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Congreso de Morelos discutirá dictamen para despenalizar aborto

Isaac Pimentel Mejía, presidente de la mesa directiva del Congreso local, anunció que dentro de este periodo legislativo se discutirá en el pleno el dictamen para despenalizar el aborto en el estado de Morelos y con ello acatar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 2023 y luego del 2025.

La decisión que se tomará próximamente en el Congreso Local de Morelos no debería ser considerada con mínima importancia, pues a través de la resolución de las y los legisladores podría comenzar a establecerse un cambio en favor de las mujeres morelenses, cuya vida se pone en riesgo ante la indiferencia del gobierno, que les niega el derecho a un aborto seguro y gratuito.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 13% de las muertes maternas a nivel global derivan de prácticas inseguras de aborto. En México, la cifra es similar ya que entre las principales causas se encuentran la enfermedad hipertensión, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio (13.2%); la hemorragia obstétrica (12.7%); el aborto (11.3%); y la embolia obstétrica (5.4%).

Recordemos que en el 6 de septiembre del 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó que el apartado del Código Penal Federal que criminaliza el aborto ya no tendrá efectos y, por lo tanto, a ninguna mujer, ni personal de salud, se le podrá castigar por abortar, por tanto IMSS, ISSSTE, PEMEX y cualquier institución de salud deberán brindar el servicio de aborto a todas las mujeres que lo soliciten. 

Asimismo, la Corte ordenó que se elimine el delito de aborto en el Código Penal Federal. Al haberse aprobado por unanimidad, por tanto esta sentencia se vuelve obligatoria.

Ahora, años después de esa primera resolución en Morelos resolvieron durante este 2025 subir al pleno el dictamen que se derivó de que la Primera Sala de la SCJN, a inicios de este mes, donde se exhorta a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia y a los Servicios de Salud estatales a realizar acciones para la despenalización del aborto, pese a que aún no se ha modificado el Código Penal local.

Presentar una resolución en favor de la marea verde resulta urgente, pues, de acuerdo con Tania Osiris, integrante de la colectiva “Aborto Legal en México”, tan solo en 2020 se identificaron 20 carpetas de investigación en contra de mujeres quienes realizaron la interrupción de su embarazo.

También fue a través del amparo 570/2024 promovido por 48 mujeres quienes reclamaron a las autoridades sus obligaciones de difundir, informar e implementar los servicios de aborto, se vincula al poder ejecutivo para lograr la despenalización del aborto en la entidad.

Tras la resolución de este amparo, la SCJN solicitó a los legisladores que, dentro del periodo legislativo de la 56 Legislatura llevaran a cabo la votación en favor o en contra de la despenalización del aborto. Sin embargo, Pimentel Mejía declaró que aún no se tiene establecida la fecha precisa para la discusión.

Mientras no se modifique el Código Penal, la resolución de la SCJN ordena que no se apliquen los artículos que penalizan el aborto voluntario. Ante ello, el Ejecutivo estatal y la Secretaría de Salud deberán habilitar un servicio de interrupción voluntaria del embarazo, con la responsabilidad de implementarlo, difundirlo y organizarlo.

Además, se solicitó que se realicen capacitaciones, campañas de difusión y talleres dirigidos al personal de salud, con el objetivo de difundir la importancia de no criminalizar el aborto voluntario y eliminar los estigmas que aún existen en relación con esta práctica.

Al revisar el actual Código Penal de Morelos, se identifica una violación directa a los derechos sexuales y reproductivos en el Capítulo III, pues el artículo 115 establece que quien provoque la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo, sin importar el método empleado, será sancionado de la siguiente manera:
  • Si se actúa con el consentimiento de la mujer embarazada, la pena será de uno a cinco años de prisión y de veinte a doscientos días-multa.
  • Si se actúa sin el consentimiento de la mujer embarazada, la pena será de tres a ocho años de prisión y de cuarenta a cuatrocientos días-multa.
  • Si el aborto se realiza mediante violencia física o moral, la pena será de seis a ocho años de prisión.
De no generar estas acciones se continúa arriesgando la vida de las mujeres. El principal motivo de muerte materna por aborto inseguro es la legislación restrictiva. En contextos donde el aborto está limitado legalmente, resulta complicado para las mujeres acceder a procedimientos seguros.

A nivel global, la Organización Mundial de las Salud (OMS) señala que en países con legislación restrictiva tres de cada cuatro abortos se realizan en condiciones inseguras, mientras que en aquellos donde el aborto es legal, nueve de cada diez procedimientos se realizan de manera segura.

De acuerdo con Ipas México, la probabilidad de que una mujer recurra al aborto es la misma, independientemente de si está legalmente permitido o no. Su prohibición no reduce la cantidad de abortos ni aumenta la natalidad; por el contrario, penalizarlo conduce a procedimientos inseguros y peligrosos, que generan morbilidad y mortalidad al no contar con proveedores calificados ni condiciones higiénicas adecuadas.

Despenalizar el aborto, ¿es suficiente?

Si bien el primer paso es exigir que las y los legisladores despenalicen el aborto, es importante destacar que la lucha no termina ahí.

En México, 23 entidades han despenalizado el aborto y el acceso a este derecho es libre. Sin embargo, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) ha denunciado que el IMSS mantiene una norma interna que impone requisitos adicionales que obstaculizan el acceso al aborto durante las primeras doce semanas de gestación.

En su informe “Maternidad o castigo. Hacia la despenalización del aborto en México”, GIRE reportó que en junio de 2023 interpuso un amparo contra dicha norma, que antes solo aplicaba en casos de violación, pero que ahora se ha extendido a todos los casos. Entre los requisitos impuestos por el IMSS se encuentran obligar a las mujeres a realizarse un ultrasonido, presentar una opinión jurídica, contar con la firma de dos testigos o con una orden de un juez o agente del Ministerio Público.

Cimacnoticias ha documentado que en estados como Zacatecas, mujeres que acudieron a unidades médicas que presuntamente brindan “aborto seguro” recibieron indicaciones de que ellas mismas debían comprar sus medicamentos para poder acceder al procedimiento.

De igual forma, la criminalización del aborto en Veracruz ha ocasionado que, en su mayoría, las instituciones de salud no sigan los métodos y protocolos correctos; exista desabasto de medicamentos abortivos; se genere revictimización y falta de empatía en el trato médico; y haya desinformación sobre la ruta de acceso a un aborto.

Asimismo, en Oaxaca se identifican dificultades operativas para garantizar el acceso al derecho a decidir. Entre los principales problemas se encuentran la falta de información adecuada, la insuficiencia de medicamentos necesarios y plazos que no se ajustan a las distancias geográficas de las unidades de salud.

Pese a que la despenalización del aborto en diversos estados de la República mexicana representa un avance significativo, es indispensable que este logro vaya acompañado de buenas prácticas dentro de los servicios de salud. Paralelamente, es necesario imponer sanciones a quienes intenten disuadir a las mujeres de su decisión, ya que se trata de una elección personal que no debe ser estigmatizada ni, mucho menos, criminalizada.

FUENTE: CIMAC NOTICIAS.
AUTOR: PAOLA PIÑA.

Pobladores de Taxco piden a Sheinbaum instalar destacamento de la GN ante violencia en la zona

En una carta dirigida a la presidenta, habitantes denunciaron que células delincuenciales se dedican a la extorsión, se instalan en casas deshabitadas, obligan a las personas que tienen pequeños negocios a que les compren el producto que contrabandean y "compran" a autoridades locales.

Campesinos de pueblos de Taxco de Alarcón denunciaron que desde el 2021 han sido presas de integrantes de una organización criminal que se ha apoderado de sus terrenos y les han impuesto la compra de productos de la canasta básica. 

Solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la búsqueda de personas desaparecidas en los municipios de Tetipac, Ixcateopan de Cuauhtémoc y Taxco, también pidieron que los apoyos de programas sociales sean entregados en sus comunidades, una universidad para los jóvenes y un destacamento de la Guardia Nacional en la zona.

Los pobladores dieron a conocer su denuncia y sus peticiones en una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum; a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado; y al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch. 

“Cómo debe ser de su conocimiento, nuestras comunidades son víctimas del crimen organizado, con la llegada del empresario Mario Figueroa Mundo (alcalde de Taxco de 2021 a 2024) comenzó la invasión de nuestro territorio”. 

