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“Fue excluyente e irregular”: ciudadanos denuncian anomalías en la consulta pública para ampliar el Puerto de Manzanillo

Pescadores, salineros, agricultores y habitantes de las comunidades cercanas a la laguna de Cuyutlán no pudieron participar en este proceso informativo que realizó la Semarnat únicamente en línea.

Habitantes de las comunidades cercanas a la Laguna de Cuyutlán denunciaron que el proceso de consulta pública del proyecto “Desarrollo del Puerto Nuevo Manzanillo, en el Vaso II de la Laguna de Cuyutlán, Manzanillo, Colima”, implementado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se realizó sin transparencia, con irregularidades y de manera excluyente, al discriminar y dejar fuera a grupos vulnerables de la población.

El Nuevo Puerto se localizará en el municipio de Manzanillo, Colima, y es promovido por la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Manzanillo, S.A. de C.V.

Animal Político revisó los detalles del proceso del inicio de consulta pública para el proyecto. En la publicación extraordinaria de la Gaceta Ecológica de la Semarnat del 8 de septiembre de 2025, de conformidad con los artículos 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y el 40 Y 41 de su Reglamento en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, se dieron a conocer los periodos, horarios y formatos de consulta.

La consulta pública para este megaproyecto de la ASIPONA Manzanillo comenzó el 1 de septiembre y concluyó el 8 de octubre de 2025. En la gaceta se informó que la modalidad de consulta para señalar observaciones del proyecto sería únicamente en línea y la consulta de la Manifestación de Impacto Ambiental se podría hacer de manera presencial en la Oficina de Representación de la Semarnat en Colima.

El horario de consulta fue de 9:00 a 14:00 horas, es decir, la población afectada solo tuvo seis horas para leerlo, de lunes a viernes, durante el mes en que se abrió el proceso de consulta.

La Oficina de Representación se ubica en la calle Victoria No. 360, colonia Centro, en el municipio de Colima, Colima, es decir a 55 kilómetros del municipio de Armería al centro de la ciudad, aproximadamente, lo que equivale a dos horas de traslado por auto de un punto a otro.

La Manifestación de Impacto Ambiental en modalidad Regional (MIA-R) estuvo a disposición de la población en la Oficina de Representación de la Semarnat Colima del 10 de septiembre al 8 de octubre, según lo que informó la dependencia en la Gaceta Ecológica.

Ante las irregularidades observadas en el proceso de Consulta Pública, comunidades, colectivos y organizaciones denunciaron públicamente que el procedimiento excluyó a miles de personas que, de aprobarse este proyecto, serán directamente afectadas, como pescadores, salineros, agricultores y habitantes de las comunidades cercanas a la Laguna de Cuyutlán.

Comunidades y colectivos señalan preocupación por el Nuevo Puerto

En un comunicado, la coalición Salvemos Cuyutlán acusó que este sector de la población no pudo participar porque el proceso se realizó únicamente en línea, con una plataforma que fallaba constantemente.

Manifestaron también su preocupación y rechazo ante las irregularidades observadas en el proceso de consulta pública de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) sobre la expansión del puerto de Manzanillo.

“Denunciamos que dicha consulta ha sido excluyente, irregular y carente de transparencia, configurando una simulación de participación ciudadana que vulnera los derechos ambientales y sociales de la población de Manzanillo y de las comunidades aledañas a la laguna de Cuyutlán”, dijeron en su comunicado.

Cifras del Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) señalan que en el municipio de Armería, Colima, habitan 27 mil 626 personas, según datos del 2020.

De acuerdo con la plataforma Data México del Gobierno de México, en el municipio de Armería, Colima, 32.2 % de las viviendas tiene acceso a internet. Para hacer uso de este servicio de conectividad sólo el 19.7 % de las viviendas tiene una computadora, mientras que el 87 % cuenta con un celular.

Poca conectividad y fallas en la plataforma

Organizaciones, colectivos y especialistas denunciaron que el proceso de consulta pública fue discriminatorio, irregular y excluyente al llevarse a cabo, únicamente, en línea en la plataforma digital de la Semarnat.

Las comunidades denuncian que el formato impidió la participación de una gran parte de la población que será directamente afectada. Grupos sociales, como personas adultas mayores, pescadores, salineros y agricultores de la región no cuentan, mayoritariamente, con acceso a internet, equipo de cómputo, ni conocimientos técnicos suficientes para registrarse y subir sus comentarios, dejándolos fuera del proceso.

El colectivo Salvemos Cuyutlán afirma que estos sectores sociales que viven de las actividades económicas se verán más impactadas por el proyecto, un acto que consignan como discriminatorio en su derecho al acceso a la información. Señalan que durante la consulta pública de la Semarnat por el Puerto Nuevo Manzanillo, recibieron quejas de las que pudieron comprobar, personalmente, que la plataforma de la Semarnat no funcionó correctamente.

Evidenciaron que en múltiples ocasiones no se les permitió subir comentarios ni registrar observaciones, arrojando mensajes de error que impiden concluir el procedimiento o perdiendo el avance y se debe comenzar de nuevo.

Además, la plataforma limitó el tamaño de los archivos por lo que no fue posible adjuntar todo lo que se requiere, teniendo que comprimir documentos y dificultando más la participación de las personas.

“Esto vulnera el principio básico de una consulta pública efectiva, pues los mecanismos técnicos fallidos imposibilitan la participación ciudadana y la transparencia del proceso.

Aunado a ello, las reuniones de trabajo de los diferentes instrumentos de ordenamiento territorial que se realizan en el estado, como el del municipio de Manzanillo, se han llevado a cabo de manera atropellada y descoordinada; además, realizándose con poca transparencia y traslapándose fechas y sedes e impidiendo que la ciudadanía y las organizaciones puedan asistir o participar de forma informada”, denunció la colectividad de Salvemos Cuyutlán.

Tradición salinera en riesgo por Nuevo Puerto

En el municipio de Armería se encuentra el pueblo de Cuyutlán, un sitio que en junio de 2024 fue candidato para recibir el reconocimiento internacional en la competición Best Tourism Villages de la Organización Mundial del Turismo, de la ONU.

Esta insignia reconoce a las localidades rurales que destacan por su compromiso con el desarrollo sostenible y la preservación de su patrimonio cultural y natural.

La postulación, hace un año, la hizo la Secretaría de Turismo de Colima como un forma de reconocer la historia de la producción de sal en Cuyutlán, la cual se remonta a más de 500 años y es la principal actividad económica del pueblo.

Actualmente, esa tradición y prácticas sostenibles en la producción salinera podría verse afectada si la Semarnat aprueba los impactos de la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto Desarrollo del Puerto Nuevo Manzanillo, en el Vaso II de la Laguna de Cuyutlán, Manzanillo, Colima.

Animal Político señaló en esta nota que en la MIA del proyecto de ampliación al Puerto Manzanillo se identificaron impactos de magnitud alta, como modificación del fondo lagunar, pérdida de cobertura vegetal y transformación del paisaje.

Ante las irregularidades, comunidades y organizaciones denunciaron que ninguna autoridad ha brindado información clara ni se ha hecho responsable de explicar a la sociedad los impactos acumulativos y las consecuencias de esta nueva ampliación del puerto.

“Recordamos que tras la primera expansión portuaria, Manzanillo y sus alrededores enfrentan una crisis ambiental y social severa que no ha sido atendida. Persisten la falta de agua, la carencia de servicios médicos y saneamiento, la contaminación atmosférica y marina, la deficiente gestión de aguas negras y residuos, el colapso vial causado por el tráfico de tráileres, el despojo de recursos naturales, la pérdida de biodiversidad, la inseguridad y la prohibición de acceso a pescadores a la laguna de San Pedrito, entre otras. Ninguna autoridad ha asumido responsabilidades ni ha implementado las medidas de mitigación prometidas en la primera fase de expansión”, manifestaron.

Comunidades denuncian irregularidades

Comunidades, activistas y organizaciones señalaron cuáles son las graves irregularidades que este puerto presenta, y que deben ser revisadas antes de cualquier autorización.

Una de ellas es que, las obras de dragado comenzaron de forma irregular en enero del presente 2025 y que fue anunciado en la página oficial del Gobierno de México el 22 de enero del mismo año.

