En octubre de 2023, Alba Margarita García Cerón asistió como representante de Constructora Apigro S.A. de C.V. a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 3000-1116-087-23 en la alcaldía Iztapalapa para los trabajos de rehabilitación, conservación y mantenimiento del Centro Comunitario Amapola en la Unidad Territorial San Pablo I, II y V-Lomas del Paraíso.

Constructora Apigro S.A. de C.V. fue la única constructora que participó en la licitación y obtuvo un contrato por 3.6 millones de pesos.

En abril de 2024, nuevamente Alba Margarita García Cerón se presentó a la alcaldía Iztapalapa como representante de Mialcami Construcciones S.A. de C.V. a la licitación LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 3000-1116-100-24 para los trabajos de rehabilitación, conservación y mantenimiento: 2A Ampliación Santiago Acahualtepec y Miguel de la Madrid Hurtado de la Dirección Territorial Acahualtepec Teotongo.

Mialcami Construcciones S.A. de C.V.  fue la única participante en la licitación y obtuvo un contrato por 1.9 millones de pesos.

Alba Margarita García Cerón era representante de Constructora Apigro S.A. de C.V. y de Mialcami Construcciones S.A. de C.V.

Meses atrás las empresas coincidieron en una invitación restringida de la SOBSE.

El 4 septiembre de 2023, Consorcio Constructor AA S.A. de C.V., Mialcami Construcciones S.A. de C.V., Constructora Apigro S.A. de C.V. recibieron de la SOBSE la invitación restringida número IO-68-015-909005989-N-26-2023 OPIR-DCOA-F-012-2023, correspondiente al: “PROYECTO INTEGRAL PARA LA RESTAURACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PATRIMONIO HISTÓRICO EN LOS TEMPLOS DE SANTA MARÍA DE LA NATIVIDAD, DE SANTA LUCÍA XANTEPEC, DE SAN MATEO, EL TEMPLO Y CAPILLA DE SAN LORENZO, Y EL CONJUNTO PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN EN LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN Y CUAJIMALPA DE LA CIUDAD DE MÉXICО”.

CONTRATOS SOBSE

En septiembre de 2023, la SOBSE realizó la Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes No. IO-68-015-909005989-N-26-2023 OPIR-DCOA-F-012-2023 para el “PROYECTO INTEGRAL PARA LA RESTAURACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PATRIMONIO HISTÓRICO EN LOS TEMPLOS DE SANTA MARÍA DE LA NATIVIDAD, DE SANTA LUCIA XANTEPEC, DE SAN MATEO, EL TEMPLO Y CAPILLA DE SAN LORENZO, Y EL CONJUNTO PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN EN LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN Y CUAJIMALPA DE LA CIUDAD DE MÉXICО”.

La SOBSE convocó a Consorcio Constructor AA S.A. de C.V., Mialcami Construcciones S.A. de C.V., y GRUPO ALAVEZ LAMBARRI S.A. DE C.V.

Por Consorcio Constructor AA S.A. de C.V., asistió Eric Ian Alavez Lambarri; por Mialcami Construcciones S.A. de C.V., Guadalupe Itzel Bautista Velazco, y por Constructora Apigro S.A. de C.V., José Eduardo Carrasco Rivera. Es decir, que el contrato se quedó entre amigos y socios.

Y a pesar de el modus operandi de presunta simulación de competencia, la SOBSE convoca a participar en licitaciones e invitaciones a estas cuatro empresas constructoras.

Mialcami Construcciones S.A. de C.V. obtuvo el contrato DGCOP-LPN-L-1-016-25 por 8 millones 019 mil 387 pesos para la “CONSTRUCCIÓN DE DOS INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL EJE DE SALUD EN LA UTOPÍA DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS, UBICADA EN EL DEPORTIVO MAGDALENA MIXIUHCA, ALCALDÍA IZTACALCO”.

El contrato se firmó el 30 de abril de 2025 y se estableció un plazo de ejecución de obras del 2 de mayo al 31 de octubre de 2025.

A la junta de aclaraciones asistió Alba Margarita Garcia Ceron,  y el contrato lo firmó Miguel Ángel Domínguez Pérez.

