Además, explicó que esta decisión refleja su compromiso con la responsabilidad social, ambiental y empresarial, pero también con el desarrollo económico sostenible de la isla de Cozumel y el estado de Quintana Roo.

José Urbina, buzo profesional de cuevas en la entidad, dijo en entrevista para Animal Político que el comunicado de la empresa es en realidad sólo una pausa con pretensiones de continuar con la construcción de este proyecto.

“No es una victoria ambientalista. Una victoria ambientalista sería que esta gente entendiera qué es lo que está mal y qué es lo que se protege pero no lo entienden. No lo quieren entender y no les importa, esto es un aliciente para la comunidad de Cozumel que protege el arrecife porque sabemos que, finalmente, los políticos tuvieron capital entre la población que está decidida a proteger su hogar y están escuchando”, añadió.

Urbina resaltó que, espera que esta pausa represente la cancelación del cuarto muelle o cualquier otro proyecto similar en la Península de Yucatán y todo México.

Cuarto muelle continúa en revisión

Animal Político consultó al área de comunicación social de la Semarnat sobre el comunicado que emitió la empresa Muelles del Caribe S. A. de C.V. con la suspensión temporal de la obra.

La secretaría señaló que el proyecto del cuarto muelle de Cozumel continúa en revisión de la resolución dictada en materia de impacto ambiental, emitida el 7 de diciembre de 2021, luego de una impugnación recibida por parte de habitantes de la isla.

La admisión del recurso de revisión se dio el pasado 13 de junio, cuando la Semarnat admitió a trámite un recurso de revisión en el que habitantes de la isla cuestionaron el resolutivo SGPA-DGIRA-DG-05859-21, mediante el cual se autorizó dicho proyecto.

La autorización, según señala el resolutivo de 2021, se da en materia de Impacto Ambiental del proyecto “Muelle Cozumel, Terminal de Crucero” emitido en referencia a los aspectos ambientales derivados de las obras y actividades del proyecto, así como del impacto ambiental derivado del cambio de uso de suelo en una superficie de 1.1 ha de vegetación secundaria de selva mediana subperennifolia, con pretendida ubicación en el municipio de Cozumel, Quintana Roo.

La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, bajo el ejercicio de sus atribuciones, determinó que el proyecto es “ambientalmente viable”, por lo que resolvió “Autorizarlo de manera Condicionada”.

Dicha autorización del proyecto, en su momento, dictó una vigencia de 30 meses para llevar a cabo las obras y actividades de preparación del sitio y construcción del proyecto. De la misma manera, este tendría una vigencia de 30 años, tiempo destinado para su operación y mantenimiento.

Sin embargo, la vigencia estará condicionada a la construcción del proyecto. El primer plazo comenzará a partir del día siguiente de que sea recibida la presente resolución; mientras que el tiempo de operación y mantenimiento iniciará al término del primero.

Sobre la revisión que hará la Semarnat a la Manifestación de Impacto Ambiental Regional del Cuarto Muelle, Pepe Urbina dijo que desde la sociedad civil esperan que la dependencia retome un camino en el que se le dé prioridad absoluta al medio ambiente.

“Esperemos que vean que esta manifestación fue erróneamente autorizada, que no respetaba la realidad del arrecife en la zona y que se tiene que revocar y proteger (…) No se trata de defender solo el Arrecife de Villa Blanca, todo está conectado y lo que sucede en [él] tiene impacto en otras zonas del arrecife del Parque Nacional, lo que sucede dentro del manglar. Todo está conectado”, reiteró.

Muelles en Cozumel no traen derrama económica

La organización Conservación, Investigación y Manejo Ambiental de Cozumel (CIMAC A.C.) fue quien interpuso el recurso de revisión en contra del oficio resolutivo que autorizó el proyecto “Muelle Cozumel, Terminal de Cruceros”.

Guadalupe Martín, presidenta de la asociación civil CIMAC en Cozumel cuenta con 20 años de trabajo, es bióloga y descendiente de los fundadores de la isla, habló de los proyectos que amenazan a la isla como es el Cuarto Muelle, un club de playa, entre otros.

Advirtió que estas estructuras rompen con la fisionomía natural y generan un impacto ecológico y social. Además, resaltó que, como isla, no tienen la facilidad de moverse al depender del cruce de un ferry que abre a las 7:00 de la mañana y cierra a las 10:00 de la noche.

En entrevista para Animal Político, Guadalupe Martín explicó que en Cozumel tienen tres muelles que, desde su construcción, han golpeado a los arrecifes en la isla. Dos de ellos se encuentran al sur, cerca de lo que hoy es Parque Marino y para su existencia se destruyó parte del arrecife paraíso que colindaba con la unión de una conexión directa con el arrecife Villa Blanca.

“El arrecife Villa Blanca era uno pero por el llamado ‘desarrollo’ mataron a un arrecife. Lo que queda del arrecife es un pequeño espacio que dejaron que hoy llamamos ‘Paraíso’ y todo lo demás lo mataron por construir esos muelles internacionales que no traen la derrama económica para el cozumeleño como se dice que traen”, denunció.

