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La ley del miedo gobierna Michoacán: Impuestos criminales que asfixian

La extorsión a productores agrícolas, comerciantes y empresarios en Tierra Caliente representa un cobro de impuesto alterno que trastoca la economía de la región, pues obliga a los afectados a elevar sus precios entre 20 y 40 por ciento.

Uno de los grupos delincuenciales que someten a los pobladores de Tierra Caliente es Los Blancos de Troya, liderado por César Sepúlveda Arellano, el Botox, quien junto con miembros de su familia controla desde hace tres años las actividades económicas de la región, a veces en alianza con otros grupos. En su haber figuran varios asesinatos, como el del exlíder de los grupos de autodefensa, Hipólito Mora Chávez, en 2023, y, el más reciente, del líder limonero Bernardo Bravo.

César Sepúlveda Arellano comenzó su carrera delictiva como colaborador de Nicolás Sierra Santana, alias el Coruco, líder de Los Viagras, y luego se volvió aparentemente su rival, aunque informes de inteligencia criminal consideran que estos grupos criminales hacen frecuentemente acuerdos y alianzas con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Blancos de Troya.

Los Blancos de Troya, por su parte, comenzaron como una célula delictiva pequeña, pero con armamento militar poderoso que los hizo convertirse en el brazo armado y sanguinario de Los Viagras, aunque luego fueron adquiriendo autonomía hasta volverse una célula con relevancia, sobre todo por su poder económico derivado del cobro de “impuestos criminales”, producto de la extorsión y la cuota de hasta cuatro pesos que exigen por la siembra, recolección y venta de cada kilo de limón.

Pero también cobran extorsión por la venta de pollo, tortilla, carne, gasolina, refresco y otros productos que mantiene a la población civil temerosa, pero sin poder presentar denuncias formales debido a que, por una parte, los litigios no prosperarán y, por la otra, quienes denuncian se hacen visibles a los cárteles, por la fuga de información de la policía municipal y estatal.

Cada día, según reportes de seguridad, llegan a mover y registrar hasta 2.5 toneladas de carne como pago de cuota para no quemar el lugar y llegan a cobrar por establecimiento de 50 y hasta 100 mil pesos por cada uno al mes.

Aunque no hay una cifra exacta de lo que implica la extorsión en esta región, fuentes oficiales y organizaciones calculan que a diario los grupos criminales podrán estar “cobrando” más de un millón de pesos por concepto de cuotas.

Además de la extorsión que ejercen Los Blancos de Troya, principalmente contra comerciantes de pollo y carne, se cobra piso a gasolineras, tiendas de barrio, expendios de cerveza y tortillerías, que se ven en la necesidad de incrementar sus precios hasta en un 20 y 40% para solventar el impuesto criminal de los extorsionadores.

De acuerdo con una revelación de Guacamayas Leaks, lo recaudado por la extorsión de las células delictivas se lava y regresa al comercio legal mediante la apertura de negocios que sirven de fachada para blanquear el dinero y comprar armas.

En fechas recientes los grupos criminales también han probado como estrategia criminal la colocación de minas personales en parcelas de limoneros o bombas de fabricación casera arrojadas desde drones sobre los ranchos o casas de quienes no les quieren pagar la cuota, o bien como medida y mensaje para grupos rivales para marcar su territorio.

La extorsión la ejercen todos los grupos criminales y se dividen entre sí los sectores: por ejemplo, Los Blancos de Troya controlan la venta y distribución de pollo y carne, el Cártel de Jalisco las minas y las gasolinerías, y otra parte de las gasolineras incluso se las han apropiado Los Viagras o el propio Cártel Jalisco.

Es tan clara la división del mercado y los sectores que incluso un miembro de un cártel no puede cargar combustible en la gasolinera de un grupo rival.

Lo mismo ocurre con las tortillerías: a estos establecimientos les dicen qué día y cuánto tiempo pueden abrir o cerrar, y les imponen el precio del kilo de maíz y de tortilla.

La venta de refresco y cerveza es controlada por el Cártel de Jalisco y una parte de Los Blancos de Troya, que pugna constantemente por quedarse con la mayor parte de los comercios.

En varios intentos por atrapar al Botox las autoridades policiacas del estado y la federación sólo han podido capturar a sus familiares y colaboradores más cercanos. El 23 de octubre último fue aprehendida una mujer identificada como Esmeralda “N”, bajo cargos de extorsión del sector agrícola; ella presuntamente es pareja sentimental del Botox.

La captura ocurrió en la comunidad de Cenobio Moreno, en un operativo conjunto entre elementos de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional y Civil, según se reportó.

En junio detuvieron a Cirilo Sepúlveda, hermano de César, durante un operativo de la Guardia Nacional que desató bloqueos y quema de vehículos en Apatzingán y Buenavista.

Y en febrero de este mismo año fueron detenidos Gerardo Valencia Barajas, alias el Señor de la Silla –señalado como extorsionador del sector limonero y aguacatero– y su pareja Joana Lizbeth Sepúlveda Valencia, hija del Botox; ambos enfrentan cargos por delitos de homicidio y delincuencia organizada.

César Sepúlveda Valencia, el hijo mayor del Botox, fue detenido en octubre de 2024.

Mientras que Nicolás Sierra Santana, apodado el Coruco, el Corupo o el Gordo y líder de Los Viagra, está fichado por Estados Unidos por su relación con la célula criminal de Cárteles Unidos, aunque en noviembre de 2024 Los Viagras encabezaron una cumbre e hicieron una alianza con el Cártel de Jalisco y los Blancos de Troya que derivó en una unión de cárteles que se hizo llamar Cártel Michoacán Nueva Generación.

Información en poder de Proceso resalta que Cárteles Unidos, y sus remanentes, estarían conformados actualmente por un bastión que sobrevive de Los Caballeros Templarios, el Cártel de Tepalcatepec de José Juan Farías, alias el Abuelo Farías, y las células delictivas del municipio de Los Reyes; estas últimas, en desacuerdo con la alineación de los grupos con el CJNG.

El Abuelo Farías, por su parte, mantiene en el estado su alianza con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, que han mostrado interés en fortalecer a los Cárteles Unidos y a un discreto, pero poderoso narcotraficante llamado Miguel Ángel Gallegos Godoy, alias el Migueladas, buscado por la DEA.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 0029 de la revista Proceso, correspondiente a noviembre de 2025

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

¿Las conferencias “Mañaneras” tienen un fundamento legal?

El instrumento más importante y novedoso de comunicación política de AMLO y de Claudia Sheinbaum se sitúe en una disposición administrativa, cuya ventaja es la ductilidad, pues no se necesita pasar por el proceso legislativo para su modificación.

En México la comunicación política se caracterizó durante décadas por la identificación de un problema y su gestión, con vistas a resultados electorales. Sin embargo, uno de los aciertos de Andrés Manuel López Obrador fue optar por la comunicación antisistémica, y polarizante que le brindó enormes dividendos políticos, al presentarse como un político marginado y contestatario al statu quo. 

Como pocos políticos contemporáneos en México, AMLO comprendió el valor de la reasignación del significado de palabras, hechos y objetos para recrear la realidad, por lo que su comunicación política parte de un encuadre donde existen marcos comunes que se adquieren al interior de un grupo social y que permiten compartir una realidad concebida mediante símbolos dotados de significado.

Con un mensaje emotivo y confrontador dirigido de manera directa e incluso cercana a sus electores por medio de frases accesibles, identificó tres problemas concretos: la incapacidad de la democracia para garantizar el voto libre y evitar los fraudes electorales, la corrupción de la oligarquía que, al concentrar los bienes, impedía que las personas de escasos recursos satisficieran sus necesidades y ascendieran socialmente. Sin embargo, lo que más resalta es su capacidad de combinarlas con su mito fundacional: el héroe que se sobrepone a la adversidad. 

