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Detienen a Isidro Pastor, exlíder del PRI en el Edomex

El exdirigente del PRI y excandidato independiente a la gubernatura del Estado de México, Isidro Pastor, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad en Toluca.

Isidro Pastor Medrano, exlíder del PRI en el Estado de México y exaspirante a gobernador, fue detenido este viernes por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se le investiga por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), la aprehensión se realizó alrededor de las 12:50 horas, mientras conducía su vehículo en la colonia Nueva Santa María, en la zona colindante de Toluca y el municipio de Metepec, Edomex.

Tras su detención, fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez.

Las autoridades federales le imputan delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, específicamente por la supuesta compra de una casa en 2013 con un valor de alrededor de 40 millones de pesos.

¿Quién es Isidro Pastor Medrano, exlíder priista detenido en Edomex?

Pastor Medrano nació en Atlacomulco, Estado de México, y tiene una larga trayectoria política en el PRI: fue diputado local en 2005 durante la administración de Arturo Montiel Rojas y también dirigió el partido a nivel local.

Sin embargo, en 2005 fue expulsado del tricolor tras un conflicto interno que estalló cuando la dirigencia estatal lo acusó de promover una consulta entre las bases para elegir al próximo aspirante priista a la gubernatura, una iniciativa que fue interpretada como un desafío directo a la línea oficial del partido.

Más tarde, se unió al gabinete del gobernador Eruviel Ávila, donde ocupó cargos como secretario de Desarrollo Metropolitano y secretario de Movilidad.

En 2017 decidió lanzarse como candidato independiente a la gubernatura del Estado de México y reunió más de 413 mil firmas, superando el mínimo requerido por el Instituto Electoral del Estado de México IEEM.

Sin embargo, se le acusó de presentar documentación falsa para su registro y el Tribunal Electoral del Estado de México revocó su candidatura.

Después de un tiempo fuera del ámbito político, en 2020 el Partido Encuentro Solidario (PES) lo eligió como su dirigente en el Estado de México, hasta la desaparición de la agrupación política en el año 2021.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Javier Duarte se queda en prisión; caso de desaparición forzada frena su salida

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue sentenciado a 9 años de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa; sin embargo, a cinco meses de cumplir su condena, solicitó el beneficio de la libertad anticipada que este viernes le fue negada.

Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, se quedará en prisión, debido a que tiene un proceso penal abierto por el delito de desaparición forzada en Veracruz.

“El señor Duarte no colma este requisito, pues el sobreseimiento —cancelación— del proceso penal abierto en su contra por desaparición forzada no se encuentra firme, debido a que la Fiscalía de Veracruz hizo una apelación”, dijo la jueza federal.

El exgobernador también se quedará en prisión debido a que su defensa no logró acreditar que haya cumplido con el plan de actividades del Reclusorio Norte, relacionado con actividades recreativas, deportivas, culturales y educativas.

“La defensa no aportó medio de prueba que acredite que todas y cada una de las actividades deportivas, culturales y educativas se cumplieron”, agregó.

De esta forma, la jueza federal Angela Zamorano Herrera determinó que Duarte no cumplió con dos de los siete requisitos establecidos en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que seguirá pagando su condena de nueve años por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, impuesta en su contra desde el 26 de septiembre de 2018 y la cual concluirá en abril de 2026.
¿Cómo tomó Duarte la noticia?

Vistiendo una camisa blanca de mangas cortas, un chaleco color beige y lentes, Javier Duarte escuchó con calma toda la resolución inicial de la jueza con la cabeza hacia abajo, manteniendo en todo el tiempo los dedos de las manos entrelazados.

Y es que al inicio de la audiencia, la jueza federal había asegurado que “tomando una decisión libre y lógica se puede verificar que cada una de las exigencias de la Ley Nacional de Ejecución Penal se encuentran colmadas”. 

Sin embargo, al escuchar que no saldría de prisión, el exgobernador acomodó sus cosas, cerró una pluma que tenía a la mano y volteó a ver fijamente a su equipo legal.

Al salir de la audiencia, el abogado Pablo Campuzano, abogado defensor de Javier Duarte, aseguró que el caso por desaparición forzada había sido cancelado por tortura, por lo que apelarán la resolución de no darle el beneficio de libertad anticipada.


FGR falló en acreditar otros requisitos contra exgobernador

Durante la audiencia, también destacó la ausencia del fiscal, Manuel Granados Quiroz, titular de la Fiscalía de Asuntos Relevantes de la FGR, quien solo mandó a un agente del Ministerio Público de la federación.

Al agente le tocó escuchar a la jueza decir que la FGR no aportó ningún ninguna prueba que mostrara que la salida del exgobernador “represente un riesgo real para ninguna víctima y la sociedad“.

Además, la jueza señaló que ni la FGR ni la Fiscalía de Veracruz han logrado que se le dicte una sentencia condenatoria firme por ningún otro caso.

Las audiencias de Duarte

Durante tres audiencias, tanto la FGR como la defensa legal del exmandatario estatal presentaron pruebas y testigos para argumentar a favor y en contra de Duarte. 

En estas audiencias la FGR argumentó que, entre los años 2019 y 2020, Duarte fue sancionado por haber introducido algunos “objetos ilegales” a la prisión, además de tener otro procedimiento penal por una supuesta desaparición forzada. 

Sin embargo, el argumento de la defensa se ha centrado en el hecho de que si bien las sanciones sí existieron, estas ya cumplieron cinco años, por lo que al no haber reincidido en alguna otra mala conducta, el exgobernador podría solicitar el beneficio de la libertad anticipada.

La defensa también  argumentó que el delito por el cual se le persiguió no fue por desaparición forzada, sino por haber “entorpecido las investigaciones”, lo cual no amerita figura de prisión preventiva oficiosa y, por tanto, podría salir. 

En la última audiencia el debate subió de tono cuando el propio exmandatario estatal tomó la palabra para acusar a la FGR de querer montar un “circo mediático” con su caso.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.

Gobierno de Colima embarga predio al exgobernador Mario Anguiano

El gobierno embargó la propiedad como cobro parcial de un crédito fiscal por una multa de 515 millones de pesos que le había impuesto el Congreso local desde 2018 y que hasta la fecha no ha pagado.

El gobierno del estado embargó un predio al exgobernador Mario Anguiano Moreno, como cobro parcial de un crédito fiscal por una multa de 515 millones de pesos que le había impuesto el Congreso local desde 2018 y que hasta la fecha no ha pagado. 

Mediante un comunicado, el gobierno estatal informó que el inmueble en cuestión es un predio en la comunidad de Tinajas, en el municipio de Colima, y el valor adjudicado fue de 3 millones 393 mil pesos, correspondiente al 60 por ciento del avalúo.

Hace siete años, la LX Legislatura del Congreso del Estado de Colima determinó multar a Anguiano Moreno, e inhabilitarlo para ocupar puestos públicos durante 14 años, tras el proceso de revisión excepcional al Poder Ejecutivo relacionado con empréstitos autorizados en el Decreto 565 del 21 de septiembre de 2015. 
“Las sanciones a Anguiano Moreno —quien gobernó de 2009 a 2015— son por haber presentado información falsa al Congreso local en su iniciativa del 10 de septiembre de 2015, en la que solicitó reconocimiento de deuda, por haber adquirido deuda pública para sufragar necesidades temporales del gasto corriente”, señaló en su momento el Congreso. 
La actual administración estatal informó que fue notificada por el Legislativo local de que la multa estaba en firme después de que fueran desechados diversos recursos judiciales interpuestos ante diversos tribunales por el exgobernador.

“Ante ello, la Dirección de Recaudación, parte de la Dirección General de Ingresos de Seplafina, dio curso legal a todo un proceso en donde se notificó al exservidor público en cuestión y, desde 2022 comenzó la búsqueda bienes a su nombre que pudieran ser sujetos de embargo”. 

Posteriormente, añadió, “se hicieron las acciones legales correspondientes y con el bien encontrado a nombre del involucrado se procedió a su embargo y posterior adjudicación, en irrestricto respeto a la normativa vigente”. 

El gobierno estatal se manifestó “en contra de la corrupción y la impunidad, a favor del manejo adecuado de los recursos públicos y de que se proceda conforme a derecho ante quienes hacen mal uso del erario”. 

Por su parte, el exgobernador Anguiano Moreno declaró este día que después de tres auditorías realizadas a su administración al concluir su sexenio el Congreso le notificó que no había encontrado ninguna irregularidad. 

En entrevista radiofónica con el periodista Max Cortés, el exmandatario comentó que posteriormente fue realizada otra auditoría sobre un crédito de 638 millones de pesos por el que se aprobó la sanción mediante el Decreto 613. 

