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Intimidación armada contra defensores del agua en Xoxtla

Integrantes de la comunidad de San Miguel Xoxtla, Puebla, denunciaron que la noche del 29 de octubre un hombre armado los amenazó en el plantón que mantienen en el parque Pavigi. El ataque ocurrió en presencia de policías estatales y puso en riesgo la vida de Pascual Bermúdez, defensor del agua y miembro activo de la resistencia. Los pobladores exigieron al gobierno municipal, estatal y federal detener la violencia contra quienes defienden el territorio.

De acuerdo con testigos, el agresor llegó al plantón con una pistola desenfundada y apuntó hacia la carpa donde se encontraban los integrantes de la comunidad. Al resguardarse las personas dentro del quiosco central, el hombre huyó por el fondo del parque y se refugió junto a patrullas de la Policía Estatal que lo esperaban frente a la entrada principal. Ocho agentes armados con rifles permanecieron en el sitio sin intervenir.

Los habitantes calificaron el hecho como un intento de homicidio y una táctica de terror destinada a sofocar la defensa pacífica del agua. Señalaron que la presencia de policías junto al agresor muestra una “complicidad abierta” y una posible “responsabilidad estatal” en la agresión. Recordaron que la policía no justificó la portación de armas largas y que la acción podría implicar un uso desproporcionado de la fuerza.

Las y los defensores advirtieron que las autoridades, encabezadas por Guadalupe Ortiz y Alejandro Armenta, están escalando el conflicto en favor de intereses privados ligados a proyectos inmobiliarios. “Si algo ocurre a alguna o alguno de los defensores del agua de Xoxtla serán responsables Guadalupe Ortiz, Alejandro Armenta y Claudia Sheinbaum”, señalaron. La comunidad insistió en que el Estado mexicano incumple el Acuerdo de Escazú, que obliga a garantizar un entorno seguro para quienes protegen el medio ambiente.

COMUNICADO:



FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Crece la amenaza contra el pueblo de Xoxtla por defender el agua

El pueblo de San Miguel Xoxtla, en Puebla, denunció un nuevo intento de saqueo del agua por parte de autoridades municipales y empresas privadas, con la construcción de un pozo en el parque Pavigi, frente al Banco del Bienestar. A pesar de la negativa reiterada de la comunidad, el gobierno local ha impuesto la obra con resguardo policial y militar, lo que, advierten, podría derivar en una represión inminente contra las y los defensores del agua.

El 25 de octubre, habitantes y defensores acudieron al sitio para impedir la extracción del recurso, tras conocer que se reactivaron las operaciones a pesar de los compromisos de detenerlas. Los ingenieros del proyecto prometieron retirar la maquinaria y los materiales en unas horas, pero en lugar de hacerlo, el municipio envió elementos de seguridad para proteger la obra. Para la comunidad, la presencia policial evidencia que el Estado actúa en favor de los intereses empresariales y no del pueblo.

Las y los habitantes señalaron directamente a la presidenta municipal Guadalupe Ortiz, a quien acusan de mentir y traicionar al pueblo que dice gobernar. Denunciaron que mantiene acuerdos con Concesiones Integrales, empresa señalada por su responsabilidad en el despojo del agua en Puebla. Según el comunicado, Ortiz ha optado por criminalizar y reprimir la defensa del territorio mientras negocia con quienes lucran con los bienes comunes.

En el mismo pronunciamiento, la comunidad criticó las declaraciones del senador Alejandro Armenta, quien mantiene una postura ambigua frente a la concesión otorgada a Concesiones Integrales. A pesar de sus declaraciones públicas, señalaron, el partido Morena continúa encubriendo a las empresas extractivas. Con la presencia creciente de policías municipales, estatales y de la Marina, el pueblo de Xoxtla llamó a la solidaridad nacional e internacional para frenar la represión y reafirmar que la defensa del agua y la vida sigue siendo una causa legítima de los pueblos que no se venden.

COMUNICADO:


FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Abandonan bolsas con restos humanos y una amenaza del “Comandante Diablo” en Puebla

Hasta esta mañana, las autoridades no han precisado a cuántas personas correspondían los restos humanos que estaban en las bolsas.

Bolsas con cuerpos humanos desmembrados que podrían corresponder a dos personas fueron abandonados la madrugada de este viernes en el camino a la junta auxiliar La Resurrección, municipio de Puebla. 

Sobre dos bolsas negras de basura además fue colocada una lona con un mensaje amenazante firmado por el “Comandante Diablo”.
“Ya llegó la limpia a todos los que andas con sus cobros de cuotas y extorsionando a gente que trabaja esto va para los supuestos brazos armados k andan por la zona, ya llegó la gente del Comandante Diablo Cuerpo de Fuerzas Especiales”, decía el texto escrito con tinta roja. 
De acuerdo a los reportes policíacos, alrededor de las 2:30 de la madrugada, habitantes de esa junta auxiliar pidieron la presencia de patrullas en el área conocida como el puente de piedra donde fueron abandonadas dos bolsas que tenían manchas de sangre y a un par de metros se encontraba una motocicleta.

Hasta esta mañana, las autoridades no han precisado a cuántas personas correspondían los restos humanos que estaban en las bolsas. 

Este hecho de violencia se suma a otros ocurridos en Puebla en los últimos días. Este mismo día, en Huixcolotla, fue localizado el cuerpo de una persona ejecutada en la batea de una camioneta. 

 El 22 de octubre de un hombre y una mujer que viajaban en una camioneta por calles de la colonia Barranca Honda fueron baleados desde otro vehículo en marcha y ese mismo día otro hombre fue ejecutado en la colonia Bosques de Santa Anita cuando viajaba en una motocicleta.   

También, el día 21, fue asesinado un hombre a balazos en el mercado La Fayuca en esta ciudad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Juan Lira Maldonado, presunto líder huachicolero, incursiona en el negocio de la construcción

El excandidato a la alcaldía de Chignahuapan, Puebla, intentó que la SCJN declarara inconstitucional que autoridades estatales investiguen operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito por el que ha sido investigado.

Juan Lira Maldonado, considerado prófugo de la justicia por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), creó este año la empresa Grupo Constructor JLM SARL AAT, S.A. de C.V., junto con otros dos socios. Entre ellos está Sergio Acacio Ramírez Lazcano, quien también fundó en 2025 Transportes ANY JU, S.A. de C.V. como accionista mayoritario.

Hasta octubre de este año no hay evidencia pública de contratos adjudicados o en ejecución para ninguna de las dos compañías. Juan Lira Maldonado, conocido como el “Moco”, además de ser señalado como presunto huachicolero y narcomenudista, fue candidato del partido Fuerza por México y contendió por la alcaldía de Chignahuapan, Puebla.

En el acta constitutiva de Grupo Constructor JLM SARL AAT, S.A. de C.V. los inversionistas son Juan Lira Maldonado, con 33.4 % de las acciones; Sergio Acacio Ramírez Lazcano, con 33.4 % y Alexis Arroyo Téllez, con 33.2 %.


Grupo Constructor JLM SARL AAT, S.A. de C.V. quedó constituido el 12 de febrero de 2025 e inscrito el 8 de mayo del mismo año ante la corredora pública Nora Mendoza Arrevillaga, de Tlaxcala, Tlaxcala. Lira Maldonado y Sergio Acacio Ramírez Lazcano aportaron 167 mil pesos cada uno, y Arroyo Téllez 166 mil pesos, de acuerdo con información disponible en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía federal.

La empresa tiene un amplio objeto social: servicios profesionales y técnicos en construcción, restauración, demolición, urbanismo y edificación de vivienda; construcción de carreteras, puentes, presas, canales, acueductos y obras de infraestructura urbana; montajes electromecánicos, instalación de tuberías, tendido eléctrico y telefónico, fibra óptica; fabricación, importación y exportación de herramientas, maquinaria para construcción y materiales pétreos; y participación en licitaciones públicas, servicios de arquitectura e ingeniería; bienes raíces; y licitaciones.

