Organizaciones de la sociedad civil denunciaron el avance de iniciativas legislativas y acciones impulsadas por legisladoras y legisladores y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), que favorecen a la industria plástica bajo un supuesto modelo de “economía circular” que busca perpetuar la producción insostenible de plásticos de un solo uso en México, situación que se aleja del cumplimiento del amparo ganado en agosto de 2024, encaminado a prohibir dichos productos.

Entre las iniciativas señaladas se encuentran las de la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, con el “Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Economía Circular y Gestión Integral de Residuos”, que abroga la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR) y pospone la prohibición de plásticos de un solo uso hasta 2040. Esta propuesta, en los hechos, funciona como un blindaje para impedir acciones inmediatas que garanticen el cumplimiento del amparo. Además, clasifica a los plásticos como “residuos estratégicos” para la economía circular, lo que fomenta su generación, evade la obligación legislativa de dar una solución real a la contaminación y contraviene la sentencia ganada y los compromisos internacionales de México.

Asimismo, es inaceptable la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la LGPGIR, impulsada por el Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna y la Diputada Laura Ballesteros, ya que excluye al PET transparente, uno de los principales plásticos contaminantes. Con ello se priorizan nuevamente los intereses de la industria por encima de la salud humana y de la protección ambiental. De igual forma, la iniciativa del Senador Waldo Fernández González para crear la Ley General de Economía Circular pone como criterios centrales el reciclaje y la valorización energética, ignorando la jerarquía de la gestión de residuos y los principios precautorios.

Las organizaciones señalaron que la misma SEMARNAT está promoviendo una Ley General de Economía Circular que presume fue consensuada con la sociedad civil y el sector privado; sin embargo, hasta el momento, dicha ley no se ha dado a conocer públicamente ni ha sido compartida de manera transparente. 

Las organizaciones señalaron que estas iniciativas representan un claro caso de greenwashing o ecoblanqueo, ya que presentan al reciclaje y la valorización energética como la principal solución al problema del plástico de un solo uso, fomentando la incineración de residuos y enalteciendo sus beneficios para la “economía circular”, pese a que la evidencia demuestra que es insuficiente. En realidad, esta estrategia beneficia a las grandes corporaciones, mientras coloca la carga de la contaminación en comunidades, gobiernos locales y en la salud de la población y el ambiente.

“Estas iniciativas no son soluciones, son estrategias de greenwashing disfrazadas de economía circular. El gobierno federal y algunos legisladores están ignorando las verdaderas soluciones que protegen la salud, el ambiente y los derechos de las comunidades. No podemos permitir que se legisle para perpetuar la contaminación plástica hasta 2040 bajo el pretexto del reciclaje y la incineración”, afirmó Viridiana Lázaro, de Greenpeace.

De acuerdo con Ana Larrañaga, de El Poder del Consumidor, entre los actores beneficiados por estas propuestas, se encuentran ECOCE, una agrupación fachada que incluye a grandes industrias contaminantes, como Pepsico, Danone, Nestlé, Coca Cola, entre otros, además de Walmart de México y Centroamérica, con quien SEMARNAT se ha aliado para impulsar el llamado Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI). Este proyecto busca imponer un Parque de Economía Circular en Hidalgo, pese a la reiterada oposición de las comunidades que se verían afectadas por sus operaciones contaminantes.

Al respecto, Alain Castruita, de la organización No es Basura, mencionó que “al modelo de desarrollo industrial llamado Polos de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar lo han dotado de un manto de sostenibilidad y bienestar; cuando en realidad estamos ante una era donde las regiones de sacrificio que son comunidades que ya viven asediadas y azotadas por la contaminación y el despojo; ahora son reconfiguradas bajo ese discurso humanista y verde que se lanza desde el oficialismo”.