En ese tiempo, indicaron, iniciaron los secuestros, asesinatos y desaparición de vecinos y autoridades comunitarias en la zona rural de Taxco de Alarcón. 

“Ahora estás células delincuenciales se dedican a la extorsión, obligan a las personas que tienen pequeños negocios a que les compren el producto que contrabandean, que van desde productos de primera necesidad, hasta refrescos, harina para elaborar pan y material de construcción”. 

De acuerdo con la misiva, los criminales han llegado a las comunidades buscando casas abandonadas para establecerse y desde ahí organizar sus actividades. 

“Esto pasa desde Cerro Gordo, Paintla, Santiago Temixco, Atzala, Huixtac y Temaxcalapa”. 

Los pobladores relatan que hombres fuertemente armados llegan en camionetas hasta sus comunidades en busca de casas deshabitadas con la intención de vivir en ellas. 

“En muchas comunidades la delincuencia ha comprado a las autoridades y les sirven para sus intenciones, tiene halcones que recorren los pueblos en motos intimidando a los habitantes de las comunidades”. 

A la mandataria Claudia Sheinbaum le piden de manera urgente atender su denuncia pública. 

Y alertan: “sabemos que la intención del crimen organizado es crear una red de apoyo y base social. Esa fue la intención del ex presidente municipal de Taxco, Mario Figueroa Mundo. Por desgracia el gobierno estatal y municipal no ha tenido la capacidad, no quieren o posiblemente están coludidos con estas células delincuenciales”. 

Sus peticiones son que el gobierno federal establezca un regimiento de la Guardia Nacional en su territorio, que los apoyos a los campesinos lleguen directamente a sus comunidades y la creación de centros de estudios profesionales que atiendan a todos sus pueblos. 

Además, realizar un recorrido en busca de desaparecidos desde el municipio de Tetipac, Ixcateopan hasta Taxco de Alarcón, en la región Norte. 

“Doctora Sheinbaum, está es nuestra denuncia y esperamos una pronta respuesta. Somos ciudadanos pacientes y pacíficos, pero la paciencia tiene su límite y no vamos a permitir que la delincuencia invada nuestro territorio”, suscribieron habitantes de las comunidades de la región Norte de Guerrero. 

En el año 2021 la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) reconoció que el municipio de Taxco y sus alrededores estaba dominado por el grupo criminal La familia michoacana, a través de Roberto Zagal, alías “El Pelón”. 

Cuando el empresario Mario Figueroa Mundo asumió la presidencia municipal aparecieron mantas en las que supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación lo acusaron de haber entregado el control del municipio a La familia michoacana. 

Luego de concluir el gobierno de Figueroa Mundo, en septiembre de 2024, fuerzas federales y estatales realizaron un operativo en la comandancia de la policía municipal para detener a 10 agentes acusados de desaparición forzada. 

En octubre del mismo año fueron detenidos y recluidos Mario y Marco Figueroa, hijos del exalcalde. El primero está acusado del delito de desaparición forzada y el segundo de narcomenudeo. 

Mario Figueroa hijo fue detenido junto a Jorge Reyes, “El Maicero”, quien fungía como su escolta y que fue identificado por las autoridades como integrante de una célula de La familia michoacana en Taxco. 

Antes de llegar a la alcaldía Figueroa Mundo sufrió tres atentados. En 2024, al concluir su trienio, intentó sin éxito reelegirse abanderando a Movimiento Ciudadano. Actualmente se desconoce su paradero.

Fuentes de seguridad aseguran que sobre él y exfuncionarios de su gobierno pesan órdenes de aprehensión por diversos delitos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUIS DANIEL NAVA.

En manta, piden “ayuda” al Ruso por falta de insumos médicos en Mexicali

La tarde de este lunes 22 de septiembre fue colocada una manta en el cerco de las instalaciones del Hospital General de Mexicali, para solicitarle a un presunto capo de narcotráfico que apoye económicamente con insumos para el sector salud.

Alrededor de las 17:30 horas, se emitió el reporte de emergencia donde se hizo referencia a que junto al área de urgencias del Hospital General de Mexicali, ubicado sobre la calle Del Hospital, en los alrededores del Centro Civico, se había colocado un mensaje donde se hace referencia al Ruso, líder de la agrupación delictiva que se identifica con su apodo y que forma parte de esta estructura del Cártel de Sinaloa.

Policías acudieron al nosocomio y confirmaron la presencia de la manta amenazante, la cual estaba escrita con tinta roja.

El mensaje decía lo siguiente:
“SEÑOR RUSO. Dejando en claro quién tiene el poder en Mexicali queremos pedirle su apoyo para surtir el hospital de insumos y medicamentos y así dejar claro que usted no tiene nada que ver con el desvío de recursos y mal uso del erario público manejado por la gobernadora Marina del Pilar AO”

El texto se da en el contexto de protestas del sector salud por la falta de insumos en dichos oficiales cuya función recae -en gran medida- en la autoridad federal, luego de la entrada en vigor del IMSS bienestar.


FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: EDUARDO VILLA.

Un año bajo fuego en Culiacán: crónica de una ciudad herida

La violencia se manifiesta en múltiples espacios públicos de Culiacán: calles, escuelas, hospitales y comercios han sido escenario de asesinatos, incendios, robos y desapariciones. De ahí que la población haya adoptado una regla no escrita: no salir ni muy temprano ni cuando comienza a caer la noche.

—¡¿Por qué!? ¡Díganme por qué!

La mujer grita con voz ronca, desgarrada. Debe rondar los setenta años, pero llora como una niña que no encuentra a su madre.

Sentada en una silla de plástico, la rodean cuatro mujeres vestidas de negro que intentan calmarla con palabras suaves. Una de ellas le abanica el rostro con un cartón. Son las 13:15 horas y el calor en Culiacán –37 grados a la sombra– cae como un marro sobre la colonia Bellavista, en la sindicatura vecina de Culiacancito.

—¡¿Por qué, Dios mío!? —insiste la mujer, mientras con sus manos temblorosas cubre con un pañuelo blanco su cara desfigurada por el dolor.

A escasos veinte metros, unas cintas amarillas atadas a los troncos de unas palmeras se agitan con violencia por las ráfagas de aire ardiente que atraviesan las calles desiertas. Son las clásicas cintas amarillas que prohíben el paso a una escena del crimen: nadie, salvo policías, ministeriales o la docena de soldados encapuchados que custodian la zona, puede entrar al patio de la casa de la señora: una vivienda de planta baja, fachada roja deslavada, con una imagen de la Virgen de Guadalupe en la puerta y la frase: ‘Cuida de nuestro hogar’.

A unos pasos de esa Virgen, en un callejón del patio por donde entran y salen forenses de manos enguantadas con sus maletines, yace el cadáver de un joven de apenas 18 años. Lo venía persiguiendo un grupo de sicarios. Varios disparos a quemarropa lo dejaron tendido.

Se llamaba Jesús.

Es el hijo de la mujer que grita y rompe con sus lamentos el silencio sepulcral en el que se haya inmersa la calle.

—Por qué, Chuchito, por qué —repite una y otra vez, con voz quebrada.

La única respuesta que obtiene, en una ciudad con 2 mil asesinatos producto de una guerra en el cártel de Sinaloa, es el ladrido lejano de unos perros.

El dolor que se ha vuelto hábito

A unos treinta metros de una vieja camioneta Toyota estacionada dentro del predio, una de las mujeres que antes consolaba a la señora llora ahora en silencio, recargada en el vehículo gris plata. Le da la espalda para que no la vea derrumbarse. Afuera, sobre la banqueta, dos funerarios fuman mientras esperan la orden de llevarse el cuerpo.

Conversan de cosas triviales, de la vida diaria. Bromean entre ellos, incluso. En Culiacán, la muerte se ha convertido en rutina: el joven de 18 años es apenas el primero de los cinco asesinados que recogerán este día. El día anterior fueron cuatro, y antes de eso, otros tantos. La estadística oficial impresiona: en solo un año se acumulan 2 mil 11 homicidios como el del joven Jesús, más 115 presuntos criminales abatidos y 48 agentes del orden muertos. Para dimensionar la cifra: de enero a junio del año pasado, sumaron 224 homicidios; en el mismo lapso de este 2025, la cifra se disparó a 883. Se cuadriplicó el registro, casi un 300 % al alza.

Más allá de las cifras, en el ambiente se percibe que hoy no es un día cualquiera en la capital de Sinaloa.

