En tanto, Octavio Ocampo, diputado local e integrante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), lamentó el asesinato de Bernardo Bravo, al que consideró como un hombre “comprometido con las causas del campo y defensor incansable de las y los productores de limón”.

“Su voz representaba dignidad, trabajo y esperanza para toda la región. No podemos permitir que la violencia siga arrebatando vidas de quienes luchan por el desarrollo”, señaló en una publicación en Facebook.

“Nuestra solidaridad con su familia, amigos y con todo el gremio citricultor. Su legado de lucha y valentía seguirá inspirando a quienes creemos en un mejor futuro para nuestro estado”.

El pasado 14 de octubre, productores de limón de Apatzingán se manifestaron para exigir al gobierno federal mejores precios, así como apoyos y atención al campo mexicano. Dicha movilización había sido convocada por el presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez.

“Le pedimos de manera enérgica, firme, pero también respetuosa a la presidenta de la República (Claudia Sheinbaum) que escuche que el campo está quebrado y en crisis y ¿qué necesitamos? Pues dinero para poder seguir trabajando”, dijo Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores.

Extorsiones

Limoneros de Michoacán han denunciado, al menos desde 2023, que son víctimas de extorsión, lo que lo ha obligado a frenar sus labores en la entidad en más de una ocasión.

En agosto de 2023, pobladores que cultivaban cerca de 42 mil hectáreas de limón en Apatzingán y Buenavista denunciaron que presuntos grupos delictivos aumentaron el cobro de extorsiones de 40 centavos a un peso por kilo cortado y comercializado.

En protesta, los productores detuvieron sus labores hasta que las autoridades garantizaran su seguridad.

La misma situación se repitió un año después en los mismos municipios.

El 12 de agosto de 2024, la Unión de Productores, Empacadores e Industriales del Limón del Valle de Apatzingán y Buenavista indicó que un comunicado que quedaba “suspendida toda la actividad de corte y recolección del limón (…) y estaremos en paro general hasta que el gobierno nos dé las garantías de seguridad y protección a nuestro trabajo y patrimonio”.

En respuesta, la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que el entonces titular, Juan Carlos Oseguera Cortés, encabezó las acciones para “preservar la tranquilidad en los procesos del sector citrícola” con puestos de control itinerantes, recorridos terrestres y aéreos.

Sin embargo, la situación se ha vuelto a repetir este 2025. Apenas en marzo, la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán A.C. denunció que limoneros continúan siendo víctimas de extorsión, por lo que las empacadoras “no reabrieron de manera normal”.

En respuesta, el gobierno federal inició en julio la Estrategia Nacional contra la Extorsión, por la cual han sido detenidas 389 personas que presuntamente cometían este delito en 19 estados.

“Ante la falta de respuesta y de acciones concretas por parte de las autoridades, su familia se manifestó el 8 de octubre en Palacio Municipal, denunciando que la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes aseguró que se había ido por su voluntad con un hombre mayor que ella, retrasando con esto la activación del Protocolo Alba, y evidenciando el nulo compromiso del alto funcionariado de nuestra entidad para la capacitación en derechos humanos y perspectiva de género para todas las y los operadores de las instituciones. (...) No basta con ninguna disculpa pública de ningún funcionario; su misoginia, inoperancia y omisiones normalizan y sostienen la cultura pedófila y feminicida en nuestro estado”, señalaron integrantes del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSGA), que acompañan casos de violencia contra las mujeres y desaparición de personas. 

De acuerdo con información dada a conocer por las autoridades ministeriales, “se identificó y localizó al presunto responsable que, mediante engaños en redes sociales, enamoró y convenció a Ángela Gabriela de irse con él al estado de Querétaro”. El viaje ocurrió en un vehículo con placas de Guanajuato que, aunque las autoridades tenían detectado, no lograron evitar que saliera de la entidad con la adolescente a bordo. 