“Detrás del discurso de sostenibilidad y de una supuesta economía circular, lo que se esconde es la autorización para seguir inundando al país con plásticos tóxicos de un solo uso. Esto no solo agrava la crisis ambiental y sanitaria, también condena a las comunidades a convertirse en zonas de sacrificio. No olvidemos que la región de Tula en Hidalgo ha sido declarada oficialmente como una Región de Emergencia Ambiental y Sanitaria, proyectos como este sólo perpetúan la injusticia ambiental que se vive en esa zona desde hace décadas” manifestó Larisa de Orbe, de Acción Ecológica, quien además criticó que SEMARNAT ponga como ejemplo de gestión de residuos, una plantas incineradoras en Copenhague, que han resultado desastrosas para el medio ambiente y la salud, requiriendo más basura para su operación. “Lo que dicen ser circular bajo el mismo modelo de negocios, realmente significa circular sustancias tóxicas en las comunidades”, añadió.

Lejos de responder a esta emergencia, las políticas impulsadas desde el Ejecutivo y el Congreso están legitimando el modelo de producción lineal, asegurando los intereses de la industria plástica y petrolera. Además, se encuentran en incumplimiento de la sentencia emitida por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito el 15 de agosto de 2024 (expediente 32832764), que reconoce la omisión legislativa del Congreso de la Unión para que se prohíba la venta, distribución y consumo de plásticos de un solo uso a nivel nacional estableciendo la obligación constitucional e internacional de legislar en favor del derecho humano a un medio ambiente sano y a la salud. Esta resolución es resultado del amparo promovido por Greenpeace México, El Poder del Consumidor y Acción Ecológica, acompañadas de la Asociación Ecológica Santo Tomás, Fronteras Comunes y No es Basura.

“Se debe dar cumplimiento al amparo, por ello, necesitamos una legislación que proteja la salud y los derechos humanos, no los intereses industriales, no más iniciativas que incentiven la gestión de residuos plásticos a través del coprocesamiento o waste to energy: prohibir los plásticos de un solo uso es la única solución real”, declaró Claudia Romero, de Fronteras Comunes.

Por su parte, José Manuel Arias, de la Asociación Ecológica Santo Tomás, exigió al Poder Legislativo detener las diversas iniciativas que se cocinan en estos momentos ya que solo perpetúan la generación de residuos y de los plásticos de un solo uso en particular en nombre de una supuesta economía circular. Así mismo, pidió a la SEMARNAT cancelar el Proyecto de Economía Circular en Hidalgo que solo repite una política colonialista que busca mantener el nivel de hiperconsumo en detrimento de una región ya afectada.

 Las organizaciones exigieron:

● Cumplir con el amparo para prohibir la producción de plásticos de un solo uso.

● Detener el avance de las iniciativas legislativas que únicamente perpetúan la dependencia al plástico, y terminar con las alianzas con organismos de la industria plástica, al representar un claro ejemplo de conflicto de interés.

● Establecer políticas firmes rumbo a la eliminación en la producción de plásticos de un solo uso, en concordancia con el nivel más alto de protección a los derechos humanos concedido por el amparo.

● Garantizar la protección de las comunidades que ya enfrentan contaminación por residuos plásticos y procesos de incineración, y evitar la creación de más zonas de sacrificio.

“México no puede seguir apostando por falsas soluciones que ponen en riesgo el futuro de la población y del planeta. Exigimos que se ponga un alto al greenwashing y se trace un rumbo hacia verdaderas alternativas que prioricen la salud de las personas y la justicia ambiental”, concluyeron.

Sin embargo, el tribunal ya había aclarado que el único efecto de la suspensión provisional es para que la libertad del imputado quede a disposición del juez de amparo mientras continúa el procedimiento penal en su contra.

Así lo aclaró el Magistrado Ricardo Garduño Pasten durante una sesión de un tribunal federal para resolver una queja presentada por la FGR contra la primera suspensión concedida por el juez Niño Jiménez a Bermúdez Requena, ex colaborador del actual coordinador de Morena en la Cámara de Senadores y ex gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández.

Por lo tanto, la suspensión concedida a Hernán Bermúdez no le sirve para recuperar su libertad ni tampoco para impedir que se ejecute la orden de aprehensión en su contra, recordando que el líder de “La Barredora” ya se encuentra preso en el penal federal “Altiplano”.

No obstante, la suspensión definitiva tendrá una segunda audiencia incidental para revisar los efectos de la misma, la cual se llevará a cabo el 23 de octubre del 2025 a las 10:30 de la mañana.

“Pero el ahora extraditado no cumplió con lo ordenado por la autoridad y evadió la acción de la justicia“, apuntó la FGR.