La empresa Mialcami Construcciones S.A. de C.V. tiene oficinas en una vivienda particular en la Alcaldía Iztapalapa. Señaló su domicilio fiscal en Prolongación Plutarco Elías Calles No. 2711 Edificio 1 Interior 104 Colonia Ejército Constitucionalista en la Ciudad de México.

El 9 de mayo de 2025, GRUPO ALAVEZ LAMBARRI S.A. DE C.V. suscribió el contrato DGCOP-LPN-L-1-051-25 por 8 millones 167 mil 549 pesos para la “CONSTRUCCIÓN DE REDES GENERALES DE SERVICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA UTOPÍA DEPORTIVO HERMANOS GALEANA UBICADA EN EL CENTRO DEPORTIVO HERMANOS GALEANA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO”. Se estableció un plazo de ejecución del 12 de mayo al 7 de diciembre de 2025.

A la junta de aclaraciones asistió Eric Ian Alavez Lambarri, y el contrato lo firmó  Edgar Jahir Alavés Lambarri. Como domicilio fiscal una vivienda en la Calle Escenógrafos No. 21 Colonia Sifón, Alcaldía Iztapalapa.

Así es como cuatro empresas tienen todas las características de simular competencia en licitaciones en Iztapalapa durante la pasada gestión de la alcaldía y en Fonatur. Ahora reciben contratos del gobierno capitalino, sin que la SOBSE haya detectado alguna irregularidad de estas constructoras.

Sincronizadamente, pasadas las siete de la tarde, llegaron los drones a la colonia Sección Jardines de Playas de Tijuana, se acercaron a los patios de las instalaciones de la FGE a una altura menor a los tres metros para dejar caer los explosivos de manufactura doméstica, causando la detonación de balines y clavos que causaron daños materiales.

Aunque en el boletín informativo de la FGE se especifica que los daños fueron materiales en seis vehículos, la Fiscal Andrade especificó que hay daños solo en cuatro unidades. Que el ataque fue planeado y ejecutado a distancia, asegurando que se cuenta con la tecnología para investigar el ataque.

“Estos artefactos explosivos con hechizos, es decir que son unas botellas de plástico que contienen clavos, balines y fragmentos de metales en dicha botella de plástico, las cuales se accionan. Las llevan con el dron, las trasladan a una distancia muy lejana que pueden ser kilómetros y accionan un tipo de pólvora y ese artefacto expanda estos materiales que contiene en su interior. Es decir no es una bomba molotov ni tampoco se activa ,mediante un mecanismo de fuego, sino es el daño que pueden hacer con esos metales o fragmentos en su interior. En este incidente salieron dañados, tres vehículos particulares y uno oficial.

A OCHO AÑOS DEL ASESINATO DE RANFERI HERNÁNDEZ ACEVEDO, LUCÍA HERNÁNDEZ DIRCIO, JUANITA DIRCIO BARRIOS Y ANTONIO PINEDA PATRICIO

Hoy, 14 de octubre del 2025, se cumplen ocho años del atroz asesinato de nuestros familiares y compañeros: Ranferi Hernández Acevedo, Lucia Hernández Dircio, Juanita Dircio Barrios y Antonio Pineda Patricio. Como cada año desde que ocurrió este vil y cobarde multihomicidio, venimos aquí a depositar una ofrenda compuesta de flores y de productos del campo cosechados por las manos de nuestras compañeras y compañeros de las comunidades de la Montaña baja de Guerrero para honrar la memoria de Ranferi, Lucía, Juanita y Antonio; y para exigir justicia.

Han pasado ocho años del asesinato de nuestros familiares y compañeros. Aún con la llegada de gobiernos -a nivel federal y estatal- que se autodenominan de la cuarta transformación y que enarbolan un discurso de justicia social, el multihomicidio de nuestros familiares y compañeros se encuentra en la total impunidad. Con mucha indignación vemos que las condiciones de inseguridad en que fueron asesinados nuestros familiares y compañeros persisten en la actualidad.