“A partir de la descripción del vehículo y las placas, se activaron labores de rastreo mediante tecnología del C5i y la colaboración de autoridades de entidades vecinas. La madre de la menor proporcionó un número telefónico hallado entre las pertenencias de Ángela, lo que permitió localizar al sujeto en Querétaro”, señala un comunicado de la fiscalía.  

Según información interna de la dependencia, el responsable tiene carpetas de investigación por el delito de trata abiertas en Aguascalientes. Y de acuerdo con el fiscal local, Manuel Alonso García, se promocionaba en redes sociales como maestro particular de arte; y aunque tenía su domicilio en Querétaro, viajaba entre diferentes estados de la región, como Aguascalientes. 

El cuerpo de la adolescente fue localizado en un domicilio de la localidad de Fuentezuelas, al interior de un tambo que fue incendiado. El presunto responsable estaba en compañía de su esposa y al verse sorprendido por las autoridades decidió darse un balazo en la cabeza. 

“Deseamos señalar que el acceso a la justicia y a la verdad para Ángela y su familia también involucra que se realice la confronta genética de manera adecuada y se garantice el levantamiento de todos los indicios que ayuden a la integración de la carpeta de investigación por feminicidio, así como el cuidado de la información, lo que incluye fotografías y detalles de la localización sin vida de Ángela, cuidando la no revictimización de ella y su familia”, agregaron las integrantes del OVSGA.

Luego de que se diera a conocer que el diputado morenista Cuauhtémoc Blanco supuestamente estaba en un juego de pádel mientras sesionaba la Comisión de Presupuesto, a la cual pertenece, el coordinador de la bancada morenista, Ricardo Monreal, dijo que no le deja un buen sabor de boca.  

En entrevista en la cámara baja, Monreal adelantó que, de ser el caso, serían los órganos administrativos los que determinen alguna sanción para el exgobernador de Morelos.

En el video de la sesión virtual, se observa a Blanco ingresando sorpresivamente a la reunión, mientras se escuchan raquetazos de fondo. 

“Cuauhtémoc Blanco. ¿Si me pueden poner asistencia, por favor? Muchas gracias”, dijo el diputado en la sesión.

🏓Paps! Cuauhtémoc Blanco votando mientras juega pádel 🙄

En plena sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, donde se estaba abordando el tema de la Ley de Aguas el diputado @cuauhtemocb10 fue captado votando mientras jugaba pádel.

Le dice @MarioZamoraG :Está… pic.twitter.com/tpQ3Weao2n

— Laura Brugés (@LauraBruges) October 20, 2025

“La etapa crítica ocurrió en los días 16 y 17 de octubre, con estaciones que no recibieron producto desde el jueves previo. No se han presentado incrementos derivados de esto; se han mantenido los precios habituales”, mencionó Kuri durante un evento.

A través de redes sociales, habitantes de la entidad denunciaron la falta de suministro de combustible.

El gobernador informó que las gasolineras privadas, que tienen rutas de importación diferentes, “ayudaron a mantener el precio” de la gasolina: la Magna, entre 23 y 25 pesos el litro, y la Premium, entre 25 y 28.

Asimismo, dio a conocer que, de acuerdo con información proporcionada por la Agencia de Energía del Estado, el suministro se normalizará a partir de este lunes en las diferentes estaciones.

El fin de semana del 10 al 12 de octubre se registraron fuertes lluvias en el país, que dejaron decenas de muertos, personas desaparecidas, daños materiales y afectaciones a la infraestructura pública en Hidalgo, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro.

En Querétaro, ocho municipios se vieron afectados; hubo una persona fallecida y se registraron 38 incidencias en la red de caminos, de las cuales 28 ya están abiertas y 10, de manera parcial.

El caso Digna Ochoa: 24 años de impunidad

La tarde del viernes 19 de octubre de 2001, la abogada Digna Ochoa y Plácido fue encontrada sin vida en su despacho ubicado en la calle de Zacatecas 31, en la colonia Roma, que se encuentra en pleno corazón de la Ciudad de México.