Posteriormente, la Fiscalía señaló que el Gobierno de España concedió la extradición al Gobierno de México, tras la detención del sujeto en ese país en junio pasado.

“Su entrega se realizó en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en Madrid, España, con el fin de ponerlo a disposición de la autoridad judicial mexicana que lo requiere”, finalizó la autoridad.

Según los reportes, el primer arresto de Ramírez González ocurrió en 2019.

En sus pancartas se leían mensajes como “Nadie cuida a los policías, ya basta” “¿A los uniformados quién los cuida?” “Justicia para el policía, el bloque negro es la delincuencia disfrazada” “No más abusos ni amenazas contra los policías”.  Mientras gritaban “¡Policía escucha, tu familia está en la lucha!”.

Policías capitalinos en el zócalo alzan la voz para exigir destitución de mandos “ineptos” (así lo señalan los manifestantes) de la @SSC_CDMX en la que fueron superados y agredidos sin poderse defenderse en agresiones durante la pasada marcha del 2 de octubre. @RadioCentroMX pic.twitter.com/DSxEcQGnZc

— Red Vial (@RedVialRC) October 6, 2025

Durante la marcha del 2 de octubre, elementos de seguridad fueron agredidos por manifestantes, dejando 94 policías lesionados, de los cuales cinco permanecen hospitalizados.

Autoridades capitalinas indicaron que 350 personas con el rostro cubierto participaron en las agresiones a establecimientos y comercios, así como a los uniformados.

Al respecto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez Camacho, dijo: “Queremos ser enfáticos, condenamos los hechos violentos ocurridos durante la manifestación. No cabe duda que hay quienes quisieran que nuestra policía actuara guiada por modelos del pasado, pero no. Es una policía que avanza con la mirada en el futuro”.

Tras los hechos, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, publicó un mensaje en el que expresó su solidaridad “con quienes resultaron heridos” en la protesta, e informó que instruyó un reconocimiento especial y la entrega inmediata de un bono de compensación para los elementos de la policía capitalina.

“Reconozco la valentía de las y los policías de la Ciudad de México que resistieron provocaciones sin caer en confrontaciones. A diferencia de 1968, en nuestra ciudad la policía no reprime, nuestra policía construye paz, protege a la ciudadanía y ha contribuido a la reducción de la inseguridad”, añadió.

Además de la criminalización judicial que aún enfrentan en la entidad, la criminalización social no se ha eliminado, por lo que persisten los estigmas y la discriminación contra aquellas que deciden ejercer su derecho. Esta situación resulta alarmante, pues las michoacanas no solo no reciben apoyo institucional, sino que la misma sociedad se interpone contra sus derechos.

El haber logrado la despenalización del aborto, pese a que ha sido un logro que ha querido adjudicarse el gobierno, señala que el movimiento feminista luchó por él desde 2018, situación que advierte no se les ha otorgado el crédito, pues se ha politizado la causa, olvidándose de garantizar el aborto en su totalidad, por lo que ahora nuevamente son los movimientos sociales los que seguirán luchando para que esto se materialice.

Ante ello, Fernanda exige a las autoridades que, en cuanto a infraestructura y equipamiento, los hospitales cuenten con instalaciones adecuadas, instrumentos y todos los insumos necesarios, incluyendo los más básicos en materia de higiene y salud. Señala que la escasez de insumos y la falta de espacio en algunos lugares afectan directamente la atención que se brinda a las pacientes. 

Además, al tratarse de una decisión compleja, considera indispensable contar con psicólogas o psicólogos que puedan proporcionar una atención adecuada y especializada. 

Finalmente, en materia de prevención, solicita que la atención de salud sexual y reproductiva se imparta con perspectiva de género, y que se establezca por ley la obligación de implementar capacitaciones dentro de las instituciones para eliminar estigmas y garantizar que las pacientes no sufran tratos indignos.

No es un hecho aislado

Esta situación no es nueva, ni aislada. El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) ya había señalado que el IMSS cuenta con una norma interna que impone requisitos adicionales que obstaculizan el acceso al aborto durante las primeras doce semanas de gestación.

