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Pueblo maseual frena todas las concesiones mineras en su territorio

Tribunal declaró infundado recurso presentado por mineras y reconoció derechos de comunidades indígenas.

Luego de 11 años de lucha legal, el pueblo maseual frenó definitivamente todas las concesiones mineras en la Sierra Norte de Puebla, así lo informó la organización Territorios Diversos para la Vida (TerraVida), que acompañó el proceso legal.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito declaró infundado el recurso presentado por la Minera Autlán, a través de sus subsidiarias Minas Santa Martha y Grupo Ferrominero.

El Tribunal confirmó que las concesiones mineras Atexcaco I, Atexcaco II y Macuilquila, asentada en los municipios de Tlatlauquitepec, Cuetzalan del Progreso y Yahonáhuac, carecen de sustento legal, por lo cual quedaron canceladas de manera definitiva.

En 2018, las comunidades del pueblo maseual habían obtenido un amparo contra esos proyectos mineros, ratificado en 2022, pero el cual fue impugnado por las empresas mineras.

Con el fallo quedó cerrado de manera definitiva la puerta a los proyectos extractivos en territorio indígena, “representa un triunfo contundente en la defensa del agua, el cerro y la vida comunitaria, y reafirma con fuerza el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre su territorio y su futuro”, asentó TerraVida.

Proceso inédito

Para las comunidades y organizaciones que acompañaron el proceso legal, el fallo marca un precedente inédito de la forma en cumplir con las sentencias judiciales. Destacaron el proceso de consulta impulsado por el pueblo maseual que reconoció plenamente la autoridad de su asamblea y del Consejo Maseual Altepetajpianij, llevado a cabo conforme a los tiempos y cosmovisión maseual.

“Este proceso no solo garantizó el consentimiento libre, previo e informado; también dio vida al principio de pluriculturalidad establecido en el artículo 2º de la Constitución mexicana”, subrayaron.

Nuevo ciclo de vida

Las comunidades afirmaron que con la cancelación definitiva de las concesiones mineras inicia una etapa de “pensar, sentir y construir el florecer, el cuidado del territorio y el vivir en paz”, pues el el Talokan y los sitios sagrados, como los manantiales, están a salvo.

Recordaron que en estos 11 años, celebraron más de 44 asambleas, tejieron alianzas con pueblos tutunakus de Veracruz y llevaron el mensaje de que “nuestro territorio no es un recurso”, es (nuestro) cuerpo, memoria y espiritualidad.

Reconocieron que a pesar de haber liberado al territorio maseual de la minería, “las amenazas persisten, pues otros megaproyectos siguen poniendo en riesgo a las comunidades”.

FUENTE: LA COPERACHA.
AUTOR: REDACCIÓN.

Liberan a Renato Romero Camacho, defensor del agua, tras ser detenido en Puebla sin orden de aprehensión

Renato Romero fue liberado el día tres de julio en Puebla después de un largo proceso legal y protestas sociales. Fue arrestado el 1 de julio y la empresa Concesiones Integrales lo acusa de hacerle daño a su propiedad y despojo.

Romero afirma nunca haber cometido estos delitos ya que no le han presentado pruebas, y asegura no haberle hecho daño a nadie. Romero es un defensor de los derechos humanos, ambientales, de la tierra y territorio y su lucha busca “parar la privatización del agua, y que se le devuelva a los pueblos.”

“La empresa ha causado un daño histórico a los pueblos y a la naturaleza saqueando agua y haciendo negocios multimillonarios” comenta Romero. “Han despojado el futuro de los pueblos cholulenses y los han despojado de sus derechos de acceso al agua”

Finalmente, Romero agradeció el apoyo que ha recibido. “La unidad de las luchas es estratégica” Se le fue otorgada libertad condicional y podrá seguir su proceso legal con familiares y amigos.


FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Pueblo maseual le gana a las mineras; tribunal colegiado frena definitivamente proyectos en su territorio

El pueblo maseual en Puebla obtuvo justicia en su territorio: un tribunal colegiado declaró infundado el recurso que interpusieron empresas mineras. Con este fallo, comunidades indígenas lograron una victoria histórica.

El pueblo maseual en Puebla logró un falló histórico ante concesiones mineras, una vez que un tribunal colegiado declaró infundado el recurso de las empresas, frenando de manera definitiva los proyectos extractivos en su territorio.

En la resolución, 24/2024, el tribunal confirmó que las concesiones mineras Atexcaco I, Atexcaco II y Macuilquila carecen de sustento legal y quedan canceladas de manera definitiva.

Este resultado llega tras 11 años de litigio en los que el pueblo maseual defendió su derecho humano al medio ambiente sano, su territorio, su cultura y su futuro en armonía con la montaña y el agua.

El fallo se dio en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. Las comunidades indígenas maseual de la Sierra Norte de Puebla celebraron la victoria tras esta histórica resolución con la que empresas mineras no podrán emprender más proyectos extractivos en este territorio indígena.

El proceso tuvo una consulta libre, previa e informada para consentimiento y más de 44 asambleas comunitarias.

De acuerdo con un comunicado de la organización Territorio Diversos para la Vida (Terra Vida), quienes acompañaron este proceso, el altepet, es decir, la unión sagrada entre el agua, la montaña y las personas, seguirá vivo y libre de minería, gracias a la resistencia organizada del pueblo maseual y su defensa por la vida.

Para el pueblo maseual ‘al’ significa agua y ‘tepet’ cerro, que en conjunto son el resultado de una ‘unión sagrada’. Para ellos, este fallo le recuerda a las empresas mineras que el territorio “no está en venta, no se negocia y se defiende”.

¿Cómo defendió el pueblo maseual su territorio?

De acuerdo con Terra Vida, este fallo a favor de las comunidades indígenas de Puebla marca un precedente inédito en la forma de cumplir con las sentencias judiciales. 

Las comunidades obtuvieron un primer fallo a favor en 2018 del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo, Civil y del Trabajo en Puebla. Para el 2022 obtuvieron confirmación por el Tercer Tribunal Colegiado.

En ese momento, el pueblo maseual impulsó una consulta para el consentimiento del proceso, que reconoció plenamente la autoridad de su asamblea y del Consejo Maseual Altepetajpianij.

Dicho proceso se llevó a cabo conforme a los tiempos, formas y cosmovisión maseual, garantizando el consentimiento libre, previo e informado. Además, mostró la importancia del  principio de pluriculturalidad establecido en el artículo 2º de la Constitución Mexicana.

Las comunidades maseuales celebraron más de 44 asambleas y tejieron alianzas con pueblos tutunakus de Veracruz y entregaron al tribunal una carta en la que fueron claros con la importancia de proteger su territorio, la montaña y el agua.

En la carta señalaron que el territorio en el que cohabitan las comunidades indígenas con la naturaleza no es un recurso. “Es nuestro cuerpo, nuestra memoria, nuestra espiritualidad. Necesitamos paz para poder florecer”.

Renacer tras cancelación de concesiones mineras

Terra Vida explicó que con la cancelación definitiva de las tres concesiones mineras en Puebla, para el pueblo maseual termina una larga etapa de angustia para comenzar a vivir en paz.

La organización señaló que a partir de ahora, “el Talokan y los sitios sagrados, como los manantiales, están a salvo de minería”.

Además, señalaron que durante los 11 años que ha durado el litigio nacieron niñas y niños que han crecido en medio de este proceso colectivo de defensa, el cual también busca garantizar que continúen siendo parte del pueblo maseual y que puedan vivir, jugar y desarrollarse en el territorio ancestral que sus madres, padres, abuelas y abuelos han preservado.

Pese a que el pueblo maseual ganó una batalla ante empresas mineras advierten que las amenazas al territorio continúan con megaproyectos que ponen en riesgo a las comunidades. 

