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Claudia Sheinbaum y Emmanuel Macron se reúnen en privado en Palacio Nacional

En días anteriores, Sheinbaum señaló: “Nos interesa a nosotros mucho por unos códices que queremos que lleguen a México (desde Francia), ese es nuestro principal interés”, así como temas comerciales o económicos.

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió a su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, en Palacio Nacional. 

Tras escuchar los himnos nacionales de México y Francia en una breve ceremonia, los mandatarios se reúnen en privado.

Entre los funcionarios que acompañan a la mandataria federal está Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. 

En días anteriores, Sheinbaum señaló: “Nos interesa a nosotros mucho por unos códices que queremos que lleguen a México (desde Francia), ese es nuestro principal interés”, así como temas comerciales o económicos.  

“La relación bilateral fortalece el respeto mutuo, el diálogo y la hermandad entre nuestros pueblos”, público la presidenta Sheinbaum en sus redes sociales.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.

Juez niega desbloquear cuentas bancarias a Araceli Brown

El Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California negó la suspensión definitiva a la diputada federal morenista Hilda Araceli Brown Figueredo en el juicio de amparo que promueve en contra su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas (LDP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el congelamiento de sus cuentas bancarias.

Con esta resolución la exalcaldesa de Playas de Rosarito tendrá que esperar a que el juicio de garantías se resuelva en el fondo para poder disponer de los recursos bursátiles que tiene en sus cuentas de banco en Banorte e Inbursa y que se encuentran bloqueadas por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Anteriormente, al inicio del juicio de amparo ya se le había negado a Brown Figueredo la suspensión provisional de los actos reclamados porque no había acreditado su personalidad jurídica e interés suspensional al no exhibir documentos que probaran que es titular de las referidas cuentas. Subsanó la pifia posteriormente con copias de los contratos y estados de cuenta; sin embargo, al desahogar la audiencia incidental de fecha 6 de noviembre, el juzgador Marco Arreola negó nuevamente la medida cautelar definitiva.

Araceli Brown fue incluida en la LPB de las autoridades hacendarias en el acuerdo 282/2025 después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitiera una alerta el 18 de septiembre de 2025 sancionando financieramente en ese país a personas y empresas presuntamente relacionadas con una de las redes regionales del Cártel de Sinaloa, entre ellas la diputada federal.

Tanto la legisladora, como otros señalados en la misma designación estadounidense, entre ellos los empresarios Jesús González Lomelí y Candelario Arcega Aguirre, así como sus empresas de los sectores alimenticios, espectáculos y transporte, son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para determinar si, como lo presumen los norteamericanos, participan en actividades de lavado de dinero en favor de la citada organización criminal.

La celebración de la audiencia constitucional en el amparo 828/2025 de Araceli Brown está prevista para el 13 de noviembre próximo; sin embargo, aún hay autoridades responsables que no han remitido sus informes justificados, lo que podría diferir la fecha para su desahogo, como ocurre en la mayoría de los juicios de amparo.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.

La indignación toma las calles

El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ha sido el parteaguas de la indignación ciudadana en México. A sus 40 años, recién cumplidos en abril 2025, el alcalde demostró no sólo compromiso con su pueblo, también valentía para enfrentar a poder y crimen, y una conducta de suma empatía y sencillez, caracterizada por su disponibilidad social.

Enfundado en su sombrero vaquero que hizo insignia de su personalidad, el alcalde no vivió escondido, ni se autocensuró cuando tuvo la imperante necesidad de representar a sus gobernados para defenderlos de las garras del crimen organizado, y exigir seguridad al Gobierno del Estado y al de la República.

Como suele suceder en estos casos, y más cuando se trata de opositores al movimiento en el poder que es Morena, a Carlos Manzo lo dejaron solo. Aunque materialmente lo asesinaron ligados a un cártel de la droga, al alcalde de Uruapan lo mató el abandono de un gobierno que no protege a sus ciudadanos, que no provee seguridad a los vulnerados; que tajantemente rechaza la crítica, y desoye el grito de ayuda que, cada vez, se escucha más fuerte en distintas regiones del país.

Las muchas evidencias videográficas de la lucha de Carlos Manzo y sus peticiones de ayuda a los gobiernos de Morena (el de Michoacán a cargo de Alfredo Ramírez Bedolla; el de la República que titula la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo) deberían haberse tomado con la seriedad que el caso amerita, pero fueron desoídas por la autoridad en el Poder Ejecutivo, porque Carlos Manzo no era de Morena; él llegó a la alcaldía de Uruapan como candidato independiente, después de haber representado al partido oficial y renunciar al mismo.

En el México actual, gritan por ayuda aquellos que no tienen ligas con el partido oficial, pero el apoyo sólo se provee a quienes militan en Morena. Hay casos como Sinaloa, donde a pesar de la terrible y creciente inseguridad y violencia, el gobernador Rubén Rocha Moya permanece intacto: no critica la falta de una estrategia en materia de seguridad que lleve tranquilidad a los sinaloenses, ni pide ayuda; no le hace falta para, por lo menos él, mantenerse a salvo. Se sabe protegido por el gobierno, arropado por el morenismo, y, por alguna razón, respetado por el crimen organizado.

Pero Carlos Manzo, desde la oposición, sí pidió ayuda; pero al Gobierno de la República la oposición le causa desconfianza y no actúa en consecuencia. Como en el sexenio anterior, a todo aquel que no sea representante de Morena, o no milite con sus causas, o critique las políticas públicas por ellos emanadas, se le llama adversarios, o se les encasilla en el conservadurismo, y se les denuesta.

En estos días, si se indigna por el crimen de Carlos Manzo y se hace una denuncia pública, o una manifestación, se corre el riesgo de ser difamado por el gobierno -en el mejor de los casos- e investigado -en el extremo-, nada más por no estar de acuerdo con la situación de violencia e inseguridad en el País.

La Presidenta de la República se indignó ante la manifestación ciudadana por el asesinato de Manzo, también porque la oposición se posicionó sobre el hecho violento de alto impacto. Resolvió que no era una preocupación genuina por la seguridad del país o de Uruapan, sino que se estaban aprovechando del dolor para sacar partido político electoral.

Se le olvidó a la Presidenta cómo, cuando Morena era oposición, su líder se manifestaba contra las políticas de seguridad y la violencia que prevalecía (prevalece) en México en sexenios anteriores, como el de Felipe Calderón hace casi 20 años, o el de Enrique Peña Nieto, iniciado hace 13 años.

Distintos sectores de la sociedad mexicana han convocado a manifestaciones masivas por la inseguridad y la violencia que, aun en un gobierno que prometió una transformación, y, por tanto, generar un ambiente de paz que contrastase con los gobiernos del PAN o del PRI, ambos flagelos siguen tan latentes y tan crecientes como siempre.

Ahora esos llamados a manifestarse, que en el pasado los hacían quienes hoy están en el gobierno, han sido vilipendiados desde el poder en un intento por minimizarlos, achacándolos a una oposición electorera para dispersarlos.

Cuando jóvenes identificados con el movimiento Generación Z, lanzaron una convocatoria para manifestarse “contra la crisis de inseguridad en México”, argumentando que “México vive una profunda crisis de inseguridad, impunidad y violencia. Mientras el pueblo lucha cada día por sobrevivir, el gobierno decide negar e invisibilizar el dolor que nos está consumiendo. Los asesinatos, las desapariciones y amenazas se han vuelto parte del miedo cotidiano, y, aun así, quienes deberían protegernos guardan silencio”, fueron, efectivamente, minimizados.

La Presidenta desde Palacio Nacional refirió: “La manifestación que están convocando supuestamente jóvenes de una generación no tiene nada que ver con una protesta genuina. Vamos a ver cuáles son las cuentas que la promueven, porque no surgió de los jóvenes, sino de los mismos de siempre”. Justificó que se invierte dinero en las cuentas promoventes.

Los mismos jóvenes hubieron de aclarar que no representan un movimiento partidista, que no tienen afiliación política ni ideológica, y mantuvieron su convocatoria, para el sábado 8 de noviembre manifestarse por la inseguridad y la violencia.