Una vez asumida la presidencia, López Obrador retomó las conferencias matutinas que le habían resultado tan efectivas durante la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal. Su esquema puede describirse de la siguiente manera: se presentaba de lunes a viernes a las 07:00 horas en el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, en un escenario cuidadosamente estructurado desde horas antes, donde el presidente fungió como vocero al emitir opiniones y mensajes político-propagandísticos, proporcionar informes con apoyo visual y auditivo –como gráficas, imágenes, e incluso canciones– y de manera personal y directa respondía preguntas de los periodistas acreditados con antelación. 

La definición de la agenda se reflejó en los temas centrales de su campaña: corrupción, autoritarismo y desigualdad ejemplificándolos mediante actores políticos y mediáticos que discreparan de su visión de país adjudicándoles, además, la responsabilidad de las desgracias del país, lo que distraía la atención de temas prioritarios y alejaba los reflectores de las acciones del gobierno. 

Para Artículo 19, si los calificativos se usaban adicionalmente contra periodistas, se suscitaba además una imagen dañina de la prensa crítica, lo que justificaba la violencia en su contra. 

Sin embargo, desde el ámbito jurídico surgen dos preguntas: ¿cuál fue el marco jurídico de dichos ejercicios mediáticos? y ¿qué estrategia jurídica opusieron los afectados por los dichos del titular del Ejecutivo? 

De entrada, el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política prohíbe la propaganda con el nombre, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Mientras que la exposición diaria del titular del Ejecutivo en medios de comunicación también contraviene el párrafo séptimo del artículo 134 al violentar la aplicación imparcial de los recursos, además de afectar la equidad de la competencia entre partidos políticos. 

En este tenor de ideas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió dos sentencias: SUP-REP-3/2021 y SUP-REP-20/2021. Pero en ambos casos el órgano jurisdiccional perdió la oportunidad de determinar si las opiniones presidenciales en las Mañaneras eran o no violatorias del artículo 134 constitucional. Por el contrario, las calificó como “un ejercicio comunicativo al más alto nivel, que confluye con el ejercicio administrativo y gubernamental”.

Por otra parte, en la sentencia de juicio de amparo indirecto 1991/2022 se afirmó que ese ejercicio está regulado en términos de la Ley General de Comunicación Social, pero se omitió el fundamento específico –quizá porque en ese ordenamiento no hay una referencia concreta a las Mañaneras–. En consecuencia, la premisa de considerarlas como un “ejercicio sui generis” ha impedido acotación judicial.

En realidad, el fundamento jurídico de las conferencias matutinas se ubica en la fracción XX del artículo 31 del Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República, que le otorga a la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República la atribución de “coordinar las entrevistas y conferencias de prensa del presidente (…)” De ahí que el instrumento más importante y novedoso de comunicación política de AMLO y de Claudia Sheinbaum se sitúe en una disposición administrativa, cuya ventaja es la ductilidad, pues no se necesita pasar por el proceso legislativo para su modificación.
Luna Pla y López Ayllón afirman que cuando el presidente habla desde Palacio Nacional, lo hace con toda su investidura, y por esa condición de autoridad no ejerce la libertad de expresión, sino que cumple con el deber de informar, por lo que las conferencias matutinas podrían fundamentarse también en el artículo 6 de la Constitución federal, pero desde el derecho a la información. 
Sin embargo, solamente 5.9% de la información que se difundió en las Mañaneras entre 2019 y 2022 fue verdadera, de acuerdo con Artículo 19. Al difundir información carente de veracidad, el presidente infringió los límites del deber de informar, una contravención que se recrudece con la asimetría de contar con todos los recursos del Estado, en contraste con la capacidad de cualquier persona para hacerle frente en caso de haber sido agraviada por sus dichos.

Esa desproporción es uno de los principales temas de la sentencia del juicio de amparo indirecto 1991/2021, que tiene como antecedente la negativa del acceso libre a la Mañanera por parte de AMLO a Xóchitl Gálvez para que ejerciera su derecho de réplica. En los hechos, el desacato del fallo por parte del presidente representó la ineficacia del juicio de amparo y del derecho de réplica como medios de defensa constitucional ante los excesos presidenciales. 

Con un fundamento legal maleable y medios de defensa insuficientes queda en el aire una pregunta: ¿Claudia Sheinbaum se atreverá a cruzar con sus mañaneras la delgada línea que quiebra al derecho a la información y la libertad de expresión? Ojalá que no, por el bien de México.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PAOLA CARMONA.

Exigen disculpa pública de diputada que llamó “enemigo histórico” al defensor Carlos González

Organizaciones de derechos humanos exigieron a Judith Vanegas Tapia, diputada de Morena por Tláhuac y Milpa Alta, que emita una disculpa pública al defensor y abogado Carlos González García, del Congreso Nacional Indígena (CNI), a quien en un video llamó “enemigo histórico” y acusó de estar “atrás del movimiento en contra de la Doctora Claudia”.

En el video, Vanegas afirma que la presidenta Claudia Sheinbaum “‘ya lo trae’, haciendo referencia a que el abogado significa un obstáculo”, señalaron las organizaciones, agrupadas en la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).

La Red también llamó a Sheinbaum a deslindarse públicamente de las declaraciones que la involucran y que realice un reconocimiento de la labor de Carlos González García, quien ha acompañado distintas luchas de los pueblos originarios en México.

Finalmente, la Red manifestó su respaldo a González García y el reconocimiento a su labor, así como exigió un alto a la criminalización y a las declaraciones que ponen en riesgo a los defensores “que habitan y litigan en entornos hostiles e inseguros”.


Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) se solidarizó con el defensor y acusó que el señalamiento público de Vanegas “constituye no sólo una agresión personal, sino una estrategia de deslegitimación hacia quienes defienden la vida, la tierra y la autonomía de los pueblos originarios”.

“Este tipo de discursos, emitidos desde espacios institucionales, ponen en riesgo la integridad física, emocional y política de quienes sostienen la defensa colectiva como horizonte ético. Carlos González ha acompañado, con rigor jurídico y compromiso ético, múltiples procesos de resistencia indígena frente a megaproyectos, despojos y violencias estructurales. Su palabra y su acción son parte de una memoria viva que interpela al poder y sostiene la esperanza”, agregó el Frayba.

Desde Chiapas, el centro de derechos humanos reconoció la trayectoria de González como parte fundamental de las luchas por la libre determinación de los pueblos y exigió “el cese inmediato de cualquier forma de hostigamiento, criminalización o discurso que lo ponga en riesgo”.

Tras la presentación del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva sobre su plan para diseñar el Plan General de Desarrollo (PGD) y el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), señalados como instrumentos de despojo por los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, El pasado 30 de octubre, Vanegas Tapia dijo que “atrás de todo esto va a salir el nombre de Carlos González García […], enemigo histórico de todo esto que se intenta hacer […]. Fue a levantar pueblos y barrios […], él estuvo atrás del movimiento en contra de la Doctora Claudia [Sheinbaum], que en ese momento era nuestra jefa de gobierno”.

COMUNICADO DEL FRAYBA

Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, nos solidarizamos profundamente con el compañero Carlos González García, abogado, defensor del territorio y asesor jurídico del Congreso Nacional Indígena (CNI), ante los recientes actos de criminalización en su contra.

El señalamiento público realizado por la diputada Judith Vanegas Tapia, que lo nombra como “enemigo histórico” de los pueblos de Milpa Alta, constituye no solo una agresión personal, sino una estrategia de deslegitimación hacia quienes defienden la vida, la tierra y la autonomía de los pueblos originarios. Este tipo de discursos, emitidos desde espacios institucionales, ponen en riesgo la integridad física, emocional y política de quienes sostienen la defensa colectiva como horizonte ético.

Carlos González ha acompañado, con rigor jurídico y compromiso ético, múltiples procesos de resistencia indígena frente a megaproyectos, despojos y violencias estructurales. Su palabra y su acción son parte de una memoria viva que interpela al poder y sostiene la esperanza.

Desde el Frayba, reconocemos su trayectoria como parte fundamental de las luchas por la libre determinación de los pueblos, y exigimos el cese inmediato de cualquier forma de hostigamiento, criminalización o discurso que lo ponga en riesgo.

