La mayoría morenista aprobó en una jornada tres dictámenes del paquete económico, que reforman el Código Fiscal, la Ley Federal de Derechos y la Ley de Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS).
Así, entre otras medidas, el Congreso concretó el aumento de impuestos a bebidas azucaradas y con edulcorantes, videojuegos violentos, apuestas y tabaco, en la Ley del IEPS.
También, en el Código Federal de la Federación, se dieron nuevas facultades al Servicio de Atención Tributaria (SAT), con el argumento de combatir la evasión fiscal, entre lo que destaca la obligación de las plataformas digitales de permitir que la autoridad tenga acceso permanente y en tiempo real a la información de sus sistemas o registros, que esté relacionada con las operaciones de los servicios que proporcionen.
Asimismo, los cambios en la Ley Federal de Derechos aumentó el costo de acceso a museos y zonas arqueológicas bajo resguardo del INAH para personas extranjeras no residentes en México, hasta en 209.09 pesos.
Las tres reformas fueron aprobadas por la mayoría encabezada por el partido Morena y rechazadas por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, primero en comisiones y después en el pleno, por lo que fueron remitidas al Ejecutivo.
Para apresurar la aprobación, los senadores acordaron dispensar el requisito de que los dictámenes estén publicados con 24 horas de antelación y también que sean leídos por segunda ocasión ante la asamblea. Los tres dictámenes fueron presentados en paquete.
En la discusión fueron abordadas las tres reformas de manera conjunta y finalmente votaron cada una de ellas. Ninguna reserva fue aceptada.
Para la aprobación del Código Fiscal de la Federación se contabilizaron 75 votos a favor y 38 en contra; en el caso de la Ley Federal de Derechos se establecieron 76 votos y 37 la rechazaron, mientras que en el caso del IEPS las cifras fueron de 75 a favor y 37 en contra.
Así, el Senado rechazó cualquier cambio a las tres leyes respecto a la versión enviada por la Cámara de Diputados.
Bebidas y videojuegos intensifican debate
Los argumentos para la aprobación de la ley del IEPS son desincentivar el consumo de productos y servicios que impacten de forma negativa en las personas, como problemas en la salud y actividades de riesgo.
La reforma impacta en tabacos como cigarrillos y puros, y otros productos con nicotina, cuya tasa de impuestos pasa de 160 a 200 por ciento. Si se trata de puros artesanales, la tasa pasa del 30.4% al 32%.
En el caso de bebidas con azúcares añadidos, la cuota pasa de 1.6451 pesos por litro a 3.0818 por litro. Y para las bebidas con edulcorantes añadidos establece una nueva cuota diferenciada de 1.5 pesos por litro.
La exención de impuestos a sueros orales aplica solo a los que tengan la fórmula específica de glucosa anhidra, cloruro de potasio, cloruro de sodio y citrato trisódico, al margen de si el producto cuenta o no con un registro sanitario como medicamento.
Con el argumento de desincentivar conductas como la ludopatía y la exposición a la violencia, la tasa de IEPS para juegos con apuestas y sorteos pasa del 30% al 50%.
La ley crea un nuevo impuesto del 8% del IEPS a los videojuegos “con contenido violento, extremo o para adulto” en todos sus formatos. El principal argumento es que se relaciona la exposición a este tipo de contenido con un aumento en la conducta agresiva y trastornos de salud mental.
Como ocurrió en la votación en Comisiones, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Enlace Legislativo Primera, se centró en la reforma al IEPS y sus argumentos principales fueron la desincentivación del consumo de productos que dañan la salud.
El morenista enfatizó que el objetivo de esos impuestos es encauzar los recursos públicos hacia la salud y la prevención.
“Estamos aquí para poner orden y para que quienes generan riesgos asuman también parte del costo, que no sea siempre el pueblo quien pague.
En tanto, la senadora Karla Toledo, del PRI, criticó la propuesta del gobierno federal de incrementar el IEPS, al señalar que el verdadero objetivo no es proteger la salud de los mexicanos, sino obtener más recursos a costa del bolsillo de las familias, especialmente de las que menos tienen.
La senadora Ivideliza Reyes, del PAN, advirtió sobre el impacto que el aumento en las bebidas tendría.
Contempla impuestos diferenciados a bebidas azucaradas (de 3.08 pesos por litro) y a bebidas que usan edulcorantes (ligth) de 1.5 pesos por litro.
Una de las críticas de la oposición es que el impuesto implicaría un impacto ocho veces mayor a las personas con menos ingresos, ya que dedican un mayor porcentaje de sus recursos para la compra de estas bebidas.
En el posicionamiento de Movimiento Ciudadano, el senador Néstor Camarillo, acusó que las reformas representan un retroceso y generan una carga fiscal excesiva principalmente para las personas de menos recursos.
“No estamos en contra de los programas sociales, al contrario, estamos a favor de ellos, pero no se puede usar como excusa para subir impuestos, endeudar más al país o tapar los huecos de una administración financieramente deficiente”, afirmó.
El legislador comparó los impuestos con lo aplicado por Antonio López de Santa Anna en el siglo XVIII.
“Hoy se pretende cobrar por lo que las personas beben o simplemente por lo que se entretienen”, explicó.
Más poder al SAT
En la reforma al Código Federal de la Federación, uno de los principales cambios fue las nuevas facultades al SAT para combatir la emisión de comprobantes fiscales falsos y otras prácticas de evasión.
El cambio que generó más discusión fue la obligación que tienen las plataformas digitales de proporcionar acceso en tiempo real al SAT sobre la información fiscal de sus operaciones y que en caso de detectar irregularidades, podrán ser bloqueadas temporalmente.
La norma establece que las personas vinculadas a emisión de facturas falsas o procesos por simulación de operaciones enfrenten prisión preventiva oficiosa.
Así, faculta al SAT a presentar querellas penales contra quienes emitan un comprobante fiscal falso.
Entre las facultades para el SAT está también negar la inscripción en el RFC a personas morales cuyos socios o representantes hayan participado en empresas vinculadas con facturación falsa. Además de restringir de manera definitiva los certificados de sello digital y presentar denuncias penales si se comprueban irregularidades.
También podrá realizar visitas domiciliarias exprés, hasta por 24 días, para verificar la veracidad de los comprobantes fiscales.
El SAT también podrá suspender temporalmente los sellos digitales a las empresas del sector energético que emitan comprobantes sin número de permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Al respecto, el senador del PRI, Rolando Zapata Bello, advirtió que el SAT queda convertida en una autoridad fiscal con poder de ejecución inmediata: podrá suspender operaciones empresariales, congelar cuentas, bloquear facturación y vigilar plataformas digitales sin orden judicial previa.
“El SAT cobrará primero y el ciudadano tendrá que defenderse después”.
El priista enfatizó sobre el artículo 49 BIS, que autoriza a la autoridad fiscal a declarar falsos los comprobantes fiscales y cancelar los sellos digitales en 24 días hábiles.
“Una empresa puede quedar paralizada sin facturar, sin cobrar y sin pagar a sus proveedores solo por una presunción administrativa”.
El legislador criticó que se invierte la carga de la prueba: el contribuyente tiene apenas cinco días para demostrar su inocencia, lo que antes era un abuso aislado se convierte en ley.
