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Dan 47 años de prisión a siete expolicías de Nicolás Romero por "facilitar" un homicidio

A los siete sentenciados además les fueron suspendidos sus derechos civiles y políticos, y también se les investiga por su probable intervención en la privación ilegal y de la vida de 10 personas cuyos restos trataron de ocultarse en dos pozos ubicados en la misma demarcación.

Siete expolicías municipales de Nicolás Romero fueron sentenciados a 47 años y medio de prisión por homicidio, como resultado de la Operación Enjambre mediante la que fueron detenidos funcionarios y exfuncionarios de diversos municipios mexiquenses presuntamente vinculados con actividades del crimen organizado y/o de alto impacto.  

Los condenados, cinco hombres y dos mujeres, responden a los nombres de Jesús Fernando Vega Mondragón, Diego Eduardo Rodríguez Rangel, Alejandro Jacinto Herrera, Daniel Herrera Cortés, David Aguayo García, Anallely García Torres y María Isabel Alanís Rodríguez.

El delito del que fueron acusados ocurrió el 9 de febrero de 2024, en la calle Francisco Villa, colonia La Libertad, de ese municipio, donde la víctima se encontraba en un negocio destinado a la venta de alimentos.   

Al lugar arribaron ocho individuos a bordo de dos vehículos compactos, quienes descendieron de las unidades y realizaron detonaciones de arma de fuego contra esta persona, ocasionándole la muerte.  

La investigación de la Fiscalía mexiquense llevó a establecer que los detenidos intervinieron en este homicidio al obstruir con una unidad oficial la vialidad para que otros vehículos no transitaran por el lugar y con ello facilitar que los autores materiales cometieran el homicidio.  

El octavo imputado, también elemento de la corporación, identificado como Francisco Javier “N”, alias “El Javis y/o Aragón”, fue detenido el 8 de mayo pasado y es investigado por el mismo hecho.  

En tanto, a los siete sentenciados además les fueron suspendidos sus derechos civiles y políticos, y también se les investiga por su probable intervención en la privación ilegal y de la vida de 10 personas cuyos restos trataron de ocultarse en dos pozos ubicados en la misma demarcación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.

Con disparos por la espalda, ejecutan a agente de la Fuerza Estatal de BC

El caso sería el séptimo contra policías en lo que va del año, pues apenas el pasado viernes 10 de octubre un comando armado asesinó a un policía perteneciente a la AEI, también en Tijuana.

Un sujeto disparó por la espalda a un agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), mientras este se encontraba realizado labores en su automóvil afuera de su domicilio en el municipio de Tijuana, Baja California.  

Los hechos quedaron registrados en un video tomado por cámara de videovigilancia que circuló en diferentes medios de comunicación locales.

Conforme a las imágenes, se aprecia al policía estatal sin uniforme -identificado como Eduardo García López- mientras limpia el lado del piloto de un vehículo; en eso, un sujeto vestido de negro se acerca por detrás y le dispara.  

La víctima cae al suelo y, ahí, fue rematado en varias ocasiones por el agresor, quien huyó de la escena; también se aprecia a un testigo, quien sin inmutarse caminó a un lado de la escena del crimen.  

El reporte del asesinato fue alrededor del mediodía, por lo que se generó una movilización hacia las calles Idesia y Principal de la Colonia El Florido, sección II, en dicha ciudad fronteriza.  

Horas más tarde, autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informaron que, en colaboración con diversas corporaciones, lograron detener a un presunto cómplice.  

Para esto ubicaron a Omar Eleazar “N”, a bordo de un sedán con rótulos de una empresa, unidad que coincidía con la que habría huido el responsable, según testigos.  

También fue encontrada un arma, mientras que de la escena del crimen los investigadores levantaron siete casquillos percutidos calibre 9 milímetros; posteriormente, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE). 

El caso sería el séptimo contra policías en lo que va del año, pues apenas el pasado viernes 10 de octubre un comando armado asesinó a un policía perteneciente a la Agencia Estatal de Investigación (AEI), de la FGE, también en Tijuana.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: BENJAMÍN PACHECO LÓPEZ.

A cuatro meses de denuncia por abuso sexual, exigen judicializar caso contra “El Terrible” Morales

Rubén Hernández, padre de la trabajadora que acusó al entonces funcionario consideró que existen “obstáculos” para que avance el caso, ya que Morales es un personaje de nuestro Estado y fuera de él”, y que “se jacta de tener relaciones con la cúpula del poder”.

A cuatro meses de la denuncia por agresión sexual contra el boxeador y exsecretario de Bienestar en el municipio de Tijuana, Erik “El Terrible” Morales, el padre de la víctima exigió que sea judicializado el caso por parte de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE). 

Rubén Hernández, padre de la trabajadora del XXV Ayuntamiento que acusó al entonces funcionario en la administración del alcalde Ismael Burgueño Ruiz, aseguró en rueda de prensa, realizada el martes 4 de noviembre, que su llamado es para que la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales realice su labor.

“A que cumplan con su trabajo, a que el ministerio público y sus auxiliares nos faciliten el acceso a la justicia y presten los servicios con legalidad… en particular para el caso bajo el número 0204-2025-21785 de fecha 9 de julio de 2025 no se está realizando y no se ha prestado dicha representación social a favor de mi hija víctima”, dijo. 

Rubén Hernández, junto con sus abogados, consideró que existen “obstáculos” para que avance el caso. 

“No obstante a que existen todos los elementos necesarios para que esta carpeta de investigación se judicialice ante el órgano correspondiente. Repito: existen todos los elementos necesarios para que esta carpeta de investigación se judicialice ante el órgano correspondiente”, reiteró.  

Puntualizó que dichos obstáculos se deben a que el imputado “es un personaje de nuestro Estado y fuera de él”, y que “se jacta de tener relaciones con la cúpula del poder”, además de que intenta desvirtuar los hechos delictivos con señalamientos simples e infundados, como el hecho de que la denuncia “tiene tintes políticos”. 

Al respecto, la fiscal general del Estado de Baja California (FGE), Ma. Elena Andrade Ramírez, declaró a la prensa ese mismo día que “ese asunto se ha atendido con todo el respeto y la delicadeza”. 

“Es un caso que va avanzado, lo tenemos casi listo para resolver. Hubo un acercamiento con los abogados, sin embargo, la fiscalía nunca detuvo la investigación y estamos por resolver el caso”, afirmó.  

Erik “El Terrible” Morales cuenta con dos denuncias: la primera fue presentada el 9 de enero de 2024, por parte de una recepcionista a quien presuntamente hostigó sexualmente; y la segunda corresponde a los hechos ocurridos el 4 de julio del año en curso, cuando el exsecretario presuntamente agredió a la víctima al interior de las oficinas de la Secretaría de Bienestar.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: BENJAMÍN PACHECO LÓPEZ.

