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Sistema de Salud de Puebla está al borde del colapso, advierte Sindicato de Trabajadores de la Salud

De acuerdo con líder sindical, familiares de pacientes cooperan para pagar casetas de autopistas, para parchar llantas o el combustible de las ambulancias. Mientras que los trabajadores se han visto forzados a hacer “coperachas” para comprar papelería, tóner de impresoras o para el internet.

Al advertir que los hospitales y clínicas del sistema de salud de Puebla se encuentra a punto de colapsar, pues no hay personal suficiente, carecen de medicamentos, insumos básicos, equipos y falta de mantenimiento a vehículos e instalaciones, el dirigente sindical, Julio Alfredo García, demandó la destitución de Carlos Olivier Pacheco, secretario de Salud en el estado. 

Cuando están por cumplirse seis meses del gobierno armentista, el líder de la Sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTA) consideró que la información sobre la crítica situación que prevalece en los servicios de salud pública no está llegando al gobernador Alejandro Armenta Mier.

Mencionó que las carencias se han hecho críticas a partir de la transición al sistema IMSS-Bienestar y llegan al grado que en muchos de los hospitales y unidades médicas no cuentan con el servicio de agua ni para tomar, ni para sanitarios y acciones de saneamiento que son indispensables en este tipo de instalaciones.   

“No tenemos lo básico, y ahorita se está agravando más la situación, nuestros hospitales están colapsando, están en una situación como nunca habían estado”, expresó el líder sindical en rueda de prensa.   

Agregó que los familiares de los pacientes son los que están cooperando para pagar casetas de autopistas, para parchar llantas o el combustible de las ambulancias. Mientras que los trabajadores se han visto forzados a hacer “coperachas” para comprar papelería, toner de impresoras o para el servicio de internet. 

“Sepan (los ciudadanos) que cuando llega una de nuestras unidades y no reciben la atención que esperan no es porque no tengamos capacidad, conocimiento o experiencia, sino es porque no tenemos con qué hacer las cosas. Carecemos de medicamentos, de insumos, de material de curación, de equipos médicos que funcionen”, denunció. 

Indicó que, por ejemplo, aunque en el presupuesto se autorizan recursos para el mantenimiento de vehículos, las ambulancias y demás unidades motrices de los hospitales se encuentra en pésimas condiciones o no sirven. "Ese dinero hay que saber dónde está", reclamó el representante. 

Agregó que tampoco se están atendiendo necesidades de mantenimiento de las instalaciones, pues muchos de los hospitales se “están cayendo” o se inundan de aguas negras cuando llueve, lo cual es un riesgo sanitario para los pacientes y personal.   

En ese sentido, el dirigente sindical pidió a los poblanos que no agredan a los trabajadores de salud, pues si no pueden prestar un servicio adecuado es porque no tienen ni lo más básico para atenderlos. 

Aparte dijo que en la mayoría de las unidades están incompletas las plantillas de trabajadores, pues, aunque se han jubilado y muerto más de 400, estas plazas no han sido cubiertas. En total estimó que hace falta la contratación de entre 2 mil y 2 mil 500 trabajadores para cubrir las necesidades de trabajo. 

“Yo hago un llamado con mucho respeto al señor gobernador para que preste atención sobre las necesidades de la secretaría”, expresó. 

Dijo que, ante el cambio del gobierno estatal, esperaron un tiempo para empezar a ver resultados, pero los funcionarios de la secretaría no han estado receptivos para dar atención a esta grave problemática.   

García leyó un pliego petitorio cuyo primer punto es demandar la salida del secretario de Salud y de otros funcionarios de esa dependencia, así como que se lleve a cabo una auditoría externa a la dependencia. 

“Creo y lo digo con respeto, que el gobernador se equivocó de persona”, declaró García. 

También pidió que se cumpla con las condiciones generales de trabajo, el pago de salarios y prestaciones a tiempo y se respete la representación sindical. 

García advirtió que, de no encontrar respuesta a este pliego petitorio para la próxima semana, convocarán a una movilización de la estructura sindical en Puebla y también en la Ciudad de México para exigir a la federación que envíen los recursos necesarios para resolver las problemáticas luego de que Puebla se incorporó al modelo IMSS-Bienestar. 

Por la noche, el gobierno de Puebla emitió un comunicado en el que señaló que, en la Secretaría de Salud, en conjunto con el IMSS-Bienestar, se mantiene “abierta la disposición al diálogo” y la atención permanente a las demandas de los trabajadores del sector salud. 

“La dependencia aclara que se trabaja de manera constante para garantizar el abasto de medicamentos e insumos, que actualmente se encuentra entre un 60 y 70 por ciento”, señaló el escrito. 

Agregó que, en el último año, IMSS-Bienestar ha contratado a más de mil 500 trabajadores en diferentes categorías, para fortalecer la atención a la población. 

“Asimismo, se aclara que no se tiene ningún reporte sobre amenazas a personal médico por parte de pacientes, producto de una supuesta negativa de atención, como se señaló recientemente”, subrayó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Operativo policíaco-militar contra defensores del agua de Xoxtla es “un acto hostil de intimidación”: NODHO

El Nodo de Derechos Humanos calificó como “un acto hostil de intimidación” el operativo que las fuerzas armadas y policiales llevaron a cabo este lunes contra los defensores del agua de San Miguel Xoxtla, Puebla, cuando participaban en un cabildo abierto para derogar toda concesión del líquido a la empresa Agua de Puebla.

El operativo, en el que participaron elementos de la Guardia Nacional, el ejército, la Marina y la policía estatal y municipal, “refleja que para las autoridades poblanas el que un pueblo defienda su agua y su territorio de la sobreexplotación y mercantilización por empresas como Concesiones Integrales (Agua de Puebla) los convierte en una fuerza hostil merecedora de intervención militar”, señaló el Nodo (NODHO) en un comunicado.

La agresión contra los defensores sucedió en el marco de la lucha que desde el pasado 28 de mayo se intensificó en la comunidad, luego de que la presidenta municipal de Xoxtla, Guadalupe Ortiz, informara públicamente la ratificación del convenio que su antecesora Guadalupe Peregrina firmó con el gobierno de Puebla, el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) y la empresa Agua de Puebla para rehabilitar el pozo 4 de la comunidad y llevar 50 por ciento de su agua a la capital del estado.

Como parte de sus acciones, la comunidad realizó este lunes un cabildo abierto para derogar todo permiso, convenio y negociación que el municipio haya tenido con la empresa, el gobierno del estado y las instituciones que pretendan extraer el agua de la comunidad, como se acordó tras una asamblea pública el pasado 30 de mayo.

El operativo, agregó el NODHO, “parece reforzar la práctica caciquil de utilizar a las fuerzas armadas y de seguridad como agentes represivos al servicio de intereses clientelares”, lo que se suma a la “constante presencia militar y policíaca que amenaza con reprimir violentamente a la movilización en San Miguel Xoxtla que exige la cancelación de los contratos de cesión de agua a empresas extractivas”.

El Nodo de Derechos Humanos manifestó su preocupación por la seguridad de los defensores del agua y exigieron a los gobiernos municipal, estatal y federal que respeten el derecho de los pueblos a decidir sobre su territorio y sus recursos.

COMUNICADO:


FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Intimidan y criminalizan a defensores del agua de Xoxtla

El pueblo de San Miguel Xoxtla, Puebla, denunció la campaña de intimidación y criminalización por parte del gobierno estatal y municipal contra los defensores que desde el 28 de mayo protestan para exigir que no se entregue el agua de la comunidad a la empresa Agua de Puebla, que busca suministrar el líquido a las zonas residenciales de la capital del estado.

«En el intento de fragmentar y deslegitimar la organización en defensa del agua pretenden aislar al municipio de Xoxtla diciendo que son otros pueblos los que se están manifestando contra el despojo de agua. Además el pasado 30 de mayo en las calles de Xoxtla hubo presencia de elementos del ejército y Guardia Nacional para intimidar a la población, con lo que se demuestra que los tres niveles de gobierno se empeñan en despojarnos y usar la fuerza pública para entregar el agua a los empresarios», señalaron los defensores en un comunicado.

La lucha de Xoxtla comenzó luego de que el pasado 12 de mayo la presidenta municipal, Guadalupe Ortiz, informara públicamente la ratificación del convenio que su antecesora Guadalupe Peregrina firmó con el gobierno de Puebla, el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) y la empresa para rehabilitar el pozo 4 de la comunidad y llevar 50 por ciento de su agua a la capital del estado.

