El Partido Acción Nacional (PAN) afirmó esta mañana que varios senadores de oposición y de Morena fueron amedrentados contra “sus verdaderas convicciones” para votar a favor del nuevo dictamen con proyecto de decreto que extiende la permanencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública.

A través de un comunicado, el blanquiazul aseguró que se mantendrá firme en evitar que se continúe violando la Constitución y que con ello “se consolide la militarización del país” a pesar de que “el Gobierno de Morena obtenga la mayoría calificada del Senado con ofrecimientos, amenazas y pactos de impunidad”.

Un Juez ha otorgado la suspensión provisional al fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Erick Valencia Salazar, alias “El 85”, para frenar por el momento su extradición a Estados Unidos.

El magistrado ha concedido este recurso a favor de Valencia, para que no se apliquen los artículos relacionados en la Ley de Extradición Internacional, ni el tratado de extradición entre México y Estado Unidos, ha informado el periódico Milenio.

El defensor binnizá Ismael Luis López, opositor al Corredor Transístmico en San Blas Atempa, Oaxaca, fue insultado, golpeado y amenazado de muerte por órdenes del nuevo representante impuesto del Comisariado de Bienes Comunales, Octavio Morales Toledo, denunciaron la Asamblea Comunitaria de Puente Madera y la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT).

Las asambleas explicaron que el pasado 30 de septiembre, López fue interceptado en la comunidad por Morales, quien ordenó a sus acompañantes agredir al defensor cuando se encontraba realizando labores de albañilería, «tirándolo al suelo y diciéndole que el Parque Industrial, que forma parte de los PODEBIS del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, se va a ejecutar porque él ahora es la autoridad y que el pueblo de Puente Madera no va a impedir que este Parque Industrial se lleve a cabo».

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, celebró los cambios hechos por comisiones del Senado al dictamen para extender la presencia del Ejército en las calles hasta 2028, y que hoy se llevará al Pleno.

“Los cambios son positivos, son bienvenidos”, dijo al salir de una reunión con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal.

Blanca Gallardo fue asesinada esta mañana de, al menos, 10 disparos de arma de fuego en la Unidad Habitacional Villa Frontera, al norte de la ciudad de Puebla. Desde enero de 2021 dedicó los últimos meses de su vida a buscar a su hija Betzabé Alvarado, quien desapareció en esa misma colonia junto a su amiga Fabiola.

De acuerdo con información proporcionada a Ambas Manos, la señora Blanca salió muy temprano de su casa porque se dirigía a trabajar al municipio de San Martín Texmelucan. Sin embargo, mientras esperaba el transporte público, en la 100 Poniente y 9 Norte, fue interceptada por hombres armados que abrieron fuego en su contra en múltiples ocasiones y luego huyeron a bordo de una motocicleta.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que “no es cierto” que su Gobierno espíe a opositores y a periodistas, como denunciaron ayer, y pidió que quien tenga pruebas, “que las presente ante las autoridades competentes”.

En los reportes generales de seguridad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los movimientos de mujeres tienen su propio apartado. De acuerdo con documentos hechos públicos por el grupo de hackers llamado “Guacamaya”, elementos del Ejército realizan un seguimiento cercano a las manifestantes, de quienes tienen fotografías y videos.

El Gobierno de México planteó llevar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la demanda que interpuso en contra de empresas de armas en Estados Unidos —a quienes señala por ser negligentes en la fabricación, distribución y venta de armas— luego de que el viernes pasado un juez federal de aquel país determinó desestimar dicho recurso.

Dos exfuncionario más fueron vinculados a proceso por el colapso de la Línea 12 del Metro, ocurrido el 3 de mayo de 2021.

El juez de control determinó abrir un proceso contra el exdirector responsable de obra para la construcción de la Línea 12, Guillermo Leonardo Alcázar, y contra el exsubdirector de obras civil, Héctor Rosas Troncoso, por su presunta participación en los delitos de homicidio culposo, lesiones y daño a la propiedad.

Fuera del documento, una semana después acusó al excomandante del 27 Batallón de Infantería, José Rodríguez Pérez, de ordenar el asesinato y desaparición de seis normalistas. Encinas exime a cualquier otro mando.

Mediante una serie de cartas al presidente Andrés Manuel López Obrador, el general Luis Crescencio Sandoval ha tratado de influir en el desarrollo de las investigaciones oficiales sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa; en una descalificó una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que buscaba investigar a soldados del 27º Batallón de Infantería, y en otra defendió al capitán José Martínez Crespo, detenido por su presunta vinculación con el grupo Guerreros Unidos.

