Pérez Aguirre, quien en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador formó parte del Comité de Impulso a la Justicia, de la Comisión para la Verdad de las Graves Violaciones a Derechos Humanos Cometidos entre 1965 y 1990, expuso que el caso de Teuchitlán, junto con otros crímenes atroces, como el de los 43 normalistas de Ayotzinapa, son emblemáticos de la inoperancia del sistema de procuración de justicia en México, que se ha mantenido desde 1934.

El investigador, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, con maestría en Harvard y doctorado por la Universidad Iberoamericana, destacó que parte de la expectativa de publicar su libro Procurar Injusticia, es poner sobre la mesa la discusión sobre un sistema que mantiene en impunidad 98% de los delitos, “pese a que se le han invertido miles de millones de pesos durante más de 100 años”.

“Lo que intenté con este libro es tratar de acercar esa discusión a la gente, porque la gente quiere saber, quiere entender mejor cómo funcionan las instituciones, quiere participar en la discusión en torno de ellas”, en este caso la FGR y todo el sistema de procuración de justicia, dijo Pérez Vázquez. “Entre más gente participe, más gente esté enterada, pues, el movimiento por su reforma tendrá más vigor, un impulso distinto”.

En 317 páginas el especialista desmenuza cómo es que se construyó el actual sistema de “procuración de injusticia”, marcado por el “militarismo” y la traición de jefes militares a Venustiano Carranza, presidente asesinado en 1920, y cómo es que no ha sido modificado.

“El PRI, PAN y ahora Morena han usado, sin excepciones, la procuración de justicia con fines políticos, aprovechando sus resortes atávicos, mismos que empeoran conforme los sexenios presidenciales se van sucediendo, y sin poner remedio a la situación. Por eso el sistema no se ha alterado ni con reformas constitucionales ni con reformas legales, ni con elecciones democráticas, ni siquiera con la creación de una FGR dotada de una autonomía constitucional que sólo existe en el papel”, se lee en el libro de Pérez Vázquez.

En su texto, el autor reflexiona sobre el incumplimiento del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, con el papel que debería cumplir al frente de la FGR, considerando que su falta de autonomía ante el Ejecutivo y su sumisión al Ejército, por convicción propia, ha impedido la materialización de una reforma del sistema de procuración de justicia, impulsada por académicos y expertos.

El rescate del general

Como ejemplos del uso político y de la sumisión al Ejército durante el gobierno de López Obrador, en el texto Pérez Vázquez analiza los casos del rescate del general Salvador Cienfuegos Zepeda, las ejecuciones cometidas por militares en Nuevo Laredo en 2023; las “pifias” de los procesos al exdirector de Pemex Emilio Lozoya; a la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles; al dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, y al abogado de Carlos Salinas de Gortari, Juan Collado, así como el “uso personal” que Gertz le ha dado a la FGR.

De la misma manera, el autor analiza el caso Ayotzinapa, cuya “irresolución (…) a casi 10 años de que sucedieron los hechos apuntala la tesis fundamental de este libro: el sistema de persecución de justicia militarista sigue operando en el país”.

En entrevista, Pérez Vázquez consideró que ante una sociedad totalmente distinta a aquella en la que se instauró el actual sistema de “procuración de injusticia”, el periodo postrevolucionario, con acceso a herramientas que antes no existían como las cámaras de seguridad en domicilios particulares y negocios, o bien los teléfonos celulares que permiten registrar anomalías, como detenciones arbitrarias o ejecuciones extrajudiciales, ese modelo instaurado por Abelardo Rodríguez “a la sociedad en sí, no le  funciona”.

En el comunicado colectivo, las familias, que ante la omisión del Estado han asumido la responsabilidad y la carga de la búsqueda, “ya sea en hospitales u oficinas forenses, en redes sociales y bajo la tierra”, le piden a la presidenta que recuerde “que no nos mueve un proyecto político, ni favorable ni contrario al suyo, porque usted entenderá que quienes padecemos esta angustia y vivimos pendientes de la esperanza de encontrar a nuestros desaparecidos, nos es realmente muy difícil pensar en cualquier otra cosa que no sean nuestros familiares”.

Impasible, la Catedral mira la carpa roja que protege del sol a las madres buscadoras, que es centro de prensa, altar cubierto de flores y refugio. Y frente a Palacio Nacional una interpelación: “Presidenta, ¿ahora si nos ve?”, en monumentales letras blancas.