Inflación general se modera a 3.57% en octubre; estos producto bajaron

El resultado de octubre mantiene al indicador dentro del rango objetivo del Banco de México (Banxico) para el cuarto trimestre del año, de 3.5%.

La inflación en México mostró una ligera disminución durante octubre, al ubicarse en 3.57% anual, frente al 3.76% registrado en septiembre, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el reporte del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), la inflación registró un incremento mensual de 0.36%, lo que representa una moderación en el ritmo de crecimiento de los precios respecto al mes previo.

La disminución en la inflación anual ocurre tras dos meses consecutivos de repuntes y mantiene al indicador dentro del rango objetivo del Banco de México (Banxico) para el cuarto trimestre del año, de 3.5%.

Productos que bajaron de precio

Durante octubre, varios productos alimenticios y agropecuarios ayudaron a contener la inflación. De acuerdo con el Inegi, los genéricos con las mayores reducciones de precios fueron el huevo (-2.23%), el pollo (-1.32%), la papa y otros tubérculos (-7.29%), el tomate verde (-10.94%), el aguacate (-10.52%), el jitomate (-3.41%), la naranja (-9.86%), el chile serrano (-8.55%), el limón (-8.79%) y los plátanos (-3.63%).

Estos descensos contrastaron con las alzas registradas en productos como la electricidad (17.65%), debido a la conclusión del subsidio al programa de tarifas eléctricas de temporada de verano en 18 ciudades del país, así como la vivienda propia (0.27%) y el transporte aéreo (11.29%).

Inflación subyacente y no subyacente

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios de alta volatilidad, aumentó 0.29% mensual y 4.28% anual. Dentro de este componente, los precios de las mercancías subieron 0.17% y los de servicios 0.39%.

Por su parte, la inflación no subyacente —que incluye productos agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno— avanzó 0.63% mensual y 1.18% anual. En este rubro, los precios de los productos agropecuarios disminuyeron 0.90%, mientras que los energéticos y tarifas aumentaron 1.89%.

Variaciones por entidad

Entre las entidades con mayores incrementos mensuales del INPC estuvieron Tabasco (2.17%), Yucatán (1.63%), Campeche (1.31%), Nuevo León (1.30%) y Quintana Roo (1.13%). En contraste, los estados que registraron variaciones por debajo del promedio nacional fueron Michoacán (-0.02%), Morelos (-0.01%), Puebla (0.01%), Tlaxcala (0.01%) y Sinaloa (0.07%).

Por ciudades, las mayores alzas se observaron en Ciudad Acuña, Coahuila (2.52%) y Villahermosa, Tabasco (2.17%), mientras que las menores se registraron en Morelia, Michoacán (-0.24%) y Atlacomulco, Estado de México (-0.19%).

Canasta de consumo mínimo

El Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo (IPCCCM), que da seguimiento a 170 bienes y servicios básicos definidos por el Coneval, tuvo un aumento mensual de 0.32% y una variación anual de 3.61%, menor a la registrada en octubre de 2024, cuando ascendió a 4.45%.

Desaceleración tras los repuntes de septiembre

La reducción de la inflación anual ocurre después de que, en septiembre, el indicador se acelerara a 3.76%, impulsado entonces por alzas en servicios educativos, vivienda y alimentos procesados. En ese mes, los productos con mayores aumentos habían sido el chile serrano (17.60%), el tomate verde (12.93%) y las colegiaturas universitarias (1.82%), mientras que los descensos se concentraron en el huevo, el aguacate y la papa.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Morena busca que revocación de mandato y elecciones intermedias sean el mismo día para elevar participación

Morena y sus aliados buscarán aprobar una reforma al artículo 35 de la Constitución para que la revocación de mandato se realice el mismo día que las elecciones intermedias, a fin de ahorrar recursos y garantizar más participación de la gente.

Morena y sus aliados buscarán aprobar una reforma constitucional para que la revocación de mandato del titular del Ejecutivo Federal se celebre el mismo día que las elecciones intermedias de cada sexenio, en las que se suele renovar la Cámara de Diputados, gubernaturas, presidencias municipales y congresos locales.

Los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales fueron citados a una sesión ordinaria que se celebrará el próximo lunes 10 de noviembre a las 18:00 horas para discutir la iniciativa que propone celebrar en un mismo día la revocación de mandato y las elecciones intermedias.

La iniciativa, propuesta por Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena, establece que la revocación de mandato se realizará “el mismo día y durante la jornada electoral correspondiente a las elecciones ordinarias intermedias para elegir diputadas y diputados del Congreso de la Unión”.

Según la iniciativa presentada por el vicecoordinador morenista, la reforma tiene los objetivos de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ahorre dinero al organizar en un mismo día los dos ejercicios de votación y para que haya más participación ciudadana.

Iniciativa para ahorrar recursos y mejorar la participación

La revocación de mandato es un ejercicio con el que se somete a votación si la persona encargada de la Presidencia de la República debe seguir en su cargo o no. Esto se realiza a la mitad de un sexenio cuando ciudadanos, equivalentes al 3 por ciento de la lista nominal y que representen 17 estados, juntan firmas para solicitar el proceso.

En el pasado sexenio, el expresidente Andrés Manuel López Obrador promovió la revocación de mandato y él mismo se sometió a este ejercicio con un resultado favorable, pues el 91 por ciento de la población votó a favor de que siguiera en el cargo.

Aunque López Obrador tuvo un resultado positivo, en este ejercicio solo participó el 17 por ciento del electorado, es decir, menos de una quinta parte.

Ante esta situación, Morena busca aprobar la reforma al artículo 35 de la Constitución Política para que la participación en las elecciones intermedias impulse el número de votantes de la revocación de mandato.

La reforma “promoverá una mayor participación de la ciudadanía en los mencionados instrumentos de democracia directa”, señala la iniciativa propuesta por Ramírez Cuéllar.

Asimismo, el vicecoordinador argumenta que la iniciativa ayudará a ahorrar recursos al INE, ya que la revocación de mandato del año 2022 tuvo un costo de mil 567 millones de pesos.

“Es razonable prever que, por economías de escala y de procesos, la celebración concurrente de las consultas populares o de la revocación de mandato del titular del Ejecutivo Federal con la jornada electoral ordinaria contribuirá a optimizar los recursos públicos destinados a dichos mecanismos democráticos”, señala la iniciativa que estará a discusión la próxima semana.

La iniciativa también establece que la revocación de mandato se solicitará en una sola ocasión y del 1º de octubre al 31 de diciembre posteriores a la conclusión del segundo año del periodo constitucional. 

Consultas populares, el 1 de junio de cada año

De igual forma, la reforma establece que las consultas populares, otro ejercicio de democracia directa para que la gente opine sobre ciertos temas, se realicen el primer domingo de junio de cada año, con el fin de que coincidan con algún otro proceso electoral en curso.