Otras protestas han sido anunciadas a lo largo y ancho de México a propósito del asesinato del alcalde Carlos Manzo; su crimen ha indignado a tal grado: su vida de valentía, su grito de ayuda, su crítica al gobierno… todas circunstancias que fueron apagadas por un asesino al servicio de la mafia que acosa a su pueblo, y que debido al abandono en que dejaron a Manzo hasta la muerte, lo seguirá acosando.

Entre las manifestaciones por la indignación del crimen, los habitantes de Uruapan hicieron un llamado a un paro de labores para este viernes 7 de noviembre; una sociedad respondiendo como puede, con sus medios y sus ideas, uniéndose para no ser blanco individual de la injuria del gobierno o las balas del crimen, que reacciona ante el asesinato de su alcalde sin partido.

Así se expresará una sociedad vulnerada, atrapada entre la amenaza del crimen organizado y la indiferencia del Estado Mexicano que, con mucha indignación, tomará las calles, tal como, en el pasado, lo promovió y lo hizo el movimiento que hoy está en el Poder, aunque pretendan olvidarlo.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

Marcos Segundo, de 81 años: la víctima 24 por el incendio en el Waldo’s de Hermosillo

Marcos Segundo, un hombre de 81 años de edad, es la víctima número 24 del incendio en la tienda Waldo’s, en Hermosillo, Sonora, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

El Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, confirmó el jueves el fallecimiento Marcos Segundo, de 81 años años de edad, la víctima número 24 debido a la explosión ocurrida en una tienda Waldo’s ubicada en el centro de Hermosillo, el pasado 1 de noviembre.

Luego de permanecer seis días hospitalizado por sufrir quemaduras en el 90 por ciento del cuerpo, Marcos Segundo murió durante la tarde del jueves cuando estaba internado en terapia intensiva en la Clínica del Noroeste, situación por la que el Gobernador Alfonso Durazo envió sus condolencias a la familia del hombre de la tercera edad.
“Recibo con profunda tristeza la noticia del fallecimiento del señor Marco (…) Reafirmo mi compromiso de llegar al fondo de esta tragedia que tanto nos ha lastimado como sociedad”, escribió el Edil en su cuenta de X.


El pasado 3 de noviembre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora presentó los avances de la investigación sobre el incendio que, presuntamente, se originó por la falla de un transformador eléctrico dentro del establecimiento, lo que originó la rápida propagación del fuego y la acumulación de humo tóxico que dificultó la salida de clientes y trabajadores.

Entre las 24 personas fallecidas por el incendio hay dos niñas, cuatro niños, 12 mujeres (una de ellas embarazada) y seis hombres. Cuatro mujeres murieron junto con sus hijos, mientras que 15 personas más resultaron lesionadas y tres mujeres resultaron con heridas graves, quienes responden a los nombres de Gloria, Dana y María Isabel, la última de ellas fue trasladada a Phoenix, Arizona, para recibir atención médica especializada.

Respecto a los decesos por la explosión, las autoridades de salud indicaron que las principales causas fueron la inhalación de gases tóxicos, lo que permitió a los peritos identificar la identidad de las víctimas, mediante análisis realizados en el lugar de los hechos y en los laboratorios forenses.
Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que aún continúa con las investigaciones para determinar las causas exactas del incendio y esclarecer si existieron fallas en las medidas de seguridad o en los protocolos de emergencia del establecimiento. También se revisará el funcionamiento del transformador eléctrico y la respuesta del personal ante la emergencia.

La institución precisó que, hasta el momento, se coordina con Protección Civil y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para realizar peritajes técnicos que permitan establecer responsabilidades, así como verificar si el inmueble contaba con rutas de evacuación y extintores en condiciones adecuadas.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

"Tenemos que hacer todo para que ningún joven se acerque a la delincuencia": Claudia

Claudia Sheinbaum condenó que la derecha, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, criticara los esfuerzos del líder morenista por acercarse a las juventudes y reivindicó que el combate a la inseguridad se logra con una estrategia transversal.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró este viernes que su Gobierno priorizará la atención a las causas de la violencia, luego de darse a conocer que el asesino de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan ultimado el pasado sábado en un evento público, era un joven de apenas 17 años. La mandataria aseguró que hará todo lo necesario para que ningún joven se acerque a la delincuencia.
"Por eso la estrategia de seguridad no es solamente presencia de las fuerzas de seguridad, fortalecimiento de las fiscalías, las detenciones, no solamente es eso. Tiene que tener necesariamente un contenido de atención a las causas, ningún mexicano, mexicana, bueno nadie quiere que los jóvenes se acerquen a los grupos delincuenciales. Fueron demasiados años, 36 años de abandono de los jóvenes. Apenas se recuperó durante seis años una política de avance en la educación y en atención a los jóvenes", explicó la mandataria.
Desde su conferencia de prensa en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo sostuvo que el objetivo es que las y los jóvenes tengan una opción de vida distinta a la delincuencia y destacó que eso se buscará con el Plan Michoacán por la Paz y Justicia.
"Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que ningún joven se acerque a un grupo delincuencia, ese es nuestra visión. Hay que seguir trabajando en ello todos los días, por eso es el plan Michoacán por la Paz y Justicia, porque no solamente es la presencia, repito, de las fuerzas federales o las detenciones, o la fortaleza de las fiscalías; que los jueces hagan su trabajo para que haya detenciones de personas que presuntamente pertenecen a los grupos delincuenciales, y que tengan sus juicios, sino la atención a las causas", aseveró.
La mandataria recalcó que este cambio sólo ocurrirá con el fomento de la cultura, el deporte y las artes. También dijo la estrategia de seguridad no deja de lado la presencia de fuerzas de seguridad en los territorios.

"Nuestros objetivo es a través de la cultura, del deporte y de la educación; y de una visión distinta de las y los jóvenes la posibilidad de darles todas las opciones para que no tengan a la delincuencia organizada como una opción de vida. Una estrategia de seguridad tiene que tener la parte formal de presencia de la policía, de la Guardia Nacional, de las fuerzas federales si es necesario [...], pero tiene que tener atención a las causas. Abrazar a los jóvenes, a las y los jóvenes", insistió Claudia Sheinbaum.


La Jefa del Ejecutivo federal condenó que la derecha, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, criticara los esfuerzos del líder morenista por acercarse a las juventudes y reivindicó que el combate a la inseguridad se logra con una estrategia transversal, en la que participan fiscalías, jueces y autoridades.

"La derecha criticó mucho esto de 'abrazos, no balazos', porque decían ellos que era abrazos a la delincuencia. Falso, nadie planteó nunca eso. El asunto es que hay que acercarse a los jóvenes que llamaron 'ninis'. No. [...] Tiene que haber más escuelas, tiene que haber más atención, tiene que haber más cultura, tiene que haber más deporte, de tal manera que los jóvenes se sientan atendidos y no vean en un grupo delincuencia una opción que en realidad parece que les da recursos y al final es una opción de muerte para todas y todos ellos", finalizó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Uruapan se moviliza en marcha por la paz; Alcaldesa exige justicia y acabar extorsión

Grecia Quiroz afirmó que su encuentro con la Presidenta Claudia Sheinbaum no fue para rendirse, sino para exigir justicia y la pacificación de Uruapan mediante el combate frontal a la delincuencia.

Miles de habitantes de Uruapan, Michoacán, marcharon la tarde de este viernes hacia el Centro Histórico del municipio para exigir justicia por el asesinato del exalcalde Carlos Manzo y demandar fin a de las extorsiones y homicidios que padecen los pobladores de la región.

Ciudadanos, funcionarios, estudiantes y comerciantes exigieron también la renuncia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en una concentración a la que acudieron unas 60 mil personas, según estimaciones de las autoridades.

Grecia Quiroz, esposa del finado Carlos Manzo y recién designada Alcaldesa sustituta por el Congreso estatal, encabezó el mitin que tuvo lugar en el centro del municipio.