Además de la rehabilitación, el convenio incluía la construcción de un nuevo pozo y la donación de 100 tinacos para la población. Frente a la amenaza de despojo de su agua, los pobladores de Xoxtla se organizaron en asamblea y bloquearon la carretera México-Puebla, en exigencia de la cancelación del convenio.

La presión comunitaria logró que el 30 de mayo, en presencia de regidores del ayuntamiento, se realizara otra asamblea pública, en la que se acordó que este 2 de junio se realizará un cabildo abierto para derogar todo permiso, convenio y negociación que el municipio haya tenido con la empresa, el gobierno del estado y las instituciones que pretendan extraer el agua de la comunidad. De la misma forma, se acordó que el pozo 4 quedaría inhabilitado y a resguardo de la comunidad.

«Estos acuerdos quedaron firmados por la comisión del pueblo de Xoxtla, regidores y el síndico municipal, Miguel Hernández Azucena. A raíz de este documento, el mal gobierno estatal y municipal comenzaron una campaña de criminalización y desinformación contra la comunidad de Xoxtla e integrantes del movimiento en defensa del agua», denunciaron los defensores.

En espera del cabildo público de este lunes, el Consejo reiteró que volverá a exigir la cancelación del convenio con la empresa y que mantendrá su lucha para que el agua de la comunidad se quede en el pueblo.

COMUNICADO:

Al pueblo de San Miguel Xoxtla

A los Pueblos de la Región Cholulteca

A los medios de comunicación

El pasado 12 de mayo, la presidenta municipal de San Miguel #Xoxtla, Guadalupe Ortiz, traidora del pueblo, señaló públicamente la ratificación del convenio que su antecesora, Guadalupe Ziyancan Peregrina Díaz, firmó con el gobierno del estado de Puebla, SOAPAP y la Empresa traficante de agua Concesiones Integrales Agua de Puebla S.A. de C.V. El cual señala la rehabilitación del pozo número 4 para llevar según sus declaraciones, el 50% del agua a la Ciudad de Puebla, la construcción de un nuevo pozo y la donación de 100 tinacos para la población.

A consecuencia de esas declaraciones, la comunidad del pueblo de San Miguel Xoxtla convocó a diversas asambleas públicas para aclarar la situación y exigir determinantemente la cancelación de dicho convenio. Al no haber una respuesta por parte del gobierno municipal y estatal, la asamblea tomó la decisión de realizar 2 cierres de la autopista México – Puebla.

La presión comunitaria permitió que el 30 de mayo, en presencia de regidores del ayuntamiento, se realizara otra asamblea pública en la cual se llegó al compromiso de que el próximo 2 de junio se realizara un cabildo abierto, para derogar todo permiso, convenio y negociación que el municipio haya tenido con la empresa Concesiones Integrales Agua de Puebla, Gobierno del estado e instituciones que pretendan extraer el agua de la comunidad.

De la misma forma, se acordó que el pozo número 4 quedara inhabilitado y a resguardo de la comunidad. Estos acuerdos quedaron firmados por la comisión del pueblo de Xoxtla, regidores y el síndico municipal, Miguel Hernández Azucena.

A raíz de este documento, el mal gobierno estatal y municipal comenzaron una campaña de criminalización y desinformación contra la comunidad de Xoxtla e integrantes del movimiento en defensa del agua.

En el intento de fragmentar y deslegitimar la organización en defensa del agua pretenden aislar al municipio de Xoxtla diciendo que son otros pueblos los que se están manifestando contra el despojo de agua. Además el pasado 30 de mayo en las calles de Xoxtla hubo presencia de elementos del ejército y Guardia Nacional para intimidar a la población, con lo que se demuestra que los tres niveles de gobierno se empeñan en despojarnos y usar la fuerza pública para entregar el agua a los empresarios.

Le recordamos al mal gobierno que como pueblos unidos nos apoyamos en la defensa del agua y que ante cualquier intento del mal gobierno y empresas criminales de despojarnos de nuestra agua los pueblos nos organizaremos siempre para defenderla y liberarla.

Les recordamos que en abril del 2024, el pueblo de Xoxtla cerró el pozo clandestino de la empresa Castores.

En 2008, en Juan C Bonilla evitaron la perforación de dos pozos profundos que se emplearían para llevarse el agua a la ciudad de Puebla y dársela a los desarrolladores inmobiliarios.

En el año 2017, toda la Región Cholulteca incluida Xoxtla frenamos la privatización del agua que el mal gobierno pretendía hacer en el estado.

En 2021, los pueblos de la región frenaron el despojo de agua que la empresa traficante de agua Bonafont – Danone generaba en el territorio.

Para nosotras y para nosotros el agua no es una mercancía, el agua de nuestros pueblos se queda en nuestros pueblos y es destinada para seguir reproduciendo la vida, no para llenar los bolsillos de empresarios ambiciosos y criminales.

Una vez más los pueblos demostramos que la acción colectiva es la única vía para asegurar la vida en nuestras comunidades.

Es por eso que se convoca a todo el pueblo de Xoxtla y comunidades de la región a hacer presencia el próximo 2 de junio a las 3:00 pm. En el zócalo de San Miguel Xoxtla, para exigir la cancelación de todo tipo de acuerdos que pretenden llevarse el agua de nuestra comunidad.

¡Fuera traidoras y traidores de los pueblos que entregan nuestra agua!

¡Porque el agua es de Xoxtla y se queda en Xoxtla!

ATENTAMENTE

Consejo ciudadano, defensores del agua y la tierra de San Miguel Xoxtla

¡Fuera mal gobierno, fuera Alejandro Armenta fuera Agua de Puebla para Todos!

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Cholultecas de Xoxtla exigen cancelación de concesiones de agua en Puebla

El pueblo de San Miguel Xoxtla bloqueó la autopista México-Puebla para exigir que la presidenta municipal Guadalupe Ortiz cancele la entrega de la administración del pozo 4 a la empresa Agua de Puebla para Todos, que busca suministrar el líquido a las zonas residenciales de la capital del estado.

«Ante este despojo y frente al cinismo que caracteriza al gobierno, el pueblo de Xoxtla cerró la carretera federal en ambos sentidos hasta asegurar que no serán despojados del agua», explicó la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, que se solidarizó con el pueblo cholulteca.

«Vendió el agua y estamos inconformes. La autopista no se abre hasta que Lupita Ortiz nos dé una solución y nos dé la cara», expresó una de las mujeres que participó en el bloqueo, iniciado en la noche de este 28 de mayo.

Los pobladores de Xoxtla se dirigieron al pozo número 4, donde se pretende construir una nueva infraestructura de extracción para destinar 50 por ciento del líquido a la zona residencial de Puebla por acuerdo entre el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla y el ayuntamiento de Xoxtla. Al encontrarse con un cerco policial en el pozo, el pueblo decidió bloquear la carretera.

Durante el bloqueo los habitantes de Xoxtla utilizaron llantas en llamas para evitar el paso de los automóviles y exigir la cancelación de la concesión a la empresa, así como la renuncia de Guadalupe Ortiz, de quien acusaron que «vendió» el agua y que «no sabe gobernar».

«El agua es del pueblo y se va a quedar en el pueblo», aseguraron los pobladores de Xoxtla en el bloqueo para demandar que se detenga la perforación de pozos para la extracción de agua.


COMUNICADO:

Al digno pueblo de San Miguel Xoxtla

Los pueblos, organizaciones, colectivos e individuos que integramos la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida levantamos la voz y nos solidarizamos con la defensa del agua que están sosteniendo los pobladores del pueblo de San Miguel Xoxtla en la Región Cholulteca, que el día de hoy, miércoles 28 de mayo, en asamblea pública exigieron a la presidenta municipal Guadalupe Ortiz y su ayuntamiento que cancele la entrega del agua para la ciudad de Puebla.

Hace unos días la presidenta municipal, declaró que la empresa Agua de Puebla para todos Concesiones Integrales S. A. de C. V., administraría el agua del pozo número 4 para suministrar del líquido a las zonas residenciales de Puebla.

Ante este despojo y frente al cinismo que caracteriza al gobierno, el pueblo de Xoxtla cerró la carretera federal en ambos sentidos hasta asegurar que no serán despojados del agua.

Desde la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida nos mantenemos en alerta ante cualquier intento de represión.

Llamamos a la solidaridad urgente y difusión de la lucha de nuestras hermanas y hermanos que defienden con digna rabia su agua.

¡El agua de Xoxtla se queda en Xoxtla!

¡El agua es de los pueblos no de las empresas!

