El presidente del Grupo Salinas se queda cada día con menos posibilidades de enfrentarse y ganar la guerra que sostiene con el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien le ha cerrado la llave de los contratos y las argucias legales para no pagar sus deudas fiscales.
A partir de 2024, año del pleito abierto y público con López Obrador, las dependencias federales dejaron de entregar grandes contratos de publicidad oficial a TV Azteca, a pesar de que durante los cinco años anteriores la televisora del Ajusco fue el segundo medio más beneficiado por publicidad oficial, debajo de Televisa y encima de La Jornada, como lo documentó la organización Artículo 19 este jueves 23.
Tras la pelea con López Obrador, el gobierno contrató mucho menos a las empresas del magnate (Total Play y Azteca Seguros, sobre todo) y Pemex frenó los pagos a Typhoon Offshore, la empresa petrolera de Salinas Pliego que vivió un auge en contratos públicos durante los primeros años del sexenio de López Obrador, cuando recibió licitaciones por al menos 42 mil 790 millones de pesos.
De acuerdo con el medio especializado Global Energy, Typhoon Offshore suspendió temporalmente sus actividades de mantenimiento a pozos marinos y a instalaciones costa afuera debido a la falta de pagos de Pemex –que estima en 960 millones de dólares–, e incluso inició el desmantelamiento de sus campamentos, frentes y equipos el pasado 17 de octubre.
De hecho, la mala racha de Salinas Pliego continuó con la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo al poder: la mandataria rechazó una solicitud de Salinas Pliego a negociar los créditos fiscales de sus empresas, que se elevan a 74 mil millones de pesos, incluyendo multas y recargos, y su gobierno prolongó la sequía de contratos a las empresas de Grupo Salinas.
En el primer año del sexenio de Sheinbaum Total Play recibió apenas 106 millones de pesos de contratos, Seguros Azteca recibió 71 millones 492 mil pesos y hasta noviembre TV Azteca no aparecía como beneficiaria de contratos públicos federales en la plataforma ComprasMX.
No sólo eso: apenas el pasado miércoles 22, dos meses después de la entrada en función del nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF), el Décimo Tribunal Colegiado de Primer Circuito tumbó la suspensión otorgada por el juez Miguel Ángel Robles Villegas a TV Azteca en 2022, que consideraba que la pandemia de covid era una causa de fuerza mayor suficiente para que la televisora del Ajusco no pagara a un grupo de acreedores, que le reclaman ahora 580 millones de dólares en una corte de Nueva York.
La suspensión otorgada por el juez Robles causó sospechas: ese juez ya había otorgado suspensiones favorables –y extrañas– a empresas de Salinas Pliego. De hecho, fue cuestionada tanto como por los acreedores como por la jueza del caso, y derivó en un arbitraje internacional por presunta violación del TMEC, en el que México podría verse obligado a pagar la deuda de TV Azteca.
El jueves 23, Grupo Salinas denunció que la decisión del tribunal de invalidar su suspensión es “contraria a derecho” y no tiene “incidencia en el núcleo del debate ni implicación alguna respecto del fondo del caso”.
Este nuevo revés en el sistema judicial, donde las empresas de Grupo Salinas solían tener una fuerte influencia, se suma a la controvertida reforma a la Ley de Amparo, que busca impedir al conglomerado de Salinas Pliego dilatar durante años el pago de sus impuestos a través de un sinnúmero de amparos y de diversos recursos legales.
Apuesta riesgosa
Desde su pleito público con López Obrador, al que se solía referirse como su “amigo” durante los primeros cinco años de su sexenio, Ricardo Salinas Pliego ha asumido un papel cada vez más claro como opositor al “régimen” de Morena, lo que ha culminado en semanas recientes con la creación de un Movimiento Anticrimen y Anticorrupción, y una serie de actos que hacen pensar que podría postularse a la candidatura presidencial en 2030. Con esta estrategia afirma que las deudas fiscales de sus empresas son producto de una persecución política en su contra y denuncia una campaña orquestada por el oficialismo para doblegarlo.
La apuesta de entablar una lucha abierta contra el gobierno parece riesgosa, sobre todo para un magnate que ha construido su poder y riqueza con base en las relaciones privilegiadas que ha tejido con los presidentes de México desde hace tres décadas, pero también en sus redes de influencias en los poderes Legislativo –a través del PVEM, sobre todo– y Judicial, así como en gobiernos estatales.
La mayor parte de sus negocios deriva de concesiones públicas, que fueron obtenidas a veces de manera controvertida, desde la compra de TV Azteca, en 1993, con un préstamo oculto de Raúl Salinas de Gortari –el hermano del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, cuyo gobierno vendió la televisora–, hasta la concesión del negocio de telecomunicaciones, en el sexenio de Ernesto Zedillo, obtenida gracias a un apoyo indebido de Javier Lozano Alarcón y Carlos Ruiz Sacristán, entonces titulares de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), respectivamente.
Durante el sexenio de Vicente Fox –con el que tenía una relación cercana, gracias, entre otros, a cabilderos en el equipo del guanajuatense– Salinas Pliego pudo abrir Banco Azteca gracias a la primera licencia bancaria otorgada por el gobierno desde la crisis financiera de 1994; acto seguido, tuvo el permiso para operar una Afore, una empresa de seguros y una casa de bolsa.
En la administración de Felipe Calderón Salinas Pliego entró en el negocio energético, con la creación de Grupo Dragón –que vende energía a gobiernos locales, entre otros–, y en el de la seguridad privada, con su empresa Adamantium, que fue dirigida por el oscuro Luis Cárdenas Palomino, otrora brazo derecho de Genaro García Luna y ahora encarcelado por el delito de tortura.
Con Enrique Peña Nieto, el multimillonario incursionó en el sector petrolero, con la empresa Typhoon Offshore (creada seis días después de la aprobación de la reforma energética, junto con los contratistas de Pemex Antonio Juan Marcos Issa y los hermanos Juan y Alfredo Reynoso Durand) y logró que Pemex comprara, a sobreprecio y con irregularidades, la empresa de fertilizantes Grupo Fertinal, de la que era socio de manera secreta a través de sociedades offshore. Además, las empresas de Salinas Pliego destacaron entre las más beneficiadas del programa de condonación fiscal lanzado por el mexiquense en el arranque de su gobierno, que perdonó más de 7 mil millones de pesos.
Durante los primeros cinco años del sexenio de López Obrador, donde integró el Consejo Asesor Empresarial, Salinas Pliego tuvo una relación muy provechosa con el gobierno federal: antes de construirse las filiales del Banco del Bienestar, el gobierno distribuía los recursos de los programas sociales en Banco Azteca, lo que arrojó millones de clientes potenciales a las tiendas Elektra del magnate.
Despojado de su derecho de picaporte con la Presidencia de la República, y acorralado por una serie de derrotas en tribunales ante acreedores (en Estados Unidos y con el Servicio de Administración Tributaria en México), Salinas Pliego enfrenta probablemente la situación más delicada de su carrera empresarial, más riesgosa incluso que cuando el gobierno de Ernesto Zedillo (quien veía a Salinas Pliego con malos ojos, por considerar que era uno de los prestanombres de Carlos Salinas de Gortari) alcanzó al magnate en su investigación contra Raúl Salinas de Gortari.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
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