Nos sumamos al llamado del CNI y de los pueblos que lo respaldan. Su lucha es nuestra. Su dignidad nos convoca.

¡Alto a la criminalización de quienes defienden la vida! ¡Carlos González no está solo!

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Veracruz aprueba Ley Monse para sancionar a cómplices de feminicidas. Van 4 entidades

Con 39 votos a favor y ninguno en contra, el Congreso de Veracruz aprobó la Ley Monse, una reforma al Código Penal estatal que elimina la exención de responsabilidad penal a familiares que encubran a feminicidas o a responsables de delitos graves.

La creación de esta ley se originó tras el feminicidio de Montserrat Bendimes, una joven estudiante asesinada en 2021 y cuyo caso da título a la iniciativa y evidenció las fallas legales que permitían a los familiares de los agresores evadir la justicia.

Asimismo, esta ley evidenció la grave problemática que enfrenta el estado de Veracruz: la alarmante cifra de feminicidios. Cabe destacar que la entidad ocupa el sexto lugar a nivel nacional con mayor número de casos. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), tan solo hasta octubre de 2025 se han registrado 25 feminicidios en el estado.

Pese a la urgencia de esta problemática, la aprobación de la Ley Monse se dio de manera tardía, ya que la iniciativa permaneció congelada durante varios años. Fue promovida en 2022 por la colectiva Brujas del Mar y posteriormente presentada por la diputada local del PRI Anilú Ingram Vallines. Sin embargo, tuvieron que pasar tres años para que finalmente fuera aprobada.

Con la entrada en vigor de esta ley, se modifican los artículos 26 y 345 del Código Penal de Veracruz. Cabe recordar que el artículo 345 otorgaba protección total a los familiares encubridores de feminicidas, pues establecía lo siguiente:
“No se sancionará a quien oculte al responsable de un delito o los efectos, objetos o instrumentos del mismo, o impida que se averigüe, cuando se haga por un interés legítimo y no se emplee algún medio delictuoso, siempre que se trate de: los ascendientes y descendientes consanguíneos, afines o por adopción; el cónyuge, concubina o concubinario y parientes colaterales por consanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo; o los que estén ligados con el delincuente por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad.”
Por ello, esta modificación legislativa resulta indispensable, ya que a partir de ahora los lazos consanguíneos dejarán de ser un recurso legal para eximir de responsabilidad a quienes encubran delitos graves, como los feminicidios, práctica que en múltiples ocasiones ha obstaculizado la justicia.

La Ley Monse ya se encuentra vigente en entidades como Morelos, Ciudad de México y Oaxaca, y ahora llega a Veracruz, donde adquiere una relevancia especial, pues fue precisamente en este estado donde la indignación social por el feminicidio de Bendimes impulsó su creación.


No obstante, aún es necesario continuar promoviendo reformas en los Códigos Penales estatales de todo el país, ya que casos como el de Monse no son hechos aislados. Basta recordar el feminicidio de Jessica González Villaseñor, en Morelia, donde los amigos del agresor, pese a saber que el cuerpo de la joven de 21 años estaba en la cajuela del vehículo del feminicida, no alertaron a las autoridades e incluso difundieron burlas en redes sociales, sin ser procesados como cómplices.

Caso Monserrat Bendimes

Estas modificaciones fueron impulsadas a raíz del feminicidio de Montserrat Bendimes, perpetrado en abril de 2021 en Veracruz. La joven de 20 años fue golpeada por Marlon Botas, su entonces pareja. Los padres del presunto feminicida trasladaron a Montserrat a un hospital y posteriormente ayudaron a su hijo a huir; mientras ella se debatía entre la vida y la muerte, Marlon desapareció.

Días después y tras el daño físico causado por Botas Fuentes, Montserrat Bendimes murió, lo que desató una ola de indignación en México. Las exigencias de justicia no cesaron y el rostro del presunto feminicida comenzó a circular en calles, redes sociales y medios de comunicación; siete meses después, sus padres fueron detenidos en la Ciudad de México.

No se tenía ningún rastro de Marlon Botas, pero fue el 16 de mayo cuando el presunto feminicida filtró un video a medios de comunicación donde, sin ninguna señal de temor, condicionó a la Fiscalía General del Estado de Veracruz para entregarse a cambio de la liberación de sus padres. Finalmente el 3 de junio Marlon fue detenido en Mérida, Yucatán, luego de un cateo realizado a la casa de su abuela.

FUENTE: CIMAC NOTICIAS.
AUTOR: PAOLA PIÑA.

Antes a ellos les importaba Uruapan, eran la oposición por México

"Uruapan le importa a los mexicanos en estos momentos, como Guerrero, o Tamaulipas, o Baja California, o cualquier estado del país que esté tomado por el crimen organizado y abandonado por la autoridad que juramentó proteger a sus residentes".

Antes de que Andrés Manuel López Obrador llegara a la Presidencia de la República en el año 2018, en incontables ocasiones, criticó las políticas de seguridad de los presidentes en turno, de manera particular de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) sin ignorar la de Enrique Peña Nieto (2012-2018), con quien, por cierto, una vez sentado en la Silla del Águila fue muy condescendiente.

En su momento, ni Calderón ni Peña acusaron a López Obrador, el candidato de largo aliento, de ser personero de la desgracia, adversario que utilizaba el dolor causado por la violencia e inseguridad para lucrar política o electoralmente. De hecho, en gran medida el triunfo del tabasqueño se debe a que su discurso contra Calderón por la guerra contra las drogas y contra Peña, a quien acusó invariablemente de corrupto, tuvo eco en la sociedad.

Cada vez que un acto de violencia de alto impacto sucedía en cualquier estado de la República, López Obrador exigía a los presidentes a que asumieran su responsabilidad, que de manera directa atendiesen el problema con el Gabinete de Seguridad, que no excusaran políticas fallidas o pasados administrativos, que la responsabilidad de la seguridad de México y los mexicanos, era exclusivamente de ellos, en su momento de Calderón, después de Peña, e incluso arengó contra Vicente Fox y Ernesto Zedillo en el mismo sentido.

El fundador de Morena criticó, por supuesto en 2007, en su campaña de 2012, y también en la de 2018, la guerra contra las drogas que fue la base del programa y estrategia de seguridad en la Administración de Felipe Calderón Hinojosa, y se regodeó hasta el cansancio de los fallidos resultados, responsabilizó al panista de los horrores del narco, y festinó y capitalizó, como nadie, la aprehensión en Estados Unidos, el proceso judicial y la sentencia en aquel país contra Genaro García Luna, que había sido Secretario de Seguridad precisamente en el Gabinete de Calderón. Entonces exigió de manera sistemática, que tanto el panista en su tiempo, y el priista en el suyo, cambiaran su estrategia de seguridad porque era evidente que no funcionaban.

Claudia Sheinbaum, en su campaña, también hizo uso político electoral de aquellas arengas de López Obrador, cuando antes no lo había hecho. Siendo Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Jefa Delegacional de Tlalpan y Jefa de Gobierno, la hoy Presidenta siempre fue una funcionaria muy dedicada a lo suyo, concentrada en sacar adelante sus proyectos, y empeñada en dejar con su labor en cada una de sus encomiendas, un impacto favorable para la sociedad. No criticaba a los “adversarios” de su líder político, tampoco centraba esfuerzos en aquello que no fuera el encargo en turno, fuese la Secretaría, la Delegación, o la ciudad.

Pero de apoyar el ataque sistemático de López Obrador cuando era oposición hacia los gobiernos en turno, la Presidenta transitó, o se transformó en una autoridad instalada en la intransigencia, que no permite que la ciudadanía, sector alguno, parte de la sociedad, y mucho menos los opositores de los partidos políticos, critiquen su estrategia de seguridad, o le señalen de indolencia o le exijan hacerse responsable de lo que sucede en el país, particularmente en materia de inseguridad y violencia.