¡Fuera la empresa saqueadora Agua de Puebla para todos Concesiones Integrales!

ATENTAMENTE

TIERRA, AGUA Y LIBERTAD

ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA Y LA VIDA

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

“No nos vamos a callar”: alumnas acusan que no es la primera vez que la universidad UPAEP ignora acoso sexual; temen represalias

Estudiantes de la UPAEP, cuyo exjefe de educación física y deportes está vinculado a proceso por abuso sexual, aseguran que la universidad poblana está tratando de desarticular las manifestaciones solidarias con la denunciante.

Las estudiantes de la Universidad Autónoma Popular del Estado de Puebla (UPAEP) que se han organizado tras la detención y vinculación a proceso del exjefe de educación física y deportes de la institución por una denuncia de abuso sexual, aseguran que no es la primera vez que la universidad desatiende quejas, e incluso temen represalias si continúan sus protestas.

Entrevistadas bajo condición de anonimato para resguardar su seguridad y por tratarse en dos casos de menores de edad, tres de ellas relataron que su única y principal exigencia es que la actuación de la universidad sea honesta y apegada a sus propios valores y marcos éticos.

Describieron que luego de que se realizara una primera protesta el 16 de mayo al exterior de las instalaciones de la UPAEP, en la que se colocaron carteles con mensajes que reclamaban la indolencia de la universidad, al organizar una segunda –que coincidió con la inauguración de un nuevo plantel de bachillerato a la que asistieron las autoridades sin percatarse–, la mayoría decidieron no participar de último momento, por miedo a la presión u hostigamiento de los propios directivos.

Además, coincidieron en que la institución no actuó de inmediato en el caso, contrario a lo que aseguró en el único comunicado público que emitió el pasado 12 de mayo. Esto fue corroborado por Animal Político mediante la información pública disponible relativa a un amparo que se promovió contra las omisiones e inacción de las autoridades universitarias, que, como única medida de “protección” para la estudiante agredida, determinaron la salida de ella de las residencias escolares, así como la limitación de los beneficios de su beca deportiva.

Consultada al respecto, la institución informó a través de su área de prensa que en este momento está impedida de emitir declaración o comentario alguno debido a los procesos civiles y penales en curso, tanto las denuncias contra el docente como el amparo por la actuación de las autoridades. Refirieron al medio a su comunicado público del 12 de mayo y a un enlace con los reportes ante el comité de integridad de otoño 2023 y otoño 2024.

Mientras que el primero no conduce a un documento de reporte sino al código de ética de la universidad, el segundo —otoño 2024– presenta porcentajes del tipo de quejas recibidas, sin precisar el total en números absolutos. De esta manera, solo puede conocerse que un 12% correspondió a acoso sexual y un 7% a hostigamiento sexual. Los mayores porcentajes son los relativos a acoso escolar y “otras conductas contrarias al código de ética”, que no se describen. La principal amonestación considerando el total de todos los tipos de denuncia fue la baja de la institución (30%), pero no se desglosa en relación con el tipo de agresión. 

“Nuestra compañera fue silenciada”, sostienen alumnas de UPAEP

“Nuestra compañera fue silenciada. Ella ya había dado su denuncia (interna) desde muchos meses atrás, a la cual UPAEP no le hizo caso y siguió como si nada hasta que ella ya hizo una denuncia legalmente. Fue cuando UPAEP la trató de silenciar, la mandó a clases en línea y dejó de vivir en las residencias, lo cual se nos hizo tan injusto, que ella que es la víctima se haya tenido que ir, y él estuvo tantos meses ahí; UPAEP sabía lo que pasaba, y no hizo nada”, comentó una de ellas.

Fue entonces cuando sus compañeras decidieron hablar por ella, en un momento en que la alumna menor de edad no podía hacerlo porque tuvo que regresar a su entidad de origen a seguir con sus clases a distancia. La única intención de las estudiantes al organizarse y protestar ha sido que se visibilice que UPAEP no está haciendo nada.

“Más que nada ponernos un poquito en su lugar e intentar ayudarla por medio de algo que ella no puede hacer, que es volverlo visible, y que tanto la comunidad UPAEP y la sociedad de afuera lo puedan saber, y que vean que no nos vamos a quedar calladas y que si pasa algo, va a salir todo hasta que se haga justicia o den una respuesta clara”, agrega otra de las estudiantes.


Para ellas, justicia y respuestas claras implicarían, en principio, que la institución reconociera los hechos tal como ocurrieron. El texto del comunicado no describe toda la verdad, y las porciones que sí están apegadas a esta le restan gravedad, acusan. Además, a partir de su organización, han recibido varios mensajes que señalan que no es la primera vez que un profesor o directivo acosa a alguna alumna y se normaliza.

“Lo normalizan tanto que toman represalias con las mismas trabajadoras de UPAEP, y luego las terminan despidiendo; sólo les dan una carta de recomendación”, dice una de las estudiantes. La entrenadora del equipo de baloncesto femenil de bachillerato, Ana Rentería, anunció precisamente su renuncia el pasado fin de semana tras la difusión pública del caso, bajo el argumento de que a partir de que trató de apoyar a la víctima, se le hostigó y aisló laboralmente.

“Lamentablemente a otras niñas que les ha pasado, la víctima de ahorita no es la única, pero por manipulaciones, amenazas y así se tuvieron que ver obligadas a no decir nada por miedo a las represalias”, asegura otra alumna de UPAEP.

Vacíos en la postura de UPAEP frente al abuso sexual

Además de que el comunicado llegó tarde, las estudiantes critican que tuviera varios vacíos en los detalles del caso, pues a su juicio, las personas o instituciones suelen creer que lo importante son sólo las medidas a futuro, pero no el esclarecimiento de los hechos ya ocurridos.

Aunado a ello, la comunidad escolar cuestiona que la baja del profesor no es clara, ni puede interpretarse como definitiva, pues el comunicado afirma que se le separó de su cargo mientras transcurre la investigación de la denuncia penal, pero no se han exhibido pruebas de que él esté impedido de volver a colaborar con la institución en el futuro.

“A final de cuentas, uno de sus valores (de la universidad) siempre ha sido salvaguardar a los estudiantes, lo cual en muchas de las ocasiones no ha pasado. Digo, esta no es la primera noticia que tienen de este caso. Entonces en este tema, la UPAEP no va muy de acuerdo con lo que promueve o promulga”, asegura una de las alumnas que se organizaron para manifestarse.

Las jóvenes también recordaron que la denuncia se hizo inicialmente en el buzón de integridad de la UPAEP en marzo, luego transcurrió todo abril y no se hizo nada al respecto. Animal Político publicó que el amparo ante el poder judicial en el que se denuncian las omisiones de la institución fue concedido el 9 de abril mientras que para el 14, el jefe de educación física seguía en su cargo, y aún así, el 12 de mayo la universidad afirmó que su actuación había sido inmediata.

Las alumnas están seguras de que al final sólo emitieron una comunicación porque la denuncia se conoció públicamente, pero de no haber sido así, hubieran permanecido en el mismo silencio que habían elegido desde el principio.

“Justificándose de que chance no tenían ningún conocimiento, o haciendo alguna justificación errónea de algo que tuvo que salir a la luz de manera legal y con apoyo por fuera, porque la institución hizo caso omiso de lo que se presentó en el buzón de integridad”, enfatizó una de las estudiantes.

Sobre el protocolo que tiene la universidad para la atención a a casos de hostigamiento y abuso sexual, este apenas se les hizo de conocimiento al principio de este semestre, aunque tienen claro que si ocurre alguna agresión, la vía es decírselo primero al tutor, para que luego escale de una autoridad a otra hasta los directivos.

El protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual de la UPAEP, de 10 páginas, prevé como posibles sanciones para conductas graves de hostigamiento y acoso –previa evaluación del Comité– la terminación de la relación laboral con colaboradores de la universidad.

Como muy fuertes se describen conductas como presiones físicas y psíquicas para tener contactos íntimos, formular amenazas de afectar negativamente la situación laboral o escolar si no se aceptan invitaciones o propuestas sexuales, imponer medidas disciplinarias por rechazar proposiciones sexuales, ejercer presión con ese fin, encerrar dentro de las instalaciones universitarias a la víctima, o ejercer sexting, acoso cibernético o porno venganza.


Sin embargo, en este caso, aún cuando las autoridades universitarias han determinado separar al maestro de su cargo para que se dé seguimiento a la denuncia penal que existe ante la fiscalía estatal, la preocupación de las alumnas que se han organizado para apoyar a la denunciante es que en la institución no respete el derecho que tienen a manifestarse.