En su informe “Maternidad o castigo. Hacia la despenalización del aborto en México”, GIRE reportó que en junio de 2023 interpuso un amparo contra dicha norma, que antes solo aplicaba en casos de violación, pero que ahora se ha extendido a todos los casos.

Entre los requisitos impuestos por el IMSS, se encuentran: obligar a las mujeres a realizarse un ultrasonido, presentar una opinión jurídica, contar con la firma de dos testigos o con una orden de un juez o agente del Ministerio Público.

Cimacnoticias previamente ya ha documentado que en estados como Zacatecas, mujeres que han acudido a unidades médicas que presuntamente brindan “aborto seguro» se les ha indicado que, para poder acceder al procedimiento, ellas mismas deben comprar su medicamento.

De igual forma, la criminalización del aborto en Veracruz ha ocasionado que, en su mayoría, las instituciones de salud no sigan métodos y protocolos correctos; haya desabasto de medicamentos abortivos; se haga revictimización y falta de empatía en el trato médico; y exista desinformación sobre la ruta de acceso a un aborto.

También se tiene identificado que el estado de Oaxaca sigue enfrentando dificultades en el ámbito operativo para que el acceso al derecho a decidir sea una realidad. Entre los principales problemas se encuentran la falta de información adecuada, insuficiencia de medicamentos necesarios o que los plazos para realizarlo no alcanzan en relación a las distancias geográficas de las unidades de salud.

Después del revuelo, la UNAM informó en comunicado que este lunes, a las 9:07 horas, un camión del Ejército Mexicano ingresó al circuito vehicular de Ciudad Universitaria, por avenida del Imán.

Personal de la Secretaría de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria detuvieron el vehículo para preguntar a dónde se dirigía, a lo que el conductor explicó que, por equivocación, dieron una vuelta incorrecta, indicándoles por donde podían retomar su ruta.

El vehículo salió por la calle Delfín Madrigal, a las 9:13 horas.

Destaca “fortalecimiento” del IMSS Bienestar

En su discurso por el primer año de su gobierno en el Zócalo capitalino, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el IMSS Bienestar “se fortalece cada día” en las 23 entidades de la República Mexicana en las que opera.

Señaló que a finales de este año se habrán inaugurado 31 nuevos hospitales del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar. La mandataria federal destacó que durante su gobierno se implementó el programa Laboratorio en tu Clínica.

“En la gran mayoría de los centros de salud podrá haber laboratorios para poder diagnosticar adecuadamente a las personas. En diciembre será realidad para los 23 estados de la República, y también para Yucatán que se incorpora al IMSS Bienestar.

“Bajo el liderazgo del subsecretario Bessent, el Departamento del Tesoro se ha comprometido a desmantelar las complejas redes financieras que apoyan a estas organizaciones terroristas”, indicó John K. Hurley.

Las sanciones

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) señaló a la empresa de productos químicos y equipos de laboratorio o Sumilab, S.A. de C.V. Indicó que fue fundada en mayo de 2001 en Culiacán, Sinaloa, y fue sancionada por autoridades antinarcóticos por primera vez el 9 de mayo de 2023.

“Sumilab ha sido designada hoy por su participación en el suministro y envío de precursores químicos para y a miembros y asociados del Cártel de Sinaloa”, de acuerdo con el comunicado.

Autoridades estadounidenses aseguraron que Sumilab está dirigida por la familia Favela López, que incluye a los hermanos Víctor Andrés Favela López, Francisco Favela López, Jorge Luis Favela López y María Gabriela Favela López.

Además, participan en la empresa Jairo Verdugo Araujo, esposo de María Gabriela, y Gilberto Gallardo García, quien está casado con otra hermana de la familia Favela López.

Los dirigentes de la empresa presuntamente operan para la facción de Los Chapitos y son los responsables del suministro y distribución de precursores químicos y equipos de laboratorio para la producción de fentanilo y metanfetamina ilícitos.

“Además, los productos químicos se venden a empresas de Estados Unidos, donde se sintetizan para convertirlas en drogas ilícitas y, finalmente, se venden a clientes con sede en el país”, resaltó el Departamento del Tesoro.

La familia también opera una red de empresas químicas, de equipamiento de laboratorio y relacionadas con la agricultura, entre las que se incluyen Agrolaren, S.P.R. de R.L. de C.V., y Distribuidora de Productores y Servicios Viand, S.A. de C.V.