“Este hecho demuestra que se iniciaron trabajos sin que existiera una autorización en materia de impacto ambiental y mucho menos una consulta pública, lo cual contraviene la legislación vigente. Hasta el momento no hay intervenciones por parte de la Profepa [Procuraduría Federal de Protección al Ambiente])”, señalaron.

Otra de las anomalías que encontraron es la fragmentación artificial del proyecto, es decir, la ASIPONA está tramitando distintas Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) como si se tratara de obras independientes.

Un ejemplo es el proyecto que recientemente se aprobó respecto al muro perimetral del Vaso II de la Laguna de Cuyutlán, que tiene su propia MIA, a pesar de que forma parte integral de la expansión portuaria.

“Esta estrategia busca disfrazar la magnitud real del impacto ambiental acumulado y evadir la evaluación integral del conjunto de obras relacionadas con el puerto. En la reunión pública informativa, los técnicos argumentaron que este manifiesto de impacto ambiental sólo incluía la construcción del puerto, no su operación, dejando fuera la mayoría de los impactos”, advirtieron.

Ante estos y otros señalamientos que hacen activistas y comunidades de Salvemos Cuyutlán, exigen el cese inmediato del proceso de expansión del Puerto de Manzanillo hasta que la sociedad civil cuente con información completa, accesible y verificada, y pueda participar en un proceso de consulta pública presencial, incluyente y transparente.

“Exigimos NO APROBAR este proyecto hasta que no se solucionen los problemas socioambientales del puerto ya existente, hasta que se cuente con la infraestructura y servicios para poder recibir la expansión, hasta que se modifique su diseño a modo que sea realmente sustentable y seguro”, suscribieron.

Finalmente, las comunidades que resultarán afectadas exigen a la Semarnat hacer público el contenido de todas las observaciones y propuestas recibidas a través de su portal como resultado de esta consulta pública.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.

El “paraíso ecológico” de Armenta, enredado en violaciones ambientales

El gobierno de Puebla insiste en construir parques en la Malinche, el Izta-Popo y en el Pico de Orizaba aduciendo que busca el rescate y preservación de esas cimas, así como impulsar la educación, protección y el respeto por el medio ambiente... pero en un área natural protegida.

El gobernador morenista Alejandro Armenta Mier presenta su propuesta de construir un parque dentro del área natural protegida (ANP) de La Montaña Malinche, como un proyecto de preservación y educación ecológica, aunque desde su arranque su administración ha transgredido y desacatado leyes en materia ambiental.

El 4 de junio último el gobierno poblano ingresó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) un nuevo estudio de impacto ambiental del llamado Ecoparque Tlalli Malinche, en la cual también pide autorización para “rehabilitar” el camino que va de la localidad de San Miguel Canoa al predio donde propone ese recreativo, pese a que esa obra se licitó, contrató e inició varios meses antes, desde principios de este año.

Es decir, solicita permiso para intervenir un área natural protegida, cuando en esa reserva ya se usó maquinaria pesada, se removió vegetación y tierra y hasta se inició la colocación de pavimento, con lo cual violentó disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y del programa de manejo del Parque Nacional La Montaña Malinche (PNMM).

Por ello, la obra fue clausurada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) desde finales de abril último. El gobierno armentista no respetó la clausura, continuó con los trabajos y negó públicamente que ese camino estuviera dentro de la poligonal del Parque Nacional.

Armenta Mier, quien se autodefine como un “amante de la naturaleza” y suele encabezar campañas de donación de arbolitos, ha insistido en que su plan de construir parques en la Malinche, el Izta-Popo y en el Pico de Orizaba busca el rescate y preservación de esas cimas, así como impulsar la educación, protección y el respeto por el medio ambiente.

“Estamos cumpliendo todos los requisitos. Nosotros no violentamos la ley, nos apegamos al derecho y somos estrictamente respetuosos de las normas ambientales y de la aplicación del uso del suelo”, defendió el mandatario al insistir, además, en que sus propuestas se ciñen a la “bioética social y al humanismo”.

En el primero de esos tres proyectos, ubicado en la Malinche, lanzó la licitación OP- SPFA-LPE-2025-005 cuando apenas habían transcurrido 45 días del sexenio y firmó un contrato con la empresa Toscana Universal Construcciones y Acabados para cimentar, por 69.8 millones de pesos, un camino de 9.7 kilómetros hacia el predio del pretendido parque, aunque hasta la fecha éste no ha sido autorizado por la Semarnat.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 28 de la revista Proceso, correspondiente a octubre de 2025

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Marina se resiste a sentencia de la Corte; impulsa con Sheinbaum nuevas obras para ampliar el puerto de Veracruz

En marzo de 2022, la Corte resolvió un amparo en revisión que interpusieron ciudadanos de Veracruz y organizaciones de la sociedad civil; dejó sin efecto las autorizaciones ambientales que Semarnat otorgó desde 2004 para las obras de ampliación

El Sistema Arrecifal Veracruzano está nuevamente en riesgo. La Secretaría de Marina (Semar) busca hacer efectiva la ampliación del puerto de Veracruz pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en 2022 que las autorizaciones otorgadas en 2004 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), son anticonstitucionales y ponen en riesgo al arrecife La Gallera.

La resolución de la Corte protege al sistema arrecifal que no fue tomado en cuenta en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que presentaron la Administración Portuaria Integral del Puerto de Veracruz y la consultora Argo Consultores Ambientales S.A. de C.V., bajo el nombre del proyecto “Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte”.


En la conferencia matutina del 23 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, informaron que en septiembre iniciarían los trabajos de construcción de la escollera sur, con una longitud de más de 3 kilómetros, actualmente en proceso de licitación.

Ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, como Territorios para la Vida (Terra Vida), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Earth Justice, advirtieron que el Gobierno de México insiste en poner en riesgo los ecosistemas costeros y marinos del Golfo de México al avanzar con la ampliación del puerto de Veracruz, repitiendo el modelo de hace poco más de dos décadas, fragmentando de nuevo la evaluación ambiental del proyecto.

Terra Vida advirtió que el anuncio del secretario de Marina implica poner nuevamente en riesgo ecosistemas frágiles, como los arrecifes del Sistema Arrecifal Veracruzano, particularmente el arrecife La Gallega.

También se verían afectados ecosistemas terrestres, manglares y en general la biodiversidad marina; asimismo, preocupa la falta de información sobre los sitios de extracción de piedra para las obras y el eventual uso de áreas naturales protegidas como bancos de materiales.

La Semar y el Gobierno de México planean ampliar seis puertos para contar con un Sistema Portuario Nacional al término de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La inversión pública será de 55 mil 179 millones de pesos y la privada de 241 mil 51 mdp. El puerto de Veracruz tendrá una inversión pública de 10 mil 202 millones de pesos y privada de 10 mil 443 millones de pesos para 13 construcciones diferentes contempladas en el proyecto.

Dos décadas después de un juicio de amparo

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) proviene de la demanda que interpusieron ciudadanas veracruzanas al promover un juicio de amparo, argumentando contar con un interés legítimo colectivo. Reclamaron que se vulneró su derecho humano a un medio ambiente sano.

La violación a ese derecho ocurrió cuando las autoridades responsables no evaluaron el proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz conforme a la mejor información científica disponible, ni verificaron si lo dicho por la Administración Portuaria Integral del Puerto de Veracruz en diversas manifestaciones de impacto ambiental era suficiente, veraz y completo.

Cuando las autoridades responsables omiten aplicar el estándar más alto de protección del derecho humano al que se refieren, incumplen con su obligación de conservar el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano.

Francisco Xavier Martínez Esponda, fundador de la organización Territorios Diversos para la Vida y defensor de la naturaleza y los derechos humanos, señaló que la ampliación del puerto de Veracruz es una batalla muy antigua.

“Empezamos un litigio en contra de la ampliación en 2016. Ese litigio se presentó por dos razones que tienen que ver con la violación al medio ambiente sano. La primera violación a este derecho fundamental es porque el proyecto fue dividido en varios pedazos que presentaron a la autoridad ambiental”, recordó en entrevista con Animal Político.

Cada parte fue presentada como un proyecto a la autoridad ambiental, mismo que así evaluaron. De esta manera, se obtuvieron, aproximadamente, entre 14 y 16 diseños diferentes, como un libramiento ferroviario, un libramiento vehicular, la zona logística, entre otros planes que la autoridad paraestatal fue presentando desde 2014.

