El miércoles 13 de agosto de 2025 en el Congreso de Baja California, tras varios requerimientos abierta e impunemente ignorados, finalmente Elena Andrade Ramírez, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), decidió atender la instrucción de supuesto “Poder” Legislativo para comparecer y dar cuenta de los avances en materia de investigación, persecución, importación y consignación de los delitos en la entidad.

En el acto, los legisladores morenistas la felicitaron, le preguntaron porcentajes, le hicieron peticiones y propuestas. Esto mientras el público, “funcionarios públicos de la FGE, en horario laboral, fuera de sus funciones… que deberían estar atendiendo a los usuarios porque eran horas laborables” -acusó en voz alta y con algunos calificativos, la diputada petista, Yohana Hinojosa Grijalva- se la pasaron aplaudiendo a su jefa y cuestionando con murmullos a los congresistas inconformes son las repuesta de su empleadora.

Los pocos diputados de oposición, aunque procuraron cuestionarla respecto a la multitud de temas pendientes en homicidios, desaparecidos, extorsiones, etcéteras, se quedaron muy cortos.

A pesar de que la comparecencia se eternizó a lo largo de casi siete horas de preguntas y respuestas, la información substancial compartida por la fiscal fue muy limitada, y lo que respecta al tema de la justicia selectiva -donde la FGE, teniendo denunciados como presuntos responsables a ex funcionarios de primer nivel emanados de Morena, ha resultado convenientemente, más ineficiente-, de ese tema sólo le hicieron dos preguntas, a las que dio respuestas vagas.

Fue precisamente la diputada Hinojosa Grijalva quien la cuestionó respecto a la muerte de Martín Damián, de 10 años, como resultado de la falla de aplicación de protocolos en un caso de acoso, sucedida desde el 3 de noviembre del año 2023, en el que un docente ya fue detenido, juzgado y liberado, mientras los médicos y la clínica -en la que el padre del Oficial Mayor del Estado, David Ramsés Cervantes Aguilar, es accionista-, “y cuya conducta fue determinante para el desenlace fatal”, continúan sin ser procesados.

La justificación de la fiscal fue que 22 meses después, la fiscalía acababa de recibir el dictamen médico de IMSS-Bienestar, y aún estaba por recibir dictamen de la Comisión de Arbitraje Médico (CAME), que es con el que más habían batallado, sin más datos.

Pero en el caso de esta misma Clínica Internacional, que continúa impune recibiendo contratos, la fiscal no ha dado cuenta y nadie la ha cuestionado, del seguimiento por mala praxis, en el caso de Kim, la niña de preescolar que reportó dolor vaginal, que data de septiembre del 2024, el cual resultó en una deficiente investigación y la ausencia de justicia para la menor y el profesor, que fue inicialmente implicado sin elementos de prueba.

La petista también preguntó de los avances en las dos denuncias por delitos sexuales presentadas en contra del ex secretario de Bienestar en el XXV Ayuntamiento de Tijuana, Erick “Terrible” Morales, una presentada en enero del 2024 -hace 19 meses- por delitos cometidos en el 2013, y la más reciente presentada el pasado 9 julio; de nuevo, Andrade aseguró que están trabajando, recordó que la denuncia más reciente describe el delito con lujo de aberrantes detalles, y remató asegurando que ella ni conoce al imputado, como si eso fuera razón suficiente para no favorecerlo.

Pero de los resultados en la carpeta iniciada en septiembre del 2023, en contra de Netzahualcóyotl Jáuregui y su ex colaboradora Valeria Oseguera, quien fue grabada condicionando la entrega de apoyos sociales de la secretaria a cambio del respaldo a Adán Augusto López Hernández como participante del proceso de Morena en las elecciones de 2024, no ha dicho nada.

De hecho, en aquel momento, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, convertida en fiscal sustituta, aseguró sin que mediara indagatoria que Jáuregui Santillán estuviera enterado y dejaron que el hilo se rompiera por lo más delgado, removiendo a Oseguera quien 23 meses después, continúa a sin ser procesada.