“Las comunidades seguirán organizándose con dignidad para defender la vida. El tribunal votó por la vida. Votemos siempre por la vida, y trabajemos para que nuestros territorios y espacios estén rebosantes de ella”, añadió Terra Vida en su comunicado.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: VERÓNICA SANTAMARÍA.

Colectivos exigen libertad inmediata de Renato Romero, defensor del agua en Puebla

Renato Romero Camacho, defensor del agua en la Cuenca Libres-Oriental, fue detenido este 1 de julio por elementos de la Policía Ministerial de Puebla. Organizaciones y colectivos exigieron su liberación inmediata, denunciando que se trata de una detención arbitraria y un acto de criminalización contra quienes defienden el territorio.

Romero ha denunciado públicamente el saqueo del agua en el Valle de Perote por parte de la empresa transnacional Granjas Carroll, que extrae enormes volúmenes del recurso y lo devuelve contaminado, afectando directamente a las comunidades locales.

Su detención ocurre a poco más de un año del violento operativo en San José del Limón, donde policías veracruzanos asesinaron a dos campesinos. A la fecha, solo dos elementos han sido detenidos, sin que se procese a los mandos responsables.

Los firmantes responsabilizan a los gobiernos de Puebla, Veracruz y al federal por proteger los intereses de la empresa y guardar silencio ante las violaciones al derecho humano al agua. Exigen la excarcelación de Romero y el fin de la represión contra activistas.

COMUNICADO:

EXIGIMOS LIBERTAD INMEDIATA DE RENATO ROMERO CAMACHO.

PRONUNCIAMIENTO.

1 de julio de 2025.

Las organizaciones y colectivos defensores de los derechos humanos, indígenas, del agua y el territorio que suscribimos la presente, condenamos de manera enérgica la arbitraria detención del compañero Renato Romero Camacho, ocurrida el dia de hoy, por parte de elementos de la Policía Ministerial del estado de Puebla.

El compañero Romero se ha destacado en la lucha en defensa del agua en la Cuenca Libres-Oriental, y en particular en la defensa del derecho al agua de los habitantes del Valle de Perote, derecho violado constantemente por la empresa transnacional Granjas Carroll, la cual ha venido extrayendo enormes volúmenes de agua y la ha regresado contaminada por deshechos animales y químicos.

La detención de Renato Romero ocurre un año y 10 días después de que policías de la Fuerza Civil del estado de Veracruz atacaron a la población del pueblo de San José del Limón, asesinando a dos campesinos y golpeando a vecinos y allanando domicilios de manera extremadamente violenta. Por estos hechos solo fueron detenidos dos policías, pero nunca los mandos y los funcionarios responsables del operativo.

El gobierno federal y los gobiernos de Puebla y Veracruz han venido callando en relación al saqueo del vital líquido y en este caso privilegiando los intereses de la empresa canadiense, sobre los derechos de la población.

Por lo antes expuesto exigimos la inmediata excarcelacion de Renato Romero Camacho y el cese a la criminalizacion y persecución en contra de los defensores del agua y el territorio.

Basta de Represión.
Por el Respeto Irrestricto al Derecho Humano al Agua.

Atentamente

Organización de Mujeres, Poj Kaaj; Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña; Movimiento Agrario Indígena Zapatista, Servicios para la Educación Alternativa; Radio Social Indígena Zacatepec; Radio Comunitaria Las Voces de los Pueblos; Frente de Pueblos en defensa de la Tierra y el Agua , Morelos, Puebla y Tlaxcala; Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo; Del Barrio News; Red Bicis Tierra y Libertad;Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha; Red de mujeres Lesbianas, Nguiu’ y personas sexodisidentes del Istmo de Tehuantepec; Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas;Firma Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño AC; Proceso de Articulacion de la Sierra de Santa Marta; Colectivo Tokalihtik; Círculo Profesional para la Formación con Equidad de Género Nduva Ndandi A.C; Red de Radios Indígenas y Comunitarias del Sureste Mexicano; Red Semillas de Luz;
Ollin Quetza, A.C.; Luna del Sur AC; Centro de Estudios y Fortalecimiento Comunitario Mano Vuelta AC; Radio Comunitaria Ecos de la Sal; Las Consejeras Oaxaca; Xquenda Artes, Investigación para la Transformación Social A. C, Kolektivo El Rebelde;Colectivo Armadillo Suomi Finlandia; Laboratorio Popular de Medios Libres; Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño; Nuiwari ( Nayarit); Red Solidaria de Derechos Humanos; Red Nacional de Abogadas Indígenas; Capítulo Puebla; Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón” CIPO-RFM, Organizaciones Indias por los Derechos Humanos de Oaxaca; Proyecto en Organización, desarrollo, Educación e Investigación, PODER.; KOXUB Comunidad Trans por nuestros DDHH en Oaxaca; Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Union de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua; Colectivo Guamuchil; Trans Dífusion Asociación Civil;Teocintle, Centro de Formación Autónoma.Grupo de Trabajo «Fronteras, regionalizacio’n y Globalizacio’n» de CLACSO; Red Mexicana de Accio’n Frente al Libre Comercio (RMALC). Corriente del Pueblo Sol Rojo; Mazatecas por la Libertad de Eloxochtlan de Flores Magón.Servicios del Pueblo Mixe; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Oaxaca; Colectivo Popular ElSurResiste; Cooperativa de Artesanas Nutze. DESMI; CEDIAO,
Colectivos Tapayukus y Komuli de Huajuapam, Oaxaca. Ojarasca;
Asamblea Muuch’ Xíimbal.

SINE COMUNAR; Casa Tecmilco. Colectivo Huitzil Urbano. Colectiva Mujeres que Luchan; Veracruz.Raíces del Camellón en Resistencia, Xalapa, Veracruz. Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano.

Personas:

Ricardo Pavón de La Boca Nostra, Tihuí Arau , Firmo: Marcela Alvarado Santillán, Mesa de Representación de Bienes Comunales de los Naturales del pueblo de San Andrés Totoltepec; Yuteita Hoyos Ramos; Silvia Ribeiro, Claudia Ignacio Ramirez; Carlos Beas Torres, Istmo deu Tehuantepec;María Eugenia Gabriel Ruiz de la Comunidad Purhépecha de Comachuén, Michoacán; Daniel Castrejon;

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Asesinan en Cuetzalan al periodista y fotógrafo Salomón Ordoñez “Shalom”

A más de 12 horas de lo ocurrido, ni el gobierno de Puebla, ni el gobernador Alejandro Armenta habían emitido información o se habían pronunciado sobre el asesinato de Ordoñez Miranda.

El periodista y fotógrafo, Salomón Ordoñez Miranda, conocido como “Shalom”, fue asesinado en un presunto ataque armado la noche de este lunes en el municipio de Cuetzalan, en la sierra norte de Puebla.

El ayuntamiento confirmó en un comunicado este asesinato ocurrido en la privada 15 de Mayo en la localidad de Pahpatapan, en este municipio y comprometió la colaboración interinstitucional para su esclarecimiento.

A más de 12 horas de lo ocurrido, ni el gobierno de Puebla, ni el gobernador Alejandro Armenta habían emitido información o se habían pronunciado sobre el asesinato de Ordoñez Miranda.

“En este momento, el asunto está siendo atendido por la Fiscalía General del Estado de Puebla para esclarecer lo sucedido y llevar al o los responsables ante las instancias correspondientes para su sanción”, señala el escrito publicado por el Ayuntamiento de Cuetzalan.  

De acuerdo a versiones de los vecinos, sujetos desconocidos dispararon a quemarropa en dos ocasiones contra Ordoñez, para después salir huyendo.

Según otros periodistas de ese municipio, hasta el momento no es claro si el ataque contra el periodista fue debido a su labor o si fue víctima de la inseguridad que aqueja a ese Pueblo Mágico.

Algunos medios locales denunciaron que luego de los hechos los servicios de emergencia tardaron en llegar más de una hora para atender al comunicador, quien había quedado gravemente herido y que luego falleció mientras recibía atención médica en un hospital.