Aceptó que durante las últimas semanas de su gobierno solicitó el crédito y fue autorizado por el Congreso, pero los recursos no fueron manejados por él ni sus colaboradores, porque el contrato por el crédito con el banco Interacciones fue suscrito hasta el 16 de diciembre de 2015, mes y medio después de que concluyó su gobierno. 

Además, indicó que el propio Congreso reconoció que no se acreditó que haya existido sustracción de recursos en beneficio de él o de terceras personas, sino que en algunos rubros hubo aplicaciones para fines distintos al autorizado, que fue pagar la nómina.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.

“No hay ningún argumento”: Sheinbaum rechaza violación al T-MEC en tema eléctrico

“No hay ningún argumento más que ideológico o político relacionado con los supuestos problemas del tratado con electricidad, no lo existe”, dijo la presidenta.

Con el avance de las consultas por las quejas de algunas empresas estadunidenses, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en el sector eléctrico no están en duda las reformas en la materia aprobadas, porque los intereses de esos privados son ideológicos o políticos. 

“No hay ningún argumento más que ideológico o político relacionado con los supuestos problemas del tratado con electricidad, no lo existe”, dijo.

Ante el señalamiento de que en México la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se convirtió en un monopolio a partir del sexenio anterior y que eso podría derivar en un panel internacional por violar el T-MEC, la mandataria federal respondió:  

“Salió en las conversaciones con Estados Unidos, pero no ha sido un tema, es más mucha gente alrededor, incluso congresistas y otros, empresas que lo han planteado. No se viola el tratado, para empezar”. 

En segundo lugar, dijo la mandataria federal, “son decisiones soberanas del pueblo de México. No está a discusión cambiar lo que se aprobó”. 

Habló del nuevo esquema que maneja la Secretaría de Energía que, con la Comisión Federal de Electricidad, es distinto para la iniciativa privada que busque invertir en el sector. 

“Había muchos permisos (...) y CFE decía ‘sí pero no tengo capacidad de conexión a las redes de transmisión’ y no podía dar permiso. La queja es por qué no se tenía esa capacidad de conexión”. 

En ese escenario, la Secretaría de Energía “empezó a decir dónde necesitaba… Dónde necesita el país, el sistema eléctrico nacional”, así como otras características para evitar problemas técnicos. 

“Se hizo concurso y se dijo a ver, ¿quieres participar en el sistema eléctrico nacional como empresa privada?, el país necesita que inviertas aquí y ahí sí te puedo dar el permiso porque hay conectividad con la red de transmisión, lo hicieron y creo que la mitad más o menos participaron”. 

Añadió: “Ya no es a ver dónde quiero, cómo quiero y el pleito de los permisos. Es qué necesita el país (...)  y entonces sí entrarle a participar en este esquema”. 

Por lo tanto, es ya “una dinámica completamente distinta y lo ha tomado bien quienes quieren invertir en el país”. 

La autoridad federal también avanza, aseguró, en poner en orden y apegar a las nuevas leyes a quienes tenían sistemas de autoabasto de energía eléctrica.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.

Crisis en Atzitzintla: mueren seis personas en balacera, amenazan al alcalde y renuncian 20 policías

El 18 de noviembre se registró un enfrentamiento entre un grupo llamado Autodefensas Pueblos Unidos de la Región, que estaría ligado a bandas locales encabezadas por integrantes de la Operativa la Barredora del CJNG, en el que murieron seis personas

Luego de una balacera en la que murieron seis personas y de que el alcalde de Atzitzintla, Eduardo Velázquez Medina, fue amenazado por la Operativa Barredora del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), 20 elementos de la policía municipal de esa localidad, ubicada en los límites con Veracruz, renunciaron a sus cargos.

Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad en el Estado, confirmó que el edil pidió la intervención del gobierno estatal ante la crisis de seguridad que vive ese municipio.

Informó que fueron enviados 15 elementos de la policía estatal para hacerse cargo de la vigilancia y además le brindaron seguridad al alcalde. 

De acuerdo con reportes de la prensa local, el 18 de noviembre se registró un enfrentamiento entre un grupo llamado Autodefensas Pueblos Unidos de la Región, que estaría ligado a bandas locales encabezadas por “el Bukanas” y “la Marrana”, e integrantes de la Operativa la Barredora del CJNG. 

La persecución y balacera entre ambos grupos se extendió desde la localidad Paso Carretas, de Atzitzintla hasta el municipio de Mariano Escobedo, en el estado de Veracruz, con saldo de al menos seis muertos, todos pertenecientes al grupo delincuencial que se hace pasar como autodefensa. 

Luego de esto, la Barredora emitió un comunicado escrito en el que se adjudicó este enfrentamiento y acusó que ese grupo delincuencial abatido respondía a las órdenes del alcalde y cometía al menos siete robos diarios de transporte de carga en esa región. 

Cabe señalar que esa zona, en los límites de Puebla y Veracruz, es considerada una de las más peligrosas para los transportistas, pues es cercana a la autopista Puebla-Orizaba y a la zona de Esperanza, Río Blanco y Las Cumbres de Maltrata, donde diariamente se reportan asaltos. 

El Ayuntamiento de Atzitzintla emitió un comunicado en el cual el alcalde, quien fue postulado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), rechazó las acusaciones en su contra. 

“De igual manera, el Presidente Municipal Constitucional, C. Eduardo Velázquez Medina, aclara de manera firme que no tiene, ni ha tenido, ningún vínculo o relación con grupos delictivos, cualquier contenido que intente involucrarlo con actividades delictivas es totalmente falso, irresponsable y de carácter amarillista, promovido por adversarios políticos que buscan confundir y dividir”. 

Hieren con arma blanca a alcalde Tianguismanalco

De igual forma, la Secretaría de Seguridad del Estado se hizo cargo de la vigilancia del municipio de Tianguismanalco, luego de que el alcalde Juan Pérez Moral, fue atacado con arma punzocortante la tarde del jueves 20 de noviembre. 

Sánchez González dijo que el edil se reporta como estable en un hospital de Puebla capital, luego de que un sujeto, que fue detenido, le causara una herida en el cuello. 

Hasta ahora no hay información oficial sobre las causas de este ataque, aunque existen versiones de que el motivo fue político. 

Además de Atzitzintla y Tianguismanalco, el gobierno estatal también se tuvo que hacer cargo de la seguridad del municipio de Huixcolotla, luego de que tres policías municipales de esa localidad fueron asesinados igual por el grupo llamado La Barredora del CJNG.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Exigen atención específica para defensores y periodistas ante violencia en Michoacán

Organizaciones civiles y de derechos humanos señalaron que las estrategias del gobierno federal para combatir la violencia en Michoacán deben reconocer y atender a los defensores y periodistas en la entidad «como poblaciones con necesidades específicas de protección, dada la gravedad y naturaleza de los ataques que enfrentan, así como su rol fundamental en la defensa de derechos, la información pública y la construcción de paz».

En un comunicado, las organizaciones que integran el Espacio OSC enfatizaron que los defensores del medio ambiente y del territorio, así como las periodistas que cubren temas relacionados con política y seguridad, son quienes enfrentan «los mayores niveles de riesgo en Michoacán», los cuales se agravan por las disputas territoriales entre grupos del crimen organizado, «frecuentemente coludidos con actores estatales o municipales».

«La violencia afecta de manera diferenciada y desproporcionada a pueblos y comunidades indígenas, así como a mujeres, cuyos territorios, formas de organización y procesos colectivos se ven amenazados por intereses económicos, criminales y políticos», agregaron. Tan sólo en 2024, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) documentó 16 agresiones en Michoacán contra defensores del medio ambiente.

Las organizaciones manifestaron su «profunda preocupación» frente a las formas de violencia que enfrentan los defensores y periodistas en la entidad, donde al menos nueve defensores fueron asesinados de 2016 a 2025 y ocho periodistas ultimados de 2006 al presente año. Además de asesinatos, precisaron que el entorno de agresiones a los que se enfrentan los defensores y periodistas incluye desplazamiento forzado, ataques físicos, amenazas, hostigamiento, violencia digital y violencia de género.

De acuerdo con el Espacio OSC, los recientes asesinatos del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y del comerciante Bernardo Bravo evidencian «la gravedad de la crisis de violencia que enfrentan múltiples comunidades en Michoacán», la cual «ha sido denunciada durante años».

Frente a la violencia, se pronunciaron por que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que anunció el gobierno federal, y que ha sido criticado por las comunidades indígenas del estado como «discriminatorio, unilateral y engañoso», atienda a los defensores y periodistas como poblaciones con necesidades específicas de protección, para lo cual «es indispensable» fortalecer la coordinación y diálogo entre el gobierno estatal y federal, particularmente a través del Mecanismo Federal de Protección, y avanzar hacia una ruta integral de prevención, fortalecimiento institucional y presencia territorial, construido en conjunto con la sociedad civil.