El 28 de agosto de 1978 la Catedral fue testigo de la primera huelga de hambre encabezada por Doña Rosario Ibarra de Piedra quien reunió a las madres de desaparecidos de diferentes estados al grito de “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”

Y, al final, las exigencias: Que se asuma la existencia de las más de 120 mil personas desparecidas y los incontables miles de migrantes desaparecidos que no están en los registros oficiales; se reconozca el trabajo colectivo de las familias y se abra un espacio de escucha y de diálogo con las organizaciones sociales y colectivos; que se apoye a quienes viven amenazados y aún así salen a buscar a las decenas de miles de mexicanos y migrantes que permanecen desaparecidos que el Estado mexicano se ha mostrado incapaz de buscar y encontrar; que se sancione a los servidores públicos que han permitido, por omisión o aquiescencia, el horror que se destapó en Teuchitlán; se identifique y se entreguen dignamente los restos de las personas que han sido localizadas en ese y todos los campos se extermino y fosas clandestinas en todo el país; se fortalezcan las estrategias de búsqueda y se tomen las medidas necesarias para atender e identificar a los cientos de personas que se encuentran en las fosas comunes; se reactive el Centro Nacional de Identificación Humana, dotándolo de los recursos necesarios e incorporando a las familias como consejeros y coadyuvantes de la institución; y, frente a la emergencia nacional, construir un sistema judicial que resuelva las demandas de las víctimas.

Junto a los zapatos, la luz de las veladoras tiembla en la oscuridad queriendo ser incendio.

El 6 de marzo de 2025, el Juzgado Primero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado de Oaxaca condenó al defensor de derechos humanos Pablo López Alavez a treinta años de prisión y al pago de 112,000 pesos mexicanos (más de cinco mil euros) de reparación del daño por el delito fabricado de homicidio calificado.

El líder indígena zapoteco lleva más de 14 años detenido injustamente desde su detención arbitraria en agosto de 2010, enfrentando un proceso penal injusto caracterizado por múltiples irregularidades y violaciones al debido proceso. Su detención fue calificada como arbitraria por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA) en su opinión nº 23/2017, haciendo un llamado a su liberación inmediata.

Por más de catorce años, distintas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos se han pronunciado reiteradamente a favor de la liberación de Pablo López Alavez, pues su detención arbitraria se da en represalia a su labor de liderazgo comunitario en la comunidad indígena San Isidro Aloápam en Oaxaca, desde donde denunció la presencia de actividades ilegales que operaban en la zona y afectaban el territorio y medioambiente de la comunidad.

En el año 2017, el defensor fue condenado inicialmente, pero en octubre de 2020 se ordenó la reposición del procedimiento por las múltiples violaciones a su derecho al debido proceso. El proceso penal reinició desde la etapa de instrucción y finalmente el 6 de marzo de 2025 se llevó a cabo la audiencia de sentencia sobre este nuevo proceso. La sentencia en contra del defensor se notificó de manera expedita solo horas después de la audiencia.

La nueva condena a treinta años de prisión en contra del defensor de derechos humanos Pablo López Alavez confirma que la imposición de sentencias largas en contra de defensores indígenas de derechos humanos es una tendencia sistemática y alarmante en México que busca criminalizar y silenciar a quienes defienden la tierra y el territorio indígena de intereses privados.

Distintas organizaciones de derechos humanos han denunciado que el patrón se agrava cuando la persona detenida o sentenciada es una persona perteneciente a un pueblo y comunidad indígena, pues conforme a la Corte Interamericana de Derechos Humanos “la separación de la persona indígena de su comunidad y territorio, elementos constitutivos de su identidad cultural, puede conllevar a profundos sufrimientos que sobrepasan aquellos inherentes a la estancia en prisión y tienen un impacto negativo sobre los miembros de la comunidad indígena”.

Las organizaciones firmantes reiteran su rechazo ante la constante violación a los derechos humanos del defensor de derechos humanos Pablo López Alavez y expresan su apoyo a las acciones de apelación de la sentencia condenatoria, reiterando el llamado a su liberación.

Organizaciones firmantes:

“El descubrimiento resulta aún más perturbador dado que el rancho había sido previamente allanado en septiembre de 2024 por la Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado de Jalisco, sin que se detectaran pruebas cruciales”.

Respecto al caso, la ONU destacó que tomaron nota del compromiso de las autoridades federales y estatales de examinar posibles omisiones en la operación de búsqueda inicial.

En su pronunciamiento, la ONU abogó por investigaciones “exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes” sobre los delitos cometidos en el lugar.

También pidió “mejorar las medidas preventivas y garantizar la protección y el apoyo a las familias víctimas de desapariciones en su búsqueda de verdad, justicia y reparación”.

Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió dejar las especulaciones sobre lo que sucedía en Teuchitlán, hasta que avancen las investigaciones y se tenga evidencia científica.

La mandataria también pidió dejar en paz al presidente Andrés Manuel López Obrador ya que consideró que este tema esta siendo utilizado para golpearlo y revivir acusaciones de la oposición.