Además de Favelab, S.A. de C.V., Favela Pro, S.A. de C.V., Qui Lab, S.A. de C.V. y Storelab, S.A. de C.V. “Poco después de que la OFAC sancionara a Sumilab en mayo de 2023, varios miembros de la familia intentaron distanciarse, al menos sobre el papel, de numerosas empresas de su red”, indica el comunicado.

Estados Unidos sancionó también a Martha Emilia Conde Uraga, conocida como “Martita”, quien presuntamente opera como intermediaria para el Cártel de Sinaloa y controla varios almacenes en Culiacán.

“Mediante facturas fraudulentas y otros métodos de ocultación, Conde Uraga suministra precursores químicos a narcotraficantes y operadores de laboratorios que trabajan para la facción Los Chapitos”, agregó el Departamento del Tesoro.

De acuerdo con el área de análisis de Banco Base, el dólar continúa debilitándose, pues ya se cumplen seis días desde el inicio del cierre de operaciones del gobierno estadunidense, situación que ha incrementado la incertidumbre en los mercados. 

La atención de los inversionistas se centra en el Senado de Estados Unidos, que se reunirá a las 13:00 horas con el objetivo de votar, alrededor de las 3:30 p.m., una ley de gasto de corto plazo.

Esta sería la quinta votación realizada con el propósito de reabrir el gobierno, paralizado por la falta de consenso en el Congreso. 

Para aprobar la iniciativa se requieren 60 votos, lo que implica que los republicanos necesitan al menos siete votos demócratas para que el proyecto prospere. 

Entre los reportes que no se publicarán durante la semana si se mantiene el cierre, se encuentran la balanza comercial de agosto, las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo correspondientes a la semana previa, y las finanzas públicas de septiembre. 

Banco Base recordó que aún está pendiente la divulgación de uno de los indicadores más relevantes para el mercado laboral. 

Esta respuesta la dio durante una conferencia de prensa realizada el lunes 29 de septiembre a pregunta realizada por Proceso. Pero mientras el funcionario alardea sobre su cercanía y trato a los deportistas el pasado 20 de agosto, durante el último de día de trabajos de la sesión del Consejo Directivo del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade), que tuvo lugar en un hotel de San Pedro Garza García, Nuevo León, tildó de malagradecidos a los integrantes de la selección de para tiro con arco, quienes por esas fechas publicaron un video en el que le pidieron expresamente que destinara recursos para que 10 deportistas, y no sólo cuatro, pudieran participar en el Campeonato Mundial de Corea que se realizaría en septiembre.

“No puedo creer que sean tan mal agradecidos, todavía de que los tenemos en el Cnar (Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento). Gracias a la intervención de Gabo (en alusión a Gabriel Ramos, presidente de la federación de este deporte, World Archery México) bajaron el video, pero no se vale. Cuéntales que hiciste”, reclamó Pacheco, visiblemente enojado.

“Hablé con ellos, le dije que debemos tener un canal de comunicación, que el dinero a veces no alcanza y que ellos no pueden hacer eso”, dijo Ramos, quien también es el empresario consentido de la Conade para la realización de eventos desde tiempos de Alfredo Castillo y de Ana Guevara. 

Cabe aclarar que los seleccionados de para tiro con arco no utilizan ni se concentran en el Cnar. Ellos, por ser del deporte adaptado, lo hacen en el Centro Paralímpico Mexicano conocido como Cepamex. 

Pacheco aprovechó para felicitar a Ramos por el excelente desempeño que está teniendo al frente del tiro con arco, pese a que esta federación, que calificó como “exitosa” aunque genera sus propios recursos sigue dependiendo del dinero que la Conade le otorga. No hay que olvidar que Ramos con sus empresas y aliados es quien ejerce los recursos públicos para realizar el grueso de los eventos deportivos. 

Durante la misma reunión del Sinade, Rommel Pacheco cuestionó que los deportistas y entrenadores se alleguen recursos de la Conade, pero también de los institutos de los estados a los cuales representan e incluso de las propias federaciones, del Comité Olímpico Mexicano y de la Secretaría de la Defensa. Esto, señaló, no debería ocurrir, pero pasa “por la falta de comunicación” entre estas instituciones. Y remató: “Luego parece como que no hacemos nada”.