Aunque el Ayuntamiento en su comunicado asegura que cuando se recibió la denuncia telefónica de lo ocurrido, elementos de la Secretaría de Seguridad Municipal, acompañados de paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) acudieron al lugar “de forma inmediata”.


FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Investigan al dirigente del PAN en Puebla por ciberacoso contra Sheinbaum y Armenta

De acuerdo a un especialista en monitoreo de medios, el gobierno federal detectó una granja de bots financiada por la dirigencia del PAN de Puebla, encabezada Mario Riestra Piña.

Alberto Rangel Ortega, comunnity manager especialista en el analítica y monitoreo de medios, aseguró que el gobierno federal investiga al dirigente del PAN en Puebla, Mario Riestra, por encabezar en sus redes sociales una campaña de odio en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alejandro Armenta.

Según Rangel Ortega, el gobierno federal detectó una granja de bots financiada por la dirigencia del PAN en el estado de Puebla, encabezada Mario Riestra Piña.

“Sabemos que el Gobierno de México ya rastrea los movimientos financieros hechos a través de terceras personas, se estima que la dirigencia del PAN en el estado de Puebla pudo aportar hasta 500 mil pesos para difundir y pautar los mensajes de odio”, señaló el consultor.

A través de un seguimiento que hizo público y compartió con Proceso digital, el consultor informó que localizó las cuentas de bots de Mario Riestra y de algunos de sus colaboradores en los que se dedican a generar una campaña de ataques y de odio tanto a la presidenta Sheinbaum, así como al mandatario estatal.

En una muestra de 18 ejemplos en los que se leen mensajes y se muestran figuras caricaturescas que denigran la figura de la jefa del Ejecutivo, se registra que son de las cuentas de Riestra, su secretaria general Genoveva Huerta y la ex diputada federal Carolina Beauredard.

Los mensajes van desde acusar a la presidenta Sheinbaum de narcotráfico hasta los insultos personales y familiares. Mientras que al gobernador lo denigran y, paradójicamente, cuestionan la ley de ciberacoso que propuso y el dirigente panista, Mario Riestra, terminó apoyado tras ser requerido por la dirigencia nacional del PAN.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Entra en vigor la “Ley Censura” en Puebla con penas de hasta tres años

La “Ley de Ciberseguridad”, conocida como “Ley Censura”, entró en vigor en Puebla a pesar de las críticas de organizaciones como Artículo 19 y la Red de Periodistas de Puebla que advirtieron que los delitos incorporados al Código Penal “pueden ser utilizados contra la ciudadanía de manera arbitraria, particularmente personas periodistas y medios de comunicació

La nueva norma castiga el “ciberasedio” con penas desde once meses hasta tres años por insultar en redes sociales, correos electrónicos o cualquier espacio digital, lo que “podría derivar en censura encubierta y limitar gravemente la libertad de expresión en entornos digitales, según informes de prensa”, señaló a su vez la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

“La reforma del código penal autoriza a empresas y plataformas a eliminar contenidos tras una simple solicitud, sin intervención judicial ni revisión independiente. Esto crearía una vía rápida para censurar crítica legítima, testimonios incómodos o investigaciones periodísticas, según los críticos de la reforma”, añadió la SIP.

Además de la prisión, las penas por injuriar, ofender o insultar a través de medios digitales incluyen una multa de 50 a 300 días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Desde antes de su entrada el vigor, Artículo 19 y la Red de Periodistas de Puebla criticó que los delitos de la Ley de Ciberseguridad violentan el principio de taxatividad en materia penal, además de que en su elaboración no se incorporó el expertise técnico de especialistas, por lo que podrán ser usados en contra de periodistas, medios de comunicación y otros sectores de la población.

Tras las críticas, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, convocó a foros para analizar la reforma, que fue defendida por la presidenta de la Junta de Gobierno de Puebla, Laura Artemisa García, por lo que a pesar de que las organizaciones manifestaron su rechazo con base en las violaciones al derecho de la libertad de expresión, el Congreso de Puebla aseguró que se mantendría “firme” con la iniciativa y aprobó el proyecto de decreto en materia de ciberseguridad.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Publican ‘ley censura’ en Puebla y ahora gobernador convoca a foros

Organizaciones sostienen que otros delitos propuestos en la reforma contienen definiciones que son amplias y carecen de conocimiento técnico.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, publicó el viernes una reforma al Código Penal estatal que ha sido tildada de ‘Ley Censura’.

La reforma crea el delito de “ciberasedio”, para “quien a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emociona”.

Establece cárcel de 11 meses a tres años de cárcel.

Artículo 19 y Red de Periodistas Puebla consideraron que la reforma es un riesgo para la libertad de expresión, ya que el ejercicio de este derecho incluye discursos que pueden “ofender, insultar” .

Las organizaciones sostienen que otros delitos propuestos en la reforma contienen definiciones que son amplias y carecen de conocimiento técnico. Por ejemplo, el Artículo 479 en materia de espionaje digital simplemente indica que es quien “que se introduzca a un equipo o sistema informático sin la autorización de su legal y legítimo titular”.

Por su parte, el propuesto Artículo 258 Ter establece que comete el delito de usurpación de identidad “[…] quien utilizando tecnologías de información obtiene, transfiere, utiliza o se apropia de manera indebida, de los datos personales de otra sin la autorización de ésta última”.

Según Artículo 19, estos delitos fallan en el principio de taxatividad del derecho penal al ser amplios o carentes de definiciones exactas, además de que utilizan palabras que pueden criminalizar el ejercicio periodístico.

La defensa de morenistas

Ante las críticas, legisladores de Puebla publicaron un desplegado para exigir respeto y condenar “injurias” que supuestamente han recibido por esta ley.
Pero no vamos a permitir que desde la cobardía del anonimato que ampara una cuenta falsa como muchas de las que hoy circulan en la web, se mantenga el intento de dañar la imagen de los diputados y las diputadas del H. Congreso del Estado, con infundios y ofensas.

Quienes sí hablamos de frente a la ciudadanía exigimos respeto. No más violencia o agresiones desde un perfil falso que transgrede la vida privada de los y las representantes populares.

Gobernador llama a foro, con la ley publicada

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, convocó a foros para analizar la reforma que ya publicó en el Periódico Oficial del Estado.
… Establecer foros en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, periodistas, asociaciones de padres de familia, organismos de derechos humanos y colegio de abogados para analizar la Ley de Ciberseguridad en lo correspondiente al ciberacoso.

Siempre con el propósito de proteger los derechos humanos universales con el mayor consenso posible.

Con el pueblo todo, sin el pueblo nada.
Avalancha de críticas a Ley Censura de Puebla

Denise Dresser: El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, convoca a periodistas y a defensores de derechos humanos a “analizar” la #LeyCensura DESPUÉS DE QUE FUE APROBADA. El chiste se cuenta solo.




FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

La 4T en Puebla aprueba castigar con cárcel los insultos en redes sociales

La aprobación de la reforma sobre “ciberasedio” ocurre en el contexto de una polémica generada por una cuenta de X que opera de manera anónima y lanza constantes críticas contra el gobernador Alejandro Armenta y su gabinete.

Pese al llamado que hicieron organizaciones civiles para advertir que la iniciativa de la llamada ley del ciberasedio podría ser usada para violentar derechos de libre expresión de la ciudadanía, periodistas y medios de comunicación, el Congreso de Puebla aprobó hoy por mayoría esas adhesiones al Código Penal del Estado. 

Igual que ocurrió con la reforma a la Ley de Arbolado y Áreas Verdes, el bloque aliado de la 4T votó de manera “fast track” a favor de esta reforma sin que se abriera a discusión de ciudadanos, organizaciones y especialistas en el tema. 

Previo a la sesión de este jueves, Artículo 19  y la Red de Periodistas Puebla hicieron un llamado urgente a las y los legisladores poblanos para que rechazaran la aprobación del proyecto de decreto con el cual se adicionan diversas disposiciones al Código Penal del Estado de Puebla en materia de ciberseguridad. 