Al momento de ser encontrado, su cuerpo tenía dos heridas de bala calibre .22. Un orificio en la cabeza y otro en la pierna que le traspasó por completo el cuerpo.

El 19 de julio de 2002, la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) aseguró que Digna Ochoa había cometido “suicidio disimulado”, al que se le quiere dar apariencia de homicidio, provocada por una fuerte depresión.

Margarita Guerra y Tejada, la primera fiscal del caso encargada de la investigación, dijo que esta conclusión estaba sustentada en más de 50 análisis periciales, 30 de los cuales eran considerados “hechos irrefutables”, pero reconoció que un supuesto diario íntimo y diversos correos electrónicos que la abogada envió a sus amigos fueron los hechos más contundentes para concluir que se trató de un suicidio.

“Ella nos hablaba de fantasías, de neurosis obsesivas, de periodos largos de depresión que cuando empiezan a operar en una persona que no tiene el apoyo permanente de especialistas pueden desencadenar en cualquier cosa que, desafortunadamente, siento que aquí fue lo que pasó”, dijo.

Cuatro años después de su muerte, la familia de Digna Ochoa pidió que su cuerpo fuera exhumado y se reabriera la investigación. Una nueva indagatoria concluyó que no era posible descartar el asesinato, pero no se culpó ni procesó a nadie.

Las masacres de Aguas Blancas y El Charco, entre los casos que defendió Digna Ochoa

Digna Ochoa y Plácido nació el 15 de mayo de 1964 en Misantla, Veracruz. A los 20 años, se graduó como licenciada en derecho por la Universidad Veracruzana, desde donde comenzó a desempeñarse en la protección de derechos humanos y personas de escasos recursos.

Desde el inicio de su carrera trabajó casos de violaciones graves a derechos humanos en los que se encontraban implicados funcionarios y miembros de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En 1991 se mudó al entonces Distrito Federal y comenzó a trabajar en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, mejor conocido como Centro Prodh, organización desde la que llevó casos como el de la masacre de Aguas Blancas, un crimen de Estado en el que policías y agentes judiciales asesinaron a 17 campesinos en Guerrero, o la masacre de El Charco, en la que 11 jóvenes —supuestamente guerrilleros — fueron ejecutados por soldados.

Por este tipo de casos, Digna Ochoa fue víctima de diversas amenazas o secuestros. La primera vez que recibió amenazas de muerte fue en 1996. Tres años después, el 9 de agosto de 1999, fue la primera vez que personas desconocidas la privaron de su libertad durante cuatro horas: la sacaron de su casa para interrogarla por los casos que tenía en sus manos y le sustrajeron sus pertenencias e identificaciones personales.

El 11 de noviembre de 1999, la CIDH sometió a la CoIDH una solicitud de medidas provisionales en favor de Digna Ochoa. El organismo urgió al Estado mexicano a adoptar medidas de seguridad necesarias para garantizar la vida e integridad personal de la abogada, quien decidió autoexiliarse en Washington, Estados Unidos, por miedo a ser asesinada.

Después de casi dos años, la CoIDH dio por concluidas las medidas provisionales otorgadas a Digna Ochoa y demás integrantes del Centro Prodh. Así, en abril de 2001, regresó a México y continuó con la defensa de dos ecologistas campesinos en Guerrero, Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, que se opusieron a la tala de bosques de Petatlán y Coyuca de Catalán, por lo que fueron detenidos y torturados por militares, pero no pudo terminar el caso debido a que en medio del proceso fue asesinada.

La participación de Pérez Bravo en el caso Digna Ochoa

Entre el año 2002 y 2004, el fiscal José Antonio Pérez Bravo estuvo a cargo de las investigaciones ministeriales de la fiscalía especial encargada de investigar la muerte de la defensora, que formaba parte de la entonces PGJDF, encabezada por Bernardo Bátiz —actual magistrado del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación.

Desde entonces, el Estado mexicano trabajó la investigación por la muerte de Digna Ochoa en el ámbito penal, misma que duró cerca de 10 años, en la que se le practicaron diligencias forenses, químicas, balísticas e informes psicológicos, entre otros procedimientos, pero no cambiaron en sustancia la conclusión del supuesto suicidio.