Ante la multitud reunida en la plaza principal, Quiroz dijo que la reunión que sostuvo con la Presidenta Claudia Sheinbaum no fue para “doblar las manos”, sino para exigir justicia.
“Quiero que sepan que la reunión que tuve con la presidenta de México no fue para ir a doblar las manos, fue para ir a exigir justicia, justicia por Carlos Manzo; exigir que volvieran a ver a nuestro municipio; fue para exigir que saquen a todos esos delincuentes que ellos saben dónde se encuentran”, dijo ante los manifestantes.

La Alcaldesa denunció la inseguridad que padecen los comerciantes, marcada por la extorsión y el homicidio que se ha apoderado de la vida productiva de la localidad.
“Exigir que ninguno de nosotros tenga que vivir bajo la extorsión; que el comerciante pueda trabajar, que el tortillero pueda trabajar, que el sector aguacatero —que es el que nos sostiene— no sea más extorsionado. A eso fui con la presidenta de México, porque no nos vamos a doblar. Vamos a seguir el legado de Carlos Manzo, y sabemos que él hablaba fuerte y claro. Vamos a seguir bajo esta firme condición, ténganlo por seguro”, expresó la Edil sustituta.

Además, hizo hincapié en que el actual Movimiento del Sombrero está tomando una fuerza ciudadana que, aseguró, sólo podría ser detenida si matan a cada uno de sus integrantes.
"Tendrían que matarnos a todos los que estamos aquí para que esta lucha deje de caminar en las calles. No vamos a permitir que nadie vuelva a pisotear a los uruapenses, ni que ensangrienten más esta tierra”, advirtió, al tiempo que sostenía el sombrero de su esposo asesinado.
"Quienes mandaron matar a Carlos Manzo no supieron que este sombrero tiene una fuerza imparable, incansable. En 2027 les vamos a dar ese voto de castigo, porque vamos a hacer valer la memoria de Carlos Manzo”, proclamó. “¡Ni un paso atrás!”, corearon los manifestantes enardecidos por el asesinato del exalcalde.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Devorados por el Ajusco: “Las víctimas no tenemos derechos humanos”

La incesante búsqueda de Olín Hernando Vargas permite asomarse al hoyo negro en que se ha convertido el Ajusco, lugar que solía ser de convivencia familiar. “Ese día salió a una cita con una amiga. Dijo que ella trabajaba por la zona del Ajusco, en negocios o cabañas”, dice su padre. Sin embargo, nunca regresó.

El 26 de noviembre de 2024, Olin Hernando Vargas Ojeda salió rumbo al Ajusco con la promesa de reencontrarse con una amiga del CCH. Nunca volvió. Casi un año después, su padre, Fernando Vargas, sigue buscando respuestas. Para él ni la Comisión de Búsqueda ni la Fiscalía han hecho su trabajo.

“No ocupamos más edificios ni fotoboletines. Ocupamos una persona responsable que investigue, que busque, que responda. Una sola”. 

La familia de Olin denuncia que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México perdió evidencia clave, retrasó detenciones y desatendió líneas de investigación que pudieron salvar la vida de su hijo.

“Ese día salió a una cita con una amiga. Dijo que ella trabajaba por la zona del Ajusco, en negocios o cabañas”, sin embargo, nunca regresó.  “A la una de la mañana vimos un mensaje con un reloj en mi teléfono: decían que lo tenían secuestrado y pedían seis millones de pesos”, recuerda Fernando en entrevista con EMEEQUIS.

La camioneta de Olin fue hallada horas después, chocada, con las puertas abiertas y rastros de sangre en el tablero. En el asiento, su padre encontró un pedazo de su playera. “A partir de ahí no tocamos nada, fuimos por ayuda judicial”. Llamaron al 911 y dejaron que las autoridades se hicieran cargo de la escena. Fernando menciona que había rastros de que su hijo se defendió y que se había tratado de un acto coordinado en el que por lo menos participaron dos vehículos más.

Un día después, ya estando en su casa, “llegó la policía y estaba ahí mi sobrina. Luego supimos que ella y su esposo habían sido cómplices”, relata. Ambos permanecen en prisión preventiva, pero podrían salir libres si no se acredita su responsabilidad.

El día que la policía visitó su hogar, explica que apartaron a Laura, su sobrina, para ese momento ya sabían que ella había hecho una recarga telefónica al número desde el cual les habían solicitado el rescate de  6 millones de pesos. 

Fernando acusa que la Fiscalía tuvo evidencia desde el segundo día  y tardó mes y medio en realizar las detenciones. “Si ya tenían evidencia, ¿por qué no los detuvieron? ¿Por qué no se hizo nada para garantizar la vida de mi hijo?”, cuestiona.

Asegura que el pedazo de playera que él mismo entregó desapareció bajo custodia ministerial, lo que impidió obtener huellas o muestras de ADN. “Nos dijeron que se había perdido. Esa negligencia es imperdonable.”


“LAS BÚSQUEDAS RESULTARON INÚTILES”

Las búsquedas oficiales, dice, han sido tardías e ineficaces. La primera en campo ocurrió cuatro meses después de la desaparición, en el mismo punto donde fue hallada la camioneta. “Buscar cuatro meses después es absurdo. Ya no hay rastros, todo está alterado”, reclama.

Fernando critica la actuación de las comisiones de búsqueda: “Son inútiles, no deberían existir. Lo que se necesita es una Fiscalía que investigue, no oficinas que repartan culpas. A nosotros nos mandan a buscar al Ajusco sin indicios, mientras no hay una sola búsqueda en vida de mi hijo”.

La familia de Olin se ha unido con otras dos familias: las de Ana Amelí y Luis Óscar, desaparecidos también en la zona, para realizar sus propias jornadas de difusión. Pegan lonas, carteles y mantas con recompensas y números de contacto, muchas veces sin apoyo institucional.

“Nosotros somos personas mayores. No tenemos fuerza ni conocimientos para hacer búsquedas, pero lo hacemos porque nadie más lo hace. A las familias nos engañan. Las leyes de víctimas son letra muerta”, lamenta.

SER ESCUCHADO CUESTA UNA HUELGA DE HAMBRE

Ante la inacción, Fernando y su esposa realizaron una huelga de hambre de dos días frente a la Secretaría de Gobernación el pasado 23 de octubre. La protesta derivó en una reunión con la Comisión Nacional de Búsqueda y la fiscal general Bertha Alcalde Luján.

“Ese viernes firmamos una minuta de acuerdos: se comprometieron a investigar por qué no se detuvo a los responsables a tiempo, por qué se perdió la playera de mi hijo y a reactivar la investigación”, explica Fernando. Con esos compromisos levantaron la huelga.

A casi un año de la desaparición, sólo hay dos personas detenidas y ninguna pista clara del paradero de Olin. “Mientras más tiempo pasa, menos probabilidad hay. Las víctimas no tenemos derechos humanos”, sentencia.

NO ES UN CASO AISLADO

El caso de Olin no es aislado. En los últimos años, el Ajusco se ha convertido en un foco rojo de desapariciones, con operativos tardíos y líneas de investigación fragmentadas entre la CDMX, Morelos y el Estado de México.

Fernando resume su desesperanza en una frase: “No ocupamos fotoboletines, ocupamos resultados, no ocupamos más edificios ni fotoboletines. Ocupamos una persona responsable que investigue, que busque, que responda. Una sola”. 

Su lucha, dice, no busca compasión, sino eficacia: que el aparato de justicia funcione antes de que otra familia tenga que pegar mantas en los cerros del Ajusco.



El Ajusco se ha convertido en un foco rojo de desapariciones forzadas y misteriosas, con al menos 300 casos reportados desde 2017 y más de 340 en la demarcación hasta 2025, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda. Esta área de 920 hectáreas, popular entre senderistas y excursionistas por sus senderos y vistas panorámicas, es también un territorio inhóspito marcado por la impunidad del crimen organizado, la falta de vigilancia, alumbrado deficiente y conectividad limitada que obstaculiza el monitoreo de cámaras del C5. 