Martín señala que la ocupación de los muelles existentes no llega ni al 50 % pese a contar con tres de ellos. Ante esto, denuncia que el “Cuarto Muelle” no debió existir bajo ninguna justificación.

Aunque la empresa, Muelles del Caribe S.A. de C.V. justificó en su comunicado que pausar la construcción del Cuarto Muelle representa una oportunidad para reforzar las medidas ambientales y atender las preocupaciones de algunos sectores de la comunidad cozumeleña, con el fin de que este proyecto cumpla plenamente su objetivo de generar beneficios sostenibles y de largo plazo para el crecimiento regional.

Martín señaló que este proyecto no trae ninguna derrama económica para los habitantes de la isla de Cozumel.

“Para qué buscar otro espacio cuando no hay necesidad porque hay espacios de muelle para poner los barcos que quieran traer. Esto no es por necesidad, no es por derrama económica para el cozumeleño, esto, seguramente, es por un beneficio económico para ellos”, resaltó.

Como lo manifestamos en conferencia de prensa el pasado miércoles 25 de junio en la ciudad de Coatzacoalcos, en el sur de Veracruz, 15 comunidades nahuas y nuntajiiyi’ de los municipios de Mecayapan, Tatahuicapan y Pajapan ubicadas sobre la costa del Golfo de México y de la laguna del Ostión, inconformes por la instalación del gasoducto marítimo “Puerta del Sureste” en nuestro territorio marítimo o “maritorio”, presentamos un juicio de amparo indirecto  en los Juzgados de Distrito  ubicados en Coatzacoalcos contra actos u omisiones del poder ejecutivo federal, en este caso contra la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, como depositaria del supremo Poder Ejecutivo de la Unión, contra el INPI (Instituto Nacional de Pueblos Indígenas) y contra la ASEA (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente). Y se llamó a juicio a terceros interesados.

En este juicio de amparo se reclaman: la falta de información pública hacia nosotras, las comunidades indígenas afectadas, y la violación de nuestro derecho como pueblos indígenas a la libre autodeterminación relacionada con la disposición de nuestro “maritorio” para el otorgamiento de permisos de construcción y funcionamiento del gasoducto. 

También solicitamos a través de este amparo la medida cautelar de mantener el estado en el que se encuentran las cosas, esto es, que no se active la distribución de gas por el ducto, hasta que sea propicia la información otorgada a los quejosos; y se cumpla con el principio precautorio en materia ambiental,  lo que implica que se compruebe científicamente que no existirán daños al ambiente y a los ecosistemas, y que estas afectaciones no provocarán una disminución en la disponibilidad de nuestras fuentes de alimentación, así como que no afectarán a las especies de especial cuidado y protección de acuerdo con las normas vigentes. 

El pasado viernes 28 de junio, el Juzgado de Distrito en Coatzacoalcos, al que le tocó conocer de este juicio, decidió desechar nuestro juicio de amparo siendo omiso a nuestro planteamiento y desconociendo nuestro derecho a acceder a la justicia en materia ambiental, así como nuestros derechos colectivos basados en nuestros usos y costumbres como lo es nuestra práctica ancestral de realizar asambleas comunitarias como órgano de toma de decisiones de nuestras comunidades indígenas.

Ante esta decisión del Juzgado, presentamos un recurso de Queja el 7 de julio para que un Tribunal Colegiado revise y califique esta decisión.

¡No a los gasoductos en nuestros territorios!

¡Por un México sin fósiles!

¡NUESTRA LUCHA SEGUIRÁ: ES POR LA VIDA!

Ejerciendo su derecho a exigir a las autoridades el acceso a un medio ambiente sano solicitaron ser incluidos en la consulta pública por el impacto que el proyecto de infraestructura fósil tendrá para la comunidad, pero no fueron tomados en cuenta.

La Manifestación de Impacto Ambiental presentada por la empresa AD Astra Energía S.A.P.I. de C.V. corresponde a la modalidad regional para el proyecto denominado “El Salto I”, que se localizará en Camino a La Capilla No. 70, colonia El Conique, El Salto. El predio contempla una superficie de 107,873 metros cuadrados, equivalentes a aproximadamente 10.79 hectáreas.

La comunidad de El Salto pidió a la Semarnat ser incluídos en el proceso de consulta pública, pero el pasado 18 de junio, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat, dio respuesta negativa a su solicitud.

La secretaría argumentó que dado que la ubicación del proyecto que presentó la empresa se encuentra en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, la comunidad de El Salto no podría ser considerada como afectada por este proyecto.

En conferencia de prensa, integrantes de las organizaciones Conexiones Climáticas y Nuestro Futuro A.C. denunciaron que la respuesta de la secretaría carece de sentido y fundamento ya que, la contaminación no se limita a demarcaciones municipales.