Sobre este punto, la iniciativa pone de ejemplo la consulta popular de agosto de 2021, en la que la gente votó sobre si se debían esclarecer decisiones políticas del gobierno del pasado. En esa ocasión solo el 7 por ciento de las personas de la lista nominal participaron.

A la baja participación en la consulta popular se suma su costo de 528 millones de pesos.

Tanto la consulta popular de 2021 y la revocación de mandato de 2022 solo contaron con la instalación de 57 mil casillas, a diferencia de las 170 mil que fueron utilizadas en las elecciones federales de 2024.

“Es de prever que de haberse instalado el mismo número de casillas en la Consulta Popular de 2021 y en la Revocación de Mandato Presidencial de 2022, el porcentaje de participación de las personas inscritas en la Lista Nominal de Electores habría sido de mayor magnitud, dada la proximidad de las mesas de casilla al domicilio de las personas electoras”, argumenta la iniciativa sobre este tema.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALEXIS ORTIZ.

Vinculan a proceso a tres policías por lesiones y abuso de autoridad en Zacatepec

María Isabel “N” y Sandra “N” continuarán su proceso en libertad, con la obligación de firmar periódicamente y sin posibilidad de acercarse a la víctima. En el caso de Jesús “N”, el juez ordenó mantener la prisión preventiva.

Tres policías en activo —uno estatal y dos municipales de Zacatepec— fueron vinculados a proceso por su presunta participación en los delitos de lesiones agravadas y abuso de autoridad. Uno de ellos, Jesús “N”, también enfrenta cargos por violación. 

Durante la audiencia realizada en la Ciudad Judicial de Jojutla, el juez de control escuchó los datos de prueba presentados por la Fiscalía Regional Sur Poniente, que acreditó indicios suficientes para iniciar proceso penal contra los tres elementos.

María Isabel “N” y Sandra “N” continuarán su proceso en libertad, con la obligación de firmar periódicamente y sin posibilidad de acercarse a la víctima. En el caso de Jesús “N”, el juez ordenó mantener la prisión preventiva por considerar que existen elementos que justifican esa medida. El plazo para el cierre de la investigación complementaria se fijó en tres meses. 

Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron el pasado 22 de octubre, cuando una mujer denunció haber sido agredida física y verbalmente por los tres policías y, presuntamente, violentada sexualmente por uno de ellos. El caso fue informado previamente por Proceso. 

Tras la denuncia, la Unidad de Delitos contra la Mujer realizó las investigaciones que permitieron obtener y ejecutar las órdenes de aprehensión, cumplimentadas por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). 

La institución detalló que los elementos municipales pertenecen a la Policía de Zacatepec, mientras que el tercero está adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado. 

El titular de la SSPC, Miguel Ángel Urrutia Lozano, confirmó —el pasado 3 de noviembre —la detención de los tres policías y señaló que podrían estar relacionados con otros hechos delictivos. 

Reiteró además que, por instrucción de la gobernadora, los delitos de violencia contra las mujeres son prioridad para el gobierno estatal y que habrá “cero impunidad” en estos casos. 

Las personas mencionadas se presumen inocentes hasta que se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

Sheinbaum presentará este domingo el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

La noche del sábado 1 de noviembre, la violencia en Michoacán alcanzó al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue asesinado a balazos ante decenas de personas en una plaza pública local.

Este domingo 9 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum presentará el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, luego de las consultas que hizo el gobierno federal con distintos sectores del gobierno local, con la comunidad, e incluso con la iglesia. 

“No nos vamos a ir de Michoacán”, aseguró Sheinbaum, y destacó que en el Estado ha habido presencia de fuerzas federales, en especial de la Guardia Nacional, así como la dispersión de programas del Bienestar. Sin embargo, reconoció que se debe fortalecer la estrategia.

Advirtió que el plan en Michoacán no es solamente la presencia de las fuerzas de seguridad, la fortaleza de las fiscalías o las detenciones, sino la “atención a las causas”, con más educación, cultura y deporte para “atender” a los jóvenes. 

“Darles todas las opciones para que no tengan a la delincuencia organizada como opción”, dijo. “Abrazar a los jóvenes (…) Tenemos que hacer todo para que los jóvenes tengan opciones”.  

Este viernes, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, acudirá a Palacio Nacional para reunirse con el gabinete federal y revisar los ejes centrales de la estrategia a la que se va a dar continuidad. 

La noche del sábado 1 de noviembre, la violencia en Michoacán alcanzó al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue asesinado a balazos ante decenas de personas en una plaza pública local. 

Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, y originario de Paracho, Michoacán, fue identificado como el agresor de Manzo. El adolescente fue abatido en el lugar de los hechos. 

Desde el asesinato, Michoacán es foco de protestas por parte de la ciudadanía, lo mismo en Morelia, que en Uruapan y Apatzingán, donde el 19 de octubre fue tiroteado el dirigente de los productores de limón de esa región Bernardo Bravo. 

Esta misma semana, Grecia Quiroz, viuda de Manzo, fue recibida por Sheinbaum en Palacio Nacional y posteriormente rindió protesta como alcaldesa de Uruapan, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad federal y local.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA SARABIA.

Claudia Sheinbaum y Emmanuel Macron se reúnen en privado en Palacio Nacional

En días anteriores, Sheinbaum señaló: “Nos interesa a nosotros mucho por unos códices que queremos que lleguen a México (desde Francia), ese es nuestro principal interés”, así como temas comerciales o económicos.

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió a su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, en Palacio Nacional. 

Tras escuchar los himnos nacionales de México y Francia en una breve ceremonia, los mandatarios se reúnen en privado.

Entre los funcionarios que acompañan a la mandataria federal está Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. 

En días anteriores, Sheinbaum señaló: “Nos interesa a nosotros mucho por unos códices que queremos que lleguen a México (desde Francia), ese es nuestro principal interés”, así como temas comerciales o económicos.  

“La relación bilateral fortalece el respeto mutuo, el diálogo y la hermandad entre nuestros pueblos”, público la presidenta Sheinbaum en sus redes sociales.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.

Juez niega desbloquear cuentas bancarias a Araceli Brown

El Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California negó la suspensión definitiva a la diputada federal morenista Hilda Araceli Brown Figueredo en el juicio de amparo que promueve en contra su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas (LDP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el congelamiento de sus cuentas bancarias.

Con esta resolución la exalcaldesa de Playas de Rosarito tendrá que esperar a que el juicio de garantías se resuelva en el fondo para poder disponer de los recursos bursátiles que tiene en sus cuentas de banco en Banorte e Inbursa y que se encuentran bloqueadas por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Anteriormente, al inicio del juicio de amparo ya se le había negado a Brown Figueredo la suspensión provisional de los actos reclamados porque no había acreditado su personalidad jurídica e interés suspensional al no exhibir documentos que probaran que es titular de las referidas cuentas. Subsanó la pifia posteriormente con copias de los contratos y estados de cuenta; sin embargo, al desahogar la audiencia incidental de fecha 6 de noviembre, el juzgador Marco Arreola negó nuevamente la medida cautelar definitiva.