Casos emblemáticos como el de Guadalupe Pamela Gallardo Volante, desaparecida en 2017 durante un festival; Ana Amelí García Gámez, una joven de 19 años vista por última vez en julio de 2025 en el Pico del Águila; María Isabella Orozco Lozano, de 16 años, extraviada en septiembre del mismo año; y Luis Óscar Ayala, un odontólogo de 48 años perdido en una caminata, ilustran un patrón alarmante de víctimas, mujeres, hombres y menores, que salen por placer o rutina y no regresan. Colectivos de madres buscadoras, como “Una Luz en el Camino”, realizan jornadas exhaustivas con apoyo de voluntarios, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia, desenterrando restos óseos en lo que llaman “fosas clandestinas”, mientras denuncian la omisión institucional y exigen protocolos más ágiles para combatir esta sombra de violencia en el corazón de la capital.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: MARICARMEN GUTIÉRREZ ROMERO.

Adela Navarro, codirectora de ZETA, denuncia amenazas tras hostigamiento

La periodista Adela Navarro Bello, codirectora del Semanario ZETA, denunció ante la Fiscalía de Baja California haber sido víctima de actos intimidatorios y amenazas, luego de que el empresario Manuel Cisneros Romero acudió al medio con escoltas armados para exigir verla tras la publicación de una nota sobre el asesinato de su hijo.

Adela Navarro ya denunció ante la Fiscalía del estado las amenazas de las que fue víctima cuando Manuel Cisneros Romero se presento en el  Semanario ZETA acompañado de guardaespaldas armados y abogados. 

La periodista Adela Navarro Bello, codirectora del Semanario ZETA, denunció ante la Fiscalía General del Estado de Baja California haber sido víctima de actos intimidatorios y amenazas luego de que el empresario Manuel Cisneros Romero, padre del joven asesinado Omar Cisneros Salcedo, llegó al medio acompañado de escoltas armados y rodeado de cámaras para exigir verla y confrontarla por una nota sobre el crimen de su hijo.
La fiscal general Ma. Elena Andrade Ramírez, este 4 de noviembre, confirmó la denuncia presentada por Navarro Bello y calificó el hecho como “una comparecencia intimidatoria”.

“Ella se sintió amenazada en su integridad porque recibió la presencia del padre del joven asesinado, acompañado de abogados y hombres armados”, declaró la funcionaria estatal.
“Además de las agresiones de género, por tratarse de una mujer, sintió amenazas reales y eminentes”, añadió.

La fiscal confirmó que la FGE investiga al comerciante Manuel Cisneros: “Al llegar esta persona en esas condiciones, levantando la voz, tomamos la denuncia presentada por los abogados de la periodista. Se le ha brindado todo el apoyo por parte del Gobierno del Estado, de la Secretaría General de Gobierno y de la Fiscalía, que continuará con las investigaciones”, declaró Andrade Ramírez.

Agregó que se ha ofrecido protección especial a la periodista debido a la vulnerabilidad y el riesgo que enfrenta tras el incidente. “Ella se siente vulnerable al recibir amenazas que, aunque sean verbales, también lo son. Y ahora, con la presencia de hombres armados que llegaron al lugar, es un hecho muy delicado”, subrayó la fiscal.

LLEGÓ CON HOMBRES ARMADOS

Los hechos ocurrieron el viernes 31 de octubre, cuando Cisneros, acompañado por su abogado Miguel Lanz Paredes y escoltas armados, se presentó en las instalaciones del semanario y, rodeado de cámaras de medios digitales, exigió “dar la cara” por una nota titulada“Crimen de Cisneros: pleito, extorsión y narco”, en la que se documentan las líneas de investigación sobre el asesinato de su hijo, Omar Cisneros Salcedo, propietario de la birriería La Hacienda de Guadalajara, ejecutado el 25 de octubre en Ensenada.

ARTÍCULO 19 PIDE PROTECCIÓN PARA LA PERIODISTA

La organización Artículo 19 México condenó los hechos y exigió medidas de protección para Navarro y el equipo del semanario, recordando que ZETA ha sido objeto de tres amenazas en el último año.

“Exigimos a las autoridades que protejan la integridad de Adela Navarro y del equipo de ZETA ante los actos intimidatorios realizados en su contra”.
De acuerdo con información publicada por el propio semanario, Cisneros Romero llegó gritando frente al edificio:

“Vengo a buscar a esta señora Adela Navarro por la nota publicada sobre mi hijo. Se atreven a decir que está vinculado con los cárteles. Quiero que me dé la cara y me muestre las pruebas”. 

El empresario incluso acusó al medio de recibir dinero a cambio de publicar la investigación y advirtió que “vamos a ir por todo”, sin detallar a qué se refería.
Artículo 19 insiste: “Las autoridades deben garantizar que los ataques a la libertad de prensa no queden impunes. ZETA no está sola”.

ZETA BAJO PRESIÓN

La edición cuestionada se basó en información oficial de la Unidad de Delitos Contra la Vida de la FGE y de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), que integran la carpeta de investigación sobre el homicidio de Omar Cisneros Salcedo.

Sin embargo, ahora el medio así como sus integrantes buscan la manera de defenderse de aquellos que consideran como alternativa presentarse con armas y exigencias a su editorial.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Tres policías de la CdMx son detenidos por la muerte de un joven bajo su custodia

Los videos de vigilancia permitieron identificar a los policías de la CdMx que participaron en la detención de un joven que posteriormente perdió la vida.

Tres policías capitalinos fueron detenidos e ingresados a un reclusorio, al ser señalados como presuntos responsables de la muerte de un joven al que detuvieron en calles de la Alcaldía Venustiano Carranza, el pasado 4 de noviembre.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) informó este viernes en un comunicado, que derivado de dicha situación el director del sector al que pertenecen los elementos será cesado de su cargo.

De acuerdo con el reporte oficial, la Dirección de Asuntos Internos de la SSC recibió una denuncia ciudadana por la desaparición de un joven de 21 años de edad.
La víctima habría sido detenida por policías de la CdMx en la calle Soledad, de la colonia Zona Centro, el martes 4 de noviembre.

Como resultado del análisis de videos captados por cámaras de vigilancia, autoridades lograron identificar a los tres agentes involucrados en el arresto del sujeto, quien fue diagnosticado por paramédicos sin signos vitales tras su detención.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Homicidio de alcalde de Uruapan impulsa tipificación del reclutamiento infantil: Redim

Las niñas, niños y adolescentes aunque deben responder ante la ley, su situación debe considerarse desde la protección de derechos.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) pidió a las autoridades del país avanzar en la tipificación específica del delito de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de organizaciones criminales.

Esto, luego del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, en el que un joven de 17 años aparece como presunto implicado.

La organización manifestó su preocupación por el caso y afirmó que constituye un ejemplo de la crisis de violencia que afecta a la niñez y adolescencia en México.

“El presunto perpetrador fue un adolescente de 17 años de edad”, expresó, y advirtió que este hecho revela fallas profundas en las políticas públicas de prevención y atención dirigidas a este grupo de la población.

Redim insistió en que el uso de adolescentes como sicarios pone en evidencia la vulnerabilidad en la que viven miles de menores en el país.

De acuerdo con su análisis, hasta 250 mil niñas, niños y adolescentes enfrentarían riesgos de ser reclutados por la delincuencia organizada, con especial incidencia en entidades como Michoacán.

Además, subraya que estos jóvenes no solo se ven inmersos en actividades ilícitas, sino que también provienen de contextos marcados por desigualdad, discriminación y falta de oportunidades.

“Las y los adolescentes que cometen delitos son, ante todo y como lo ha señalado el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, víctimas: de la violencia estructural que los utiliza como una herramienta desechable”, indicó la Red.

En su comunicado recalcó que, aunque deben responder ante la ley, su situación debe considerarse desde la protección de derechos.

Además, la organización lamentó la divulgación del nombre, la imagen y otros datos personales del adolescente detenido en este caso, tanto por algunos medios como por autoridades de Michoacán.

Señaló que estas acciones constituyen una violación a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a estándares internacionales de justicia para personas menores de edad.

