La Semarnat anuló la resolución ambiental del proyecto del Cuarto Muelle en Cozumel, Quintana Roo. Sin embargo, la secretaría anunció que habrá nueva evaluación de impacto ambiental conforme a la ley, priorizando la protección de los ecosistemas costeros y marinos.
Se trata de la resolución que fue emitida el 7 de diciembre de 2021 como parte del recurso de revisión que los habitantes de la isla de Cozumel interpusieron ante la secretaría para evaluar y analizar la decisión en materia de impacto ambiental.
La notificación para anular la resolución inicial se dio el 11 de septiembre de 2025 en respuesta al análisis del recurso de revisión interpuesto por miembros de la asociación Conservación Investigación y Manejo Ambiental de Cozumel, A.C. (CIMAC A.C.), quienes manifestaron su preocupación por los posibles impactos del proyecto sobre los ecosistemas marinos y costeros de la isla.
Aunque la secretaría anuló el fallo inicial, anunció que la evaluación de impacto ambiental será reiniciada conforme a la ley, priorizando la protección de los ecosistemas costeros y marinos.
Será la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) el área que se encargará de una nueva evaluación, conforme al artículo 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y demás disposiciones legales aplicables.
Organizaciones celebran decisión
En un comunicado, el CEMDA compartió que el 11 de septiembre, la Semarnat resolvió el recurso de revisión interpuesto contra la autorización del proyecto denominado “Muelle Cozumel, Terminal de Crucero”, determinando que el resolutivo SGPA/DGIRA/DG-05859-21, de fecha 7 de diciembre de 2021, quede insubsistente.
Ambas organizaciones recordaron que este resolutivo protege al Arrecife Villa Blanca y a los servicios ambientales que proveé. También recordaron que esta decisión consolida la obligación de las autoridades mexicanas de no autorizar proyectos fragmentados, deficientes o carentes de la mejor evidencia científica disponible.
El CEMDA también señaló que esta resolución es un precedente relevante para la defensa del derecho a un medio ambiente sano ya que, la Semarnat reconoce su decisión en principios ambientales como el principio precautorio, el principio de prevención y el principio in dubio pro-natura.
Además se basa en jurisprudencias y recomendaciones internacionales que colocan el derecho a un medio ambiente sano como un derecho humano autónomo, interdependiente y esencial para la vida y la dignidad de las personas.
Cozumeleños fueron escuchados
Noemí Guadalupe Martín, licenciada en Manejo de Recursos Naturales y presidenta de la asociación civil Conservación Investigación y Manejo Ambiental de Cozumel, A.C. (CIMAC) también celebró la decisión.
“Ganamos. Hicieron nula la resolución del Cuarto Muelle. Es algo increíble y es algo que esperábamos con mucha emoción. Es algo que me notifican y que no me puedo creer porque es sumamente importante y donde podemos decir que fue escuchada la voz del pueblo”, declaró Guadalupe Martín, presidenta de CIMAC, en entrevista para Animal Político.
Para Guadalupe Martín, esta notificación es una muestra de que las luchas sí se logran. Pero también es una enseñanza para no bajar la guardia cuando se denuncia el impacto ambiental que tendrá un megaproyecto en el territorio.
“Quien tiene el poder es el pueblo, no el empresario ni el político. Es el pueblo porque es la comunidad y la cantidad de gente. El gobierno son unos cuantos. El empresario son unos cuantos y si nosotros vemos en la ley de la selva, la selva misma nos dice quién tiene el poder y es la comunidad”, añadió.
“No podemos bajar la guardia ni inclinarse ante nadie que nos esté quitando nuestro patrimonio, nuestro derecho de territorio. No podemos dárselo a nadie porque tenga dinero, porque es un empresario, porque tenga poder. El pueblo es el que manda”, reflexionó Guadalupe Martín.
El CEMDA reiteró que esta resolución se alinea con lo que ya habían establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la protección del medio ambiente como una condición necesaria para el ejercicio de otros derechos humanos, como el derecho al agua, a la salud,a la alimentación y a la cultura.
Incluso, se alinea con compromisos internacionales de los que México es Parte como lo es el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992) y la Opinión Consultiva OC-23/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ambos acuerdos fortalecen las obligaciones de los Estados para garantizar la participación pública, el acceso a la información ambiental y la justicia ambiental en la toma de decisiones que afecten a los ecosistemas.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: VERÓNICA SANTAMARÍA.
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