Ambas organizaciones señalaron que este tipo de proyectos son evaluados a nivel regional, pero impactan de igual manera en ecosistemas y sistemas ambientales que son habitados por las comunidades solicitantes de la consulta. 

Nora Cabrera, abogada enfocada en justicia climática y directora de Nuestro Futuro A.C. enfatizó que la esencia de una consulta pública no sólo se trata de cumplir con un requisito, sino que, realmente exista una participación ciudadana porque este proceso, en términos medioambientales, es un tema de supervivencia.

“El colectivo está defendiendo el derecho de todas y todos en esa región para que no se siga contaminando, no siga habiendo emisiones y se pueda sanear el río Santiago, para que pueda haber un impacto general en el medio ambiente del que todos se benefician. (…) El derecho a un medio ambiente sano establece el derecho a la participación ciudadana y una de esas garantías es poder acceder a la consulta”, indicó Cabrera.

La empresa invisibiliza a El Salto como zona impactada

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental en modalidad regional presentada por la empresa AD Astra Energía S.A.P.I. de C.V., el proyecto “El Salto I” se localizará en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, con base en la información proporcionada por el Sistema de Información Geográfica para la Evaluación del Impacto Ambiental (SIGEIA).

Sin embargo, el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del estado de Jalisco y el Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) del municipio de “El Salto” indican que la ubicación del presente proyecto corresponde a dicha comunidad.

De acuerdo con Conexiones Climáticas, Nuestro Futuro A.C. y el colectivo Un Salto de Vida en Jalisco, el polígono del proyecto se ubica sobre la carretera a La Capilla, a tan solo 4 kilómetros de la cabecera municipal de El Salto, y a 6 kilómetros del municipio de Juanacatlán.

Aunque la empresa no señala a El Salto como una comunidad impactada sí menciona cómo será impactado el territorio, según lo declarado en la MIA regional hecha por la consultora V&A Derecho-Ambiente-Comunidad. En ella argumentan que la ubicación del proyecto se debe a que observaron una tendencia de cambio hacia un uso de suelo agrícola y urbano.

En la MIA, la consultora señaló haber identificado siete tipos de uso de suelo en el territorio donde se pretende instalar la obra. En él predomina la agricultura de riego anual y temporal anual; además de asentamientos humanos, un cuerpo de agua, pastizal inducido, vegetación halófila hidrófila y vegetación secundaria arbustiva de selva baja caducifolia.

La ciudadanía de El Saldo debe ser consultada

Para que la comunidad de El Salto sea tomada en cuenta en la apertura de la consulta pública sobre el proyecto ‘El Salto I’, el colectivo Un Salto de Vida iniciará un juicio de amparo indirecto que se estará presentando en estos días donde se dirá por qué sí tienen que ser consultados, dijo la abogada Nora Cabrera.

De esta manera, un juez de distrito deberá establecer que no puede continuar con un proceso de autorización de Manifestación de Impacto Ambiental en tanto no sean consultadas las personas afectadas por el proyecto.

“Presumen esfuerzos de remediación del Río Santiago, al mismo tiempo que se impide la consulta pública sobre un proyecto privado que degradará aún más la calidad de vida de la zona y violaría el derecho a la salud y al medio ambiente sano”, denuncian colectivos.

Además, la organización Conservación, Investigación y Manejo Ambiental de Cozumel (CIMAC) ha denunciado las afectaciones que podría causar un cuarto muelle en la isla.

Con pangas (embarcaciones pequeñas) y manifestaciones en las calles, han solicitado entablar diálogo con el presidente municipal, José Luis Chacón, y expresarle su preocupación por este proyecto que amenaza la conservación marina de México.

Tras las denuncias de los posibles daños por la construcción de un cuarto muelle, la Semarnat atrajo el caso para revisar el proyecto.

La Semarnat revisará el resolutivo en materia de impacto ambiental, emitido desde el 7 de diciembre de 2021, tras la impugnación de los vecinos de la Isla.

Semarnat revisará proyecto de construcción de un cuarto muelle en Cozumel

La Secretaría del Medio Ambiente federal atenderá el recurso de revisión interpuesto por habitantes de la isla de Cozumel en contra del oficio resolutivo que autorizó el proyecto “Muelle Cozumel, Terminal de Cruceros”, conocido también como “cuarto muelle”.

Esta dependencia, encabezada por Alicia Bárcena, valorará el proyecto del cuarto muelle con base en la normatividad vigente, la protección del ecosistema arrecifal y el derecho de la población a un medio ambiente sano.

El 13 de junio pasado la Semarnat admitió a trámite un recurso de revisión, luego de que habitantes de Cozumel cuestionaron el resolutivo SGPA-DGIRA-DG-05859-21 que autorizó el proyecto.

Para el 18 de junio, la Secretaría notificó a las vecinas y a la empresa promovente que inició un procedimiento administrativo derivado de esa impugnación.