Difundir esta información, señaló, revictimiza y fomenta la estigmatización, en lugar de un enfoque de justicia restaurativa que contribuya a su reintegración social.

Redim reiteró que la prevención del reclutamiento forzado debe colocarse como una prioridad en la agenda pública.

“Urgimos (…) a tipificar de manera específica el delito de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, sin caer en tentaciones de disminuir la edad de imputabilidad y reconociéndoles como víctimas y como sujetos de derechos”, apuntó.

También llamó a fortalecer la protección integral de la niñez y adolescencia como vía para disminuir la incidencia del crimen organizado en sus comunidades.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

México busca extender emergencia por plaga de gusano barrenador del ganado a todo el país

El anteproyecto, registrado en el expediente 12/0076/061125, justifica estas medidas debido a que "la plaga del GBG se encuentra presente en el sur y centro del país, con riesgo de que se disemine hacia zonas ganaderas libres del norte de México".

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) de México publicó este jueves un anteproyecto que busca extender la emergencia zoosanitaria por la plaga del gusano barrenador del ganado (GBG) en todo el país, debido a su avance y propagación desde la frontera sur hacia el resto del territorio nacional.

El anteproyecto argumenta que “la diseminación de la plaga y su avance desde la frontera sur del territorio mexicano, hace necesario implementar mayores acciones y medidas zoosanitarias“.

Ante ello, el acuerdo publicado en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), busca ampliar el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal hacia todas las regiones del país, cuando inicialmente fue activado solo en el sur.

Como medidas urgentes, el proyecto establece que todos los propietarios de animales deberán notificar al Servicio Nacimiento de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) cualquier “gusanera (larva) en cuanto sea detectada en heridas de animales susceptibles”.

Además, los propietarios deberán contar con un Certificado Zoosanitario de Movilización (CZM), emitido por el Senasica, para poder trasladar ganado bovino, bufalino, ovino, caprino, porcino y bisontes.

Para obtener dicho certificado, todo el ganado a ser transportado deberá recibir un tratamiento con lactonas macrocíclicas, de tres a cinco días antes de solicitar el CZM.

Después del tratamiento y antes del traslado, los animales deberán pasar por un baño por aspersión o inmersión con un insecticida larvicida, y una revisión física para descartar larvas o heridas.

Si el traslado no ocurre de inmediato y el ganado se mueve de seis a 15 días después del tratamiento, deberá aplicarse un segundo tratamiento. Pero si pasan 15 días desde el tratamiento, el procedimiento deberá reiniciarse, señala el acuerdo.

El anteproyecto, registrado en el expediente 12/0076/061125, justifica estas medidas debido a que “la plaga del GBG se encuentra presente en el sur y centro del país, con riesgo de que se disemine hacia zonas ganaderas libres del norte de México”.

De aprobarse el acuerdo, este entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Hace una semana, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, afirmó que aún no existen “condiciones” para fijar una fecha de reapertura de la frontera con Estados Unidos para la exportación del ganado, tras el cierre hace casi un año.

El cierre fronterizo al ganado, decretado por Estados Unidos en noviembre de 2024, se debe al brote del GBG, una plaga que afecta al sector pecuario y que llevó al Departamento de Agricultura estadounidense (USDA) a suspender temporalmente las importaciones de animales vivos procedentes de México.

Las importaciones de ganado desde México juegan un papel importante en EE.UU., promediando más de un millón de cabezas anuales durante décadas, lo que representa aproximadamente el 60% de las importaciones de ganado vivo y alrededor del 3% de la cabaña nacional. Esto convierte a México en uno de los principales proveedores de ganado de bovino vivo hacia Estados Unidos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Detienen a Alejandro Vera, exrector de la UAEM, por su presunta participación en la Estafa Maestra

El exrector es señalado de firmar un convenio con la Sedesol en 2013, cuando aún estaba dirigida por Rosario Robles para que realizara una serie de servicios relacionados con la Cruzada Nacional contra el Hambre.

El exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera “N”, fue detenido este viernes por su presunta participación en el esquema de desvío de recursos conocido como la Estafa Maestra, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones.

Fue declarado prófugo de la justicia desde 2021, luego de ser acusado por malversación de fondos públicos por un monto de 450 millones de pesos durante su administración como rector de la UAEM.

La Fiscalía Anticorrupción inició una investigación en su contra y los acusó por presuntamente cometer el delito de peculado al usar recursos públicos para una distinta circunstancia, “y ocasionar con ello, un detrimento patrimonial a la sociedad”.

El esquema de desvío consistió en que las dependencias públicas de gobierno, como Sedesol, Pemex, o Banorte, entregaron recursos a las universidades para que realizaran determinados servicios. Y las universidades, a través de una violación a la ley de adquisiciones, triangularon ese dinero a empresas fantasma, que lo desaparecían sin dar ningún servicio a las dependencias de gobierno.

Alejandro “N” es señalado de firmar un convenio con la Sedesol en 2013, cuando aún estaba dirigida por Rosario Robles para que realizara una serie de servicios relacionados con la Cruzada Nacional contra el Hambre.

El caso de La Estafa Maestra es una investigación periodística de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción, que reveló un esquema de desvío de recursos públicos a través de universidades, entes públicos y empresas fantasma, por el que se habrían desfalcado en el sexenio de Peña Nieto al menos 3 mil 400 millones de pesos.


FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Colectivos y familiares de desaparecidos rechazan afirmaciones del gobierno sobre «combate» a desapariciones forzadas

Colectivos de búsqueda, familiares de desaparecidos y organizaciones civiles rechazaron las afirmaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el «supuesto “combate”» del Estado al delito de desaparición forzada, así como su acusación de que «las afirmaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED por sus siglas en inglés) carecen de sustento y no son admisibles».

En un comunicado conjunto, 79 colectivos, 143 familiares de personas desaparecidas y 35 organizaciones civiles precisaron que el «supuesto “combate”» con el que el gobierno aseguró que actúa, «mediante una política de Estado basada en la prevención, la investigación y la sanción», en realidad «ha resultado un fracaso, pues la prevención de las desapariciones no se refleja en la realidad contemporánea de México».

«Las desapariciones siguen en aumento, como lo ha afirmado y demostrado el CED con datos y criterios objetivos», señalaron los colectivos y familias, que enfatizaron que la realidad y los hechos sobre la crisis que suma más de 133 mil víctimas de desaparición forzada y una «casi absoluta» impunidad «parecen contradecir lo expresado por el gobierno».

Recordaron que durante el primer año de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha incrementado la tendencia a la comisión del delito de desapariciones, con un promedio de más de 40 desapariciones de personas por día en todo el país, sin que el Estado mexicano reconozca la gravedad de la crisis y sin que siga las recomendaciones del CED para implementar una política de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas y cometidas por particulares en México, «que incluye, entre otras cosas, el abandono del modelo militar de la seguridad pública».

«La evidencia empírica va precisamente en contra de la negación del gobierno de México de este gravísimo problema. Nos preocupa que la negación de un problema conduce necesariamente a la imposibilidad de darle solución», agregaron.

Los familiares de desaparecidos y organizaciones insistieron en que y manifestaron que esperan que la llamada «Estrategia Nacional de Construcción de Paz y Seguridad» del gobierno dé los resultados que el Estado afirma, pues hasta ahora «no parece estar rindiendo los resultados que el gobierno pregona, sino precisamente los contrarios».

COMUNICADO:

En relación con el comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores el pasado 23 de octubre quienes suscribimos deseamos hacer las siguientes declaraciones:

El gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores admite que “el fenómeno de la desaparición forzada en México está principalmente vinculado con la delincuencia organizada.” (énfasis añadido). Es decir, reconoce que, aunque las desapariciones forzadas sean en su mayoría perpetradas directamente por agentes delincuenciales, no dejan de ser desapariciones forzadas propiamente dichas, como el comunicado expresamente lo reconoce.

Es decir, cuando la privación de la libertad es cometida por agentes no estatales, se convierte en desaparición forzada cuando se ha dado autorización, apoyo o aquiescencia del Estado. Recibimos con beneplácito esta admisión expresa por parte del gobierno de México, al referirse a desaparición forzada y no solamente la desaparición, pues esta posición es distinta a actitudes anteriores en donde se negaba que las desapariciones contemporáneas de nuestro país tengan vínculos con el Estado.