En Transportes ANY JU, S.A. de C.V., el socio mayoritario es Sergio Acacio Ramírez Lazcano, con 60 % de las acciones; y Juan Lira Arroyo, con el 40 % restante, lo que se traduce en que cada uno aportó 240 mil y 160 mil pesos, respectivamente.

Esta compañía se dedica al sector transporte y logística con actividades en explotación del servicio público de autotransporte estatal y federal, transporte de carga general y especializada; talleres mecánicos, alineación y balanceo, reparación de motores, servicios eléctricos; ensamblado y fabricación de remolques, conversión y repotencialización de vehículos; compra, venta, importación y exportación de autobuses, microbuses y vehículos automotores; servicio exprés nacional e internacional, transporte de documentos y paquetería.

Creadas con apenas seis meses de diferencia, ambas son empresas complementarias: una se enfoca en el sector de la construcción e infraestructura; otra, en el sector transporte y logística, lo que les permitiría crear sinergias operativas.

¿Quién es Juan Lira Maldonado?

El ahora empresario constructor comenzó su vida laboral “trabajando en la construcción, aprendiendo el oficio desde cero”. Fue chofer de tractocamiones, etapa que “me permitió conocer diferentes lugares y personas, ampliando mis horizontes y perspectivas”, de acuerdo con la información que él mismo proporcionó al Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE) en las elecciones de 2024.

Fundó invernaderos que producen vegetales y estableció una purificadora de agua. “La transición de ser un obrero a un empresario requirió sacrificios, aprendizaje constante y, sobre todo, la convicción de que el trabajo duro siempre da frutos”, afirma en el Sistema de consulta de información proporcionada por los candidatos que participaron en la contienda electoral local de 2024.

En la información que entregó al IEE no menciona tener relación alguna con empresas constructoras o de transportes, como las constituidas este año en el estado de Tlaxcala, pero con domicilio en el Pueblo Mágico de Chignahuapan.

A Juan Lira Maldonado se le ha relacionado con grupos delictivos dedicados al trasiego y la extracción ilegal de hidrocarburos de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en los municipios de Zacatlán de las Manzanas, Tetela de Ocampo, Huauchinango, Aquixtla y en toda la franja que va hasta Ahuazotepec, en el estado de Puebla.

Emboscados por un grupo de delincuentes ligados a Lira Maldonado, a finales de agosto de 2020 un comandante de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) fue asesinado y seis más resultaron heridos en la comunidad San Francisco Terrerillos, en la junta auxiliar de Acoculco, en Chignahuapan. Los policías, dijo el entonces gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, de Morena, estaban en la zona para ejecutar órdenes de aprehensión.

El último día de septiembre de 2020, durante la administración de Barbosa Huerta fue detenido por su probable participación en el robo de combustible, tentativa de homicidio y narcomenudeo. Es “el líder más importante de la banda de robo de combustible, narcomenudeo, secuestros, sicariato y cobro de piso en la Sierra Norte”, dijo el titular del Poder Ejecutivo.

En octubre de ese mismo año fue aprehendido su yerno, Emmanuel Domínguez Galindo, y en julio de 2024 tanto su esposa Margarita como su hija Anallely fueron vinculadas a proceso por diversos delitos.

A pesar de las acusaciones en su contra salió de la cárcel y pasó de “participar activamente en campañas políticas desde el año 2008, apoyando a todos los candidatos ganadores desde esa fecha”, según señala él mismo en información disponible en el IEE, a entrar abiertamente a la política hasta convertirse en aspirante a la presidencia municipal de Chignahuapan.

Fuerza por México, el partido que lo postuló, fue constituido como asociación civil en 2019 por Pedro Haces Barba, actual dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) y diputado federal por Morena, así como por Gerardo Islas Maldonado, quien murió en febrero de 2022 en Madrid, España.

Recientemente, grupos empresariales del estado de Durango denunciaron que “las extorsiones y cobros ilegales hechas a manos de operadores vinculados a la organización sindical Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) y grupos del crimen organizado”.

Lira Maldonado perdió la alcaldía de Chignahuapan, pese al apoyo de Pedro Haces Barba, tras la anulación de las elecciones que hizo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y se convocó a elecciones extraordinarias en las que él ya no participó como candidato.

En diciembre de 2024 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó amparar a Lira Maldonado, quien buscaba que se declarara inconstitucional un artículo que otorga facultades a las autoridades de Puebla para investigar operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito por el que él ha sido investigado en la entidad.


Presumiblemente de 2014 a 2020 adquirió al contado diversos bienes inmuebles, y vehículos de alta gama, entre los que se encuentran un Ford F150, modelo 2002; GM Venture, modelo 2000; GM Chevrolet Cheyenne, modelo 2018; Honda Odyssey, modelo 2011; GM Buick Enclave, modelo 2019.

En la audiencia de vinculación a proceso que se formuló en su contra en 2020 se señaló que probablemente “dichas adquisiciones se realizaron con recursos que proceden o representan el producto o ganancias de una actividad ilícita, tomando en razón el antecedente de las actividades a que se dedica el imputado, así como el nexo familiar que guarda con los testaferros y que son las personas que figuran como titulares de los mismos, que son sus hijos y su concubina”.

En marzo de 2025, Idamis Pastor Betancourt, titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla, dijo que se investiga a Lira Maldonado por supuestos nexos con actos de violencia y el uso de recursos ilícitos. Aseguró que realizaron cuatro cateos en propiedades de Lira Maldonado: tres el jueves 19 de marzo, y uno más el viernes 20.

Consultada para esta investigación, el área de comunicación social de la fiscalía respondió que “no podemos informar sobre mandatos judiciales por el sigilo de las investigaciones”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ISRAEL VELÁZQUEZ.

El “paraíso ecológico” de Armenta, enredado en violaciones ambientales

El gobierno de Puebla insiste en construir parques en la Malinche, el Izta-Popo y en el Pico de Orizaba aduciendo que busca el rescate y preservación de esas cimas, así como impulsar la educación, protección y el respeto por el medio ambiente... pero en un área natural protegida.

El gobernador morenista Alejandro Armenta Mier presenta su propuesta de construir un parque dentro del área natural protegida (ANP) de La Montaña Malinche, como un proyecto de preservación y educación ecológica, aunque desde su arranque su administración ha transgredido y desacatado leyes en materia ambiental.

El 4 de junio último el gobierno poblano ingresó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) un nuevo estudio de impacto ambiental del llamado Ecoparque Tlalli Malinche, en la cual también pide autorización para “rehabilitar” el camino que va de la localidad de San Miguel Canoa al predio donde propone ese recreativo, pese a que esa obra se licitó, contrató e inició varios meses antes, desde principios de este año.

Es decir, solicita permiso para intervenir un área natural protegida, cuando en esa reserva ya se usó maquinaria pesada, se removió vegetación y tierra y hasta se inició la colocación de pavimento, con lo cual violentó disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y del programa de manejo del Parque Nacional La Montaña Malinche (PNMM).

Por ello, la obra fue clausurada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) desde finales de abril último. El gobierno armentista no respetó la clausura, continuó con los trabajos y negó públicamente que ese camino estuviera dentro de la poligonal del Parque Nacional.

Armenta Mier, quien se autodefine como un “amante de la naturaleza” y suele encabezar campañas de donación de arbolitos, ha insistido en que su plan de construir parques en la Malinche, el Izta-Popo y en el Pico de Orizaba busca el rescate y preservación de esas cimas, así como impulsar la educación, protección y el respeto por el medio ambiente.

“Estamos cumpliendo todos los requisitos. Nosotros no violentamos la ley, nos apegamos al derecho y somos estrictamente respetuosos de las normas ambientales y de la aplicación del uso del suelo”, defendió el mandatario al insistir, además, en que sus propuestas se ciñen a la “bioética social y al humanismo”.