“Hay autorizaciones de 2004 a 2016 que estuvieron haciendo esta labor de fragmentación. Eso es una violación artera al derecho humano a un medio ambiente sano porque una de las formas en que se garantiza ese derecho es vía la Evaluación de Impacto Ambiental. [Esto] hace que puedas medir el riesgo y que la autoridad ambiental pueda tomar una mejor decisión de si el proyecto es viable o no, pero para eso necesita tener todas las partes”, añadió el defensor.

Martínez Esponda también enfatizó en que la autoridad ambiental, en este caso la Semarnat, debe tener todas las partes de un megaproyecto para saber cómo interactúa con otros proyectos y obras que haya en lo que denomina el Sistema Ambiental Regional.


“No es cualquier cosa y es una práctica en el mundo de la Evaluación de Impacto Ambiental, el fragmentar los proyectos. Desde que soy abogado, esto pasa”, enfatizó.

La segunda razón por la que desde Territorios para la Vida iniciaron este litigio se debe a que para evaluar los impactos que traerá un megaproyecto se debe hacer uso de la mejor ciencia disponible y hacer un trabajo serio y profundo.

“Eso, los promoventes de los proyectos saben que es riesgoso porque poner toda la información hace que se invisibilicen los proyectos y sean evaluados como debe de ser y por tanto, tengan mayores razones para no ser aprobados”, explicó.

“Omiten” la presencia de un arrecife sumergido

En el caso del puerto de Veracruz, abogados y especialistas en biodiversidad y vida marina pudieron probar que en la Manifestación de Impacto Ambiental denominada “Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte” omitieron incluir un arrecife sumergido que está en la boca del nuevo puerto, a 18 metros de profundidad.

“Lo bautizamos como La Loma. Y justo se levantaba una pregunta importante que es: ¿Si el estudio ambiental fue hecho con seriedad y a conciencia, cómo es posible que se les haya perdido un arrecife por donde, además, van a pasar los barcos? Entonces, eso no era creíble. Ese litigio terminó en 2022 en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia y nos dieron la razón”, agregó el abogado.

La Corte determinó en su momento que eran inconstitucionales las autorizaciones que la Semarnat había otorgado, a través de su Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental y de su delegación federal en Veracruz, para ejecutar el proyecto de ampliación portuario.

La resolución se debe a que las dependencias evaluaron el proyecto de manera fragmentada, y sin utilizar la mejor ciencia disponible, vulnerando así el derecho humano a un ambiente sano de las y los veracruzanos.

En consecuencia, señaló Terra Vida, la Corte ordenó realizar una nueva evaluación ambiental integral considerando la totalidad del proyecto y de sus impactos sobre arrecifes y humedales en la zona de influencia.

La organización resaltó que la fragmentación de la evaluación ambiental es una estrategia que violenta el derecho a un ambiente sano ya que impide conocer los verdaderos impactos acumulados del proyecto portuario y, con ello, el riesgo ambiental que conlleva.

La falta de información y, por tanto, de evaluación ambiental de los sitios de donde se extraerá la roca representan un nuevo incumplimiento de la sentencia.

Ante dichas omisiones defensores y defensoras en Veracruz, junto con Terra Vida, llaman a la administración de Claudia Sheinbaum Pardo y a la Semar a detener las obras y actividades de ampliación del puerto de Veracruz hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental holística, integral e independiente conforme a lo ordenado por la Corte.

“Solo así se podrá garantizar la protección de los arrecifes, la biodiversidad, los ecosistemas marinos y terrestres y el futuro ambiental de Veracruz”, subrayan.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.

Cierra Semarnat consulta pública sobre megaproyecto Puerta al Mar; activistas piden que niegue permiso a Sedena

Defensores del medio ambiente que participaron en la consulta pública de Semarnat insisten en que se debe negar a la Sedena la autorización para que construya el megaproyecto turístico Puerta al Mar en Quintana Roo.

Defensores del medio ambiente que participaron en la consulta pública sobre el megaproyecto turístico Puerta al Mar piden a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que niegue a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la autorización para construir en la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an.

Este martes 7 de octubre terminó la consulta pública del megaproyecto que la Sedena construye en la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, Quintana Roo, a lo largo de la ruta del Tren Maya.

Durante un mes cualquier persona tuvo la posibilidad de enviar, a través del portal de la Semarnat, observaciones, sugerencias o propuestas alrededor de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto que tiene un costo estimado en 175 mil millones de pesos y que está en construcción desde agosto de 2023, a pesar de no contar con los permisos ambientales.

Las obras consisten en la ampliación y pavimentación de una brecha de terracería de 54.6 kilómetros conocida como “camino antiguo a Vigía Chico”, que une el poblado de Felipe Carrillo Puerto con el Mar Caribe, cruzando los humedales de Sian Ka’an. El megaproyecto contempla también otras infraestructuras, como un restaurante, un estacionamiento con locales comerciales, senderos peatonales y un muelle con mirador. Además, donde hay manglares el Ejército creará una playa artificial de 6 mil metros cuadrados con camastros, palapas y un restaurante.

Qué es un proceso de consulta pública

La Semarnat tendrá que leer y analizar las observaciones que recibió durante el proceso de consulta pública del proyecto que oficialmente se llama “Camino artesanal Puerta al Mar”, y tomarlas en cuenta al decidir si otorga o niega el permiso para construir la obra.

La dependencia tiene también la facultad de convocar una reunión pública informativa, donde la Sedena tendría que exponer los aspectos técnicos ambientales de la obra y sus posibles impactos, además de las medidas de prevención y mitigación que serían implementadas.

Piden que se niegue el permiso a Sedena

“Nosotras estamos solicitando a Semarnat que niegue a Sedena la autorización por incumplimiento de la ley ambiental, siendo que el proyecto se empezó a construir antes de conseguir los permisos ambientales y ya se han destruido manglares”, dice una abogada integrante de Territorios Diversos para la Vida (Terravida), una de las organizaciones que participaron en la consulta pública de la Puerta al Mar.

También, agrega, solicitamos que se clausuren las obras en caso de que estén en operación y se impongan las sanciones correspondientes. Terravida señaló a Semarnat que la MIA reconoce que el Ejército desarrolla actividades que el Plan de Manejo de Sian Ka’an prohíbe, como impulsar el turismo y construir obras dentro del área natural protegida. “La MIA reconoce la fragmentación del hábitat que el proyecto conlleva, que tiene un impacto en la conectividad de las especies”, dice la abogada.

La organización observó que no se toman en cuenta los impactos cumulativos de esta obra con otras construidas en el área, como el Tren Maya, y destacó que no se contemplan las afectaciones que pueden padecer comunidades que no se encuentran en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, como Punta Allen, localizada frente a la Puerta al Mar, del otro lado de la Bahía de la Ascensión.

Afectaciones al territorio simbólico

Las observaciones que llegaron a Semarnat no tienen que ver sólo con los impactos ambientales de la Puerta al Mar. “Participamos en el proceso de consulta pública señalando un elemento más cultural y tiene que ver con las afectaciones al territorio simbólico. Para nosotros los pueblos mayas, el camino antiguo a Vigía Chico tiene espíritu: están los yumtsilo’ob, que son los guardianes de la selva y tienen memoria”, dice Ángel Sulub Santos, del Centro Comunitario U kúuchil k Ch’i’ibalo’on de Felipe Carrillo Puerto. Recuerda que este camino tiene mucha importancia en la memoria de la población local, que lo recuperó de los soldados mandados a reprimir la población maya durante la Guerra de Castas.

“Mandamos a Semarnat una observación también sobre la justificación que tiene el proyecto, siendo que la MIA afirma que es una exigencia histórica de la gente local, de los mayas, pero en realidad una parte de la población no lo quiere”, dice Sulub Santos.

De acuerdo con él, los puestos de trabajo que el gobierno promete son un espejismo que no compensa los daños generados por el megaproyecto: “son empleos con una fragilidad alta. Lo estamos viendo ahora en Tulum, donde la falta de turistas impacta fuertemente a la economía de los trabajadores locales”, afirma.