Esta afirmación del comunicado, la recibimos con esperanza, pues confirma la adecuada aplicación e interpretación del artículo 34 de la convención en la materia que le ha dado el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED), que en efecto, se refiere a “desapariciones forzadas”. Pero, más allá de tal aspecto positivo contenido en el comunicado, y que confiamos que el CED recibirá con agrado, dicho comunicado contiene aspectos que rechazamos. El comunicado indica lo siguiente:

“La desaparición de personas es un delito grave que se combate en México mediante una política de Estado basada en la prevención, la investigación y la sanción.”

Consideramos que la palabra “combate” no es apropiada para referirse a las actividades propias de la prevención, investigación y sanción de ningún delito, incluyendo la desaparición forzada. La palabra “combate” es propia de las “armas” como componente de las instituciones militares, de los ejércitos, cuya misión principal es precisamente la del “combate”. (Artículo 55 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos).

Este lenguaje militarista es precisamente lo que conduce a una distorsionada visión de la seguridad pública y de la prevención, investigación, persecución y sanción de actividades ilícitas.

En todo caso, dicho supuesto “combate”, desde luego, ha resultado un fracaso, pues la prevención de las desapariciones no se refleja en la realidad contemporánea de México. Las desapariciones siguen en aumento, como lo ha afirmado y demostrado el CED con datos y criterios objetivos.

Durante el primer año de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha incrementado la tendencia a la comisión del delito de desapariciones, a tal grado, que se perpetran en el país más de 40 desapariciones de personas por día. El Estado mexicano no ha seguido las recomendaciones del CED en relación con la instrumentación de una política de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas y cometidas por particulares en México, que incluye, entre otras cosas, el abandono del modelo militar de la seguridad pública.

El Estado mexicano no solamente no ha adoptado ninguna medida para abandonar el modelo militar de la seguridad pública, sino que lo ha agudizado y fortalecido, mediante las reformas constitucionales conforme a las cuales la Guardia Nacional fue trasladada desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, mediante una reforma constitucional ha militarizado institucionalmente a la Guardia Nacional.

En cuanto al supuesto “combate” mediante la investigación y sanción de las desapariciones en México, nuevamente la evidencia empírica muestra lo contrario a lo afirmado por el gobierno  de México. Tan es así, que el CED considera que la impunidad en México respecto de las desapariciones, no es que sea “generalizada”, sino que la ha calificado como “casi absoluta”.

Como lo hemos destacado anteriormente, en nuestro comunicado de fecha 18 de septiembre de 2025, sólo se han dictado 373 condenas por desaparición forzada o cometida por particulares entre 2017 y enero de 2025, por lo que las cifras de sentencias condenatorias en esta materia es ínfima, en comparación con el descomunal número de más de 133,000 personas desaparecidas oficialmente reconocidas.

Continúa diciendo el comunicado: “las afirmaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED por sus siglas en inglés) carecen de sustento y no son admisibles.”

Las afirmaciones del CED al decidir activar el artículo 34 de la Convención de la materia, se refieren a indicios de la existencia de desapariciones generalizadas o sistemáticas en el país, y a la existencia de una impunidad prácticamente absoluta al respecto.

La Secretaría de Relaciones Exteriores no aclara qué aspectos considera para declarar que dichas afirmaciones carecen de sustento y no son admisibles. Consideramos que más de 133,000 personas oficialmente reconocidas como desaparecidas, el incremento constante en las cifras de personas desaparecidas, al grado de qué se cometen más de 40 desapariciones por día en la actualidad y una impunidad casi absoluta al respecto, no pueden calificarse como carentes de sustento, ni inadmisibles. La evidencia empírica va precisamente en contra de la negación del gobierno de México de este gravísimo problema. Nos preocupa que la negación de un problema conduce necesariamente a la imposibilidad de darle solución.

Por lo que se refiere al resto del contenido del comunicado, simplemente queremos evidenciar y reiterar que la realidad y los hechos la evidencia parecen contradecir lo expresado por el gobierno. Sin embargo, esperamos que lo dicho allí, verdaderamente rinda los resultados que el gobierno afirma tendrá su llamada “Estrategia Nacional de Construcción de Paz y Seguridad”, pues, por lo que toca las desapariciones forzadas, no parece estar rindiendo los resultados que el gobierno pregona, sino precisamente los contrarios.

Finalmente, reiteramos e insistimos lo que ya hemos dicho anteriormente, en el sentido de qué el gobierno federal de México no debería enfrentarse con descalificaciones y críticas al CED, sino, por el contrario, debería reconocer que el CED ha actuado con base en criterios objetivos y bien fundamentados, y ofrecer su colaboración constructiva, tanto con el CED, como con otras instancias internacionales, para establecer mecanismos que verdaderamente conduzcan a la verdad y a la justicia que merecen las personas desaparecidas y sus familiares en México.