Es 9 de septiembre. Y en esta fecha –cuando se realizaron los recorridos conjuntos de Animal Político y el diario Noroeste– se cumple un año del inicio de la pesadilla.

Un año de guerra, como la ciudadanía la llama abiertamente.

El 9 de septiembre, pero de 2024, las dos facciones del Cártel de Sinaloa –los ‘mayitos’, al servicio de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, y los ‘chapitos’, bajo el dominio de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzman–, desataron enfrentamientos por todas partes. La ciudad vivió una jornada de pánico: la primera de muchas.

El estallido era solo cuestión de tiempo, explica cualquier ciudadano de Culiacán al que se le pregunte. Miguel Calderón, activista y coordinador ciudadano del Consejo Estatal de Seguridad Pública en Sinaloa, recuerda en entrevista que la ciudad llevaba ya años haciendo malabares para mantener un equilibrio muy frágil.

—Teníamos décadas viviendo en una especie de paz simulada… Una paz débil, frágil. Una paz narca, la llamaban algunos.

Pero esa paz estalló el 26 de julio, cuando fue detenido ‘El Mayo’ Zambada. Según los detalles filtrados, la captura fue digna de una serie de narcos: Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, habría traicionado al viejo socio de su padre y lo entregó en una avioneta que aterrizó en El Paso, Texas, donde la DEA ya los esperaba.

La entrega habría sido parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses, en cuyos penales están recluidos tanto ‘El Chapo’ Guzmán –condenado en 2019 a cadena perpetua–, como otro de sus hijos, Ovidio Guzmán, alias El Ratón.

Precisamente, la detención de Ovidio –capturado el 5 de enero de 2023, tras un intento fallido en octubre de 2019 que dejó la ciudad sitiada y en llamas en el tristemente célebre ‘Cualiacanazo 1’–, es considerada por muchos habitantes como el verdadero inicio de la pesadilla.

El inicio de una guerra que, a fuerza de repetirse, ha terminado por instalarse como parte de la vida cotidiana de casi un millón de personas. Un hábito de dolor.

Las cicatrices de una ciudad

Las marcas de la violencia son visibles en cada rincón. Es difícil encontrar una calle, un puente peatonal, un túnel, una carretera, un camino de terracería, un restaurante, un local, una escuela o un hospital que no haya sido escenario de balaceras, asesinatos, incendios, robos, o desapariciones. Incluso de hallazgos grotescos, como la noche del 24 de marzo, cuando desconocidos llegaron al estacionamiento de la concurrida Plaza Comercial Forum –a un costado de un hotel de cadena nacional–, y esparcieron los restos humanos de un hombre.

Tampoco es fácil hallar una avenida sin la presencia de camionetas negras de “los harfuch”, como llaman a los agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que a nivel federal encabeza Omar García Harfuch. O sin las aparatosas unidades blindadas del Ejército, las ‘Ocelot’, como la que permanece fija en ese mismo estacionamiento tras el hallazgo de los restos. O sin retenes de marinos y Guardia Nacional en los caminos de entrada y salida hacia municipios colindantes donde la violencia ya se extendió, como Culiacancito o Navolato, donde un día después de este recorrido –el 10 de septiembre– un adolescente de apenas 15 años fue asesinado a tiros.

El gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, asegura que 6 mil elementos federales patrullan las calles de la entidad, principalmente en Culiacán. Pero, aún así, la gente entrevistada para esta serie de crónicas coincide en apuntar que lo primero que hace antes de salir a trabajar en las mañanas es revisar los grupos de Whatsapp para confirmar si hubo balaceras o retenes del narco.

—No nos sentimos seguros, para nada. Sal a la calle y verás militares, policías y Guardia Nacional por todas partes. Pero, ¿de qué sirve eso, si siguen matando gente, siguen robando carros, quemando negocios? No nos dan una seguridad real —lamenta Carlos Alberto, cuyo padre, de 61 años, fue asesinado el 29 de agosto cuando visitaba a un familiar en el Hospital Civil. Esa noche, un grupo armado irrumpió y disparó sin mediar palabra. Cuatro hombres murieron y dos mujeres quedaron heridas, entre ellas una menor de 13 años. Al día siguiente, ataques en una clínica privada y en el Hospital General dejaron otras dos víctimas.

—Los retenes de los militares no están sirviendo. No vemos para cuándo se solucionará esta situación. Vivimos en una psicosis —apunta también en entrevista Marco Flores, comerciante que tuvo que cerrar varios negocios por la violencia.

De regreso al bulevar Pedro Infante, cerca del exclusivo Country Club y la central de autobuses, el vehículo en el que viajan los reporteros se interna en un túnel. Justo a la mitad, a inicios de este año, quedó tirado el cuerpo de un joven, presunto operador de los ‘chapitos’. Sicarios rivales lo persiguieron como en una película filmada en la soledad de la madrugada, el automóvil quedó estrellado en sentido contrario con el cadáver afuera, escena grotesca grabada en video y fotografías.

En enero, en la misma avenida, otro crimen horrorizó por lo simbólico del lugar: el cadáver de un exagente de la Fiscalía estatal, de 45 años, fue abandonado en la entrada del Congreso de Sinaloa, uno de los centros de poder político más importantes del estado. Tenía días desaparecido, lo habían secuestrado cuando llevaba a su hija a la escuela.

Semanas después, también sobre la Pedro Infante, frente a un restaurante de la cadena local Panamá, un docente universitario fue interceptado al salir. Eran las siete de la tarde. Hombres armados le apuntaron a la cabeza y le robaron la camioneta. Quedó en shock, bajo la amenaza de que no denunciara por el bien de su familia.

Algo similar vivió el hipnotista John Milton, asaltado el 2 de septiembre en la carretera Culiacán-Eldorado. A las cinco de la tarde lo interceptaron, le dispararon –sin alcanzarlo por centímetros– y le arrebataron su camioneta Cadillac blanca. El vehículo fue recuperado horas después.

Estos dos últimos casos se suman a otra estadística que refleja la magnitud de la crisis: en este año de guerra se han registrado al menos 7 mil 112 denuncias por vehículos robados en Sinaloa, un promedio de 19.2 todos los días. El crecimiento ha sido vertiginoso: entre enero y mayo de 2024 se denunciaron 956 robos; en el mismo periodo de este 2025, fueron 3 mil 7. Un aumento del 200 %.

Es el mismo porcentaje con el que incrementaron las pólizas de seguros para vehículos de lujo; mientras que, en el resto de autos, el alza fue de entre 35 y 40 %, según datos del Consejo Intercamaral de Culiacán.

Cuando se pregunta a activistas y expertos en seguridad el por qué del boom de robos de vehículos, la respuesta es sencilla: en la lógica de una ‘guerra’, los diferentes bandos criminales necesitan vehículos para ‘movilizar’ a sus ‘tropas’. Por eso roban camionetas a productores agrícolas, despojan de sus autos a repartidores, choferes, trabajadores, familias.

—La afectación este año ha sido grave. Alrededor de mil comerciantes han sido despojados de sus vehículos, de sus carros, que son su herramienta de trabajo —expone en entrevista Óscar Sánchez Beltrán, presidente de la Unión de Comerciantes de Culiacán.

De ahí que la población haya adoptado una regla no escrita: no salir ni muy temprano ni cuando comienza a caer la noche. Lo mismo con sus negocios, muchos de los cuales bajaron la cortina de manera permanente, tal y como corroboraron los periodistas de Animal Político y Noroeste en múltiples recorridos nocturnos por la ciudad.

Las pérdidas económicas son otra herida profunda. Una enorme cicatriz. De acuerdo con Sánchez Beltrán, de la Unión de Comerciantes, solo este año se han perdido 70 mil millones de pesos entre empleos destruidos, daños a negocios, y recortes de horarios que obligan a los trabajadores a refugiarse temprano con sus familias en sus casas.

Nadie quiere ser una estadística más de la guerra.

 “Es mi Jeremy”

Son las 14.30 horas. Los reporteros reciben en sus celulares un nuevo aviso: otra escena del crimen. La segunda del día.

El vehículo avanza rápido por la extensa avenida Pedro Infante. Un poco más adelante del Congreso, sobre un puente de nombre Miguel Hidalgo, alguien cuelga una manta blanca. Los transeúntes que caminan por las banquetas la miran con recelo, esperando otro de los mensajes con que las facciones del cártel se amenazan, o se acusan de masacres. Al margen de las armas y las balas, la ciudad es víctima de otra batalla: la propaganda. Cada bando intenta ganarse la simpatía de la población, se presenta como el ‘bueno’, como el Robin Hood de la historia, y acusa al rival de los estragos de la guerra.