Sigue así evadiendo su responsabilidad de pacificar al país, aferrada a un discurso hueco en donde el pasado ya es irrelevante cuando el presente es un baño de sangre sin autores intelectuales detenidos, ni cárteles extinguidos, ni servidores públicos investigados por actos de corrupción, desde lavado de dinero, huachicol fiscal, enriquecimiento inexplicable y posiblemente ilícito, entre un largo etcétera de delitos de alto impacto.

A esta estela criminal ahora se suma la burda ejecución de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, justo el 1 de noviembre, cuando, acompañado por su familia, inauguraba el Festival de las Velas, en la antesala del Día de Muertos.

Un tragedia horrorífica que dibuja el México actual, no el del pasado, el actual cuando el Alcalde de una zona dominada por los cárteles de la droga que solicitó apoyo institucional al Gobierno de la República, al que criticó considerándolo una estrategia fallida contra la criminalidad organizada por parte de la federación, que estuvo en Morena y luego abandonó el movimiento para contender como candidato independiente por la Alcaldía de Uruapan, que buscaba una vida de seguridad y tranquilidad para sus gobernados, que atacaba a los delincuentes, y al que siempre dejaron solo… Hasta que lo mataron.

Y cuando el hecho inaudito indigna a la sociedad en muchas regiones de México, y también a activistas, líderes de sectores o miembros de otros partidos que exigen ahora, desde la oposición o la sociedad, lo que López Obrador exigía a Calderón o a Peña, que la Presidenta asuma su responsabilidad, que deje de culpar al pasado añejo de los problemas actuales del país, entonces para el Gobierno de la República no son voces válidas, legítimas, como lo fueron ellos cuando no estaban en el Gobierno, sino aprovechados electoreros a los que hay que investigar y señalar.

Uruapan le importa a los mexicanos en estos momentos, como Guerrero, o Tamaulipas, o Baja California, o cualquier estado del país que esté tomado por el crimen organizado y abandonado por la autoridad que juramentó proteger a sus residentes, sin importar si como en el pasado ellos, ahora son oposición los que reclaman, o bien, grupos de la sociedad civil que simplemente no quieren vivir en un país tomado por el crimen aquí y ahora.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

Él pidió ayuda y ahora sí quieren mandar seguridad, reclama esposa de Carlos Manzo

Grecia Quiroz aseguró que continuará con el legado de su esposo Carlos Manzo y que el Movimiento del Sombrero está más fuerte que nunca.

Grecia Itzel Quiroz García, viuda de Carlos Manzo, tomó protesta este miércoles como Presidenta Municipal sustituta de Uruapan hasta 2027 y lamentó que su esposo haya tenido que morir para que las autoridades quieran mandar seguridad.
"Qué triste y qué desafortunadamente que tuvo que pasar esto para que voltearán a ver a Uruapan, qué triste y que desafortunadamente que tuvieron que arrebatarle la vida a Carlos Manzo para que ahora sí quieran mandar seguridad, para que ahora sí quieran blindarnos. Qué triste porque él lo gritó, porque él pidió auxilio una y otra vez, él temía por su vida, él temía por la vida de sus hijos, por mi vida y jamás le hicieron caso. Qué triste, pero hoy con esa entereza que sé que él me envía desde donde está, con esa grandeza que solamente él tenía para seguir adelante voy a seguir su legado", expresó desde la Tribuna del Congreso de Michoacán.
Luego de tomar protesta como Edil, Quiroz García afirmó que continuará la labor de su esposo de una manera honrada "lo voy a hacer de una manera honrada, limpia, sus manos se fueron limpias en todos los sentidos. Jamás pacto con nadie. Su lucha fue limpia y transparente. Y esa lucha del movimiento independiente va a seguir así", dijo.

Además, confesó que se encuentra con el corazón destrozado "porque me quitaron a mi compañero de vida, al padre de mis hijos, pero hoy también vengo con ese valor que él me enseñó, con esa entereza con la que él se levantaba todos los días a combatir, a alzar la voz, a gritar, a pedir auxilio por nuestros municipios, por nuestro estado de michoacán, por nuestro México".
Con 38 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, este miércoles el Pleno del Congreso estatal, en Morelia, avaló la propuesta impulsada por el diputado del “Movimiento Independiente del Sombrero”, Carlos Bautista Tafolla, para designar a la extitular honoraria del DIF de Uruapan, como la Presidenta Municipal.

Arropada por miembros del cuerpo edilicio de Uruapan y de integrantes de ese movimiento que su esposo encabezó desde 2024, la viuda de Manzo Rodríguez arribó una hora antes de la sesión a la sede del Poder Legislativo local.

Durante el inicio de la sesión extraordinaria, se realizó un minuto de silencio por el asesinato de Manzo Rodríguez, quien en pleno evento del Día de Muertos recibió siete balazos por parte de un sicario, el cual murió en el lugar.

Posteriormente, el legislador Bautista Tafolla reprochó en su discurso que Manzo fuera asesinado, luego de que urgió en varias ocasiones seguridad personal y para el municipio.

“México se está desangrando mientras los gobiernos se cambian de color para seguir gobernando”, expresó el legislador local, con integrantes del Cabildo de Manzo Rodríguez detrás.

“Carlos Manzo incomodaba a grupos delictivos, a fuerzas federales, a la Presidenta [Claudia Sheinbaum Pardo] con su voz, y por eso lo callaron, pero no entendieron que no lo callaron, lo multiplicaron, nosotros seguiremos incomodando", insistió el Diputado independiente, quien cerró el discurso con dos gritos, el cual secundaron los otros independientes: "¡Ni un paso atrás!" y "¡Carlos Manzo, vive!".
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Fernando Galindo, transportista desaparecido en el Edomex, es localizado con vida

Tres sujetos fueron detenidos tras la localización con vida del transportista Fernando Galindo Salvador, cuya desaparición originó bloqueos en la autopista México-Querétaro.

La Fiscalía del Estado de México (Edomex) informó el martes que Fernando Galindo Salvador, cuya desaparición generó bloqueos en la autopista México-Querétaro, fue localizado con vida y en aparente buen estado de salud, luego de ser privado de la libertad el pasado 30 de octubre en el municipio de Jilotepec.

Por medio de una publicación en X, la Fiscalía mexiquense explicó que como resultado de actos de investigación, el hombre de 69 años de edad fue ubicado, mientras que tres sujetos fueron detenidos, entre ellos, un hombre identificado como Nery "N", alias "El Moto", quien fue señalado como integrante de un grupo criminal con orígenes en Michoacán.
“Es el encargado de ese grupo de ‘alinear’ a taxistas en los municipios de Jilotepec, Soyaniquilpan y Acambay, para lo cual privaba de la libertad a sus líderes”, señaló la Fiscalía del Estado de México, además de precisar que estas acciones se dieron en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México.
El pasado 3 de noviembre, un grupo de manifestantes de la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana bloqueó la autopista México-Querétaro, a la altura de Jilotepec, con dirección a la Ciudad de México (CdMx), para exigir la localización de Fernando Galindo Salvador.

Los transportistas no sólo reclamaron por la reaparición de su compañero, sino que exigieron al Gobierno del Estado de México, encabezado por la Gobernadora Delfina Gómez, poner un alto a los actos de extorsión, robos y desapariciones de dicho gremio, por lo que se establecieron en la caseta de cobro de Tepotzotlán.

La convocatoria alcanzó a grupos de transportistas de los municipios de Jilotepec, Atlacomulco, Lerma, Santiago Tianguistenco, Lerma, Valle de Bravo, Toluca, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Coyotepec, entre otros, quienes se solidarizaron con los familiares, amigos y compañeros del hombre de 69 años de edad.


En este sentido, la Fiscalía del Estado de México emitió una ficha de búsqueda por el caso de Fernando Galindo Salvador, ya que en fechas recientes se han reportado tres desapariciones de conductores del transporte en la región de Jilotepec. No obstante, dos de ellos fueron rescatados con vida.

Bernardo Aldana Becerril, de 38 años, coordinador de la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes de México (ACME) en Jilotepec, fue hallado con vida luego de que un grupo de manifestantes exigió su localización el pasado 22 de julio durante más de siete horas en las autopistas México-Querétaro, México-Pachuca y Arco Norte.

