho Izaguirre. La funcionaria de Teuchitlán insistió en que en esa fecha hicieron actos de campaña y terminaron después de las 23:00 horas.

Durante su intervención, los funcionarios de la FGR le hicieron preguntas con la intención de que se contradijera y así evidenciar que el alcalde tenía espacios de tiempo en los que no estaba con su secretaria. 

Los abogados de Murguía Santiago plantearon una argumentación técnico-jurídica para apoyar su petición a la jueza de que se atendiera la hipótesis alternativa de la defensa. Cuestionaron que, con 23 tomos de investigación, la FGR solo presentara cuatro testimonios para vincular al alcalde, que no ofreciera más evidencias, y que se centrara en un “debate político y populista que apela a los sentimientos, y se trata de un debate técnico”. 

Presentaron también por escrito los testimonios de seis policías, que dijeron no saber del rancho ni de la operación del CJNG, y de un bombero que trabajó como chofer del alcalde, quien incluso señaló que el 11 de marzo de 2025 tuvieron que ir al rancho Izaguirre con los colectivos de buscadoras y “se perdieron, no supieron para dónde darle”.

Ante la acusación de que Murguía Santiago se reunía en un bar a “planificar” con integrantes del crimen organizado, los abogados ofrecieron el testimonio del dueño, quien negó haberlo visto, “porque se sabe que no toma”, y porque van “puros jovencitos de entre 17 y 24 años”.

Un ministerio público de la FGR consideró absurdo que los agentes no supieran de la presencia del cártel. “Se sabe, y sobre los policías municipales, sí, podrían estar coludidos, no es un secreto que las policías son las primeras autoridades que colaboran en Jalisco. Es irrisorio que digan que no existe”.

En los ranchos de Teuchitlán, los investigadores han encontrado cartuchos, cargadores, tablas, chalecos con logotipos del CJNG, drogas con sellos de dibujos de un sapo con trenzas o con el número 90.

“No es solo un rancho, también está La Vega, donde hubo detenidos. […] No es un hecho oculto. Es notorio. Del cúmulo probatorio se da cuenta de la participación directa del alcalde. Se han visualizado múltiples víctimas por el reclutamiento forzado”, dijo un ministerio público.

Otra funcionaria federal señaló que, aunque Murguía Santiago tomó un permiso para hacer campaña electoral, no está excluido de responsabilidad porque fue alcalde desde 2021 y reelecto en esta administración; en todo ese periodo, el rancho funcionó, hubo privaciones de la libertad, trabajo forzado, asesinatos, y “de muchas víctimas se desconoce su paradero. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó el derecho a la verdad y a la justicia?”.

La jueza estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación, pues la FGR señaló que aún tiene que hacer 150 entrevistas. Murguía Santiago está vinculado a proceso por delincuencia organizada agravada por ser servidor público y estará en prisión preventiva oficiosa por dos años.

Miles de personas, provenientes de todo México, llegaron a la capital convocados y convocadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). El día del maestro y la maestra fue un día de lucha, no sólo por la marcha por las calles del centro, sino también y sobre todo por el inicio de la huelga general indefinida.

Desde las últimas horas de la noche del 14 de mayo, la CNTE comenzó a ocupar el Zócalo con carpas, templetes y todo lo necesario para presionar al gobierno para que la reforma del ISSTE, redactada en 2007 por el gobierno de Felipe Calderón, fuera retirada y no se convirtiera en ejecutiva, como busca la presidenta Claudia Sheinbaum.

En las calles se reprochaba la traición. Las expectativas del magisterio en Andrés Manuel López Obrador (sobre todo) y en Claudia Sheinbaum eran altas. La CNTE estaba entre los grandes votantes en el 2018 para el ‘cambio’ de gobierno. Pero ahora en la plaza y entre las carpas el sentimiento era otro, y los muchos vendedores ambulantes no hicieron gran negocio con la mercancía de Morena, sino más bien con paraguas y sombreros para el calor.