En su informe de fondo 61/19, la CIDH determinó la existencia de una serie de irregularidades graves en la investigación cometidas en la primera etapa de la indagatoria, que determinó que la muerte de Digna Ochoa fue por supuesto suicidio, entre las que encontró omisiones en el registro de los fenómenos cadavéricos que no fueron subsanadas y lesiones no advertidas en los diversos exámenes médicos, así como contradicciones en las pruebas balísticas.

La CIDH emitió un comunicado el 18 de febrero de 2020 donde anunció que el 2 de octubre del 2019 envió el caso de la defensora Digna Ochoa a la CoIDH para su estudio y, en su caso, para una posible sentencia en contra del Estado mexicano.

El lunes 26 de abril de 2021, jueces de la Corte Interamericana cuestionaron la resolución de la PGJDF sobre el supuesto suicidio de Digna Ochoa, durante un interrogatorio realizado a José Antonio Pérez Bravo, en la que fue presentado como testigo de descargo por parte del Estado mexicano.

La jueza Elizabeth Odio Benito, entonces presidenta de la CoIDH, cuestionó al exfuncionario sobre el detalle de los guantes y el área donde entró la bala letal, pues dijo que era hecho sabido que Digna Ochoa era diestra.

—¿Una persona que se va a suicidar se pone guantes? —le preguntó.

—En el caso, así fue —respondió el exfiscal.

—Para dispararse en la parte izquierda, tendría que haber sido zurda, ¿era así? —insistió la jueza.

Familia de Digna pide investigar al exfiscal Pérez Bravo

El 28 de abril de 2021 se emitió un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, donde el Estado mexicano reconoció su responsabilidad internacional en el caso de Digna Ochoa, por la violación a las garantías judiciales derivada de la muerte de la defensora y abogada, y acordó generar una ruta para reabrir la investigación para determinar las causas que llevaron a la muerte de la defensora.

El 25 de noviembre de 2021, la CoIDH dictó una sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad internacional de México por las graves irregularidades cometidas en el marco de la investigación de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, ordenándole llevar a cabo distintas acciones de reparación y no repetición.

Cuatro años después de la sentencia, recién el pasado 3 de septiembre de 2025, la familia de Digna Ochoa denunció que el Estado mexicano ha incumplido las medidas de reparación del daño, por lo que pidieron acatar la orden de abrir el caso para encontrar a los responsables y encontrar las omisiones en que incurrieron funcionarios públicos.

“Nosotros pedimos particularmente que se investigue al fiscal Renato Sales Heredia que en su momento fue el creador —a mediados del 15 de diciembre de 2001— de la hipótesis del ‘suicidio simulado’. Posteriormente que se investigue a la licenciada Margarita Guerra y Tejada, y posteriormente se investigue a José Antonio Pérez Bravo, a Bátiz y a Miguel Ángel Mancera Espinosa, porque ellos fueron los responsables de la investigación en su momento”, señaló Jesús Ochoa, hermano de Digna, según lo documentaron medios como Once Noticias y La Jornada.

Los casos emblema de la Corte que están en manos del exfiscal Pérez Bravo

El pasado mes de julio, tras llevarse a cabo las primeras elecciones judiciales, Sara Irene Herrerías Guerra, fiscal especializada en derechos humanos que trabajó durante más de ocho años para la extinta PGR y ahora Fiscalía General de la República (FGR), logró la novena y última posición para ser ministra de la Suprema Corte, tras recibir poco más de 3 millones de votos.

Un lugar que ocupará por ocho años a pesar de contar con un historial de impunidad de más del 90 % de los casos que llegaron a la oficina a su cargo y denuncias dadas a conocer por primera vez por Animal Político sobre trabajadores de la FGR que aseguraron que altos mandos les pidieron dinero para apoyar sus aspiraciones para ser ministra en la Corte, mismas que culminaron en la destitución de Rosendo Gómez Piedra como fiscal especial del caso Ayotzinapa.