Asimismo, el 25 de agosto, transportistas, familiares y vecinos llevaron a cabo bloqueos en la autopista México-Querétaro con dirección a la Ciudad de México (CdMx), a la altura del municipio de Soyaniquilpan, para exigir a la Fiscalía del Estado de México la localización de Carlos Cornelio Ortega, de 25 años, quien desapareció el 22 de agosto por negarse a pagar una extorsión.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Caen economías de Baja California y la nacional: INEGI

En el segundo trimestre de 2025, la economía de Baja California cayó -1.0% respecto al mismo periodo del año anterior, engrosando la lista de 14 entidades que reportaron números negativos en el país.

La contracción de la economía bajacaliforniana, se debió a una reducción de -2.1% de las actividades secundarias (industria y construcción) y de -0.9% de las primarias (agricultura y ganadería), mientras las actividades terciarias (comercio y servicios) se estancaron en 0.0%.

En el acumulado, enero-junio, la actividad económica creció 0.2 por ciento impulsada, por la variación de las actividades primarias, informó el 30 de octubre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El INEGI también dio a conocer la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto de la economía nacional, que indica una contracción trimestral y anual de -0.3 por ciento de julio a septiembre de 2025.

En el tercer trimestre del año, las actividades secundarias cayeron 2.9 por ciento, en contraste con el crecimiento de las actividades terciarias (0.9%) y las primarias (3.0%).

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: JULIETA ARAGÓN.

136 cárceles con sobrecupo en México

Apartir de diciembre de 2018 los centros penitenciarios del país han mostrado una desbordada ocupación al aumentar -hasta el día último de septiembre de 2025- su población en aproximadamente 56 mil personas privadas de la libertad (PPL) e impulsar un sobrecupo en al menos 136 de los establecimientos con los que cuenta el Sistema Penitenciario Nacional, existiendo cárceles en las que hay hasta un 525 por ciento de hacinamiento, como ocurre en el Estado de México.

De acuerdo con datos de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en su último Cuaderno de Información Estadística Penitenciaria Nacional existe una población carcelaria de 254 mil 109 personas, de las cuales 238 mil 536 (el 93.87 por ciento) son de sexo masculino y 15 mil 573 (6.13 por ciento) mujeres, siendo que la capacidad total de las prisiones en su conjunto es de 226 mil 446 espacios, situación que revela un excedente de 27 mil 663 internos que no tiene un espacio digno para reinsertarse adecuadamente.

El maestro Juan Morey, coordinador de Empoderamiento Jurídico y Activismos Comunitarios de Documenta A.C., destaca que el crecimiento poblacional de las personas en contexto de encierro se incrementó sustancialmente y más del 40 por ciento de estos reclusos “son personas que están en situación de prisión preventiva y muchas de ellas, la gran mayoría, están en prisión preventiva por la figura de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, este es uno de los motivos por los cuales la población ha crecido mucho”.

Efectivamente, el reporte corrobora que en las prisiones hay 103 mil 991 personas procesadas, 90 mil 156 (41 por ciento) de ellas presas por delitos del fuero común y 13 mil 826 por conductas ilícitas del ámbito federal; mientras que las personas privadas de la libertad que cuentan con sentencia son 150 mil 118 (59 por ciento), divididas en 133 mil 688 del fuero común y 16 mil 430 del federal.
“Al margen de esta cuestión del funcionamiento o el comportamiento de los índices de la población penitenciaria, en la vida cotidiana en reclusión tenemos dos realidades muy diferentes en México. Una es la de los centros federales y otra es la de los centros locales, estatales. Los centros federales están, en general, con cuestiones de cupo muy razonables”.
“Muchas están incluso por debajo del cupo y esto da un margen de operación a las autoridades que tienen que controlar estos espacios; estos, que son espacios públicos, les dan un margen de operación mayor, más holgado”, asegura el entrevistado.

La mayor carga de los conflictos, la sobrepoblación, la falta de personal en todas las áreas y el suministro de servicios o programas está en los penales estatales, destaca Juan Morey, “porque la prisión la podemos pensar como una especie de municipio confinado, de alguna manera. Entonces, se producen problemas poblacionales de la misma naturaleza, por decirlo así; que los problemas que se producen en libertad son problemas vinculados con la convivencia, son problemas vinculados con los servicios, son problemas vinculados con diversas cuestiones, las relaciones entre las personas que viven en la prisión y las comunidades que lo circundan, etcétera”.

“Cuando el margen operacional es un margen amplio, las autoridades pueden gestionar estos problemas, estas dificultades; pero cuando los márgenes de operación no son tan amplios, como sucede en los centros estatales, gestionar estos problemas es muy muy complejo. Entonces, lo primero, lo mejor que podríamos señalar es esto, que no es lo mismo una prisión federal que una prisión estatal”, concluye el experto.

De los 276 penales del país sólo 14 son federales y el resto son de administración estatal y de los gobiernos de la Ciudad de México.

SOBREPOBLACIÓN

Desde hace varios años el Estado de México es la entidad federativa que tiene el mayor número de personas privadas de la libertad, con 37 mil 257 PPL, y también es el que registra la mayor sobrepoblación en la mayoría de sus centros penitenciarios, algunos de los cuales, como el Centro Preventivo y de Reinserción Social (CPRS) de Chalco, alcanza el 525. 21 por ciento de sobrecupo; sin embargo, no es el estado con mayor índice sobrepoblacional, ya que Nayarit, que tiene una capacidad de mil 173 espacios, cuenta con tres mil 272 reclusos, por lo que llega hasta un 178.94 por ciento de sobrepoblación, por encima del 157.28 por ciento del Edomex.

El resto de las entidades con sobrepoblación son: Durango, donde caben dos mil 295 presos y tienen cuatro mil 832 en sus estancias; Morelos, con capacidad para dos mil 47 personas privadas de libertad y hay cuatro mil 151. Le sigue Sonora, que ha crecido mucho en sus índices ocupacionales durante los últimos dos años y cuenta con siete mil 988 espacios, pero tiene 14 mil 756 internos; Quintana Roo, con dos mil 695 lugares y cuatro mil 520 reos; Chiapas, que antes no estaba en los diez primeros sitios de esta estadística, pero ingresó al tener cuatro mil 610 espacios y meter a siete mil 34; Hidalgo, cuatro mil 17 colchonetas para cinco mil 712 PPL; Coahuila, tres mil 915 lugares y cinco mil 511 presos; y San Luis Potosí, pues de tres mil 230 sitios, hay cuatro mil 110 personas.


Después del CPRS de Chalco, le sigue en sobrepoblación el Centro Preventivo y de Reinserción Social de Zumpango, en el mismo Estado de México, con 510.83 por ciento de sobrecupo; el Centro de Reinserción Social (CRS) número 7 Huixtla, Chiapas, con 505 por ciento; el Centro Estatal de Reinserción Social (CERS) Jojutla, Morelos, 418.94 por ciento; CPRS Jilotepec, Edomex, 373.26 por ciento; CPRS El Oro, Edomex, 364.44 por ciento; CRS número 17 Playas de Catazajá, Chiapas, 358.33 por ciento; CERS Cuautla, Morelos, 332.87 por ciento; CRS Bucerías, Nayarit, 293.68 por ciento; y CPRS Tlalnepantla, Edomex, 282.98 por ciento.

En Baja California también se padece de la crisis sobrepoblacional carcelaria, con todos los problemas que conlleva el fenómeno, agravado por la presencia de importantes pandillas y grupos de la delincuencia organizada, lo que se refleja más en las penitenciarías de Tijuana (históricamente conflictiva), Mexicali y Ensenada. Sólo los dos centros penitenciarios de El Hongo, en Tecate, escapan al sobrecupo, más no a las riñas, presencia de droga y demás bemoles que suceden intramuros en instituciones totales.