Familiares de personas desaparecidas
  1. Adriana Cruz Cruz
  2. Adriana Moreno Becerril
  3. Akim Rodriguez Reyes
  4. Alejandra Pérez
  5. Alejandrina Orozco Román
  6. Alicia Solís Reyna
  7. Ana María Maldonado Chávez
  8. Angélica Rodríguez Monroy
  9. Araceli Rodriguez Deaquino
  10. Artemisa Ramírez Ortiz
  11. Atanacio Rodríguez Sampayo
  12. Beatriz Zapoteco Neri
  13. Belinda Dalaiti Aguilar Haro
  14. Berenice Gómez Montes
  15. Bertha Patricia Valdez Ramírez
  16. Betsy Maluvi Munivez Mayo
  17. Biellka Lizeth Sañudo González
  18. Brenda Cueto Vázquez
  19. Brenda Ivonne Rangel Ortiz
  20. Cándido De La Cruz Hernández
  21. Carlos Alberto Rodriguez Moreno
  22. Carolina Rodriguez Deaquino
  23. Clara Luz Pérez
  24. Claudio Munivez Mayo
  25. Daniel Durán Hernández
  26. Delia García Luna
  27. Diana Candelaria Iris García
  28. Diana Gutiérrez
  29. Diana Robledo Vázquez
  30. Donald David Donaire Hernández
  31. Eder Sánchez Viesca Ortiz
  32. Edgar Omar Cruz López
  33. Elizabeth Cardona Becerril
  34. Elizabeth Villarreal Rodríguez
  35. Elvia Margarita Reyes Rodríguez
  36. Emma Virginia Toscano Alarcón
  37. Erica Montes De Oca Marín
  38. Esther Barajas Cruz
  39. Esther Deaquino Velázquez
  40. Fabiola Alarcón Serrano
  41. Familia Salas Ramírez
  42. Fernando Maldonado
  43. Francisca Mayo Ramírez
  44. Francisco Javier Arjón
  45. Gerardo Calleja Martínez
  46. Grace Mahogany Fernández Morán
  47. Graciela Perez Rodriguez
  48. Gregoria Ortiz Garnica
  49. Guadalupe Cepeda Aguilar
  50. Guadalupe Cervantes Medrano
  51. Guadalupe Emigdia Becerril Vargas
  52. Hermelinda Ruiz Campean
  53. Irene Silos
  54. Iris Violeta Donaire Hernández
  55. Irma Arellanes Hernández
  56. Ivonne Elizabeth Donaire Hernández
  57. Jade García Andrade
  58. Jasson Omar Cruz Donaire
  59. Jean Michel Sánchez Viesca Ortiz
  60. Jesús Antonio Angulo Cárdenas
  61. José Antonio Robledo Chavarría
  62. Juan Jesús González Tenorio
  63. Juana María Castillo Gallegos
  64. Karina Cueto Vazquez
  65. Lázaro Ramírez Ortiz
  66. Leticia Pinzón Medina
  67. Ligia Osneyda Donaire Hernández
  68. Lizet Cardona Martínez
  69. Lucía Baca Baca
  70. Luis Abraham Rodriguez Moreno
  71. Luz Elena Montalvo Velázquez
  72. Ma de los Ángeles Rodríguez García
  73. Guadalupe Fernández
  74. Guadalupe Pérez Rodríguez
  75. Elena Salazar Zamora
  76. Margarita López Pérez
  77. Mari Catalina Mireles Romero
  78. María de Jesús López José
  79. Ma de los Ángeles Mendieta Quintana
  80. María de Lourdes Huerta Tárrega
  81. Maria del Carmen Bustamante Salas
  82. María del Carmen García Samaniego
  83. María del Pilar Arenas Navarro
  84. María del Rosario Cano Mascorro
  85. Maria del Socorro  Calderón  Ayala
  86. María Emma Mora Liberato
  87. María Esther Contreras de la Rosa
  88. Maria Eugenia Padilla García
  89. Maria Eugenia Zaldívar Padilla
  90. María Guadalupe Aguilar Jauregui
  91. María Isabel Cruz Bernal
  92. Maria Isabel Ramos Cardona
  93. Maria Luisa Castellano López
  94. Maria Luisa Núñez Barojas
  95. Maria Oralia Salinas Torres
  96. María Salvadora Coronado Navarro
  97. María Yolanda Montes Ortiz
  98. Mariana López Aguilar
  99. Maricela Alvarado
  100. Mario Roiz Pinzón
  101. Martha Alicia Camacho Loaiza.
  102. Martha Beatriz Vega Ruiz
  103. Martha Cecilia Delgado Grijalva
  104. Martha Virgen Islas Cárdenas
  105. Martín Villalobos Valencia
  106. Mayra Elena Donaire Hernández
  107. Mayra Gonzalez Ángeles
  108. Mercedes Ruiz González
  109. Micaela González Heras
  110. Milagros Alejandra Galaviz Ríos
  111. Mireya Villarreal Salinas
  112. Nancy Roquete
  113. Noemi Martínez Martagón
  114. Nora Torres Rodríguez
  115. Norma Andrade
  116. Oralia Nájera Simizú
  117. Oscar Flores Coronado
  118. Oscar Leonel Donaire Hernández
  119. Oscar Sánchez Viesca López
  120. Pablo Bocanegra García
  121. Patricia Manzanares Ochoa
  122. Rafael Tovar Vazquez
  123. Raúl Reyes Covarrubias
  124. Raúl Rivera Muñoz
  125. Rebeca Rodríguez Deaquino
  126. Ricardo Ramos Cardona
  127. Ricardo Ulises Téllez Padilla
  128. Rosa Angélica García Sucedo
  129. Rosa Angélica Lara García
  130. Rosa Elena Castillo Torres
  131. Rosa Imelda Díaz Neris
  132. Silvia Elida Ortiz Solís
  133. Socorro Gil Guzmán
  134. Teresa Figueroa Chacón
  135. Teresa Vera Alvarado
  136. Tita Radilla Martínez
  137. Tomasa Aguilar Rodriguez
  138. Velia Aurora García Cruz
  139. Verónica Rosas Valenzuela
  140. Víctor Rodriguez Hernandez
  141. Victoria Rodriguez Moreno
  142. Yolanda Moran Isáis
  143. Yolanda Vargas González
Colectivos de Familiares de Personas Desaparecidas
  1. «Ayuda a Regresar a Luis Alberto Callejas”
  2. «Verdad, Memoria y Justicia de Personas desaparecidas Quintana Roo» AC.
  3. «Voz de los Desaparecidos en Puebla”.
  4.  “Por Amor a ti…Hasta Encontrarte”
  5. A tu Encuentro Guanajuato, A.C.
  6. Acción de Memoria Corazones Robados
  7. Armadillos Ni Un Migrante Menos
  8. Armadillos Rastreadores Ensenada,  Baja California
  9. Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México  (FEDEFAM)
  10. Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California A.C.
  11. Buscadoras de Nuevo León A. C.
  12. Buscadoras Huatabampo, Sonora
  13. Buscadoras por la Paz, Sonora
  14. BÚSCAME, Buscando Desaparecidos México
  15. Buscando a Juventino Cruz Cruz
  16. Buscando con Amor y Lucha por Ustedes, Veracruz
  17. Buscando Corazones Perdidos, Xalapa
  18. Buscando Cuerpos, A.C.
  19. Buscando Justicia por los Nuestros
  20. Buscando Nuestros Desaparecidos de Tamaulipas, A.C.
  21. Buscando Nuestros Tesoros, Lagos de Moreno, Jalisco.
  22. Buscando Vidas y Justicia por México A.C
  23. Buscándote con Amor
  24. Búsqueda por la Paz, A.C., BCS
  25. Colectiva Memoria, Verdad y Justicia, Acapulco, Guerrero
  26. Colectivo de Pie Hasta Encontrarte, Guanajuato
  27. Corazones Perdidos, Xalapa
  28. CRISDE Juntos Hasta Encontrarlos, N.L.
  29. Desaparecidos Justicia AC Querétaro
  30. Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos
  31. En Búsqueda de Verdad y Justicia
  32. Esposas Buscadoras México
  33. Esposas y Familiares de Agentes de Seguridad Estatales Detenidos y Desaparecidos por Militares en 1977
  34. Esposas y Familiares de Agentes de Seguridad Estatales Detenidos y Desaparecidos por Militares en 1977 en Culiacán Sinaloa.
  35. Familiares Caminando por Justicia, A.C.
  36. Familias de Acapulco en busca de sus Desaparecidos A.C.
  37. Familias Unidas en Busca de una Esperanza Río Grande, Zacatecas
  38. Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas
  39. Familias Unidas por Nayarit
  40. Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco (Fundej)
  41. Formando Hogar de Veracruz
  42. Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M)
  43. Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, FUNDENL
  44. Grupo V.I.D.A., A.C.
  45. Guerreras en Búsqueda, Veracruz
  46. Guerrero No+Desaparecidos
  47. Junax Ko´tantik Familias Unidas de Chiapas Buscando a sus Migrantes Desaparecidos
  48. Juntos Caminando Zacatecas
  49. Luz, Fuerza y Lucha por Nuestros Desaparecidos
  50. Madres Independientes buscando a sus Hijos
  51. Madres, Novias del Sol, Buscando a sus hijos por la Cuenca del Papaloapan
  52. Más fuertes que nunca, Yucatán
  53. Memoria, Verdad y Justicia, Chilpancingo
  54. Milynali Red CFC, A.C.
  55. Oaxaqueños Buscando a los Nuestros, A.C
  56. Pirasol, Cd Valles San Luis Potosí
  57. Plataforma de Víctimas de Desaparición Forzada en México
  58. Por Amor a Ellxs de Jalisco
  59. Por Amor Te Busco, Tamaulipas
  60. Por la Paz, Xalapa, A.C.
  61. Rastreadores Independientes, Culiacán, Sinaloa
  62. Red de Madres Buscando a sus Hijos, Hidalgo
  63. Red de Madres, Veracruz
  64. Regreso a Casa
  65. Resilientes MX.
  66. Sabuesos Guerreras, A.C
  67. Sabuesos Guerreras, Matías Romero, Oaxaca
  68. Siguiendo Tus pasos
  69. Tesoros Perdidos, Nuevo León
  70. Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos A.C. Mazatlán, Sinaloa
  71. Todas Somos Iguales Cdmx y N.L.
  72. Todos Somos La voz de los Desaparecidos
  73. Tu ausencia nos Unió, Zacatecas AC
  74. Una Luz en Camino
  75. Unidos por la Paz, Veracruz
  76. Uniendo Cristales A.C.
  77. Uniendo Esperanzas, Estado de México
  78. Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa, de los años 70’s.
  79. Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos
Organizaciones civiles
  1. ÁGAPE por la Libertad y el Respeto a la Vida Nayarit
  2. Apuesta Solidaria AC
  3. Arthemisas por la Equidad, AC.
  4. Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica
  5. Borderline Incluir con Arte y Educación, A C. / Borderline Teatro
  6. Centro de Derechos de las víctimas de violencia Minera Bello
  7. Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)
  8. Centro de Investigación de Crímenes Atroces (CICA)
  9. Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)
  10. Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios
  11. Colectivo Huellas de La Memoria
  12. Colectivo Proyecto de Búsqueda AC.
  13. Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo AC.
  14. Comité de Solidaridad y Defensa de Derechos Humanos (COSYDDHAC)
  15. Consultora Solidaria SC
  16. Derechos de la Infancia y la Adolescencia A.C. Raquel Pastor Escobar
  17. Eje de Iglesias y Espiritualidades
  18. Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra Atenco.
  19. Frontera con Justicia A.C. [Casa del Migrante Saltillo]
  20. Fundación Cambiando Mentes, AC.
  21. Fundación para la Justicia
  22. Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense (GIASF)
  23. Impunidad Cero
  24. Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A. C. (IMDHD)
  25. Juicio Justo A.C.
  26. Justicia Transicional en México, Estrategias contra la Impunidad, A.C.
  27. Lekil Kuxlejal/Casa Xitla
  28. México Unido Contra la Delincuencia A.C.
  29. Mie Nillu Mazateco A.C.
  30. Pastoral Social, Iglesia Anglicana de México
  31. Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato
  32. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT)
  33. Siuat Yoltechikatli Por Los Derechos Humanos A.C
  34. Tejiendo Redes Infancia
  35. Vecinos del Cerro de Tecalco-Chiconauhtla
Personas solidarias
  1. Alfredo López Casanova
  2. Alma Padilla García.
  3. Alma Rosa García Guevara
  4. Arturo Carrasco Gómez
  5. Blanca Isabel Martínez Bustos
  6. Carlos Alberto González Hernández
  7. Claudia Liza Corona de la
  8. Elena Azaola
  9. Eliana García Laguna
  10. Esperanza Martínez Hernández
  11. Estrella Pedroza
  12. Graciela Mendoza Landeros
  13. Gustavo García Torres
  14. Irma Alma Ochoa Treviño
  15. Ivonne Mendoza Salazar
  16. J. Esther Pérez Ibáñez
  17. Jacobo Dayán
  18. Jade García Andrade
  19. Jorge Javier Romero Vadillo
  20. José Luis García Valero
  21. Laura Salas Sánchez
  22. Luz Elena Martínez García
  23. Ma. Dolores Soto Álvarez
  24. María Eugenia Arriaga Salomón
  25. María Guadalupe Blanco Méndez
  26. María Luisa Núñez Barojas
  27. Martha Elena Welsh
  28. May-ek Querales Mendoza
  29. Melissa Mendoza Landeros
  30. Michael W. Chamberlin
  31. Miriam Itzel Mejía Enciso.
  32. Norma Andrade
  33. Norma García Guevara
  34. Pablo Romo Cedano
  35. R. Aida Hernández Ciesas-CDMX
  36. Rómulo Ruiz Ochoa
  37. Santiago Corcuera Cabezut
  38. Seferina Fabiola Alarcón Serrano.
  39. Simón Hernández León
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Guadalupe Urban, regidora del PVEM en San Juan Cacahuatepec, es asesinada en Oaxaca