Araceli Brown fue incluida en la LPB de las autoridades hacendarias en el acuerdo 282/2025 después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitiera una alerta el 18 de septiembre de 2025 sancionando financieramente en ese país a personas y empresas presuntamente relacionadas con una de las redes regionales del Cártel de Sinaloa, entre ellas la diputada federal.

Tanto la legisladora, como otros señalados en la misma designación estadounidense, entre ellos los empresarios Jesús González Lomelí y Candelario Arcega Aguirre, así como sus empresas de los sectores alimenticios, espectáculos y transporte, son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para determinar si, como lo presumen los norteamericanos, participan en actividades de lavado de dinero en favor de la citada organización criminal.

La celebración de la audiencia constitucional en el amparo 828/2025 de Araceli Brown está prevista para el 13 de noviembre próximo; sin embargo, aún hay autoridades responsables que no han remitido sus informes justificados, lo que podría diferir la fecha para su desahogo, como ocurre en la mayoría de los juicios de amparo.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.

La indignación toma las calles

El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ha sido el parteaguas de la indignación ciudadana en México. A sus 40 años, recién cumplidos en abril 2025, el alcalde demostró no sólo compromiso con su pueblo, también valentía para enfrentar a poder y crimen, y una conducta de suma empatía y sencillez, caracterizada por su disponibilidad social.

Enfundado en su sombrero vaquero que hizo insignia de su personalidad, el alcalde no vivió escondido, ni se autocensuró cuando tuvo la imperante necesidad de representar a sus gobernados para defenderlos de las garras del crimen organizado, y exigir seguridad al Gobierno del Estado y al de la República.

Como suele suceder en estos casos, y más cuando se trata de opositores al movimiento en el poder que es Morena, a Carlos Manzo lo dejaron solo. Aunque materialmente lo asesinaron ligados a un cártel de la droga, al alcalde de Uruapan lo mató el abandono de un gobierno que no protege a sus ciudadanos, que no provee seguridad a los vulnerados; que tajantemente rechaza la crítica, y desoye el grito de ayuda que, cada vez, se escucha más fuerte en distintas regiones del país.

Las muchas evidencias videográficas de la lucha de Carlos Manzo y sus peticiones de ayuda a los gobiernos de Morena (el de Michoacán a cargo de Alfredo Ramírez Bedolla; el de la República que titula la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo) deberían haberse tomado con la seriedad que el caso amerita, pero fueron desoídas por la autoridad en el Poder Ejecutivo, porque Carlos Manzo no era de Morena; él llegó a la alcaldía de Uruapan como candidato independiente, después de haber representado al partido oficial y renunciar al mismo.

En el México actual, gritan por ayuda aquellos que no tienen ligas con el partido oficial, pero el apoyo sólo se provee a quienes militan en Morena. Hay casos como Sinaloa, donde a pesar de la terrible y creciente inseguridad y violencia, el gobernador Rubén Rocha Moya permanece intacto: no critica la falta de una estrategia en materia de seguridad que lleve tranquilidad a los sinaloenses, ni pide ayuda; no le hace falta para, por lo menos él, mantenerse a salvo. Se sabe protegido por el gobierno, arropado por el morenismo, y, por alguna razón, respetado por el crimen organizado.

Pero Carlos Manzo, desde la oposición, sí pidió ayuda; pero al Gobierno de la República la oposición le causa desconfianza y no actúa en consecuencia. Como en el sexenio anterior, a todo aquel que no sea representante de Morena, o no milite con sus causas, o critique las políticas públicas por ellos emanadas, se le llama adversarios, o se les encasilla en el conservadurismo, y se les denuesta.

En estos días, si se indigna por el crimen de Carlos Manzo y se hace una denuncia pública, o una manifestación, se corre el riesgo de ser difamado por el gobierno -en el mejor de los casos- e investigado -en el extremo-, nada más por no estar de acuerdo con la situación de violencia e inseguridad en el País.

La Presidenta de la República se indignó ante la manifestación ciudadana por el asesinato de Manzo, también porque la oposición se posicionó sobre el hecho violento de alto impacto. Resolvió que no era una preocupación genuina por la seguridad del país o de Uruapan, sino que se estaban aprovechando del dolor para sacar partido político electoral.

Se le olvidó a la Presidenta cómo, cuando Morena era oposición, su líder se manifestaba contra las políticas de seguridad y la violencia que prevalecía (prevalece) en México en sexenios anteriores, como el de Felipe Calderón hace casi 20 años, o el de Enrique Peña Nieto, iniciado hace 13 años.

Distintos sectores de la sociedad mexicana han convocado a manifestaciones masivas por la inseguridad y la violencia que, aun en un gobierno que prometió una transformación, y, por tanto, generar un ambiente de paz que contrastase con los gobiernos del PAN o del PRI, ambos flagelos siguen tan latentes y tan crecientes como siempre.

Ahora esos llamados a manifestarse, que en el pasado los hacían quienes hoy están en el gobierno, han sido vilipendiados desde el poder en un intento por minimizarlos, achacándolos a una oposición electorera para dispersarlos.

Cuando jóvenes identificados con el movimiento Generación Z, lanzaron una convocatoria para manifestarse “contra la crisis de inseguridad en México”, argumentando que “México vive una profunda crisis de inseguridad, impunidad y violencia. Mientras el pueblo lucha cada día por sobrevivir, el gobierno decide negar e invisibilizar el dolor que nos está consumiendo. Los asesinatos, las desapariciones y amenazas se han vuelto parte del miedo cotidiano, y, aun así, quienes deberían protegernos guardan silencio”, fueron, efectivamente, minimizados.

La Presidenta desde Palacio Nacional refirió: “La manifestación que están convocando supuestamente jóvenes de una generación no tiene nada que ver con una protesta genuina. Vamos a ver cuáles son las cuentas que la promueven, porque no surgió de los jóvenes, sino de los mismos de siempre”. Justificó que se invierte dinero en las cuentas promoventes.

Los mismos jóvenes hubieron de aclarar que no representan un movimiento partidista, que no tienen afiliación política ni ideológica, y mantuvieron su convocatoria, para el sábado 8 de noviembre manifestarse por la inseguridad y la violencia.

Otras protestas han sido anunciadas a lo largo y ancho de México a propósito del asesinato del alcalde Carlos Manzo; su crimen ha indignado a tal grado: su vida de valentía, su grito de ayuda, su crítica al gobierno… todas circunstancias que fueron apagadas por un asesino al servicio de la mafia que acosa a su pueblo, y que debido al abandono en que dejaron a Manzo hasta la muerte, lo seguirá acosando.