Mientras que el Centro de Reinserción Social de Tijuana “Lic. Jorge A. Duarte”, tiene capacidad para albergar a dos mil 556 internos, al último día de septiembre de 2025 tenía en sus celdas a tres mil 525, para una sobrepoblación del 37.91 por ciento. El CRS de Mexicali, con mil 780 espacios, contaba con dos mil 366 presos (32.92 por ciento de excedente). Y el CRS de Ensenada que puede contener a mil 199 reclusos, contaba a mil 462 encarcelados, rebasando su cupo en 21.93 por ciento. El penal de El Hongo, creado para cinco mil 922 tiene población efectiva de cinco mil 75; mientras que El Hongo II, donde caben cuatro mil 608, apenas tiene dos mil 52.

ENSENADA

Además de la sobrepoblación, la presencia de las pandillas de Los Paisas y Los Sureños, entre otras, mantiene en zozobra permanente a los Ceresos de Tijuana, Mexicali y Ensenada; sin embargo, un informe rendido en 2024 por autoridades penitenciarias para justificar el traslado de reclusos de alto perfil criminal del penal de Ensenada a otros centros de mayor seguridad, desnuda la vulnerabilidad de esta última instalación carcelaria, cuyas condiciones de emergencia prevalecen en 2025.

El informe detalla que el Cereso de Ensenada cuenta con una infraestructura débil y antigua, que data de 40 años, inmerso en la mancha urbana y un terreno aledaño que vulnera la seguridad y representa un riesgo latente para una evasión, toda vez que el particular lo utiliza como estacionamiento público, lleno de maleza, escombros y arboles pegados a la barda perimetral. Los árboles obstaculizan la visibilidad del personal de vigilancia de las torres y Central de Radio, lo que ha favorecido el ingreso de los llamados “pelotazos” de droga, pues colinda con el área de esparcimiento “B”, módulos 1 y 2, y módulo 4 femenil.

Dentro del oficio justificante para traslado de reos peligrosos se menciona un informe de infraestructura emitido en fecha 1 de febrero de 2022, por un ingeniero adscrito a la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, y que establece que por “lo antiguo del centro y la falta de mantenimiento adecuado derivado del uso continuo, ha resultado en el desgaste excesivo de sus edificios, tanto en las losas de cubierta, muros y cimentación de los mismo, así como el exceso de humedad en muros y pisos derivado de fugas de agua potable y sanitaria, lo que también ocasiona es una excesiva corrosión de la herrería del celdas y topes vulnerando la seguridad de las instalaciones; así también estas filtraciones están debilitando al acero de refuerzo de las estructura”.

Por lo tanto, se considera que el centro penitenciario ensenadense no cuenta con la infraestructura necesaria para albergar a personas privadas de la libertad que requieren de medidas especiales de seguridad, tomando como aspectos fundamentales los materiales de construcción, antigüedad de las instalaciones, falta de mantenimiento, desgaste de equipamiento, condiciones climáticas, falta de planeación y distribución adecuada: “Se percibe que este Centro Penitenciario de Ensenada, es obsoleto para lo que fue creado, iniciando como cárcel pública municipal de acuerdo a las necesidades de esa época, sin embargo, fue creciendo sin una planeación hasta convertirse en Centro Penitenciario Estatal”.

A ello se le agrega el alto perfil de muchas de las personas privadas de la libertad, por lo que esta prisión “se ve rebasada en población penitenciaria, grupos de pandillas existentes como lo son ‘Los Sureños’ y ‘Los Paisas’, entre otras ranflas o pandillas, registrando infraestructura inadecuada y con una carencia sistemática de personal de seguridad así como de área administrativas, técnicas y jurídicas, en relación a las personas privadas de libertad que se encuentran en este Centro Penitenciario”.
“Dicha situación interpenitenciaria ha llevado a situaciones que han trastocado la seguridad y gobernabilidad del centro y de la población penitenciaria, teniendo como antecedentes diversos hechos que no pasaron a situación mayor por la oportuna reacción de las autoridades del Centro; esto es un reflejo de la problemática que acontece, derivado de la sobrepoblación, hacinamiento, falta de personal de seguridad y custodia, falta de espacios de esparcimiento, falta de espacios y personal para llevar a cabo las actividades propias de la reinserción social, falta de espacios y personal médico, etc.”, describe el informe.
Y agrega: “Los líderes de la pandilla Los Paisas y Los Sureños han logrado organizarse de manera estratégica para ingresar drogas al interior del Centro, específicamente las sustancias denominadas heroína y fentanilo, por medio de la visita familiar, mismos que ingresan la sustancia oculta en sus cavidades corporales, aprovechando que el Centro Penitenciario Ensenada por el momento no cuenta con los dispositivos de tecnología para la revisión no intrusiva que permitan la detección de sustancias u objetos ocultos en las cavidades del cuerpo (vagina, recto, boca etc.,)”.

Concluye que el consumo de sustancias por los internos se incrementó de forma excesiva, e inclusive se cuenta con historial de decesos a consecuencia de intoxicación por sustancias, y el incremento de tratamiento con el medicamento Naloxona para revertir los efectos de intoxicación por opiáceos.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: LUIS CARLOS SÁINZ.

Segob se reúne con el gobernador y ediles de Michoacán para revisar el Plan por la Paz

Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y las presidentas y presidentes municipales de la entidad se reunieron este miércoles para revisar el “Plan por la Paz y la Justicia” anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Rodríguez Velázquez resaltó que dicho plan no ha finalizado, ya que se construye de manera conjunta con los distintos sectores de la sociedad michoacana.

En un comunicado, destacó que el encuentro de más de tres horas respondió a la instrucción presidencial de escuchar a las alcaldesas y a los alcaldes, “conocer sus diagnósticos, demandas y prioridades, para construir en conjunto el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”.

Asimismo, dijo que para que la estrategia sea realmente integral y atienda las necesidades de la población se busca la participación de todos los sectores sociales: autoridades tradicionales, pueblos indígenas, jóvenes, mujeres, hombres, iglesias, empresarios, trabajadores del campo y víctimas.

“Plan por la Paz y la Justicia”

Este martes, la presidenta Sheinbaum Pardo detalló los tres ejes que conforman el mencionado plan.

El primero, enfocado en la seguridad y justicia, con el cual se fortalecerá a las fuerzas federales y locales, aunado a la creación de una fiscalía especializada en delitos de alto impacto y mesas quincenales de seguridad con el gabinete federal.

En segundo lugar, se refiere al desarrollo económico con justicia, que incluirá seguridad social y salarios dignos para jornaleros, inversión en infraestructura rural y convenios con el sector productivo.

Finalmente, el enfocado en la educación y la cultura para la paz, con programas escolares, deportivos y artísticos.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Grecia Quiroz, viuda de Manzo, tomará posesión en Uruapan: Sheinbaum; promete apoyo

Sheinbaum informó que el Gabinete de Seguridad sigue detallando estrategias junto con el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para reforzar la seguridad en Michoacán. 

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la mañana de este miércoles que Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan asesinado el pasado sábado, tomará posesión para terminar el periodo de Gobierno de su esposo. La mandataria recalcó que se brindará apoyo al municipio como parte del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia".
"Ella [Grecia] va a ser la Presidenta Municipal de Uruapan. El día de hoy va a tomar posesión en el Congreso del estado y acordamos seguir en comunicación para apoyar al municipio de Uruapan en este marco general del ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’", explicó.
Desde su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la Presidenta de la República compartió que en la reunión que sostuvo ayer con Quiroz, quien se desempeñaba como directora honoraria del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Uruapan, y con el hermano de Carlos Manzo, fue firme la exigencia de justicia y que las investigaciones lleguen hasta el final.
"Ayer también recibí a la esposa de Carlos Manzo y a su hermano, y a un equipo cercano. Platicamos y estuvo presente el Secretario de Seguridad y Lázaro Cárdenas, y platicamos. Evidentemente ellos, con toda razón, exigen justicia, y que se llegue hasta el final de esta investigación y se haga justicia del asesinato, del homicidio del Presidente Municipal Carlos Manzo, pero también platicamos hacia adelante", apuntó.
La Jefa del Ejecutivo federal dio a conocer que el Gabinete de Seguridad sigue trabajando en el diseño de estrategias junto con el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para reforzar la seguridad en Michoacán.
"Quiero comentarles dos temas antes de pasar a las preguntas. El primero relacionado con Michoacán y en particular con Uruapan. El día de hoy en la mañana, en el Gabinete de Seguridad, estuvo aquí el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, además de temas específicos relacionados con información particular de Michoacán y las estrategias para la seguridad en el estado. Hablamos del ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’. Lo vamos a trabajar obviamente juntos. Hoy tiene una reunión con la Secretaria de Gobernación", indicó Sheinbaum Pardo. 
"Ayer tuve reunión con todo el Gabinete para poder distribuir tareas para este plan y los distintos secretarios, subsecretarios o directores generales van a hacer esta consulta con distintos sectores de la sociedad de Michoacán para poder tener un primer borrador este viernes por la tarde y poderlo presentar a más tardar la próxima semana. Este es el primer punto", adelantó.
Cabildo de Uruapan elige a Grecia Quiroz