La Montaña baja es una región donde los crímenes tienen marca registrada; en la que es clara la complicidad con la que actúan las autoridades locales con el grupo del crimen organizado que controla la región. La Montaña baja es una zona gris donde se cometen asesinatos y desapariciones forzadas sin que nadie investigue nada, y tampoco hay ninguna autoridad ni fuerza de seguridad que busque frenar esta situación. Las poblaciones de las comunidades de la región han sido abandonadas a su suerte, hasta los militantes de Morena que actúan en la región son asesinados sin que la dirigencia de su partido sea capaz de alzar la voz por ellos, lo único que hacen es darles el pésame. Así de lacerante es la realidad que se vive en esta región de Guerrero, donde la muerte tiene permiso y la impunidad también.

Coincidimos en lo expuesto por la investigadora de la Universidad Autónoma de Guerrero, Esperanza Rangel Lozano, quien, en una entrevista publicada en el periódico El Sur dijo, respecto de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, realizada por el INEGI, que en Guerrero hay una situación de impunidad crónica que incide en la comisión de delitos. Pero esta situación de inseguridad que se vive en la región de Chilapa, lamentablemente no es la única del estado donde se vive así, hay otras regiones donde se viven situaciones similares como lo es Acapulco y la Tierra Caliente, por mencionar algunas.

Esta violencia generalizada en cuanto a los movimientos de resistencia que hay en Guerrero y en el país, claramente tiene como objetivo eliminar a los luchadores sociales que alzan la voz contra la explotación, el saqueo de los recursos naturales y contra los poderes caciquiles. Los crímenes que, en las décadas de 1960, 1970, 1980 y 1990 cometía el ejército y las policías, como son ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas; en el siglo XXI esos mismos crímenes son perpetrados por el denominado “crimen organizado”. Supuestamente han cambiado los perpetradores, lo que no ha cambiado son los objetivos a eliminar. En los últimos años en Guerrero han sido asesinados luchadores sociales como Miguel Ángel Mesino (18 de septiembre de 2005), Arturo Hernández Cardona (30 de mayo de 2013), Raymundo Velázquez Flores (5 de agosto de 2013), Rocío Mesino Mesino (19 de octubre de 2013), Luis Olivares Enríquez (10 de noviembre de 2013), Ranferi Hernández Acevedo (14 de octubre de 2017), Arnulfo Céron Soriano (11 de octubre de 2019), por mencionar algunos. Decenas de luchadores y luchadoras sociales han sido asesinados en los últimos años bajo este telón de fondo. Pareciera que es el escenario perfecto para que los diferentes gobiernos se deslinden de estos crímenes de Estado.

En este mismo contexto y bajo el mismo modus operandi, el pasado mes de abril fue asesinado el compañero Marco Antonio Suástegui Muñoz, dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, cuando se encontraba trabajando en Acapulco. El compañero Marco Antonio aquí estuvo con nosotros en varias ocasiones; acompañándonos y exigiendo justicia. Tristemente hoy nos toca pedir justicia para el compañero. Esto mismo pasó en los años pasados, el compañero Ranferi exigió justicia para los campesinos masacrados en Aguas Blancas, Acteal y El Charco; exigió la presentación con vida de los desaparecidos de la década de 1970 y de los normalistas de Ayotzinapa; exigió justicia para Miguel Ángel y Rocío Mesino, Arturo Hernández Cardona y para el maestro Claudio Castillo Peña; solo por mencionar algunos casos. Esa es nuestra indignante realidad. En México no solo no hay justicia para los luchadores sociales asesinados en los regímenes del PRI y del PAN, sino que en el régimen de Morena se sigue asesinando a quienes luchan por la justicia.

Asimismo, se encarcela a quienes se organizan por justicia y seguridad, como el compañero Jaime Morales Castro, ex consejero y comandante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria, encarcelado con delitos prefabricados el pasado 9 de octubre. De igual forma, el compañero Antonio Barragán Carrasco, militante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur y sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas, quien recién cumplió 24 años preso de manera injusta por delitos prefabricados por órdenes de Genaro García Luna. Misma situación de prisión política son los casos de la activista Kenia Hernández Moltalván, los presos mazatecos de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca y los presos tzotziles Solidarios de la Voz del Amate, Chiapas. Como estamos seguros que lo hubiera hecho el compañero Ranferi, exigimos la libertad inmediata e incondicional de las presas y presos políticos.