Entre las manifestaciones por la indignación del crimen, los habitantes de Uruapan hicieron un llamado a un paro de labores para este viernes 7 de noviembre; una sociedad respondiendo como puede, con sus medios y sus ideas, uniéndose para no ser blanco individual de la injuria del gobierno o las balas del crimen, que reacciona ante el asesinato de su alcalde sin partido.

Así se expresará una sociedad vulnerada, atrapada entre la amenaza del crimen organizado y la indiferencia del Estado Mexicano que, con mucha indignación, tomará las calles, tal como, en el pasado, lo promovió y lo hizo el movimiento que hoy está en el Poder, aunque pretendan olvidarlo.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

Marcos Segundo, de 81 años: la víctima 24 por el incendio en el Waldo’s de Hermosillo

Marcos Segundo, un hombre de 81 años de edad, es la víctima número 24 del incendio en la tienda Waldo’s, en Hermosillo, Sonora, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

El Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, confirmó el jueves el fallecimiento Marcos Segundo, de 81 años años de edad, la víctima número 24 debido a la explosión ocurrida en una tienda Waldo’s ubicada en el centro de Hermosillo, el pasado 1 de noviembre.

Luego de permanecer seis días hospitalizado por sufrir quemaduras en el 90 por ciento del cuerpo, Marcos Segundo murió durante la tarde del jueves cuando estaba internado en terapia intensiva en la Clínica del Noroeste, situación por la que el Gobernador Alfonso Durazo envió sus condolencias a la familia del hombre de la tercera edad.
“Recibo con profunda tristeza la noticia del fallecimiento del señor Marco (…) Reafirmo mi compromiso de llegar al fondo de esta tragedia que tanto nos ha lastimado como sociedad”, escribió el Edil en su cuenta de X.


El pasado 3 de noviembre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora presentó los avances de la investigación sobre el incendio que, presuntamente, se originó por la falla de un transformador eléctrico dentro del establecimiento, lo que originó la rápida propagación del fuego y la acumulación de humo tóxico que dificultó la salida de clientes y trabajadores.

Entre las 24 personas fallecidas por el incendio hay dos niñas, cuatro niños, 12 mujeres (una de ellas embarazada) y seis hombres. Cuatro mujeres murieron junto con sus hijos, mientras que 15 personas más resultaron lesionadas y tres mujeres resultaron con heridas graves, quienes responden a los nombres de Gloria, Dana y María Isabel, la última de ellas fue trasladada a Phoenix, Arizona, para recibir atención médica especializada.

Respecto a los decesos por la explosión, las autoridades de salud indicaron que las principales causas fueron la inhalación de gases tóxicos, lo que permitió a los peritos identificar la identidad de las víctimas, mediante análisis realizados en el lugar de los hechos y en los laboratorios forenses.
Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que aún continúa con las investigaciones para determinar las causas exactas del incendio y esclarecer si existieron fallas en las medidas de seguridad o en los protocolos de emergencia del establecimiento. También se revisará el funcionamiento del transformador eléctrico y la respuesta del personal ante la emergencia.

La institución precisó que, hasta el momento, se coordina con Protección Civil y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para realizar peritajes técnicos que permitan establecer responsabilidades, así como verificar si el inmueble contaba con rutas de evacuación y extintores en condiciones adecuadas.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

"Tenemos que hacer todo para que ningún joven se acerque a la delincuencia": Claudia

Claudia Sheinbaum condenó que la derecha, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, criticara los esfuerzos del líder morenista por acercarse a las juventudes y reivindicó que el combate a la inseguridad se logra con una estrategia transversal.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró este viernes que su Gobierno priorizará la atención a las causas de la violencia, luego de darse a conocer que el asesino de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan ultimado el pasado sábado en un evento público, era un joven de apenas 17 años. La mandataria aseguró que hará todo lo necesario para que ningún joven se acerque a la delincuencia.
"Por eso la estrategia de seguridad no es solamente presencia de las fuerzas de seguridad, fortalecimiento de las fiscalías, las detenciones, no solamente es eso. Tiene que tener necesariamente un contenido de atención a las causas, ningún mexicano, mexicana, bueno nadie quiere que los jóvenes se acerquen a los grupos delincuenciales. Fueron demasiados años, 36 años de abandono de los jóvenes. Apenas se recuperó durante seis años una política de avance en la educación y en atención a los jóvenes", explicó la mandataria.
Desde su conferencia de prensa en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo sostuvo que el objetivo es que las y los jóvenes tengan una opción de vida distinta a la delincuencia y destacó que eso se buscará con el Plan Michoacán por la Paz y Justicia.
"Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que ningún joven se acerque a un grupo delincuencia, ese es nuestra visión. Hay que seguir trabajando en ello todos los días, por eso es el plan Michoacán por la Paz y Justicia, porque no solamente es la presencia, repito, de las fuerzas federales o las detenciones, o la fortaleza de las fiscalías; que los jueces hagan su trabajo para que haya detenciones de personas que presuntamente pertenecen a los grupos delincuenciales, y que tengan sus juicios, sino la atención a las causas", aseveró.
La mandataria recalcó que este cambio sólo ocurrirá con el fomento de la cultura, el deporte y las artes. También dijo la estrategia de seguridad no deja de lado la presencia de fuerzas de seguridad en los territorios.

"Nuestros objetivo es a través de la cultura, del deporte y de la educación; y de una visión distinta de las y los jóvenes la posibilidad de darles todas las opciones para que no tengan a la delincuencia organizada como una opción de vida. Una estrategia de seguridad tiene que tener la parte formal de presencia de la policía, de la Guardia Nacional, de las fuerzas federales si es necesario [...], pero tiene que tener atención a las causas. Abrazar a los jóvenes, a las y los jóvenes", insistió Claudia Sheinbaum.


La Jefa del Ejecutivo federal condenó que la derecha, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, criticara los esfuerzos del líder morenista por acercarse a las juventudes y reivindicó que el combate a la inseguridad se logra con una estrategia transversal, en la que participan fiscalías, jueces y autoridades.

"La derecha criticó mucho esto de 'abrazos, no balazos', porque decían ellos que era abrazos a la delincuencia. Falso, nadie planteó nunca eso. El asunto es que hay que acercarse a los jóvenes que llamaron 'ninis'. No. [...] Tiene que haber más escuelas, tiene que haber más atención, tiene que haber más cultura, tiene que haber más deporte, de tal manera que los jóvenes se sientan atendidos y no vean en un grupo delincuencia una opción que en realidad parece que les da recursos y al final es una opción de muerte para todas y todos ellos", finalizó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Uruapan se moviliza en marcha por la paz; Alcaldesa exige justicia y acabar extorsión

Grecia Quiroz afirmó que su encuentro con la Presidenta Claudia Sheinbaum no fue para rendirse, sino para exigir justicia y la pacificación de Uruapan mediante el combate frontal a la delincuencia.