Finalmente, el Espacio OSC urgió a la Fiscalía de Michoacán y al Poder Judicial a que establezcan un plan de investigación y judicialización de delitos contra defensores y periodistas, «garantizando verdad, justicia y reparación», así como exigió la instalación de un diálogo permanente entre las autoridades federales y las estatales con los defensores y periodistas, con el fin de monitorear las acciones de protección y robustecer las medidas de prevención, entre otras medidas.

COMUNICADO:

Las organizaciones que integramos el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC) expresamos nuestra profunda preocupación ante la persistente violencia que enfrentan personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, así como periodistas en el estado de Michoacán. Entre 2016 y 2025, al menos nueve personas defensoras han sido asesinadas —una contaba con medidas del Mecanismo Federal de Protección y dos con medidas de la Fiscalía estatal—. Asimismo, entre 2006 y 2025 se han registrado ocho periodistas asesinados, tres de ellos ocurridos entre 2022 y la fecha, en presunta relación con su labor informativa. A ello se suma un entorno de agresiones que comprende desplazamiento forzado, ataques físicos, amenazas, hostigamiento, violencia digital y violencia de género.

Las personas defensoras del medio ambiente y del territorio, así como las periodistas que cubren temas relacionados con política y seguridad, enfrentan los mayores niveles de riesgo en Michoacán. Este riesgo se agrava por las disputas territoriales entre grupos del crimen organizado, frecuentemente coludidos con actores estatales o municipales. La violencia afecta de manera diferenciada y desproporcionada a pueblos y comunidades indígenas, así como a mujeres, cuyos territorios, formas de organización y procesos colectivos se ven amenazados por intereses económicos, criminales y políticos.

En 2024, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) documentó 16 agresiones en Michoacán contra personas defensoras del medio ambiente. A ello se suman los ataques ocurridos recientemente el 6 de noviembre en el municipio de Madero, dirigidos contra personas defensoras ambientales, que reflejan la gravedad de la situación y la necesidad urgente de acciones efectivas de protección.

En cuanto a mujeres periodistas, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) ha documentado al menos 78 agresiones entre 2023 y 2025, destacando bloqueo informativo, uso desproporcionado de la fuerza pública, intimidación, amenazas, detenciones arbitrarias y campañas de desprestigio. Las principales personas agresoras han sido funcionarios estatales de la Secretaría de Seguridad Pública y autoridades municipales.

Los recientes asesinatos del alcalde Carlos Manzo y del comerciante Bernardo Bravo evidencian la gravedad de la crisis de violencia que enfrentan múltiples comunidades en Michoacán, una situación que ha sido denunciada durante años. A estos hechos se suman nuevas agresiones: Article 19 documentó tres ataques adicionales contra periodistas en Uruapan y Morelia entre el 1 y el 3 de noviembre de 2025, que incluyen hostigamiento digital y actos de censura que vulneran la libertad de expresión y el derecho a la información.

En este contexto, Michoacán es además la tercera entidad federativa con el mayor número de personas defensoras y periodistas en situación de riesgo que cuentan con medidas de protección del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Actualmente, 158 personas están incorporadas: 75 mujeres, 124 personas defensoras y 34 periodistas.

Ante este panorama de violencia, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia anunciado por el gobierno federal en cabeza de la Presidenta Claudia Sheinbaum debe reconocer y atender a personas defensoras de derechos humanos y periodistas como poblaciones con necesidades específicas de protección, dada la gravedad y naturaleza de los ataques que enfrentan, así como su rol fundamental en la defensa de derechos, la información pública y la construcción de paz.

Para eso es indispensable fortalecer la coordinación y diálogo entre el gobierno estatal y federal, particularmente a través del Mecanismo Federal de Protección, y avanzar hacia una ruta integral de prevención, fortalecimiento institucional y presencia territorial, construido en conjunto con la sociedad civil, que permita respuestas oportunas y efectivas ante situaciones de riesgo.

Asimismo, es urgente que la Fiscalía Estatal y el Poder Judicial establezcan un plan de investigación y judicialización de delitos contra personas defensoras y periodistas, garantizando verdad, justicia y reparación.

Finalmente, exigimos la instalación de un diálogo permanente entre las autoridades federales —particularmente de la Secretaría de Gobernación— y las autoridades estatales, así como con personas defensoras y periodistas. Este espacio debe permitir el monitoreo de las acciones emprendidas, fortalecer la capacidad de reacción ante situaciones de riesgo, garantizar transparencia y robustecer las medidas de prevención y protección para quienes trabajan cada día por la justicia, la verdad y los derechos humanos en Michoacán.

Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC). Las organizaciones que integran el Espacio OSC: ARTICLE 19 México y Centroamérica; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca); Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y todes (RedTDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales  (PRODESC). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Alertan criminalización en Eloxochitlán previo a elecciones

El Observatorio Memoria y Libertad advirtió que las declaraciones del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, al señalar a Eloxochitlán de Flores Magón como “punto rojo” antes de las elecciones municipales del 23 de noviembre de 2025, colocan en riesgo a la comunidad y a sus defensores. La organización explicó qué ocurre, quiénes están involucrados, por qué se generó esta alerta, dónde se concentra el riesgo, cuándo se agravó la situación y cuál es la afectación directa para defensoras y defensores del territorio.

El observatorio señaló que ha documentado, mediante entrevistas comunitarias y revisión de expedientes judiciales, que el gobierno estatal actuó en colusión con el grupo caciquil encabezado por la diputada morenista Elisa Zepeda. Indicó que esta alianza utilizó el proceso municipal de 2014 para fabricar delitos en contra de integrantes de la comunidad, lo que mantiene un clima de criminalización que ahora se actualiza con las declaraciones del gobernador.

La organización denunció la obstrucción y la dilación judicial persistentes en el Juzgado Mixto de Huautla, donde un proceso penal de once años continúa sin resolverse. Reportó que Elisa Zepeda volvió a ausentarse en la presentación de pruebas y que este patrón de inasistencias ha frenado el proceso durante tres años. Señaló además que el juez Constantino Santiago Agustín ha permitido esta dilación y que su actuación deriva en hostigamiento jurídico y violaciones graves a los derechos humanos.

El observatorio resaltó el impacto de estas acciones en cinco defensores de Eloxochitlán sometidos a prisión preventiva prolongada e ilegal, con estancias que alcanzaron entre seis y nueve años. Informó que estas violaciones formarán parte del Primer Informe de Observación, previsto para el 29 de noviembre en la comunidad, y exigió el fin inmediato de la criminalización, así como justicia y respeto al derecho de libre determinación y autonomía de Eloxochitlán.

COMUNICADO:

Observatorio Advierte Riesgos para Defensores y Defensoras de Eloxochitlán

Desde el Observatorio Memoria y Libertad, expresamos nuestra profunda preocupación por las declaraciones públicas del Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, que declara a Eloxochitlán de Flores Magón como un «PUNTO ROJO», previo a las elecciones municipales a realizarse el próximo 23 de noviembre del 2025.

Desde este Observatorio hemos documentado y comprobado a través de entrevistas con la comunidad, a través de la revisión de expedientes judiciales, y otras puebras, que, el Gobierno de Oaxaca en colusión con el grupo caciquil de la diputada morenista Elisa Zepeda; utilizaron el proceso de elección municipal en 2014 para fabricar delitos en contra de la comunidad. 

Alertamos que las declaraciones del Gobernador, generan un nuevo clima de criminalización y estigmatización en contra de la comunidad. Por lo cual, hacemos un llamado urgente a que organismos de derechos humanos nacionales e internacionales se mantengan en alerta ante esta amenaza en contra de defensores y defensoras de Eloxochitlán.

De igual forma, denunciamos la persistente y dolosa obstrucción y dilación a la justicia que padece la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón. Esta dilación judicial es una violación a los derechos humanos, destinada a mantener paralizada a la comunidad y silenciar la defensa de su autonomía y el Río Xangá Ndá Ge.

Obstrucción y Dilación Sistemática en el Juzgado Mixto de Huautla

El pasado 18 de noviembre de 2025, en el Juzgado Mixto de Huautla, se evidenció una vez más la dilación sistemática del proceso penal que se ha extendido ya por once años.

La diputada del congreso local por Morena, Elisa Zepeda Lagunas, quien es la denunciante en los procesos y forma parte del grupo caciquil local, volvió a ausentarse en la presentación de supuestas pruebas. 

Esta ausencia se suma a un patrón de inasistencias que, durante tres años, ha dilatado de forma dolosa el proceso judicial, lo cual es funcional a la estrategia de criminalización política contra los defensores.