En el primero de esos tres proyectos, ubicado en la Malinche, lanzó la licitación OP- SPFA-LPE-2025-005 cuando apenas habían transcurrido 45 días del sexenio y firmó un contrato con la empresa Toscana Universal Construcciones y Acabados para cimentar, por 69.8 millones de pesos, un camino de 9.7 kilómetros hacia el predio del pretendido parque, aunque hasta la fecha éste no ha sido autorizado por la Semarnat.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 28 de la revista Proceso, correspondiente a octubre de 2025

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Denuncian censura y criminalización de la BUAP contra pueblos cholultecas

Pueblos de la región cholulteca denunciaron la censura, criminalización y amenazas a estudiantes por parte de las autoridades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y su Facultad de Filosofía y Letras, luego de que éstas suspendieron un conversatorio sobre la defensa del agua tras asegurar que las personas y organizaciones que asistirían «andan incitando a la violencia» y realizan «actos vandálicos y amenazas de muerte».

En un comunicado, los pueblos y colectivos cholultecas informaron que el conversatorio «La Autonomía de los Pueblos contra el despojo y la contaminación del capital. La lucha de los Pueblos de la región Cholulteca en defensa del Agua», programado para el 13 de octubre en el Colegio de Antropología Social, fue suspendido con una solicitud en la la institución se deslinda «de cualquier tipo de responsabilidad presente o futura hacia los estudiantes», pues con el evento se les exponía «tanto en su integridad física, psicológica, legal».

El documento oficial de la BUAP añade que «en caso de que los estudiantes quisieran apoyar este tipo de movimientos, hacerles saber que actuarán bajo su más estricta responsabilidad deslindando a esta casa de estudios», párrafo que, aseguraron los pueblos, «da cuenta clara de que la solicitud proviene de representantes académicos de la BUAP, del Estado y sujetos que han promovido la división en los pueblos, como es Héctor Flores Santamaría», quien firmó la solicitud.

«Denunciamos que estas posturas favorecen, promueven, legitiman y justifican la represión a los pueblos y abonan al ambiente de criminalización que padecemos como comunidades. […] Peligrosos son quienes, desde un lugar de poder como es la dirección de la BUAP, nos señalan como violentos; somos pueblos que defendemos nuestros derechos, que ejercemos nuestra autonomía y que luchamos por la vida», reclamaron las comunidades y colectivos cholultecas.

Agregaron que las prácticas de las autoridades de la BUAP no les extrañan debido a la institución «ha sido cómplice del ecocidio» en la región, pues fue utilizada por el ahora gobernador, Alejandro Armenta Mier, para avalar «científicamente» que el basurero intermunicipal Calpan-Cholula no contaminaba el medio ambiente.

«De la misma forma, la actual rectora, Lilia Cedillo, se alquiló para hacer proselitismo en el municipio de Juan C. Bonilla. No nos extrañan estas actitudes de parte de la BUAP hacia los pueblos, pues en septiembre de 2024, en el Coloquio Internacional e Interdisciplinario de Género y Feminismo, realizado en la Facultad de Filosofía y Letras, la voz de las compañeras fue censurada en sus plataformas virtuales», denunciaron en el comunicado.

Frente a la criminalización y censura por parte de la institución, los pueblos anunciaron que el conversatorio se realizará en el campamento contra el basurero y en defensa del agua y la vida en Cholula, este 11 de octubre a las 12:00 horas, pues aseguran que es un espacio «más crítico, libre y rebelde».

«No necesitamos al gobierno y sus instituciones, no necesitamos una educación que amenaza, adormece y corrompe la voluntad y el pensamiento; nos necesitamos a nosotros, la gente sencilla y humilde que en la práctica y los hechos derrumbará esa pirámide y sobre sus ruinas construirá un mundo para el bien común», finalizaron los pueblos cholultecas.

COMUNICADO:

A Los estudiantes

A los medios de comunicación

A los pueblos de la región Cholulteca y de los volcanes

A los compañeros y compañeras que luchan por la vida

En el marco de la lucha y defensa del agua y de las jornadas contra la Guerra hacia los pueblos zapatistas y la defensa del común, los pueblos de la región Cholulteca y estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (#BUAP) organizamos un conversatorio en el Colegio de Antropología Social que forma parte de la Facultad de Filosofía y Letras. Esta actividad, que lleva por título: «La Autonomía de los Pueblos contra el despojo y la contaminación del capital; La lucha de los Pueblos de la región Cholulteca en defensa del Agua», se programó para el día lunes 13 de octubre a las 12:00 horas en el Colegio de Antropología Social con la finalidad de compartir entre los estudiantes la resistencia, la organización comunitaria y la preservación y cuidado de la tierra y la vida.

Sin embargo, el día 7 de octubre, la Dra. Josefina Manjarrez Rosas, Directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP, y el Dr. Porfirio Sánchez Méndez, Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, enviaron y difundieron el oficio CGUTAI-852/2025 con la solicitud 610/2025. Dicho documento, proveniente de la Plataforma Nacional de Transparencia con fecha 2/10/2025 a nombre de Héctor Flores Santamaría, folio: 210447925000610, indica la solicitud de la suspensión de dicho evento. La «solicitud» que en documento se plantea como tal, pero que en los hechos es dirigida y difundida por la directora y el titular de la Unidad de Transparencia como orden, señala, entre otras cuestiones, que las personas y organizaciones que asistirán a dicho evento «andan incitando a la violencia», además de realizar «actos vandálicos y amenazas de muerte». Más adelante, el documento indica: «en caso de llevarse a cabo una plática o conversatorio o reunión nos deslindamos de cualquier tipo de responsabilidad presente o futura hacia los estudiantes […] Ya que se busca que no se vaya a exponer a los estudiantes tanto en su integridad física, psicológica, legal y además en caso de que los estudiantes quisieran apoyar este tipo de movimientos hacerles saber que actuarán bajo su más estricta responsabilidad deslindando a esta casa de estudios». Este último párrafo, además de las graves amenazas y la violencia implícita hacia los estudiantes, da cuenta clara de que la solicitud proviene de representantes académicos de la BUAP, del Estado y sujetos que han promovido la división en los pueblos como es Héctor Flores Santamaría.

Como pueblos organizados en defensa de la autonomía, la tierra y la vida, analizamos la terrible y preocupante situación de violencia generada, promovida y difundida por la institución de la BUAP ante sus estudiantes y planta académica, que se sigue dando en el marco de unas elecciones de rectoría muy cuestionables donde la Dra. Lilia Cedillo Ramírez se impuso nuevamente a través de estas mismas prácticas de represión y criminalización.

A los pueblos de la región Cholulteca y de los volcanes no nos extrañan estas prácticas, pues sabemos que la institución de la BUAP ha sido cómplice del ecocidio en nuestra región, pues fue utilizada por el criminal priísta que hoy es gobernador por MORENA, Alejandro Armenta Mier, para decir que la Universidad avalaba científicamente que el basurero intermunicipal Calpan-Cholula no contaminaba el medio ambiente. De la misma forma, la actual rectora, Lilia Cedillo, se alquiló para hacer proselitismo en el municipio de Juan C. Bonilla. No nos extrañan estas actitudes de parte de la BUAP hacia los pueblos, pues en septiembre de 2024, en el Coloquio Internacional e Interdisciplinario de Género y Feminismo, realizado en la Facultad de Filosofía y Letras, la voz de las compañeras fue censurada en sus plataformas virtuales.

Denunciamos que estas posturas favorecen, promueven, legitiman y justifican la represión a los pueblos y abonan al ambiente de criminalización que padecemos como comunidades. Sabemos de la postura con tendencia fascista que se está generalizando en los gobiernos del mundo y que permiten que la guerra sea contra los pueblos; lo vemos de manera clara en el genocidio en Palestina y no vamos a permitir que crezca y se fortalezca ese discurso en contra de nosotros. Peligrosos son quienes, desde un lugar de poder como es la dirección de la BUAP, nos señalan como violentos; somos pueblos que defendemos nuestros derechos, que ejercemos nuestra autonomía y que luchamos por la vida.

¿Qué tipo de egresados de la BUAP esperamos si institucionalmente se promueve el racismo y el autoritarismo?