En cuanto al estado de la investigación del caso de nuestros familiares y compañeros asesinados, queremos informar que el pasado 25 de abril, el equipo de abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” e integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) entregaron a la Fiscalía General del Estado los dictámenes integrados multidisciplinarios realizados a los restos mortales de nuestros familiares y compañeros en los siguientes rubros: Traumático de evidencia biológica y no biológica, Ampliación del dictamen de Antropología Forense, el Examen médico legal relativo al protocolo de autopsia y el Dictamen de hallazgos del vehículo.

Agradecemos a las y los especialistas del EAAF por el trabajo realizado, el cual en todo momento fue realizado con ética profesional y siempre respetando la dignidad de los cuerpos de nuestros familiares y compañeros.

A grandes rasgos, los resultados de los dictámenes prueban que nuestros familiares fueron torturados y que fueron ejecutados extrajudicialmente. Muestran el grado de crueldad con la que actuaron los perpetradores de este deleznable crimen de Estado, quienes se sienten impunes ante gobiernos que les permiten actuar sin ninguna consecuencia para ellos. Es por eso que hacemos un llamado a los diferentes niveles de gobierno, y a las instancias de procuración de justicia, a actuar en consecuencia y evitar que la violencia y la impunidad sigan siendo los rasgos distintivos de nuestra realidad.

¡14 de octubre no se olvida! ¡Es de lucha combativa!

¡Ni perdón ni olvido! ¡Castigo a los asesinos!

¡Justicia para Ranferi Hernández Acevedo!

¡Justicia para Lucía Hernández Dircio!

¡Justicia para Juanita Dircio Barrios!

¡Justicia para Antonio Pineda Patricio!

¡Justicia para todos los luchadores sociales asesinados!

¡Justicia para Rocío Mesino!

¡Justicia para Marco Antonio Suástegui!

¡Presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa!

¡Presentación con vida de todos los desaparecidos!

¡Libertad para Antonio Barragán Carrasco!

¡Libertad para todos los presos políticos!

¡Ranferi vive, la lucha sigue!

Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero

Chilapa de Álvarez, Guerrero, a 14 de octubre de 2025

Organizaciones y colectivas feministas señalan que el juicio de amparo es una herramienta vital para proteger a las mujeres y niñas frente a violencias institucionales, omisiones del Estado y discriminación estructural, por lo que, las modificaciones propuestas representan el debilitamiento de los derechos conquistados por décadas y la erosión de la ciudadanía para defender sus derechos básicos.

Entre 1947 y 2024, han sido once veces las modificaciones realizadas en materia de emparo que derivaron en tres importantes leyes: la Ley de Amparo en 1919, la Ley Orgánica en 1936 y la Ley de Amparo en 2013. Esta última es la que continua vigente, aunque en 2011 se ordenó la modificación a los artículos 94°, 103°, 104° y 107° el cual incluyó la figura del interés legítimo.

La preocupación de las organizaciones

Según explicó el abogado Jesús Segovia, la principal modificación de las Ley de Amparo propuesta por Sheinbaum es a la figura del interés legítimo del juicio de amparo. Gracias a esta disposición una persona cuyos derechos se ven afectados indirectamente puede apelar a un amparo. No obstante, con las modificaciones que propone Sheinbaum las personas juzgadoras tendrían las facilidades para proporcionar este recurso bajo criterios limitados y específicos.

Uno de los escenarios para permitir el interés legítimo del amparo es una lesión jurídica como una restricción, intervención, daño y perjuicio directo a quien lo está solicitando. Las organizaciones advierten que afecta a colectivos, grupos en situación de vulnerabilidad, así como la protección de derechos colectivos porque el beneficio del amparo tendría que extenderse solo a quien lo solicita sin poder ayudar a otros.

Un ejemplo concreto son las organizaciones que defienden los derechos sexuales y reproductivos en estados dónde el aborto se encuentra completa o parcialmente penalizado. Una forma de combatir las restricciones sobre la interrupción del embarazo no deseado ha sido a través de los amparos dónde se argumenta que las restricciones de la ley afectan de manera indirecta los servicios que proporcionan como el acompañamiento.

Cuando les aprueban un amparo, las mujeres a quienes ayudan tienen permitido acceder al servicio de salud público para practicarse un aborto seguro con la protección de la ley. Esta estrategia fue implantada a principios de 2022, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera que era inconstitucional penalizar el aborto consentido en los códigos penales.