Al llegar a la nueva Corte, la ahora ministra recibió la oportunidad de resolver casos emblemáticos para el país, tramitados incluso por y contra las dependencias para la que trabajó como fiscal.

Entre esos casos emblemáticos que tiene en sus manos la ministra Sara Irene, y por ende el exfiscal Pérez Bravo, está el expediente 3/2023, relativo a la revisión del cumplimiento de la sentencia del caso García Rodríguez vs México, por el que la CoIDH condenó al Estado mexicano al considerar que la Constitución viola derechos humanos por el uso de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo.

Desde el Máximo Tribunal del país, la ponencia de la ministra Sara Irene y el exfiscal Pérez Bravo también podría participar en la revisión del cumplimiento de la sentencia del caso Digna Ochoa, por el que el Estado mexicano de igual forma fue sentenciado.

Al día siguiente el reporte marcó tres homicidios más, dos de ellos en Culiacán y uno en Navolato, en la comunidad de Villa Juárez. Este tomo fue un adolescente de 14 años. 

Para el domingo se registró el hallazgo de un cuerpo sin vida a un costado de la Fiscalía Estatal en Culiacán. En el lugar fue encontrado un mensaje dirigido al vicefiscal Damaso Castro Saavedra. Los hechos se registraron la noche de ese domingo en una zona de mucho tránsito vehicular y a 100 metros de la sede de la FGE sin que hubieran detenidos. Ese día se reportaron cuatro homicidios dolosos en la entidad.

En total en Sinaloa hubo registro de 12 personas asesinadas entre el viernes y domingo últimos.

Paralelamente, la SSC emitió un comunicado en el que detalló que en la diligencia participaron sus uniformados, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional.  

Los uniformados cumplieron dos órdenes de cateo en la alcaldía Tláhuac, en las colonias Miguel Hidalgo y Las Arboledas.  

En el primer domicilio, ubicado en la calle Traviata, fueron detenidos dos hombres de 23 y 42 años y una mujer de 41, junto con 109 bolsas de marihuana, 487 dosis de cocaína y 84 de metanfetamina.  

En el segundo inmueble, en avenida Porvenir, se detuvo a una Verónica “N”, de 31 años, identificada por las autoridades como probable líder de la célula, quien tenía en su poder 97 dosis de marihuana, 200 gramos y 53 dosis de metanfetamina, 335 envoltorios de cocaína y 97 bolsitas de cocaína en piedra, además de un teléfono celular. 

De acuerdo con las indagatorias reveladas por la dependencia, los detenidos formarían parte de un grupo delictivo dedicado a la venta de drogas, la extorsión y el homicidio en Tláhuac, Iztapalapa y algunos municipios del Estado de México.  

La mujer de 31 años también estaría vinculada con préstamos de dinero bajo la modalidad de gota a gota y despojo de predios, además, cuenta con antecedentes por portación de armas y delitos contra la salud en 2019. Uno de los hombres de 43 años tenía una investigación abierta desde 2010 por robo agravado. 

Los detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, mientras los inmuebles cateados permanecen sellados y bajo resguardo policial.

La ministra indicó que la fracción II del artículo 59 de Ley de Amparo establece en qué casos exclusivamente pueden ser planteadas las recusaciones contra ministros o magistrados.

“Las recusaciones, exclusivamente, pueden plantearse para que Ministras y Ministros, así como Magistradas y Magistrados, se abstengan de conocer el fondo de la cuestión planteada, por lo que es evidente que dentro del trámite y resolución de un impedimento no podría plantearse una nueva recusación, ya que se trata de un procedimiento accesorio de la resolución de fondo del juicio”, señaló la ministra.

Y precisó que en la reforma vigente desde el pasado 17 de octubre se estableció que cuando se plantea una recusación contra un ministro o magistrado para evitar que participe en la resolución de cuestiones diferentes al fondo de un litigio, esta debe ser desechada de plano.