Debido a que la plaza estaba ocupada por las carpas, maestros y grupos solidarios, la manifestación llegó al Palacio de las Bellas Artes, giró a la derecha y se desvió hasta llegar al Palacio de Hierro, luego al crucero que sigue, donde van a la derecha del Zócalo y a la izquierda de Pino Suárez. Son miles, y el estrechamiento de la calzada obliga a tener mucho cuidado. Cuando la cola de la marcha llega a la plaza, la cabeza está cerrando los discursos oficiales. Hace calor, y hay quienes salieron el día anterior desde Oaxaca, Chiapas, Baja California o Aguascalientes. La CNTE hace una demostración de fuerza, esperan retener el presidio bajo el palacio presidencial al menos 15 días. Pero puede que incluso más.

Hay enojo entre la gente, y no sólo contra el gobierno, también contra el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), porque ha decidido ser condescendiente con el gobierno y su secretario general ha atacado la huelga, sentándose del lado del diálogo y del gobierno. Se trata de una ruptura que molestó a mucha gente en el sindicato y también en la CNTE. La dirigencia sindical se fue a desayunar con la presidenta y le ‘arrebató’ un aumento salarial del 9 por ciento, pero ningún cambio a la reforma del ISSTE de 2007. CNTE y SNTE han logrado hasta ahora frenar la reforma al instituto que quería impulsar el gobierno de Morena. Como quien dice, la unión hace la fuerza, pero el SNTE parece haberlo olvidado.

El conflicto es abierto y así la CNTE dice: “La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es el órgano aglutinador de la inconformidad de miles de maestros y maestras, es la respuesta histórica a una larga, difícil y gloriosa historia de lucha de los trabajadores de la educación en contra de la opresión de los gobiernos en turno, el entreguismo de los charros del SNTE y el oportunismo. Desde su nacimiento es digna representante de la lucha de clases en nuestro país. Con este alto grado de responsabilidad convocamos a las y los trabajadores de la educación, a las organizaciones democráticas y progresistas del campo y la ciudad a estallar la HUELGA NACIONAL este 15 de mayo del 2025”.

Quizá precisamente por eso ‘Maestros unidos, jamás serán vencidos’ fue uno de los coros más coreados en la plaza mientras se articulaban las diferentes demandas: la eliminación de la reforma del ISSTE, así como la cancelación de la reforma educativa 2019, un salario justo y libertad sindical, sin simulaciones ni represión. “En materia educativa, la reforma PEÑA-AMLO lacera las condiciones laborales, económicas y sindicales de miles de trabajadores de los niveles educativos, al mantener el régimen de excepción laboral en el artículo 3ro, constitucional. El modelo educativo mantiene un esquema vertical e impositivo sin cambios profundos que transformen la práctica educativa desde una perspectiva crítica, humanista y emancipadora, quedando todo en simulación”, se lee en el comunicado de prensa oficiales. Y sigue: “Es falso que el problema es el presupuesto público y que el país no tiene dinero, lo que sucede es que el Estado burgués privilegia el pago de la Deuda Externa que asciende a más de 17 billones de pesos, que representa el 50 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2024, que ascendió a 34 billones de pesos. También, debe abonarse a la deuda gubernamental al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), organismo que desde 1999 administra la deuda derivada del Fobaproa, y que, en 25 años, se han pagado más de 2 billones de pesos por intereses”.

Después de la manifestación, comenzaron las reuniones y asambleas para la gestión de la plaza. El día del maestro termina pero la lucha de la CNTE permanece.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) informó este viernes la detención de 12 personas presuntamente vinculadas al grupo criminal La Unión Tepito, dedicado a la venta y distribución de droga, que opera en la zona poniente de la capital del país.

Las capturas se realizaron en ocho operativos distintos en la Alcaldía Miguel Hidalgo, específicamente en las colonias San Juanico, Tlaxpana, Anáhuac Segunda Sección, México Nuevo, Pensil Norte, Argentina Antigua y Popo.