Entre 2023 y 2024 el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) logro conseguir un amparo en los estados de Aguascalientes, Jalisco, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí, Yucatán y Chihuahua, antes de que algunos despenalizaran el aborto.

Para el Centro Prodh, los cambios al interés legítimo les quita la flexibilidad interpretativa a las personas juzgadoras al revisar caso por caso a quien solicite el amparo. En suma, al imponer una definición rígida, le retira la capacidad de decidir a las personas juzgadoras lo que muestra desconfianza hacia la labor judicial contradiciendo el discurso de legitimidad impulsado sobre el nuevo Poder Judicial.

En segundo lugar, se encuentra la figura de la suspensión de un acto como una medida cautelar para evitar que se consumen violaciones a derechos, siendo esta una de las principales virtudes del amparo. A pesar de sus grandes beneficios, la propuesta de Sheinbaum pretende reducir los criterios para permitir la suspensión, uno de ellos es que no afecte los beneficios del país o intereses de la sociedad.

De esta manera, las restricciones se vuelven una razón para no otorgar la suspensión de un acto, limitando el alcance colectivo de las resoluciones de los amparos. En el caso de los amparos que buscan abortos seguros en los estados donde aún es considerado un delito, se puede argumentar que la sociedad no tiene un interés en proporcionar la supleción al estar penalizada en la ley, por lo que el derecho a decidir sobre su vida reproductiva de las mujeres se vería vulnerado.

La tercera afectación es sobre la ejecución de las sentencias, es decir, una vez que se gana un amparo se determina un plazo para que las autoridades cumplan con lo establecido. Sin embargo, la propuesta de Sheinbaum elimina las multas otorgadas a las autoridades que acrediten «de manera fundada» el motivo por el cual no puedan cumplir con lo establecido.

Otras advertencias

El Centro Prodh participó en las audiencias públicas realizadas el pasado 30 de septiembre y 1 de octubre en el Senado de la República. En ellas acudieron sectores de la sociedad como organizaciones de la sociedad civil, personas funcionarias del poder judicial, personas de la academia, litigantes y representantes de colectivos de abogacía.

Según narra el abogado Jesús Segovia, lo que observaron en dichas reuniones fue que el parlamento abierto se eliminó una imposición para regular imposiciones físicas y jurídicas, pero no obedecieron a las recomendaciones sobre los tres puntos preocupantes: el interés legítimo, la suspensión y la ejecución. Pese a que se trató de un ejercicio importante de democracia, no hubo cambios sustantivos.

A esto se suma que la cláusula de retroactividad, es decir, que se va a discutir si la reforma a la Ley de Amparo es aplicable para todos los juicios existentes en México o solo aquellos que se empezarán después de que se publique la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La organización menciona que el primer escenario implicaría «cambiar las reglas del juego» para los procesos que ya están iniciados en defensa de los derechos colectivos.

Mediante un comunicado, el Departamento de Estado señaló que ambos países continúan mejorando la cooperación en los objetivos de seguridad, entre los que destacó el desmantelamiento de organizaciones terroristas extranjeras.

“Que amenazan a ambos países mediante el tráfico de fentanilo y armas. Ambos (De la Fuente y Rubio) también discutieron el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, el fin de la inmigración ilegal y la promoción de la prosperidad económica”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó ayer que esta visita se realizaría en seguimiento a los mecanismos de cooperación establecidos entre México y Estados Unidos.

Ambos gobiernos acordaron en septiembre reafirmar la cooperación de ambos países en materia de seguridad con el objetivo de “desmantelar el crimen organizado transnacional”.

Los gobiernos de México y Estados Unidos también destacaron, en un comunicado conjunto en septiembre, la colaboración para atender la migración irregular en la frontera.

Grupo de alto nivel

Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron en septiembre pasado la instalación de un grupo de alto nivel que se reunirá regularmente para compartir información de inteligencia y estrategias para combatir a los cárteles de la droga.

“Los carteles son una amenaza a la seguridad de México y de Estados Unidos y por eso tiene toda lógica cooperar y trabajar en conjunto”, dijo entonces Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.