“Los delitos que buscan incorporar incumplen principios de derechos humanos y libertad de expresión, violentan el principio de taxatividad (certeza) en materia penal, y en su elaboración no han incorporado el expertise técnico de especialistas. Debido a estos factores, los delitos pueden ser utilizados contra la ciudadanía de manera arbitraria, particularmente personas periodistas y medios de comunicación”, advirtieron. 

La aprobación de esta reforma ocurre en el marco de una polémica pública en Puebla, generada por una cuenta de X llamada Aldea Poblana que opera de manera anónima y que lanza constantes críticas contra el gobernador Alejandro Armenta y su gabinete. 

Diversos columnistas aseguran que el gobierno armentista está empeñado en resolver quién está detrás de esa cuenta para fincarle responsabilidades por violencia de género en contra de Gabriela Sánchez, la boxeadora y secretaria del Deporte y la Juventud del Estado y como parte de esto reactivaron esta iniciativa para aprobarla de manera exprés.

“Ley Censura”

Durante la discusión legislativa, los diputados panistas Susana Riestra y Rafael Micalco, así como la priista Delfina Pozos, aseguraron que esta sería una “Ley Censura” que busca frenar la libre expresión y las críticas al gobierno estatal. 

Además del ciberasedio, la iniciativa que fue presentada en noviembre de 2024 por el entonces diputado local, José Luis Parra, hoy coordinador del gabinete del gobernador Alejandro Armenta Mier, tipifica delitos como el espionaje digital, usurpación de identidad, hacking (acceso no autorizado a un equipo o sistema) y grooming (adultos que establecen relación con un menor). 

En cuanto al delito de ciberasedio, contempla de once meses a tres años de cárcel, así como sanción de 50 a 250 UMAS, para quien “insulte, ofenda, agravie o veje a otra persona con la insistencia suficiente para causarle un menoscabo importante en su salud”. 

Artículo 19 y la Red de Periodistas Puebla recordaron a las y los legisladores que, conforme a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho de libre expresión protege tanto a la información que resulta favorable o inofensiva, como la que resulta "chocante, inquietante u ofensiva para el Estado o la sociedad”. 

Además, expusieron que otros delitos propuestos en esta iniciativa, contienen definiciones que son amplias y carecen de conocimiento técnico. 

Por ejemplo, indicaron que el Artículo 479 en materia de espionaje digital simplemente indica que es quien “se introduzca a un equipo o sistema informático sin la autorización de su legal y legítimo titular”. En tanto que el Artículo 258 Ter establece que comete el delito de usurpación de identidad “[…] quien utilizando tecnologías de información obtiene, transfiere, utiliza o se apropia de manera indebida, de los datos personales de otra sin la autorización de ésta última”. 

“No sólo estos delitos fallan en el principio de taxatividad del derecho penal al ser amplios o carentes de definiciones exactas, sino que a su vez utilizan palabras que pueden criminalizar el ejercicio periodístico. El penalizar la obtención de datos, o transferir datos con información de datos personales pone en riesgo las investigaciones periodísticas, particularmente de casos de corrupción o de información provista por personas alertadoras quienes busquen hacer pública información sobre malas prácticas, abusos, o corrupción por parte de las autoridades”, indicaron las organizaciones. 

Recordaron que es una tendencia a la alza usar la normatividad mexicana para iniciar proceso legales en contra de periodistas y es el caso que en Puebla, de 2018 a 2024, Articulo 19 documentó 22 procesos judiciales contra trabajadores de la comunicación por sus publicaciones o investigaciones. 

Igual, el observatorio ciudadano Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim) lamentó que de nueva cuenta el Congreso de Puebla apruebe una iniciativa con un análisis parcial y sin inclusión ciudadana. La organización ciudadana advirtió que era necesaria la participación de expertos en la materia para analizar esa iniciativa. 

Apuntó que presentaba “debilidades” que debían mitigarse en cuanto a implementación, recursos y armonización legal, así como riesgos que incluyen probables violaciones a derechos, sobrecarga judicial y desigualdad digital.  

Apenas el 5 de junio, el Congreso igual aprobó "fast track" una reforma a la Ley del Arbolado y Áreas Verdes de Puebla para abrir la posibilidad de retomar el encalado en árboles urbanos, luego de que el gobernador Armenta estaba haciéndolo en sus faenas comunitarias pese a que esa ley lo prohibía y que expertos la consideran una práctica dañina.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
FECHA: 12 JUNIO 2025.

Asesinan al coordinador de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre

El atentado contra el integrante de la organización popular más reconocida de Puebla, la cual está por cumplir 51 años de su fundación, ocurrió la noche del martes 10 de junio, alrededor de las 21 horas.

Néstor Jesús Garduño, de 38 años, quien era coordinador de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, fue asesinado tras ser víctima de un ataque a balazos afuera de su domicilio, en la colonia Valle Dorado en esta ciudad. 

El atentado contra el integrante de la organización popular más reconocida de Puebla, la cual está por cumplir 51 años de su fundación, ocurrió la noche del martes 10 de junio, alrededor de las 21 horas, cuando Garduño llegaba a su casa y fue atacado a balazos por un sujeto que cubría su rostro con un casco negro.

La tarde del miércoles, la organización confirmó el fallecimiento de Garduño cuando era atendido en un hospital de esta ciudad. 

“Esperamos que este atentado no sea parte de la ofensiva que el gobierno estatal está lanzando para destruir a nuestra organización como instrumento de lucha del pueblo”, manifestó la “28 de Octubre” en un comunicado. 

“Estos hechos pueden ser un velado mensaje de que nuestros dirigentes Simitrio y Xihuel (Sarabia) serán asesinados o encarcelados”, alertó al anunciar que este jueves marcharán en esta capital para exigir que se detenga a los responsables del asesinato de Garduño. 

La organización, que cuenta con más de cinco mil integrantes, recordó que este homicidio ocurre en un contexto en el que el gobierno estatal lanzó operativos contra integrantes que prestaban el servicio de taxis en la zona de Lomas de Angelópolis; les retiraron permisos para trabajar como “viene-viene” en la zona de los estadios y la Fiscalía detuvo a otro miembro llamado Antonio Vidal Pérez. 

También refirió las recientes declaraciones del secretario de Seguridad Pública, quien afirmó que en los mercados y centros de trabajo de esa organización se cobra derecho de piso para la venta de drogas y mercancías robadas. 

“…lo que dijo el secretario puede ser el anuncio de que nuestros compañeros de base serán despojados violenta y sangrientamente de sus fuentes de trabajo por las fuerzas represivas oficiales y/o por grupos paramilitares que están siendo creados con los restos de la banda narcodelincuencial del extinto “Grillo””, acusó la agrupación. 

Cabe señalar que apenas el 6 de junio, la “28 de Octubre” marchó en la Ciudad de México para demandar que se detengan las supuestas acciones llevadas a cabo por el gobierno estatal para acabar con esta organización.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Defensores del agua clausuran pozo amenazado de despojo en Xoxtla

Por decisión de la asamblea popular, defensores del agua clausuraron el pozo número 4 de la comunidad de San Miguel Xoxtla, Puebla, ante la amenaza de que el gobierno municipal y la empresa Agua de Puebla para Todos extraigan el líquido para abastecer las zonas residenciales de la ciudad de Puebla.

La clausura fue realizada por los pobladores de Xoxtla acompañados de los pueblos cholultecas y comunidades que participaron en el foro «Alto a la privatización del agua», el pasado 8 de junio.

«Por decisión del pueblo, este pozo se tapa, se clausura», señalaron los habitantes de Xoxtla que desde el pasado 28 de mayo intensificaron su lucha contra el despojo del agua, luego de que la presidenta municipal Guadalupe Ortiz, informara públicamente la ratificación del convenio que su antecesora Guadalupe Peregrina firmó con el gobierno de Puebla, el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) y la empresa Agua de Puebla para rehabilitar el pozo 4 de la comunidad y llevar 50 por ciento de su agua a la capital del estado.