Oscar Rebora, titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo y buzo, expresó en redes sociales su rechazo al proyecto cuarto muelle de Cozumel luego de bucear en la zona del arrecife Villa Blanca que podría ser afectado, invitado por el gremio hotelero.

Rebora comentó al Periódico Quequi que tras bucear por el arrecife encontró un ecosistema sano. También explicó que este ecosistema marino, aunque no se encuentra dentro de una área natural protegida sí se considera una zona de amortiguamiento marino.

Una zona de amortiguamiento es toda la carga que está recibiendo el arrecife. Por ello, se deja un espacio para que toda esa carga pueda irse y amortiguar, también, las consecuencias que va teniendo o cargas rebasadas que ya tiene el área natural protegida, explicó el funcionario local.

Pobladores de Cozumel, el gremio náutico e integrantes de CIMAC marcharon pacíficamente el 20 de junio pasado desde Playa Mantarrayas hasta el Palacio Municipal.

El contingente lo integraron 100 personas a pie, más de 100 motocicletas y más de 50 automóviles en caravana de la sociedad cozumeleña que rechaza este proyecto.

Guadalupe Martín, presidenta de la organización Conservación, Investigación y Manejo Ambiental de Cozumel, reconoció la respuesta de los habitantes de la isla por atender la convocatoria para protestar en contra del cuarto muelle.

“Gracias por demostrar que el puedo de Cozumel defiende al arrecife Villa Balanza y su ecosistema”, agradeció la cozumeleña en sus redes sociales. Además, dijo que continuarán manifestándose tras lograr la revisión de la MIA que la Semarnat estará analizando.

Tras la marcha, Margarita Vázquez Barrios, representante del presidente municipal, recibió a una parte del contingente de manifestantes, quienes comunicaron que han tenido una respuesta negativa de parte del ayuntamiento, derivado de la revisión de la Manifestación de Impacto Ambiental que inició la Semarnat.

Acciones de gobierno proyectadas en Santa Úrsula

El proyecto que presentó Brugada en Santa Úrsula el pasado 3 de mayo incluyó la rehabilitación de siete pozos de agua, la construcción de tres colectores, iluminación de calles, construcción de ciclovías, la rehabilitación de la central de transporte y de espacios públicos.

El Gobierno de la ciudad también se comprometió a realizar obras de bacheo y el remozamiento de 11.9 kilómetros de fachadas, así como la colocación de 819 luminarias, el fortalecimiento del Tren Ligero que transita por la zona y la creación de una ruta del trolebús a Metro Universidad. Además de la implementación de un programa de casas ecológicas, con calentadores solares, captadores para recolección de agua de lluvia y huertos urbanos.

Aunado a ello, Brugada anunció la construcción de un parque temático dedicado a la exhibición de dinosaurios al aire libre —que llamarían Coyosauria— en un predio de 5 mil metros cuadrados que actualmente funciona como una área de reserva dentro de la zona.

Pero un grupo de vecinos organizados demandan conocer los proyectos ejecutivos que propone la jefa de Gobierno.

Los pobladores advierten que construir un colector de aguas pluviales contra las inundaciones, mejorar el transporte público y colocar luminarias son acciones gubernamentales que no tendrían que estar sujetas a la realización de un Mundial de futbol. 

El pozo de Televisa

Una de las principales quejas de los vecinos es sobre el pozo de agua que la empresa Televisa tiene en la zona pase a ser propiedad del gobierno capitalino.

Desde 2019, la Comisión Nacional del Agua entregó una concesión de 450 mil metros cúbicos de agua anuales a Televisa. Con base en ello, la empresa construyó un pozo en Santa Úrsula Coapa, a un lado del Estadio Azteca —actualmente en remodelación para el Mundial—, que está a menos de 500 metros de otros pozos que surten del líquido a los vecinos.

Clara Brugada ha informado en varias ocasiones que el pozo ya había pasado a manos del pueblo de Santa Úrsula Coapa, pero en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), de la Conagua,  la concesión aún aparece a nombre de Televisa S. A. de C. V., con el título  811078.

Durante la administración de Claudia Sheinbaum en el gobierno capitalino, Televisa y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México firmaron un convenio para que la empresa done una parte del caudal de su pozo a la red de abasto público. A la llegada de Brugada, ese convenio fue renovado, pero la concesión sigue siendo propiedad de la empresa. 

Cuatro peticiones vecinales al gobierno de CDMX sobre obras para Mundial 2026

El pasado 16 de mayo, los vecinos lograron un primer encuentro con las autoridades para exponer las inconformidades con el proyecto. En esa reunión, encabezados por Rubén González, autoridad tradicional del pueblo de Santa Úrsula Coapa, entregaron cuatro peticiones al secretario de Gobierno César Cravioto.

La primera petición es la cancelación de la concesión de agua a Televisa y que el pozo que tiene dentro de Santa Úrsula Coapa pase a la red del Gobierno de la Ciudad de México.

Además de la realización de una consulta indígena libre e informada sobre los proyectos propuestos por la jefa de Gobierno en Santa Úrsula Coapa y San Lorenzo Huipulco.