Pero esta vez no es el caso. La manta reza:

“¿Qué Culiacán quieres dejarle a tus hijos? La paz no espera, se construye cada día con nuestras decisiones y acciones”.

No es el único mensaje de este tipo con el que se cruzan los reporteros en el recorrido. Culiacán, de hecho, está tapizado con frases como ‘No hay camino para la paz, la paz es el camino’, el famoso lema de Mahatma Gandhi. Más allá del llamativo contraste con la realidad, no parecen generar mayor efecto entre la delincuencia, aunque, quizá sí, en una ciudadanía que comienza a perder el miedo y alza la voz: el domingo 7 de septiembre miles de personas marcharon vestidas de blanco por la capital sinaloense. El grito fue unánime: “Estamos cansados, queremos paz”.

Paradójicamente, el lema de Gandhi está grafiteado en la pared de un edificio angosto de cuatro niveles –junto a una pinta que pide no tirar basura en la calle–, en la colonia Infonavit Cañadas. A solo un par de cuadras, el acceso a otro edificio está acordonado y rodeado por una docena de soldados: es la nueva escena del crimen.

Según comentan los militares en voz baja, el ataque ocurrió minutos antes, alrededor de las 14:00 horas. Dos hombres en motocicleta interceptaron a otro de 28 años y le dispararon varias veces antes de huir.

El cadáver de la víctima, Jeremy Esteban, vecino de la colonia, quedó tendido junto a unas canchas deportivas. Al principio se reportó que estaba herido, pero ya había muerto cuando, minutos después de la llegada de los periodistas, apareció María Luisa, su madre.

Un cabo de unos cincuenta años, de pelo gris plata y marcas de viruela en el rostro, levanta la cinta amarilla que bloquea el paso y se dirige hacia ella con gesto serio. Pide a los reporteros gráficos que se retiren unos metros y les den algo de privacidad.

Con calma, el cabo –en cuya manga se distingue un parche de la unidad de Infantería de Tonalá, Chiapas– saca un celular del bolsillo y busca una fotografía. Luego, lo alza hacia la mujer sin permitirle tomarlo. Ella, que se recoge el pelo en una cola y se abanica con la mano para mitigar el calor sofocante, le dice que no alcanza a ver bien.

—Mire, esperemos en Dios, que no sea su hijo —dice ahora conciliador el militar, que con los dedos índice y pulgar de su mano izquierda le amplía la imagen.

La canchita de futbol contigua está vacía de niños que huyeron tras escuchar los balazos. Nadie, salvo los soldados, camina por la calle. El silencio, como en la primera escena del crimen, es atronador.

La mujer, ahora sí, sostiene con manos temblorosas el celular. En el bolsillo del short que viste guardó las llaves con las que jugueteaba nerviosa.

—Pero está boca abajo —protesta con un hilo de voz.

—Sí, lo sé. Pero no puedo voltearlo. Eso ya es trabajo de los periciales —responde el militar.

Ella observa la pantalla unos segundos más. Detrás, una ambulancia mantiene la torreta encendida, pero sin la sirena.

–Sí, creo que sí —murmura al fin, devolviendo el celular.

—Es él —se tapa la boca con la mano derecha—. Es Jeremy —rompe a llorar ante la mirada compasiva del soldado—. Es mi Jeremy.

Velas en la oscuridad

Tras documentar el suceso, el vehículo de los periodistas avanza por el bulevar Revolución, en la colonia Guadalupe Victoria. Son algo más de las tres y media de la tarde, cuando el coche deja la avenida principal y gira a la izquierda para adentrarse en una calle ancha. En la esquina, se topan con otra de las cicatrices que marcan a la ciudad: una casa con la fachada destrozada por más de cien balazos.

Los reporteros se bajan y, con precaución –no sería descabellado que los espías del narco, los llamados ‘punteros’, vigilen la zona– comienzan a tomar fotos y videos.

La vivienda es de planta baja. Tiene una moderna fachada de losa pesada y barrotes de hierro que dejan ver un antepatio. Los ventanales están hechos añicos y la puerta de entrada perforada por los orificios de las balas. En el patio yacen los restos de una piñata infantil con forma de princesa de Disney. A un costado, juguetes y enormes peluches de elefantes rodean una estantería con un carricoche rosa.

La casa contigua, de dos plantas, también está marcada. Los agresores se concentraron en la parte alta: dos puertas corredizas de metal con cristales destrozados y una pared que parece de un dormitorio cuentan, igualmente, más de cien impactos.

Cuando se pregunta por la suerte de quienes habitaban ambos domicilios, nadie responde. Solo alzan los hombros.

A lo lejos, un ciclista solitario cruza la calle. Viste una estridente playera con el rostro bigotón de Jesús Malverde, considerado como ‘el santo de los narcotraficantes’. Figura popular en Sinaloa, su capilla en la avenida Independencia es punto de peregrinaje: está repleta de dólares –algunos reales, otros con el rostro del propio Malverde– y arreglos florales que llegan incluso desde España. En los puestos ambulantes de los alrededores, hasta hace poco se vendían colgantes con la imagen del ‘Chapo’ Guzmán, y escapularios del Santo Niño de Atocha, amuleto que cobró fama tras el primer Culiacanazo en 2019.

Ovidio Guzmán lo llevaba al ser fotografiado por soldados antes de su polémica liberación. Pero desde el inicio de la guerra, los vendedores optaron por ofrecer colgantes solo de Malverde, como una forma de mostrarse neutrales entre ‘chapitos’ y ‘mayitos’.

La aparición espontánea del ciclista basta para que los reporteros decidan marcharse. Se dirigen a la calle 16 de Septiembre, en el centro de Culiacán. Ahí, a las cinco de la tarde, inicia una concentración en la explanada del palacio de Gobierno de Sinaloa.

Con la caída de la tarde, las luces titilantes de tres mil veladoras iluminan la explanada. Cada llama anaranjada, explican madres buscadoras, representa a una persona desaparecida en este año de guerra –aunque las autoridades reconocen oficialmente solo dos mil–. Entre las velas hay fichas con fotografías, como las que hay pegadas en las paredes de cualquier rincón de la ciudad, con el mismo rótulo repetido hasta el cansancio: ‘Desaparecido’.

—Estas veladoras son una manera de visibilizar el dolor, la angustia y la frustración que estamos pasando los culiacanenses —dice María Isabel Cruz Bernal, presidenta fundadora de la colectiva Sabuesos Guerreras.

—Ha sido un año de guerra. Un año muy pesado en el que no podemos salir de casa porque hay miedo. Es como si viviéramos en una burbuja de la que no podemos salir —agrega Carla, una joven con playera blanca y gorra estampada con el rostro de su hermano, Gerardo González, empleado de 47 años de la Comisión Federal de Electricidad, desaparecido el 26 de julio de este 2025.

Poco antes de las siete, los reporteros vuelven al vehículo. Un nuevo aviso de asesinato llega a sus teléfonos. El tercero de la jornada.

La noche cae lentamente y el coche se interna en las profundidades de Culiacán. En una de las paredes de esas calles laberínticas, ya casi vacías de gente que corrió a refugiarse, alguien dejó pintada una frase que expresa el estado de ánimo de toda una ciudad: “Esta guerra me ha dejado mal”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.

5 mil alumnos de Morelos no pueden seguir estudiando; funcionario se niega a firmar certificados de bachillerato

El bloqueo de certificados de bachillerato que hace Guadalupe Torres Godínez mantiene a miles de jóvenes de Morelos sin posibilidad de seguir estudiando ni de trabajar. Pese a denuncias y resoluciones judiciales, se amparó para evitar cumplir su obligación.

Unos 5 mil jóvenes que concluyeron su bachillerato en el estado de Morelos no pueden continuar sus estudios ni trabajar porque el director de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación estatal, Guadalupe Torres Godínez, se niega a firmar sus certificados.

Además, tras ser denunciado ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos por omisión en sus funciones, se amparó para evitar que lo obligaran a cumplir con su trabajo.