“Nosotras empezamos a anunciar lo que se iba a hacer el día de hoy (martes 20) desde el viernes. Pero al llegar nada más éramos tres; muchas niñas nos empezaron a decir que no iban a ir porque ya se estaba tornando algo peligroso, porque les habían amenazado con que no fueran, diferentes cosas; para mí se me hace de verdad muy feo y muy alertante que al nosotras manifestarnos de una manera tranquila y pacífica, ni eso podamos hacer”, lamenta una de ellas.

Actualmente, confiesan, no se sienten seguras o en confianza con sus propios profesores, sobre todo porque no se trata del primer caso. Lo que debe suceder, sostienen, es que la UPAEP reconozca los casos y los atienda de una manera diferente, tomando cartas en el asunto desde que se presentan denuncias, y medidas necesarias para apoyar verdaderamente a las víctimas en lugar de afectarlas en sus estudios, lo que hablaría de congruencia con los valores de la institución.

“No queremos ningún problema; simplemente lo que queremos es que den la cara, que se hagan responsables, que no culpen a la víctima por todo lo que le pasó; estamos buscando la manera más asertiva y más pacífica posible de hacer todo esto, pero la autoridades a veces no se prestan”, reclama una de las estudiantes.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.

Habitantes de San Andrés Cholula alcanzan acuerdo en su lucha contra la expansión inmobiliaria

El acuerdo con el gobierno de Puebla y el ayuntamiento de San Andrés Cholola se alcanzó luego de 36 horas de bloqueo en la carretera federal Puebla-Atlixco.

Las organizaciones y pueblos cholultecas llegaron a un acuerdo con el gobierno estatal y el ayuntamiento de San Andrés Cholula para que sus estrategias comunitarias, ante la expansión inmobiliaria sobre sus tierras, sean tomadas en cuenta en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano.

Luego de 36 horas de mantener un bloqueo en la carretera federal que comunica Puebla con Atlixco, los manifestantes lograron establecer una mesa de diálogo con el subsecretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, y la alcaldesa de San Andrés, Guadalupe Cuautle.

Tras horas de negociaciones, las autoridades aceptaron dar continuidad a un convenio que ya se había firmado en años anteriores para tomar en cuenta estas estrategias que buscan evitar que los pobladores originarios sigan siendo desplazados de sus tierras o que se saqueen recursos como el agua.

Parte de los acuerdos firmados es que, en una mesa de trabajo, académicos de universidades como la Ibero, la Buap y la Udlap, expongan los análisis que ya emitieron sobre estas estrategias y propuestas, y que esto se haga con la participación de representantes de la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado.

“Una vez realizada la exposición de dictámenes o documento de factibilidad por las Universidades, y en caso de que exista viabilidad jurídica y técnica manifestada por todas las instancias competentes en la materia, se iniciará el proceso para la integración de las estrategias y/o acciones propuestas por los pueblos originarios, por el Ayuntamiento de San Andrés Cholula”, indica el documento firmado.

Entre las estrategias que proponen está el crear polígonos de protección, de terrenos no vendibles, en torno a los pueblos originarios; revertir los incrementos en costos de escrituración de propiedades en comunidades cholultecas; frenar extracción de agua y llevar a cabo estudios sobre riesgo de hundimientos, entre otros.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

El INAH desmiente a Armenta: el Cablebús aún no ha sido autorizado

“Ayer nos aprobaron dos proyectos, el INAH, por unanimidad", dijo el jueves el gobernador de Puebla, pero el INAH aclaró que los proyectos apenas se habían presentado un día antes.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emitió un boletín para aclarar que las obras propuestas por el gobierno de Alejandro Armenta Mier, como son el Cablebús y la Universidad del Deporte, aún no han sido aprobadas y siguen en evaluación, pues apenas fueron presentados sus proyectos este 21 de mayo.

En rueda de prensa el día 22, el gobernador poblano aseguró que esas dos obras ya las había autorizado el INAH “por unanimidad”.

“Ayer nos aprobaron dos proyectos, el INAH, por unanimidad. Uno, la Universidad del Deporte, porque va a estar en la zona monumental. Y dos, el Cablebús, porque las cosas las hacemos con planeación. No corremos, damos pasos firmes porque no estamos pensando en hay que hacer muchas obras para ver cuánto nos va a dejar”, declaró Armenta.

No obstante, este sábado, el Instituto emitió un boletín en el que señala que apenas fue el 21 de mayo cuando ambos proyectos elaborados por el Gobierno de Puebla fueron presentados ante el Consejo de Monumentos Históricos Inmuebles.

Aunque el gobernador había declarado anteriormente que una línea del Cablebús iría de la Junta Auxiliar La Resurrección -donde pretende construir un “ecoparque”-  hacia Casa Aguayo, en el centro histórico de Puebla, el INAH aclara que ha solicitado que este transporte corra fuera de los límites de la Zona de Monumentos Históricos para evitar que elementos que soportan su estructura afecten el paisaje histórico de la capital poblana.

“En particular, el proyecto del Cablebús implica el desarrollo de una línea aérea de transporte público que conectará desde la zona de la Resurrección hasta el Centro Integral de Servicios (CIS) de la Angelópolis, siguiendo un trazo por el oriente y el sur de la ciudad de Puebla”, indica el INAH.

“Este proyecto está siendo evaluado en diferentes aspectos, para evitar que cualquier construcción pudiera tener repercusiones o afectar los valores patrimoniales del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, el cual es un sitio inscrito, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en la Lista del Patrimonio Mundial”.

Puntualiza que el Consejo de Monumentos Históricos Inmuebles evalúa actualmente el proyecto y en fechas próximas emitirá las recomendaciones generales y/o solicitudes de modificación del mismo, para que pueda garantizarse la protección del sitio histórico.

“Una vez que esta fase haya concluido, podrán emitirse las autorizaciones correspondientes para que, en su momento, inicien los trabajos por parte del gobierno estatal”, subraya. “El INAH reitera su compromiso con la salvaguarda de los valores universales que contiene el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GBRIELA HERNÁNDEZ.

Pueblos cholultecas bloquean carretera y demandan a gobierno que frene urbanización de sus tierras

Las comunidades indígenas advirtieron que la expansión del llamado Cártel Inmobiliario de Puebla pone en riesgo de desaparecer su cultura y forma de vida milenaria.

Representantes de organizaciones y de pueblos cholultecas mantienen bloqueada la carretera federal Puebla-Atlixco en demanda de que se ponga freno al crecimiento inmobiliario “salvaje” que ha avanzado por más de tres décadas sobre sus tierras, en particular por parte de Grupo Proyecta desarrollador de Lomas de Angelópolis.

En un pronunciamiento previo a esta protesta, las comunidades indígenas advirtieron que la expansión del llamado Cártel Inmobiliario de Puebla pone en riesgo de desaparecer su cultura y forma de vida milenaria, luego que Cholula es considerada la población más antigua de América al mantenerse habitada de manera ininterrumpida desde el año 500 A.C.

Habitantes de Tlaxcalancingo, Santa María Zacatepec, Nealtican, Cacalotepec, Ocoyucan, Malacatepec, Acuexcomac, San Pedro y San Andrés Cholula señalaron que sus pueblos no sólo han perdido territorio y disponibilidad de agua, sino que han sido contaminados por el basurero intermunicipal, padecen incremento en servicios e impuestos y ven amenazada su forma de vida, identidad, cultura y lengua.

En tanto que Grupo Proyecta, propiedad de los hermanos Posadas Cueto y de Pedro Aspe Armella, exsecretario de Hacienda y Crédito Público, se ha extendido por cientos de hectáreas con clúster de fraccionamientos e intensifica sus planes para seguir expandiéndose sobre sus tierras.

 “Por más 30 años Grupo Proyecta se ha enriquecido de manera abusiva despojando a los pueblos originarios de la región cholulteca de la tierra, el agua y el derecho a un medio ambiente sano con la construcción de miles de residencias y edificios que le han hecho ganar millones de dólares, desapareciendo territorios y caminos ancestrales de los pueblos originarios y con ello su forma de vida”, denunciaron.

Agregaron que estas formas de despojo no sólo han sido por parte de este grupo empresarial, que se ha sido favorecido por todos los gobiernos sin importar partidos, sino también por la autoridad estatal y de los municipios de San Andrés Cholula y Santa Clara Ocoyucan y por otros fraccionadores.