Todavía más emblemáticamente selectiva, la carpeta iniciada en el año 2022, por el contrato irregular que el gobierno del morenista Jaime Bonilla firmó -en junio del 2021- con la empresa Next Energy para la construcción de una planta solar, a la fecha, seis de 10 funcionarios bonillistas presuntamente involucrado han sido vinculados a proceso; incluso el presidente de la banca responsable de la administración del financiamiento fue detenido el pasado 4 de julio, y el gobierno anunció al recuperación de 170 millones de pesos.

Pero el ex gobernador Bonilla, quien estuvo a la cabeza de los proyectos de su administración, incluso realizó el 15 de junio del 2021 una inauguración simbólica de las obras de la planta que nunca se ejecutaron, quien, además, retrasó por más de dos años su presentación a declarar ente el Ministerio Público septiembre del 2024; él sigue tranquilo, sin ser molestado, afirmando públicamente que “no hay delito que perseguir” aunque ya haya varios imputados.

Resulta obvio que el resto de los implicados no tuvieron la oportunidad de reunirse con su acusadora, la gobernadora Marina, y fumar la pipa de la paz, como lo hizo Bonilla en la Ciudad de México en una conversación convocada por las fuerzas morenistas federales, como una medida para reducir la presión que pesa sobre la gobernadora bajacaliforniana después de que le retiraran la visa a su esposo Carlos Torres y autoridades de ambos lados de la frontera incluyeran a su familia política en las investigaciones por huachicol. Y en ese contexto la investigación contra el ex mandatario luce aún más lenta.

Entonces, resulta que la persecución de los delitos en Baja California, dirigida por la fiscal Andrade, sí tiene colores y amigos, y se dirige por el viejo dicho de “hágase la voluntad de Dios”, pero sólo “en los bueyes de mi compadre”.

Aunque encuestadoras serias y otras de las que trabajan para el mejor postor, se han dedicado en los últimos meses a demostrar cuantitativamente que la popularidad de la Gobernadora de Baja California, Marina Ávila Olmeda, sigue en descenso no sólo en el estado, sino en el país, donde en las mediciones su nombre aparece en el último lugar de las 32 entidades federativas, una realidad que suele confirmarse de manera por demás bochornosa para la mandataria estatal: con abucheos.

A la manifestación pacífica del 17 de mayo de 2025, cuando miles de personas se concentraron alrededor de una carne asada en la explanada del Centro Cívico en Mexicali, para pedir su salida del gobierno después que su credibilidad y confianza cayera a partir del 10 de mayo de 2025 cuando anunció que el gobierno de los Estados Unidos le había retirado la visa para ingresar a aquel país (unos minutos antes su esposo Carlos Torres Torres había anunciado lo mismo en su caso), la gobernadora y su esposo decidieron, ahora sí, mantener un bajo perfil.

Aun así, en la soberbia del poder, su partido Morena, sus funcionarios, sus legisladores y algunos seguidores pagados le organizaron un mitin de apoyo para dar la impresión de unidad, y de que, si había una parte de la población que ya no confiaba en ella, que la quería fuera del gobierno, había otra que le daba su total respaldo. Pero aquello no salió bien. Fue evidente el gasto público, el acarreo, el despilfarro, los miembros del gabinete organizando el acto nada espontáneo, como sí lo fue la carne asada en Mexicali

Después de esa mala experiencia, la gobernadora decidió cerrar todo acto al público. Sus conferencias de prensa sólo para los comunicadores y, particularmente, los de a modo del gobierno; los actos públicos con asistencia controlada, de hecho, dejó de hacer sus videos para redes sociales durante algún tiempo.

Su esposo, Carlos Torres Torres, desapareció de la escena pública; presuntamente viajó a Europa, lo mismo que su hermano Luis Torres Torres, cuando se supo que al primero le quitaron la visa y el segundo aparecía con su hermano, en una carpeta de investigación por el delito de huachicol y huachicol fiscal, abierta a partir de un decomiso en marzo de este año, en el puerto de Ensenada.