Carlos Bautista, Diputado local y un integrante del Movimiento del Sombrero, que fundó Manzo y que llegó al poder en Uruapan en 2024, declaró ayer en entrevista con Radio Fórmula que ya envió la propuesta al Congreso local para que Grecia Quiroz sea nombrada la Presidenta Municipal sustituta de Uruapan. El Congreso local la confirmará en las próximas horas luego de que, por decisión unánime, el Cabildo la eligiera para completar el mandato de su esposo, que culmina en 2027.


"Fue una decisión muy fácil", dijo Bautista, quien adelantó que esperan que el nombramiento sea aprobado en el Congreso del estado el miércoles. "No hubo ninguna objeción, todas las personas estuvimos de acuerdo. [Grecia] tiene todo el conocimiento, viene trabajando con Carlos desde los inicios, sabe de todas las gestiones, conoce el proyecto del principio, es la persona que mejor lo puede encabezar", añadió.
El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ya había adelantado el fin de semana que los poderes Ejecutivo y Legislativo de la entidad iban a respetar la decisión que tomara el Cabildo de Uruapan con respecto a la elección de un sucesor o sucesora para Manzo, ya que fue el Movimiento del Sombrero y no un partido político específico el que llegó al poder por las urnas y había que respetar esa decisión.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

El INE impone multas a 5 partidos por afiliaciones indebidas; ascienden a 28.8 mdp

De los 128 procedimientos revisados por el INE, 119 corresponden a ciudadanas y ciudadanos que fueron afiliados o desafiliados de manera irregular.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó ayer sanciones económicas por un total de 28 millones 834 mil 848.55 pesos contra cinco de los seis partidos políticos nacionales por vulnerar el derecho a la libre afiliación, siendo el Partido Acción Nacional (PAN) el único que quedó exento, ya que no tenía denuncias por ese tema, pues es el partido con el menor número de afiliaciones. En contraste, Morena fue el partido que acumuló la multa más alta, con un monto de 15 millones 696 mil 138.48 pesos (mdp), debido a 135 afiliaciones indebidas.

La discusión del tema comenzó el viernes por la noche, pero fue suspendida debido a que algunas personas retiraron sus quejas. Esto redujo el monto inicial de las multas, que en un principio ascendía a 32 millones de pesos. Ayer, el Consejo General del INE retomó la sesión que había quedado inconclusa y revisó 128 Procedimientos Ordinarios Sancionadores (POS) relacionados con denuncias ciudadanas por afiliaciones indebidas a partidos políticos.

De esos casos, 119 corresponden a ciudadanas y ciudadanos que fueron afiliados o desafiliados de manera irregular, lo que en total implicaba 917 quejas. Sin embargo, tras el análisis, el INE concluyó que no se comprobó la infracción en 546 casos; en 38 se determinó el sobreseimiento, y en 14 más las personas denunciantes se desistieron de continuar con el procedimiento. Finalmente, el INE acreditó que sí hubo afiliaciones indebidas en 259 casos de los 917 iniciales, por lo que se aprobaron sanciones contra los partidos políticos responsables.
Las multas fueron impuestas a cinco partidos. Morena deberá pagar 15 millones 696 mil 138.48 pesos por 135 afiliaciones indebidas; el Partido Revolucionario Institucional (PRI), cinco millones 588 mil 840.52 pesos por 51 casos; el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cinco millones 254 mil 907.68 pesos por 52 asuntos; el Partido del Trabajo (PT), un millón 788 mil 388.43 pesos por 16 denuncias; y Movimiento Ciudadano (MC), 506 mil 573.44 pesos por seis casos. El PAN, el partido con menos afiliaciones, fue el único que no recibió sanción porque, según se explicó, no se registraron denuncias en su contra.

Además de la sanción por afiliaciones indebidas, Morena recibió otras dos multas: una por 350 mil 342.16 pesos y otra por 207 mil 706.30 pesos, derivadas de observaciones del INE por omisiones en la entrega de información y en la respuesta a requerimientos.

Una multa más a MC por no cumplir con la paridad de género

Por otra parte, el Consejo General del INE avaló una amonestación pública contra Movimiento Ciudadano por incumplir con la entrega de información sobre el género de las candidaturas a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y las gubernaturas de Jalisco, Yucatán, Tabasco y Veracruz. De acuerdo con el Instituto, el partido omitió entregar dicha información en las fechas establecidas por un acuerdo del Consejo General relativo a la designación del género que debía aplicarse en esas entidades.


“Finalmente, en otro asunto sometido a la consideración del máximo órgano de decisión, se determinó tener por demostrado que el partido Movimiento Ciudadano omitió entregar información en las fechas establecidas en un acuerdo del Consejo General, sobre la designación del género a aplicar en distintas gubernaturas, por lo que se aprobó imponer una amonestación pública a dicho partido”, informó el INE en un comunicado.
Esta amonestación se suma a la multa de un millón de pesos que hace una semana confirmó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por las omisiones de Movimiento Ciudadano para cumplir con las reglas de paridad de género y por no modificar sus documentos internos para garantizar la erradicación de la violencia política de género.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.

Durazo remueve al titular de PC para que no sea "juez y parte" en el caso Waldo's

Las autoridades han adelantado que la tienda que consumió el incendio operaba desde 2021 sin un programa interno de Protección Civil autorizado.

El Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, pidió a Armando Castañeda Sánchez, titular de Protección Civil (PC) del estado, separarse de su cago temporalmente, mientras se desarrollan las investigaciones sobre el incendio en la tienda Waldo's de Hermosillo, que dejó un saldo de 23 muertos. Esto, con el propósito de que el funcionario no sea "juez y parte".
"He solicitado al titular de la Coordinación de Protección Civil del Gobierno del estado se separe del cargo por el tiempo que dure la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia del Estado con el propósito de evitar el riesgo de ser juez y parte en dicha investigación", explicó Durazo en un video compartido redes sociales, donde garantizó que habrá la transparencia en las indagatorias.
"Por desgracia, Sonora ha vivido tragedias que marcaron su historia. Tragedias envueltas en el silencio, la simulación o la omisión que agravaron el dolor de las familias y minaron la confianza ciudadana. Esa sombra aún pesa sobre nuestra memoria colectiva y sería una falta de respeto ignorarla", afirmó al justificar la decisión y prometer que habrá transparencia en el caso.
"Verdad para que no haya dudas y justicia para que no haya impunidad", añadió.
Las autoridades han adelantado que la tienda operaba desde 2021 sin un programa interno de Protección Civil autorizado. En consecuencia, el Gobierno estatal cerró 68 tiendas Waldo’s con el objetivo de realizar una exhaustiva revisión protocolaria del cumplimiento de las normas para garantizar la seguridad de las personas que asisten a estos establecimientos.

Durazo remarcó que la prioridad del Gobierno de Sonora es aliviar el sufrimiento de las familias. "Mi Gobierno se ha tomado como un propósito claro aliviar en la medida de lo posible el sufrimiento de las familias afectadas. He mantenido comunicación personal con las familias de las víctimas, estoy con ellas, acompañándolos en su dolor, en su búsqueda de justicia y en la reparación del daño", sostuvo.