Miles de habitantes de Uruapan, Michoacán, marcharon la tarde de este viernes hacia el Centro Histórico del municipio para exigir justicia por el asesinato del exalcalde Carlos Manzo y demandar fin a de las extorsiones y homicidios que padecen los pobladores de la región.

Ciudadanos, funcionarios, estudiantes y comerciantes exigieron también la renuncia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en una concentración a la que acudieron unas 60 mil personas, según estimaciones de las autoridades.

Grecia Quiroz, esposa del finado Carlos Manzo y recién designada Alcaldesa sustituta por el Congreso estatal, encabezó el mitin que tuvo lugar en el centro del municipio.

Ante la multitud reunida en la plaza principal, Quiroz dijo que la reunión que sostuvo con la Presidenta Claudia Sheinbaum no fue para “doblar las manos”, sino para exigir justicia.
“Quiero que sepan que la reunión que tuve con la presidenta de México no fue para ir a doblar las manos, fue para ir a exigir justicia, justicia por Carlos Manzo; exigir que volvieran a ver a nuestro municipio; fue para exigir que saquen a todos esos delincuentes que ellos saben dónde se encuentran”, dijo ante los manifestantes.

La Alcaldesa denunció la inseguridad que padecen los comerciantes, marcada por la extorsión y el homicidio que se ha apoderado de la vida productiva de la localidad.
“Exigir que ninguno de nosotros tenga que vivir bajo la extorsión; que el comerciante pueda trabajar, que el tortillero pueda trabajar, que el sector aguacatero —que es el que nos sostiene— no sea más extorsionado. A eso fui con la presidenta de México, porque no nos vamos a doblar. Vamos a seguir el legado de Carlos Manzo, y sabemos que él hablaba fuerte y claro. Vamos a seguir bajo esta firme condición, ténganlo por seguro”, expresó la Edil sustituta.

Además, hizo hincapié en que el actual Movimiento del Sombrero está tomando una fuerza ciudadana que, aseguró, sólo podría ser detenida si matan a cada uno de sus integrantes.
"Tendrían que matarnos a todos los que estamos aquí para que esta lucha deje de caminar en las calles. No vamos a permitir que nadie vuelva a pisotear a los uruapenses, ni que ensangrienten más esta tierra”, advirtió, al tiempo que sostenía el sombrero de su esposo asesinado.
"Quienes mandaron matar a Carlos Manzo no supieron que este sombrero tiene una fuerza imparable, incansable. En 2027 les vamos a dar ese voto de castigo, porque vamos a hacer valer la memoria de Carlos Manzo”, proclamó. “¡Ni un paso atrás!”, corearon los manifestantes enardecidos por el asesinato del exalcalde.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Devorados por el Ajusco: “Las víctimas no tenemos derechos humanos”

La incesante búsqueda de Olín Hernando Vargas permite asomarse al hoyo negro en que se ha convertido el Ajusco, lugar que solía ser de convivencia familiar. “Ese día salió a una cita con una amiga. Dijo que ella trabajaba por la zona del Ajusco, en negocios o cabañas”, dice su padre. Sin embargo, nunca regresó.

El 26 de noviembre de 2024, Olin Hernando Vargas Ojeda salió rumbo al Ajusco con la promesa de reencontrarse con una amiga del CCH. Nunca volvió. Casi un año después, su padre, Fernando Vargas, sigue buscando respuestas. Para él ni la Comisión de Búsqueda ni la Fiscalía han hecho su trabajo.

“No ocupamos más edificios ni fotoboletines. Ocupamos una persona responsable que investigue, que busque, que responda. Una sola”. 

La familia de Olin denuncia que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México perdió evidencia clave, retrasó detenciones y desatendió líneas de investigación que pudieron salvar la vida de su hijo.

“Ese día salió a una cita con una amiga. Dijo que ella trabajaba por la zona del Ajusco, en negocios o cabañas”, sin embargo, nunca regresó.  “A la una de la mañana vimos un mensaje con un reloj en mi teléfono: decían que lo tenían secuestrado y pedían seis millones de pesos”, recuerda Fernando en entrevista con EMEEQUIS.

La camioneta de Olin fue hallada horas después, chocada, con las puertas abiertas y rastros de sangre en el tablero. En el asiento, su padre encontró un pedazo de su playera. “A partir de ahí no tocamos nada, fuimos por ayuda judicial”. Llamaron al 911 y dejaron que las autoridades se hicieran cargo de la escena. Fernando menciona que había rastros de que su hijo se defendió y que se había tratado de un acto coordinado en el que por lo menos participaron dos vehículos más.

Un día después, ya estando en su casa, “llegó la policía y estaba ahí mi sobrina. Luego supimos que ella y su esposo habían sido cómplices”, relata. Ambos permanecen en prisión preventiva, pero podrían salir libres si no se acredita su responsabilidad.

El día que la policía visitó su hogar, explica que apartaron a Laura, su sobrina, para ese momento ya sabían que ella había hecho una recarga telefónica al número desde el cual les habían solicitado el rescate de  6 millones de pesos. 

Fernando acusa que la Fiscalía tuvo evidencia desde el segundo día  y tardó mes y medio en realizar las detenciones. “Si ya tenían evidencia, ¿por qué no los detuvieron? ¿Por qué no se hizo nada para garantizar la vida de mi hijo?”, cuestiona.

Asegura que el pedazo de playera que él mismo entregó desapareció bajo custodia ministerial, lo que impidió obtener huellas o muestras de ADN. “Nos dijeron que se había perdido. Esa negligencia es imperdonable.”


“LAS BÚSQUEDAS RESULTARON INÚTILES”

Las búsquedas oficiales, dice, han sido tardías e ineficaces. La primera en campo ocurrió cuatro meses después de la desaparición, en el mismo punto donde fue hallada la camioneta. “Buscar cuatro meses después es absurdo. Ya no hay rastros, todo está alterado”, reclama.

Fernando critica la actuación de las comisiones de búsqueda: “Son inútiles, no deberían existir. Lo que se necesita es una Fiscalía que investigue, no oficinas que repartan culpas. A nosotros nos mandan a buscar al Ajusco sin indicios, mientras no hay una sola búsqueda en vida de mi hijo”.

La familia de Olin se ha unido con otras dos familias: las de Ana Amelí y Luis Óscar, desaparecidos también en la zona, para realizar sus propias jornadas de difusión. Pegan lonas, carteles y mantas con recompensas y números de contacto, muchas veces sin apoyo institucional.

“Nosotros somos personas mayores. No tenemos fuerza ni conocimientos para hacer búsquedas, pero lo hacemos porque nadie más lo hace. A las familias nos engañan. Las leyes de víctimas son letra muerta”, lamenta.