A pesar del respaldo que le dio su esposa la gobernadora, Carlos Torres renunció a los dos cargos honorarios que tenía en las administraciones públicas, la de Baja California y la de Tijuana, donde gobernadora y alcalde, respectivamente, lo nombraron coordinador de proyectos especiales. Argumentó que se retiraba de la vida política y pública, para concentrarse en la familia y los negocios personales, aunque bien a bien se desconoce de qué vive el primer caballero del estado, económicamente.

Después de dos meses y medio de guardar bajo perfil, de acudir a taquerías sin cámaras para que la videograben, de no hacer giras por colonias y evadir cualquier acto masivo, dado que, en las manifestaciones y concentraciones multitudinarias los ciudadanos suelen entonar el cántico de “¡Fuera Marina, fuera Marina!”, hace unas semanas la gobernadora reactivó su vida en las redes sociales. Muy a su estilo, grabando videos desde su camioneta o en sus actos, para promoverlos en Facebook, Instagram o TikTok, pero la reacción de los usuarios de redes sociales tampoco ha sido buena para la mandataria.

Las publicaciones de la gobernadora, y las que poco a poco ha empezado a hacer también su aún desaparecido de la escena pública esposo, suelen abultarse de comentarios negativos para ellos. A pesar que es evidente que existe un equipo detrás que borra comentarios de odio en las publicaciones de los dos protagonistas y desvisados políticos, no hay esfuerzo que alcance para borrar de las redes sociales y la internet, la animadversión que muchos gobernados tienen hacia la titular del poder ejecutivo estatal.

También muy dada a acudir a cuanto concierto importante se desarrolla en el estado, Marina Ávila había dejado de asistir a las presentaciones de artistas, precisamente, para no ser abucheada, como sucedió cuando la mencionaron en un acto de graduación, o como ha sucedido en las manifestaciones orgánicas en su contra en varios municipios del estado.

Pero el lunes 11 de agosto la gobernadora, como muchas otras bajacalifornianas, no se resistió al concierto de la colombiana Shakira en Tijuana. La cantante de “Las caderas no mienten” reinició una segunda etapa de su gira por México en el estadio del equipo de fútbol del exreo del Hongo, Jorge Hank Rhon (estuvo preso por acopio de armas en 2011, y existen carpetas abiertas por homicidio donde se le menciona, pero no se le investiga).

En un video que comenzó a circular en redes sociales el martes 12, un día después de la presentación de La Loba en Tijuana, se ve cómo Marina Ávila llega al estadio y camina por un lugar de privilegio, dado que es más allá de las vallas que separan a los asistentes que hacen larga fila para entrar al estadio.

Quienes graban el video, a saber con la cámara de un celular, identifican a la mandataria estatal y le gritan, pero la gobernadora los ignora y continúa firme su camino hacia la zona designada para presenciar el “Las mujeres ya no lloran world tour”, por lo que, otras personas en la fila comienzan a abuchearla y a gritarle, una vez más, el ya tradicional cántico popular bajacaliforniano: “¡Fuera Marina, fuera Marina!”.

Fue muestra inequívoca, a justos tres meses que informó que le habían revocado la visa, del rechazo social que mantiene la gobernadora, que confirma en la cruda y difícil realidad lo que las encuestas demuestran científicamente, que su popularidad sigue en descenso; que no ha logrado levantarse del duro golpe del retiro de la visa, una situación nunca antes vista en México: que a un gobernador en funciones el gobierno de los Estados Unidos le retirara la visa para su ingreso a aquel país.

El descenso político de la gobernadora, cuyo periodo culmina en 2027, le llegó acompañado de una baja popularidad entre los gobernados que no olvidan y que, en cualquier momento, le recuerdan que ya no goza de su confianza.

La Secretaría de Marina Armada de México informó que, en un operativo realizado en San Blas, Nayarit, se localizó y neutralizó un laboratorio clandestino donde aseguraron aproximadamente 12.8 toneladas de metanfetamina.