Piden reunión para establecer medidas de protección para la Selva Maya

Desde que el camino viejo a Vigía Chico ha sido ampliado y pavimentado, los carros pasan a toda velocidad y ya se reportan atropellamientos de animales.

Carlos Samayoa, coordinador de la campaña “México al grito de selva” de Greenpeace México, recuerda que una carretera que irrumpe en un ecosistema trae varios impactos y no sólo ambientales, pues existen otros relacionados con la especulación inmobiliaria que puede traer en el futuro.

“Ya hicimos una alerta a las autoridades federales y estamos en espera de un diálogo con la Semarnat y otras dependencias para hablar de las medidas de protección para la selva, que está en riesgo a causa de proyectos como el Tren Maya o la Puerta al Mar”, dice Carlos Samayoa. “La complejidad en torno de la selva es altísima y hay que abordar el tema desde una perspectiva compleja. Por eso estamos buscando que sea una mesa de trabajo multisectorial e intersecretarial, para blindar a la selva de cualquier amenaza. Se nos prometió este diálogo y esperamos tener pronto fechas concretas”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ORSETTA BELLANI.

Megaproyecto solar amenaza cultivos de maguey y nopal en Hidalgo, advierten defensores

Un megaproyecto en los municipios de Epazoyucan y Singuilucan, Hidalgo, amenaza con cambiar el uso de suelo agrícola a industrial para convertir cientos de hectáreas productivas de maguey, nopal, cebada y maíz y construir parques solares, denunció la Asociación por la Protección de la Tierra y el Bienestar de Epazoyucan.

El megaproyecto solar, a cargo de la empresa Kenerwatts S.A.P.I. de C.V., consta de una planta de generación de energía eléctrica en 528 hectáreas de los dos municipios hidalguenses para alimentar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico de Hidalgo, las tierras donde se pretende instalar el proyecto son «infértiles», pero la Asociación reiteró que «son la base de un ecosistema que sostiene flora, fauna y ciclos de agua vitales para la región».

«Lamentamos profundamente la posición de las autoridades municipales y estatales que consideran viable el megaproyecto de energía solar que se pretende instalar en los municipios de Epazoyucan y Singuilucan», señaló la organización en un comunicado, en el que advirtió el «despojo silencioso» que pone en riesgo el patrimonio natural y la cultura tlachiquera.

Los defensores manifestaron su preocupación ante las declaraciones de las autoridades sobre que el megaproyecto no afectará el suelo ni los cultivos de maguey, lo cual «contradice no sólo la realidad de nuestras tierras, donde se cultivan maguey, nopal, cebada y maíz, sino también los propios objetivos del Plan Municipal de Desarrollo de Epazoyucan, que reconoce al maguey pulquero y al nopal tunero como cultivos perennes fundamentales».

La Asociación recordó que la transición energética en el país debe ser «justa y responsable» y que no se construya sobre «el sacrificio» de la cultura y el sustento de las familias, además de promover el respeto a los recursos naturales y modos de vida.

COMUNICADO:

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Pueblo de Cuajimalpa gana amparo contra Utopía; gobierno tendrá que reponer la consulta sobre su construcción

Descontentos ante la forma en que se desarrolló la consulta y sus resultados, algunos pobladores recabaron pruebas del acarreo y la presencia de operadores políticos y comenzaron con la búsqueda de justicia en tribunales.

Habitantes del pueblo de Cuajimalpa ganaron un amparo contra la consulta que se había celebrado para la construcción de la Utopía sobre una cancha de futbol. Un juez de Distrito de la Ciudad de México reconoció que el ejercicio realizado el pasado mes de mayo -en el que hubo 700 votos a favor y 550 en contra- violó los derechos de esta comunidad, por lo que se tendrá que reponer en un plazo máximo de cuatro meses.

La resolución establece que las autoridades que organicen la siguiente consulta tendrán que entregar a los pobladores la información que no se les dio la primera vez, sobre el impacto en materia hídrica, ambiental y vial que tendrá la obra, para que puedan decidir si están de acuerdo con su construcción tal y como se tiene planeada.

“Nosotros seguimos insistiendo en que haya mesas de trabajo, sugiriendo otros lugares para la obra y que el proyecto se adecúe a las verdaderas necesidades del pueblo, pero hasta ahora no se han escuchado estas peticiones”, comentó Jacqueline Martínez, representante del Concejo del Pueblo Originario e Indígena de Cuajimalpa.

Los vecinos de la zona han expresado que prefieren la rehabilitación de las canchas de futbol, albercas y espacios culturales con los que ya cuentan, que se ubican a pocos metros de donde se busca construir la Utopía, y en el caso de la promesa de que contarán con espacios de lavandería, algunas de las personas entrevistadas por el medio mencionaron que sería mejor que se les provea de agua en las colonias donde el servicio escasea.

Las irregularidades denunciadas por los pobladores de Cuajimalpa

De acuerdo con Felipe de Jesús Segura, integrante del Concejo del Pueblo, el terreno en el que se ubica el Módulo Deportivo Castillo Ledón fue donado décadas atrás por nativos de Cuajimalpa, y en sus canchas de futbol han jugado generaciones de vecinos de los diferentes pueblos de la zona. Por ello, afirmó que no están de acuerdo “en que nos lleguen a despojar de nuestros terrenos”, y tampoco aceptaron que se intentara aprobar la obra mediante desinformación y actos amañados.

“Se hizo una consulta en la que no dejaron hablar al pueblo, nada más a los del gobierno, quienes decían que todo iba a estar muy bonito e hicieron las cosas a su manera. A la votación que se hizo vino gente que ni siquiera era del pueblo, entre ellos el actual director del Metro -antes alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava- y otros acarreados… entonces ya no fue una cosa legal”, agregó Felipe.

Descontentos ante la forma en que se desarrolló la consulta y sus resultados, algunos pobladores recabaron pruebas del acarreo y la presencia de operadores políticos y comenzaron con la búsqueda de justicia en tribunales.

Ahora, con esta resolución, Jacqueline Martínez expresó que el pueblo de Cuajimalpa tiene “otra oportunidad de defender nuestro territorio y que el gobierno comprenda que su proyecto no está acorde a nuestras tradiciones y nuestra cultura. Queremos que los espacios tengan mantenimiento, que sean mejorados, pero no a costa de que perdamos nuestro patrimonio”.

“Ojalá el gobierno pueda ver que más allá de las Utopías que quieren construir existen comunidades ya construidas, que se escuche a los pobladores y se haga lo que requieren. Los gobiernos van y vienen, pero nosotros nos hemos quedado aquí por años y la prueba de ello son estos espacios que persisten a pesar del paso de administraciones de distintos partidos y colores”, planteó.

Xochimilco, la primera alcaldía en que ganó el “no” a la Utopía

El pasado 14 de septiembre, la alcaldía Xochimilco se convirtió en la primera donde ganó el “no” de los vecinos en la votación para decidir sobre la construcción de una Utopía, propuesta por el gobierno de Clara Brugada y por la alcaldesa Circe Camacho para erigirse sobre campos de beisbol y futbol de un deportivo.

Desde que se anunció el proyecto de la obra, beisbolistas, usuarios del deportivo Xochimilco y vecinos de la zona se pronunciaron en contra de la decisión que disminuiría los espacios para actividades deportivas, por lo que realizaron campañas informativas y protestas con el objetivo de que se reconsiderara la propuesta.

Ante la negativa de las autoridades para replantear el proyecto, los inconformes recabaron firmas contra la Utopía y reclamaron que se tenía que consultar a los vecinos de Xochimilco, al ser una alcaldía con pueblos y barrios originarios, a lo cual, después de diversas mesas de diálogo y cierres viales, accedió el Gobierno de la Ciudad de México.

Tras una jornada en la que hubo denuncias de acarreo de votantes y actos de intimidación contra quienes estaban contra el proyecto, los vecinos en contra de la Utopía celebraron que “la voz del pueblo se hizo sentir”, pues por un margen de 4 a 1 ganó el no a la construcción.

Según los datos de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana, en Xochimilco votaron 2 mil 651 personas, de las cuales el 77.3 % decidió que el deportivo de la alcaldía deberá permanecer en las mismas condiciones operativas, por lo que las autoridades capitalinas tendrán que encontrar otro espacio en el cual establecer la Utopía.