La regidora Guadalupe Urban Ceballos fue asesinada en San Antonio Ocotlán, Oaxaca, por lo que la Fiscalía investiga el crimen con perspectiva de género.

La regidora del Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, Guadalupe Urban Ceballos, fue asesinada la mañana de este jueves en la comunidad de San Antonio Ocotlán, de donde era originaria.

La funcionaria, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue atacada por dos hombres armados que viajaban en una motocicleta cuando salía del domicilio de sus padres. De acuerdo con los primeros reportes, los agresores le dispararon y huyeron del lugar, dejando a la regidora sin vida sobre el camino que conduce a dicha localidad, en la región de la Costa oaxaqueña.

La Vicefiscalía Regional de la Costa fue notificada del hallazgo durante la mañana y desplegó a un equipo especializado para realizar las diligencias periciales correspondientes. El personal ministerial efectuó el levantamiento de indicios y el procesamiento del sitio del crimen para iniciar las primeras líneas de investigación.

Más tarde, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca confirmó el asesinato e informó que las indagatorias se realizan con perspectiva de género. De manera preliminar, se establecieron dos posibles líneas de investigación: una relacionada con una venganza personal y otra con un presunto adeudo económico.

Por su parte, e Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec condenó el crimen de Guadalupe Urban y destacó su labor como servidora pública comprometida con las causas de su comunidad y con el fortalecimiento de la vida democrática en el municipio.

A través de un comunicado, las autoridades locales exigieron una investigación seria y pronta, así como la detención de los responsables. Señalaron que la impunidad no puede ser tolerada y que el municipio rechaza todo acto de violencia que afecte a las familias y comunidades de la región.
De acuerdo con habitantes de la zona, la regidora se dirigía a un evento oficial denominado Jornadas por la Paz, al que asistirían niños y funcionarios de los gobiernos estatal y federal. Guadalupe Urban era titular de la regiduría de Parques y Jardines por representación proporcional para el periodo 2025-2027.

Con la muerte de la funcionaria, suman 75 feminicidios registrados en Oaxaca durante 2025, según datos del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos (GESMujer). El municipio de San Juan Cacahuatepec, ubicado en la región Costa, cuenta con una población cercana a los nueve mil habitantes, de los cuales el 51.9 por ciento son mujeres, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La FGR solicita orden de captura contra Fernando Farías Laguna por "huachicol fiscal"

Fernando Farías Laguna no se presentó a su audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal por tercera ocasión. Una Jueza de control ordenó su captura para garantizar su presencia el próximo sábado.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó este miércoles una nueva orden de aprehensión en contra de Fernando Farías Laguna, debido a que el Contraalmirante no acudió a una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal, donde hoy estaba citado por ser sospechoso de formar parte de una red de corrupción dedicada a delitos con hidrocarburos, también conocidos como "huachicol fiscal".

En primera instancia, Fernando Farías Laguna fue citado a una audiencia el pasado 30 de septiembre, pero su defensa legal reprogramó este proceso para el 20 de octubre sin que éste se llevara a cabo. Previamente, el marino obtuvo una suspensión provisional para la orden de aprehensión en su contra, pero la Jueza federal Emma Cristina Carlos Ávalo le negó una suspensión definitiva que fue solicitada el pasado 4 de octubre.

En este sentido, la Jueza de control Nancy Selene Hidalgo Pérez requirió a la Policía Federal Ministerial una orden de captura para garantizar la presencia del Contralmirante el próximo sábado, tomando en cuenta que esta es la tercera ocasión en que se pospone su audiencia. En caso de que Farías Laguna no se presente de nuevo, será declarado formalmente como sustraído de la acción de la justicia.


Por su parte, los abogados del marino solicitaron reprogramar la audiencia debido a que la FGR todavía no les entrega de manera completa la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIORPIFAM-CDMX/0000568/2024, integrada por casi 19 páginas, de su defendido, y a que algunas partes de la misma estaban testadas.

El pasado 9 de septiembre, un Juez federal vinculó a proceso a 14 personas detenidas por el mismo caso, incluido el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna —hermano del Contraalmirante— por su presunta participación en el desembarque irregular de 31 buques con "huachicol fiscal", en las aduanas de Altamira y Tampico, durante los últimos dos años.

Tras una audiencia de más de 17 horas, todos los imputados recibieron prisión preventiva. Los hombres fueron enviados al penal del Altiplano y dos mujeres a la cárcel federal femenil de Morelos.


Según la investigación, los implicados habrían facilitado el ingreso de combustible ilegal mediante simulación de trámites y manipulación de documentos, en una operación sostenida durante dos años. Entre los procesados se encuentran mandos de la Marina adscritos a regiones clave, exjefes de departamento y verificadores de mercancías, todos con funciones importantes en el control de recintos fiscales.

El caso del Contraalmirante resulta de interés público puesto que el exfuncionario tiene nexos familiares con el exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, quien se desempeñó en su cargo durante la Administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 5 NOVIEMBRE 2025.