«El agua es un asunto estratégico en Puebla. Y son los pobladores de las comunidades y pueblos los que están haciendo lo necesario para entender la gravedad del problema», explicó el Consejo Ciudadano Defensores de la Tierra y el Agua de San Miguel Xoxtla en un comunicado, concluido el foro y la clausura del pozo.

Desde el 28 de mayo, los defensores del agua han realizado bloqueos carreteros, protestas y movilizaciones para manifestar su rechazo a las intenciones del gobierno municipal y la empresa para llevarse el agua a la capital del estado, pues «el agua es de Xoxtla» y «se queda en Xoxtla».

Las acciones de los pobladores de Xoxtla también han sido objeto de represión por parte de las fuerzas de seguridad en Puebla. Tan sólo el pasado 3 de junio, las fuerzas armadas y policiales llevaron a cabo un operativo contra los defensores del agua cuando participaban en un cabildo abierto para derogar toda concesión del líquido a la empresa Agua de Puebla.

A pesar de la represión, los defensores reiteraron que mantendrán su lucha en defensa del agua y que no permitirán «ni una gota más para la ciudad».

COMUNICADO:

Clausuran pobladores pozo 4 en Xoxtla

8.JUN.2025

La decisión la tomó la gente en asamblea popular ahí mismo, en el sitio en el que se ubica el Pozo 4, como le llaman los pobladores.

Se escucharon estas consignas:

«Vamos a apedrear este monstruo».

«Ni una gota más para la ciudad».

«Por decisión del pueblo, este pozo se tapa, se clausura».

«El agua es de Xoxtla, se queda en Xoxtla».

Y con ese ánimo lo clausuraron.

Luego subieron a Facebook imágenes del hecho y este mensaje para el gobernador Armenta:

¡CLAUSURADO Y DESTRUIDO POR LA LEY DE LOS PUEBLOS!

¿Alejandro Armenta y Concesiones integrales SAdeCV (Agua de Puebla para Todos) escucharon? El #agua es de los pueblos.

¿ESCUCHARON?

Es el sonido de su mundo derrumbándose.

Es el del nuestro resurgiendo.

El día que fue el día, era noche.

Y noche será el día que será el día.

¡DEMOCRACIA!

¡LIBERTAD!

¡JUSTICIA!

#EZLN#CNI

Consejo Ciudadano Defensores de la Tierra y el Agua de San Miguel Xoxtla

El agua es un asunto estratégico en Puebla. Y son los pobladores de las comunidades y pueblos los que están haciendo lo necesario para entender la gravedad del problema.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sistema de Salud de Puebla está al borde del colapso, advierte Sindicato de Trabajadores de la Salud

De acuerdo con líder sindical, familiares de pacientes cooperan para pagar casetas de autopistas, para parchar llantas o el combustible de las ambulancias. Mientras que los trabajadores se han visto forzados a hacer “coperachas” para comprar papelería, tóner de impresoras o para el internet.

Al advertir que los hospitales y clínicas del sistema de salud de Puebla se encuentra a punto de colapsar, pues no hay personal suficiente, carecen de medicamentos, insumos básicos, equipos y falta de mantenimiento a vehículos e instalaciones, el dirigente sindical, Julio Alfredo García, demandó la destitución de Carlos Olivier Pacheco, secretario de Salud en el estado. 

Cuando están por cumplirse seis meses del gobierno armentista, el líder de la Sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTA) consideró que la información sobre la crítica situación que prevalece en los servicios de salud pública no está llegando al gobernador Alejandro Armenta Mier.

Mencionó que las carencias se han hecho críticas a partir de la transición al sistema IMSS-Bienestar y llegan al grado que en muchos de los hospitales y unidades médicas no cuentan con el servicio de agua ni para tomar, ni para sanitarios y acciones de saneamiento que son indispensables en este tipo de instalaciones.   

“No tenemos lo básico, y ahorita se está agravando más la situación, nuestros hospitales están colapsando, están en una situación como nunca habían estado”, expresó el líder sindical en rueda de prensa.   

Agregó que los familiares de los pacientes son los que están cooperando para pagar casetas de autopistas, para parchar llantas o el combustible de las ambulancias. Mientras que los trabajadores se han visto forzados a hacer “coperachas” para comprar papelería, toner de impresoras o para el servicio de internet. 

“Sepan (los ciudadanos) que cuando llega una de nuestras unidades y no reciben la atención que esperan no es porque no tengamos capacidad, conocimiento o experiencia, sino es porque no tenemos con qué hacer las cosas. Carecemos de medicamentos, de insumos, de material de curación, de equipos médicos que funcionen”, denunció. 

Indicó que, por ejemplo, aunque en el presupuesto se autorizan recursos para el mantenimiento de vehículos, las ambulancias y demás unidades motrices de los hospitales se encuentra en pésimas condiciones o no sirven. "Ese dinero hay que saber dónde está", reclamó el representante. 

Agregó que tampoco se están atendiendo necesidades de mantenimiento de las instalaciones, pues muchos de los hospitales se “están cayendo” o se inundan de aguas negras cuando llueve, lo cual es un riesgo sanitario para los pacientes y personal.   

En ese sentido, el dirigente sindical pidió a los poblanos que no agredan a los trabajadores de salud, pues si no pueden prestar un servicio adecuado es porque no tienen ni lo más básico para atenderlos. 

Aparte dijo que en la mayoría de las unidades están incompletas las plantillas de trabajadores, pues, aunque se han jubilado y muerto más de 400, estas plazas no han sido cubiertas. En total estimó que hace falta la contratación de entre 2 mil y 2 mil 500 trabajadores para cubrir las necesidades de trabajo. 

“Yo hago un llamado con mucho respeto al señor gobernador para que preste atención sobre las necesidades de la secretaría”, expresó. 

Dijo que, ante el cambio del gobierno estatal, esperaron un tiempo para empezar a ver resultados, pero los funcionarios de la secretaría no han estado receptivos para dar atención a esta grave problemática.   

García leyó un pliego petitorio cuyo primer punto es demandar la salida del secretario de Salud y de otros funcionarios de esa dependencia, así como que se lleve a cabo una auditoría externa a la dependencia. 

“Creo y lo digo con respeto, que el gobernador se equivocó de persona”, declaró García. 

También pidió que se cumpla con las condiciones generales de trabajo, el pago de salarios y prestaciones a tiempo y se respete la representación sindical. 

García advirtió que, de no encontrar respuesta a este pliego petitorio para la próxima semana, convocarán a una movilización de la estructura sindical en Puebla y también en la Ciudad de México para exigir a la federación que envíen los recursos necesarios para resolver las problemáticas luego de que Puebla se incorporó al modelo IMSS-Bienestar. 

Por la noche, el gobierno de Puebla emitió un comunicado en el que señaló que, en la Secretaría de Salud, en conjunto con el IMSS-Bienestar, se mantiene “abierta la disposición al diálogo” y la atención permanente a las demandas de los trabajadores del sector salud. 

“La dependencia aclara que se trabaja de manera constante para garantizar el abasto de medicamentos e insumos, que actualmente se encuentra entre un 60 y 70 por ciento”, señaló el escrito. 

Agregó que, en el último año, IMSS-Bienestar ha contratado a más de mil 500 trabajadores en diferentes categorías, para fortalecer la atención a la población. 

“Asimismo, se aclara que no se tiene ningún reporte sobre amenazas a personal médico por parte de pacientes, producto de una supuesta negativa de atención, como se señaló recientemente”, subrayó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Operativo policíaco-militar contra defensores del agua de Xoxtla es “un acto hostil de intimidación”: NODHO

El Nodo de Derechos Humanos calificó como “un acto hostil de intimidación” el operativo que las fuerzas armadas y policiales llevaron a cabo este lunes contra los defensores del agua de San Miguel Xoxtla, Puebla, cuando participaban en un cabildo abierto para derogar toda concesión del líquido a la empresa Agua de Puebla.