La primera detención sucedió cuando los oficiales, en el cruce de las calles Lago Cuitzeo y Laguna de Mayran, en la colonia Anáhuac Segunda Sección, se percataron que un grupo de personas se dispersaron al observar la presencia policial.

Con la finalidad de descartar un posible hecho delictivo, los uniformados les dieron seguimiento y observaron que ingresaron a un hotel para luego brincar la barda perimetral de la parte trasera que colinda con una unidad habitacional y continuar con su escape. Sin embargo, en una rápida acción, los policías detuvieron a los cuatro sujetos de 29, 21, 20 y 18 años de edad.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Resultado de las acciones para combatir los delitos de alto impacto en @AlcaldiaMHmx, efectivos de la #SSC en ocho diferentes acciones, detuvieron a 12 posibles integrantes de un grupo delictivo dedicado a la venta y distribución de droga, que opera en… pic.twitter.com/zxZVnJUtS5

— SSC CDMX (@SSC_CDMX) May 16, 2025

Los periodistas Eric Schmitt y Helene Cooper dicen que en los últimos cuatro meses, el Pentágono ha enviado miles de soldados en servicio activo y vehículos de combate blindados Stryker a la frontera con México para enfrentar lo que su Presidente, Donald Trump, declaró el primer día de su mandato como una “invasión” de migrantes, cárteles de la droga y contrabandistas. “Pero eso no es todo. El ejército también ha enviado aviones espía U-2, drones de vigilancia, helicópteros e incluso dos buques de guerra de la Armada para vigilar las fronteras y las costas las 24 horas del día”, dicen.

De acuerdo con The New York Times, esta acumulación de fuerzas subraya “cómo Trump está rompiendo con la práctica de sus predecesores de limitar la mayoría de los despliegues a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México a un pequeño número de soldados en servicio activo y reservistas. Al final del Gobierno de Joe Biden había en la frontera unos dos mil 500 soldados en servicio activo. Ahora hay unos ocho mil 600”.

El diario recuerda que el Senador Jack Reed, de Rhode Island, el principal demócrata en el Comité de las Fuerzas Armadas, dijo al Senado el 8 de mayo que un batallón de Marines había estado tendiendo kilómetros de alambre de púas por las montañas de California. Las tripulaciones aéreas de la Marina están sobrevolando el desierto con P-8 Poseidons, los aviones de caza submarina más avanzados del mundo. Los dos destructores de la Marina merodean frente a la costa occidental y en el Golfo de México, buscando embarcaciones de migrantes en el agua.

Dos jueces federales decidieron este viernes no suspender la reforma aprobada en la Ciudad de México (CdMx) para prohibir las corridas de toros con violencia, por otros eventos "no violentos", pero sí admitieron los amparos de empresas e interesados en la industria de la tauromaquia.

Ambos juzgadores de la capital mexicana rechazaron las suspensiones provisionales solicitadas por las empresas Tauroplaza México, que es la dueña de la Plaza México, y por la compañía Diversiones y Espectáculos ETM, del grupo de la familia Baillères, que buscaban frenar la reforma para seguir organizando espectáculos taurinos con violencia.

Más allá del rechazo de las suspensiones, los dos juzgadores admitieron las demandas, por lo que estudiarán la reforma y determinarán si pueden echarla atrás. Es probable que todas estas decisiones, tanto a favor o en contra de las corridas de toros sin violencia, serán impugnadas, por lo que se espera que lleguen en su momento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ulises Lara López, ex vocero y encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), fue nombrado, el 16 de mayo de 2025, como delegado en Morelos de la Fiscalía General de la República (FGR) -encabezada por Alejandro Gertz Manero-, en sustitución de Hugo Bello Ocampo, quien llevaba nueve meses y medio en el cargo.