Rancho de Teuchitlán, un “centro de exterminio”

Ayer, durante el primer día de búsqueda conjunta entre autoridades y el colectivo Guerreros Buscadores Jalisco en el rancho Izaguirre en Teuchitlán se encontró un posible cuarto horno crematorio para inhumación clandestina.

Desde el 5 de marzo, el colectivo reportó el hallazgo de al menos tres hornos crematorios clandestinos, así como de segmentos óseos calcinados en el Rancho Izaguirre.

El rancho fue cateado previamente, el 18 de septiembre de 2024, por elementos de la Guardia Nacional. Sin embargo, en ese entonces sólo se reportó la localización de dos personas privadas de la libertad y de un cadáver cubierto con plástico. Diez personas fueron detenidas y vinculadas a proceso por estos hechos.

Por la zona donde se ubica el predio y los testimonios obtenidos de presuntas víctimas se presume que pudo haber sido utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como un “campo de reclutamiento y exterminio” al menos desde 2018 y que si pudo operar por varios años fue gracias a la colusión con autoridades.

Buscan ampliar trabajo en alrededores, denuncias señalan 200 cuerpos

Al término de la primera jornada de búsqueda, sólo uno de los seis puntos de interés para el colectivo fueron revisados. En los siguientes días, los Guerreros Buscadores de Jalisco pretenden que un punto a revisar sea los alrededores del predio.

De acuerdo con llamadas anónimas y mensajes enviados a su página de Facebook,  podría haber más de 200 cuerpos enterrados en los alrededores.

“Hubo una llamada anónima que nos decía que en un solo punto íbamos a hallar arriba de 200 cuerpos. Que una persona que estuvo en su momento pues aquí reclutada, privada de su libertad, en prisión. Sí, enterrados, sin calcinar”, contó una de las integrantes del colectivo.

🔴#Ahora | La Comisión de @Busqueda_MX y el colectivo @GuerrerosJalisc realizan labores en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.

"Debido al hallazgo, se nos ha hecho llegar muchísima información a la página (de Facebook) sobre puntos certeros dentro del rancho, entonces… pic.twitter.com/xjF6ASZN6n

— Animal Político (@Pajaropolitico) March 13, 2025

Llaman a partidos políticos a mantenerse al margen de convocatoria a luto nacional

Tras la difusión de dos comunicados del colectivo Huellas de la memoria para llamar a los partidos políticos a que se abstengan de utilizar o participar en las convocatorias que se han hecho en alrededor de 20 estados para actos de luto nacional la tarde del próximo sábado 15 de marzo, Alfredo López, de esta agrupación, enfatiza en entrevista que los colectivos y familias no quieren nada de los partidos políticos, ni siquiera su presencia. 

“Lo que no queremos, con toda claridad, es a los políticos carroñeros de uno y otro bando, de Morena, de PT, de todos los que mencionamos ahí para que no se monten en el dolor y en la tragedia de las familias. Eso es lo que hicieron en otros tiempos y no queremos que nuestras acciones, específicamente la del sábado en todo el país, sean usadas por otros grupos político electorales para golpear al gobierno; si quieren golpearlo, que lo golpeen, pero que no usen el dolor de las familias”, sostiene.

Se refiere al texto difundido la mañana de este jueves, en el que, tras la primera advertencia que –señalaron las familias– no fue atendida, se difundió que personas pertenecientes al Movimiento Nacional por la Esperanza, organización vinculada a Morena, se acercaron a colectivos de familiares en la Ciudad de México para ofrecer mobiliario, carpas y sillas por parte de René Bejarano y de Dolores Padierna. 

Al día siguiente, recibieron una oferta similar de personas cercanas al exsenador Emilio Álvarez Icaza, vinculado al Frente Cívico Nacional y a Somos México, “junto con Guadalupe Acosta Naranjo, Fernando Belaunzarán del extinto PRD, Gustavo Madero, del PAN, entre mucho otros impresentables que hoy, según la coyuntura, se hacen pasar por ‘sociedad civil’ para aprovechar acciones de protesta”, se señaló en el comunicado. 

López criticó que los anteriores gobiernos no hayan mandado mensajes de castigo a quienes fueron responsables de diversas masacres, pues hoy se pueden cometer toda clase de delitos y asesinatos con la certeza de que no va a pasar nada. “Son toda esa gente que ya gobernó, y ya nos dejó parte del infierno que estamos viviendo, es decir, nosotros con toda claridad les dijimos que no queremos que ni se presenten”, remarca.