Los vecinos solicitaron también la cancelación del parque temático en el predio ubicado en Santa Úrsula Coapa y que se destine una área que tenga el objeto de conservar la flora y la fauna silvestre, y la educación ambiental de habitantes de la zona.

Por último, contar con la información de estudios sobre movilidad con datos de sus aforos y sus impactos sociales y ambientales en una plataforma del gobierno capitalino que esté al alcance de una consulta. 

El funcionario capitalino les aseguró que el gobierno no busca que sean obras para el Mundial de futbol sino para los pobladores. Y que su intención no era imponer sino abrir la información para su análisis.

Como respuesta a cada uno de los cuatro puntos, César Cravioto rechazó que se trate de engañar a las personas, y les dijo que hay un “compromiso de palabra” de que el pozo en propiedad de Televisa pase a ser de manera formal para los pobladores.

Cravioto dijo que si es necesario realizar una consulta específica para la comunidad así lo realizarán. Comentó que revisarán la petición de cancelar el parque temático y abrió la posibilidad de ajustarlo para impedir el daño ecológico. También se comprometió a dar a conocer los estudios de impacto de los proyectos planteados.

Al día siguiente de esa reunión, Clara Brugada realizó una de sus audiencias públicas con integrantes de su Gabinete en Santa Úrsula Coapa, por primera vez fuera del Zócalo capitalino, y recibió durante unos breves minutos al grupo de vecinos que se habían reunido con César Cravioto el día previo. De acuerdo con los testimonios de los pobladores, la jefa de Gobierno se mostró poco abierta a los señalamientos vecinales y les dijo que no tenían la información correcta.

Aunado a ello, pese a que el secretario de Gobierno planteó realizar una reunión quincenal con los vecinos para darle seguimiento a las peticiones; el encuentro se pospuso hasta tres semanas después y el funcionario no llegó, por lo que los vecinos fueron recibidos 40 minutos después de la cita en las oficinas gubernamentales por la secretaria particular del secretario y el director de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana.

Este 11 de junio, en compañía del director del Estadio Azteca, la jefa de Gobierno anunció que la inversión para el Mundial será de más de 6 mil millones de pesos en infraestructura, agua, seguridad, movilidad e iluminación.

Los vecinos expresaron preocupación por el enfoque de la ciudad ante la Copa del Mundo, al considerar que las obras previstas priorizan la promoción turística sobre la atención de necesidades básicas de la población local.

Desde hace más de tres sexenios, los habitantes de los diez municipios que atraviesa la carretera han rechazado la imposición de la carretera, que conectará con otros megaproyectos extractivos como el Tren Maya y el Corredor Transístmico.

En su campaña electoral, la ahora presidenta Claudia Sheinbaum prometió concluir las obras en “beneficio de las comunidades indígenas” y posteriormente catalogó a la obra como “prioritaria”. El discurso de Ramírez Aguilar en la inauguración de la construcción reiteró que el proyecto representa “un beneficio para el pueblo”.

“Contrario al relato oficial de ‘desarrollo comunitario’, esta autopista es la puerta de entrada para la devastación de nuestra Madre Tierra”, pues tan sólo en la primera fase del proyecto se destruirán 387 hectáreas de selva, así como contaminará los ríos de la región y “arrasará” los cerros ceremoniales, aseguró el Modevite.

Además, explicaron las comunidades, el proyecto permitirá “la privatización encubierta”, pues “cuando el gobernador afirma que ‘los ingresos del peaje […] se quedarán en manos de quienes lo sostienen’ oculta que los beneficiarios serán empresas turísticas y agroexportadoras”.

Finalmente, señalaron que la megaobra abrirá paso a la militarización y represión en la zona a través del despliegue de fuerzas de seguridad, así como “el hostigamiento y criminalización” de quienes se oponen a la construcción.

Por ser una violación a sus derechos como pueblos indígenas, el Modevite exigió a las autoridades la cancelación inmediata del proyecto carretero y de los permisos ambientales “otorgados ilegalmente”, así como una investigación internacional “sobre la simulación de la consulta”. Además, demandaron el retiro inmediato de las fuerzas de seguridad en sus territorios y el respeto a su autonomía como pueblos originarios.

“No permitiremos que se repita la historia de despojo; si el gobierno insiste en imponer la muerte, los pueblos organizados defenderemos la vida con la fuerza de nuestra dignidad ancestral”, concluyó el Movimiento.

La revelación del reloj mundialista no sólo marca la cuenta regresiva hacia la inauguración, también una serie de tensiones sobre el destinatario de la transformación del espacio urbano.

El 11 de junio último la mandataria capitalina se presentó en un salón ubicado en General Prim 32, en la alcaldía Cuauhtémoc. Ahí, ante a funcionarios y exfutbolistas, encabezó un acto protocolario para comenzar con el conteo regresivo a 365 días del Mundial. 