En la citada conferencia de prensa, Proceso también le preguntó a Rommel Pacheco acerca de los eventos, es decir, las competencias internacionales de dististas disciplinas deportivas de las cuales México ha sido sede desde que asumió como director.  

Extrañamente, Pacheco no mencionó una palabra acerca de alguno de ellos, pese a que en total, de acuerdo a los anuncios que ha hecho en conferencias y en sus redes sociales, suman en total 31 durante 2025, de los cuales sólo faltan cinco por llevarse a cabo entre octubre y diciembre de este año. 

El más importante de ellos el Grand Prix de judo que tendrá lugar en Guadalajara, del 17 al 19 de octubre y que, por la falta de dinero de la Conade, lo operará a reembolso el empresario Guillermo Ramírez González, un cercano al presidente de la Liga Mexicana de Beisbol, Horacio de la Vega. 

Igual que como ocurrió con Ana Guevara, Rommel Pacheco continúa operando de la mano de dos personas clave que son quienes conocen el teje y maneje con las federaciones: el coordinador de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Conade, Ricardo Baez, herencia del grupo del priista Alfredo Castillo, y Alejandro Gutiérrez López, quien indebidamente es beneficiario de una beca de 45 mil pesos mensuales como si fuera deportista, integrante de un equipo multidisciplinario o analista técnico. Como ni siquiera es servidor público puede operar libremente.

Así Pacheco ignoró la instrucción que públicamente le dio la presidenta Claudia Scheinbaum sobre la necesidad de romper con las inercias del pasado.

Ahí mismo Rommel Pacheco se comprometió a terminar con las malas prácticas que prevalecieron durante la gestión de Guevara, el cual calificó como “un sistema que ya caducó”. Sin embargo, está siguiendo la misma línea que su antecesora.

Sin brújula

Durante el año que ha ostentado el máximo cargo del deporte nacional, Rommel Pacheco ni siquiera ha presentado su programa sexenal de trabajo como sí lo hicieron otros directores de la Conade. Públicamente nunca se ha referido a cuáles son las líneas de acción ni sus objetivos.

Lo que se sabe hasta ahora es lo que durante la sesión del Consejo Directivo del Sinade dio a conocer a los miembros y lo que se publicó el 5 de septiembre último en el Diario Oficial de la Federación sobre el Programa Sectorial de Educación 2025-2030 que hace referencia a garantizar el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, a partir de la promoción y estímulo de la educación física a nivel nacional, el deporte comunitario y el de alto rendimiento para fomentar la cohesión social y mejorar la salud de la población. Cabe recordar que la Secretaría de Educación Pública es la cabeza de sector de la Conade. 

Con excepción del eje número 12 denominado “deporte seguro”, las propuestas de Pacheco son una calca de otros programas presentados en administraciones pasadas, sobre todo durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, periodo en el cual el medallista olímpico Jesús Mena y el policía Alfredo Castillo estuvieron al frente de la Conade, como por ejemplo la creación de academias del deporte, la construcción de centros de alto rendimiento y la realización de eventos internacionales.

La Olimpiada Nacional, un derroche de recursos

De acuerdo con los convenios disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia a través de este instrumento la Conade gastó 654 millones de pesos sólo durante el primer semestre de 2025, de los cuales 300 millones se usaron para la Olimpiada Nacional, el máximo evento del deporte mexicano que durante los años 2023 y 2024, en tiempos de Ana Guevara, costó alrededor de 120 millones de pesos anuales, es decir, Rommel Pacheco incrementó el precio de ese evento masivo en un 250 por ciento. 

Solamente al estado de Jalisco que fue el lugar donde se realizaron el grueso de las competencias le entregó 144.3 millones de pesos, a Tlaxcala, entidad gobernada por la morenista Lorena Cuéllar y que ha sido favorecida como sede de múltiples eventos internacionales como el voleibol de playa y el tiro con arco, le dio otros 82.5 millones.