El Juez del Juzgado Mixto de Huautla, Constantino Santiago Agustín, ha permitido esta dilación, abusando del derecho y de los derechos jurídicos de las personas. Este juzgado es responsable de graves violaciones a los derechos humanos, hostigamiento jurídico y utilización del sistema judicial con fines de persecución.

Impacto en las Víctimas: Prisión Preventiva Prolongada e Ilegal

Esta dilación sistemática es una táctica que ha contribuido a la tortura institucional continuada de los defensores del territorio de Eloxochitlán. Cinco de las víctimas directamente afectadas por esta obstrucción son:

• Alfredo Bolaños y Fernando Gavito, quienes fueron víctimas de la imposición dolosa e ilegal de prisión preventiva por 9 años.

• Jaime Betanzos y Herminio Monfil, quienes sufrieron 8 años y nueve meses de prisión preventiva sin sentencia.

• Francisco Durán, quien padeció seis años de prisión preventiva.

La imposición de la figura de la prisión preventiva de forma ilegal y arbitraria, superando el límite constitucional de dos años, es una Violación Grave a los Derechos Humanos y responsabilidad directa de los jueces a cargo del Juzgado Mixto de Huautla.

Próximos Pasos

Esta dilación es sistemática y forma parte de un conjunto de graves violaciones a derechos humanos que desde la Primera Misión de Observación a Eloxochitlán,  presentaremos en nuestro Primer Informe el próximo 29 de noviembre de 2025 en la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón.

¡Exigimos el cese inmediato de la criminalización y la justicia pronta y expedita para Eloxochitlán! 

! Respeto al derecho de Eloxochitlán a la libre determinación 

y autonomía!

Observatorio Memoria y Libertad

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 20 NOVIEMBRE 2025

Detienen a presunta célula delictiva en fraccionamiento al norte de Culiacán

El grupo armado está conformado por hombres de Michoacán, Jalisco, Baja California y Sinaloa y se presume que estaría ligado a un brazo armado al servicio de Los Chapitos.

Un grupo de 10 presuntos gatilleros fue arrestado esta mañana en un fraccionamiento al norte de la ciudad, que se presume sería una célula de los “Chimales”, brazo armado de la facción de los Chapitos, sin embargo, autoridades no han confirmado esta versión. 

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), fue una denuncia anónima que les alertó sobre la presencia de hombres armados en el sector Portalegre, al norte de Culiacán, por lo que se desplegó un operativo desde temprana hora, que incluyó el cierre de al menos dos vialidades de la zona y el despliegue de fuerzas federales en azoteas de casas aledañas.

El grupo de sujetos armados estaba conformado por 10 hombres originarios de Jalisco, Michoacán, Baja California y Sinaloa. 

El operativo conjunto entre el Ejército y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Estatal (agrupación conformada por elementos del Ejército) y la Guardia Nacional se dio durante esta mañana en el mencionado sector, logrando asegurar, además de la célula, equipo táctico y armas de grueso calibre junto a cargadores. 

De acuerdo con versiones extraoficiales este grupo sería parte de los Chimales, grupo armado formado por los hermanos Cannobio Inzunza de la facción de los Chapitos, que a la fecha mantienen una guerra contra los Mayos. 

Entre el armamento asegurado se encuentran nueve armas tipo fusil, una ametralladora, una pistola, mil 225 cartuchos útiles, 33 cargadores para arma larga, así como equipo táctico y ponchallantas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: AARÓN IBARRA.

Aseguran más de 2 mil litros de huachicol en Coatzacoalcos, Veracruz

Durante el operativo las autoridades también decomisaron siete cubitanques, dos contenedores adicionales, 27 bidones vacíos, tres cubetas y cuatro mangueras utilizadas para el trasiego del combustible.

La Fiscalía General de la República aseguró 2 mil 430 litros de hidrocarburo, 24 vehículos y un inmueble durante un cateo en Villa Allende, Coatzacoalcos al sur de Veracruz, como parte de una investigación por delitos relacionados con huachicol. 

La FGR informó que el operativo se realizó en un inmueble de Villa Allende, luego de que un juez federal autorizara la orden de cateo solicitada por el Ministerio Público. La diligencia forma parte de una carpeta de investigación sobre sustracción y manejo irregular de combustibles.

El personal ministerial también decomisó siete cubitanques, dos contenedores adicionales, 27 bidones vacíos, tres cubetas y cuatro mangueras utilizadas para el trasiego del combustible. 

Las autoridades indicaron que los materiales serán analizados para determinar la procedencia del hidrocarburo y su posible relación con actividades de extracción ilegal en la zona sur del estado. 

Durante la intervención, agentes de la Policía Federal Ministerial localizaron 24 vehículos, entre ellos tres tractocamiones, dos unidades tipo dolly, siete cajas secas, cuatro semirremolques tipo casa rodante y una motocicleta. Todas las unidades quedaron aseguradas como parte de la investigación. 

El personal ministerial también encontró siete unidades tipo caja seca que estaban calcinadas dentro del inmueble. Las marcas, números de serie y posibles reportes de robo serán verificados para establecer su origen. 

Los vehículos fueron trasladados a instalaciones federales para su resguardo y para continuar con su análisis por parte de especialistas de la Agencia de Investigación Criminal. 

El cateo contó con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública del Estado, corporaciones que mantuvieron la seguridad perimetral para garantizar el desarrollo del operativo. 

La coordinación permitió el ingreso seguro de peritos y agentes ministeriales, así como el resguardo del inmueble mientras se realizaba el decomiso y la documentación de los objetos asegurados. Petróleos Mexicanos participó en el traslado del hidrocarburo para su resguardo y análisis, con el fin de integrarlo a la investigación en curso. 

Este sería el cuarto decomiso de grandes magnitudes en Veracruz. 

En noviembre pasado, una planta fue asegurada por la Secretaría de Marina en el municipio de Perote. Ahí fueron detenidas a ocho personas y aseguraron 250 mil litros de combustible robado, 12 pipas de diferentes capacidades y un inmueble que era utilizado como planta de almacenamiento para el huachicol, así como dispositivos electrónicos y documentación diversa. 

Antes en julio, también se aseguró una planta en las Vigas, donde decomisaron 933 mil litros de hidrocarburo ilegal y 64 carrotanques 

En junio pasado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la operación clandestina de una planta en Coatzacoalcos para producir diésel artesanal o alternativo, nafta ligera o solventes y aceites tratados o combustóleo ligero.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FLAVIA MORALES.

Anuncian megabloqueo de transportistas: “No salgan, no va a haber paso”

Los manifestantes exigen el apoyo del gobierno para solucionar problemas como extorsión, falta de presupuesto para documentos oficiales, abuso de autoridad, mala infraestructura, precios injustos y el robo a unidades en todos los estados.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) anunció que el próximo lunes 24 de noviembre realizará un megabloqueo de carreteras, como parte de su paro nacional para exigir mejores condiciones de seguridad. 

Además de la ANTAC, también participarán miembros del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y del Movimiento Agrícola Campesino (MAC), quienes protestan por el cumplimiento de los derechos de los productores.

“Le pedimos a toda la ciudadanía, a todos los mexicanos, que no salgan ese día porque no va a haber paso. (...) Las mesas de trabajo que hemos tenido con algunos legisladores (...) no han tenido ningún resultado. Seguimos en unión firme con los hermanos campesinos (...) somos la vértebra de la economía de nuestro país”, afirmó David Estévez, presidente de la ANTAC. 

¿Qué exigen los transportistas y agricultores?

Los manifestantes exigen el apoyo del gobierno para solucionar los problemas que enfrentan como la extorsión, falta de presupuesto para documentos oficiales (licencia y placas), abuso de autoridad, mala infraestructura, precios injustos y el robo a unidades en todos los estados del país, que se ha intensificado durante el último sexenio con un promedio de 55 a 60 hurtos al día.   

Asimismo, confirmaron que su movimiento es “totalmente genuino”: 

“No tenemos nada contra ningún partido político, nada contra el gobierno, solamente tenemos la necesidad de que el Estado mexicano asuma la responsabilidad de ser el rector de la producción, de la comercialización y la movilización de productos alimenticios para los mexicanos”, dijo uno de los inconformes.

Hora el megabloqueo y vialidades afectadas

De acuerdo con informes, el megabloqueo comenzará alrededor de las 8:00 horas. Aunque la ANTAC no ha confirmado una lista específica de carreteras afectadas, se espera que cierren las principales vías de conexión a la Ciudad de México. 