Brugada reiteró que para recibir el torneo internacional su gobierno hizo una inversión histórica, más de seis mil millones de pesos en “obras, infraestructura, agua, seguridad y movilidad”.

Frente a Félix Aguirre, director del Estadio Banorte (nombre comercial del Estadio Azteca), la jefa de Gobierno dijo que se fortalecerán los derechos de los habitantes “con más agua, con mejor espacio público (y) también con más servicios”.

De las obras a realizarse para recibir el partido inaugural de la Copa Mundial, así como otros cuatro juegos, destacó también la iluminación de 48 kilómetros en el Centro Histórico, la instalación de la ciclovía “Gran Tenochtitlán”, que irá del Zócalo hasta Periférico Sur, y el fortalecimiento de la electromovilidad con más líneas y nuevos trenes.

Pese a que los proyectos capitalinos para el Mundial impactarán principalmente a las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, residentes y colectivos en ambas demarcaciones ya comenzaron a cuestionar las implicaciones que tendrá la nueva infraestructura en sus comunidades. 

Exigen freno al segundo piso

El 10 de junio último, mientras el equipo de Comunicación de la jefa de Gobierno difundió la invitación para la revelación del reloj mundialista, la Comisión de Participación Comunitaria de vecinos de la colonia Villa de Cortés, en Benito Juárez, comenzó a circular volantes con la convocatoria a una movilización programada para el 13 de junio próximo sobre la calzada de Tlalpan, con la intención de exigir que no se construya el segundo piso en dicha vialidad.

Los inconformes argumentan que ese proyecto ocasionará deterioro urbano, gentrificación, aumento de tráfico y más inseguridad; además, denuncian que esa obra promueve una falsa ecología.

Junto con la convocatoria vecinal, se difundió un pronunciamiento ciudadano en el que diversos colectivos y organizaciones civiles manifestaron su rechazo a la imposición de megaproyectos y obras inmobiliarias asociadas a la preparación de la ciudad como sede mundialista.

También solicitaron la implementación de medidas urgentes contra lo que llaman la “turistificación”, regulación de plataformas como Airbnb, protección a la vivienda, freno a desalojos encubiertos, además de apertura de procesos de planeaciones urbana, participativa y vinculante: “La ciudad no está en venta”, expresaron.

Discurso “estético”

Para Natalia Lara, integrante del colectivo Asamblea Tlalpan-Coyoacán, “todo lo que está promoviendo (la jefa de Gobierno) de infraestructura, el colector, la red hidráulica y demás tiene que hacerse independientemente del Mundial; no nos pueden decir que un programa para atención a este magno evento sea darnos agua en nuestras casas, tener un drenaje y una mejor movilidad. Eso lo merecemos por derecho”. 

La activista denunció que faltan estudios de impacto ambiental, por lo que dijo que solicitarán los proyectos ejecutivos.

En ese contexto, Lara calificó el discurso de la jefa de Gobierno como “estético”, pues reiteró que en vez de que la mandataria proporcione a los vecinos información integral de los proyectos, parece que “está haciendo campaña; no hay evidencia de nada”.

Respecto de la escasez de agua lamenta: “No sabemos ni siquiera los impactos reales del Mundial, de la demanda de agua, la calidad del aire, si va a ser suficiente la movilidad y el transporte con la cantidad de turistas, no sólo para Coyoacán y Tlalpan, sino para el resto de la ciudad”.

“Ayer nos aprobaron dos proyectos, el INAH, por unanimidad. Uno, la Universidad del Deporte, porque va a estar en la zona monumental. Y dos, el Cablebús, porque las cosas las hacemos con planeación. No corremos, damos pasos firmes porque no estamos pensando en hay que hacer muchas obras para ver cuánto nos va a dejar”, declaró Armenta.

No obstante, este sábado, el Instituto emitió un boletín en el que señala que apenas fue el 21 de mayo cuando ambos proyectos elaborados por el Gobierno de Puebla fueron presentados ante el Consejo de Monumentos Históricos Inmuebles.

Aunque el gobernador había declarado anteriormente que una línea del Cablebús iría de la Junta Auxiliar La Resurrección -donde pretende construir un “ecoparque”-  hacia Casa Aguayo, en el centro histórico de Puebla, el INAH aclara que ha solicitado que este transporte corra fuera de los límites de la Zona de Monumentos Históricos para evitar que elementos que soportan su estructura afecten el paisaje histórico de la capital poblana.

“En particular, el proyecto del Cablebús implica el desarrollo de una línea aérea de transporte público que conectará desde la zona de la Resurrección hasta el Centro Integral de Servicios (CIS) de la Angelópolis, siguiendo un trazo por el oriente y el sur de la ciudad de Puebla”, indica el INAH.

“Este proyecto está siendo evaluado en diferentes aspectos, para evitar que cualquier construcción pudiera tener repercusiones o afectar los valores patrimoniales del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, el cual es un sitio inscrito, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en la Lista del Patrimonio Mundial”.