Sólo le bastó dejar escrito el guion de su proyecto transexenal, el Plan C, que la presidenta Claudia Sheinbaum y el Legislativo –donde Morena y sus aliados tienen mayoría calificada, lo que les permite modificar la Constitución– han seguido al pie de la letra desdeñando a la oposición política, a la academia y a la sociedad civil.

López Obrador mostró el camino en septiembre de 2024, su último mes de gobierno, cuando en 15 días, ya con un nueva Legislatura en funciones, sacó adelante la reforma judicial que le habría de dar a Morena el control del Poder Judicial en las elecciones de junio de este año, las cuales estuvieron marcadas por los famosos “acordeones” para “orientar” a los votantes.

Antes de entregar el poder presidencial a Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre de 2024, el líder moral de Morena también dejó lista la reforma constitucional que integró formalmente la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que selló la militarización de la seguridad pública.

Lo que siguió después, ya en el gobierno de Sheinbaum, ha sido la implementación expedita de los puntos de gran calado del Plan C, como la extinción de los organismos autónomos, la redefinición del control estatal en empresas estratégicas y la ampliación de la prisión preventiva oficiosa.

También, la aprobación de las leyes secundarias de las reformas judicial y de la Guardia Nacional.

Desde su finca en Palenque, López Obrador ha visto cómo sus principales postulados políticos ya adquirieron rango constitucional.

El profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario en Colombia, Nicolás Figueroa García-Herreros, afirma que lo ocurrido en México en el último año a nivel legislativo “tiene todas las características de un proceso constituyente” diseñado para lograr “un cambio de régimen basado en la hegemonía de un partido”.

Y señala que, a diferencia de procesos constituyentes que ampliaron la democracia, el pluralismo y los derechos ciudadanos, como la Asamblea Constituyente de 1991 en Colombia, lo que está en marcha en México es un proceso de reformas constitucionales profundas que han llevado a la concentración del poder y a la imposición de nuevas reglas para posibilitar la continuidad del proyecto político lopezobradorista.

En ese sentido, afirma el abogado, doctor en sociología y autor de varios estudios sobre procesos constituyentes en América Latina, el caso mexicano se parece más a la Constituyente de Hugo Chávez en 1999, que marcó el inicio de la militarización y de la captura de todos los poderes del Estado por parte del chavismo en Venezuela, que a la Constituyente colombiana de 1991.

Iglesia lamenta muerte de párroco

El Consejo de Pastoral de la Parroquia de San Cristóbal lamentó el hallazgo sin vida del sacerdote y agradeció a la comunidad que se sumó a la búsqueda de Pantaleón Estrada.

Asimismo, invitó a velar “a quien durante 8 años estuvo frente a nuestra parroquia” e informó que el cuerpo llegaría a la comunidad alrededor de las 20:00 horas de este lunes.

La desaparición del sacerdote en Guerrero

Bertoldo Pantaleón Estrada, sacerdote en funciones de la parroquia de San Cristóbal en Mezcala, Guerrero, fue visto por último el pasado sábado 4 de octubre en la comunidad de Atzcala, municipio de Cocula.

“Ante los acontecimientos (…) en estos momentos ya he pedido a nuestras autoridades civiles que activen el protocolo de búsqueda y localización del padre Bertoldo”, señaló un comunicado firmado por José de Jesús González Hernández, obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, y Jorge Armando Vázquez Rodríguez, canciller-secretario.

Los religiosos pidieron a las “comunidades parroquiales” orar para que sea respetada la integridad del sacerdote y pueda ser localizado con bien, además de evitar especulaciones y mantener un espíritu optimista en medio de la adversidad.

Por su parte, la Conferencia del Episcopado Mexicano también hizo un llamado a la oración para la localización del miembro de su comunidad, mantener la esperanza y confiar en las autoridades.

“Que la Virgen de Guadalupe lo cubra con su manto de protección y nos guíe en la esperanza”, señaló la publicación.

Diversos integrantes de la Iglesia católica, organizaciones y parroquias —incluida la de San Cristóbal, en Mezcala— difundieron los comunicados y la ficha de búsqueda del padre Bertoldo.

Guerrero es uno de los estados más violentos del país: ocupa el sexto lugar en cuanto a homicidios dolosos, con 979 casos entre enero y agosto de este año, y se tiene registro de 4 mil 465 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas, de acuerdo con datos oficiales.