Los organizadores advirtieron que el 24 de noviembre se complicará el tránsito vial tanto nacional como internacional, por lo que solicitaron el apoyo, la comprensión y la solidaridad de la ciudadanía:  

“Queremos pedirles que tengan conciencia de lo que nos está pasando a los mexicanos, que sean solidarios con nuestro movimiento. (...) Esta lucha es de todos, es de los productores, pero también afecta a los consumidores. Entonces, un llamado a todos y la invitación a que participemos en esta gran movilización”, indicó uno de los agricultores.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Maestros alcanzan convoy presidencial de Sheinbaum y la hacen firmar oficios con demandas

Maestros de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación alcanzaron el vehículo en el que se trasladaba la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el viernes 21 de noviembre de 2025, y le entregaron tres oficios con demandas locales.

El líder magisterial, Isael González Vázquez, dialogó brevemente con la mandataria y le planteó: “Seguimos confiando en la reinstalación de la mesa con usted”, en referencia a una de las principales exigencias de la Coordinadora de establecer un espacio de diálogo con Sheinbaum, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y miembros del magisterio disidente.

Entre gritos de “Presidenta, Presidenta”, Sheinbaum y González dialogaron rápidamente sobre el contenido de los documentos y finalizaron el encuentro con un apretón de manos.

Al menos un centenar de maestros esperó a que Sheinbaum llegara a las inmediaciones del Hospital General de Zona 14 de Septiembre, que se inauguró este viernes. Los docentes llegaron con pancartas con mensajes como “Si no hay solución, no rueda su balón” y “Abrogación de la Ley del ISSSTE 2007”, y lanzaron la consigna de “Claudia, mentiste con la ley del ISSSTE”.

La convocatoria para recibir a la mandataria se lanzó el miércoles por la tarde y estuvo dirigida a los maestros de las regiones Centro, Valle, Altos CCL-NEI, Zoque, Itzantún, Frailesca, Cuxtepeques y Cañera. La cita fue a las 7:00 horas en el edificio de la Sección 7 de la Coordinadora.

La movilización se da en apego con actas resolutivas de la CNTE, en las que se resolvió que el magisterio disidente empujaría sus demandas manifestándose en cada una de las apariciones de Sheinbaum. Pese a la presencia de los maestros, la llegada de la presidenta se retrasó apenas unos minutos.

Las principales demandas del magisterio incluyen la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa. Los docentes también exigen que las pensiones y jubilaciones se paguen con base en salarios mínimos y no mediante la Unidad de Medida y Actualización.

La presidenta Sheinbaum encabezó la inauguración del Hospital General de Zona Número 13 14 de Septiembre del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, una obra con inversión de 2 mil 400 millones de pesos. El nuevo hospital cuenta con 261 camas, 43 especialidades médicas y una plantilla de 1,691 trabajadores, entre ellos 369 médicos especialistas.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, detalló que el hospital ha brindado más de 18 mil atenciones desde que inició operaciones el 14 de septiembre de 2025, incluidas terapias físicas, consultas de especialidad y más de 100 cirugías.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Nunca antes en BC

Las frases que definen la llegada de Morena al poder político en Baja California tienen como común denominador el nunca, nunca como ahora, nunca antes.

Nunca había gobernado un mandatario por dos años. Nunca un gobernador se había enfrentado a la clase empresarial al prácticamente extorsionarlos con altos cobros por conexiones de agua. Nunca un exalcalde –en este caso Montserrat Caballero en Tijuana– había sido investigada por la FGR por delincuencia organizada. Nunca una mujer había gobernado Baja California. Nunca a un ejecutivo en funciones le habían retirado la visa de turista para cruzar a los Estados Unidos. Nunca antes un secretario del Ayuntamiento de Tijuana había sido denunciado por abuso sexual cometido, a razón de la víctima, en las instalaciones del Palacio Municipal.

Nunca antes el cónyuge y el cuñado de un mandatario, en este caso mandataria, habían sido señalados de tráfico de influencias, de corrupción en el sistema aduanal mexicano, de huachicol y huachicol fiscal. Y nunca antes los parientes políticos del titular del Poder Ejecutivo habían sido parte de una investigación en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

Nunca antes se había desentrañado una red de contubernio político electoral y financiero entre un nuevo grupo de empresarios alrededor del poder, como el que encabezan Fernando Salgado, Jesús González Lomelí y Marco Moreno Santelices en Baja California desde el arribo de Morena al poder político.

Nunca antes el gobierno de los Estados Unidos había retirado la visa para cruzar a los Estados Unidos no sólo a la gobernadora en funciones y a su entonces esposo, también a la alcaldesa de la Capital, Norma Bustamante, a su cónyuge, así como a una exalcaldesa, en este caso la de Rosarito y actual diputada federal, Araceli Brown. Por supuesto, nunca antes un político de Baja California, como lo es la señora Brown, había sido sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, e incluida, junto con dos empresarios, Candelario Arcega y, otra vez, Jesús González Lomelí, en una red de protección y lavado de dinero a una célula del Cártel de Sinaloa.

Por supuesto, nunca antes el exesposo de la gobernadora, su excuñado, el alcalde de Tijuana, el presidente del Tribunal, un senador de la República y una veintena más de personas, funcionarios, ligados al poder, empresarios, otra vez Fernando Salgado, habían sido citados por la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la FEMDO (Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada), para declarar en una carpeta de investigación formalmente establecida e indagada por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La mayoría fue citada, y la mayoría no acudió a la comparecencia, desde finales de octubre para presentarse desde el 18 de noviembre en las instalaciones de la FEMDO en la Ciudad de México, convocados por los agentes del Ministerio Público de la Federación, Rebeca Rojo, la titular, y Humberto Escobar, subcoordinador.

Lo peor del caso en estos insólitos e inéditos casos que suceden en Baja California es que los protagonistas se lo toman a vacilada, tal como lo describió el alcalde de Tijuana, pretendiendo dar a entender que toda la investigación de la FEMDO se trata de “fuego amigo”, que no se debe por lo tanto tomar con seriedad. La realidad es que la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, ha realizado una indagatoria de la cual salieron los citatorios, que consta de cientos de páginas concatenando hechos que implican a los mencionados, y a otros más, en una red que está siendo debidamente investigada y sobre la que ciertamente aún no hay una conclusión, ni una solicitud judicial, sino una indagación en proceso a la cual, en lugar de ponerse a disposición bajo la lógica de que el que nada debe, nada teme, los políticos bajacalifornianos intentan desestimar con simpladas, como nimiedades.

El martes por la noche, agentes ministeriales de la Federación confirmaron a ZETA la autenticidad de los documentos que desde temprana hora de ese día circulaban en redes sociales y en servicios de mensajería instantánea, y que de entrada daban cuenta de los citatorios a dos protagonistas de este entramado político electoral, financiero, efectivamente al alcalde Ismael Burgueño, y al recientemente notorio empresario Fernando Salgado.

Los mismos agentes ministeriales informaron del avance en la investigación, de más citatorios y de los delitos que se indagan en la FEMDO, no advirtieron un “fuego amigo” dado que trabajan con investigación la búsqueda de evidencias y solicitaban la colaboración de los referidos para agregar sus testimonios a la carpeta de indagación oficial, así fuesen como es de esperarse, a su favor, pero la mayoría decidió no presentarse.

Si “fuego amigo” fuese, y entendiendo con ello que se trata de acusaciones entre morenistas de Baja California con miras a ser protagonistas en las elecciones estatales de 2027, la FGR no estaría siendo el eje conductor de la indagación, dado que tal institución que desde su autonomía está en manos de Alejandro Gertz Manero, ha sido señalada por su proclividad a investigar a adversarios políticos de Morena, no a morenistas “encumbrados” en el poder político en Baja California, como lo son el alcalde Burgueño que aspira a suceder a la gobernadora Marina Avila Olmeda, o al senador Armando Ayala, o a los familiares políticos de la mandataria estatal, a funcionarios de primer nivel del Ayuntamiento de Tijuana, entre otros.

La cuestión es que existe una investigación formal, legal, ministerial y científica, donde se presume la comisión de delitos con el uso de recursos de procedencia ilícita por parte de estos actores políticos en Baja California, y que hay un avance considerable en la investigación y que decidieron no atender el llamado de la FGR, cosa que, en concordancia con lo que sucede por estos días en el estado, nunca antes había sucedido. Nunca como ahora.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

"Plan Michoacán" deja 4 detenidos. Desde el 10 de noviembre, se registran 87 capturas

El "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" ha dejado hasta este momento 87 personas detenidas, así como aseguramiento de armas, artefactos explosivos y más de 300 kilogramos de metanfetamina.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó el jueves que, en el marco del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia", cuatro personas fueron detenidas, además de que se aseguraron cinco armas, 28 cartuchos, ocho artefactos explosivos y un vehículo.

Por medio de una publicación en redes sociales, el Gabinete de Seguridad explicó que este operativo se dio en coordinación con las autoridades locales de Michoacán, luego de realizar acciones de seguridad y proximidad en la entidad que derivaron en los anteriores resultados.