SER ESCUCHADO CUESTA UNA HUELGA DE HAMBRE

Ante la inacción, Fernando y su esposa realizaron una huelga de hambre de dos días frente a la Secretaría de Gobernación el pasado 23 de octubre. La protesta derivó en una reunión con la Comisión Nacional de Búsqueda y la fiscal general Bertha Alcalde Luján.

“Ese viernes firmamos una minuta de acuerdos: se comprometieron a investigar por qué no se detuvo a los responsables a tiempo, por qué se perdió la playera de mi hijo y a reactivar la investigación”, explica Fernando. Con esos compromisos levantaron la huelga.

A casi un año de la desaparición, sólo hay dos personas detenidas y ninguna pista clara del paradero de Olin. “Mientras más tiempo pasa, menos probabilidad hay. Las víctimas no tenemos derechos humanos”, sentencia.

NO ES UN CASO AISLADO

El caso de Olin no es aislado. En los últimos años, el Ajusco se ha convertido en un foco rojo de desapariciones, con operativos tardíos y líneas de investigación fragmentadas entre la CDMX, Morelos y el Estado de México.

Fernando resume su desesperanza en una frase: “No ocupamos fotoboletines, ocupamos resultados, no ocupamos más edificios ni fotoboletines. Ocupamos una persona responsable que investigue, que busque, que responda. Una sola”. 

Su lucha, dice, no busca compasión, sino eficacia: que el aparato de justicia funcione antes de que otra familia tenga que pegar mantas en los cerros del Ajusco.



El Ajusco se ha convertido en un foco rojo de desapariciones forzadas y misteriosas, con al menos 300 casos reportados desde 2017 y más de 340 en la demarcación hasta 2025, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda. Esta área de 920 hectáreas, popular entre senderistas y excursionistas por sus senderos y vistas panorámicas, es también un territorio inhóspito marcado por la impunidad del crimen organizado, la falta de vigilancia, alumbrado deficiente y conectividad limitada que obstaculiza el monitoreo de cámaras del C5. 

Casos emblemáticos como el de Guadalupe Pamela Gallardo Volante, desaparecida en 2017 durante un festival; Ana Amelí García Gámez, una joven de 19 años vista por última vez en julio de 2025 en el Pico del Águila; María Isabella Orozco Lozano, de 16 años, extraviada en septiembre del mismo año; y Luis Óscar Ayala, un odontólogo de 48 años perdido en una caminata, ilustran un patrón alarmante de víctimas, mujeres, hombres y menores, que salen por placer o rutina y no regresan. Colectivos de madres buscadoras, como “Una Luz en el Camino”, realizan jornadas exhaustivas con apoyo de voluntarios, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia, desenterrando restos óseos en lo que llaman “fosas clandestinas”, mientras denuncian la omisión institucional y exigen protocolos más ágiles para combatir esta sombra de violencia en el corazón de la capital.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: MARICARMEN GUTIÉRREZ ROMERO.

Adela Navarro, codirectora de ZETA, denuncia amenazas tras hostigamiento

La periodista Adela Navarro Bello, codirectora del Semanario ZETA, denunció ante la Fiscalía de Baja California haber sido víctima de actos intimidatorios y amenazas, luego de que el empresario Manuel Cisneros Romero acudió al medio con escoltas armados para exigir verla tras la publicación de una nota sobre el asesinato de su hijo.

Adela Navarro ya denunció ante la Fiscalía del estado las amenazas de las que fue víctima cuando Manuel Cisneros Romero se presento en el  Semanario ZETA acompañado de guardaespaldas armados y abogados. 

La periodista Adela Navarro Bello, codirectora del Semanario ZETA, denunció ante la Fiscalía General del Estado de Baja California haber sido víctima de actos intimidatorios y amenazas luego de que el empresario Manuel Cisneros Romero, padre del joven asesinado Omar Cisneros Salcedo, llegó al medio acompañado de escoltas armados y rodeado de cámaras para exigir verla y confrontarla por una nota sobre el crimen de su hijo.
La fiscal general Ma. Elena Andrade Ramírez, este 4 de noviembre, confirmó la denuncia presentada por Navarro Bello y calificó el hecho como “una comparecencia intimidatoria”.

“Ella se sintió amenazada en su integridad porque recibió la presencia del padre del joven asesinado, acompañado de abogados y hombres armados”, declaró la funcionaria estatal.
“Además de las agresiones de género, por tratarse de una mujer, sintió amenazas reales y eminentes”, añadió.

La fiscal confirmó que la FGE investiga al comerciante Manuel Cisneros: “Al llegar esta persona en esas condiciones, levantando la voz, tomamos la denuncia presentada por los abogados de la periodista. Se le ha brindado todo el apoyo por parte del Gobierno del Estado, de la Secretaría General de Gobierno y de la Fiscalía, que continuará con las investigaciones”, declaró Andrade Ramírez.

Agregó que se ha ofrecido protección especial a la periodista debido a la vulnerabilidad y el riesgo que enfrenta tras el incidente. “Ella se siente vulnerable al recibir amenazas que, aunque sean verbales, también lo son. Y ahora, con la presencia de hombres armados que llegaron al lugar, es un hecho muy delicado”, subrayó la fiscal.

LLEGÓ CON HOMBRES ARMADOS

Los hechos ocurrieron el viernes 31 de octubre, cuando Cisneros, acompañado por su abogado Miguel Lanz Paredes y escoltas armados, se presentó en las instalaciones del semanario y, rodeado de cámaras de medios digitales, exigió “dar la cara” por una nota titulada“Crimen de Cisneros: pleito, extorsión y narco”, en la que se documentan las líneas de investigación sobre el asesinato de su hijo, Omar Cisneros Salcedo, propietario de la birriería La Hacienda de Guadalajara, ejecutado el 25 de octubre en Ensenada.

ARTÍCULO 19 PIDE PROTECCIÓN PARA LA PERIODISTA

La organización Artículo 19 México condenó los hechos y exigió medidas de protección para Navarro y el equipo del semanario, recordando que ZETA ha sido objeto de tres amenazas en el último año.

“Exigimos a las autoridades que protejan la integridad de Adela Navarro y del equipo de ZETA ante los actos intimidatorios realizados en su contra”.
De acuerdo con información publicada por el propio semanario, Cisneros Romero llegó gritando frente al edificio:

“Vengo a buscar a esta señora Adela Navarro por la nota publicada sobre mi hijo. Se atreven a decir que está vinculado con los cárteles. Quiero que me dé la cara y me muestre las pruebas”. 

El empresario incluso acusó al medio de recibir dinero a cambio de publicar la investigación y advirtió que “vamos a ir por todo”, sin detallar a qué se refería.
Artículo 19 insiste: “Las autoridades deben garantizar que los ataques a la libertad de prensa no queden impunes. ZETA no está sola”.