Brugada prometió la construcción de 100 Utopías

Al inicio de su administración como jefa de Gobierno, Clara Brugada estableció como meta la construcción de 100 Utopías en la capital del país, de las cuales 16 serían construidas durante su primer año al frente de la Ciudad de México.

En diciembre de 2024, Brugada anunció la ubicación de las primeras Utopías, ante lo cual vecinos de diversas alcaldías mostraron descontento, ya que no se les había informado o consultado, y en el caso de 10 alcaldías se construirían dentro de espacios deportivos que se encontraban en funcionamiento.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ERÉNDIRA AQUINO.

Semarnat anula resolución ambiental del proyecto de cuarto muelle en Cozumel; ambientalistas celebran defensa del arrecife

La Semarnat anuló la resolución ambiental del proyecto del Cuarto Muelle en Cozumel, Quintana Roo. Sin embargo, la secretaría anunció que habrá nueva evaluación de impacto ambiental conforme a la ley, priorizando la protección de los ecosistemas costeros y marinos.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anuló la resolución en materia de impacto ambiental al proyecto turístico denominado “Muelle Cozumel, Terminal de Cruceros” de la empresa Muelles del Caribe S.A. de C. V. que ponía en riesgo la salud y supervivencia del Arrecife Villa Blanca. 

Se trata de la resolución que fue emitida el 7 de diciembre de 2021 como parte del recurso de revisión que los habitantes de la isla de Cozumel interpusieron ante la secretaría para evaluar y analizar la decisión en materia de impacto ambiental.

La notificación para anular la resolución inicial se dio el 11 de septiembre de 2025 en respuesta al análisis del recurso de revisión interpuesto por miembros de la asociación Conservación Investigación y Manejo Ambiental de Cozumel, A.C. (CIMAC A.C.), quienes manifestaron su preocupación por los posibles impactos del proyecto sobre los ecosistemas marinos y costeros de la isla.

Aunque la secretaría anuló el fallo inicial, anunció que la evaluación de impacto ambiental será reiniciada conforme a la ley, priorizando la protección de los ecosistemas costeros y marinos.

Será la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) el área que se encargará de una nueva evaluación, conforme al artículo 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y demás disposiciones legales aplicables.

Organizaciones celebran decisión

Ante el anuncio, organizaciones ambientales como CIMAC y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) celebraron esta decisión.

En un comunicado, el CEMDA compartió que el 11 de septiembre, la Semarnat resolvió el recurso de revisión interpuesto contra la autorización del proyecto denominado “Muelle Cozumel, Terminal de Crucero”, determinando que el resolutivo SGPA/DGIRA/DG-05859-21, de fecha 7 de diciembre de 2021, quede insubsistente.

Ambas organizaciones recordaron que este resolutivo protege al Arrecife Villa Blanca y a los servicios ambientales que proveé. También recordaron que esta decisión consolida la obligación de las autoridades mexicanas de no autorizar proyectos fragmentados, deficientes o carentes de la mejor evidencia científica disponible.

El CEMDA también señaló que esta resolución es un precedente relevante para la defensa del derecho a un medio ambiente sano ya que, la Semarnat reconoce su decisión en principios ambientales como el principio precautorio, el principio de prevención y el principio in dubio pro-natura.

Además se basa en jurisprudencias y recomendaciones internacionales que colocan el derecho a un medio ambiente sano como un derecho humano autónomo, interdependiente y esencial para la vida y la dignidad de las personas.

Cozumeleños fueron escuchados

Noemí Guadalupe Martín, licenciada en Manejo de Recursos Naturales y presidenta de la asociación civil Conservación Investigación y Manejo Ambiental de Cozumel, A.C. (CIMAC) también celebró la decisión.

“Ganamos. Hicieron nula la resolución del Cuarto Muelle. Es algo increíble y es algo que esperábamos con mucha emoción. Es algo que me notifican y que no me puedo creer porque es sumamente importante y donde podemos decir que fue escuchada la voz del pueblo”, declaró Guadalupe Martín, presidenta de CIMAC, en entrevista para Animal Político.

Para Guadalupe Martín, esta notificación es una muestra de que las luchas sí se logran. Pero también es una enseñanza para no bajar la guardia cuando se denuncia el impacto ambiental que tendrá un megaproyecto en el territorio.

“Quien tiene el poder es el pueblo, no el empresario ni el político. Es el pueblo porque es la comunidad y la cantidad de gente. El gobierno son unos cuantos. El empresario son unos cuantos y si nosotros vemos en la ley de la selva, la selva misma nos dice quién tiene el poder y es la comunidad”, añadió.

Con manifestaciones pacíficas dentro de la isla y con pescadores y prestadores de servicios, habitantes de Cozumel denunciaron las afectaciones que el Cuarto Muelle traerá al Arrecife Villa Blanca si las obras seguían.

“No podemos bajar la guardia ni inclinarse ante nadie que nos esté quitando nuestro patrimonio, nuestro derecho de territorio. No podemos dárselo a nadie porque tenga dinero, porque es un empresario, porque tenga poder. El pueblo es el que manda”, reflexionó Guadalupe Martín.

El CEMDA reiteró que esta resolución se alinea con lo que ya habían establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la protección del medio ambiente como una condición necesaria para el ejercicio de otros derechos humanos, como el derecho al agua, a la salud,a la alimentación y a la cultura.

Incluso, se alinea con compromisos internacionales de los que México es Parte como lo es el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992) y la Opinión Consultiva OC-23/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ambos acuerdos fortalecen las obligaciones de los Estados para garantizar la participación pública, el acceso a la información ambiental y la justicia ambiental en la toma de decisiones que afecten a los ecosistemas.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: VERÓNICA SANTAMARÍA.

La SICT da el banderazo de inicio a la construcción del Tren Querétaro-Irapuato

El Tren Querétaro-Irapuato tendrá una extensión de 108 kilómetros de vías y conectará el estado de Querétaro con Guanajuato.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) dio este jueves el banderazo de inicio a la construcción del primer tramo del Tren Querétaro-Irapuato, una obra que busca impulsar el desarrollo industrial y mejorar la movilidad en el país.

El acto que marca el inicio oficial de este proyecto se realizó en el municipio de Apaseo el Grande y fue encabezado por el titular de la SICT, Jesús Esteva; la Gobernadora de Guanajuato, Denisse García; el Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, y el titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Andrés Lajous.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum realizó un enlace desde la conferencia matutina celebrada en Palacio Nacional para atestiguar el inicio de las obras del Tren Querétaro-Irapuato y recalcó que gracias a los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación (4T) se recuperarán los trenes de pasajeros.
"Hay que recordar que es con la Cuarta Transformación que se recuperan, renacen, reviven los trenes de pasajeros [...] Sigue el renacimiento del tren de pasajeros", destacó la mandataria.


Cinco datos que debes saber sobre el nuevo Tren Querétaro-Irapuato

1. El Tren Querétaro-Irapuato tendrá una longitud de 108.20 kilómetros de vías, las cuales conectarán la ciudad de Querétaro con Irapuato, Guanajuato, pasando por las principales zonas industriales de la región.

2. La obra contará con una doble vía para trenes de pasajeros, los cuales podrán alcanzar velocidades máximas de entre 160 y 200 kilómetros por hora.

3. El tren tendrá seis estaciones en su recorrido entre Querétaro y Guanajuato: Querétaro, Apaseo, Celaya, Cortázar/Villagrán, Salamanca e Irapuato.

4. El primer tramo del Tren Querétaro-Irapuato que inició su construcción incluye 30 kilómetros de vía que recorrerán de la estación Querétaro a Apaseo el Grande.

5. Las estaciones de este tren serán de tres tipos distintos, según la capacidad necesaria en cada punto: terminal, estación intermedia y estación de baja demanda.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Marina inició obras en el Puerto Nuevo Manzanillo, Colima, desde enero sin autorización de impacto ambiental

La Secretaría de Marina inició la ampliación del Puerto Nuevo Manzanillo, en Colima, con los trabajos de dragado correspondientes a la Fase 1, pese a que la Manifestación de Impacto Ambiental establece que este tipo de obra requiere, para comenzar, autorización en materia de impacto ambiental.