El activista hizo énfasis en que la convocatoria se lanzó, junto con familiares, en un principio para el Zócalo capitalino el sábado a las 5 de la tarde; sin embargo, una cascada de estados empezó a sumarse. Hasta ahora, colectivos de Jalisco, Nuevo León, Estado de México, Morelos, Guerrero, Puebla, Chihuahua, Coahuila, Chiapas, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Oaxaca, Hidalgo, Nayarit, Aguascalientes, Yucatán, Veracruz, Zacatecas, Colima, Sinaloa, Baja California, Tamaulipas, el consulado de México en Barcelona y la embajada de México en San Francisco han replicado la convocatoria para el mismo sábado y otros días.

La detención se llevó a cabo por personal del gabinete de seguridad, que integra la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, SSPC, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

El reporte del mismo Instituto señala que el 18% de todos los desaparecidos son jóvenes (mujeres y hombres) entre los 0 y 19 años de edad. Esto, pese a la negativa a aceptar la altísima cifra por parte del Gobierno de México, el presente o el anterior, es un hecho visible en la manifestación y la información que cada día comparten organismos de la sociedad civil, colectivos de búsqueda de personas o familiares de víctimas.

Madres, padres, hermanas y hermanos buscadores de personas en todo el país, han localizado a los suyos en narcofosas, enterrados en parajes y patios, y ahora, se sabe después del descubrimiento el 6 de marzo del llamado campo de exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, a unos kilómetros de la Capital, en restos de huesos cuyos cuerpos fueron cremados.

Cuando por su “métrica” política y su característico capricho presidencial, Andrés Manuel López Obrador eliminó desaparecidos del registro nacional, lo hizo argumentando que las estadísticas no estaban actualizadas, considerando las personas localizadas con vida. Cierta y desafortunadamente son las menos, sin embargo, se van sumando a la cifra los desaparecidos de cada año que se cuentan entre 13 mil y 15 mil.

El Cártel Jalisco Nueva Generación u otras organizaciones criminales como Cártel de Sinaloa, en su momento Los Zetas o el Cártel Arellano Félix (CAF), han empleado a lo largo de su siempre impune trayectoria criminal, métodos indistintos e insanos para deshacerse de sus enemigos, de los que consideran traidores a su causa delincuencia, o de aquellos que por afrentas personales o caprichos desaparecen de la tierra.

En Baja California, en los tiempos en que la seguridad del Estado estaba coordinada por el Ejército Mexicano, con generales como Sergio Aponte Polito o Alfonso Duarte Múgica, fueron descubiertas no sólo fosas clandestinas en las cuales se ocultaban cuerpos masacrados; también crematorios clandestinos en Tijuana en zonas de dominancia criminal del CAF, e inolvidable y aberrante el caso de Santiago Meza López alias El Pozolero, quien colaboraba de manera criminal con Teodoro García Simental alias El Teo, tanto cuando éste fue parte de las filas de la organización criminal Arellano Félix, o cuando se escindió y se refugió en el Cártel de Sinaloa.

Al Pozolero se les adjudica la horrífica hazaña de haber disuelto más de 300 cuerpos en ácido, personas cuya vida había sido arrebatada con violencia debido a una afrenta con los narcotraficantes, y cuyos cuerpos le eran llevados para deshacerse de ellos, sumergiéndolos en ácido en grandes contenedores ex profeso para ello; de ahí el macabro mote que le adjudicaron. Toda su actividad criminal la llevaba a cabo en un predio conocido como La Gallera, en una zona ejidal de Tijuana.

Meza López realizó esa actividad durante por lo menos nueve años, de 2000 a 2009, hasta que fue detenido en un operativo militar que, de hecho, tenía por objetivo aprehender al Teo cuando se encontraba realizando algún festejo en un lugar de veraneo en la costa tijuanense; el capo fue advertido que iban por él y alcanzó a huir del sitio, dejando atrás a algunos cómplices, como al Pozolero, quien estaba ebrio al momento de su arresto.

El campo de exterminio del CJNG también tenía por lo menos diez años funcionando. Testigos de los terribles hechos que ahí sucedieron han confiado a buscadores de personas las condiciones en que llegaron al Rancho Izaguirre y los momentos de terror que vivieron. La gran mayoría eran jóvenes que atendieron convocatorias de ofertas de trabajo.

Confiados en la oportunidad de tener una actividad que les devengara en un salario entre los 2 mil y 4 mil pesos, acudían a las citas sólo para ser privados de su libertad y llevados al Rancho del CJNG, donde a la fuerza, a base de tortura física y psicológica, eran concentrados para adiestrarlos en la criminalidad y ser reclutados del cártel. Golpes, privación de alimentos y de la libertad, obligados a matar y a ver morir, capacitados en el tiro con arma y otras suertes criminales de contención física, muchos perdieron la vida al negarse a ser parte del fenómeno del narcotráfico, y otros tantos por capricho.