En el operativo, participaron además la Fiscalía General de la República, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En un comunicado, indicó que, al realizar recorridos terrestres en el poblado de Boca del Asadero, los elementos de la Armada de México localizaron y neutralizaron un laboratorio donde aseguraron aproximadamente 12 mil 850 kilos de metanfetamina, 54 mil 500 litros de sustancias químicas, 13 mil 830 kilos de precursores químicos sólidos, 18 reactores, 20 condensadores, cinco mezcladoras, 22 centrifugadoras de 30 kilos y material diverso.

La afectación económica de estos decomisos es de 62 millones de pesos y se impidió que se elaboraran alrededor de 229 kilos de metanfetamina.

Sin dar detalles del cambio de fecha, el Banco de México (Banxico) informó que dará a conocer su Informe Trimestral de la Inflación hasta el 29 de agosto.

Dicha entrega estaba programada para el próximo miércoles 27 de agosto.

“Se informa que la Junta de Gobierno ha resuelto la modificación del Calendario para la presentación del Informe Trimestral del segundo trimestre de 2025”, señaló.

La gobernadora del Banco de México comentó que el peso mexicano registró volatilidad temporal, pues las decisiones del presidente de EU, Donald Trump, generó incertidumbre en la política comercial.

En ese sentido, presumió que la moneda mexicana tuvo apreciación durante ese periodo, en línea con la debilidad del dólar estadunidense.

“El comportamiento de los mercados financieros internacionales estuvo influenciado principalmente por la incertidumbre generada por los cambios en la política comercial de Estados Unidos”, dijo Rodríguez Ceja, quien también mencionó que, en este contexto, “las primas de riesgo han presentado aumentos con episodios de volatilidad”, explicó.

El cuerpo de Alma Elena Sánchez Marcelo, una mujer de 30 años originaria de Chiapas, fue localizado dentro de una pared de concreto en una obra en construcción en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez la tarde del 14 de agosto. El hallazgo se produjo después de que sus familiares perdieran contacto con ella desde el 10 de mayo.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) y peritos de la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas (FIPEDE) ejecutaron una diligencia en el inmueble ubicado en la calle Zempoala. En el lugar, que corresponde a un proyecto de 23 viviendas del Instituto de Vivienda (INVI), los agentes detectaron una pared con cemento fresco que no correspondía a los planos originales de la construcción.

¿Quién es el principal sospechoso?

La principal línea de investigación de la FGJCDMX apunta a la pareja sentimental de la víctima, identificado en reportes preliminares como "Toño", quien trabajaba como vigilante en la misma obra donde fue localizado el cuerpo.

Según información difundida, este hombre se habría comunicado con la madre de Alma Elena dos meses antes del hallazgo para decirle que ella había decidido regresar a su estado natal, Chiapas. La fiscalía informó que ya tiene identificado a un hombre como posible responsable y realiza las acciones correspondientes para su localización y presentación ante la autoridad judicial.

El operativo y la investigación en curso

En sesión extraordinaria, el Congreso de la Ciudad de México aprobó sanciones contra las personas conocidas como ‘franeleros’ por ocupar u obstaculizar la vía pública a cambio de un pago.

La medida, impulsada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, contempla arrestos ‘inconmutables’ de 24 a 36 horas.

La reforma modifica la Ley de Cultura Cívica de la capital, al añadir la prohibición de apartar lugares de estacionamiento o exigir dinero por vigilar, cuidar o lavar vehículos en la vía pública.

Durante la discusión, el diputado de Morena. Pedro Haces subrayó que el objetivo no es criminalizar a quienes ejercen esta actividad, sino “abrirles las puertas a nuevas oportunidades”. Señaló que la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo trabajará con los franeleros y sus organizaciones para construir empleos dignos.

Entre 2019 y 2024, las remisiones por estas conductas crecieron más del 80%. La estrategia del gobierno contempla además campañas con automovilistas y vecinos para erradicar esta práctica.

El congresista Jesús Sesma Suárez del PVEM manifestó su apoyo, al señalar que con esta reforma se da “un paso decisivo” para recuperar el espacio público, ya que la apropiación de calles vulnera derechos como el libre tránsito y la movilidad segura.