Los pueblos, desde hace siglos, hemos construido y defendido nuestra autonomía, algo de lo que carece esta institución. Las comunidades, como quiera, vamos a seguir luchando y resistiendo el embate del gobierno y sus estructuras de poder.

Lo que sí debería indignar a toda la sociedad es el trato inhumano y represor que esta institución promueve y reproduce entre sus estudiantes y planta docente.

Los pueblos de la región Cholulteca y de los volcanes les hacemos un llamado a todos los estudiantes a organizarse, a seguir defendiendo el pensamiento crítico y la lucha por la libertad porque el día de mañana serán ustedes los que, junto con nosotros, transformen la realidad para el bien común.

En este sentido, los invitamos al conversatorio: «La autonomía de los pueblos contra el despojo y la contaminación del capital; La lucha de los pueblos de la región Cholulteca en defensa del agua». Pero ya no en el auditorio Néstor García Canclini del Colegio de Antropología Social de la BUP (ya le quitamos la A), sino en un espacio más crítico, libre y rebelde: en el campamento contra el Basurero y en defensa del agua y la vida. Y ya no será el día 13 de octubre del año en curso, sino el sábado 11 de octubre a las 12:00 hrs.

No necesitamos al gobierno y sus instituciones, no necesitamos una educación que amenaza, adormece y corrompe la voluntad y el pensamiento; nos necesitamos a nosotros, la gente sencilla y humilde que en la práctica y los hechos derrumbará esa pirámide y sobre sus ruinas construirá un mundo para el bien común.

Sin más por el momento…

AUTONOMÍA, TIERRA Y LIBERTAD

A 8 de octubre de 2025

PUEBLOS UNIDOS DE LA REGIÓN CHOLULTECA Y DE LOS VOLCANES

UNIÓN DE PUEBLOS CONTRA EL BASURERO Y EN DEFENSA DEL AGUA

CONSEJO CIUDADANO DE XOXTLA Y SUS ALREDEDORES

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Artículo 19 pide a Armenta detener criminalización e intimidación contra e-Consulta

La organización refirió que la actualización del proceso judicial ocurrió posterior a publicaciones en las que e-consulta informó sobre una presunta estrategia del gobierno de Puebla para obligar a funcionarios a dar likes y postear de manera positiva en redes sociales a favor del gobernador.

La organización Artículo 19 hizo un llamado al gobernador Alejandro Armenta y a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que detengan la criminalización e intimidación contra el portal de noticias e-Consulta, luego de que se reactivó una denuncia presentada desde 2020 contra Rodolfo Ruiz, director de ese medio. 

En un comunicado, la organización refirió que la actualización de ese proceso judicial, por el supuesto delito de lavado de dinero, ocurrió posterior a una serie de publicaciones en las que e-Consulta informó sobre una presunta estrategia del gobierno de Puebla para obligar a personas en función pública a dar likes y postear de manera positiva en redes sociales a favor del gobernador.

“Es preciso mencionar que la denuncia en cuestión tiene su origen en auditorías fiscales de enero de 2020 que no se concluyeron, pero que la Secretaría de Finanzas y Administración de Miguel Barbosa promovió ante la Fiscalía General del Estado (FGE), junto con otros procesos civiles por supuesto daño moral en contra el medio y el director, acumulando más de 7 procesos judiciales durante dicha administración”. 

Agregó que, en su momento, Artículo 19 alertó que ese tipo de procesos judiciales son denuncias o demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPPs, por sus siglas en inglés) utilizados por la gente que detenta el poder para limitar el debate público, “así como censurar e intimidar a través de lo que implica en términos de recursos humanos y económicos el defenderse frente a estos procesos”. 

Recordó que el caso de Rodolfo Ruíz y de e-Consulta ocurre también en medio de una serie de discursos “estigmatizantes”, donde se han utilizado las conferencias de prensa de gobierno estatal para criminalizar a ese medio. 

Esto se refiere a los señalamientos hechos durante una rueda de prensa directamente en contra de Ruiz, cuando Armenta lo llamó “cobarde”, “canalla” y lo tachó de ciberdelincuente al acusarlo de la publicación de un mensaje en redes sociales, que el periodista ni siquiera había emitido. 

Artículo 19 menciona que a esto se suma el hecho de que Puebla ha sido centro de debate público por la reforma que tipifica el delito de ciberasedio, que ha sido cuestionada por organizaciones y periodistas al considerar que genera un “efecto inhibitorio” para el ejercicio de libertad de expresión e información de las personas. 

Al exponer estos antecedentes, la organización pidió al gobierno de Armenta abstenerse de estigmatizar o criminalizar a periodistas y medios de comunicación y a la Fiscalía abstenerse de utilizar recursos públicos en procesos que buscan intimidar a la prensa por sus publicaciones.   

Igual llama al Poder Judicial de Puebla a que aplique los estándares internacionales y criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de libertad de expresión y ejercicio periodístico, para el estudio y resolución de los procesos civiles o penales iniciados contra periodistas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Morena propone que médicos puedan negarse a practicar el aborto en Puebla

La iniciativa de la diputada Nayeli Salvatori llega pese a que la SCJN ya resolvió que la objeción de conciencia no puede ser barrera para la interrupción legal del embarazo.

La fracción de Morena en el Congreso de Puebla propuso una reforma a la Ley Estatal de Salud que plantea el derecho a la “objeción de conciencia” para que el personal de salud de hospitales de Puebla pueda negarse a practicar un aborto. 

Presentada por la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, la iniciativa retoma una figura que ya fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al señalar en 2021 la inconstitucional el Artículo 10 Bis de la Ley General de Salud y asentar que “la objeción de conciencia” no puede ser barrera para la interrupción legal del embarazo. 

No obstante, la diputada de Morena propone que el personal médico y de enfermería pueda ejercer el derecho de “objeción de conciencia cuando se oponga de forma directa, auténtica y grave contra sus convicciones”. 

Cabe señalar que apenas hace un año, en julio de 2024, el aborto fue despenalizado en esta entidad donde aún se contemplaba pena de cárcel para las mujeres que recurrieran a la interrupción del embarazo. 

Sin embargo, las agrupaciones feministas han advertido que aún está pendiente la reforma a la Ley Estatal de Salud para que las mujeres tengan acceso al servicio médico de manera gratuita. 

Desde marzo de 2023, CAFIS, Odesyr y GIRE ganaron un amparo a favor del derecho a las mujeres a decidir, lo cual obligó al gobierno de Puebla a establecer que el aborto gratuito se podía llevar a cabo en siete hospitales de la entidad, siempre y cuando fuera con el acompañamiento de esas organizaciones. 

Recientemente, colectivas feministas que participan en la Campaña por el Aborto Legal en Puebla denunciaron que a pesar de haberse despenalizado y de que el Poder Judicial respaldó el derecho de las mujeres a decidir, en Puebla las mujeres que solicitan un aborto en hospitales públicos se enfrentan a la falta de medicamentos y equipos, y a la actitud hostil del personal médico que, incluso, con frecuencia intenta disuadirlas. 

Además, advirtieron que las mujeres de diversas regiones de la entidad en condiciones de pobreza no tienen acceso al derecho a la interrupción legal del embarazo, pues en las unidades de salud pública de sus municipios les niegan el servicio y les aseguran que ese procedimiento sólo puede llevarse a cabo en la capital de la entidad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Trabajadores de Puebla exhiben cómo se les ordena hablar bien de Armenta en redes

Empleados del Gobierno de Puebla relataron a SinEmbargo que desde el Poder Ejecutivo de esa entidad se les exhortó a que dejaran comentarios positivos en las publicaciones de las redes sociales del Gobernador Alejandro Armenta, con el propósito de inflar la imagen del mandatario.

Trabajadores del Gobierno de Puebla denunciaron que están siendo víctimas de ciberacoso por parte de la Administración de Alejandro Armenta, la cual les ordenó dejar mensajes positivos en las publicaciones oficiales del Gobernador, para lo cual incluso crearon una aplicación llamada Nódica, la cual vigilaba dicha actividad, misma que fue desactivada luego de que se exhibió esta situación.