Puntualiza que el Consejo de Monumentos Históricos Inmuebles evalúa actualmente el proyecto y en fechas próximas emitirá las recomendaciones generales y/o solicitudes de modificación del mismo, para que pueda garantizarse la protección del sitio histórico.

“Una vez que esta fase haya concluido, podrán emitirse las autorizaciones correspondientes para que, en su momento, inicien los trabajos por parte del gobierno estatal”, subraya. “El INAH reitera su compromiso con la salvaguarda de los valores universales que contiene el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla”.

Aunque vecinos y beisbolistas se han manifestado en contra del proyecto, de acuerdo con la convocatoria de la licitación para la obra, esta tiene como fecha de inicio el próximo 23 de mayo, lo que preocupa a los inconformes, quienes reclaman que las autoridades no los consultaron e intentan minimizar sus demandas calificándolos como grupos con intereses políticos que buscan afectar a la actual administración de la alcaldía.

“Lo que quieren hacer es una injusticia, porque vea todas las personas que están jugando, todas somos personas de bajos recursos que aquí nos divertimos cada ocho días, entonces no es muy bueno lo que quieren hacer de eliminar uno o dos campos de béisbol, porque entonces ¿a dónde vamos a llevar a los niños y los jóvenes? En lugar de hacer eso, deberían arreglar lo que no funciona”, sostiene Juan Luis.

Hasta ahora, es incierto lo que ocurrirá con el deportivo de Xochimilco, que apenas en octubre pasado cumplió 60 años. La alcaldesa Circe Camacho asegura que el Gobierno en la Ciudad de México es responsable de decidir e informar sobre el proyecto, sin embargo, ni la Jefatura de Gobierno, ni Secretaría de Obras, ni la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana de la Ciudad de México han indicado si habrá consulta o cambios en las fechas de la obra.

En entrevista, Camacho reconoce que no se consultó a los vecinos, aunque asegura que quienes se han pronunciado contra el proyecto son personajes políticos que tienen interés “de generar crisis” en su administración, y que en caso de que no se apruebe la Utopía la alcaldía no cuenta con presupuesto suficiente para rehabilitar el deportivo de Xochimilco que, según sus palabras, se encuentra en “condiciones infrahumanas”.

Ante esta incertidumbre, los vecinos y deportistas inconformes se preparan para emprender acciones legales y de protesta para impedir que comiencen los trabajos de construcción, ya que expusieron su descontento en las cuatro reuniones informativas convocadas por las autoridades en la alcaldía, pero más allá de escucharlos, no recibieron respuesta a su exigencia de modificar el proyecto.

Sin consulta, obra de la Utopía Xochimilco fue licitada y ya tiene fecha de inicio

“Nosotros, como comunidad beisbolera, nos enteramos del proyecto por un video en el que el actual presidente de la liga de Xochimilco cuenta que el Gobierno de la Ciudad de México se quiere apropiar de los campos para el proyecto Utopía , aunque no se especificaba cuáles ni por qué”, detalla E., madre de un niño que juega en uno de los equipos, quien solicitó mantenerse en el anonimato por temor a represalias.

De acuerdo con E., desde que tuvieron conocimiento del plan de intervenir el espacio deportivo, beisbolistas y vecinos de la alcaldía comenzaron a organizarse para exigir información y que se realizara una consulta como lo marca la Constitución de la Ciudad de México, así como la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la capital; sin embargo, esto no ha ocurrido.

Pese a que no se consultó a los pobladores de la alcaldía, desde el pasado 11 de abril la Secretaría de Obras (SOBSE) publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México ocho licitaciones para la construcción de una alberca semiolímpica, un auditorio y diversos inmuebles de la Utopía, en las que se establece como fecha de inicio de los trabajos el próximo 23 de mayo.

Estas licitaciones generaron preocupación entre usuarios del deportivo y vecinos, por lo que sostuvieron reuniones con la alcaldesa, en las que les presentaron algunos detalles de lo que será la Utopía, y se enteraron que los representantes de las ligas de béisbol y de fútbol ya habían dado su aprobación a la desaparición de los campos, sin haber pedido la opinión de los más de 900 jugadores activos, muchos de los cuales desconocen el proyecto y su impacto.

En las cuatro reuniones informativas convocadas por las autoridades en días pasados, algunos asistentes expresaron su molestia por la desinformación que hay sobre lo que va a construirse, las licitaciones, el área del deportivo que se verá afectada y el número de árboles que se van a talar. En algunos casos, manifestaron su rechazo total al proyecto, y en otros, sólo pidieron que se reconsidere su ubicación.

Ignacio Ocaña, autoridad tradicional de Xochimilco, fue uno de los asistentes a las reuniones, en las que se pronunció en contra del proyecto, debido a que no está de acuerdo con que se quiten campos del deportivo, y porque reclama que no se buscó un diálogo con los habitantes de los pueblos. 