“Somos escuelas chiquititas que trabajan con el sector más bajo de la población y lo que duele es cortar los sueños a los alumnos. Si están en el TEC se van a la Ibero y no pasa nada, pero para estos jóvenes esta era su última esperanza (…) los hemos visto llorando, frustrados y nos dicen ‘¿qué hicimos mal?’, y pues no hicieron nada mal, es este sistema que no te voltea a ver”, explicó Darío Sánchez, director general del Instituto Azteca de Formación Empresarial.

Los afectados forman parte de la plantilla estudiantil del Instituto Azteca de Formación Empresarial y del Instituto Competencias Educativas y Profesionales, con sede en Cuautla, Morelos.

Se trata de planteles educativos que cuentan con los Registros de Validez Oficial (REVOE) que expide la Secretaría de Educación Pública (SEP) para impartir el bachillerato en dos años tomando clases a distancia.

En los más de 15 años que han operado, señaló Ethel Velázquez Jaimes, administrativa de ambas escuelas, nunca se había presentado una problemática como la que enfrentan desde octubre pasado cuando sin ninguna razón el funcionario se negó a firmar los certificados de mil 671 alumnos —en un primer momento—, pero ya suman 5 mil los afectados.

A principios de octubre de 2024, Velázquez Jaimes, quien tiene la responsabilidad de llevar a cabo todos los trámites para la obtención y entrega de certificados, aún pudo ingresar la solicitud para pedir la certificación de un grupo de alumnos, pero después ya no fue posible.

Con la entrada de la gobernadora Margarita González Saravia a la funcionaria se le indicó que debe “pedir permiso” con el director general de Educación Media Superior y Superior.

A mediados de octubre pasado, después de esperarlo afuera de su oficina alrededor de cuatro horas, pudo hablar con él aunque, compartió, la conversación se tornó muy extraña, pues le dijo que la carga de trabajo que tenían era bastante por lo que era necesario platicar sobre cómo ayudarse mutuamente.

Sin saber qué responder, Velázquez Jaimes dio por concluida la reunión. En un par de ocasiones mantuvieron comunicación a través de WhatsApp, sin embargo, de pronto él dejó de contestarle y de los cientos de certificados pendientes un día firmó uno y otro día algunos más. En total, de los casi mil 700 certificados ingresados en un primer momento, solo firmó 99.

La omisión ya prácticamente suma un año, tiempo en el que se han ido sumando cientos de jóvenes que concluyeron sus estudios y no han podido recibir sus certificados aunque las escuelas afectadas han promovido demandas y quejas ante el Tribunal de Justicia Administrativa, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno de Morelos y el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Animal Político buscó la versión de la Secretaría de Educación, del Gobierno de Morelos y escribió al correo electrónico institucional del director general de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación, Guadalupe Torres Godínez, para conocer su versión de los hechos. Hasta la publicación de este texto no hubo respuesta.

Sin trabajo ni estudios, por omisión de un funcionario público

Esta situación ha ocasionado que algunos estudiantes no puedan seguir estudiando y a otros a perder sus trabajos: Luis Héctor López, de 20 años de edad, encontró trabajo como policía, pero después de tres meses tuvo que dejar su empleo porque no presentó su certificado de conclusión de bachillerato, un requisito indispensable.

“Nos extendieron una constancia de que su certificado estaba en proceso y con eso ingresó como policía, pero le dieron un tiempo para que pudiera presentar su certificado y como no lo hizo lo dieron de baja”, compartió Elizabeth López, madre del joven.

En entrevista, lamentó que su hijo no pueda conseguir un buen trabajo para apoyarla, pues es madre soltera y no le es posible afrontar todas las necesidades del hogar.

“Quería que terminara su preparatoria para que consiguiera un buen trabajo y pudiera apoyarme (…) lo que pedimos es que empiecen a liberar los certificados de todos. No nada más nos afectan a nosotros, sino también a otros alumnos que quieren seguir estudiando y les truncan la posibilidad por este funcionario que no quiere liberarlos”, agregó la mujer.

Ruth Amaro concluyó sus estudios en enero pasado, pero no puede continuar con su sueño de ser enfermera, pues, aunque hizo el examen y se quedó en la universidad que quería, le informaron que sin el certificado no puede ingresar.

“Mi hija llora por las noches porque sus amigas siguen estudiando y ella no (…) es una desilusión grande porque aspira a ser enfermera”, dijo Daniel Amaro, padre de la joven.

Ante la falta de respuestas de las autoridades, especialmente de la Secretaría de Educación estatal, los padres de familia se están organizando para ir al Palacio de Gobierno y exigir a la gobernadora Margarita González Saravia que tome cartas en el asunto

Entre visitas de verificación y pagos extraordinarios

Tras aquella reunión que sostuvo con el director de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación, Ethel Velázquez Jaimes contó que de la nada comenzaron a llegar verificaciones extraordinarias a las escuelas.

“Me hacen una visita de inspección extraordinaria (…) llega su gente y revisó todo lo que quiso: expedientes, trayectorias, actas, calificaciones, todo”, compartió.

“Asientan en el acta que todo está bien, todos firmamos y se van. Al día siguiente él me escribe y me dice ‘traiga sus documentos’”, agregó. Velázquez Jaimes de inmediato se trasladó a su oficina y Guadalupe Torres Godínez comenzó a firmar los certificados, pero no terminó.

Ante la omisión del funcionario los padres de los alumnos consiguieron un abogado y presentaron la demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa. “Nos conceden algo que se llama la suspensión, o sea, el tribunal dice que tenemos razón porque no se puede violentar el derecho a la educación de los alumnos”, detalló Velázquez Jaimes.

“Le notifican al director general y de ahí se viene un viacrucis”, reprocha la mujer. Hasta la fecha, a pesar de haber una resolución, el funcionario se ha negado a firmar y liberar los certificados de bachillerato.

Aunque Guadalupe Torres Godínez argumenta que los trámites se hicieron de forma extemporánea o que no se hicieron los pagos en tiempo y forma, las escuelas contrataron a un notario público que les certificara sus matrículas, trámites pendientes y demás reportes y documentación ingresada.

“Fue un viernes, si no mal recuerdo, la última audiencia. El magistrado le dice, ‘¿sabes qué?’, si no les firmas es destitución e inhabilitación hasta por 6 años del cargo público’ (…) le llega la notificación el martes o miércoles y el jueves ya estaba amparado ante la resolución”, reprochó Velázquez Jaimes.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: DALILA SARABIA.

Operadores del CJNG son acusados de narcoterrorismo y lavado de dinero en la Corte de Nueva York

Joseph Nocella Jr., fiscal federal en Brookyln, informó que Montero Pinzón, “El Tarjetas”, “Moreno”, “El Chess”, “César Hernández Jiménez”, “Ch Jiménez”, y su media hermana, son miembros de alto rango dentro de la organización terrorista del CJNG.

Ante la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, el Departamento de Justicia develó un encausamiento judicial en contra de Julio César Montero Pinzón y su media hermana, Griselda Margarita Arredondo Pinzón, acusados de lavado de dinero y narcoterrorismo para el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

Joseph Nocella Jr., fiscal federal en Brookyln, informó que Montero Pinzón, “El Tarjetas”, “Moreno”, “El Chess”, “César Hernández Jiménez”, “Ch Jiménez”, y su media hermana, son miembros de alto rango dentro de la organización terrorista del CJNG.
Están acusados por su papel en esquema internacional de fraude organizado y controlado por el CJNG que toma como objetivos a ciudadanos estadunidenses que son dueños de tiempos compartidos de propiedades en México”, indicó Nocella en un comunicado de prensa. 
“El Tarjetas” y su media hermana oficialmente están acusados de conspiración para cometer fraude y lavado de dinero y ambos son fugitivos de la justicia mexicana y estadunidense.

“Además, Montero Pinzón está acusado de conspiración para proveer y entregar material y apoyo a una organización terrorista internacional como lo es el CJNG con base en México”, apuntó Nocella. 

“Este líder de alto rango de una organización terrorista extranjera, presuntamente defraudó a personas inocentes para robustecer al terrorismo en contra del pueblo estadunidense”, subrayó por su parte Pam Bondi, la Procuradora General de Justicia de Estados Unidos. 

La fiscalía federal en Brooklyn, en el encausamiento develado ante la Corte sostiene que “El Tarjetas” y su media hermana tienen un historial criminal con el CJNG de más de una década, defraudando a ciudadanos estadunidenses y lavando dinero con los tiempos compartidos. 