En el rancho de Jalisco, el colectivo de Buscadores Guerreros localizó por lo menos tres crematorios clandestinos, zonas de adiestramiento, hechizas construcciones para mantener privadas de la libertad a las personas y lotes de restos de huesos enterrados en cinco zonas del predio.

Tanto el Rancho Izaguirre en Jalisco, como La Gallera en Tijuana, fue el destino fatal, final, de miles de desaparecidos que aún son buscados por sus familiares y por colectivos, y cuya desaparición es ignorada por gobiernos insensibles y carentes de compromiso con sus sociedades, como el que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el país, o Marina Ávila Olmeda en Baja California, o ahora Pablo Lemus en Jalisco.

En Baja California se ha negado de manera sistemática el apoyo institucional a los colectivos buscadores, quienes arriesgan la vida y la tranquilidad, al adentrarse en zonas agrestes en Tecate, Tijuana, Valle de Mexicali, la costa de Ensenada o en Rosarito, para buscar cuerpos en narcofosas. Ni la Fiscalía General del Estado, ni la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los apoyan con herramientas para hacer excavaciones o especialistas para el tratamiento de los restos localizados, no lo hacen hasta que son evidenciados, sea en redes sociales o en medios de comunicación, cuando los buscadores comparten sus macabros hallazgos. Entonces sí, ya obligados por una presión social, los gobiernos entran “a la investigación” y el rescate de cuerpos y restos.

Así sucedió en Jalisco, luego que se conoció que en septiembre de 2024, autoridades de aquella entidad tuvieron conocimiento y “catearon” el Rancho Izaguirre, liberando por entonces a personas que se encontraban secuestradas, pero no vieron lo que los buscadores encontraron el 6 de marzo de 2025: miles de restos de huesos humanos y cientos de objetos y artículos personales de los desaparecidos, ropa, mochilas, chamarras, muchos pares de zapatos, todo de lo que fueron despojados para quitarles la vida.

Que El Pozolero actuara contra la vida durante nueve años, o que el campo de exterminio del CJNG estuviese activo durante una década, no refleja la impunidad de los grupos del narcotráfico en México o el destino fatal de los desaparecidos, también, la ausencia de compromiso por parte de los gobiernos para combatir a los cárteles de la droga y de una sociedad que pasivamente parece acostumbrarse a la muerte a manos del crimen.

¿Reconociendo prendas?

Respecto a los hallazgos recientes, mencionó que la localización de prendas de vestir, objetos  y restos humanos fragmentados incrementa la preocupación de las familias, ya que algunas han dicho que han reconocido algunas, pero deberá verificarse.

Explicó que han logrado saber de prácticas en las que hay rotación de vestimentas entre las personas recluidas o incluso de sus captores.

“Esto nos lleva a a saber que entre ellos, por alguna razón, se cambiaron la ropa o les quitaron la ropa. Quizá porque traían una ropa de marca bonita, nueva, les quitaron la ropa”.

Ante ello, Garay Cázares afirmó que el hecho de identificar una prenda, no necesariamente revela la situación actual de sus familiares.

“El hecho de que encontremos una prenda, que encontremos algún indicio, no es seguridad de que sea nuestro ser querido. Posiblemente estuvo ahí y ahí quedó esa prenda, pueden ser muchas razones, pero es muy posible que se localicen prendas”.

Subrayó que la presencia de cientos de zapatos y otros restos en el sitio es “gravísima” y evidencia la magnitud del problema.

Sobre la negación de la Fiscalía de Jalisco respecto a la existencia de hornos en la zona, tal como lo ha documentado el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco desde el 5 de marzo, Garay Cázarez aseguró que esta situación es recurrente en otros  estados.

“Encontramos algo y lo estamos demostrando y estamos documentando lo que estamos encontrando y fiscalía o las autoridades buscan la manera de hacernos quedar como mentirosas“, denunció.

Finalmente, la ex consejera del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda (CNC-SNB) señaló la necesidad de que se reactive el Sistema y el Consejo Nacional de Búsqueda, los cuales actualmente no están funcionando, para dar seguimiento y observación a este tipo de casos, respecto a la actuación de las autoridades, principalmente.

“Lamentablemente el día de hoy se confirmó el hallazgo sin vida de Irán “N” a un costado de la carretera estatal Victoria-Xichú. El Ministerio Público continúa con las diligencias necesarias para determinar las circunstancias del hecho, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia”, señaló la Fiscalía estatal.

Añadió que, ante la denuncia por la desaparición de Villarreal Belmont en el municipio San Luis de la Paz, se inició la carpeta de investigación y se activó de manera inmediata el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.