“En consecuencia, considero que ha quedado sin materia la posible contradicción de criterios, ya que si bien, cuando se denunció la diferencia de las decisiones de las Salas de la Corte abrió un punto de debate a resolver, actualmente la propia Ley de Amparo se ha encargado de resolver la pregunta que detonó el estudio de este asunto consistente en contestar si es procedente o no la recusación planteada para que una persona juzgadora se abstenga de conocer de un impedimento, pues es claro que la respuesta debe ser en sentido negativo, pero no por las consideraciones del proyecto, sino porque las nuevas reformas a la Ley de Amparo prohíbe, expresamente, formular recusaciones dentro de las cuestiones accesorias a las del fondo del asunto, como claramente lo es el trámite y resolución de cualquier impedimento”, indicó Esquivel Mossa.

De esta manera, la aplicación de la reforma a la Ley de Amparo impactará en los impedimentos planteados por los interesados en diversos juicios como estrategias de dilación de los mismos, pues en automático serán desechados.

En su intervención el ministro Giovanni Figueroa enfatizó a sus compañeros que debían determinar cómo aplicaría este nuevo criterio para los recursos o trámites ya iniciados a la fecha, tomando en consideración el artículo tercero de la reforma a la Ley de Amparo que establece que cuando ya concluyó una etapa procesal en un asunto, esta se rige conforme a la ley anterior y las subsecuentes se rigen por la ley reformada.

Sin embargo, sus compañeros en el Pleno hicieron caso omiso de dicha petición.

Mientras que el proyecto de su madre se titula: “Alteraciones de la diferenciación de linfocitos T CD4+, macrófagos y adipocitos en el tejido adiposo visceral e inflamación sistémica asociada a hiperinsulinemia y obesidad en ratas: validación experimental de modelos dinámicos de la plasticidad celular”.

Este proyecto se centra en estudiar cómo la hiperinsulinemia y la obesidad en ratas afectan la diferenciación de células inmunes (linfocitos T CD4+ y macrófagos) y células de grasa (adipocitos) en el tejido adiposo visceral, y la consecuente inflamación sistémica. También busca validar experimentalmente modelos dinámicos de la plasticidad celular. 

Y MIENTRAS: ESTUDIANTES SIN BECA

Mientras tanto, hay más de 100 estudiantes de posgrado tan sólo del Cinvestav sin beca de manutención desde enero de 2024, pero a nivel nacional son miles. La crisis de financiamiento pone en peligro la continuidad de estudios e investigaciones en ciencia básica y de frontera, a pesar de las expectativas de un cambio favorable con la llegada de una presidenta (Sheinbaum) con perfil científico.

Más de 125 estudiantes de maestría y doctorado del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), de diversas unidades, enfrentan incertidumbre: se quedaron sin beca de manutención desde enero de 2024. 

Este apoyo económico, que consideran un pago por su labor investigadora, es vital para cubrir renta, comida y transporte, poniendo en riesgo la conclusión de sus tesis y la continuidad de proyectos cruciales. 

Hasta septiembre de 2023, todos los estudiantes de posgrado del Cinvestav recibían una beca del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (Conacyt). Sin embargo, debido a modificaciones estructurales y presupuestales, el SECIHTI redujo las becas asignadas al Cinvestav.

La beca SECIHTI (Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación) es un programa del gobierno mexicano que ofrece apoyo económico y seguridad social a estudiantes de posgrado (maestría, doctorado y especialidades médicas) inscritos en programas registrados en el Sistema Nacional de Posgrados (SNP).

El cambio de nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) ocurrió el 22 de abril de 2023. 

MINI BECAS

Para paliar la situación, el Cinvestav creó las becas Sep-Cinvestav, generando una segregación entre los estudiantes. Aunque este programa cubrió el vacío temporalmente, sus reglas cambiaron constantemente. En enero de 2024, se les informó que la ayuda pasaría a gestionarse a través del programa Becas Elisa Acuña.