La Secretaría de Marina (Semar) comenzó desde enero el desarrollo del megaproyecto Puerto Nuevo Manzanillo en el Vaso II de la Laguna Cuyutlán, en Manzanillo, y el gobierno de Colima ayudó en la supervisión del inicio de las obras.

La Semar no esperó a que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) analizara y evaluara la Manifestación de Impacto Ambiental en modalidad Regional (MIA-R) que la dependencia presentó para dar a conocer cuál será el impacto ambiental en la Laguna Cuyutlán.


El anunció se hizo en enero pasado, tras una reunión de trabajo en las instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Manzanillo en la que se encontraban el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México; Indira Vizcaíno Silva, gobernadora del estado de Colima; y el almirante retirado Mario Alberto Gasque Peña, entonces director de la Asipona de Manzanillo.

Los trabajos de dragado iniciaron con la construcción de la Fase 1 de las primeras dos de un total de seis máquinas que trabajarán de manera simultánea, según informó la secretaría.

En un spot de la Semar señalan que esta obra tendrá dos terminales privadas de la empresa Petroliferos Porter y una terminal de almacenamiento y distribución de Petróleos Mexicanos (Pemex) con capacidad para 3.7 millones de barriles de gasolina y diésel.

La empresa Porter Cuyutlán desarrolla, actualmente, en el Nuevo Puerto Cuyutlán, dentro del municipio de Manzanillo, Colima, una Terminal de Almacenamiento y Reparto de Hidrocarburos (TAR).

De acuerdo con la secretaría, la infraestructura del Nuevo Puerto Manzanillo recibirá hasta cinco buques petroleros simultáneamente.

De Felipe Calderón a López Obrador 

El Puerto Nuevo Manzanillo tiene como antecedentes para la construcción de esta megaobra el “Decreto de habilitación del Puerto de Laguna de Cuyutlán, ubicado en el municipio de Manzanillo, en el estado de Colima” con fecha 23 de noviembre de 2023.

Además, se encuentra el “Acuerdo por el que se delimita y determina el recinto portuario del Vaso II del Puerto Laguna de Cuyutlán, en Manzanillo, Colima” con fecha 17 de agosto de 2023, firmado por el entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, y la extitular de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González. Ambos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Sin embargo, ya existía un decreto del expresidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa para la habilitación del Puerto de Laguna de Cuyutlán, ubicado en el municipio de Manzanillo, en el estado de Colima, publicado el 20 de diciembre de 2011 en el DOF.

De acuerdo con el decreto de Calderón Hinojosa la ampliación de este puerto estaba alineado con el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012, derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

En su decreto señala que los estudios realizados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes concluyeron en desarrollar un nuevo proyecto de generación de energía eléctrica, a través de una terminal de gas natural licuado, en la Laguna de Cuyutlán, en Manzanillo, Colima.

MIA pide tener autorización previa para las obras

En la Manifestación de Impacto Ambiental Regional (MIA-R) se especifica cuáles son el tipo de obra que se realizarán dentro del recinto portuario del Vaso II de la Laguna de Cuyutlán y en zonas terrestres aledañas.

Con este estudio se puede identificar cuáles serán los posibles impactos ambientales que podrían ocasionar actividades relacionadas a la preparación del sitio, la construcción del canal de navegación, la instalación de tablestacas, el relleno de la zona de mejoramiento y la construcción de la infraestructura básica de edificios administrativos y redes de servicio, como vialidades, agua y electricidad, en un Sistema Ambiental Regional costero delimitado para este megaproyecto.


Para que este proyecto se lleve a cabo, se debe contar con una autorización en materia de impacto ambiental, según lo que establece el artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en el artículo 5, inciso A), fracción III de su Reglamento en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, relacionado con proyectos de construcción de muelles, canales, escolleras, espigones, bordos, dársenas, represas, rompeolas, malecones, diques, varaderos y muros de contención de aguas nacionales.

Y lo señalado en el inciso B) sobre las vías de comunicación donde se construirán carreteras, autopistas, puentes o túneles federales vehiculares o ferroviarios; puertos, vías férreas, aeropuertos, helipuertos, aeródromos e infraestructura mayor para telecomunicaciones que afecten áreas naturales protegidas o con vegetación forestal, como selvas, vegetación de zonas áridas, ecosistemas costeros o de humedales y cuerpos de agua nacionales.

Ante las afectaciones la Marina indicó que contemplan proponer e implementar, previo y durante las actividades de construcción, algunas medidas para minimizar los efectos de los impactos ambientales que se presentarán en el agua, suelo, atmósfera, paisaje, flora, fauna, entre otros.

Según la MIA, las propuestas se encuentran en un Programa de Vigilancia Ambiental que la secretaría debe proponer pero no aparece en el estudio.

Sobre la pérdida de vegetación, la dependencia señaló en la MIA-R que contemplan la elaboración del programa de rescate y reubicación de especies vegetales nativas, como mangle, selva baja, hidrófila, en la zona de influencia del proyecto y el programa de restauración y recuperación de áreas en cuerpos costeros dentro de Manzanillo.

Riesgos de explosión de ductos y liberación de Gas Natural

La MIA-R de este megaproyecto de ampliación portuaria identifica dos riesgos. Uno de ellos es la explosión de ductos, un fenómeno identificado que podría tener consecuencias limitadas.

Un segundo evento reconocido como un nivel de riesgo moderado a alto es el escenario de Fireball para la terminal KMS de Gas Natural Licuado al que la MIA tiene clasificado con consecuencias catastróficas.

Otro escenario de Fireball identificado podría ocurrir para la terminal Zeta Gas que, de ocurrir, tendría consecuencias serias. En ambos casos se presentaría por posible liberación de gas natural por ducto.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: VERÓNICA SANTAMARÍA.

El Gobierno federal presenta avances de Kutsari; fabricará semiconductores en 3 sedes

Uno de los primeros logros de Kutsari fue el desarrollo de un instrumento para detectar creatinina a través de la saliva, hecho por científicos mexicanos.

El Gobierno federal presentó este miércoles los avances del proyecto Kutsari, una iniciativa nacional que busca que México diseñe y fabrique sus propios chips electrónicos, conocidos como semiconductores. El objetivo: dejar de depender del extranjero y fortalecer el desarrollo tecnológico del país.

Coordinado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Kutsari ya tiene tres sedes listas para operar: Cholula, Puebla; Guadalajara, Jalisco; y Hermosillo, Sonora. En cada una se reunirán expertos, investigadores y estudiantes para crear tecnología mexicana desde cero.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Ramón Jiménez López, director general del Tecnológico Nacional de México, explicó que el proyecto aprovecha más de 40 años de experiencia académica en el país y que por primera vez se unen esfuerzos del Gobierno, la industria y las universidades para lograrlo.

“Quiero reconocer a los gobiernos de Puebla, Jalisco y Sonora por el apoyo decidido que nos han estado dando, no solamente con apoyo económico, sino con todo el apoyo logístico, en infraestructura y, sobre todo, en recursos humanos de alto nivel tecnológico”, destacó.


Sobre la unidad de Puebla, Jiménez López detalló: “Estamos listos para la inauguración, doctora Presidenta. Estas instalaciones están ubicadas en la ciudad de Cholula, que representa mucho: es la ciudad más antigua del continente americano que ha estado continuamente habitada, y hoy se convierte en un polo académico generador de talento en diseño de semiconductores”.

Uno de los avances más concretos es el desarrollo de un instrumento para detectar creatinina en saliva, creado por científicos mexicanos.
“Llevamos la investigación y el desarrollo tecnológico del nivel académico a un prototipo que puede ser aplicado en el sector salud”, señaló Jiménez López.
Además, se han iniciado conversaciones con empresas internacionales como Intel y Siemens, y centros de investigación de Corea y Bélgica para compartir conocimientos y abrir oportunidades.
“Estamos en un momento muy importante porque tenemos la gran ventaja de que a nivel Gobierno se tiene la voluntad de hacer. Hay industria que quiere venir, y nosotros, desde la academia, estamos colaborando”, subrayó.
Kutsari es una apuesta estratégica del Gobierno de México para que el país tenga presencia en el mundo de la tecnología, genere empleos especializados y aproveche el talento nacional.