El expediente criminal detalla que de 2012 a la fecha, el CJNG y sus dos operadores y miembros acusados, perpetraron varios compendios de fraude con propiedades de tiempo compartido en varios estados de la república mexicana; incluyendo Jalisco. 

“Como parte del plan los dueños de tiempo compartido, muchos de los cuales son residentes y ciudadanos de los Estados Unidos fueron inducidos fraudulentamente a pagar una cuota con el pretexto de cubrir impuestos por la renta o venta de la propiedad bajo la promesa de que posteriormente recibirían el reembolso”, se lee en el encausamiento. 

“Pese al pago de la cuota por adelantado, las víctimas del fraude de los tiempos compartidos no recibieron los reembolsos y quedaron imposibilitados para recuperar el dinero”, añade el documento judicial. 

Hasta ahora, el Departamento del Tesoro y el de Justicia de los Estados Unidos ha sancionado y encausado judicialmente a más de 70 personas por su participación junto con el CJNG en el fraude de las propiedades de tiempo compartido en México. 

El fiscal Nocella enfatiza que de 2019 a 2024, aproximadamente 6 mil víctimas de Estados Unidos por este fraude “han reportado pérdidas por aproximadamente 350 millones de dólares atribuidas al fraude de tiempo compartido en México” por parte del CJNG.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.

Atacan cuatro instalaciones de la Fiscalía en Baja California; lanzan molotov contra vehículos

Comandos atacaron cuatro instalaciones de la FGE en Ensenada y Tijuana; colocan una narcomanta en Mexicali

Comandos armados atacaron este fin de semana cuatro instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Ensenada y Tijuana, además de colocar una narcomanta contra un mando en la ciudad capitalina de Mexicali, Baja California.

Los hechos comenzaron a partir de las 00:00 horas en el municipio porteño, durante la madrugada del sábado 20 de septiembre, cuando los sujetos se organizaron para quemar vehículos e ingresar en áreas oficiales.

De acuerdo a los datos recabados por la prensa, dos vehículos con personas armados ingresaron de manera violenta al edificio de la FGE ubicado en la zona de El Ciprés, en la colonia Bustamante, en Ensenada.

Aquí, amagaron al guardia de seguridad ubicado en una de las casetas de entrada, para luego internarse en el inmueble e incendiar cuando menos tres unidades oficiales y realizar múltiples detonaciones de arma de fuego.

Según trascendió, el comando habría entrado incluso al edificio principal, hasta puntos como la cocina.

Estas oficinas de la fiscalía forman parte de un conjunto de dependencias municipales, estatales y federales supuestamente resguardadas, pues a un costado está un cuartel de la Guardia Nacional (GN), además de que a pocos metros está el Centro de Gobierno del Estado de Baja California, el Palacio Municipal de Ensenada, y a menos de cinco minutos de distancia por la avenida Reforma -principal arteria que recorre toda la ciudad- la Guarnición Militar de El Ciprés.

Sin embargo, no hubo detenidos ni lesionados derivados de estas acciones del comando.

De manera simultánea, al norte de la ciudad, en las oficinas de la FGE ubicadas en la calle Novena e Insurgentes, a un costado de un mercado popular, un grupo de individuos no identificados lanzó bombas molotov contra botes de basura y vehículos que estaban cerca, pero no pasó a mayores.

Los hechos quedaron registrados en cámaras del sistema de videovigilancia del C5, además de que las autoridades localizaron dos vehículos relacionados con los hechos: un automóvil Lincoln, marca Ford, color blanco, y una camioneta Chevrolet Avalanche, color negro.

Atacan también de madrugada en Tijuana

Tras el primer ataque coordinado, el segundo se registró durante la madrugada (pasadas las 02:00 horas) del domingo 21 de septiembre en el municipio de Tijuana.

Aquí, conforme a los reportes generales, fue en las instalaciones de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, ubicadas en la colonia Ciudad Industrial, delegación Centenario, en la zona de Otay.

Los sujetos armados, detectados como jóvenes de alrededor de 23 años, ingresaron por la parte trasera del inmueble -pegado a un campo de béisbol, y prendieron fuego a varias unidades oficiales estacionadas en el lugar.

Destacó que una unidad antisecuestros resultó con daños parciales, según las imágenes captadas por medios locales.

Autoridades de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), dependiente de la FGE, y del cuerpo de Bomberos local, informaron que hubo daños totales en un vehículo tipo pickup, un vehículo sedán y otro vehículo tipo pickup con daños por vandalismo.

Las unidades afectadas al parecer son propiedad de la Fiscalía General del Estado, según los datos.

Al igual que en Ensenada, no hubo lesionados ni personas detenidas; trascendió que la respuesta oficial fue una instrucción de “reforzar la seguridad en todas las instalaciones de la Fiscalía en el estado, con presencia permanente de elementos de seguridad durante las 24 horas”.

Narcomanta contra mando en Mexicali

Alrededor de las 08:00 horas de este domingo 21 de septiembre, en el municipio de Mexicali, capital de Baja California, fue reportada una narcomanta dirigida, al parecer, contra un mando de la fiscalía de aquella zona.

El material estaba en un puente peatonal de la calzada Independencia, a escasos metros de la zona de Río Nuevo, donde se ubican las instalaciones de la FGE.

Dicho mensaje fue dirigido al jefe del área de Homicidios, identificado como el agente Trujillo, y fue firmada por presuntos integrantes de “La Chapiza” y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El texto en cuestión indicó: “Trujillo, jefe de Homicidios Mexicali. No te pases de verga haciendo los trabajos de Los Rusos porque te vamos a poner 46. Atte. Chapiza-CJNG-X6-C4”.


Sobre estos hechos, hasta el momento no se han pronunciado la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, o la fiscal general de Baja California, Ma. Elena Andrade Ramírez.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: BENJAMÍN PACHECO LÓPEZ.

“Se tiene que saber la verdad": Javier May Rodríguez sobre caso de La Barredora

El gobernador de Tabasco aseguró que en su gestión no se encubre ni se pacta con nadie.

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez aseguró que en la investigación contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad estatal acusado de delincuencia organizada, se tiene que saber la verdad "por muy dura que sea".

En rueda de prensa, este lunes el jeje del Ejecutivo estatal abordó el tema del cártel de La Barredora que, según las autoridades, encabezaba el expolicía que fue nombrado en diciembre de 2019 por el entonces mandatario Adán Augusto López Hernández, actual presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

Tras asegurar que el senador por Tabasco ha manifestado su intención de comparecer ante las autoridades cuando sea requerido, dijo que en su gestión no se encubre ni se pacta con nadie.
Hay que esperar lo que se desprenda de las investigaciones de las fiscalías generales del estado y de la República y todo aquel que haya cometido delitos" debe responder, expuso.
Aseveró que el compromiso de la 4T es "no mentir, no robar y no traicionar".

Apuntó que la oposición ha pretendido usar el tema como bandera, y subrayó que "no somos iguales".

Agregó que  "será difícil que destruyan al movimiento", ya que,  "como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum", "permanece en el corazón de los tabasqueños y los mexicanos".

May Rodriguez dijo no tener información sobre la captura el fin de semana del ex comisionado de la Policía Estatal, José del Carmen Castillo, alias La Rana, quien enfrenta una orden de aprehensión por ser parte de La Barredora.

La Rana fue nombrado por el gobernador interino Carlos Merino como sucesor de Bermúdez Requena el 4 de enero de 2024 que el entonces secretario de Seguridad dimitió la cargo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RODULFO REYES.

Acusan cobro de “diezmo” a trabajadores del ayuntamiento de Naucalpan

El ayuntamiento de Naucalpan, del morenista Isaac Montoya, enfrenta denuncias por la presunta exigencia de cuotas a trabajadores. En 2017, el PAN señaló a Delfina Gómez, actual gobernadora, de cobrar "diezmos" en Texcoco para Morena.

El ayuntamiento de Naucalpan, Estado de México, a cargo de Isaac Martín Montoya Márquez, enfrenta denuncias por la supuesta exigencia de cuotas o “diezmos” a trabajadores de distintas áreas, quienes deben entregar entre el 10 % y 15 % de su salario, según testimonios presentados ante autoridades y en conferencias públicas.