El problema se agravó cuando, en 2025, las Reglas de Operación de las Becas Elisa Acuña, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 21 de febrero, dejaron al Cinvestav fuera de los apoyos. Este “ir y venir” ha dejado a los 125 estudiantes sin sustento por meses.

María Elena Álvarez-Buylla tuvo una gestión polémica en el Conacyt (luego Conahcyt), al que pretendió limpiar de dispendios incurriendo en otros, como la famosa vacuna Patria contra Covid, que enfrentó varios retrasos en su cronograma original, que apuntaba a una disponibilidad para finales de 2021 (noviembre o diciembre, según anuncios del gobierno en abril de 2021). La aprobación de uso de emergencia por la Cofepris se otorgó en junio de 2024, lo que representa un retraso de aproximadamente 36 meses, esto sin contar que las variantes de Covid han ido cambiando con el tiempo.

El Conahcyt (Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías) ya no existe como tal. Fue elevado de categoría y ahora es la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, encabezada por Rosaura Ruiz Gutiérrez desde el 1 de enero de 2025.

A principios de octubre, Milenio dio a conocer que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de María Elena Álvarez-Buylla por presuntos malos manejos de recursos públicos en el año 2021 cuando era titular de Conacyt por 57 millones, monto relacionado con los procesos de extinción de cuatro fideicomisos. 

A lo que la aludida respondió en una carta difundida en sus redes sociales y medios como La Jornada que las irregularidades “fueron identificadas en su momento por el Órgano Interno de Control (OIC) del entonces Conahcyt y por la propia ASF, en relación con el uso de recursos de uno de los fideicomisos”. 

ESTUDIANTES A LA DERIVA

Kozo Honsei, embajador de Japón en México.

En un comunicado que publicó junto a su mensaje, Honsei indicó que Japón ha decidido proporcionar ayuda de emergencia (incluidos artículos de higiene) a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón en respuesta a los daños causados por las inundaciones en los cinco estados, de acuerdo con la solicitud que realizó su Gobierno.

“Teniendo en cuenta la perspectiva humanitaria y las estrechas relaciones amistosas con los Estados Unidos Mexicanos, Japón ha decidido proporcionar asistencia de emergencia para apoyar a los afectados por el desastre”, señaló la nota.

Este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su Gobierno continúa en la fase de atención urgente tras las lluvias e inundaciones en estados del oriente y centro del país y que han dejado 76 muertos y 31, pero adelantó que ya alista un plan nacional de reconstrucción en el que se invertirán 10 mil millones de pesos.

Además del posible impacto en los derechos digitales, el presidente de DPL Group expresó preocupación por la intromisión en la vida privada de los contribuyentes. Señaló que la supervisión fiscal en tiempo real implica riesgos directos al derecho a la privacidad y a la protección de datos personales.

“Lo que quiere Hacienda es supervisar en tiempo real todas y cada una de las transacciones digitales que se están realizando. Todo esto, desde mi punto de vista, choca claramente con el derecho a la privacidad y con la posibilidad de acceder a los datos personales de los ciudadanos”.

Recordó que la actual administración ha mostrado poco respeto por la privacidad. “La 4T ha tenido como característica un poco respeto a la privacidad y al derecho de los ciudadanos a sus datos personales. El anterior presidente [López Obrador], muchas veces en las mañaneras, dio nombres y teléfonos personales de ciudadanos”.

Ausencia de garantías institucionales

Negrete cuestionó la solidez institucional para proteger los derechos digitales en México, destacando la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la falta de un organismo autónomo especializado. “Recuerda que desapareció el INAI y la Oficina de Protección de Datos Personales fue a parar a la Secretaría de la Función Pública, cuando México debería tener una oficina independiente del INAI y de la Función Pública en materia de protección de datos personales”.

El especialista aseguró que no ha encontrado antecedentes de una disposición semejante en otras democracias occidentales. “Por más que la revisara, en otros países no la encuentro. Probablemente en China […] pero en Occidente, no”.