El operativo, en el que participaron elementos de la Guardia Nacional, el ejército, la Marina y la policía estatal y municipal, “refleja que para las autoridades poblanas el que un pueblo defienda su agua y su territorio de la sobreexplotación y mercantilización por empresas como Concesiones Integrales (Agua de Puebla) los convierte en una fuerza hostil merecedora de intervención militar”, señaló el Nodo (NODHO) en un comunicado.

La agresión contra los defensores sucedió en el marco de la lucha que desde el pasado 28 de mayo se intensificó en la comunidad, luego de que la presidenta municipal de Xoxtla, Guadalupe Ortiz, informara públicamente la ratificación del convenio que su antecesora Guadalupe Peregrina firmó con el gobierno de Puebla, el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) y la empresa Agua de Puebla para rehabilitar el pozo 4 de la comunidad y llevar 50 por ciento de su agua a la capital del estado.

Como parte de sus acciones, la comunidad realizó este lunes un cabildo abierto para derogar todo permiso, convenio y negociación que el municipio haya tenido con la empresa, el gobierno del estado y las instituciones que pretendan extraer el agua de la comunidad, como se acordó tras una asamblea pública el pasado 30 de mayo.

El operativo, agregó el NODHO, “parece reforzar la práctica caciquil de utilizar a las fuerzas armadas y de seguridad como agentes represivos al servicio de intereses clientelares”, lo que se suma a la “constante presencia militar y policíaca que amenaza con reprimir violentamente a la movilización en San Miguel Xoxtla que exige la cancelación de los contratos de cesión de agua a empresas extractivas”.

El Nodo de Derechos Humanos manifestó su preocupación por la seguridad de los defensores del agua y exigieron a los gobiernos municipal, estatal y federal que respeten el derecho de los pueblos a decidir sobre su territorio y sus recursos.

COMUNICADO:


FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Intimidan y criminalizan a defensores del agua de Xoxtla

El pueblo de San Miguel Xoxtla, Puebla, denunció la campaña de intimidación y criminalización por parte del gobierno estatal y municipal contra los defensores que desde el 28 de mayo protestan para exigir que no se entregue el agua de la comunidad a la empresa Agua de Puebla, que busca suministrar el líquido a las zonas residenciales de la capital del estado.

«En el intento de fragmentar y deslegitimar la organización en defensa del agua pretenden aislar al municipio de Xoxtla diciendo que son otros pueblos los que se están manifestando contra el despojo de agua. Además el pasado 30 de mayo en las calles de Xoxtla hubo presencia de elementos del ejército y Guardia Nacional para intimidar a la población, con lo que se demuestra que los tres niveles de gobierno se empeñan en despojarnos y usar la fuerza pública para entregar el agua a los empresarios», señalaron los defensores en un comunicado.

La lucha de Xoxtla comenzó luego de que el pasado 12 de mayo la presidenta municipal, Guadalupe Ortiz, informara públicamente la ratificación del convenio que su antecesora Guadalupe Peregrina firmó con el gobierno de Puebla, el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) y la empresa para rehabilitar el pozo 4 de la comunidad y llevar 50 por ciento de su agua a la capital del estado.

Además de la rehabilitación, el convenio incluía la construcción de un nuevo pozo y la donación de 100 tinacos para la población. Frente a la amenaza de despojo de su agua, los pobladores de Xoxtla se organizaron en asamblea y bloquearon la carretera México-Puebla, en exigencia de la cancelación del convenio.

La presión comunitaria logró que el 30 de mayo, en presencia de regidores del ayuntamiento, se realizara otra asamblea pública, en la que se acordó que este 2 de junio se realizará un cabildo abierto para derogar todo permiso, convenio y negociación que el municipio haya tenido con la empresa, el gobierno del estado y las instituciones que pretendan extraer el agua de la comunidad. De la misma forma, se acordó que el pozo 4 quedaría inhabilitado y a resguardo de la comunidad.

«Estos acuerdos quedaron firmados por la comisión del pueblo de Xoxtla, regidores y el síndico municipal, Miguel Hernández Azucena. A raíz de este documento, el mal gobierno estatal y municipal comenzaron una campaña de criminalización y desinformación contra la comunidad de Xoxtla e integrantes del movimiento en defensa del agua», denunciaron los defensores.

En espera del cabildo público de este lunes, el Consejo reiteró que volverá a exigir la cancelación del convenio con la empresa y que mantendrá su lucha para que el agua de la comunidad se quede en el pueblo.

COMUNICADO:

Al pueblo de San Miguel Xoxtla

A los Pueblos de la Región Cholulteca

A los medios de comunicación

El pasado 12 de mayo, la presidenta municipal de San Miguel #Xoxtla, Guadalupe Ortiz, traidora del pueblo, señaló públicamente la ratificación del convenio que su antecesora, Guadalupe Ziyancan Peregrina Díaz, firmó con el gobierno del estado de Puebla, SOAPAP y la Empresa traficante de agua Concesiones Integrales Agua de Puebla S.A. de C.V. El cual señala la rehabilitación del pozo número 4 para llevar según sus declaraciones, el 50% del agua a la Ciudad de Puebla, la construcción de un nuevo pozo y la donación de 100 tinacos para la población.

A consecuencia de esas declaraciones, la comunidad del pueblo de San Miguel Xoxtla convocó a diversas asambleas públicas para aclarar la situación y exigir determinantemente la cancelación de dicho convenio. Al no haber una respuesta por parte del gobierno municipal y estatal, la asamblea tomó la decisión de realizar 2 cierres de la autopista México – Puebla.

La presión comunitaria permitió que el 30 de mayo, en presencia de regidores del ayuntamiento, se realizara otra asamblea pública en la cual se llegó al compromiso de que el próximo 2 de junio se realizara un cabildo abierto, para derogar todo permiso, convenio y negociación que el municipio haya tenido con la empresa Concesiones Integrales Agua de Puebla, Gobierno del estado e instituciones que pretendan extraer el agua de la comunidad.

De la misma forma, se acordó que el pozo número 4 quedara inhabilitado y a resguardo de la comunidad. Estos acuerdos quedaron firmados por la comisión del pueblo de Xoxtla, regidores y el síndico municipal, Miguel Hernández Azucena.

A raíz de este documento, el mal gobierno estatal y municipal comenzaron una campaña de criminalización y desinformación contra la comunidad de Xoxtla e integrantes del movimiento en defensa del agua.

En el intento de fragmentar y deslegitimar la organización en defensa del agua pretenden aislar al municipio de Xoxtla diciendo que son otros pueblos los que se están manifestando contra el despojo de agua. Además el pasado 30 de mayo en las calles de Xoxtla hubo presencia de elementos del ejército y Guardia Nacional para intimidar a la población, con lo que se demuestra que los tres niveles de gobierno se empeñan en despojarnos y usar la fuerza pública para entregar el agua a los empresarios.

Le recordamos al mal gobierno que como pueblos unidos nos apoyamos en la defensa del agua y que ante cualquier intento del mal gobierno y empresas criminales de despojarnos de nuestra agua los pueblos nos organizaremos siempre para defenderla y liberarla.

Les recordamos que en abril del 2024, el pueblo de Xoxtla cerró el pozo clandestino de la empresa Castores.

En 2008, en Juan C Bonilla evitaron la perforación de dos pozos profundos que se emplearían para llevarse el agua a la ciudad de Puebla y dársela a los desarrolladores inmobiliarios.

En el año 2017, toda la Región Cholulteca incluida Xoxtla frenamos la privatización del agua que el mal gobierno pretendía hacer en el estado.

En 2021, los pueblos de la región frenaron el despojo de agua que la empresa traficante de agua Bonafont – Danone generaba en el territorio.