Además, dijo, se implementó el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con el objetivo de esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia, apegado a las formalidades esenciales que el caso requiere.

El alcalde de San Luis de la Paz, Rubén Urías Ruiz, condenó el asesinato de Villarreal Belmont, y añadió que se trabajará en conjunto con la Fiscalía para aportar los recursos que sean necesarios.

“Hacemos un firme llamado a la Fiscalía General del Estado para que agilice las investigaciones, identifique y lleve ante la justicia a los responsables de este lamentable hecho. Como administración pondremos todos nuestros recursos a disposición para contribuir con las indagatorias”.

Proceso tuvo acceso al expediente que la FGR recibió de las autoridades del municipio de Ecatepec de Morelos, cuyo folio es 02/06/2024, y que se realizó para identificar a los grupos criminales dedicados a este ilícito. La autoridad federal estableció que 10 organizaciones criminales se dedican a la venta de drogas al menudeo, la extorsión, al sicariato y al robo de gas, y estas mismas estructuras utilizan a las gaseras clandestinas para blanquear efectivo.

Los alcaldes solicitan la intervención de las autoridades federales, pues reconocen que el problema “los rebasa”, ya que con la policía municipal y sus recursos no es suficiente para combatir a los criminales, que los superan en armas. Además, aseguran, con sus grandes recursos financieros los criminales corrompen a todos, incluso a los encargados de Protección Civil del Estado de México.

Fernando Avendaño, administrador de una estación legalmente establecida en Ecatepec, señala: “Es un tema que rebasa al municipio. La alcaldesa Azucena Cisneros trata de hacer lo que está en sus posibilidades, pero estamos hablando ya de crimen organizado. Ella clausura 30 gaseras y salen 60 más. Sabemos que hay amenazas e intimidaciones porque es un negocio millonario. Esto afecta a las empresas legalmente establecidas, y no sólo eso, también pone en riesgo a la población, pues se siguen registrando explosiones en esas gaseras clandestinas.

“De ahí la importancia de que las autoridades estatales y federales entren a este tema. Lo hemos denunciado también, es un tema de Protección Civil estatal, pero el titular de esa dependencia, Adrián Hernández Romero, debe estar coludido, o al menos su personal, porque todo pasa ante sus narices. De hecho no participaron en las clausuras que hizo la alcaldesa, y ahí se ve el nivel de corrupción que tienen”, expuso Avendaño.

Cártel del Gaschicoleo

La radiografía detalla que estos grupos roban las pipas que traen el gas (LP) de Veracruz y Puebla, en las carretera del Arco Norte, ahí las “ordeñan”, es decir, bombean el energético de una pipa a otra, dejando sólo el cascaron del pesado vehículo. Ese gas es el que venden en las gaseras clandestinas a 10 pesos el litro, cuando en las gaseras legales está a 12 en promedio. En algunos casos, según el documento, se usan predios que rentan y despachan desde los tanques de 5 mil litros conocidos como “salchichas”, lo que representa un peligro de explosión para la comunidad.

En el documento entregado a la FGR se revelan los prestanombres, los edificios y predios utilizados para instalar las gaseras, también las cuentas bancarias y los nombres de negocios utilizados para el blanqueo de efectivo.

Asimismo los vehículos pesados para transportar el gas, los “gestores” para abrir las gaseras clandestinas, que facilitan los trámites y permisos en cada municipio, los “representantes” que se encargan de sobornar a personal de Protección Civil mexiquense, además del personal que despacha el gas, que impide que se realicen los trabajos de inspección y amedrentan a los vecinos que protestan para que no se instalen estas gaseras irregulares.

De los grupos criminales identificados, se sabe que la Chokiza, Los Ubers, Los Vampis y Los Makiavélicos cuentan con la infraestructura suficiente para hacer crecer más este negocio.

Denuncias

Adelantó que la próxima semana, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, acudirá a la conferencia presidencial para dar detalles de lo que ha ocurrido desde septiembre pasado, cuando se registraron detenciones en el sitio.

Sobre si se llamaría a declarar al exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, la presidenta apuntó que “nuestro interés no es político en este caso, sino tiene que ver con la verdad y la justicia. Antes que nada, la verdad y el deslinde de responsabilidades”.

El jueves 13 de marzo, la Comisión de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República entraron al rancho Izaguirre, en coordinación con la fiscalía estatal, para realizar una investigación a fondo y el deslinde de responsabilidades, dijo la mandataria.

Sheinbaum hizo una crítica en torno a las versiones que han surgido sobre los hallazgos en el rancho Izaguirre ubicado en Estanzuela, Teuchitlán, inmueble que ya está resguardado por policías locales.