Por su parte, la diputada Xóchitl Bravo Espinosa expuso que la finalidad del dictamen es regular el uso del espacio público para evitar violencia o abusos. Añadió que se impulsarán políticas públicas para ofrecer alternativas de empleo y autoempleo a las familias que dependen de esta práctica.

El legislador de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres González reconoció que el tema ha sido mal manejado y que ello ha afectado la economía capitalina. Consideró que esta reforma permitirá generar oportunidades laborales para quienes realizan esta actividad informal.

La congresista Nora Arias Contreras sostuvo que la medida responde a prácticas de riesgo directo para la ciudadanía, como la obstrucción de pasos peatonales, bloqueos de accesos de emergencia o invasión de áreas de tránsito seguro.

Finalmente, el diputado Alberto Martínez Urincho subrayó que tanto la Constitución federal como la local garantizan el derecho colectivo al espacio público, y que las autoridades están obligadas a crearlo, ampliarlo, cuidarlo y defenderlo.

En un lapso de apenas un mes (de mayo a junio de 2025), Pemex registró ante autoridades aduanales la salida a Cuba de 39 embarques de hidrocarburos con valor superior a los 850 millones de dólares, que equivale a alrededor de 16 mil millones de pesos.

Ese monto es cercano al valor del petróleo que Pemex reportó haber enviado a la isla en los dos años previos: 1,000 millones de dólares de julio de 2023 a septiembre de 2024.

Los registros de plataformas de comercio exterior, como Veritrade, muestran que entre el 29 de mayo y el 27 de junio de 2025 se registró ante aduanas el envío a Cuba de 10 millones 230 barriles de petróleo crudo y 132.5 millones de litros de productos identificados como turbosina, aceite diésel y gasolina regular. Estas operaciones se realizaron a través de Gasolinas del Bienestar SA de CV, filial de Pemex creada para exportar hidrocarburos a la isla.

Los cargamentos de petróleo a Cuba continuaron en julio de 2025, según consta en rastreos de seguimiento satelital consultados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Además, un registro satelital muestra que este lunes 11 de agosto el barco petrolero Sandino, de bandera cubana, permanecía anclado frente a la terminal marítima que Pemex tiene en la Laguna de Pajaritos, en Coatzacoalcos, desde donde se cargan los embarques de petróleo y sus derivados. El buque había zarpado del puerto de La Habana el pasado 27 de junio.

ORIGEN DE LA PUBLICACIÓN: https://contralacorrupcion.mx/pemex-incrementa-envio-de-combustible-subsidiado-a-cuba/

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS/MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD.

Debido a que ya se va, el magistrado Edgar Humberto Muñoz Grajales no quiso esperar a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atraer el caso y dar carpetazo. De esa manera, un tribunal colegiado rechazó por mayoría los amparos interpuestos por el periódico Vanguardia y aprobar el embargo de bienes por un supuesto adeudo mercantil.

De acuerdo con el medio de comunicación, el embargo favorece a los intereses del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, quien hasta ahora no se ha pronunciado.

Sin embargo Muñoz Grajales señaló que fue un crédito tramitado para una remodelación y García de la Fuente complementó que también fue para una reestructura “que sí se hizo” y que no se trata de una institución bancaria y se entregó un certificado de la liberación de los recursos, pero Treviño de la Garza reiteró su postura de que sí se están violando los derechos de los promoventes del amparo.

“Me llama la atención que la parte quejosa señala que la Sala Civil tuvo que presumir cuándo se entregó, según esto, cómo se dispuso de las cantidades que fue el 7 u 8 de diciembre de 1994, pero se tenía que dar el aviso por parte del banco. No bastaba la inscripción en el Registro Público de la escritura pública; ése era un requisito, pero había otro independiente conforme al clausulado del contrato y que era el aviso y este aviso se está presumiendo, no está demostrado, y por ello es que reitero que con hay una ejecutividad por parte del título ni en sus anexos, los cuales tienen contradicciones en cuanto a fecha de disposición y otros que se manejen por concepto de violación”.

El viernes 15, el periódico Vanguardia señaló en su ejemplar impreso y espacios digitales insiste que el caso fue fabricado para favorecer a Moreira Valdés.