El 9 de enero de 2024, el también ex esposo de Lenia Batres Guadarrama, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fue nombrado como encargado de despacho de la Fiscalía capitalina, por Ernestina Godoy Ramos, luego de que esta no fue ratificada como titular de la institución de procuración de justicia, por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.

Aunque ser encargado de despacho no requería cumplir ningún requisito, según la Ley Orgánica de la FGJ-CDMX, la persona titular sí debía contar con Licenciatura en Derecho y experiencia mínima de 5 años. Antes, Lara López había sido vocero y coordinador de asesores de la institución de procuración de justicia, durante casi cuatro años.

Su ex cuñado, Martí Batres Guadarrama, defendió, el 12 de enero de 2024, a Lara López, encargado de despacho de la FGJ-CDMX, quien obtuvo la Licenciatura en Derecho de forma exprés este mismo año, en el Centro Universitario Cúspide de México, institución que expidió el título y cuyo director -además de propietario- es Fernando Horacio Cordero Durán, quien también fungió como chofer del entonces titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

“No conozco a detalle toda la vida de Ulises, pero lo que sí te puedo decir es que tiene muchos años en la vida académica […] Llegué a encontrármelo hace unos 10 años, nos encontrábamos en la [Universidad Nacional Autónoma de México] UNAM, porque ambos éramos profesores y él ha tenido estudios en diversas áreas de las Ciencias Sociales y ha sido un servidor público disciplinado, eficiente en diversas áreas de la administración pública y ahora en la Fiscalía”, subrayó Batres Guadarrama, quien, sin embargo, indicó que la FGJ-CDMX era un órgano autónomo, con sus propias normas.

“Sus ordenamientos indican quién suple a la Fiscal o el Fiscal, a la persona titular en caso de ausencia, y el propio ordenamiento señala que es una coordinación de la cual es titular Ulises Lara, entonces, la propia norma indica que, en ausencia de la persona titular de la Fiscalía, el titular de esa área, de esa coordinación suple temporalmente a la persona titular de la Fiscalía”, subrayó el titular de la Jefatura de Gobierno de la capital de la República.

“Finalmente es un procedimiento que está marcado de manera legal, ahora sí que el Gobierno de la Ciudad no interviene en ese nombramiento, ¿no? […] Desde que yo me integre al Gobierno como Secretario de Gobierno, con la doctora Sheinbaum, Ulises Lara venía, con todo el equipo de Fiscalía, a la reunión del Gabinete, o sea, tiene años viniendo todas las mañanas puntualmente, disciplinadamente, ha sido un servidor público apegado a sus tareas en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”, expuso Batres Guadarrama, quien, además, descartó tener alguna relación con el encargado de despacho de la FGJ-CDMX.

“Pues la única relación que tenemos es que nos vemos en el Gabinete […] Esto que hicieron esta minoría del [Partido Acción Nacional] PAN y del [Partido Revolucionario Institucional] PRI es inadmisible”, puntualizó Batres Guadarrama.

“Ya ellos no ratificaron a la Fiscal [Ernestina Godoy Ramos], bueno, pues hay un procedimiento que está marcado normativamente, legalmente, que indica qué pasa en esos casos, y hay una persona que la suple que, en este caso, es la titular de una coordinación que indica la propia ley”, concluyó el titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Tanto Lara López, como Cordero Durán trabajaron en la Administración de Andrés Manuel López Obrador, en el Gobierno del Distrito Federal y tuvieron como superior a Batres Guadarrama, entonces Subsecretario de Gobierno.

Cordero Durán fungió como Líder Coordinador de Proyectos “B”, de la Dirección de Concertación Política, Atención Social y Ciudadana, entre 2002 y, por lo menos, hasta 2013. En tanto que Lara López fue Director General de Gobierno de la Secretaría de Gobierno entre 2003 y 2006.