La unidad de Puebla está lista para inaugurarse, y se espera que en los próximos meses las otras sedes comiencen a operar.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

“El territorio no se vende”, reiteran organizaciones civiles frente a megaproyectos en la chontal e Istmo

Activistas, lideresas y representantes de colectivas, así como autoridades comunales y ejidales se reunieron durante el foro Defensa del Territorio y Autonomía frente a Megaproyectos en la Chontal e Istmo, en el que reiteraron que “el territorio no se vende”.
 
Al encuentro, celebrado en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, asistieron más de 150 personas, que se reunieron en el Centro Pastoral del Istmo de Tehuantepec para compartir experiencias y estrategias y articularse en la defensa de su territorio.

Afirmaron y recalcaron que los megaproyectos que se han instalado, como lo son los eólicos y mineros; y actualmente el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, lo único que les han dejado es despojo, criminalización y violencia en sus territorios. También alertaron por la falta de agua en los territorios, especialmente en la zona de riego 019 de Tehuantepec, donde el gobierno no previno con la llegada de los megaproyectos.
 
Cada uno de los participantes compartió cómo ha sido su proceso de defensa y a qué o quiénes se han enfrentado en su lucha, recalcando una vez más que la propiedad social, la vida comunitaria y la autonomía no se venden.
 
Nadir Quiroz, del Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, narró el panorama al que se han enfrentado con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en torno a las concesiones de agua que se han otorgado a nivel nacional.
 
“Muchas concesiones para uso industrial administrativamente tienen en el papel este tipo de concesión, sin embargo, en la práctica lo hacen como si fueran de uso agrícola, apoderándose del agua para su beneficio. Es por ello que se requiere una revisión urgente, pues a las comunidades y pueblos nos están dejando sin agua”, detalló.
 
En la plenaria recalcó que la embestida capitalista refuerza el modelo extractivista, señalando que aquellos que prometieron el cambio y la transformación “son más de lo mismo”.

Por su parte, Sara Méndez, del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C, reafirmó la importancia de atender la problemática del agua, pues hay colonias y secciones de diversos municipios donde se instalarán los parques industriales.

«La gente trata de resolver la falta de agua como puede, peros también hay una preocupación muy grande, pues hay zonas en el mismo Tehuantepec que no tienen agua y no se está previniendo con la construcción de las obras de infraestructura. No es posible que el agua sólo llegue para las empresas y la gente y los campesinos vivan en desabasto”, agregó.

El falso desarrollo nos criminaliza

Juana Ramírez Villegas, integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), narró cómo han vivido la criminalización y persecución del gobierno, en torno a que existen 26 demandas por oponerse al “falso desarrollo”, que los poderosos llaman “Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”.
 
La activista ayuuk (mixe) detalló que las 26 demandas no sólo son para compañeras y compañeros ayuuk, sino que también hay del pueblo binnizá de Santa María Petapa, así como zoques de Matías Romero y Mogoñé Viejo.
 
Asimismo, Carlos Beas Torres, de la misma organización, recalcó que la instalación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec fue sin respetar sus derechos colectivos, la relación de los pueblos con el territorio y la vida misma. 
 
“Esto genera impactos en las personas, en las familias, comunidades y territorios. Este modelo convierte nuestros bienes naturales —agua, tierra, bosques, biodiversidad— en mercancías, promoviendo la sobreexplotación y el despojo mediante un entramado legal, político y económico que excluye la voz de los pueblos, no consultando a las asambleas”, dijo.
 
Además, recalcó que el gobierno, cuando lo implementó, no pensó en el agua, que ya escasea en todas las comunidades, ni en el derecho a la salud digna, pues en hospitales no hay medicinas ni insumos.
 
Ismael Calderón Molina, coordinador del Centro de Derechos Humanos Tepeyac en Santo Domingo Tehuantepec, dijo por su parte que la militarización y la criminalización intensifican la violencia sociocomunitaria, lo que pone en riesgo la vida comunitaria.
 
“Se ha demostrado que la organización colectiva, la resistencia jurídica, la comunicación estratégica, la articulación regional y la movilización conjunta pueden frenar políticas y proyectos de despojo”, afirmó.

Tres polos industriales en operación

Integrantes de GeoComunes, un colectivo que ha acompañado las luchas de diversas comunidades señalando las rutas y los puntos de despojo, informaron que a la fecha sólo tres polos industriales o parques de desarrollo estarán en operación próximamente.
 
En plenaria señalaron que los parques industriales de Coatzacoalcos, Ixtepec e Ixtaltepec son los que podrían funcionar, pues ya tienen destinadas las empresas y los tipos de proyectos que van a impulsar. El colectivo también brindó un panorama a través de un mapa con puntos de localización activos donde se han generado los megaproyecto en la zona del Istmo de Tehuantepec.
 
Una acción relevante de este foro fueron las juventudes, sobre las cuales se mencionó la importancia de vincularlas con el territorio y los espacios comunitarios para su defensa.
 
En colectivo, los participantes urgieron sostener un espacio abierto, incluyente e informativo desde la voz de las mujeres y crear una red, una asamblea o un frente de mujeres para la defensa del territorio.
 
Finalmente, hicieron un llamado a todas las colectivas y organizaciones a dejar de lado todo tipo de diferencias y sumarse en la lucha común por la defensa del territorio y la cultura de los pueblos originarios.
 
“Exigimos al gobierno mexicano federal y estatal el respeto pleno a los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación y autonomía. Seguimos exigiendo a la Secretaría de Economía que baje de su Cartografía Minera el polígono de concesión «Zapotitlán 1», toda vez que desde 2020 se frenó la concesión a través de un litigio con el juicio de amparo 1208/2018”, concluyeron.
 
Las organizaciones participantes, así como pueblos y comunidades son: Santa María Zapotitlán, San José Chiltepec, Guadalupe Victoria, San Matías Petacaltepec, San Dionisio del Mar, San Juan Guichicovi, Lachivixuyo, Cabeza del Tigre Guichicovi, Rincón Viejo Petapa, Magdalena Tequisistlán, Cd. Ixtepec, San Miguel Suchiltepec, Chicapa de Castro, Oaxaca de Juárez, Santa María Candelaria, Santo Domingo Tehuantepec, Santa María Ecatepec, El Espinal, Zimatán, Jalapa del Márquez, Matías Romero, San Juan Zaragoza, San Mateo del Mar y San Pedro Comitancillo. De los pueblos Chontales, Zapotecos, Ikoots y Ayuuk., 17 organizaciones como la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa del Territorio, Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C, Comité Regional de Mujeres Chontales, Radio Comunitaria Jlijualay Tsomé, Casa Tequiana A.C., Frente Popular Revolucionario, Consejo de Comunidades en Resistencia de Oaxaca, Comité Ixtepecano Vida y Territorio A.C, Tequio Jurídico A.C, Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec A.C, y Organizados de Oaxaca (UNAPO).

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: DIANA MANZO.

Pueblos tseltales marchan en Chiapas contra la autopista Palenque-San Cristóbal

Las comunidades indígenas exigieron respeto a la madre tierra, el alto a los proyectos de despojo y violencia, y la construcción de una paz con justicia.

Más de tres mil personas, en su mayoría del pueblo tseltal, realizaron este viernes una peregrinación en el ejido Bachajón, municipio de Chilón, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

La movilización reunió a comunidades de diferentes municipios del norte y la selva de Chiapas, quienes exigieron respeto a la madre tierra, el alto a los proyectos de despojo y violencia, y la construcción de una paz con justicia.

Entre las principales demandas de los pueblos originarios, destacó el llamado a detener la construcción de la autopista Palenque- San Cristóbal de las Casas, proyecto que -según denunciaron- amenaza con fragmentar sus territorios, afectar el medio ambiente y violentar sus derechos colectivos.

Con pancartas, consignas y rezos, los asistentes caminaron por las principales vías de Bachajón, denunciando también la criminalización de defensores comunitarios y la creciente militarización en sus regiones.

Los manifestantes manifestaron su inconformidad “por el procedimiento para la reactivación de la construcción” de la vía, conocida como Ruta de las culturas mayas, “un proyecto que dice ser ‘de desarrollo’, pero que desde su impulso ha conllevado una serie de violaciones a nuestros derechos como pueblos originarios”.