“Hoy en Vanguardia atravesamos por uno de esos momentos en los cuales el ejercicio del periodismo crítico pasa factura. Un tribunal federal, colocado de espadas al ideal de justicia que debiera animar su actividad, pero comprometido con los intereses personales de un exgobernador de Coahuila, dictó en nuestra contra la sentencia de última instancia, en un caso mercantil construido de forma artificial con el único propósito de golpearnos económicamente y, de forma ulterior, silenciarnos”.

También reitera que fue una sesión vergonzante para el sistema judicial, porque se avaló un criterio deformado para construir la demanda mercantil y en eso participó el Poder Judicial de Coahuila. La derrota judicial los lleva a perder bienes materiales, pero no el compromiso de hacer periodismo, publicó el diario en su postura.

El cambio en la política de seguridad de Donald Trump frente a su vecino del sur fue evidente desde el día que tomó posesión por segunda vez como presidente de Estados Unidos. Ese 20 de enero último el republicano firmó una avalancha de órdenes ejecutivas entre las cuales destacaba la que declaró un estado “de emergencia nacional” en la frontera con México. Eso implicó el envío masivo de tropas a la franja limítrofe.

En los cinco meses que han pasado desde entonces el Pentágono cuadruplicó el número de militares emplazados para custodiar la línea divisoria binacional, que hoy llegan a 10 mil y cuentan con equipo de combate y vigilancia transfronteriza como helicópteros Black Hawk, drones espía Predator B y unos 100 vehículos Stryker todoterreno que fueron usados en las guerras en Irak y Afganistán.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ofreció 10 millones de dólares de recompensa por información que lleve a la captura y condena de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

En su cuenta oficial de X, la dependencia de seguridad estadunidense ofreció ayer esa medida y advirtió sobre su “peligrosidad”, pese a su mirada “ardiente” o “intensa”.

Antes de dejar sus puestos en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), para asumir funciones en el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), magistrados electos intentaron mantener en sus puestos a 87 juzgadores federales, aunque en un juzgado o tribunal diferente, a pesar de que entre ellos estaban candidatas y candidatos que participaron en la pasada elección judicial y que perdieron al no obtener los votos suficientes de la ciudadanía. 

La intención de mantener a estos juzgadores dentro del llamado “nuevo” Poder Judicial de la Federación (PJF) provino de la Comisión de Adscripción que está conformada por la consejera Celia Maya -quien presidirá el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, órgano que sustituirá en parte de sus funciones al CJF- y el consejero Bernardo Bátiz -quien preside actualmente la Comisión y resultó electo también como magistrado del TDJ-; así como el consejero Sergio Molina, quien compitió para ser ministro de la Corte y perdió. 

Lo anterior ocurrió incluso pasando por alto lo estipulado en los artículos segundo y décimo transitorios del decreto de reforma judicial, publicado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que estableció en la Constitución que las personas juzgadoras que actualmente desempeñan un cargo serían sustituidas por las personas que resultaran electas, tomando protesta de su cargo ante el Senado el 1 de septiembre de 2025.

La semana pasada, la Comisión de Adscripción presentó ante el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) -órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los juzgados y tribunales federales del país que desaparecerá producto de la reforma judicial- una propuesta cuyo objetivo era analizar los perfiles de 87 personas juzgadoras para adscribirlas a diversos órganos jurisdiccionales del país.

Como segundo problema grave, la consejera acusó un “trato desigual entre los solicitantes”, pues las propuestas no incluían, por ejemplo, a todas las personas juzgadoras que solicitaron permanecer hasta 2027 incluso por situaciones extremas, solicitudes que en su momento fueron rechazadas. 

Aunque la consejera no puso en duda a las personas que aparecieron en la lista, señaló que la selección se realizó a partir de nombres solicitados por una integrante de la Comisión a consejeros afines a la propuesta. 

Como tercer y último problema, la consejera señaló que se pretendía tomar una decisión “sin convicción y consenso”, pues al no existir un dictamen técnico ni acuerdo sobre la situación se generó una “situación de inoperancia del voto”. 