“Lean hoy a todos estos comentócratas -y no estoy minimizando para que no se mal entienda el tema de apoyar a los familiares de personas desaparecidos- hablan de quién sabe cuánta cosa que hay en el predio, a partir de una fotografía y algunos testimonios”.

Su gobierno, aseguró, siempre estará cerca de las víctimas, “repito: nuestra solidaridad siempre con las víctimas de familiares de desaparecidos y el trabajo que estamos haciendo para poder apoyar en la búsqueda y al mismo tiempo que este delito tan terrible disminuya”.

De nuevo, la presidenta se refirió a que “es falso, es mentira que haya más desparecidos que homicidios en estos días, que es la versión de (Carlos) Loret de Mola”. 

Dijo que es necesario que se sepan la posición de su gobierno: “A los colectivos, a los buscadores: ahí está la Secretaría de Gobernación y la Comisión de Búsqueda para apoyar en todo lo que se requiere y la transparencia en información”.

Para hacer promoción a la elección judicial, el vicecoordinador de los diputados morenistas aprovechará lo que él llama un “ejército claudista”, es decir, la misma estructura que impulsó la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum y que luego apoyó la postulación de Luisa María Alcalde como presidenta nacional de Morena.

Para echar andar su maquinaria de difusión, Morena contará con el apoyo de sindicatos de trabajadores de la salud, telefonistas, electricistas, ferrocarrileros y hasta de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), organización que antaño fue aliada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuando era la fuerza política dominante del país.

A todos ellos se sumarán cámaras industriales e incluso el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), luego de que su presidente, Francisco Cervantes, se reuniera con Ramírez Cuéllar para pactar su participación en la estrategia.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prohíbe que los partidos políticos hagan campaña a favor de algún candidato. Tampoco permite que los servidores públicos utilicen recursos públicos para hacer promoción del proceso electoral.

“Nosotros no tenemos ningún financiamiento, aquí no hay partidos ni nada, somos pura sociedad civil, estamos cumpliendo la regla de que los partidos no se involucren, yo estoy actuando más como persona, como ciudadano interesado en que la elección judicial sea un éxito”, expresa Cuéllar al ser cuestionado sobre la estrategia de difusión.

Construyendo Justicia se organiza para difundir la elección judicial

Construyendo Justicia es una organización que deriva de otra llamada Construyendo el Segundo Piso, conformada por personas cercanas a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al diputado Alfonso Ramírez Cuéllar lo acompañan, por ejemplo, la senadora María Guadalupe Chavira, el senador Raúl Morón, las diputadas Olegaria Carrasco y Gloria Sánchez, además del diputado Alejandro Carbajal.

Leonel Godoy, quien fue el coordinador de campaña presidencial del hoy senador Adán Augusto López Hernandez, también estuvo presente en el arranque de los trabajos de la organización Construyendo Justicia.

Presidentes municipales y líderes de Morena a nivel estatal complementan la lista de las personas que trabajarán en la movilización de 20 millones de votantes para la elección del 1 de junio, para lo cual ya empezaron a conformar comités en cada entidad de la República.

Cada comité deberá llevar un registro de cuántas personas han sido “sensibilizadas” para medir el éxito de la campaña de difusión, de acuerdo a lo que se comentó en una reunión del miércoles 12 de marzo a la que este medio pudo acceder.

La organización morenista tiene planeado empezar en lo inmediato con la promoción de la reforma judicial y no parará hasta el último día de mayo, según lo dicho por Alfonso Ramírez Cuéllar, pues acepta que la mayoría de la población no conoce la elección judicial.

“Estamos muy preocupados porque el nivel de conocimiento es muy escaso, hemos notado un enorme desconocimiento y estamos obligados a que la gente conozca qué es lo que se va elegir, cuándo se va a elegir, cómo se va a elegir. Necesitamos que la elección del Poder Judicial sea muy amplia para que le pueda dar legitimidad”, señala el líder morenista.

Construyendo Justicia habilitó una página de internet para que sus comités la difundan. En el sitio web hay una explicación de qué es la reforma judicial, por qué debe participar la población y los cargos que se elegirán. Adicionalmente, a partir del 30 de marzo tendrá disponible una sección con los nombres de las candidaturas.

Niegan morenistas inclinar balanza a favor de candidatos de su movimiento

Morena no cede en sus esfuerzos por difundir información sobre la elección judicial del próximo 1 de junio. Un ejemplo de esto es que el partido imprimirá 100 mil folletos de 14 páginas para dar a conocer el proceso a la población.

Ricardo Monreal, coordinador de los diputados federales de Morena, también presentó su propio folleto con información relacionada a la elección judicial.

Los esfuerzos de Morena han generado polémica debido a que hay candidaturas cercanas al partido, por ejemplo, las tres aspirantes a ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.