El llamado Cártel Inmobiliario de Puebla, denunciaron, ha recurrido a la expropiación, a la compra forzada, al encarecimiento de impuestos, la ocupación ilegal de terrenos, a juicios amañados, a cerrar caminos y acceso a predios que quedan dentro de los clústers, al uso de la fuerza pública y privada, a corromper autoridades y a dividir a los pobladores.  

Organizaciones y habitantes elaboraron un Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial y un documento llamado “Estrategias de Planeación Territorial y Protección de los Pueblos Originarios”, este último dictaminado como viable por parte de académicos de la Ibero Puebla, de la BUAP y de la Udlap.

En estas estrategias, plantean diversas medidas entre ellas marcar polígonos de protección -no sujetas a venta- para que los pueblos sigan prevaleciendo como unidades comunitarias.

Los participantes en el cierre carretero aseguraron que existe un acuerdo con el Ayuntamiento de San Andrés y el gobierno estatal para que sus propuestas sean incluidas en el Programa de Desarrollo Urbano, pero hasta ahora esto no se ha cumplido.

Expusieron que si bien el gobernador Alejandro Armenta ha hecho críticas públicas contra Grupo Proyecta al señalar que compraron a los campesinos sus tierras por pocos pesos y después las vendeb en dólares, en la práctica sigue favoreciendo a ese grupo empresarial, pues promovió que se cambie la caseta de la autopista Puebla-Atlixco, lo cual les permitirá incrementar plusvalía de sus desarrollos.  

Hasta la tarde de este jueves, los probladores mantenían en el cierre de la carretera en espera de que la alcaldesa de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle, así como representantes del gobierno estatal, acudan a San Bernardino Tlaxcalancingo a establecer una mesa de diálogo en la que se acuerde la inclusión de las estrategias en el Programa de Desarrollo Urbano.  

En esta manifestación participan organizaciones como el Campamento de Resistencia en Defensa de la Tierra y el Agua de Malacatepec, Cholultecas Unidxs en Resistencia, el Comité en defensa del Agua de Santa María Acuexcomac, la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en defensa del agua y el Congreso Nacional Indigena.

Preso político

En entrevista telefónica desde el penal de San Miguel, Emiliano Zambrano, líder del Campamento de Resistencia en Defensa de la Tierra y el Agua de Malacatepec, demandó a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador Alejandro Armenta, poner atención a su caso al asegurar que es un “preso político” al que le fabricaron una denuncia por órdenes de Grupo Proyecta.

Zambrano, un hombre indígena de 58 años de edad, es líder de pobladores que mantienen desde hace nueve años un campamento que han impedido la expansión de Grupo Proyecta sobre más de 245 hectáreas que abarcan los cerros de La Sombra y el Pando.

El activista explicó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no ha aprobado el proyecto de ese grupo inmobiliario llamado City Lomas, porque incluye terrenos de las reservas estatales el Tentzo y Valsequillo.

No obstante, refirió que hace días trabajadores de esa empresa derribaron “casitas” construidas en el campamento, y ya antes los han amedrentado e incluso atacado a balazos.

Emiliano explicó que fue acusado por una de sus vecinas de violación, pero aseguró que el caso fue fabricado para sacarlo de la lucha y que ya en prisión, representantes de la inmobiliaria y del gobierno lo han amenazado con mantenerlo encarcelado, si continúa la resistencia.

También, acusó que el grupo empresarial ha usado su poder económico para “sobornar” a integrantes del movimiento para que se retiren del campamento y traicionen la defensa del territorio.  
“Estoy indefenso en la cárcel”, expresó, “les pido a las autoridades estatales y federales que me pongan mucha atención, que me apoyen, que nos defiendan, dicen que primero los pobres y le están dando preferencia a los ricos, ya estamos cansados de los abusos de Grupo Proyecta y la autoridad no hace nada”.
Cabe señalar que las organizaciones cholultecas han demandado la libertad de Zambrano, al sostener que las acusaciones en su contra fueron fabricadas y que el fondo es desarticular la resistencia contra el desarrollo inmobiliario.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

“UPAEP te dio la espalda, pero nosotras no”: comunidad escolar reclama justicia por caso de abuso sexual en universidad de Puebla

Estudiantes organizadas comenzaron acciones de protesta tras la detención del jefe de educación física y deportes de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), mientras que la entrenadora de la denunciante presentó su renuncia.

Alumnas de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), así como la entrenadora del equipo de básquetbol femenil de bachillerato, se han sumado públicamente a la exigencia de justicia tras la aprehensión y vinculación a proceso del exjefe de educación física de la institución, Miguel T., por la presunta comisión del delito de abuso sexual en contra de una estudiante menor de edad.

Sus compañeras comenzaron a organizarse en el transcurso de la semana en diferentes cuentas de Instagram, como Justicia UPAEP y UpaContingente, que reclaman cómo la institución utilizó la imagen de una de sus alumnas con beca deportiva para publicidad y al mismo tiempo le dio la espalda.

Animal Político dio a conocer que pese al posicionamiento público de la universidad en un comunicado donde aseguró que había actuado de inmediato ante la denuncia contra quien ocupaba el cargo de jefe de educación física y deporte desde 2023, en los registros del Consejo de la Judicatura Federal consta un amparo promovido para reclamar la omisión de las autoridades universitarias, que hasta por lo menos el 14 de abril, tiempo después de tener conocimiento de los hechos, mantenían al docente en su cargo.

“Alguien se aprovechó de mi vulnerabilidad y de mis sueños”

“Salir de mi hogar con la esperanza de convertirme en estudiante atleta ha sido un paso hacia un futuro que siempre he anhelado. Sin embargo, en ese camino he enfrentado sombras que intentaron apagar mi luz. Sentí el dolor de experimentar cómo alguien se aprovechó de mi vulnerabilidad y de mis sueños. 

“Esa experiencia desgarradora no me ha definido; me ha enseñado la importancia de levantar la voz, de ser valiente y de luchar por un futuro mejor, no solo para mí, sino para todas mis hermanas atletas que han pasado por lo mismo. Hoy decido romper el silencio, no solo para sanar mis heridas, sino para que ninguna más tenga que enfrentar el mismo destino”, escribió este sábado la alumna denunciante en su cuenta de Instagram.

En esa misma publicación, agradeció a sus compañeras y a su entrenadora Ana Rentería, quien el viernes por la tarde difundió una carta pública de renuncia a la Universidad, luego de estar al frente del equipo femenil de baloncesto del bachillerato desde julio del 2024. Ahí compartió su extrañeza por no haber sido informada sobre lo sucedido directamente por la institución, así como por los comportamientos atípicos que notó en el equipo desde su ingreso, derivados de las afectaciones que vivía específicamente una de sus integrantes.

“En muchos momentos esa jugadora presentó molestias físicas que le impedían entrenar al tener dolores intensos, a tal grado de tenerla que canalizar al área de urgencias de la institución, mi jugadora evidentemente afectada psicológicamente también sufrió ataques de ansiedad, sobre todo cuando se presentaban en los entrenamientos personal de coordinación y dirección deportiva de la institución”, apunta Rentería.

Esos hechos, según describe en su carta, fueron conocidos por las demás jugadoras y por los directivos deportivos. Cuando ella preguntó sobre cómo proceder —asegura— en lugar de recibir orientación, le indicaron que no se metiera y dejara que las autoridades institucionales atendieran los incidentes. Luego, ante la repetición y gravedad de los hechos, con el consentimiento de la alumna lo hizo de conocimiento a sus padres. “A partir de ahí se me hostigó y aisló laboralmente, sin embargo, como una profesionista con ética y responsabilidad, continué con el proyecto por el cual inicié en mi alma mater”, relata. 

“La UPAEP nunca consideró que todo lo sucedido afectaba de manera directa el desempeño del equipo que dirijo, nunca me ha considerado o se me ha informado nada de manera directa, en todo momento la institución me ocultó cualquier protocolo o decisión que hayan tomado cuando el equipo que dirijo era directamente afectado, puesto que para cualquier deportista la estabilidad emocional es fundamental y esta se veía afectada al una de sus integrantes estar siendo vulnerada”, indica.


“UPAEP te dio la espalda, pero nosotras no”

En tanto, las alumnas organizadas que estudian en la institución hicieron una manifestación en sus instalaciones, en la que difundieron mensajes como “¡upaep, escucha, esta es tu lucha! Jefe de deportes de UPAEP vinculado a proceso por hostigamiento y abuso sexual en contra de menor de edad becada, en un periodo de por lo menos dos años”; “encubrir a un agresor también es violencia”; “ella solo quería jugar, no sufrir”; “su imagen no es un escudo para su corrupción”; “no estás aquí, pero nosotras gritamos por ti”, entre otros. La estudiante regresó a la entidad de la que es originaria luego de que la universidad determinara, como una supuesta medida de protección, desalojarla de las residencias escolares, según el amparo que se interpuso para reclamar las omisiones de la institución. 