Empleados del Gobierno de Puebla relataron a SinEmbargo que desde el Poder Ejecutivo de esa entidad se les exhortó a que dejaran comentarios positivos en las publicaciones de las redes sociales del Gobernador Alejandro Armenta. Primero, este llamado fue “voluntario”, afirmando que el no hacerlo no afectaría su área laboral, pero después con la creación de Nódica, la tarea se convirtió en obligatoria y de vigilancia continua.

Fue el portal e-consulta el que dio a conocer la existencia y propósito de Nódica. Incluso, el periodista Ignacio Gómez Villaseñor, a través de su cuenta de X, publicó pruebas de que el Gobernador Armenta administraba el sitio, mismo que era utilizado para inflar su imagen en redes sociales. “No deja duda que usan ilegalmente Nódica para inflar las redes del gobernador. Y no solo eso, aquí les demuestro que el mismo gobernador es administrador”, escribió Gómez Villaseñor.
El medio digital dio a conocer los videos que los empleados recibieron en los que se les daba a conocer la forma en la que funcionaba la plataforma, a través de la cual, los burócratas estaban obligados a comprobar si cumplían con la cuota de “activación” –los mensajes que debían publicar en favor del Gobierno poblano– semanal, de acuerdo a un calendario de actividades que la Coordinación General de Comunicación Social del estado creo.

De acuerdo con este cronograma, a cada una de las 82 dependencias estatales que conforman la Administración que encabeza Armenta se le designó tres días a la semana para apoyar las publicaciones que en redes sociales difunde el Gobierno de Puebla. Asimismo, cuando alguna de estas entidades no lleva a cabo esta labor, se publica una lista con el nombre de las entidades evidenciado que no se “activaron” conforme a la designación que se estableció en el calendario.

Los trabajadores afectados expresaron a SinEmbargo que están obligados a cumplir con esta actividad de “apoyo voluntario” por miedo a perder su empleo y que incluso se siente “cercados” ya que les ha impuesto el subir evidencia de su participación “en las publicaciones de las redes sociales del Gobernador Armenta”, tarea que es conocida por algunos como ciberactivismo gubernamental, pero que en realidad se trata de un cibieracoso contra estos empleados burócratas.


El trabajador de una de las dependencias estatales, quien solicitó mantener el anonimato, evidenció cómo desde el Ejecutivo estatal, mediante los mandos medios, principalmente, se dan instrucciones, a través de grupos de WhatsApp, para que los trabajadores dejen mensajes de apoyo en las redes sociales del Gobernador Armenta.
“Mis compañeros y compañeras tienen que estar subiendo las evidencias de manera periódica, básicamente dependiendo de la agenda que tenga el Gobernador. En este escenario, que ya es de por sí complicado, en lugar de estar nuestro trabajo, ahora nuestros superiores, mandos medios sobre todo, y superiores, nos están solicitando que participemos en este tipo de activaciones de las redes del Gobernador, cosa que es obscena, es insultante”, dijo.
“Para los que somos de izquierda es una pena ver cómo toda esta gente que llegó de la 4T improvisada al Gobierno del estado no ha hecho más que recurrir a estar prácticas priistas de la vieja política”, agregó el trabajador, quien enfatizó que muchos empleados han sido obligados a “participar en grupos de WhatsApp”, en los cuales “hay mucha gente”, quienes “tienen que subir las evidencias” [los mensajes de apoyo en redes sociales en favor de Armenta*.


La información de e-consulta señala que la creación de Nódica fue idea de Fansel Miroslava Pastor Betancourt, directora de Monitoreo y Redes Sociales del Gobierno de Puebla y promotora de la activación digital, quien justificó que la plataforma era usada para monitorear y atender situaciones de riesgo para la población, pese a que las pruebas periodísticas muestran que con la App se obligaba a los trabajadores estatales a dejar mensajes positivos en favor de Armenta.

Por su parte, en respuesta a los señalamientos del periodista Gómez Villaseñor, José Tomé Cabrera, coordinador general de Comunicación Social del Gobierno de Puebla, aseguró que Nódica fue una herramienta que no tuvo costo para la administración estatal, misma que fue dada de baja desde el pasado viernes cuando se evidenció dicha actividad. “Muestra el contrato. No existe porque es una herramienta que para nosotros no tuvo costo. ¿Qué parte no entiendes que no se puede acusar en falso?”, dijo Tomé en su cuenta de X.
El GobernadorArmenta Mier suma ya varias polémicas en nueve meses de administración. Antes fue señalado por agresiones a periodistas y medios de comunicación locales, a los cuales se sumó la “Ley Censura”, con la que su gobierno buscaba blindarse frente a la crítica ciudadana.

Oriundo de Izúcar de Matamoros, Puebla, Armenta inició su carrera política a los 23 años cuando fue elegido por plebiscito para Presidente municipal de Acatzingo de Hidalgo. Posteriormente, fue Diputado local de 2002 a 2005, en la segunda mitad del sexenio del Gobernador priista Melquíades Morales.

En el gobierno de Mario Marín (2005-2011) fungió como director del DIF Estatal, Secretario de Desarrollo Social y en 2010 se convirtió en dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde le tocó la designación de los candidatos para la gubernatura, alcaldías y diputaciones.

En 2015 fue designado como Diputado federal por el PRI en el Distrito 7 de Tepeaca; y en 2017 acudió a un evento organizado por Morena en contra de la corrupción, por lo que el PRI decidió suspender temporalmente su militancia al considerar que había asistido a un evento partidista de otro órgano político.

En respuesta, Armenta anunció su renuncia al PRI y su incorporación a la militancia de Morena en abril de 2017. Rápidamente, en las elecciones de 2018 fue elegido como Senador por el partido guinda y, desde entonces, ha ocupado importantes puestos. En la Cámara alta, lo logró con el apoyo de Ricardo Monreal.

Al inicio del Segundo año legislativo de la LXV legislatura y después de tres votaciones, fue electo como Presidente de la Mesa Directiva del Senado para el período 2022-2023, él era el candidato de Monreal y en ese periodo quedó exhibida una ruptura dentro de la bancada morenista, pues poco menos de la mitad rechazaban la llegada de alguien cercano a Ricardo.

Y en 2024 se convirtió en el candidato al gobierno de Puebla por la coalición Sigamos Haciendo Historia; es el gobernador poblano desde el 14 de diciembre de ese año.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: NORA GASPAR RESÉNDIZ.

Habitantes de Xoxtla exigen la revocación del permiso de extracción en el pozo 4

Más de 300 habitantes de Xoxtla, Puebla, marcharon este miércoles por las calles del municipio para exigir a la alcaldesa Guadalupe Ortiz Pérez la revocación del permiso que otorga a Concesiones Integrales la extracción de 50 litros por segundo del pozo 4.

La caravana inició en el zócalo de Xoxtla y recorrió las principales vialidades. Los habitantes alertaron a la población sobre las consecuencias del acuerdo como el recrudecimiento de la escasez de agua que ya enfrentan. El recorrido finalizó cerca de la autopista México–Puebla, donde invitaron a que más ciudadanos se sumen a la protesta.

Pascual Bermúdez Chantes, activista y líder del movimiento, informó que el Juzgado Cuarto de Distrito admitió su juicio de amparo contra una orden de aprehensión impulsada por la empresa, y obtuvo una suspensión provisional.

Durante la movilización, los pobladores también alertaron sobre los intentos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por entregar volúmenes del recurso a la empresa, lo cual fue aseguraron que se trata de un beneficio a intereses privados.

Asimismo, denunciaron la revocación de una suspensión previa a Bermúdez por un error judicial y recordaron el caso de Renato Romero, activista recientemente exonerado tras ser acusado por su defensa del agua en la entidad.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Graban despojo violento: científica y empresario austriaco denuncian abusos de los hermanos Kuri

Los restauranteros Carolina Mendoza y Armin Brandel acusan a los hermanos Kuri Carballo (ligados al Partido Verde) de orquestar su desalojo violento en Lomas de Angelópolis mediante amenazas, agresiones, difamación y abuso de poder. Los hechos, en complicidad con la policía de San Andrés Cholula.