“Nosotros, como pueblo originario reconocido en la Constitución de la Ciudad de México, tenemos que ser consultados para cualquier situación que se tenga que realizar o modificar, por eso nos oponemos, ya que en ningún momento hubo esa consulta y en los encuentros que convocó la alcaldía con el gobierno central únicamente nos han compartido algunos datos, no conocemos el proyecto completo”, agrega Ocaña, de 66 años.

Omar Salazar, otro de los vecinos que se presentó a las reuniones informativas, coincide en que la principal inconformidad con el proyecto es que no se les haya consultado, y que aún en las reuniones convocadas se hayan “cerrado a escuchar las voces que no están a favor de la imposición”.

“Esto ya lo hemos vivido en ocasiones pasadas, que se presentan proyectos que parecieran ser la salvación y la panacea en la materia, pero no es verdad, porque si hubiera buena voluntad del gobierno de entregar espacios óptimos para el deporte, podrían empezar por recuperar los que ya tenemos”, reflexiona Salazar, de 34 años.

Las cuatro reuniones informativas convocadas por autoridades transcurrieron entre gritos en contra y a favor de la Utopía, acusaciones de intereses políticos, e incluso, con el comentario de un funcionario que intentó conminar a la gente a dar su visto bueno al proyecto por ser beneficiarios de programas sociales.

En ningún momento se dijo si en los próximos días habrá consulta o si la obra comenzará en la fecha prevista, por lo que los inconformes anunciaron que se mantendrán alertas en caso de que intenten ingresar con maquinaria, para impedirlo. También recaban firmas contra el proyecto y presentarán amparos que frenen la construcción que promete actividades para adultos mayores, atención médica, juegos infantiles, centro de cuidados, cultura, una alberca –adicional a la que ya tiene el deportivo– un gimnasio, un auditorio al aire libre y cine.

La promesa de mantener dos campos de béisbol y la desconfianza de los deportistas

Consultada por el medio, la alcaldesa indica que acordó con las ligas deportivas que se pondrán canchas “en condiciones insuperables” para que pudieran continuar practicando, “y sólo en un campo de béisbol y una cancha de futbol se iban a aumentar las posibilidades que podían tener las niñas y niños que tienen acceso, en este caso, a la Utopía”.

Asimismo, señala que no se contempló el área en la que actualmente hay un mercado de plantas dentro del deportivo para la Utopía, porque ahí se ha proyectado la construcción de un hospital, lo que de acuerdo con Camacho ya fue acordado con los comerciantes.

Sin embargo, ante la poca información confirmada y la falta de consenso a través de la consulta, deportistas y usuarios mantienen desconfianza en el proyecto. Aldo Barrera, beisbolista de Xochimilco, lamenta que “los campos nos brindan esparcimiento, y las autoridades no han querido apoyar ni darles la importancia que tienen”, y subraya que personalmente no está en contra de que se construya la Utopía, pero espera que pueda reubicarse fuera del deportivo.

“Nunca tuvimos información clara del presidente de la liga, él nos dijo que se nos garantizaba que la liga iba a continuar con tres campos, pero en las asambleas que hemos tenido todo lo que nos ha dicho no ha sido válido, e incluso ya hay acuerdos que tienen un campo cedido, mientras que los restantes dejarán de ser administrados por el deportivo para ser parte de la Utopía”, señala el hombre de 40 años, de los cuales al menos 32 ha sido jugador.

Veteranos del béisbol, como Guillermo Barrera y Wilfrido Velázquez, coinciden en que deben defenderse los espacios que desde hace años se han estado reduciendo para este deporte en diferentes espacios de la ciudad, “y hay mucha juventud que quiere jugar, pero luego no alcanzan los campos para todos”.

“En Xochimilco ha habido partidos muy interesantes y hace tiempo estuvieron viniendo hasta jugadores profesionales aquí”, recuerda Guillermo, quien cada semana desde hace décadas acude al deportivo, antes a jugar, y actualmente a apoyar al equipo de béisbol que dirige su hermano.

Por ello, expresa su rechazo a que se quiten los campos, como ya ocurrió anteriormente para poner el mercado de plantas, “porque se están metiendo con el deporte, y pues no estamos en contra de que hagan lo que hagan, pero no en esta área, que busquen otra”.

En el caso de Wilfrido, de 74 años, cuenta que le tocó vivir la eliminación de campos de béisbol hace décadas en Tlalpan, y por eso mudó la escuela infantil que tenía para Xochimilco, donde ahora se pretende reducir los espacios, por lo que llama a los beisbolistas jóvenes “a que aprendan a defender sus espacios, porque a las autoridades se les hace fácil decir ‘ocupo ese espacio’, y a los deportistas los dejan volando”.

“La mayoría de la gente piensa como yo cuando tenía 21 años” –y atestiguó la eliminación de campos en Tlalpan–. “Entonces yo dije ‘que los quiten, me voy a otro lado’, y los quitaron… pero pasa el tiempo y pienso, ¿por qué no supe defender mi espacio? Por eso, como deportistas tenemos que unirnos”, subraya el veterano.