Para nosotras y para nosotros el agua no es una mercancía, el agua de nuestros pueblos se queda en nuestros pueblos y es destinada para seguir reproduciendo la vida, no para llenar los bolsillos de empresarios ambiciosos y criminales.

Una vez más los pueblos demostramos que la acción colectiva es la única vía para asegurar la vida en nuestras comunidades.

Es por eso que se convoca a todo el pueblo de Xoxtla y comunidades de la región a hacer presencia el próximo 2 de junio a las 3:00 pm. En el zócalo de San Miguel Xoxtla, para exigir la cancelación de todo tipo de acuerdos que pretenden llevarse el agua de nuestra comunidad.

¡Fuera traidoras y traidores de los pueblos que entregan nuestra agua!

¡Porque el agua es de Xoxtla y se queda en Xoxtla!

ATENTAMENTE

Consejo ciudadano, defensores del agua y la tierra de San Miguel Xoxtla

¡Fuera mal gobierno, fuera Alejandro Armenta fuera Agua de Puebla para Todos!

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Cholultecas de Xoxtla exigen cancelación de concesiones de agua en Puebla

El pueblo de San Miguel Xoxtla bloqueó la autopista México-Puebla para exigir que la presidenta municipal Guadalupe Ortiz cancele la entrega de la administración del pozo 4 a la empresa Agua de Puebla para Todos, que busca suministrar el líquido a las zonas residenciales de la capital del estado.

«Ante este despojo y frente al cinismo que caracteriza al gobierno, el pueblo de Xoxtla cerró la carretera federal en ambos sentidos hasta asegurar que no serán despojados del agua», explicó la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, que se solidarizó con el pueblo cholulteca.

«Vendió el agua y estamos inconformes. La autopista no se abre hasta que Lupita Ortiz nos dé una solución y nos dé la cara», expresó una de las mujeres que participó en el bloqueo, iniciado en la noche de este 28 de mayo.

Los pobladores de Xoxtla se dirigieron al pozo número 4, donde se pretende construir una nueva infraestructura de extracción para destinar 50 por ciento del líquido a la zona residencial de Puebla por acuerdo entre el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla y el ayuntamiento de Xoxtla. Al encontrarse con un cerco policial en el pozo, el pueblo decidió bloquear la carretera.

Durante el bloqueo los habitantes de Xoxtla utilizaron llantas en llamas para evitar el paso de los automóviles y exigir la cancelación de la concesión a la empresa, así como la renuncia de Guadalupe Ortiz, de quien acusaron que «vendió» el agua y que «no sabe gobernar».

«El agua es del pueblo y se va a quedar en el pueblo», aseguraron los pobladores de Xoxtla en el bloqueo para demandar que se detenga la perforación de pozos para la extracción de agua.


COMUNICADO:

Al digno pueblo de San Miguel Xoxtla

Los pueblos, organizaciones, colectivos e individuos que integramos la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida levantamos la voz y nos solidarizamos con la defensa del agua que están sosteniendo los pobladores del pueblo de San Miguel Xoxtla en la Región Cholulteca, que el día de hoy, miércoles 28 de mayo, en asamblea pública exigieron a la presidenta municipal Guadalupe Ortiz y su ayuntamiento que cancele la entrega del agua para la ciudad de Puebla.

Hace unos días la presidenta municipal, declaró que la empresa Agua de Puebla para todos Concesiones Integrales S. A. de C. V., administraría el agua del pozo número 4 para suministrar del líquido a las zonas residenciales de Puebla.

Ante este despojo y frente al cinismo que caracteriza al gobierno, el pueblo de Xoxtla cerró la carretera federal en ambos sentidos hasta asegurar que no serán despojados del agua.

Desde la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida nos mantenemos en alerta ante cualquier intento de represión.

Llamamos a la solidaridad urgente y difusión de la lucha de nuestras hermanas y hermanos que defienden con digna rabia su agua.

¡El agua de Xoxtla se queda en Xoxtla!

¡El agua es de los pueblos no de las empresas!

¡Fuera la empresa saqueadora Agua de Puebla para todos Concesiones Integrales!

ATENTAMENTE

TIERRA, AGUA Y LIBERTAD

ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA Y LA VIDA

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

“No nos vamos a callar”: alumnas acusan que no es la primera vez que la universidad UPAEP ignora acoso sexual; temen represalias

Estudiantes de la UPAEP, cuyo exjefe de educación física y deportes está vinculado a proceso por abuso sexual, aseguran que la universidad poblana está tratando de desarticular las manifestaciones solidarias con la denunciante.

Las estudiantes de la Universidad Autónoma Popular del Estado de Puebla (UPAEP) que se han organizado tras la detención y vinculación a proceso del exjefe de educación física y deportes de la institución por una denuncia de abuso sexual, aseguran que no es la primera vez que la universidad desatiende quejas, e incluso temen represalias si continúan sus protestas.

Entrevistadas bajo condición de anonimato para resguardar su seguridad y por tratarse en dos casos de menores de edad, tres de ellas relataron que su única y principal exigencia es que la actuación de la universidad sea honesta y apegada a sus propios valores y marcos éticos.

Describieron que luego de que se realizara una primera protesta el 16 de mayo al exterior de las instalaciones de la UPAEP, en la que se colocaron carteles con mensajes que reclamaban la indolencia de la universidad, al organizar una segunda –que coincidió con la inauguración de un nuevo plantel de bachillerato a la que asistieron las autoridades sin percatarse–, la mayoría decidieron no participar de último momento, por miedo a la presión u hostigamiento de los propios directivos.

Además, coincidieron en que la institución no actuó de inmediato en el caso, contrario a lo que aseguró en el único comunicado público que emitió el pasado 12 de mayo. Esto fue corroborado por Animal Político mediante la información pública disponible relativa a un amparo que se promovió contra las omisiones e inacción de las autoridades universitarias, que, como única medida de “protección” para la estudiante agredida, determinaron la salida de ella de las residencias escolares, así como la limitación de los beneficios de su beca deportiva.

Consultada al respecto, la institución informó a través de su área de prensa que en este momento está impedida de emitir declaración o comentario alguno debido a los procesos civiles y penales en curso, tanto las denuncias contra el docente como el amparo por la actuación de las autoridades. Refirieron al medio a su comunicado público del 12 de mayo y a un enlace con los reportes ante el comité de integridad de otoño 2023 y otoño 2024.

Mientras que el primero no conduce a un documento de reporte sino al código de ética de la universidad, el segundo —otoño 2024– presenta porcentajes del tipo de quejas recibidas, sin precisar el total en números absolutos. De esta manera, solo puede conocerse que un 12% correspondió a acoso sexual y un 7% a hostigamiento sexual. Los mayores porcentajes son los relativos a acoso escolar y “otras conductas contrarias al código de ética”, que no se describen. La principal amonestación considerando el total de todos los tipos de denuncia fue la baja de la institución (30%), pero no se desglosa en relación con el tipo de agresión. 

“Nuestra compañera fue silenciada”, sostienen alumnas de UPAEP

“Nuestra compañera fue silenciada. Ella ya había dado su denuncia (interna) desde muchos meses atrás, a la cual UPAEP no le hizo caso y siguió como si nada hasta que ella ya hizo una denuncia legalmente. Fue cuando UPAEP la trató de silenciar, la mandó a clases en línea y dejó de vivir en las residencias, lo cual se nos hizo tan injusto, que ella que es la víctima se haya tenido que ir, y él estuvo tantos meses ahí; UPAEP sabía lo que pasaba, y no hizo nada”, comentó una de ellas.

Fue entonces cuando sus compañeras decidieron hablar por ella, en un momento en que la alumna menor de edad no podía hacerlo porque tuvo que regresar a su entidad de origen a seguir con sus clases a distancia. La única intención de las estudiantes al organizarse y protestar ha sido que se visibilice que UPAEP no está haciendo nada.