El 7 de mayo último el matrimonio formado por la científica Carolina Mendoza y el ingeniero austriaco Armin Brandel fueron desalojados con violencia de su restaurante en el que no sólo invirtieron los ahorros de su vida (poco más de cinco millones de pesos), sino en el cual trabajaron para convertirlo, en pocos meses, en uno de los mejor calificados de la exclusiva zona de Lomas de Angelópolis de este municipio.

Aficionados a la cocina, Carolina y Armin creyeron estar cumpliendo un sueño al emprender ese establecimiento especializado en comida italiana al que llamaron Fenotti, pero al poco tiempo se vieron inmersos en la pesadilla que jamás imaginaron.

En lo que ahora asumen fue una maquinación, los restauranteros denuncian que fueron despojados de su trabajo y dinero en medio de una cadena de atropellos, difamación en medios de comunicación y redes sociales, robos, amenazas de muerte, violencia institucional, boicots al negocio, agresiones físicas, detenciones arbitrarias, abuso de autoridad y falsificación de documentos, entre otras acciones. 

Ante distintas autoridades la pareja ha acusado a los hermanos Juan Pablo y Emilio Kuri Carballo, propietarios del Centro Comercial Riona High Plaza, de haber usado influencias políticas y poder económico para avasallarlos de diversas maneras hasta sacarlos de dos locales que en marzo de 2024 les arrendaron en obra negra y en los cuales invirtieron para acondicionarlos como un restaurante de alta gama.

Juan Pablo Kuri fue regidor en el Ayuntamiento de Puebla de 2014 a 2018, y, al mismo tiempo, fungió como dirigente estatal del Partido Verde hasta julio de 2019, cuando se integró al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) como secretario de Comunicación Social de ese partido hasta noviembre de 2020. 

De 2018 a 2021 fue diputado local, cuando el Verde se sumó a la alianza Juntos Hacemos Historia, que llevó a la 4T a ganar la gubernatura de Puebla. 

Además, los hermanos Kuri Carballo son hijos de Antonio Kuri Alam, quien fue delegado del Infonavit de 2016 a 2023, época en la que ese instituto fue señalado por demandar a derechohabientes en otras entidades del país para dejarlos en la indefensión. Al perder sus casas, éstas se remataron en favor de inmobiliarias.

En denuncias ante autoridades como la Secretaría de la Función Pública estatal, la contraloría de San Andrés Cholula, la embajada de Austria, la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los restauranteros aseguran que en el entramado en su contra participaron servidores del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, que preside la panista Guadalupe Cuautle y del Sistema Operador de Agua y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP).

Las maniobras para anular el contrato de renta, que se firmó por tres años, y para apropiarse de las adecuaciones que hicieron los empresarios, se relacionarían con que en ese centro comercial operará en breve una franquicia Akademi, de Kidzania, centro interactivo para niños que, al estar en la zona de mayor nivel socioeconómico de Puebla, atraería una alta afluencia de familias a esa plaza. 

Los Fenotti

Armin y Carolina llegaron a Puebla hace cuatro años, cuando la científica, doctora en Nanociencias y Materiales, fue contratada para trabajar en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE). Su pareja, quien labora en línea para Microsoft, no tuvo problema en cambiar residencia.

En entrevista con Proceso, explican que a principios del año pasado decidieron aventurarse y poner a trabajar sus ahorros en un restaurante en una zona de alta demanda como lo es Angelópolis. 

El 1 de marzo de 2024 firmaron un contrato de renta con los Kuri Carballo para pagar 100 mil pesos mensuales por dos locales en la Plaza Riona High, ubicada en el bulevar Atlixcáyotl.

Los dueños del centro comercial condicionaron el arrendamiento a que, en la adecuación de las instalaciones, que estaban en obra negra, contrataran al arquitecto Miguel Jacobo Yitani, amigo de los Kuri, quien cobró dos millones de pesos sin entregarles factura por sus servicios. 

Desde los primeros meses enfrentaron problemas, pues tuvieron que hacerse cargo de la instalación de gas, ya que, aunque el centro comercial rentó el lugar para restaurante, no contaba con ese indispensable servicio.

Armin asume ahora que esta intención de despojo estaba presente desde ese momento, pues en el proceso para tramitar licencia de funcionamiento y permisos de protección civil, los empleados de la plaza nunca entregaron documentos que requerían, por lo que tuvieron que contratar a un perito que resolviera esos trámites. “Creo que la intención era que no obtuviéramos los permisos, pero a pesar de todo, lo logramos”, refiere el austriaco.

“Éramos muy niños”, expresa al reconocer la ingenuidad con la que aceptaron condiciones, omisiones, tratos de palabra y cláusulas que luego usaron en su contra. 

Fenotti empezó a operar el 1 de agosto del año pasado. La pareja cuenta que el establecimiento logró ganar popularidad por lo que en poco tiempo empezaron a tener lleno los fines de semana. Esto, pese a los constantes saboteos de la administración a cargo de Rosario Pedraza, quien apagaba las luces de la plaza o dejaba sin funcionar elevadores y escaleras eléctricas, cuando aún tenían clientela. 

Detenciones y difamación

El 10 de enero de 2025 ocurrió el primer incidente grave. Carolina buscó estacionarse en un lugar cercano al local, pero el personal de seguridad se lo impidió.

Al suscitarse un altercado, los Brandel llamaron al 911 para pedir el auxilio de la policía vial, pero al lugar llegaron además elementos municipales que, luego de saludar con familiaridad a la administradora, esposaron a Armin y se lo llevaron detenido. Al temer la desaparición de su pareja, Carolina igual se subió a la patrulla. 

Ambos fueron llevados al Complejo de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPPC) de San Andrés Cholula donde una jueza los puso en libertad al no haber cargos, aunque las fichas que les levantaron dice que fueron aprehendidos por “escandalizar en evento deportivo” y los obligaron a pagar dos mil pesos de multa.  

En su denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Armin afirma que los policías fueron sobornados por la administradora de la plaza, Rosario Pedraza, para grabarlo en video cuando lo subían a la patrulla. Esas imágenes fueron pautadas en medios de comunicación locales y en redes sociales para exponer al austriaco como un “agresor de mujeres”. 

“Armin Brandel ya tiene antecedentes de agresiones y es conocido por ser conflictivo. Este incidente no es el primero en el que se ve involucrado en situaciones de violencia”, dice una de las notas de ese día.

En tanto que Pedraza presentó una demanda contra Armin al que acusó de haberla agredido físicamente por el espacio de estacionamiento. 

Tras esta andanada mediática, el austriaco acudió ante la embajada de su país en México y el 13 de enero dio una rueda de prensa en la que señaló a los Kuri Carballo de usar sus contactos y recursos económicos para hostigarlo y difamarlo. 

En ese momento pidió la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alejandro Armenta para que hicieran prevalecer el Estado de derecho y la certeza jurídica en su derecho al trabajo y el de los 15 empleados del restaurante.

Amenaza de desalojo y clausura

El 20 de febrero último, cuando el restaurante apenas tenía seis meses de operar, los empresarios fueron notificados de un juicio de desalojo en el que los Kuri pidieron conservar las adecuaciones y retener tres meses que habían pagado como depósito.

A partir de entonces iniciaron la defensa legal, que aún sigue en el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y del Trabajo y Juicios Federales en Puebla bajo el expediente 14/2025, aunque el desalojo ya se consumó.

La pareja menciona que sus abogados dieron por hecho que la demanda no procedería, pues los Kuri usaron la vía mercantil, cuando el contrato de renta es civil. No obstante, el juzgado inicio el proceso y les pidió una garantía de 800 mil pesos. 

Luego de que ellos recurrieron al amparo y al observar la posible falta de competencia de la vía mercantil, Armin cuenta que los Kuri desataron otras estrategias de presión. 

El 4 de abril un inspector del SOAPAP llegó a Fenotti y cortó el suministro del agua bajo el argumento que incumplían con permisos de descargas, aunque éstos no correspondían al establecimiento, sino al centro comercial. 