Alcance de la práctica

De acuerdo con las denuncias, encabezadas por Juan Olivas Islas, consejero político de Morena, mismo partido del cual emana el alcalde, la práctica afecta a por lo menos 2 mil 500 trabajadores, es decir, la mitad de los aproximadamente 5 mil empleados municipales, debido a que los sindicalizados estarían excluidos.

Entre las áreas señaladas se encuentran el Organismo de Agua Potable y Alcantarillado (OAPAS), Servicios Públicos, Tesorería y Desarrollo Económico.

Los salarios de los empleados oscilan entre 6 mil y 60 mil pesos mensuales. Una de las denunciantes, identificada como Delia, quien habló con Animal Político, reportó que de su sueldo de 35 mil pesos se le exigía entregar primero el 15 % y después el 10 %, lo que ascendía a 8 mil pesos mensuales.

Según Olivas, los policías municipales también estarían incluidos en el cobro, a pesar de contar con percepciones cercanas a 8 mil 200 pesos quincenales netos. “Les quitan 820 pesos cada quince días a cada uno”.

Las aportaciones se solicitan que se entreguen en sobres amarillos el mismo día en que se dispersan las quincenas. Según estimaciones, el esquema representaría una recolección de más de 10 millones de pesos mensuales en efectivo.

Funcionarios señalados en corrupción

De acuerdo con las denuncias, que se encuentran ya ante la Fiscalía de Delitos Electorales del Estado de México y que escalaron hasta la presidencia de México, apuntan a que las órdenes provienen del alcalde Isaac Martín Montoya Márquez y se transmiten a través de los directores de área.

Entre los funcionarios mencionados se encuentran Ricardo Gudiño Morales, director del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Naucalpan (AOPAS) y consejero de Morena; Miguel Becerril, director de Desarrollo Económico; Claudia Oyoque, tesorera municipal, y José Antonio “Pepe Toño”, encargado de Servicios Públicos.

El denunciante, también militante de Morena, ha solicitado la expulsión del alcalde y de Gudiño Morales del partido, al considerar que las prácticas contravienen los principios partidistas. Según su testimonio, los recursos no necesariamente se destinan al partido político, sino a los funcionarios. “Ellos dicen que es para Morena, pero no existe constancia de que ese dinero llegue al partido”.

Denuncias y proceso legal

El caso fue expuesto públicamente durante una conferencia matutina de la presidencia. Posteriormente, se abrieron carpetas de investigación en la Fiscalía Anticorrupción del Estado de México, en las que se presentaron estados de cuenta y otros documentos para vincular los pagos con las quincenas.

Las trabajadoras Delia y Carolina comparecieron el viernes 17 de septiembre de 2025. En uno de los casos, se denunció que una afectada fue presionada para desistir a cambio de recibir su liquidación, aunque los delitos se siguen de oficio. La víctima decidió continuar con la denuncia.

El denunciante presentó además un escrito a la Presidencia de la República, dirigido a Claudia Sheinbaum. El documento fue turnado a la Secretaría de Gobernación y a la Fiscalía General de Justicia, en el área de anticorrupción.


Testimonios de las trabajadoras

Delia Ramírez se desempeñaba como jefa de unidad de inspecciones en el OAPAS. De acuerdo con su declaración, al asumir el cargo el 8 de enero no se le informó sobre ninguna cuota. Tras recibir su primer pago, fue citada en una oficina, donde se le explicó que debía entregar un porcentaje de su salario como “aportación” o “apoyo al partido”, con el argumento de que la solicitud provenía “desde presidencia” y que no era posible rechazarla.

Inicialmente, se le pidió el 15 % de su salario neto, y posteriormente la cantidad se redujo a 10 %. Según su testimonio, con un salario neto de 24 mil pesos mensuales, debía entregar 2 mil 400 pesos por quincena, lo que sumó alrededor de 8 mil pesos en total, “pues el diezmo era sobre el salario bruto, el cual asciende a 35 mil pesos”.

“El dinero debía entregarse en efectivo dentro de un sobre con su nombre, directamente al director comercial del OAPAS, Norman Sánchez Matías, mi jefe inmediato”. Además de la cuota, relató que comenzó a recibir presiones laborales y vigilancia sobre sus actividades.

“El 15 de mayo presenté mi renuncia”. Durante ese proceso, se le pidió firmar un documento para deslindar al organismo de responsabilidades legales, lo cual rechazó. Posteriormente, denunció ante la Fiscalía de Delitos Electorales del Estado de México. Afirmó que recibió presiones desde recursos humanos para desistirse de la acusación a cambio de recibir su liquidación, lo que no aceptó, ratificando la denuncia.

El caso de Carolina Juan Aguilar

Carolina Juan ingresó al organismo el 4 de febrero. Dos días antes de su primer pago, el director comercial Norman Sánchez le informó que debía entregar el 10 % de su salario como cuota, bajo el argumento de que era una petición de la Presidencia y del partido Morena. Según relató, se le indicó que “si no estaba de acuerdo, podía renunciar”.

Con un salario neto de 7 mil 500 pesos por quincena, su aportación era de 750 pesos, lo que equivalía a mil 500 pesos al mes. Calcula que durante los meses que laboró entregó aproximadamente 6 mil pesos.

“Debía entregar el dinero en efectivo después de cobrar su cheque. Al presentar mi renuncia enfrenté un ambiente de presión laboral” y, al igual que Delia, no recibió liquidación. Su denuncia fue integrada en la misma carpeta de investigación en la Fiscalía del Estado de México, aunque aún no ha sido citada a ratificarla.

El antecedente de los “diezmos” en Texcoco

Entre febrero de 2013 y julio de 2015, trabajadores del ayuntamiento de Texcoco y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal sufrieron la retención de un porcentaje de su salario.

De acuerdo con las investigaciones, se acreditó que al menos 2 millones 264 mil 612 pesos se destinaron al financiamiento de las operaciones ordinarias de Morena.

Los recursos fueron canalizados a través de la organización denominada Grupo Acción Política, con el propósito de ocultar su verdadero destino.

La denuncia fue presentada en 2017 por el Partido Acción Nacional (PAN) contra Delfina Gómez Álvarez, exalcaldesa de Texcoco y entonces candidata a la gubernatura del Estado de México. El señalamiento sostenía que los recursos retenidos se usaron en la constitución de Morena como partido político nacional, en actividades ordinarias y en la campaña de Gómez como diputada federal en el periodo 2014-2015.

Morena fue declarado responsable por la omisión de reportar los ingresos obtenidos en 2014 y 2015, por lo cual el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso una multa de 4 millones 529 mil pesos, confirmada posteriormente por la Sala Superior del TEPJF.

El tribunal consideró que los recursos no reportados beneficiaron al partido, y que las personas que dispusieron de la mayoría de los montos retenidos eran militantes de Morena.

Aunque Delfina Gómez fue el sujeto inicial de la queja, no se acreditó un beneficio directo para su campaña electoral a diputada. La responsabilidad en materia de fiscalización recayó únicamente en el partido Morena.

El caso sentó un precedente al documentar un esquema ilícito de retención salarial a trabajadores municipales y del DIF de Texcoco, cuyo destino fue el financiamiento de actividades partidistas


FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: JORGE ÁVILA.

Prevén duplicar presupuesto a Comisión de Ayuda a Refugiados, en medio de una dinámica migratoria que tiene a miles en México

Luego del recrudecimiento de la política migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump, en enero de este año, que ha dejado varadas a cientos de miles de personas migrantes en México, para 2026 se prevé un incremento de más del doble del presupuesto de la Comar.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 prevé un incremento de un 117 % a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), en medio del cambio de dinámicas migratorias que se ha registrado a partir de la entrada en vigor de las políticas restrictivas impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump.

A lo largo de este año, diversas organizaciones de la sociedad civil han reportado que muchas personas en tránsito ahora tienen que permanecer de forma más o menos estable en nuestro país, ante una baja significativa en su intención de llegar a los Estados Unidos y una disminución en la ocupación de albergues.

Mientras que en el presupuesto aprobado para 2025, la Comar contó con 47 millones 866 mil pesos, se prevé que para 2026 sus recursos asciendan a 109 millones 216 mil pesos, lo que implica un incremento en términos reales —considerando la inflación— de 117.7 %.

En tanto, el Instituto Nacional de Migración tendrá un 10 % más de presupuesto —de mil 700 a mil 961 millones de pesos—, pero la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur se enfrentará a una disminución del 11.7 % en términos reales.