De acuerdo con la carta SULZER57-25, en poder de Proceso, la compañía solicitó al director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, que se finiquiten 40 facturas vencidas, algunas de ellas con 15 meses de retraso.

“La falta de pago está comprometiendo de forma crítica nuestra capacidad para seguir suministrando los insumos y servicios necesarios para los proyectos actualmente en ejecución con Pemex”, señaló la misiva.

Sulzer insistió que sin el pago correspondiente no podrá garantizar la continuidad operativa de las plantas combinadas en distintos centros de trabajo, ni el cumplimiento de las normativas ambientales y contractuales, entre ellas la NOM-001-SEMARNAT-2023.

“Le solicitamos su gestión para el pago inmediato de las 40 facturas vencidas por un monto total de 528.4 millones de pesos correspondientes al suministro de internos para las torres de destilación del SNR, siendo importante reiterar que algunas facturas tienen 15 meses de atraso en su pago, así como el plan/calendario de pagos propuesto para estas facturas”, insistió la carta firmada por Eugenio Flores Gómez Murray, gerente de Ventas de Sulzer Chemtech.

Los trabajos realizados por la compañía para Pemex se concentraron en las refinerías de Minatitlán, Salina Cruz, Cadereyta y Tula, donde Sulzer suministró componentes esenciales para el procesamiento de crudo y la modernización de las torres de destilación del SNR.

“Primero mucha provocación, ¿de qué sirve esta violencia? Este uso de... incluso había bombas molotov, ¿de qué sirve? ¿A quién le sirve? ¿Qué buscaba este grupo que lleva cubierta la cara?, ¿qué buscan?, ¿por qué hacen estas manifestaciones en una ciudad de libertades?, de plena libertad, absoluta y plena libertad. ¿Qué buscan? ¿Qué buscaban? Un enfrentamiento, desde mi punto de vista, con la policía... Un 2 de octubre”.  

Redundó: “¿Qué buscaban con esta posible respuesta? Pues que dijeran ´ay un régimen represor, que reprime estudiantes en un 2 de octubre´. A mí me llama la atención -lo pongo como temas que aparecieron ese día- una publicación de Claudio X. González búsquenla porque no la voy a poner aquí porque es muy ofensiva del Jr. tóxico y la provocación. Querían decir que el régimen de la cuarta transformación... el gobierno de la cuarta transformación es igual que el gobierno del 68, reprime. Lo pongo aquí para el análisis general”.  

Reiteró: “¿Qué buscan estos grupos que se cubren la cara? Que -primero mi apoyo a los policías, nuestro apoyo a los policías que resultaron heridos y su valentía por la contención la verdad, es increíble cómo contuvieron sin caer en ninguna provocación, con heridas personales- pero hay que preguntarse ¿qué buscan estos grupos ¿Cuál es su intención?”. 

Después habló de los delitos que se cometieron los integrantes de este llamado “bloque negro”, para lo cual la Fiscalía de la Ciudad de México inició una investigación para identificar a quienes participaron en estos hechos, particularmente en las agresiones directas a policías. 

“Porque ellos, los policías contenían y la agresión vino de un solo lugar, de este grupo de personas” y admitió que es necesaria “obviamente mayor capacitación y fortalecimiento de la policía de la Ciudad para poder contener situaciones como las que se presentaron”.  

Se expresó en contra de las manifestaciones violentas que no se deben dar “menos en una ciudad de libertades como es la Ciudad de México, de un país de libertades”. 

Puede haber personas que, dijo, no estén de acuerdo con el gobierno, “pero esta agresión a personas, a periodistas tiene que revisarse”.  

Llamó también a que las manifestaciones sean pacíficas “y la pregunta es ¿qué ganan estos grupos?, ¿qué buscan? Porque los extremos se juntan, los supuestamente muy radicales también se juntan con la derecha ahí están bien juntitos. Por eso llamo la atención de las publicaciones de ese día y ¿qué buscaban? ¿Qué esperaban más allá de la crítica constructiva de mayor contención?”. 

Además de que dijo que es muy importante que la policía de la capital del país no cayó en provocaciones “porque entonces hubieran alimentado la narrativa que tenían ese día”.