“Sé que muchas ocasiones se habla de que se han formado grupos (pero) este es un grupo de alto nivel, esto es un grupo para poner en vigor lo que hemos acordado en conjunto (la cooperación) y no hay gobierno en este momento que esté cooperando más con nosotros en la lucha contra la criminalidad que el gobierno de México”.

El gobierno de Estados Unidos, que encabeza el presidente Donald Trump, impulsa una estrategia de seguridad en contra de los cárteles del narcotráfico, con la que busca reducir las muertes en su territorio por consumo de drogas ilegales , como el fentanilo.

“[El río] Da agua a los animales, para el riego, para el mar. Los animalitos beben del agua, lo necesitamos mucho”, comparte Gotogopicio.

“Se miraba muy bonito cuando corría el agua”, recuerda mientras señala donde pasaba el río. “Mucha gente antes lavaba en los ríos, antes no había llaves, y tenían que venir al río”.

Desde su resistencia, los yaquis han resaltado que son ellos y ellas quienes deben hablar por el agua, las montañas, las piedras y el mar que no tienen voz para defenderse a sí mismos de la explotación humana.

El cuerpo de agua es vital para los ocho pueblos que conforman la tribu yaqui. Ha sido un eje central de la lucha por el territorio que han desempeñado desde los tiempos del porfiriato, y más recientemente contra los embates del Gobierno mexicano.

Aunque la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador propuso un Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, quienes dieron el beneficio de la duda a la iniciativa, hoy señalan que la política gubernamental no ha atendido sus demandas y necesidades, pero sí ha generado divisiones. En 2021 registró el asesinato de uno de sus miembros más activos, Tomás Rojo.

Los yaquis, bajo acecho desde el porfiriato

Después llegó un periodo de relativa paz, representado en el símbolo de su nación con el color blanco. Con el gobierno de Lázaro Cárdenas, la tribu pudo recuperar parte del territorio sonorense que había perdido y empezar a reconstruir su comunidad, que para ese momento ya había fundado asentamientos en otros estados de la República, como Veracruz y Yucatán, mismos que aún se mantienen.

“La política, de cualquier partido, a los indígenas nos ha tratado mal. Nos han pisoteado los derechos, y parece que nos quieren acabar los usos y costumbres”, acusa César Cota, miembro de la tropa yoreme.

“Hemos andado en muchas partes, todos siempre defendiendo nuestro territorio: el agua, las montañas, el mar. Esas no hablan, por eso dicen los viejos, ‘pero nosotros hablamos por ellos’. Ellos están ahí: el agua corre, las piedras no se mueven. El mar ahí está, pero no habla. Por eso, nosotros debemos hablar por ellos”.

El Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui provoca divisiones

En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se propuso un Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, con el cual el presidente prometió restituir tierras y aguas a la tribu, además de pedir perdón por los crímenes cometidos en su contra por gobiernos anteriores. La estrategia consistía en rehabilitar y entregar el Distrito de Riego 018 para que los yaquis tuvieran derecho a agua para sus hogares, el ganado y la siembra, además de la construcción de una universidad, rehabilitación de escuelas, modernizar la infraestructura, mejorar las instalaciones de servicios de salud, entre otras acciones, para atender la deuda con los pueblos.

La noticia fue recibida por los pueblos con opiniones divididas: algunos se acercaron al oficialismo, otros se limitaron a aceptar la iniciativa con críticas y recelo. Entre quienes vieron buena voluntad del exmandatario, hay quienes se sienten decepcionados y traicionados.

Recuerdan cuando López Obrador los visitó en el pueblo de Pótam, durante su tercera campaña presidencial en el 2018, y prometió hacer justicia a la tribu yaqui.

“Sí, llegó a ser presidente. Sí, hizo el Plan de Justicia para los Yaquis, y todo estaba bien, pero debajo de ese plan había un propósito: un nuevo decreto que nos iban a imponer”, rememora Cota a inicios de octubre de 2025, en el marco de la Caravana por el Clima y la Vida, una iniciativa de organizaciones y colectivas para reunir exigencias de pueblos que defienden la autonomía y el territorio.

La serie de decretos presidenciales y políticas implementadas por López Obrador entregaron tierra, agua y vivienda a los yaquis, pero en el 2021 y 2022, explica Cota, el Gobierno mexicano impulsó acuerdos con algunas autoridades yaquis para la asignación de agua a la comunidad, lo cual provocó divisiones en la tribu.