Entre los millones de documentos de la Sedena que fueron extraídos por el colectivo de hacktivistas Guacamaya y que Proceso pudo consultar, destaca una carta fechada el 18 de enero de 2021, en la cual Sandoval planteó a López Obrador que el capitán “negó su participación en los eventos realizados por un grupo de la delincuencia organizada en contra de los 43 estudiantes”, y le dijo que “el proceso que se le sigue está basado únicamente en dos referencias”.

El Tercer Tribunal Colegiado del vigésimo noveno circuito, con sede en Hidalgo, determinó no amparar a Adriana Sosa Cravioto, hija de Gerardo Sosa Castelán, jefe político de la Universidad Autónoma de ese estado (UAEH), quien se quejaba por congelamiento ilegal de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero que involucra a la familia Sosa.

Con base en el rastreo de movimientos financieros que realizó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) que forman parte de la causa penal 263/2020 -con Gerardo Sosa como presunto autor principal de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos, y en el que sus hijas Adriana y Ana Carmen son coacusadas-, las hermanas Sosa Cravioto recibieron transferencias de una empresa fachada Contabilidad del Siglo XXI, que, junto con cuatro despachos contables, se encargaban de dispersar recursos del erario universitario.

A solo unos metros de la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, con el semblante serio y vestimenta militar, una mujer de aproximadamente 65 años de edad miraba cómo cientos de estudiantes se organizaban para iniciar la marcha por los 54 años de la matanza del 2 de octubre de 1968.

Se mantuvo inmóvil hasta que el Comité 68 comenzó a avanzar y a gritar consignas. Fue justo en ese momento cuando ella decidió también actuar. Lentamente, levantó su puño derecho envuelto en un guante blanco y lo comenzó a abrir poco a poco, solo para dejar notar que su interior estaba manchado de rojo.

Las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado aprobaron este lunes un nuevo dictamen de la reforma que plantea extender hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

El documento quedó aprobado en una votación dividida —de 19 a favor por 10 en contra y una abstención— y se prevé que este martes pase al pleno a discusión y votación.

La sargento Adarely F.J. denunció a un mando superior de haberla agredido sexualmente y en lugar de justicia encontró revictimización del Ejército. Los testigos le dieron la espalda. El presunto agresor cayó en contradicciones. El abuso sexual fue encubierto. 

El pasado 19 de septiembre, la jueza militar de control de la Séptima Región determinó la no vinculación a proceso por el delito de abuso sexual del teniente coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor, Dorian P.T., superior jerárquico de la sargento, por no encontrar datos de prueba que acreditaran la presencia del militar en el cuartel el día y lugar de los hechos, el 23 de abril de 2022.

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el acuerdo para reforzar el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), con el que se busca que la canasta de 24 productos se quede en un costo de mil 39 pesos hasta el 28 de febrero de 2023.

El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, consideró que durante la primera quincena de septiembre de 2022 la inflación se ubicó en 8.8%, aunque en gasolinas se ha logrado neutralizar los costos.

A dos años de la toma del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), hoy Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, «no ha habido respuesta del gobierno local y federal a nuestras demandas», denunció la comunidad otomí residente en la Ciudad de México.

En la invitación a celebrar el segundo aniversario de la toma, el próximo 12 de octubre, los otomís señalaron que a pesar de que el gobierno de Claudia Cheinbaum se comprometió a expropiar el predio Roma 18 – Londres 7 en la colonia Juárez, sólo ha habido «puras simulaciones», y que si bien se expropió el edificio Zacatecas 74, «en dos años no hay el mínimo avance en la construcción de una vivienda digna y decorosa, mucho menos lo habrá con relación al trabajo, salud, alimentación, educación, democracia, libertad y justicia».

Organizaciones de la sociedad y víctimas del programa Pegasus durante la administración de Andrés Manuel López Obrador presentarán una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el delito de intervención ilegal de sus comunicaciones.

Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, afirmó que hay desconfianza a la FGR porque no ha esclarecido el espionaje denunciado contra periodistas y activistas desde 2017.

La defensa particular del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo remitió un escrito vía electrónica al Juez de Amparo en Materia Penal del Estado de Jalisco que conoce de su demanda de garantías por tortura psicológica para reclamar el incumplimiento a la suspensión de plano que fue concedida al capo y ofreció algunas documentales como prueba.

Entre esas pruebas resaltan aspectos de interés como el señalamiento de la Fiscalía General de la Republica (FGR) que la empresa que proporcionó el brazalete electrónico para el monitoreo del ex líder del Cártel de Guadalajara “no cuenta con permiso”, lo que echaría por tierra la versión de que el dispositivo no funciona.