"Uruapan le importa a los mexicanos en estos momentos, como Guerrero, o Tamaulipas, o Baja California, o cualquier estado del país que esté tomado por el crimen organizado y abandonado por la autoridad que juramentó proteger a sus residentes".
Antes de que Andrés Manuel López Obrador llegara a la Presidencia de la República en el año 2018, en incontables ocasiones, criticó las políticas de seguridad de los presidentes en turno, de manera particular de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) sin ignorar la de Enrique Peña Nieto (2012-2018), con quien, por cierto, una vez sentado en la Silla del Águila fue muy condescendiente.
En su momento, ni Calderón ni Peña acusaron a López Obrador, el candidato de largo aliento, de ser personero de la desgracia, adversario que utilizaba el dolor causado por la violencia e inseguridad para lucrar política o electoralmente. De hecho, en gran medida el triunfo del tabasqueño se debe a que su discurso contra Calderón por la guerra contra las drogas y contra Peña, a quien acusó invariablemente de corrupto, tuvo eco en la sociedad.
Cada vez que un acto de violencia de alto impacto sucedía en cualquier estado de la República, López Obrador exigía a los presidentes a que asumieran su responsabilidad, que de manera directa atendiesen el problema con el Gabinete de Seguridad, que no excusaran políticas fallidas o pasados administrativos, que la responsabilidad de la seguridad de México y los mexicanos, era exclusivamente de ellos, en su momento de Calderón, después de Peña, e incluso arengó contra Vicente Fox y Ernesto Zedillo en el mismo sentido.
El fundador de Morena criticó, por supuesto en 2007, en su campaña de 2012, y también en la de 2018, la guerra contra las drogas que fue la base del programa y estrategia de seguridad en la Administración de Felipe Calderón Hinojosa, y se regodeó hasta el cansancio de los fallidos resultados, responsabilizó al panista de los horrores del narco, y festinó y capitalizó, como nadie, la aprehensión en Estados Unidos, el proceso judicial y la sentencia en aquel país contra Genaro García Luna, que había sido Secretario de Seguridad precisamente en el Gabinete de Calderón. Entonces exigió de manera sistemática, que tanto el panista en su tiempo, y el priista en el suyo, cambiaran su estrategia de seguridad porque era evidente que no funcionaban.
Claudia Sheinbaum, en su campaña, también hizo uso político electoral de aquellas arengas de López Obrador, cuando antes no lo había hecho. Siendo Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Jefa Delegacional de Tlalpan y Jefa de Gobierno, la hoy Presidenta siempre fue una funcionaria muy dedicada a lo suyo, concentrada en sacar adelante sus proyectos, y empeñada en dejar con su labor en cada una de sus encomiendas, un impacto favorable para la sociedad. No criticaba a los “adversarios” de su líder político, tampoco centraba esfuerzos en aquello que no fuera el encargo en turno, fuese la Secretaría, la Delegación, o la ciudad.
Pero de apoyar el ataque sistemático de López Obrador cuando era oposición hacia los gobiernos en turno, la Presidenta transitó, o se transformó en una autoridad instalada en la intransigencia, que no permite que la ciudadanía, sector alguno, parte de la sociedad, y mucho menos los opositores de los partidos políticos, critiquen su estrategia de seguridad, o le señalen de indolencia o le exijan hacerse responsable de lo que sucede en el país, particularmente en materia de inseguridad y violencia.
Sigue así evadiendo su responsabilidad de pacificar al país, aferrada a un discurso hueco en donde el pasado ya es irrelevante cuando el presente es un baño de sangre sin autores intelectuales detenidos, ni cárteles extinguidos, ni servidores públicos investigados por actos de corrupción, desde lavado de dinero, huachicol fiscal, enriquecimiento inexplicable y posiblemente ilícito, entre un largo etcétera de delitos de alto impacto.
A esta estela criminal ahora se suma la burda ejecución de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, justo el 1 de noviembre, cuando, acompañado por su familia, inauguraba el Festival de las Velas, en la antesala del Día de Muertos.
Un tragedia horrorífica que dibuja el México actual, no el del pasado, el actual cuando el Alcalde de una zona dominada por los cárteles de la droga que solicitó apoyo institucional al Gobierno de la República, al que criticó considerándolo una estrategia fallida contra la criminalidad organizada por parte de la federación, que estuvo en Morena y luego abandonó el movimiento para contender como candidato independiente por la Alcaldía de Uruapan, que buscaba una vida de seguridad y tranquilidad para sus gobernados, que atacaba a los delincuentes, y al que siempre dejaron solo… Hasta que lo mataron.
Y cuando el hecho inaudito indigna a la sociedad en muchas regiones de México, y también a activistas, líderes de sectores o miembros de otros partidos que exigen ahora, desde la oposición o la sociedad, lo que López Obrador exigía a Calderón o a Peña, que la Presidenta asuma su responsabilidad, que deje de culpar al pasado añejo de los problemas actuales del país, entonces para el Gobierno de la República no son voces válidas, legítimas, como lo fueron ellos cuando no estaban en el Gobierno, sino aprovechados electoreros a los que hay que investigar y señalar.
Uruapan le importa a los mexicanos en estos momentos, como Guerrero, o Tamaulipas, o Baja California, o cualquier estado del país que esté tomado por el crimen organizado y abandonado por la autoridad que juramentó proteger a sus residentes, sin importar si como en el pasado ellos, ahora son oposición los que reclaman, o bien, grupos de la sociedad civil que simplemente no quieren vivir en un país tomado por el crimen aquí y ahora.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.



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