En este sentido, las autoridades federales recordaron que el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" tiene como objetivo proteger a los productores de la región, por lo que se realizaron visitas de supervisión en empacadoras, industrias y tianguis limoneros de Apatzingán y Múgica.
El Gabinete de Seguridad puntualizó que, del 10 al 19 de noviembre, han sido detenidas 87 personas y se han asegurado 43 armas, más de 6 mil 300 cartuchos, 348 cargadores, 60 artefactos explosivos, más de 300 kilogramos (kg) de metanfetamina, 13 kg de marihuana, 9 mil 200 litros y 2 mil 300 kg de sustancias químicas, además de 75 vehículos y se han atendido 59 denuncias. Lo anterior luego del asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre.

Apenas el 16 de noviembre, el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, designó a José Antonio Cruz Medina como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), con el propósito de fortalecer la estrategia de seguridad que presentó la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó el 4 de noviembre pasado.
"Hoy damos un paso firme en el fortalecimiento de nuestra estrategia de seguridad: José Antonio Cruz Medina asume la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado", compartió el mandatario estatal en su cuenta oficial de X.
En un comunicado, el Gobierno de Michoacán informó que Cruz Medina asume el cargo tras desempeñarse como Vicefiscal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, donde encabezó áreas de análisis, inteligencia y operación policial. También tuvo responsabilidades en la Guardia Nacional (GN) y en la extinta Policía Federal.


Por su parte, la Presidenta aseguró el 4 de noviembre que su Gobierno no regresará jamás a la estrategia de la guerra contra el narco que implementó Felipe Calderón Hinojosa.
"Guerra quiere decir permiso para matar. Guerra quiere decir que están permitidas las ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué quiere decir una ejecución extrajudicial? Que un elemento de una Fuerza Armada de México puede disparar contra una persona con el solo hecho de presumir que es un delincuente, no en defensa propia, sino teniendo la orden de ejecutar. Eso fue la guerra contra el narco: ejecuciones extrajudiciales. Y todavía se atrevían a decir que si había daños colaterales, es decir, personas que fallecían en ese proceso, pues era parte de la guerra y estaba justificada. Nosotros jamás vamos a tener esa estrategia. Jamás. Primero, porque somos humanistas y nosotros no creemos que la ejecución extrajudicial sea una salida. [...] Eso no lleva a nada porque eso es injusticia y no construye una sociedad humanista, y nosotros sí somos necios en construir una sociedad humanista y dentro de la Ley", dijo.
"No es llenar solamente de soldados, de Guardia Nacional el estado, y menos, aunque con presencia, es importante, menos con permiso para matar. Eso no. La guerra contra el narco no. Eso no puede regresar a nuestro país y por eso es este planteamiento del 'Plan Michoacán por la Paz y la Justicia'", añadió Sheinbaum Pardo.

FUENTE: SIN EMBARGO
AUTOR: REDACCIÓN.

El PIB baja 0.3% a tasa trimestral, confirma Inegi. "Economía está sólida", dice CSP

De acuerdo con el Inegi, las actividades primarias del PIB retrocedieron 0.3 por ciento trimestral y 0.2 por ciento anual, mientras que las actividades secundarias crecieron 3.5 por ciento frente al trimestre previo.

El Producto Interno Bruto (PIB) de México registró una contracción de 0.3 por ciento a tasa trimestral en el periodo julio-septiembre de 2025, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En comparación anual, el PIB cayó 0.2 por ciento en términos reales.
"En el trimestre julio-septiembre de 2025 y con cifras desestacionalizadas, el Producto Interno Bruto (PIB) registró un descenso de 0.3 por ciento a tasa trimestral y de 0.2 por ciento, a tasa anual, en términos reales", explicó el Inegi en un comunicado.
De acuerdo con los datos del instituto, las actividades primarias retrocedieron 0.3 por ciento trimestral y 0.2 por ciento anual; las actividades secundarias crecieron 3.5 por ciento frente al trimestre previo y 2.9 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, lo que las convierte en el componente con mejor desempeño.

En contraste, las actividades terciarias disminuyeron 1.5 por ciento trimestral y 2.7 por ciento anual.
En su comparación anual ajustada por estacionalidad, el PIB total registró un aumento marginal de 0.2 por ciento, impulsado principalmente por el sector secundario, mientras que los servicios continuaron mostrando debilidad. En los primeros nueve meses de 2025 el PIB avanzó 0.4 por ciento respecto a igual lapso de 2024.

El dato del PIB se conoce un día después de que el Inegi publicó el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), el cual reveló que para octubre se prevé nulo crecimiento económico, un estancamiento mensual y anual en la actividad económica en el décimo mes del año.
"El dato de octubre reaviva la probabilidad de que en el cuarto trimestre del 2025 la economía repita el escenario de contracción y se configure un escenario de recesión técnica, que es cuando la economía cae dos trimestres consecutivos", indicó el medio especializado en economía Bloomberg.
La Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que existen problemas en la economía, pero reiteró que la economía es fuerte en el país. "La economía de México está sólida está fuerte el modelo económico que definimos con la transformación. Está funcionando. Normalmente los economistas miden la economía en términos del crecimiento. El PIB se volvió, pues, el indicador fundamental para medir la economías del mundo. El PIB percapita que tiene sus problemas, incluso en la medición. Es la generación de riqueza, el valor agregado que se mide cada año. ¿Quién mide que 135 millones de mexicanos salieron de la pobreza? porque la teoría neoliberal decía solamente 'si crece la economía disminuye la pobreza, es imposible que disminuya la pobreza si no crece el PIB'", cuestionó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Autoridades trasladan a "El Licenciado", autor del asesinato de Manzo, al Altiplano

Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado de entrenar y coordinar a los 3 jóvenes sicarios que asesinaron a Carlos Manzo, fue trasladado al Altiplano, donde comparecerá este viernes en su primera audiencia.

Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, quien entrenó y luego coordinó a los tres jóvenes sicarios que asesinaron al Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue trasladado desde Michoacán hasta el centro de máxima seguridad conocido como el "Altiplano", donde comparecerá este viernes en su primera audiencia.
"El Licenciado" fue trasladado por tierra desde tierras michoacanas en un fuerte operativo tres días después del anuncio de su captura. Llegó la mañana de este viernes al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) Número 1, “Altiplano”, donde este viernes se presentará ante el Juez de control.
De acuerdo con medios locales, "El Licenciado" está acusado de homicidio calificado y lesiones calificadas. Es señalado como el presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo.

Este martes, Omar García Harfuch reveló la detenido de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”. El Secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana dijo que la investigación continúa.
Los tres sicarios bajo el mando del capo capturado fueron asesinados. Uno en el lugar de los hechos, el mismo día en que disparó al Alcalde, y los otros después, en condiciones aún no claras. El Fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, dijo que “El Licenciado” fue quien los organizó. Los tres eran parte de una célula criminal dedicada al asesinato y la extorsión y dependiente del Cártel Jalisco Nueva Generación. La pistola con la que mataron a Carlos Manzo estaba relacionada con dos asesinatos previos, apenas de octubre.
En conferencia de prensa Harfuch dio a conocer que la identificación de Jorge Armando "N" se logró mediante el análisis de diversos materiales que se obtuvieron como parte de los trabajos de investigación que se han emprendido por parte de las autoridades estatales y federales, en las cuales se han utilizado herramientas tecnológicas que permitieron reconstruir con precisión la secuencia de hechos, así como la participación de cada involucrado.

Además de "El Licenciado" también se logró identificar a "dos sujetos que, horas antes del ataque, acompañaron al agresor Víctor Manuel ‘N’, quien fue neutralizado al cometer el homicidio", indicó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).


Las personas en cuestión, reveló Harfuch, fueron identificadas como Fernando Josué "N" y Ramiro "N", a quienes se halló sin vida el pasado 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan-Paracho. Los equipos telefónicos de ambos se localizaron un día después y, al analizarlos, se descubrió que Ramiro "N" formaba parte de un chat en el que se coordinó el ataque contra Manzo.
"Asimismo, se identificó que un sujeto apodado “El Licenciado” ocupaba el rol de mando al ser quien emitía las instrucciones para realizar la ejecución", explicó el Secretario de Seguridad, y añadió que "derivado del análisis de las conversaciones y el trabajo de inteligencia, permitieron seguir la pista del implicado", lo que llevó a su posterior captura.
Omar García Harfuch enfatizó en la conferencia de prensa que la detención representa un paso clave para la desarticulación de la estructura criminal responsable por el asesinato del excalcalde de Uruapan.