“Más que nada ponernos un poquito en su lugar e intentar ayudarla por medio de algo que ella no puede hacer, que es volverlo visible, y que tanto la comunidad UPAEP y la sociedad de afuera lo puedan saber, y que vean que no nos vamos a quedar calladas y que si pasa algo, va a salir todo hasta que se haga justicia o den una respuesta clara”, agrega otra de las estudiantes.


Para ellas, justicia y respuestas claras implicarían, en principio, que la institución reconociera los hechos tal como ocurrieron. El texto del comunicado no describe toda la verdad, y las porciones que sí están apegadas a esta le restan gravedad, acusan. Además, a partir de su organización, han recibido varios mensajes que señalan que no es la primera vez que un profesor o directivo acosa a alguna alumna y se normaliza.

“Lo normalizan tanto que toman represalias con las mismas trabajadoras de UPAEP, y luego las terminan despidiendo; sólo les dan una carta de recomendación”, dice una de las estudiantes. La entrenadora del equipo de baloncesto femenil de bachillerato, Ana Rentería, anunció precisamente su renuncia el pasado fin de semana tras la difusión pública del caso, bajo el argumento de que a partir de que trató de apoyar a la víctima, se le hostigó y aisló laboralmente.

“Lamentablemente a otras niñas que les ha pasado, la víctima de ahorita no es la única, pero por manipulaciones, amenazas y así se tuvieron que ver obligadas a no decir nada por miedo a las represalias”, asegura otra alumna de UPAEP.

Vacíos en la postura de UPAEP frente al abuso sexual

Además de que el comunicado llegó tarde, las estudiantes critican que tuviera varios vacíos en los detalles del caso, pues a su juicio, las personas o instituciones suelen creer que lo importante son sólo las medidas a futuro, pero no el esclarecimiento de los hechos ya ocurridos.

Aunado a ello, la comunidad escolar cuestiona que la baja del profesor no es clara, ni puede interpretarse como definitiva, pues el comunicado afirma que se le separó de su cargo mientras transcurre la investigación de la denuncia penal, pero no se han exhibido pruebas de que él esté impedido de volver a colaborar con la institución en el futuro.

“A final de cuentas, uno de sus valores (de la universidad) siempre ha sido salvaguardar a los estudiantes, lo cual en muchas de las ocasiones no ha pasado. Digo, esta no es la primera noticia que tienen de este caso. Entonces en este tema, la UPAEP no va muy de acuerdo con lo que promueve o promulga”, asegura una de las alumnas que se organizaron para manifestarse.

Las jóvenes también recordaron que la denuncia se hizo inicialmente en el buzón de integridad de la UPAEP en marzo, luego transcurrió todo abril y no se hizo nada al respecto. Animal Político publicó que el amparo ante el poder judicial en el que se denuncian las omisiones de la institución fue concedido el 9 de abril mientras que para el 14, el jefe de educación física seguía en su cargo, y aún así, el 12 de mayo la universidad afirmó que su actuación había sido inmediata.

Las alumnas están seguras de que al final sólo emitieron una comunicación porque la denuncia se conoció públicamente, pero de no haber sido así, hubieran permanecido en el mismo silencio que habían elegido desde el principio.

“Justificándose de que chance no tenían ningún conocimiento, o haciendo alguna justificación errónea de algo que tuvo que salir a la luz de manera legal y con apoyo por fuera, porque la institución hizo caso omiso de lo que se presentó en el buzón de integridad”, enfatizó una de las estudiantes.

Sobre el protocolo que tiene la universidad para la atención a a casos de hostigamiento y abuso sexual, este apenas se les hizo de conocimiento al principio de este semestre, aunque tienen claro que si ocurre alguna agresión, la vía es decírselo primero al tutor, para que luego escale de una autoridad a otra hasta los directivos.

El protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual de la UPAEP, de 10 páginas, prevé como posibles sanciones para conductas graves de hostigamiento y acoso –previa evaluación del Comité– la terminación de la relación laboral con colaboradores de la universidad.

Como muy fuertes se describen conductas como presiones físicas y psíquicas para tener contactos íntimos, formular amenazas de afectar negativamente la situación laboral o escolar si no se aceptan invitaciones o propuestas sexuales, imponer medidas disciplinarias por rechazar proposiciones sexuales, ejercer presión con ese fin, encerrar dentro de las instalaciones universitarias a la víctima, o ejercer sexting, acoso cibernético o porno venganza.


Sin embargo, en este caso, aún cuando las autoridades universitarias han determinado separar al maestro de su cargo para que se dé seguimiento a la denuncia penal que existe ante la fiscalía estatal, la preocupación de las alumnas que se han organizado para apoyar a la denunciante es que en la institución no respete el derecho que tienen a manifestarse.

“Nosotras empezamos a anunciar lo que se iba a hacer el día de hoy (martes 20) desde el viernes. Pero al llegar nada más éramos tres; muchas niñas nos empezaron a decir que no iban a ir porque ya se estaba tornando algo peligroso, porque les habían amenazado con que no fueran, diferentes cosas; para mí se me hace de verdad muy feo y muy alertante que al nosotras manifestarnos de una manera tranquila y pacífica, ni eso podamos hacer”, lamenta una de ellas.

Actualmente, confiesan, no se sienten seguras o en confianza con sus propios profesores, sobre todo porque no se trata del primer caso. Lo que debe suceder, sostienen, es que la UPAEP reconozca los casos y los atienda de una manera diferente, tomando cartas en el asunto desde que se presentan denuncias, y medidas necesarias para apoyar verdaderamente a las víctimas en lugar de afectarlas en sus estudios, lo que hablaría de congruencia con los valores de la institución.

“No queremos ningún problema; simplemente lo que queremos es que den la cara, que se hagan responsables, que no culpen a la víctima por todo lo que le pasó; estamos buscando la manera más asertiva y más pacífica posible de hacer todo esto, pero la autoridades a veces no se prestan”, reclama una de las estudiantes.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.

Habitantes de San Andrés Cholula alcanzan acuerdo en su lucha contra la expansión inmobiliaria

El acuerdo con el gobierno de Puebla y el ayuntamiento de San Andrés Cholola se alcanzó luego de 36 horas de bloqueo en la carretera federal Puebla-Atlixco.

Las organizaciones y pueblos cholultecas llegaron a un acuerdo con el gobierno estatal y el ayuntamiento de San Andrés Cholula para que sus estrategias comunitarias, ante la expansión inmobiliaria sobre sus tierras, sean tomadas en cuenta en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano.

Luego de 36 horas de mantener un bloqueo en la carretera federal que comunica Puebla con Atlixco, los manifestantes lograron establecer una mesa de diálogo con el subsecretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, y la alcaldesa de San Andrés, Guadalupe Cuautle.

Tras horas de negociaciones, las autoridades aceptaron dar continuidad a un convenio que ya se había firmado en años anteriores para tomar en cuenta estas estrategias que buscan evitar que los pobladores originarios sigan siendo desplazados de sus tierras o que se saqueen recursos como el agua.

Parte de los acuerdos firmados es que, en una mesa de trabajo, académicos de universidades como la Ibero, la Buap y la Udlap, expongan los análisis que ya emitieron sobre estas estrategias y propuestas, y que esto se haga con la participación de representantes de la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado.

“Una vez realizada la exposición de dictámenes o documento de factibilidad por las Universidades, y en caso de que exista viabilidad jurídica y técnica manifestada por todas las instancias competentes en la materia, se iniciará el proceso para la integración de las estrategias y/o acciones propuestas por los pueblos originarios, por el Ayuntamiento de San Andrés Cholula”, indica el documento firmado.

Entre las estrategias que proponen está el crear polígonos de protección, de terrenos no vendibles, en torno a los pueblos originarios; revertir los incrementos en costos de escrituración de propiedades en comunidades cholultecas; frenar extracción de agua y llevar a cabo estudios sobre riesgo de hundimientos, entre otros.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.