El nuevo Ministro Presidente fue operador del Plan de Justicia Yaqui

Además del despojo de territorio, con la construcción del Acueducto Independencia se violó el derecho de la tribu yaqui al agua.

El hecho fue escalado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que en 2013 emitió un fallo histórico en contra de la Autorización de Impacto Ambiental con la que se había permitido la magna obra y señaló que no se había llevado a cabo una consulta informada a la tribu para su realización.

Las y los magistrados de la entonces Primera Sala ordenaron al Estado realizar la consulta y detener las operaciones del acueducto, lo cual no fue acatado.

Divididos, los yaquis que se mantienen críticos contra el Estado no confían en que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pueda resolver a favor de sus pueblos. Además, la Suprema Corte ahora está presidida por el ministro Hugo Aguilar Ortiz, quien fungió como abogado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en el sexenio de López Obrador.

Aguilar, quien resultó electo a inicios de junio en las elecciones judiciales, fue fundamental para la creación y posterior implementación del Plan de Justicia Yaqui.

“Ese personaje es el que hizo daño a nosotros, la tribu”, remarca Cota. “Dice que es indígena, pero trabaja a favor del Gobierno. (…) Ahora, nuestros amparos [contra el plan], es lo que estamos diciendo: ‘¿dónde van a quedar, con esa nueva Suprema Corte?’ Si la misma persona que nos hizo daño, como a otros indígenas del sur, ahora está allá adentro. ¿Dónde vamos a quedar nosotros?”.

La lucha por el agua y el territorio

Así como los yaquis llevan más de cien años en lucha por el respeto a sus usos y costumbres, su territorio y el agua, el Estado mexicano ha continuado con la criminalización de sus representantes.

El 27 de mayo de 2021, el líder yaqui Tomás Rojo fue reportado como desaparecido. El activista fue uno de los principales voceros en la lucha contra el Acueducto Independencia en 2010, por lo que incluso fue falsamente acusado de varios delitos. Dos semanas después de su desaparición fue localizado sin vida en una fosa.

🔴 LOS RESTOS LOCALIZADOS EN #VICAM CORRESPONDEN AL VOCERO DE LA ETNIA YAQUI, TOMÁS ROJO VALENCIA: #LABORATORIOCIF #FGJE #SONORA. pic.twitter.com/3P869WSNjj

— Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) June 22, 2021

Para él, el Plan de Justicia Yaqui ha sido un instrumento para ensartar “un golpe mortal” a la tribu y su movimiento, por lo que ha hecho un llamado a que se revisen los acuerdos oficiales hechos por el Gobierno federal que contemplen el respeto al territorio y derechos del agua de los yaquis.

En ese sentido, Agustín Molina, Capitán del Pueblo de Pótam, resaltó que la tribu yaqui continuará peleando por sus derechos.

“Vamos a seguir hasta donde debamos para defender nuestros derechos. Esos niños que andan ahí, jugando”, dice señalando a los miembros más pequeños de la tribu, “mañana o pasado no van a tener un futuro, como nosotros lo tuvimos cuando nuestros antepasados nos heredaron este pedazo de territorio”.

“Por eso vamos a seguir adelante, hasta donde tope y hasta donde tengamos que llegar”.

Resulta poco probable que la Sala Superior apruebe el proyecto del magistrado cuando lo discuta: la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha pronunciado en contra de las sanciones del INE, y la mayoría de magistrados de la Sala Superior del TEPJF, ya tumbó un proyecto del magistrado Rodríguez que pretendía declarar la nulidad de la elección debido al reparto de acordeones.

En el caso del proyecto de resolución relativo a las sanciones del INE, Rodríguez contempla desechar unos recursos presentados por dos candidatas a jueza de distrito, quienes aparecieron en acordeones pero no resultaron electas, y a quienes el INE impuso una amonestación pública.

Este proyecto marca desde ahora la postura de Rodríguez respecto a la decisión del INE de sancionar –económicamente– a los ahora integrantes del nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF) que aparecieron en acordeones y fueron electos; esta determinación del árbitro electoral causó molestia en el gobierno y en Morena, donde se minimiza el papel de los acordeones en la votación y se asegura que la elección judicial fue “todo un éxito”.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) y la relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, han insistido en el peso que??los acordeones tuvieron en los resultados de la elección.