Para no suspender el servicio, los empresarios instalaron un tinaco y compraron otros dos recipientes que no usaron. Armin asegura que la noche del 7 de abril, cuando ya el restaurante había cerrado, empleados del centro comercial allanaron la terraza de su local y tiraron desde la segunda planta dos de los tinacos. Días después, afirma, los encontraron en una bodega de la plaza, aplastados y orinados. 

El austriaco, alertado por un vecino, regresó al restaurante cuando acababa de ocurrir este hecho y encontró patrullas de la municipal de Cholula en el lugar que se negaron a actuar, aunque les mostró los videos de las cámaras de seguridad donde identificó a trabajadores de seguridad de la plaza ingresando al negocio y lanzando los tinacos. 

En tanto, la SSPPC de Cholula emitió un comunicado ese día en el que descartó que se tratara de un robo y expuso que todo se debió a la falta de pago de agua por parte del restaurante. Aseguró que los tinacos fueron resguardados por personal de la plaza, aunque en el video se ve cuando los lanzan desde la terraza. 

Tras cinco días sin servicio de agua, el SOAPAP reconoció la ilegalidad del corte aplicado el 4 de abril y reconectó el suministro al restaurante. 

Dos días después, el 11 de abril, inspectores de Protección Civil llegaron a Fenotti con la intención de clausurarlo. Los empresarios relatan que presentaron todos los permisos en orden, pero los empleados del ayuntamiento de Cholula arguyeron el peso de los tinacos llenos de agua, aunque estos fueron robados. 

Colocaron un gran pegote de “clausurado” en una de las ventanas del local.  

De nueva cuenta, la SSPPC de Cholula publicó un comunicado para sostener que la clausura del restaurante se debió a que se “constató que los tinacos llenos de agua se encontraban adentro del inmueble”.  Y de nuevo, la nota fue difundida en medios. 

Los propietarios de Fenotti iniciaron el 14 de abril un procedimiento administrativo de revisión y, el día 23, la Secretaría de Protección Civil del municipio anuló por irregular esa clausura, aunque nunca se presentaron para retirar el pegote de “Clausurado” que causaba confusión entre los clientes. 

También, afirman que otro de los ataques fue mediante bots en Google, Instagram y Twitter para tumbar la calificación de las reseñas de Fenotti que era de 4.9. Tras una denuncia pudieron comprobar el ataque masivo y anular los falsos mensajes. 

Armin y Carolina reconocen que a este punto ya estaban agotados y desgastados anímica y económicamente. Cuando los abogados les advirtieron que podrían proceder al desalojo con el uso de la fuerza pública, decidieron salirse voluntariamente pensando en la seguridad de sus empleados y de ellos. 

Carolina asegura en una de las demandas que en ese entonces la administradora del centro comercial se acercó a ella y le dijo: “Si no se largan, los Kuri los van a matar”.

El 7 de mayo pasado comenzaron a desocupar los locales en presencia de un representante de la CEDH. Pero Carolina cuenta que apenas éste se retiró, los empleados de la plaza desataron la violencia, rompieron vidrios y los amedrentaron para tratar de impedir que siguieran sacando sus equipos. 

Todo esto ocurrió frente a elementos de la policía de San Andrés, de un supuesto notario y de representantes de medios de comunicación. 

Carolina mostró a Proceso un video (ver en el link original) donde ese día Octavio de Jesús Solís Morán, apoderado legal de los Kuri, se lanza a golpes contra un empleado del restaurante y contra ella misma, a la que tiró al piso para arrebatarle el celular con el que grababa.

Entrevistado por este medio, Raúl Sánchez Betanzos, consejero jurídico del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, rechazó que la alcaldesa, Guadalupe Cuautle, tenga alguna inclinación en favor de los Kuri y aseguró que las denuncias presentadas por los Brandel contra policías y servidores públicos ante la Contraloría Municipal se investigarán y se procederá si se encuentran responsabilidades.

“Yo puedo pensar que, de mala fe, la administradora haya presentado denuncias. Fuimos dos áreas, una municipal y otra estatal que fue el SOAPAP, que caímos a lo mejor en el engaño y nos subieron a un escenario de particulares donde nosotros no teníamos nada que ver”, argumentó.

De la misma manera, Proceso buscó la posición de los hermanos Kuri, pero sólo se pudo contactar a la administradora de la plaza Riona, Rosario Pedraza. En respuesta a los señalamientos, este medio recibió ligas de internet sobre las notas publicadas en distintos portales locales sobre las “conductas agresivas” por parte de Armin Brandel. 

Rosario Pedraza insistió en que fue agredida y ofendida por el empresario austriaco. “Están mal de la cabeza”, dijo. 

Los Brandel acudieron ante las autoridades a denunciar cada uno de estos hechos, igual que se quejaron ante la alcaldesa de San Andrés, pero hasta ahora nada ha procedido. Dicen que en este trayecto descubrieron que no son los únicos que han sido víctimas de despojo por parte de los Kuri. 

“Cedimos porque, aunque Fenotti fue un espacio construido con amor, esfuerzo y sueños compartidos, ningún negocio merece sostenerse a costa de la paz, la salud mental y la integridad física de quienes lo crean”, manifestaron en un mensaje que confirma su cierre.
Lo que con amor, esfuerzo y disciplina construimos se entregó al despojo, ¿Por qué? Porque este despojo estaba pactado desde el día mismo que acudimos al pent-house del edificio Komplex a celebrar la firma del contrato de arrendamiento. Porque entramos en un sistema perfecto, que se desarrolla en silencio, pero protegido y encubierto por las autoridades que nos negaron refugio. ¿Por qué? Porque sacamos permisos y licencias en lugar de dar mordidas, porque como niños confiamos que las autoridades actuarían.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Puebla: Caen seis presuntos miembros de 'La Barredora' y CJNG

Durante una primera intervención en la colonia Bosques de Amalucan, se logró la detención de Erik N., alias “El Yiyo”, de 20 años, proveniente de Jalisco, y de Diego N., de 20 años.

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla informó el viernes sobre la detención de seis presuntos miembros del grupo delictivo ‘La Barredora’, esto como parte de las acciones gubernamentales para combatir la delincuencia organizada en la entidad.

En un esfuerzo conjunto para la construcción de la paz y resultado de diversos operativos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Fiscalía General del Estado (FGE) llevaron a cabo la detención.

Durante una primera intervención en la colonia Bosques de Amalucan, se logró la detención de Erik N., alias “El Yiyo”, de 20 años, proveniente de Jalisco, y de Diego N., de 20 años, quienes viajaban en una camioneta con placas de circulación del Estado de México, posiblemente relacionada con el homicidio de un policía estatal custodio, registrado en la colonia Lomas de San Miguel.

Por otro lado, la SSP, SEMAR y FGE ubicaron un inmueble ubicado en la colonia Santa Margarita, que presuntamente era utilizado como casa de seguridad, y donde fueron detenidos Agustín N., alias “El Maken”, de 21 años; Astrid N., de 18 años; Dony N., alias “El Pilas”, de 35 años, de origen guatemalteco; y Juan Manuel N., alias “El Rolas”, de 35 años, proveniente de Jalisco, quien ya había sido detenido en 2023 en el municipio de Cuautlancingo y cuenta con un proceso penal por delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

En esta acción, las instituciones de seguridad e impartición de justicia aseguraron chalecos tácticos con la leyenda “Operativa Barredora” y “CJNG” (Cártel Jalisco Nueva Generación), armas de fuego de distintos calibres, cartuchos útiles de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y envoltorios con posible droga.

“El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, refrenda el compromiso de combatir frontalmente a la delincuencia y presentar ante la justicia a quienes pretendan desestabilizar la tranquilidad de las y los poblanos”, sentencia el comunicado oficial.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Violencia vicaria: September Vélez lleva 74 días sin saber de sus hijos

Pese a que Armando S. fue vinculado a proceso por sustracción de menores, una jueza ordenó que los menores continúen bajo su cuidado.