Asimismo, afirmó que el Gobierno de México mantiene su firme compromiso para garantizar la impartición de justicia y la seguridad en Michoacán. "Las investigaciones continúan hasta detener a cada uno de los involucrados y desmantelar por completo estas redes delictivas que cometen homicidios, extorsiones, que utilizan a los jóvenes y generan violencia en la región", enfatizó el funcionario federal.


"Plan Michoacán" da primeros resultados

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó este jueves que, en el marco del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia", cuatro personas fueron detenidas, además de que se aseguraron cinco armas, 28 cartuchos, ocho artefactos explosivos y un vehículo.

Por medio de una publicación en redes sociales, el Gabinete de Seguridad explicó que este operativo se dio en coordinación con las autoridades locales de Michoacán, luego de realizar acciones de seguridad y proximidad en la entidad que derivaron en los anteriores resultados.
El Gabinete de Seguridad puntualizó que, del 10 al 19 de noviembre, han sido detenidas 87 personas y se han asegurado 43 armas, más de 6 mil 300 cartuchos, 348 cargadores, 60 artefactos explosivos, más de 300 kilogramos (kg) de metanfetamina, 13 kg de marihuana, 9 mil 200 litros y 2 mil 300 kg de sustancias químicas, además de 75 vehículos y se han atendido 59 denuncias. Lo anterior luego del asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre.
En este sentido, las autoridades federales recordaron que el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" tiene como objetivo proteger a los productores de la región, por lo que se realizaron visitas de supervisión en empacadoras, industrias y tianguis limoneros de Apatzingán y Múgica.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Desechan demanda de amparo del “Chapo” Guzmán en Mexicali

En el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, fue desechada una demanda de amparo presentada en favor del narcotraficante Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo.

La solicitud de derechos fundamentales fue firmada por el abogado Christian Camacho Ruiz en contra de actos de privación de la libertad, detención, retención o incomunicación en el extranjero.

Las autoridades responsables mencionadas son el juez Brian M. Cogan, de la Corte de Distrito de New York y los directivos de la prisión federal de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, Estados Unidos.

El juez federal José Ángel Bustamante Arvizu determinó desechar la demanda de garantías pues al analizar el escrito inicial considera que en el caso “se actualiza de forma manifiesta e indudable una causal de improcedencia” prevista en la Ley de Amparo.

Bustamante Arvizu estableció que las entidades demandadas no tienen el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues no se trata de autoridades que ejerzan jurisdicción en territorio mexicano.

El juzgador refiere en su resolución de desechamiento: “Autoridades que al tratarse de entes cuya jurisdicción es en el extranjero, claramente no se puede considerar que emitan actos u omisiones de los poderes públicos cuya protección se encuentra salvaguardada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Amparo”.

En tal sentido no se puede admitir la demanda “porque la protección que brinda el Estado Mexicano a los derechos humanos mediante el juicio de amparo, es para verificar la actuación de autoridades en algún nivel de gobierno de este país”.

Y agrega el juez: “Las autoridades extranjeras no pueden tener el carácter de responsables, porque no cuentan con las facultades necesarias para ejercer jurisdicción, en el entendido de que el amparo fue creado para proteger a las personas contra actos de autoridades emanadas de la propia Constitución Federal”.

La tutela de esos derechos debe ser en favor de personas que se encuentran en áreas en las que ejerce jurisdicción el Estado Mexicano a través de sus autoridades.

El abogado Christian Camacho Ruiz, al que se atribuye la presentación de esta demanda, y que manifestó domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México, es el mismo que solicitó amparos en favor del boxeador Julio César Chávez Carrasco, en Mexicali, en el mes de julio pasado.

Joaquín “Chapo” Guzmán cumple cadena perpetua por narcotráfico en la prisión de máxima seguridad de Florence ADMAX, en Colorado, de Estados Unidos, tras ser condenado en julio de 2019 por el juez Brian M. Cogan, al resultar responsable de asociación delictiva para traficar drogas.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: LUIS CARLOS SÁINZ.

Unidad de la FGE retuvo expediente contra el Terrible: asesor legal

Los abogados de la empleada de gobierno que denunció a Erik “Terrible” Morales de abuso sexual en su contra, no han tenido pleno acceso a la carpeta de investigación abierta desde el 9 de julio en la Fiscalía General de Baja California, de acuerdo con el asesor legal José Carlos Contreras.

A decir del litigante, en pleno proceso de integración el expediente se envió a la Coordinación de Delitos Sexuales, con la justificación de tratarse de un asunto “de interés para la fiscalía”; posteriormente fue remitido al Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal, en aras de procurar un arreglo entre las partes.

La víctima y su equipo legal rechazaron la propuesta. La carpeta volvió a quedar bajo resguardo de la Coordinación de Delitos Sexuales.

De manera que “no ha sido fácil tener el acceso que corresponde”, refirió a pregunta expresa el abogado. “O sea, lo hemos hecho de forma parcial, no de forma completa”, abundó.

Acusó que a 30 días de haberse emprendido las indagaciones ni siquiera se había practicado el dictamen pericial obligatorio, aun cuando por ley “a la víctima se le tiene que atender de forma rápida”.

Del envío de la carpeta a la Coordinación de Delitos Sexuales detalló que “la coordinadora” (a la que se refirió como Regina Handal) estableció que “se daba esa situación en razón de que no se filtrara algunos datos, alguna información”.

Contreras estimó que, con su resguardo en esa área, “hasta cierto punto” el expediente quedó retenido.
“Así es. Aunque consideramos que lo hacen para controlar la investigación, controlar los tiempos; y sobre todo es la forma de que la fiscalía decide cuándo avanza o se detiene o cuándo políticamente o mediáticamente conviene”, asentó.
José Carlos Contreras, quien dijo fungir como asesor, en conjunto con Sergio Enrique González Ibarra, sostuvo que posiblemente el 13 o el 14 de noviembre la carpeta quedaría en manos de una agente del MP “a efecto de poderla revisar y poder concretar qué es lo que le hace falta”. De ahí que se dijera a la espera de que se les informara “cuándo la van a judicializar o se va a desahogar alguna prueba pendiente”.

En entrevista con ZETA, el padre de la víctima, Rubén Hernández, expuso que aun cuando la Fiscalía General del Estado justificó el envío del expediente a la Coordinación con la relevancia que le atribuyó al caso, “ya son cuatro meses” de haberse abierto la investigación y “aun así no avanza”.

Conforme al testimonio que la denunciante proveyó a la FGE, el 4 de julio de 2025 Morales Elvira incurrió en abuso sexual en su contra en la oficina en la que el exboxeador despachaba como secretario de Bienestar del Ayuntamiento de Tijuana. En virtud de que una persona tocó a la puerta, a la que el expugilista le había puesto seguro, la empleada adscrita a esa dependencia logró zafarse y abandonar el despacho del presunto agresor.

El 10 de julio presentó una denuncia ante la Sindicatura Municipal, tras lo cual Morales Elvira se apartó del cargo de secretario.

Rubén Hernández afirmó que fue hasta 40 días después de procederse ante la fiscalía que se hicieron los peritajes psicológicos. Opinó que el dictamen correspondiente debería ser suficiente para que el caso se judicializara.

A propósito del Dictamen en Psicología Forense para Delitos de Índole Sexual el abogado José Carlos Contreras estableció, vía telefónica: “Tiene que haber una categoría de cuánto es el alcance o el daño o si lo hubo o no. Eso sirve para determinar si básicamente existió el hecho, porque al igual hay gente que a lo mejor hace una denuncia falsa, que tiene algún otro interés y obviamente el resultado no debe de salir positivo”.

El padre de la denunciante afirmó que ambos han acudido en siete u ocho ocasiones a la FGE y que en ningún momento han tenido acercamiento directo con la fiscal especializada en Delitos contra la Mujer por Razón de Género, Hortensia Noriega León.

“Siempre cuando vamos pues nos reciben las que están ahí en los cubículos de atención, para que los afectados y de ahí no hemos pasado”, mencionó.
“Hay una agente que fue la que nos entrevistó cuando recién se inició el proceso. Nos llamó a mi hija, a mí, a otro testigo también; pero ya después de allí la agente ministerial no se acercaba con nosotros”, manifestó.
Tampoco negó que la MP se haya abstenido de atender el caso: “Las pocas veces que (los abogados) han accedido a la carpeta de investigación, sí hay fotografías que fueron a la Secretaría, a tomar fotos del lugar de los hechos de todo eso; sí está allí en la carpeta de investigación”.

HOSTIGAMIENTO

De medidas a implementar en favor de la denunciante, Rubén Hernández aseveró que se comunicaron con ella de la Policía y le hicieron saber que se llevarían a cabo rondines; “pero pues nosotros en nuestro hogar nunca hemos visto nada”, aseguró, aun cuando la denuncia se acompañó con una solicitud de protección.