Según la revista Etcétera, Cordero Durán fue chofer de Batres Guadarrama, entre 2003 y 2005, cuando el actual titular de la Jefatura de Gobierno de la capital de la República, era diputado federal del grupo legislativo del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Lara López, encargado de despacho de la FGJ-CDMX, aclaró, el 10 de enero de 2024, que no obtuvo su cédula profesional como Licenciado en Derecho de “manera exprés”, luego de que se reveló que la misma apareció en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Federal, el mismo día que tomó posesión del cargo.

Durante una entrevista con la cadena Milenio, Lara López aclaró que en 2016 cursó la Licenciatura en Derecho y fue hasta hace poco tiempo que solicitó el trámite de la cédula profesional. Además, señaló que contaba con maestrías y un doctorado.

Según el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública Federal, Lara López cursó la Licenciatura en Derecho, en el Centro Universitario Cúspide de México, que se ubica en Barrio San Ignacio, en la alcaldía Iztapalapa. El documento expedido al encargado de despacho de la FGJ-CDMX es del tipo C1, que se le otorgaba a las personas con estudios técnicos o de licenciatura.

Por mil 750 pesos al mes y en menos de tres años, el Centro Universitario Cúspide de México prometía a los interesados un título de Licenciatura en Derecho, Administración y Mercadotecnia o Seguridad Pública y Criminalística. Asimismo, contaba con una modalidad de titulación directa, es decir, sin la necesidad de presentar un proyecto de investigación.

En el 2016, el Centro Universitario Cúspide de México -que estaba registrado como institución privada ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), con la clave 09MSU0334U- obtuvo la facultad para otorgar Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios.

Lara López se recibió de la Licenciatura de Sociología por la UNAM, en el 2000. Posteriormente, cursó la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos por la misma institución educativa y se tituló en 2019. Un año después, en 2020, recibió su Doctorado en Derecho por el Instituto Ejecutivo Mexicano, en el Estado de México.

Carlos Torres Torres no ganó la elección del 6 de junio de 2021, pero disfruta del poder como si lo hubiese hecho. Es escoltado por varias camionetas tripuladas por policías calificados, tiene oficinas en Palacio Municipal con personal a su servicio, maneja recurso público de dos entidades de gobierno ejecutivo, el Ayuntamiento de Tijuana y el Gobierno del Estado, para el desarrollo de proyectos estratégicos. Él decide a quién se contrata, a quién se concesiona, qué es lo que se hace y hasta dónde se llega.

Derrotado en la elección más importante de su carrera política cuando era miembro activo del Partido Acción Nacional (PAN), la alcaldía de Tijuana sólo llegó a posiciones de elección popular cuando su entonces padrino político encabezaba la presidencia de la República. Fue Felipe Calderón Hinojosa quien les dio espacios de poder y decisión a varios bajacalifornianos que se encumbraron en la política nacional, como el fallecido Francisco Blake Mora, en calidad de Secretario de Gobernación.

Pero Carlos Torres no llegó a tanto, ni al primer nivel del gabinete calderonista ni al ampliado, le dieron eso sí, la entonces delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en Baja California, donde ciertamente destacó por realizar proyectos a favor de los más necesitados, identificó los llamados “polígonos de pobreza” y ahí trabajó con obras y programas para el desarrollo de las comunidades, especialmente de la niñez.

Antes de gozar de un poder para el cual no fue electo, su participación más importante en cargos de elección popular fue un periodo en la Cámara Federal de Diputados, y otro muy lastimoso en el Congreso de Baja California; el adjetivo se debe a que fue su última participación como panista, pero ya con la tendencia a favor del morenismo.

Como legislador local, perteneciendo al PAN en 2019, votó a favor de la Ley Bonilla, aquella aberración jurídica que sería determinada como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que le daba al primer gobernador de Morena de Baja California cinco años de gobierno en lugar de los dos, para los que había sido electo ese mismo año, en aras de empatar las elecciones estatales al gobierno del Estado en el año 2021 con las federales intermedias.