September Vélez denunció que, a pesar de que el doctor Armando S., fue vinculado a proceso el 23 de julio por el delito de sustracción de menores y que además existe otras denuncias en su contra por intento de feminicidio y por violencia contra los niños, desde hace 74 días ella ha sido privada de contacto con sus hijos. 

“Hoy son 74 días que no veo a mis hijos, ni tengo ningún tipo de contacto con ellos. Me los quitaron para castigarme por atreverme a alzar la voz”, denunció September Vélez en su cuenta en Instagram. Desde el 26 de mayo pasado usó las redes sociales para mostrar un video en el que se ve al médico dándole una golpiza.

“Esto definitivamente no es una pelea por la custodia de mis hijos, esto se llama violencia vicaria, es castigo, es impunidad institucional”, expresó. 

Recordó que ha presentado tres denuncias ante la Fiscalía, una por intento de feminicidio, otra por violencia de Armando S. hacia sus hijos y otra por sustracción de menores, y aseguró que es por ello que su exesposo le ha privado de contacto con sus hijos para “hacerle daño”.   

Desde mayo, la nutrióloga usó las redes para visibilizar que Armando “S”, quien en ese entonces prestaba sus servicios como cirujano gastrointestinal en el hospital Ángeles de esta ciudad, se llevó de manera ilegal a sus dos hijos, de los cuales ella tiene la guardia y custodia otorgada por una jueza. 

En el video publicado este martes en su cuenta Instagram, Vélez indicó que, pese a sus denuncias, el 18 de junio una jueza familiar decidió que “las cosas se quedaran como estaban”. 

“A pesar de que mis hijos estaban con un agresor, a pesar de todo lo que ya se sabía, de los videos, de las pruebas y sobre todo del riesgo que mis hijos corrían al estar con una persona como él”, agregó. 

Igual, relató que el 23 de julio, su exesposo fue vinculado a proceso por el delito de sustracción de menores, pero a pesar de ello los niños siguen con él.   

“¿Quién se va a hacer cargo de esta situación? La jueza familiar dice que esto no es de su competencia, las demás autoridades se lavan las manos y mientras tanto mis hijos siguen en manos de un hombre violento. Todas las autoridades con las que he ido me han dicho que tiene como deber cuidar y velar por los niños, por su integridad y aquí no se ha hecho absolutamente nada”, manifestó. 

Cabe señalar que, en anteriores ruedas de prensa, la mujer presentó videos donde se ve al médico lanzando a su hijo cuando tenía ocho meses de edad hacia la cama, pese al riego que esto implicaba para el menor. 

También la SEP presentó una denuncia contra Armando S. por usurpación de profesión, pues a pesar de que prestaba servicios médicos en el hospital Ángeles como cirujano gastroenterólogo, no cuenta con una cédula profesional en esa especialidad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Abogado Raúl Andrade denuncia detención arbitraria provocada por tráfico de influencias

El abogado Raúl Andrade Osorio denunció en Aristegui En Vivo que fue detenido arbitrariamente mientras representaba a una víctima de violencia vicaria, tras ser agredido por el presunto responsable. Afirmó que su detención estuvo vinculada a un posible tráfico de influencias por parte del abogado Jorge Sánchez Recaño, quien presume cercanía con el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta.

El doctor Raúl Andrade, apoderado de la asociación civil Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, denunció en Aristegui En Vivo que fue detenido de forma arbitraria por su labor como abogado en un caso de violencia vicaria, lo cual, según afirmó, ocurrió en un contexto de tráfico de influencias.

Andrade relató que fue citado a la Agencia de Investigación de Violencia Intrafamiliar para recoger unos oficios, acompañado por su clienta, la madre de un menor sustraído, cuando apareció el padre del niño, presunto agresor, y lo agredió físicamente.

“Me detienen de una forma sumamente arbitraria, porque no estaba yo en delito flagrante“, declaró Andrade, quien explicó que el agresor lo acusó falsamente de haberlo golpeado.

El abogado señaló que el presunto agresor, Luis Enrique N., tiene como abogado a Jorge Sánchez Recaño, quien “presume que tiene vínculos muy fuertes con el gobernador del estado (Puebla), Alejandro Armenta”, lo que habría derivado en privilegios y protección institucional. Según Andrade, “advertimos con mi detención una situación de tráfico de influencias”.

Aseguró que la fiscal de género, Karla Michel Salas Sánchez, “nos dijo que el niño no estaba sustraído porque estaba con su padre”, criterio que, según Andrade, ha sido superado desde hace años.

Criticó que “la fiscal de género la mandó a llamar (a la madre) y dijo: ‘mira, te quedas sin abogado, entonces te voy a nombrar un asesor jurídico de la Comisión Estatal de Víctimas’”.


Andrade explicó que “la madre quedó sola” tras su detención, lo que provocó que se le amedrentara: “le dijeron que si seguían así las cosas iba a mandar al niño al DIF”.

Andrade sostuvo que su liberación se dio porque no hubo flagrancia, ni evidencias suficientes, y denunció un trato diferenciado en favor del presunto agresor: “la Fiscalía advirtió que la verdad era una cuestión claramente autoritaria y por eso decidieron dejarme en libertad”.

El abogado pidió que se investigue a Jorge Sánchez Recaño y a la fiscal Karla Michel Salas Sánchez por sus vínculos con el gobernador”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Pueblo maseual frena todas las concesiones mineras en su territorio

Tribunal declaró infundado recurso presentado por mineras y reconoció derechos de comunidades indígenas.

Luego de 11 años de lucha legal, el pueblo maseual frenó definitivamente todas las concesiones mineras en la Sierra Norte de Puebla, así lo informó la organización Territorios Diversos para la Vida (TerraVida), que acompañó el proceso legal.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito declaró infundado el recurso presentado por la Minera Autlán, a través de sus subsidiarias Minas Santa Martha y Grupo Ferrominero.

El Tribunal confirmó que las concesiones mineras Atexcaco I, Atexcaco II y Macuilquila, asentada en los municipios de Tlatlauquitepec, Cuetzalan del Progreso y Yahonáhuac, carecen de sustento legal, por lo cual quedaron canceladas de manera definitiva.

En 2018, las comunidades del pueblo maseual habían obtenido un amparo contra esos proyectos mineros, ratificado en 2022, pero el cual fue impugnado por las empresas mineras.

Con el fallo quedó cerrado de manera definitiva la puerta a los proyectos extractivos en territorio indígena, “representa un triunfo contundente en la defensa del agua, el cerro y la vida comunitaria, y reafirma con fuerza el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre su territorio y su futuro”, asentó TerraVida.

Proceso inédito

Para las comunidades y organizaciones que acompañaron el proceso legal, el fallo marca un precedente inédito de la forma en cumplir con las sentencias judiciales. Destacaron el proceso de consulta impulsado por el pueblo maseual que reconoció plenamente la autoridad de su asamblea y del Consejo Maseual Altepetajpianij, llevado a cabo conforme a los tiempos y cosmovisión maseual.

“Este proceso no solo garantizó el consentimiento libre, previo e informado; también dio vida al principio de pluriculturalidad establecido en el artículo 2º de la Constitución mexicana”, subrayaron.

Nuevo ciclo de vida

Las comunidades afirmaron que con la cancelación definitiva de las concesiones mineras inicia una etapa de “pensar, sentir y construir el florecer, el cuidado del territorio y el vivir en paz”, pues el el Talokan y los sitios sagrados, como los manantiales, están a salvo.

Recordaron que en estos 11 años, celebraron más de 44 asambleas, tejieron alianzas con pueblos tutunakus de Veracruz y llevaron el mensaje de que “nuestro territorio no es un recurso”, es (nuestro) cuerpo, memoria y espiritualidad.

Reconocieron que a pesar de haber liberado al territorio maseual de la minería, “las amenazas persisten, pues otros megaproyectos siguen poniendo en riesgo a las comunidades”.

FUENTE: LA COPERACHA.
AUTOR: REDACCIÓN.