El asesor legal señaló que “a la víctima no se le habían dado todas las medidas de protección que el Código Nacional de Procedimientos marca”. Precisó que tan sólo se le concedió “una vigilancia policial a los alrededores” de su domicilio.

De acuerdo con el abogado, el equipo legal cuestionó ante la FGE “por qué no se le otorgaron las otras dos o tres medidas de protección que son importantes”, entre estas la prohibición de que el señalado la contactara.

Contreras afirmó que a fin de evitar que Morales Elvira se comunicara con la denunciante, los asesores tuvieron que solicitar esa medida vía comparecencia.

La empleada municipal refirió a este Semanario que, el 4 de julio, luego de incurrir en abuso sexual en su contra, Morales Elvira le habló por teléfono.

“Yo iba en camino a mi carro (justo después de salir de Palacio Municipal). Me acuerdo que en esa ocasión sí le contesté, pero yo estaba muy asustada y le contesté; y me dijo qué iba a hacer en la noche y que si quería cenar, y yo le dijo que no”, expuso y recalcó que en ningún momento el ex pugilista le ofreció disculpas.

“Creo que no había entendido que lo que hizo está mal”, prosiguió.
“Creo que es como una costumbre que él tiene porque nuestros abogados investigando nos dicen que en total son siete carpetas por el mismo delito, de las cuales otras cinco están detenidas, como se dice carpetazo, pero que dos sí están activas”, intervino Rubén Hernández.
El 9 de enero de 2024, justo cuando Morales Elvira figuraba como aspirante de Morena a la alcaldía de Tijuana, Martha Basilia García Hernández denunció al siete veces campeón del mundo de haberla agredido más de 10 años atrás en la modalidad de “abuso sexual, hostigamiento sexual y/o lo que resulte”. La agresión habría tenido ocasión en un gimnasio de box ubicado en la colonia Hipódromo, en el que la denunciante trabajaba como recepcionista.

En cuanto al caso de agresión en el Ayuntamiento, la empleada municipal relató que Morales insistió en contactarla telefónicamente: “Pasó tiempo, en donde después de lo sucedido no fui a trabajar. Necesitaba procesarlo. No quería regresar a ese lugar y me acuerdo que durante ese tiempo me habló; me estuvo hablando y era muy molesto, y bloqueé el número”.

Dijo haber ingresado al área de Comunicación y Difusión de la Secretaría de Bienestar desde los inicios de la administración encabezada por Ismael Burgueño Ruiz.

Sostuvo que tras haberse ausentado unos días en razón de la agresión que denunció, se reincorporó a sus actividades y sufrió “violencia laboral”.

Según detalló, encontrándose en una sección ocupada por cuatro empleados municipales, escuchó “como si dijeran: ‘A algunas personas les gusta venir aquí y no trabajar y no hacer nada, ¿verdad?’”. Afirmó que semejante comentario se hizo en lo concerniente a su persona.

La entrevistada aseguró que, en su mayor parte, el personal a su alrededor no se mostró empático con ella: “A pesar de que conocen lo sucedido no mostraron empatía, o al menos no lo sentí”.

Expuso que en una ocasión en la que tuvo acceso a la carpeta, leyó que dos empleadas que se habían dicho amigas suyas declararon en su contra y a favor del Terrible Morales.

“Ya no trabajan en la secretaría. Curiosamente ya no”, manifestó.

También aludió a la titular del Instituto Municipal de la Mujer, Aracely Márquez Peña: “La directora no mostró empatía y yo la veía, la tenía en mi cara. Eso era lo que más me molestó. Que era reciente y estoy segura que ella ya sabía que era yo y no mostró ni hizo nada, y aquí veo también favoritismo”.

A mediados de julio, Márquez Peña negó conocer a detalle el caso. “El único conocimiento que hemos tenido es por parte de los medios”, declaró la funcionaria municipal. “Lo que hemos leído todos en redes sociales. No tenemos conocimiento de quién sea la persona, ni tampoco se ha acercado con nosotros; pero si así lo hiciera, claro, con mucho gusto. Estamos para atender, para servir a todas las mujeres de nuestra ciudad”, añadió.

La denunciante reconoció que “hubo personas que manejaron la verdad como fue”. A propósito, expresó: “Ni a favor ni en contra. Entonces, digo, mínimo se agradece porque fue la verdad, como es”.

De quien reemplazó a Morales Elvira en la titularidad de Bienestar, Wendy Ontiveros González, refirió: “Creo que ella en todo su momento sí ha mostrado empatía”.

Observó que Burgueño Ruiz fue quien destituyó a Morales Elvira. De ahí que comentara: “Entonces también sentimos respaldo. O sea, al menos sí, porque se accionó algo”.

El padre de la empleada del Ayuntamiento aseveró que su familia y él pertenecen a un grupo de corte cristiano denominado Unidad, y que con motivo del caso de abuso, el pastor Fermín García, excandidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía, acudió con el secretario de Gobierno, Arnulfo Guerrero León, por iniciativa del propio funcionario.
“Se entrevistó con Fufo, y Fufo le dijo: ‘¿Qué es lo que quieres que hagamos?’; y él inmediatamente dijo: ‘Destitución inmediata’”, relató.
Agregó que Guerrero León dijo ser necesario denunciar en sindicatura y que, a un día de haberse interpuesto la denuncia, Morales Elvira dejó de estar al frente de la Secretaría de Bienestar.

El 4 de noviembre Rubén Hernández ofreció un posicionamiento referente a la carpeta de investigación, en la sede de la Cámara Nacional de Comercio de Tijuana, bajo el auspicio de la Asociación de Periodistas de Baja California.

El entrevistado mencionó que por iniciativa de los asesores legales la rueda de prensa se planeó como una “estrategia mediática” para “llegar a los oídos tanto de la gobernadora (Marina del Pilar Avila Olmeda) como de la fiscal (Ma. Elena Ramírez) para que atendieran a este caso”.

En su conferencia semanal del 5 de noviembre, cuestionada sobre la carpeta en cuestión y otros expedientes, la gobernadora estableció: “En cuanto a la pregunta sobre la judicialización, ese es un tema del ámbito de la Fiscalía General del Estado, de las investigaciones como se desarrollan. La fiscalía es autónoma. Nosotros lo que podemos hacer es exhortar a las fiscalías, a ser más rápidas en esa parte, sobre todo cuando se trata de ese tipo de delitos que lastiman tanto”.

Se comprometió a preguntar sobre el avance de la investigación por la denuncia contra Morales Elvira. “¿Cuáles han sido los avances en cuanto a esta investigación? Siempre la postura del Gobierno del Estado es proteger a las víctimas, el de estar con las víctimas y de que se investigue trátese de quien se trate”.

Rubén Hernández observó que durante la conferencia semanal Marina del Pilar condenó los tocamientos de un individuo a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, los cuales tuvieron lugar el 4 de noviembre en el Centro Histórico capitalino.
“Pero cuando se le lanza nuestra pregunta, ahí (actúa) como Poncio Pilato. Yo sentí que de alguna manera se lavó las manos y dijo: ‘Pues es la fiscalía, es autónoma, ellos están encargados, yo nada más lo único que puedo hacer es comentarle’”.
Previo a desempeñarse como secretario de Bienestar en el XXV Ayuntamiento, Morales estuvo a cargo del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, en el gobierno de Avila Olmeda.

El padre de la denunciante señaló que celebrada la rueda de prensa bajo el auspicio de la asociación de periodistas de BC, “sale la nota y a las dos horas (en al menos dos medios locales) la bajan, la quitan de redes sociales”.

De modo que “sí me alarmó y sigo pensando por qué hicieron eso. A lo mejor una llamada de arriba, ‘Sabes qué, túmbame esa nota’. No sé. La verdad, no sabemos; pero sí, eso me presta a pensar que de alguna manera lo están favoreciendo”.

Ponderó que el 4 de noviembre la fiscal general del Estado se haya pronunciado sobre la investigación en curso.

“Ese mismo día la fiscal Ma. Elena Andrade tuvo una rueda de prensa también, donde habló de diversos temas y ahí una reportera o un reportero que estuvo en nuestra conferencia le lanzó la pregunta”, dijo y detalló: “(la titular de la FGE) respondió que este ha sido un tema muy delicado, que se manejaba, que ha ido muy avanzado. Negó que se haya frenado un poco la investigación y que está por resolverse”.

Hernández sostuvo que, de ser necesario, recurrirá a otras instancias legales. “No queremos que esto quede impune por el tipo de personaje”, argumentó.

Por lo pronto, concluyó, “doy un punto de confianza a la fiscalía de que sí van a hacer su trabajo como corresponde. Sin favoritismos hacia el gobierno”.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: EDRUARDO ANDRADE URIBE.