Esto ocurre en medio de un panorama en el que la sociedad civil ha documentado cambios en las dinámicas migratorias debido a las políticas impulsadas por el mandatario estadounidense. Médicos sin Fronteras, por ejemplo, ha registrado en sus diversos proyectos en la ruta entre el Darién y México una drástica reducción de la migración hacia Estados Unidos. 

Desde la emisión de las primeras órdenes ejecutivas de Trump relacionadas con la migración el 20 de enero de 2025, el panorama migratorio en la frontera sur de Estados Unidos y a lo largo de la ruta migratoria –sostienen– se transformó de inmediato. Esto, a su vez, ha incrementado casos severos de ansiedad, depresión, desesperanza y salud mental entre las personas migrantes. 

En su informe Rechazados. El devastador impacto humano de los cambios en política migratoria en Estados Unidos, México y América Central, la organización señala que personas migrantes y solicitantes de asilo varadas se han dispersado, ocultándose por miedo y estigma tras ser perseguidas repetidamente y etiquetadas como delincuentes, lo que en ocasiones también les disuade de buscar ayuda y servicios básicos de entidades y organizaciones públicas.

Mientras entre el Darién, en el sur de Panamá, y el norte de México se ha registrado la reducción más drástica de la migración en años, “aunque se desconoce el número exacto, decenas de miles, posiblemente cientos de miles, se han quedado varados, especialmente en México. A menudo, carecen de los recursos económicos para regresar a casa, o no pueden hacerlo porque los factores que los obligaron a huir persisten”, advierte MSF.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Migración de Panamá, entre 2023 y 2024, la cifra de personas cruzando el Tapón del Darién pasó de 520 mil 085 a 302 mil 203, mientras que las detenciones en 2025 en la frontera entre Estados Unidos y México se han reducido hasta en un 90 %.

Entre enero y junio de 2025, México ha registrado 11 mil 027 cambios de condición migratoria de residente temporal a residente permanente, emitido 28 mil 059 tarjetas de residente permanente, 9 mil 914 de refugiado y 25 mil 198 tarjetas de visitante regional. 

Como parte de las políticas restrictivas de los Estados Unidos, la aplicación CBP One, que la administración Biden había introducido en 2023, fue suspendida el 20 de enero de 2025, lo que dejó varadas en México a unas 300 mil personas –según cálculos de Human Rights Watch–, que se quedaron sin una vía legal para avanzar. 

Otras poblaciones prioritarias, con reducción o sin cambios significativos

Mientras algunas dependencias que atienden la problemática migratoria verán incrementado su presupuesto para 2026, según lo plantea el proyecto del PEF, otras agendas de derechos humanos, como las relativas a infancias, discriminación y búsqueda de personas desaparecidas no tendrán incrementos significativos, o incluso enfrentarán reducciones. 

Por ejemplo, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), dependiente de la Secretaría de Gobernación, tendrá un incremento de apenas 0.5 % en términos reales –considerando la inflación– con un presupuesto que pasará de los 72 millones 919 mil pesos a 76 millones 787 mil.

En tanto, para el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación se prevé una reducción del 8.1 % en términos reales, con un presupuesto que pasará de 148 millones 485 mil pesos a 143 millones 073 mil pesos. Por otro lado, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solo se le destinará un 1.6 % más de recursos, considerando la inflación, con un presupuesto total que pasará de mil 722 millones 371 mil pesos a mil 834 millones 269 mil pesos.

Para las acciones de búsqueda de personas desaparecidas, consideradas en dos claves presupuestales, una destinada a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, y otra a los subsidios que otorga el gobierno federal a las entidades de la República, no habrá incremento significativo, pese a que en el transcurso de este año –con corte al cierre de esta publicación– se han sumado 10 mil 431 personas desaparecidas y no localizadas al Registro Nacional.  

La Comisión, cuya nueva titular, Martha Lidia Pérez Gumecindo, asumió su encargo apenas el pasado 12 de septiembre, tendrá un incremento que en términos reales representa el 5.2 %, con un presupuesto que pasará de mil 102 millones 36 mil pesos a mil 214 millones 742 mil, mientras que los subsidios para acciones de búsqueda en entidades federativas se reducirán en un 0.7 % considerando la inflación.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.

Sheinbaum reconoce el Estado de Palestina y pide que pare el genocidio en Gaza

La mandataria mexicana expuso que México tiene la puerta abierta a recibir a niñas y niños que estén sufriendo por esta guerra, “en caso de ser necesario, saben que está la propuesta”.

La presidenta Claudia Sheinbaum fue muy clara en la postura del gobierno mexicano al reconocimiento pleno al Estado de Palestina, al destacar que por primera vez en México se recibieron cartas credenciales de una embajadora palestina; también retiró el llamado a que se detenga el genocidio.  

La mandataria mexicana expuso que México tiene la puerta abierta a recibir a niñas y niños que estén sufriendo por esta guerra, “en caso de ser necesario, saben que está la propuesta”.

“La primera vez que reconocemos a una embajadora de Palestina con todos sus derechos como embajador es en nuestro gobierno. La primera vez que la presidenta entrega recibe las cartas credenciales de un estado palestino y se reconoce como embajadora a quien está hoy fungiendo como embajadora de Palestina con nuestro gobierno”, destacó esta mañana. 

Anteriormente, aclaró, sólo se reconocían a representantes diplomáticos, pero no se reconocía como tal a embajadores.  

“Lo segundo es que nosotros hemos acompañado desde el expresidente López Obrador y ahora todas las denuncias que se presentaron junto con el gobierno de Chile, una situación que está viviendo Gaza y todo el posicionamiento de acuerdo con la comunidad internacional de que pare este genocidio en Gaza, esa es nuestra posición”. 

También aclaró que en México se hace el reconocimiento de los dos estados: el Estado de Israel y el Estado Palestino “y que no puede haber una agresión a la población civil como la que está habiendo en este momento”. 

Esa es la posición que lleva el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente ante la ONU. “El canciller lleva un mensaje de paz y dentro de lo que es la política exterior de nuestro país (…) Y buscando siempre como estado mexicano, como nación, dentro de nuestra política exterior la paz la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Así lo establece nuestra constitución y es nuestro posicionamiento”. 

Agregó que en estas semanas que ha recorrido el país con giras en el marco de su primer informe de gobierno “ha habido pequeños grupos que han estado defendiendo a Palestina y es importante que se conozca la posición que hemos tomado desde el principio”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.

Caso Koldo en México: Una trama de corrupción, sobornos y la conexión venezolana en el Tren Maya

La trama de corrupción que sacude al gobierno español extendió sus raíces a México. Una red de empresas fantasma y un agente de inteligencia venezolano tejen la conexión que culmina con sobornos para favorecer a constructoras ibéricas con contratos en el megaproyecto del Tren Maya.

El caso Koldo, la trama de corrupción española que ha puesto contra la pared al presidente izquierdista Pedro Sánchez, extendió sus raíces a México mediante una maraña de cuando menos 47 empresas. Una de sus extensas ramificaciones conecta con un agente de inteligencia venezolano, Jorge Luis Brizuela Guevara, cuyas actividades como un hombre de negocios en la Riviera Maya ya han sido seguidas de cerca por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El caso Koldo ha tenido resonancia en México a partir de que uno de sus personajes principales, Víctor de Aldama, empresario confeso de haber pagado sobornos a funcionarios de alta jerarquía españoles, reveló que puso sus contactos políticos enquistados en Morena al servicio del exministro de Fomento, José Luis Ávalos, para que constructoras ibéricas ganaran contratos en el megaproyecto del Tren Maya.

En su testimonio ante la justicia española no mencionó los nombres de sus contactos políticos, aunque asumió la responsabilidad de haber organizado la logística para que José Luis Ávalos visitara México en febrero de 2019 acompañado de Koldo García, su asesor personal y brazo derecho, quien ha sido otro de los acusados en la trama de corrupción española. 

En febrero de 2019 el todavía ministro de Transportes español y Koldo García se reunieron con Javier Jiménez Espriú, entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, así como con los actuales legisladores de Morena Ricardo Monreal, Pedro Haces y Alejandro Murat. 

Un año después, las constructoras Acciona, Azvi e Ineco obtuvieron contratos para participar en el levantamiento de estaciones y en la colocación de rieles del Tren Maya, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 27 de la revista Proceso, correspondiente a septiembre de 2025

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DANIEL LIZARRAGA.