“Aunque te protejan, sabemos lo que hiciste. Sin consentimiento, es violación”; “la violencia no se borra con discursos vacíos”; “estamos hartas de su silencio, cobarde”; “estamos contigo hoy y siempre” y “UPAEP te dio la espalda, pero nosotras no” fueron otros entre los mensajes pegados en hojas y cartulinas de protesta, y después replicados en las cuentas de Instagram de las alumnas organizadas.

Según grabaciones difundidas en redes sociales, durante la protesta las estudiantes remarcaron que su compañera llegó a esa escuela llena de sueños y esperanzas, con la convicción de que UPAEP sería su hogar, un lugar donde crecer y florecer. “Sin embargo, esos sueños fueron apagados por la misma institución que debió ofrecerle protección y apoyo”, sostuvieron. En lugar de encontrar empatía, se encontró con una indiferencia que la dejó sola en su lucha. 

“Ella es una víctima más en un sistema que a menudo silencia a las mujeres y niega su voz. Hoy más que nunca necesitamos unir y alzar nuestras voces; su dolor es nuestro dolor, su lucha es nuestra lucha, juntas podemos construir un cambio y crear un espacio donde cada una se sienta segura y escuchada. No estamos solas, y si a ti igual te pasó algo, te invitamos a denunciarlo, porque no vas a estar nunca sola”, aseguraron. 

Las omisiones de la UPAEP

A principios de mayo, el hasta entonces jefe de educación física y deportes de la UPAEP fue vinculado a proceso por la presunta comisión del delito de abuso sexual, luego de ser denunciado por una alumna. Previo a ello, la institución lo mantuvo en su cargo aun cuando ya había sido promovido un amparo contra las omisiones de las propias autoridades educativas, el cual al ser concedido por el poder judicial, la institución incluso refutó legalmente.

No obstante, la Universidad aseguró en una comunicación pública con fecha del 12 de mayo que había recibido una denuncia mediante su Sistema de Integridad ante la que había iniciado un proceso inmediato basado en protocolos institucionales y diálogo con la familia de la estudiante. Las medidas que la escuela tomó para supuestamente resguardar a la alumna, sin embargo, consistían en desalojarla de las residencias universitarias y retirarle parte de los beneficios de su beca deportiva.

De acuerdo con registros disponibles en las redes sociales del equipo deportivo Águilas UPAEP, Miguel T. seguía asistiendo a encuentros de baloncesto en representación de la institución todavía el 14 de abril, días después de que se interpusiera el amparo y se concediera la protección de la justicia ante la vulneración de los derechos de la estudiante con las medidas de “protección” que inicialmente tomó la universidad.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.

Armenta revive la “Suiza poblana”, el megaproyecto que amenaza La Malinche

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, impulsa el polémico Ecoparque Tlalli Malinche. El plan revive el fallido proyecto de la “Suiza poblana”, intentado antes por gobiernos priistas. Ambientalistas denuncian que la obra es inviable por el riesgo hídrico y la biodiversidad amenazada.

En 51 hectáreas del Área Natural Protegida (ANP) Parque Nacional La Malinche, el gobernador Alejandro Armenta Mier ha propuesto construir un estadio con capacidad para 10 mil personas, un lienzo charro, un hotel de cinco pisos, una alberca olímpica y todo un complejo turístico con lago artificial, tirolesa, gokarts, cablebús, canal para lanchas, restaurantes, salones y auditorios, entre otras amenidades y servicios.

Para los habitantes de Canoa y La Resurrección, juntas auxiliares del municipio de Puebla, este proyecto de explotación de la montaña no es nuevo.

Aseguran que desde el gobierno priista de Melquíades Morales Flores (1999-2005) se pretendía crear un desarrollo turístico, con campos de golf, justo en los terrenos donde ahora el gobernador de Morena planea edificar el llamado Ecoparque Tlalli Malinche.

El proyecto de Melquíades Morales se canceló cuando los pobladores de La Resurrección retuvieron al mandatario y lo obligaron a firmar un desistimiento. Sin embargo, entre los vecinos de la zona circula una versión de que el exgobernador Mario Marín Torres, quien en ese entonces era alcalde de Puebla, había adquirido terrenos en esa zona vía prestanombres. “Ése ha sido un secreto a voces en La Resurrección”, aseguran sobre el también exgobernador priista.
El ambientalista Gerardo Pérez Muñoz menciona que en el sexenio marinista (2005-2011) resurgió la misma propuesta. En ese entonces, recuerda, se habló de edificar un conjunto de chalets en esa misma área de La Malinche y otra del Popocatépetl, al que se referían como la “Suiza poblana”.
“Se aseguró que era un desarrollo turístico-ambiental, pero en realidad fue un proceso de despojo de tierras a los pobladores”, refiere.

Desde los primeros días de su campaña, Armenta lanzó la propuesta de construir tres Centros Deportivos de Alto Rendimiento en la entidad.

En su primer discurso como gobernador, el 14 de diciembre de 2024, puntualizó que esas obras insignias de su sexenio estarán en La Malinche, en el Izta-Popo y en el Citlaltépetl o Pico de Orizaba, que son tres de las principales cumbres del país que convergen en Puebla.

En sus primeras ruedas de prensa precisó que la primera edificación de este tipo sería en La Malinche, también conocida por los pobladores como Matlalcuéyetl o Malintzi, y ofreció que estaría concluida para finales de 2025. Incluso abrió la posibilidad de rendir ahí su primer informe de gobierno.
Igual reveló que este proyecto incluía estadios de beisbol, futbol, futbol americano y todo tipo de canchas deportivas, que lo convertirían en el centro de alto rendimiento más importante de Latinoamérica.
“Todo con un modelo bioético de alto cuidado, con una escuela de protección al medio ambiente en una zona que fue deforestada, devastada”, dijo el mandatario, pero sin precisar que los terrenos donde se pretende realizar este parque están dentro del Área Natural Protegida (ANP).

“Pronto les daremos a conocer la maqueta”, anunció el 16 de diciembre último, pero hasta la fecha eso no ha ocurrido.

Empresa favorecida

Tres días antes de que Armenta tomara protesta como gobernador, el 11 de diciembre de 2024, la empresa Brudeo Solutions Construcción, SA de CV, ingresó ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Ecoparque Tlalli Malinche, que había anunciado en campaña, sin que hasta ahora se haya aclarado cómo es que esa constructora tenía información sobre este parque, si era la propietaria del terreno donde se pretende edificar o bajo qué procedimiento se le dio participación en el proyecto.

De acuerdo con información del Registro Público de Comercio (RPC), la empresa está a nombre de Kristel Flores Cruz y Maricruz Flores Cano, y fue creada en abril de 2022; pero no existe antecedente alguno sobre obras que haya realizado, no aparece en el listado de contratistas de Compranet ni se puede ubicar el domicilio de sus oficinas.

Kristel Flores Cruz figura como la representante legal de la empresa; de ella sólo se conoce que es licenciada en Criminalística y Ciencias Periciales, titulada en 2013, y que trabajó como perito en la Fiscalía General de Puebla.
La Semarnat publicó en su página que Brudeo Solution Construcción se desistió el 10 de enero de la presentación de la MIA, y el día 19 el gobierno de Puebla aclaró que la Secretaría de Infraestructura estatal continuaría ese trámite ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA).
El 29 de enero Armenta se reunió con las titulares de la Semarnat, Alicia Bárcena, y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Mariana Boy, ante quienes insistió que su proyecto de ecoparque es para un “rescate ambiental”; justificó su pertinencia por la tala ilegal que se da en esa zona y adelantó que harán las adecuaciones que se requieran para concretarlo.

En el boletín sobre esa reunión, el gobierno estatal dio por hecho que Bárcena aceptó que esta propuesta “es un polo de desarrollo sustentable”. Proceso preguntó a la dependencia, en particular a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), su posición sobre el proyecto, pero al cierre de la edición, no contestó.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 0023 de la revista Proceso, correspondiente a mayo de 2025

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Edil de Morena pide licencia y los datos brotan. Le hallan armas y droga. Lo buscan

El Edil de Cuautempan, reelecto por Morena-PT en 2024, desapareció tras operativos que revelaron posible uso de recursos municipales en actividades delictivas.