Aquel mismo 2019, en septiembre, Carlos Torres Torres contrajo nupcias con Marina Ávila Olmeda, entonces alcaldesa de la capital bajacaliforniana, Mexicali, y su destino cambiaría para mejorar su situación política. De las derrotas del PAN, pasó a disfrutar las mieles de los aplastadores triunfos de Morena y a tener una participación muy activa no sólo en el partido, sino en el gobierno de su esposa.

En las elección federal de 2024, Carlos Torres Torres puso candidatos a diputados federales en el Partido Verde Ecologista de México, era el enlace entre la gobernadora Ávila y la dirigencia del Verde para otorgar candidaturas. Adicional, su esposa, se supone en plena confianza de pareja, le concedió un importante cargo en el gobierno del Estado: la titularidad de una Coordinación de Proyectos Estratégicos, un área que fue creada para él y en la cual no devengaría sueldo alguno, al contribuir de manera honorifica con la administración de Ávila.

Esta posición le permite hacer lo que la gobernadora no hace: sostener reuniones con empresarios para revisar inversiones, negociar concesiones y facilitar reuniones con autoridades federales. Conocida es su participación y la de su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, como mediadores entre empresarios y grupos de inversionistas con autoridades del gobierno de la República, particularmente en dos temas: el agua y las aduanas.

A diferencia de su hermano Carlos, Luis Torres no ha tenido cargos de elección popular, lo suyo ha sido estar siempre detrás de la escena pública, en el maquiavelismo político económico financiero de campañas y proyectos. Su más visible participación pública, también en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, fue la de ser el administrador de la Aduana de Tijuana, uno de los más importantes cruces comerciales del País, con resultados que estuvieron siempre en la polémica. A pesar de no conocerle oficio o profesión privada, Luis Torres es un hombre próspero, que aparece cada campaña electoral en las áreas financieras, y se maneja en la actualidad como representante de la gobernadora Marina Ávila, en temas del agua. Así lo confiaron a esta columnista inversionistas que solicitaron una reunión con la mandataria estatal para tratar asuntos de agua en el Valle de Guadalupe y su intervención ante la Conagua: “a la reunión, que terminó con una comida en el restaurante Grill de Tijuana, llegó Luis Torres, de parte y en representación de la gobernadora”, dijeron.

Carlos Torres no ha llegado solo pues, a ejercer un poder para el cual no fue electo, sino que vino acompañado de su hermano Luis. Carlos Torres ha ignorado el encanto de la discreción y apoyo incondicional desde la banca para que su esposa ejerza a plenitud el gobierno para el que fue electa, y además como la más votada en la historia de Baja California.

Carlos Torres no es un gran hombre detrás de una gran mujer, prefiere ubicarse a un lado de su esposa, la gobernadora, como iguales, aun cuando el poder administrativo y político lo ganó ella y no él, por más que le haya apoyado moralmente durante la campaña.

Este protagonismo no electo, ha metido ahora en un brete a la gobernadora Marina Ávila Olmeda, al ser el daño colateral del retiro de la visa de turista para internarse a los Estados Unidos de su esposo, y hacer historia como la primera gobernadora en funciones en el País, a la que el gobierno de la Unión Americana le retira la visa para entrar a su territorio. Nunca había sucedido, ni en México, ni en Baja California con sus 16 gobernadores en su haber, ocho del PRI, seis del PAN y dos de Morena.

El protagonismo no electo, en este caso, no ha llevado a la mandataria a buen puerto. La labor “honorífica” de su esposo, la cual ha ratificado en medio de la tormenta, la ha dado a conocer por motivos incorrectos, el de ser la primera gobernadora de Baja California sin visa, que si bien no es delito, sí afecta su trabajo en un contexto fronterizo donde los temas binacionales son cotidianos. Y para colmo, el documento migratorio le fue retirado hostilmente, aun considerando que fue por la vía consular.