La movilización fue convocada por autoridades comunitarias, comités parroquiales y organizaciones como el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE), quienes exigieron el cese de megaproyectos impuestos sin consulta, como la autopista Palenque- San Cristóbal de las Casas y denunciaron las agresiones a defensores comunitarios.
“Queremos seguir viviendo en paz en nuestra tierra. No aceptamos que el gobierno destruya nuestros bosques ni nos imponga carreteras sin nuestro consentimiento. Esta tierra no está en venta”, declaró María Jiménez, catequista y vocera de una comunidad de Ocosingo.
Durante la marcha peregrinación, los asistentes portaron pancartas con mensajes como “La madre tierra no se vende”, “No a la autopista, sí a la vida” y “Queremos paz con justicia y dignidad”. También realizaron cantos, oraciones y una ceremonia tradicional en defensa del territorio.

Rechazo a la autopista Palenque- San Cristóbal de las Casas

Uno de los motivos centrales de la protesta fue la oposición al proyecto carretero Palenque- San Cristóbal, que desde hace varios años ha sido impulsado por los gobiernos estatal y federal como parte de la infraestructura turística del Tren Maya.

De acuerdo con las comunidades, el trazado de la autopista afectaría territorios comunales y ejidales de municipios como Chilón, Ocosingo, Yajalón y Tila, fragmentando tierras agrícolas, sagradas y reservas ecológicas.

Las comunidades también alertaron sobre el aumento de la militarización, la criminalización de defensores y la imposición de programas sociales como instrumentos de división interna.
“El proyecto de la autopista viola nuestros derechos como pueblos originarios porque nunca se nos consultó libre, previa ni informadamente, como lo establece el Convenio 169 de la OIT”, denunció Pedro López, miembro del MODEVITE.
La jornada concluyó con la lectura de un posicionamiento conjunto donde las comunidades reafirmaron su compromiso con la defensa del territorio, la autonomía y la paz con justicia.
“No queremos más violencia. Queremos vivir como nos enseñaron nuestros abuelos: en armonía con la tierra, en comunidad, con respeto a nuestras formas de organización”, dijo una autoridad tradicional de Bachajón.
En el manifiesto leído al final del recorrido, los pueblos hicieron un llamado al gobierno mexicano a respetar los derechos de los pueblos indígenas, detener los megaproyectos y reconocer los procesos de organización comunitaria.

Organizaciones indígenas, colectivos religiosos y autoridades tradicionales participaron en la jornada, la cual concluyó con una ceremonia espiritual en el que reiteraron su compromiso por la defensa del territorio y la autonomía de los pueblos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.

Medios pro 4T concentraron el 48% de turnos en la mañaneras de julio; Sheinbaum desinformó sobre obras insignia de AMLO

Plataformas de comunicación que simpatizan con el gobierno federal aumentaron 9 puntos porcentuales su participación en las conferencias matutinas durante el mes pasado.

Medios de comunicación y comunicadores afines al gobierno federal concentraron el 48% de los turnos para realizar preguntas durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en el mes de julio, lo cual implicó un aumento de 9 puntos porcentuales respecto a junio de este año.

En julio, se celebraron 23 conferencias matutinas y se otorgaron 155 turnos de preguntas, de los cuales 75 fueron asignadas a medios y comunicadores autodeclarados a favor del gobierno federal, es decir, 48.3%. Entre ellos se encuentran Hans Salazar de Noticiero en Redes; la Revista Contralínea; Sonora Power; Hidalgo News y Lord Molécula.


Durante la conferencia del 22 de julio, por ejemplo, Hans Salazar presumió que la percepción de las personas en materia de seguridad era favorable al gobierno federal. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de junio dio a conocer que el 63% de la población mayor de 18 años consideró que era inseguro vivir en su ciudad. Esto es un incremento de 4 puntos porcentuales respecto a junio del año pasado. 

En ese sentido, los representantes de medios de comunicación que acumularon más participaciones durante julio fueron Hans Salazar de Noticiero en Redes y la Revista Contralínea con cinco participaciones; le siguen Diario 24 horas, Milenio y Revista Fortuna con cuatro intervenciones cada uno. 

El mes pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que hubiera una investigación en contra el senador Adán Augusto López por el caso de su exsecretario de seguridad, Hernán Bermúdez Requena, acusado de pertenecer al grupo criminal La Barredora. 

Además, la mandataria difundió dichos falsos y engañosos sobre la rentabilidad del Tren Maya; la disminución de las tomas clandestinas en el sexenio anterior, así como un supuesto ahorro de 300 mil millones de pesos por la cancelación del aeropuerto de Texcoco.


Medios afines al gobierno concentran preguntas en las mañaneras

Desde el 1 de octubre de 2024 al 31 de julio de 2025, se han realizado 207 conferencias matutinas en las cuales los comunicadores afines al gobierno mexicano han participado en 538 ocasiones de 1 mil 370 turnos de preguntas. 

En este periodo, los medios que acumularon más participaciones fueron Diario Basta del Grupo Cantón, que aumentó sus ingresos debido a la entrega de publicidad oficial durante el gobierno pasado; El Heraldo de México; Noticiero en Redes; Grupo Healy y Revista Contralínea. 

Mientras que medios como la revista Proceso acumularon 17 participaciones; El Universal con 14 participaciones y el periódico Reforma con nueve intervenciones en este periodo.


El 9 de julio, el comunicador Carlos Pozos “Lord Molécula” preguntó a la mandataria su opinión sobre los Fenómenos Anómalos no Identificados. A lo que la presidenta respondió “se lo dejamos a los científicos que se dedican a ello. Tengo mi opinión, pero bueno, si el tema es: si realmente hubo algo que vieron en el 2004 y qué hizo la Defensa, pues le preguntamos a la Defensa”.

El 24 de julio de 2025, Arturo Pavón, miembro de El Chapucero, cuestionó si la salida de la empresa española Iberdrola estaba relacionada con la falta de oportunidad para influir en el gobierno mexicano. 

Mientras que la empresa Cox, especializada en los sectores de agua y energía, anunció la compra de Iberdrola México por 4 mil 200 millones de dólares. La empresa afirmó que esta compra busca una consolidación y expansión de la firma.


Cabe destacar que a finales de junio, la Presidencia de la República cambió los lineamientos para la conferencia de prensa de la presidenta. En ellos, advierten que la dependencia vigilará si los asistentes publican notas o contenido en sus respectivos medios de comunicación o canales de difusión y eliminaron la tómbola como criterio para asignar los lugares de las primeras dos filas para reporteros.

Además, señalan que cada reportero podrá abordar máximo tres temas, que sus preguntas deberán tener un interés periodístico y no ser un intercambio de opiniones, y que sus intervenciones no deberán exceder de 5 minutos. 

En algunas ocasiones estos lineamientos no se han cumplido. El 28 de julio, el representante de SDP Noticias, Julián Mazoy, tuvo una intervención de más de cinco minutos y realizó seis cuestionamientos. 

El 22 de julio, Marco Antonio Olvera, de Hidalgo News tuvo una participación de 10 minutos con seis cuestionamientos. En la misma conferencia, la reportera de la revista Proceso tuvo una participación de tres minutos y realizó cuatro preguntas. 

Sheinbaum desinformó sobre las ganancias de las empresas militares

El 16 de julio, la presidenta afirmó que el Tren Maya era una proyecto rentable. Sin embargo, te contamos que la empresa militar tuvo pérdidas por 1 mil 185 millones de pesos durante los primeros tres meses de 2025. Además, el tren aún no cumple su meta de transportar 3 millones de pasajeros anuales. 

Dos días después, la mandataria mencionó que se ahorraron 300 mil  millones de pesos con la cancelación del aeropuerto de Texcoco. En 2018, el costo de este aeropuerto aumentó a 285 mil millones de pesos, sin embargo, el costo de cancelación del aeropuerto ascendió a 113 mil 327 millones de pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 

El 26 de julio, Sheinbaum aseguró que la informalidad laboral bajó, pese a los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump. Según datos del INEGI, en el último año la informalidad laboral ha aumentado en 0.5 puntos porcentuales, pasando del 54.4% en mayo de 2024 a 54.9% en mayo de 2025.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO (EL SABUESO)
AUTOR: OSCAR NOGUEDA ROMERO.