El bloqueo de certificados de bachillerato que hace Guadalupe Torres Godínez mantiene a miles de jóvenes de Morelos sin posibilidad de seguir estudiando ni de trabajar. Pese a denuncias y resoluciones judiciales, se amparó para evitar cumplir su obligación.
Además, tras ser denunciado ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos por omisión en sus funciones, se amparó para evitar que lo obligaran a cumplir con su trabajo.
“Somos escuelas chiquititas que trabajan con el sector más bajo de la población y lo que duele es cortar los sueños a los alumnos. Si están en el TEC se van a la Ibero y no pasa nada, pero para estos jóvenes esta era su última esperanza (…) los hemos visto llorando, frustrados y nos dicen ‘¿qué hicimos mal?’, y pues no hicieron nada mal, es este sistema que no te voltea a ver”, explicó Darío Sánchez, director general del Instituto Azteca de Formación Empresarial.
Los afectados forman parte de la plantilla estudiantil del Instituto Azteca de Formación Empresarial y del Instituto Competencias Educativas y Profesionales, con sede en Cuautla, Morelos.
Se trata de planteles educativos que cuentan con los Registros de Validez Oficial (REVOE) que expide la Secretaría de Educación Pública (SEP) para impartir el bachillerato en dos años tomando clases a distancia.
En los más de 15 años que han operado, señaló Ethel Velázquez Jaimes, administrativa de ambas escuelas, nunca se había presentado una problemática como la que enfrentan desde octubre pasado cuando sin ninguna razón el funcionario se negó a firmar los certificados de mil 671 alumnos —en un primer momento—, pero ya suman 5 mil los afectados.
A principios de octubre de 2024, Velázquez Jaimes, quien tiene la responsabilidad de llevar a cabo todos los trámites para la obtención y entrega de certificados, aún pudo ingresar la solicitud para pedir la certificación de un grupo de alumnos, pero después ya no fue posible.
Con la entrada de la gobernadora Margarita González Saravia a la funcionaria se le indicó que debe “pedir permiso” con el director general de Educación Media Superior y Superior.
A mediados de octubre pasado, después de esperarlo afuera de su oficina alrededor de cuatro horas, pudo hablar con él aunque, compartió, la conversación se tornó muy extraña, pues le dijo que la carga de trabajo que tenían era bastante por lo que era necesario platicar sobre cómo ayudarse mutuamente.
Sin saber qué responder, Velázquez Jaimes dio por concluida la reunión. En un par de ocasiones mantuvieron comunicación a través de WhatsApp, sin embargo, de pronto él dejó de contestarle y de los cientos de certificados pendientes un día firmó uno y otro día algunos más. En total, de los casi mil 700 certificados ingresados en un primer momento, solo firmó 99.
La omisión ya prácticamente suma un año, tiempo en el que se han ido sumando cientos de jóvenes que concluyeron sus estudios y no han podido recibir sus certificados aunque las escuelas afectadas han promovido demandas y quejas ante el Tribunal de Justicia Administrativa, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno de Morelos y el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Animal Político buscó la versión de la Secretaría de Educación, del Gobierno de Morelos y escribió al correo electrónico institucional del director general de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación, Guadalupe Torres Godínez, para conocer su versión de los hechos. Hasta la publicación de este texto no hubo respuesta.
Sin trabajo ni estudios, por omisión de un funcionario público
Esta situación ha ocasionado que algunos estudiantes no puedan seguir estudiando y a otros a perder sus trabajos: Luis Héctor López, de 20 años de edad, encontró trabajo como policía, pero después de tres meses tuvo que dejar su empleo porque no presentó su certificado de conclusión de bachillerato, un requisito indispensable.
“Nos extendieron una constancia de que su certificado estaba en proceso y con eso ingresó como policía, pero le dieron un tiempo para que pudiera presentar su certificado y como no lo hizo lo dieron de baja”, compartió Elizabeth López, madre del joven.
En entrevista, lamentó que su hijo no pueda conseguir un buen trabajo para apoyarla, pues es madre soltera y no le es posible afrontar todas las necesidades del hogar.
“Quería que terminara su preparatoria para que consiguiera un buen trabajo y pudiera apoyarme (…) lo que pedimos es que empiecen a liberar los certificados de todos. No nada más nos afectan a nosotros, sino también a otros alumnos que quieren seguir estudiando y les truncan la posibilidad por este funcionario que no quiere liberarlos”, agregó la mujer.
Ruth Amaro concluyó sus estudios en enero pasado, pero no puede continuar con su sueño de ser enfermera, pues, aunque hizo el examen y se quedó en la universidad que quería, le informaron que sin el certificado no puede ingresar.
“Mi hija llora por las noches porque sus amigas siguen estudiando y ella no (…) es una desilusión grande porque aspira a ser enfermera”, dijo Daniel Amaro, padre de la joven.
Ante la falta de respuestas de las autoridades, especialmente de la Secretaría de Educación estatal, los padres de familia se están organizando para ir al Palacio de Gobierno y exigir a la gobernadora Margarita González Saravia que tome cartas en el asunto
Entre visitas de verificación y pagos extraordinarios
Tras aquella reunión que sostuvo con el director de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación, Ethel Velázquez Jaimes contó que de la nada comenzaron a llegar verificaciones extraordinarias a las escuelas.
“Me hacen una visita de inspección extraordinaria (…) llega su gente y revisó todo lo que quiso: expedientes, trayectorias, actas, calificaciones, todo”, compartió.
“Asientan en el acta que todo está bien, todos firmamos y se van. Al día siguiente él me escribe y me dice ‘traiga sus documentos’”, agregó. Velázquez Jaimes de inmediato se trasladó a su oficina y Guadalupe Torres Godínez comenzó a firmar los certificados, pero no terminó.
“Le notifican al director general y de ahí se viene un viacrucis”, reprocha la mujer. Hasta la fecha, a pesar de haber una resolución, el funcionario se ha negado a firmar y liberar los certificados de bachillerato.
Aunque Guadalupe Torres Godínez argumenta que los trámites se hicieron de forma extemporánea o que no se hicieron los pagos en tiempo y forma, las escuelas contrataron a un notario público que les certificara sus matrículas, trámites pendientes y demás reportes y documentación ingresada.
“Fue un viernes, si no mal recuerdo, la última audiencia. El magistrado le dice, ‘¿sabes qué?’, si no les firmas es destitución e inhabilitación hasta por 6 años del cargo público’ (…) le llega la notificación el martes o miércoles y el jueves ya estaba amparado ante la resolución”, reprochó Velázquez Jaimes.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: DALILA SARABIA.
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