ZETA BAJO PRESIÓN

La edición cuestionada se basó en información oficial de la Unidad de Delitos Contra la Vida de la FGE y de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), que integran la carpeta de investigación sobre el homicidio de Omar Cisneros Salcedo.

Sin embargo, ahora el medio así como sus integrantes buscan la manera de defenderse de aquellos que consideran como alternativa presentarse con armas y exigencias a su editorial.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Tres policías de la CdMx son detenidos por la muerte de un joven bajo su custodia

Los videos de vigilancia permitieron identificar a los policías de la CdMx que participaron en la detención de un joven que posteriormente perdió la vida.

Tres policías capitalinos fueron detenidos e ingresados a un reclusorio, al ser señalados como presuntos responsables de la muerte de un joven al que detuvieron en calles de la Alcaldía Venustiano Carranza, el pasado 4 de noviembre.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) informó este viernes en un comunicado, que derivado de dicha situación el director del sector al que pertenecen los elementos será cesado de su cargo.

De acuerdo con el reporte oficial, la Dirección de Asuntos Internos de la SSC recibió una denuncia ciudadana por la desaparición de un joven de 21 años de edad.
La víctima habría sido detenida por policías de la CdMx en la calle Soledad, de la colonia Zona Centro, el martes 4 de noviembre.

Como resultado del análisis de videos captados por cámaras de vigilancia, autoridades lograron identificar a los tres agentes involucrados en el arresto del sujeto, quien fue diagnosticado por paramédicos sin signos vitales tras su detención.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Homicidio de alcalde de Uruapan impulsa tipificación del reclutamiento infantil: Redim

Las niñas, niños y adolescentes aunque deben responder ante la ley, su situación debe considerarse desde la protección de derechos.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) pidió a las autoridades del país avanzar en la tipificación específica del delito de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de organizaciones criminales.

Esto, luego del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, en el que un joven de 17 años aparece como presunto implicado.

La organización manifestó su preocupación por el caso y afirmó que constituye un ejemplo de la crisis de violencia que afecta a la niñez y adolescencia en México.

“El presunto perpetrador fue un adolescente de 17 años de edad”, expresó, y advirtió que este hecho revela fallas profundas en las políticas públicas de prevención y atención dirigidas a este grupo de la población.

Redim insistió en que el uso de adolescentes como sicarios pone en evidencia la vulnerabilidad en la que viven miles de menores en el país.

De acuerdo con su análisis, hasta 250 mil niñas, niños y adolescentes enfrentarían riesgos de ser reclutados por la delincuencia organizada, con especial incidencia en entidades como Michoacán.

Además, subraya que estos jóvenes no solo se ven inmersos en actividades ilícitas, sino que también provienen de contextos marcados por desigualdad, discriminación y falta de oportunidades.

“Las y los adolescentes que cometen delitos son, ante todo y como lo ha señalado el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, víctimas: de la violencia estructural que los utiliza como una herramienta desechable”, indicó la Red.

En su comunicado recalcó que, aunque deben responder ante la ley, su situación debe considerarse desde la protección de derechos.

Además, la organización lamentó la divulgación del nombre, la imagen y otros datos personales del adolescente detenido en este caso, tanto por algunos medios como por autoridades de Michoacán.

Señaló que estas acciones constituyen una violación a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a estándares internacionales de justicia para personas menores de edad.

Difundir esta información, señaló, revictimiza y fomenta la estigmatización, en lugar de un enfoque de justicia restaurativa que contribuya a su reintegración social.

Redim reiteró que la prevención del reclutamiento forzado debe colocarse como una prioridad en la agenda pública.

“Urgimos (…) a tipificar de manera específica el delito de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, sin caer en tentaciones de disminuir la edad de imputabilidad y reconociéndoles como víctimas y como sujetos de derechos”, apuntó.

También llamó a fortalecer la protección integral de la niñez y adolescencia como vía para disminuir la incidencia del crimen organizado en sus comunidades.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

México busca extender emergencia por plaga de gusano barrenador del ganado a todo el país

El anteproyecto, registrado en el expediente 12/0076/061125, justifica estas medidas debido a que "la plaga del GBG se encuentra presente en el sur y centro del país, con riesgo de que se disemine hacia zonas ganaderas libres del norte de México".

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) de México publicó este jueves un anteproyecto que busca extender la emergencia zoosanitaria por la plaga del gusano barrenador del ganado (GBG) en todo el país, debido a su avance y propagación desde la frontera sur hacia el resto del territorio nacional.

El anteproyecto argumenta que “la diseminación de la plaga y su avance desde la frontera sur del territorio mexicano, hace necesario implementar mayores acciones y medidas zoosanitarias“.

Ante ello, el acuerdo publicado en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), busca ampliar el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal hacia todas las regiones del país, cuando inicialmente fue activado solo en el sur.

Como medidas urgentes, el proyecto establece que todos los propietarios de animales deberán notificar al Servicio Nacimiento de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) cualquier “gusanera (larva) en cuanto sea detectada en heridas de animales susceptibles”.

Además, los propietarios deberán contar con un Certificado Zoosanitario de Movilización (CZM), emitido por el Senasica, para poder trasladar ganado bovino, bufalino, ovino, caprino, porcino y bisontes.

Para obtener dicho certificado, todo el ganado a ser transportado deberá recibir un tratamiento con lactonas macrocíclicas, de tres a cinco días antes de solicitar el CZM.

Después del tratamiento y antes del traslado, los animales deberán pasar por un baño por aspersión o inmersión con un insecticida larvicida, y una revisión física para descartar larvas o heridas.

Si el traslado no ocurre de inmediato y el ganado se mueve de seis a 15 días después del tratamiento, deberá aplicarse un segundo tratamiento. Pero si pasan 15 días desde el tratamiento, el procedimiento deberá reiniciarse, señala el acuerdo.

El anteproyecto, registrado en el expediente 12/0076/061125, justifica estas medidas debido a que “la plaga del GBG se encuentra presente en el sur y centro del país, con riesgo de que se disemine hacia zonas ganaderas libres del norte de México”.

De aprobarse el acuerdo, este entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Hace una semana, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, afirmó que aún no existen “condiciones” para fijar una fecha de reapertura de la frontera con Estados Unidos para la exportación del ganado, tras el cierre hace casi un año.

El cierre fronterizo al ganado, decretado por Estados Unidos en noviembre de 2024, se debe al brote del GBG, una plaga que afecta al sector pecuario y que llevó al Departamento de Agricultura estadounidense (USDA) a suspender temporalmente las importaciones de animales vivos procedentes de México.

Las importaciones de ganado desde México juegan un papel importante en EE.UU., promediando más de un millón de cabezas anuales durante décadas, lo que representa aproximadamente el 60% de las importaciones de ganado vivo y alrededor del 3% de la cabaña nacional. Esto convierte a México en uno de los principales proveedores de ganado de bovino vivo hacia Estados Unidos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.