Aún cuando Europa ha sido estricta en su regulación digital, explicó, no ha implementado medidas similares. “Incluso Europa, que ha sido tan rigorista en la regulación del mundo digital, incluso con el costo de ser una región que no está avanzando en su desarrollo digital, no tiene este tipo de exabruptos como el que estamos viendo en este caso”.

Finalmente, Jorge Fernando Negrete lamentó la ausencia de posicionamientos por parte de los órganos legislativos responsables del tema. “Hay una Comisión de Derechos Digitales en el Senado. No he escuchado ninguna opinión de la Comisión de Derechos Digitales del Senado en este aspecto. Estoy francamente sorprendido”.

Y concluyó con una crítica al proceso legislativo que permitió la reintroducción del artículo: “Este mismo artículo fue el que dio origen a la Ley de Telecomunicaciones, que se debatió en el Senado de manera espléndida, y que dio como resultado una nueva Ley de Telecomunicaciones. Y se eliminó este artículo. ¡Lo volvieron a poner!”.

Durante la jornada, el obispo exigió el castigo a todos los involucrados en el asesinato del sacerdote. En el mensaje leído durante la celebración, se recordó a Marcelo como un profeta de la paz que acompañó al pueblo en la denuncia de las injusticias. “La estructura de poder que reprime a los pueblos quiso eliminar las semillas que sembró, pero esas semillas se multiplican”, se leyó.

El comunicado también denunció la continuidad de la violencia en Chiapas, pese a los operativos de seguridad del gobierno federal y estatal. Las comunidades siguen enfrentando asesinatos, desapariciones, presencia del narcotráfico, desplazamientos forzados y represión. Se denunció el encarcelamiento injusto de personas defensoras de derechos humanos y la colusión de autoridades con el crimen organizado. “No es posible que al asesino del padre Marcelo le hayan dado solo 20 años de prisión, mientras hay catequistas sentenciados a 110 años”, se reclamó.

Al cierre de la jornada, el Pueblo Creyente reiteró su demanda de justicia para Marcelo Pérez y otras personas asesinadas en la diócesis, como Simón Pedro y las víctimas de Acteal. También se pronunciaron contra la imposición de megaproyectos como la supercarretera San Cristóbal–Palenque, y llamaron a las juventudes a no apagar su voz ante la injusticia: “La juventud es aprovechar el ser útil y enfrentar los retos de la vida. Hoy es el día, atrévete”.

Al parecer, “el caso se originó a partir de denuncias ciudadanas y trabajos de inteligencia policial que permitieron identificar una red dedicada al almacenamiento y distribución irregular de combustibles”.

Se apuntó que en los informes policiales presentados, “el Ministerio Público Federal integró los indicios suficientes y solicitó a la autoridad judicial la emisión de una orden de cateo. Dicha orden fue ejecutada con estricto apego a la ley, respeto al debido proceso y observancia de los derechos humanos”.

Durante la diligencia se aseguro: un millón 675 mil litros de hidrocarburos, cuyo valor estimado supera los 30 millones de pesos conforme a los precios de referencia actuales. El total suma 735 mil litros de diésel y 940 mil litros de combustóleo.

Se detalló que el combustible se encontraba almacenado en nueve tanques verticales tipo cisterna (de entre 10 mil y un millón de litros), así como en una flota de vehículos que incluía cinco pipas, cuatro vehículos tipo full, tres tractocamiones y tres tanques de transporte.

Además, se aseguró: maquinaria y equipo que incluyó diez bombas de trasvase, diez despachadores con contador de litros y mangueras industriales de alta presión; el inmueble, los combustibles, los vehículos y los demás indicios localizados, “fueron asegurados y sellados conforme a los protocolos judiciales, quedando bajo resguardo del Ministerio Público Federal para la continuidad de las investigaciones ministeriales y periciales correspondientes”.

Se dijo que las investigaciones continuarán para determinar las posibles redes logísticas, financieras y operativas involucradas en el acopio y comercialización de hidrocarburos de procedencia ilícita.