Tras una serie de cateos simultáneos en propiedades vinculadas al Alcalde Gerardo Cortés Caballero, autoridades estatales y federales aseguraron armamento, drogas, vehículos y cartuchos útiles, como parte de una investigación por presuntas actividades delictivas que operaban desde inmuebles relacionados con el Ayuntamiento.

Cuautempan es un municipio de 95 kilómetros cuadrados, ubicado en la Sierra Norte de Puebla, en los límites con Ahuacatlán. Con una población cercana a los 10 mil habitantes, sus comunidades están dispersas en la montaña, y dependen principalmente de la agricultura y el comercio informal. Como otras localidades de la región, enfrenta altos niveles de marginación y migración forzada desde hace décadas, además de una creciente presencia del crimen organizado.

La operación, coordinada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, incluyó la intervención de elementos del Ejército, la Marina y la Policía Estatal, y se enfocó en domicilios particulares, comercios familiares y una propiedad conocida como "Casa de Piedra", la cual sería una residencia de empleados municipales.

De acuerdo con el periódico Reforma, la dependencia también inspeccionó la casa de su padre, Gerardo Cortés Betancourt, quien fue dos veces Alcalde del municipio, de 2008-2011 y 2018-2021.
Asimismo, el diario añade en su publicación que las investigaciones realizadas por la FGE de Puebla permitieron detectar una serie de actividades ilícitas que afectaban a comerciantes y transportistas en la región. Entre ellas, el cobro de cuotas de 200 a 500 pesos a vendedores por permitirles operar, el robo de mercancía a negocios y transportistas, así como la venta y distribución de droga.

A través de labores de inteligencia y operativos en campo, se identificaron cuatro inmuebles presuntamente utilizados para estos fines, lo que llevó a la solicitud de órdenes de cateo para intervenir dichos espacios y profundizar en las indagatorias.
"Como resultado de labores de inteligencia y de campo, realizadas ante reportes de diversas actividades ilícitas en los puntos referidos, entre estas, el cobro de 200 a 500 pesos a comerciantes por dejarlos trabajar; robo de mercancía a transportistas y negocios; así como venta y distribución de droga, se logró identificar cuatro inmuebles utilizados para estos fines, por lo que se solicitaron las órdenes de cateo correspondientes", indicó la FGE de Puebla en un comunicado.
Durante el cateo realizado en inmuebles de Cuautempan y Ahuacatlán, se decomisaron drogas, armas de fuego, cartuchos útiles y vehículos que estaban vinculados a estos delitos. Los bienes asegurados y los indicios recopilados quedaron bajo resguardo de la FGE mientras continúan las investigaciones para determinar su origen y esclarecer los hechos.

La institución de justicia no precisó si parte de lo incautado pertenece al Alcalde de Cuautempan, quien llegó al cargo arropado por Morena y el Partido del Trabajo (PT), fuerzas que lo postularon.

Aunque el despliegue comenzó desde la madrugada del sábado, las autoridades no lograron localizar al Edil, quien desde el jueves dejó de presentarse a actos públicos.

Horas después del operativo, el Cabildo recibió una solicitud de licencia por 20 días, firmada por Cortés Caballero. No obstante, hasta el cierre de esta edición, su paradero es desconocido y ya se le considera prófugo.

Alcalde de Cuautempan pide licencia

El titular de la Secretaría de Gobernación estatal, José Samuel Aguilar Pala, dio a conocer ayer que Gerardo Cortés Caballero presentó un oficio para solicitar licencia a su cargo como Alcalde de Cuautempan, luego de los cateos realizados por la FGE.

Además, manifestó que el Gobierno de Puebla se mantendrá "respetuoso" del proceso legal contra el Edil, quien pidió licencia para ausentarse 20 días, aunque la Ley Orgánica Municipal permite una ausencia de hasta 90 días.

Mientras avanza la investigación por delitos contra la salud, acopio de armas, extorsión, robo a transporte de carga y secuestro, las autoridades estatales reiteraron la importancia de esperar la determinación judicial antes de emitir juicios sobre el caso.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Hallan drogas y armas en propiedades del alcalde morenista de Cuautempan, Puebla

Los cateos se realizaron tras denuncias de cobro de piso a comerciantes, robo a transportistas y venta de drogas.

La Fiscalía General de Puebla, con el apoyo del Ejército, la Marina y policía estatal, cateó inmuebles propiedad del alcalde de Cuautempan, Gerardo Cortés Caballero, quien fue postulado por PT-Morena, en los cuales decomisó drogas, armas, cartuchos útiles y vehículos.

En un comunicado, la FGEP señala que estos cateos llevados a cabo en Cuautempan y en Ahuacatlán, ambos municipios ubicados en la Sierra Norte de Puebla, se derivan de reportes de actividades ilícitas en esos lugares como cobro de piso de 200 a 500 pesos por comerciante, robo de mercancías a transportistas y negocios, así como venta y distribución de droga.

Según medios locales, las casas intervenidas son propiedad del actual presidente municipal, Cortés Caballero, y de su padre, de igual nombre, quien también fue alcalde de ese municipio en dos periodos anteriores (2008-2011 y 2018-2021), grupo político que se había sumado a la 4T.

Los pobladores reportan que Cortés Caballero no ha hecho apariciones públicas desde el jueves, por lo que se presume que se dio a la fuga.

En tanto que la FGEP informó que los inmuebles quedaron asegurados, pero no reporta personas detenidas. Solo indica que las investigaciones continúan para dar con los responsables de esas actividades ilícitas.

Cabe recordar que el 7 de marzo fueron aprehendidos los alcaldes de Chalchicomula de Sesma y de Tlachichuca, los hermanos Uruviel y Giovanni González Vieyra, luego de que se llevaron a cabo cateos en inmuebles de su propiedad.

A la fecha se encuentra prófugo Ramiro González Vieyra, quien es hermano de los dos ediles detenidos y a su vez era presidente municipal de la localidad vecina de San Nicolás Buenos Aires. Los tres hermanos llegaron a la alcaldía tras ser candidatos por Movimiento Ciudadano.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Denuncian pobladores de San Andrés Cholula saqueo de sus pozos artesanales

Pobladores de San Andrés Cholula denunciaron la extracción masiva de agua por parte del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) para abastecer desarrollos inmobiliarios de lujo, así como por parte de particulares que saquean el líquido con pozos clandestinos.

A través de una denuncia pública, los pobladores de Cholula precisaron que entre los responsables del saqueo de agua se encuentra la familia Cuautle, que por medio de pozos profundos “se ha enriquecido por años a través del despojo del agua” y ha provocado que se sequen sus pozos artesanales.

De acuerdo con los habitantes, los piperos de la familia particular “han robado” el agua a través de los pozos ubicados en el Barrio de San Juan Aquiahuac y “la venden a sus propios paisanos”, mientras el nivel del líquido en sus pozos artesanales “ha bajado hasta consumirse debido a la extracción”.

Agregaron que además del saqueo por parte de la familia, la sequía es provocada por los pozos “que operan de manera ilícita” en su territorio y por la extracción masiva del agua de uso público urbano por parte del Soapap.

Los pobladores de San Andrés Cholula exigieron el cierre de los pozos profundos de la familia Cuautle, así como de los pozos clandestinos que han agravado la escasez de agua en la región y del desvío del líquido para fines privados.


FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Isaías fue a vender gelatinas y desapareció en Puebla; exigen avances en su búsqueda

Isaías, de 14 años, fue a vender gelatinas al Mercado Independencia el 30 de marzo y desde entonces desapareció; familiares del adolescente exigen avances en las investigaciones para localizarlo.

Familiares del adolescente Isaías Flores Garibaldo, de 14 años de edad, marcharon este día por calles del Centro Histórico para exigir avances en las investigaciones para localizarlo luego de que desde el 30 de marzo salió de su casa para vender gelatinas y ya no regresó. 

Los manifestantes salieron desde el Paseo Bravo para llegar hasta Casa Aguayo, sede del gobierno estatal, donde exigieron ser atendidos por las autoridades porque consideran que no hay avances en las indagatorias para dar con el paradero del adolescente.

De acuerdo con la denuncia, Isaías salió de su domicilio en el Fovissste San Roque para dirigirse al Mercado Independencia, ubicado entre 11 Sur y Boulevar Las Torres de esta ciudad, para vender gelatinas, actividad de donde obtenía dinero para sus gastos.   