Hasta ahora, la organización Construyendo Justicia se ha limitado a difundir la elección judicial del 1 de junio sin hacer alusión a alguna candidatura en específico, algo que seguirán manteniendo, según Alfonso Ramírez Cuéllar.

“Nosotros lo único que estamos abocados es a difundir la elección, informar qué es lo que se va a elegir, dar conferencias en las universidades, en las organizaciones sindicales”, concluyó el legislador morenista.

Tras la agresión, llegaron a una base de la Guardia Nacional donde había elementos vestidos de civiles que en un primer momento los arrodillaron y tiraron al suelo para luego auxiliarlos y trasladarlos a una clínica. 

Posteriormente las víctimas fueron trasladadas al Hospital Sur de Chilpancingo. En las inmediaciones se desplegó un fuerte operativo con elementos de la Guardia Nacional, así como de la Policía Estatal y Municipal.

Desde ahí, el alcalde aseguró que se trató de un “ataque directo” y aunque desconoce los motivos, declaró que al encabezar la protesta multitudinaria del pasado 4 de marzo en Chilpancingo “se tocó varios intereses con grupos delictivos, con el propio gobierno estatal y federal”. 

Según indicó, ese mismo día recibió una llamada anónima con una amenaza de muerte, misma que fue notificada al coordinador de la Paz con sede en la Montaña Baja. Fue por eso que viajaba en una camioneta blindada para su seguridad.

Asimismo, denunció haber recibido amenazas previas de un grupo delictivo que opera en la localidad de Huitzapula. 

“El que nada debe, nada teme”, dijo en entrevista con medios y aseguró que ejerce una representación de liderazgo en 15 municipios de Guerrero que son un ejemplo en seguridad.

Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Gobierno de Guerrero, informó que tras estos hechos se activó un protocolo de atención de manera inmediata, mientras que la gobernadora, Evelyn Salgado, instruyó brindar la atención pertinente. 

“El señor presidente municipal se encuentra bien, no está lesionado, no está herido, se le está dando acompañamiento del cuerpo de Seguridad Pública del estado de Guerrero que es la Policía Estatal”, dijo el funcionario. 

Por su parte, el alcalde informó que ya presentó la respectiva denuncia ante la Fiscalía General del Estado y que obtuvo medidas cautelares. 

Guillermo Matías Marrón lleva apenas cinco meses en el gobierno. Asumió la presidencia municipal de Atlixtac en octubre de 2024 tras obtener el triunfo en las elecciones de ese mismo año como candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La fiscalía explicó que el gobierno de Morelos presentó la denuncia penal, donde se integró una carpeta de investigación, con la que solicitaron una Orden de Aprehensión contra el exservidor público, misma que fue otorgada por el Juez de Control.

“A pesar de ser buscado no ha sido localizado para ejecutar dicho mandato judicial, se solicita la colaboración del público en general”, se lee en la publicación. 

LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DE MORELOS EMITE FICHA DE BÚSQUEDA Y RECOMPENSA PARA APREHENDER AL EXDIRECTOR DEL FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

• Se recompensará con 1000 UMAS a quien aporte información útil, veraz y oportuna para cumplimentar Orden de Aprehensión girada por un… pic.twitter.com/SltJMYglUE

— Fiscalía Anticorrupción Morelos (@FECC_MORELOS) March 12, 2025

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de marzo, cuando Pérez Santes fue detenido por la Policía Municipal y trasladado a la comandancia. Según denuncias del colectivo y familiares, durante su detención fue brutalmente golpeado por los oficiales.  

La fiscalía confirmó que fue presuntamente golpeado por Edgar Jesús “N” y Yordanka Janeth “N”. Un día después, tras su liberación, se dirigió a su domicilio, donde perdió la vida a causa de las lesiones provocadas durante su detención. 

 

El Colectivo María Herrera emitió un pronunciamiento en el que repudió la actuación de la comandancia de policía de Poza Rica y de su titular por permitir y no evitar la golpiza a su compañero. Además, señalaron la complicidad y negligencia del personal médico de la comandancia al no brindar atención médica urgente e inmediata a Pérez Santes.  

 

Tras días de exigencia de justicia por parte de colectivos y familiares, la FGE informó que los dos policías fueron aprehendidos por elementos de la Policía Ministerial en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y presentados ante un juez, quien definirá su situación legal. 

 

El caso de Pérez Santes ha generado indignación entre activistas y familiares de personas desaparecidas, quienes señalan que su detención y muerte son responsabilidad del Estado.

Este despliegue coordinado entre organismos estatales y corporaciones federales se efectuó para ejecutar dos órdenes de cateo concedidas por el juez de Control, llevados a cabo en diferentes puntos de Santa Cruz Huatulco.