Tanto el Consejo General del INE como la Sala Superior del TEPJF se han dividido respecto a las controversias que surgieron en el atropellado camino de la elección judicial, el cual culminó con una tasa de abstención de más del 87% durante los comicios del pasado 1º de junio.

En ambas instituciones, las presidentas –Guadalupe Taddei Zavala en el INE y Mónica Soto Fregoso, en el TEPJF-- impidieron las iniciativas que señalaban irregularidades o los múltiples problemas que derivaron de la implementación de la reforma judicial, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

También, propone sanciones más severas para casos que involucren a personas vulnerables, como adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con discapacidad, así como para despojos cometidos en coordinación con servidores públicos, notarios o grupos organizados. 

Entre las modificaciones destaca la presunción de mala fe, para quienes presenten títulos o contratos sospechosos, la inversión de la carga de la prueba y la creación de mecanismos de recuperación acelerada de inmuebles, incluyendo medidas provisionales de suspensión de ventas o construcción hasta que se determine la legítima posesión.  

También se busca establecer un “blindaje” al Registro Público de la Propiedad para evitar el uso de escrituras apócrifas. 

Actualmente, en el artículo 237 se imponen de cinco a diez años de prisión y de cien a quinientas unidades de medida y actualización (UMA) al que, de propia autoridad, por medio de violencia física o moral, el engaño o furtivamente, ocupe un inmueble ajeno, haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca.  

Con la iniciativa, dichas penas podrían aumentar de seis a 11 años de prisión y de 200 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).  

Además, la propuesta contempla agravantes que permitirían aumentar las sanciones en casos específicos, de siete a 11 años de prisión y de mil a 4 mil UMA:

De igual forma, la Fiscalía adelantó que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca (FEMCO) retomó el caso para determinar la posible responsabilidad de los elementos de la Policía Municipal de San Agustín de las Juntas en estos hechos, al tratarse de funcionarios públicos. 

Por lo pronto, C.M.L.M. y U.F.C.R. alias el “Chupón”, continuaran bajo proceso por el delito de lesiones calificadas con ventaja, cometido en agravio de Erick Yair P.L., quien se encuentra reportado como “no localizado”, hechos ocurridos en el municipio de San Agustín de las Juntas, caso en el que la víctima realizó una primera denuncia por agresiones, previo a su desaparición. 

De acuerdo con el expediente penal por este caso, el 15 de abril de 2025, la víctima denunció que se encontraba en su domicilio en inmediaciones del municipio de San Agustín de las Juntas, donde arribó un grupo de mototaxistas de la zona, quienes agredieron físicamente a la víctima. 

En su declaración, detalla que al lugar llegaron dos patrullas de la Policía Municipal de San Agustín de las Juntas, cuyos elementos detuvieron a la víctima, lo trasladaron y posteriormente lo entregaron a un grupo de civiles. 

La investigación revela que la víctima fue agredida físicamente, logrando identificar a sus agresores y el vehículo en el que lo trasladaron, que correspondía a un taxi del sitio de San Agustín Obispo. 

Derivado de la denuncia por estos hechos, la Fiscalía inició las investigaciones correspondientes a través de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales, que permitieron obtener una orden de aprehensión en contra de C.M.L.M. y U.F.C.R. alias el “Chupón”, por el delito de lesiones calificadas con ventaja. 

El mandato judicial fue cumplimentado por elementos de la AEI, por lo que C.M.L.M. y U.F.C.R. alias el “Chupón”, quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para que se determine su situación jurídica. 

En tanto que, derivado de los datos de prueba aportados por la FGEO, en audiencia, el juez de la causa dictó vinculación a proceso en contra de E.A.M.L. alias “Talibán”, por su probable responsabilidad en este caso, además de imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada definitiva, otorgando un mes para el cierre de la investigación complementaria. 

Asimismo, la Fiscalía de Oaxaca, a través de la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y la Sociedad, intensifica los trabajos ministeriales para la búsqueda y localización de Erick Yair P.L.