El 25 de octubre, habitantes y defensores acudieron al sitio para impedir la extracción del recurso, tras conocer que se reactivaron las operaciones a pesar de los compromisos de detenerlas. Los ingenieros del proyecto prometieron retirar la maquinaria y los materiales en unas horas, pero en lugar de hacerlo, el municipio envió elementos de seguridad para proteger la obra. Para la comunidad, la presencia policial evidencia que el Estado actúa en favor de los intereses empresariales y no del pueblo.
Las y los habitantes señalaron directamente a la presidenta municipal Guadalupe Ortiz, a quien acusan de mentir y traicionar al pueblo que dice gobernar. Denunciaron que mantiene acuerdos con Concesiones Integrales, empresa señalada por su responsabilidad en el despojo del agua en Puebla. Según el comunicado, Ortiz ha optado por criminalizar y reprimir la defensa del territorio mientras negocia con quienes lucran con los bienes comunes.
En el mismo pronunciamiento, la comunidad criticó las declaraciones del senador Alejandro Armenta, quien mantiene una postura ambigua frente a la concesión otorgada a Concesiones Integrales. A pesar de sus declaraciones públicas, señalaron, el partido Morena continúa encubriendo a las empresas extractivas. Con la presencia creciente de policías municipales, estatales y de la Marina, el pueblo de Xoxtla llamó a la solidaridad nacional e internacional para frenar la represión y reafirmar que la defensa del agua y la vida sigue siendo una causa legítima de los pueblos que no se venden.
COMUNICADO:
AUTOR: REDACCIÓN.
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