En videos de las cámaras de vigilancia, se puede ver que Isaías sí llegó hasta el mercado, donde encargó su canasto con las gelatinas en una dulcería para luego retirarse.
Los familiares señalaron que también hay imágenes del niño en la estación Tarascos del sistema de transporte Ruta, pero que hasta ahora, la Fiscalía General del Estado no ha reportado avances en las investigaciones para encontrarlo.


Señalaron que la Fiscalía dejó pasar más de 16 días para buscar las imágenes de cámaras de seguridad que eran claves para identificar el trayecto que siguió el menor. Para cuando la autoridad buscó esos videos, la mayoría ya se habían perdido porque sólo tienen capacidad de almacenamiento de una semana o 15 días. 

Uno de los familiares mencionó que la mayoría de las investigaciones las han tenido que hacer ellos, pidiendo colaboración de vecinos de la zona.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Vienen personas que no tienen experiencia en búsqueda de desaparecidos: Núñez Barojas

La activista fundadora del Colectivo 'Voz de los Desaparecidos en Puebla’ manifestó la inconformidad de los familiares de desaparecidos con el proceso para cambiar al titular de la Comisión de Búsqueda de Personas en Puebla.

María Luisa Núñez Barojas, activista fundadora del colectivo ‘Voz de los Desaparecidos en Puebla’, exigió este lunes en Aristegui en Vivo que el gobernador Alejandro Armenta Mier reciba a las familias de los desaparecidos, como prometió en su campaña electoral, y manifestó su preocupación luego de que la administración poblana lanzó una convocatoria para cambiar al titular de la Comisión de Búsqueda de Personas en la entidad a menos de dos años de gestión.

Núnez Barojas manifestó la inconformidad de los familiares de desaparecidos con el proceso para cambiar al titular de la Comisión de Búsqueda de Personas en Puebla (CBP), decisión que los deja al margen, atenta contra su derecho de participación y sin conocer los motivos para este relevo.

E, incluso, Núñez Barojas advierte que con el cambio se corre el riesgo de repetir la mala experiencia de los primeros tres años de la Comisión de Búsqueda de Personas en Puebla en los que hubo omisión y simulación en materia de desaparición forzada de personas en la entidad.

La madre buscadora y activista insistió en que el gobernador Armenta Mier reciba a los colectivos de personas desparecidas, para que les informe cuál es el sentido de cambiar al titular de la CBP, cuál es el diagnóstico y qué evolución ha tenido el trabajo de la dependencia.

De acuerdo con la convocatoria para el proceso de cambio en la CBP será la Subsecretaría de Prevención del Delito y Derechos Humanos, donde se reciban las  postulaciones y decidan quién sí  y quién no cumple los requisitos,  pero no se sabe bajo qué criterios  se tomará esta decisión.

“Estamos muy preocupados y estamos parados en la incertidumbre porque desde el gobierno de Alejandro Armenta están lanzando esta convocatoria para hacer el cambio de un funcionario que es el responsable de encabezar la Comisión de Búsqueda.

“Nosotros no defendemos  a ningún funcionario público,  no tenemos compromiso con los servidores que están en las instituciones del Estado, pero nos preocupa porque es el segundo comisionado que está a partir de que se crea esta comisión.
Los tres primeros años fueron un lastre, pues se trató de una comisionada a modo del entonces gobernador Miguel Barbosa y nos fue muy mal, luego al fallecimiento llega al gobierno interino Sergio Salomón Céspedes, que hoy está en Migración Federal, y sin escuchar a las familias, nombra al comisionado que está hoy.
Núñez Barojas señaló que el actual titular de la CBP, Luis Javier Cervantes Gómez, tiene más de un año en el cargo por lo que ya pasó su curva de aprendizaje.

“No lo conocíamos, no estuvimos de acuerdo en que lo nombrara porque no tenía experiencia en búsqueda, pero bueno, le otorgamos el beneficio de la duda y hemos ido trabajando  con él y ha aprendido.
La preocupación ahora es que lo quieren cambiar y vienen personas que desde el gobierno no tienen experiencia en búsqueda y, entonces, nos van a someter otra vez a una curva de aprendizaje de ocho meses, de un año, cuando nuestros desaparecidos tienen años esperando ser buscados y encontrados.
“Y sobre todo, se lo dijimos, el gobernador no sabe de búsqueda, el secretario de Gobernación Samuel Aguilar Pala no sabe de búsqueda, la persona que está al frente de la Subsecretaría  de Prevención y que es quien está manejando todo el teje y maneje de esta convocatoria, mucho menos sabe de búsqueda, entonces estamos parados ante la angustia, la preocupación, la incertidumbre, cuando las familias ya no tenemos tiempo, las madres, los familiares estamos envejeciendo, nos estamos enfermando, ya no vamos a poder seguir buscando, cada día que pasa es un día menos para nosotros”.

“Fui yo quien lo buscó, fui yo quien los encontró”

María Luisa Núñez Barojas narró que fundó el colectivo ‘Voz de los Desaparecidos en Puebla’ en agosto del 2018 a raíz de la desaparición de su hijo, Juan de Dios Núñez Barojas,  quien fue desaparecido el viernes 28 de abril del 2017 en el municipio Palmar de Bravo, Puebla, junto con sus amigos Abraham y Vicente Basurto Linares.
Fue mi búsqueda, fue mi trabajo, fue mi propia investigación la que me llevó a encontrar a mi hijo sin vida, con los otros chicos, en una fosa clandestina a media hora de mi comunidad. Fui yo quien lo buscó, fui yo quien los encontró, fui yo.
“Nosotros desde el colectivo hemos parido en Puebla todo lo que hay en materia de desaparición de personas, impulsamos la fiscalía especializada, impulsamos la creación de la comisión de búsqueda, trabajamos, impulsamos la  aprobación de la ley estatal en materia de búsqueda y también impulsamos la ley de declaración especial de ausencia que se aprobó apenas el año pasado, nosotros hemos llevado la batuta y lo hemos hecho solos, como familiares teniendo que aprender,  abriendo brecha de la nada y yo encontré a mi hijo, pero fue mi trabajo, fue mi propia investigación, fue ponerme en riesgo yo.
Nosotros lamentablemente sí sabemos de qué hablamos y con esa calidad en todos los sentidos es que le exigimos al gobernador que mínimamente escuche a las familias, pero también tome en cuenta lo que decimos, porque ellos no saben.
Un día que no debería de existir

El pasado 19 y 20 de abril se conmemora en México el Día Nacional de las Familias Buscadoras, un día que, a juicio de Núñez Barojas, no debería estar marcado en el calendario.

“Ante la omisión del Estado surgimos las Madres Buscadoras, antier y antes de antier fue el Día Nacional de las Familias Buscadoras, un día que ni siquiera tendría que existir, sin embargo,  ante la omisión, inacción, indiferencia del Estado, nosotros tenemos, tomamos la batuta,  tomamos las palas, los picos y nos vamos a buscar a nosotros y sin privilegios, porque lo hacemos a través de nuestros propios medios, de nuestros propios recursos, que dicho sea de paso, son muy limitados, nosotros no disponemos del aparato del Estado, no disponemos de dinero público, todos trabajamos para que podamos tener recursos y los medios para salir  a buscar a nuestros desaparecidos.
Yo no me puedo quedar cruzada de brazos y quedarme en casa, cuando mis compañeras buscadoras, más grandes, en cuestión de edad que yo y también de estatura, pues ellas siguen buscando a los suyos, ellas confiaron en un colectivo, ellas sumaron su voz a la voz de la madre de Juan de Dios, para hacer una voz más fuerte y seguir luchando por nuestros desaparecidos en Puebla y en todo el país, pues también colaboramos con colectivos del movimiento nacional por nuestros desaparecidos.
El colectivo ‘Voz de los Desaparecidos en Puebla’ también ha buscado y encontrado a migrantes en territorio poblano y a poblanos desaparecidos en otros estados.

“No podemos dejar que el gobierno o quienes están ocupando espacios del gobierno, se crean los dueños del estado, no son los dueños, no pueden disponer de nuestros derechos, no son nuestros papás, no son nuestros patrones, son funcionarios y servidores públicos que prometieron,  que se comprometieron a trabajar por las necesidades de las comunidades, de los pueblos,  de quienes necesitamos que el estado ponga atención, y entonces no nos vamos a quedar  callados.
En Puebla les molesta que levantemos la voz, pero no nos vamos a quedar  callados, no lo hemos hecho y no lo haremos, la voz de nuestros desaparecidos no debe ser  silenciada por nadie, por poderoso que se sienta en este país o en este estado.
ENTREVISTA:


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.