El pasado lunes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora presentó los avances en la investigación sobre el incendio registrado el pasado sábado 1 de noviembre en la tienda Waldo’s, ubicada en el centro de Hermosillo, que provocó la muerte de 23 personas y 12 lesionadas, entre ellas una joven de 20 años y una adolescente de 16.

En conferencia de prensa, las autoridades estatales informaron que el siniestro ocurrió alrededor de las 15:00 horas, luego de que presuntamente se registrara una falla en un transformador eléctrico dentro del establecimiento, lo que originó la rápida propagación del fuego y la acumulación de humo tóxico que dificultó la salida de clientes y trabajadores.

Respecto a los decesos por la explosión, las autoridades de salud indicaron que las principales causas fueron la inhalación de gases tóxicos, lo que permitió a los peritos dar con la identidad de las víctimas, mediante análisis realizados en el lugar de los hechos y en los laboratorios forenses.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Hallan muertos a cuatro miembros de una familia que estaban desaparecidos en Reynosa, Tamaulipas

La Fiscalía de Tamaulipas confirmó a Animal Político el hallazgo de los cuerpos de la familia desaparecida en Reynosa, así como la detención de dos personas presuntamente involucradas en el caso.

Cuatro integrantes de una familia —entre ellos una menor de edad con discapacidad—, que estaban reportados como desaparecidos en Reynosa, Tamaulipas, desde el pasado 30 de octubre, fueron localizados muertos.

Este miércoles 5 de noviembre, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJ) confirmó a Animal Político el hallazgo de los cuerpos, así como la detención de dos personas presuntamente relacionadas con el crimen.

Las víctimas son Heriberto González Santes, de 41 años; su esposa, Berenice Flores Flores, de 37; su hija, Claudia Estefanía González Flores, de 10 años —quien padecía una discapacidad intelectual—, así como su sobrino, Ángel Manuel González Valencia, de 20 años.

De acuerdo con reportes de medios locales, el cadáver de la menor fue localizado en el patio de una vivienda de la colonia Valle Soleado, donde también fue hallada la camioneta Ford Edge de la familia.

Los cuerpos de los otros tres miembros fueron encontrados en un predio ubicado en la zona rural del municipio fronterizo, en la salida a San Fernando.

Raúl Flores —quien se identificó como familiar de las víctimas y presentó la denuncia por la desaparición—, narró a medios de comunicación que el pasado 30 de octubre dejó de tener contacto con la familia, por lo que se dirigió a su domicilio, en la colonia Hacienda de las Fuentes, y no los encontró.

Relató que, al llegar, encontró la vivienda sin luz, con las puertas entreabiertas y algunas pertenencias faltantes: “Fue muy extraño: las puertas estaban entrecerradas, abrí una chapa y la puerta se abrió sola, sin necesidad de forzarla”.

Tamaulipas, y en particular la zona fronteriza donde se ubica Reynosa, así como diversas carreteras que conectan con Nuevo León, es un foco rojo de desapariciones.

Entre enero y septiembre de este año, en la entidad hubo 168 homicidios dolosos, aunque organizaciones y activistas han denunciado que hay una cifra negra debido a los delitos no denunciados. Incluso, la entidad ocupa el tercer lugar a nivel nacional en la materia, con un 96.4 %, de acuerdo con datos del Inegi.

Por otro lado, la Comisión Nacional de Búsqueda tiene registro de 13,630 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas en la entidad, la tercera más alta a nivel nacional.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Javier Duarte solicita libertad anticipada tras más de 8 años en prisión; “estoy listo para reinsertarme en la sociedad”, dice

La defensa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, dijo que él “ha cumplido en exceso” su pena y ya ha pagado más del 95 % de ella, lo que le permite acceder al beneficio de libertad anticipada.

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa solicitó el beneficio de libertad anticipada tras pasar más de ocho años en prisión por una sentencia emitida en su contra por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, último procedimiento penal que tiene en su contra, por lo que podría salir antes de prisión. 

La solicitud se hizo oficial durante una audiencia celebrada este lunes ante la jueza Ángela Zamorano Herrera, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, en el que la defensa del exgobernador presentó 24 pruebas y testimonios a su favor, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó 12 en su contra. 

Durante la audiencia, que inició a las 10 de la mañana y terminó pasada las 18:00  horas, la jueza federal especificó que Javier Duarte enfrentaba otra causa penal en el ámbito federal, por un delito electoral, así como tres causas del fuero común en Veracruz por diversos delitos, mismas que ya fueron dejadas sin efecto.

De esta forma, al aceptar que ambas partes presenten todas sus pruebas y testimonios, la jueza Zamorano Herrera agendó para el próximo miércoles 12 de noviembre la audiencia en la que definirá si el exgobernador de Veracruz recupera su libertad, tras mantenerse preso desde el 26 de septiembre de 2018, cuando fue detenido en Guatemala.

Duarte ha cumplido con el 95 % de su pena, dice defensa del exgobernador

Al iniciar la audiencia, el abogado Pablo Campuzano aseguró que Javier Duarte “ha cumplido en exceso” su pena, pues hoy en día ha pagado más del 95.04 % de ella, lo que le permite acceder al beneficio de libertad anticipada. 

“En 2018, el señor se entregó voluntariamente. Después accedió a un procedimiento abreviado, solicitado por la propia fiscalía, reconociendo su participación en los hechos. Hoy el Estado mexicano, en coordinación con la Fiscalía de Veracruz, buscan a toda costa incumplir con esta promesa”, señaló. 

De esta forma, su equipo legal aseguró que el exgobernador Javier Duarte ha cumplido con todos los requisitos establecidos en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que para poder solicitar el beneficio de libertad anticipada debió ya haber cumplido la mitad de su pena en casos por delitos culposos, así como haber tenido buena conducta y haber cubierto la reparación de daño y el pago de la multa, en caso de tenerla.  

En respuesta, el fiscal Manuel Granados Quiroz, titular de la Fiscalía de Asuntos Relevantes de la FGR, se opuso desde el inicio de la audiencia a que se fallará a favor del exgobernador, al asegurar que existen aún pendientes decomisos en su contra y asegurar que “no ha querido pagar sus crímenes ante la justicia”.

“No es cualquier servidor público ni un funcionario ordinario. Fue un exgobernador que se caracterizó por ser artífice de uno de los mayores escándalos políticos y jurídicos del país, a quien se le investigó por delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero, desaparición forzada y peculado”.

“Todos los procesos en mi contra han sido revocados”: Duarte

Javier Duarte, quien lucía una densa barba negra y vestía la tradicional vestimenta color caqui de la prisión, pidió el uso de la palabra para posicionarse en principio únicamente por el tema del supuesto decomiso pendiente.

“Solo quiero decir que en una apelación que presenté el decomiso del que habla el señor fiscal fue revocado”, señaló el exgobernador. 

Sin embargo, casi al finalizar la audiencia, Duarte volvió a solicitar el uso de la palabra para asegurar que lleva casi nueve años sin ver a sus hijos y su familia, por lo que dijo considerase “una persona que está totalmente lista para reinsertarme en la sociedad”. 

“Yo no he robado ni un solo centavo. No le quiero hacer daño a nadie. La víctima es el Estado mexicano y al testigo (que declaró en su contra) no le deseo el mal, que Dios lo bendiga. Yo sabía a lo que me exponía al ser gobernador. A otros gobernadores les ha costado esto mismo en estos tiempos tan difíciles, pero a usted lo único que le pido es justicia”, dijo el exgobernador con la voz entrecortada. 

Al terminar las intervenciones, la jueza señaló que, sin prejuzgar sobre la solicitud del exgobernador, era un “hecho notorio” que desde el 15 de abril de 2017 se le dictó a Duarte una pena de 9 años de prisión, por lo que ya podía solicitar dicho beneficio. 

“Han pasado 3 mil 125 días desde que ingresó a prisión, eso es un poco más de 95 % de su pena”, dijo.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.