En estos casos, lo usual es retirar el asunto para estudiarlo posteriormente, pero al rechazarse esta petición, señalando que “el conocimiento personal de las 87 personas juzgadoras era suficiente para proceder”, la votación quedó en vilo. 

“La lista de personas beneficiadas con el cambio fue mostrada únicamente a quienes votarían a favor, a las restantes consejeras no se nos informó sobre la situación particular de cada juez y/o magistrada, lo que derivó que en la votación final no se alcanzara la mayoría calificada que requiere de cinco votos a favor, pues la votación cerró con 4 votos a favor y 3 en contra”. 

Luego de la resolución del Pleno del CJF, el periódico La Jornada entrevistó a la consejera Maya que aseguró que la mayoría calificada no se alcanzó “no porque se considerara una mala idea, lo que pasó es que unos pensaron que no se puede hacer la designación porque la reforma es tajante y dice que los que pierden se retiran. Yo creo que no es así”.

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja para detener a Zhi Dong Zhang, presunto narcotraficante de origen chino que operaba con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Dong Zhang fue detenido en octubre de 2024, pero se fugó de prisión domiciliaria el pasado 11 de julio de este año en la Ciudad de México. Está acusado por tráfico de drogas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Publica Ciudadana (SSPC), es señalado por autoridades estadounidenses por tener alianzas con otras organizaciones delictivas como el Cártel de Sinaloa.

En su segundo periodo como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y en menos de un año, ya recibió a 50 líderes criminales de alto perfil y ha impuesto sanciones contra integrantes y redes financieras de al menos cuatro organizaciones criminales.

La ofensiva combina la designación de cárteles como organizaciones terroristas, la oferta de recompensas millonarias y la inmovilización de activos.

El pasado 12 de agosto, México entregó a 26 presuntos líderes criminales a Estados Unidos, por motivos de seguridad nacional, entre los nombres de las personas entregadas al Departamento de Justicia de EU, destacan Abigael González Valencia, líder del grupo criminal conocido como “Los Cuinis”; Servando Gómez, “La Tuta”, los exlíderes de “Los Caballeros Templarios”; Kevin Gil Acosta y Martín Zazueta Pérez, importantes miembros del equipo de seguridad de “Los Chapitos”; y Juan Carlos Félix Gastelum, también conocido como “El Chavo Félix”, yerno de Ismael “El Mayo” Zambada, entre otros.

En exigencia al gobierno y para que hayan condiciones de seguridad, organizaciones civiles y empresariales lanzaron una convocatoria para una marcha el domingo 7 de septiembre en la capital de Sinaloa, afectada desde hace casi un año por la violencia provocada por el choque de facciones rivales del crimen organizado.

En rueda de prensa, el chef y activista Miguel Taniyama mencionó que este tipo de manifestaciones son urgentes y sirven para visibilizar la crisis de inseguridad que se vive en la ciudad y que ha costado el cierre de negocios y pérdidas de empleos en la ciudad.

El gobierno del estado de Jalisco reconoció por primera ocasión su “responsabilidad institucional en la violación de los derechos humanos de víctimas directas e indirectas de las desapariciones”, en específico por un caso de desaparición en el que hay 4 víctimas involucradas ocurrido hace 15 años, el 30 de septiembre de 2010. 

El reconocimiento se realizó en cumplimiento de la recomendación 167/2023 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que acreditó violaciones al derecho a la justicia, a la verdad, y a la integridad personal, atribuibles a servidores públicos de los estados de Jalisco y Zacatecas, ya que las víctimas desaparecieron en las fronteras estatales de estos estados.

En menos de 48 horas, las fuerzas federales y estatales tomaron el control de la seguridad pública del municipio de Putla Villa de Guerrero y detuvieron a cuatro policías y asegurar armas irregulares en la comandancia, informó la Fiscalía General de Oaxaca. 

En conjunto con las secretarías de la Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Agencia Estatal de Investigaciones, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y el Centro de Control, Comando y Comunicación (C4), implementaron la Operación Sable en Putla Villa de Guerrero, donde tomaron el control de la seguridad de dicho municipio.