Nacional

Imágenes del tema: kelvinjay. Con la tecnología de Blogger.

Estados

Política

Violencia

En Congreso morelense, 15 diputados incumplen con su declaración patrimonial: Morelos Rinde Cuentas

Roberto Salinas, director del centro de investigación, informó que, tras un ejercicio de revisión en la Plataforma Nacional de Transparencia, destinado a conocer si los integrantes de la 56 Legislatura habían publicado su declaración patrimonial, se encontraron con un alto nivel de incumplimiento.

A un año y dos meses de asumir sus cargos, 15 de 20 diputados del Congreso de Morelos mantienen oculta su declaración patrimonial inicial, incumpliendo la Ley de Transparencia y, además, podrían estar vulnerando la Ley de Responsabilidades Administrativas. 

Roberto Salinas, director del centro de investigación Morelos Rinde Cuentas, informó que, tras un ejercicio de revisión en la Plataforma Nacional de Transparencia, destinado a conocer si los integrantes de la 56 Legislatura habían publicado su declaración patrimonial, se encontraron con un alto nivel de incumplimiento.

“Son 15 de 20 diputadas y diputados los que no han publicado nada a pesar de ser sujetos obligados”, indicó. 

De acuerdo con la Ley General de Transparencia, en su Artículo 23, todos los congresos del país están obligados a hacer pública su información. En el ámbito estatal, las leyes locales retoman lo establecido en el Artículo 70, que determina qué datos deben estar disponibles para cualquier persona, incluyendo información sobre las y los servidores públicos y el monto de sus percepciones. 

A ello se suma lo dispuesto por el Artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, que ordena a los sujetos obligados —entre ellos el Congreso local— poner a disposición del público toda su información de transparencia en la Plataforma Electrónica del IMIPE y mantenerla actualizada sin necesidad de una solicitud.  

Además, la fracción XII del Reglamento de Transparencia del Estado establece la obligación de publicar la versión pública de las declaraciones de intereses y de situación patrimonial de las y los servidores públicos, tal como lo manda la Constitución estatal. 

La propia Ley de Responsabilidades Administrativas, en su Artículo 34, ordena que todos los servidores públicos presenten declaraciones patrimoniales y de intereses bajo protesta de decir verdad; el Artículo 35 fija los plazos obligatorios para la declaración inicial, la declaración de modificación y la de conclusión del encargo. 

Salinas explicó que únicamente cinco integrantes del Congreso tienen disponible su declaración de inicio. “Dos de ellas, porque están repitiendo como legisladoras, ya tenían publicada la de inicio: Andrea Gordillo y Tania Valentina”, precisó.  

Agregó que otros tres legisladores cumplen con esta obligación, mientras que el resto mantiene la información sin publicar. “Es lamentable que quince legisladores no tengan publicada la información”, señaló. 

Coordinadores parlamentarios en incumplimiento

Encabezan el incumplimiento los coordinadores de grupos y fracciones parlamentarias, así como el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Morelos:
  • Daniel Martínez Terrazas (PAN, Distrito I).
  • Rafael Reyes Reyes (Morena, Distrito VI). 
  • Luis Eduardo Pedrero González (PVEM, plurinominal). 
  • Luz Dary Quevedo Maldonado (Movimiento Cuidando por la Vida, plurinominal). 
  • Ruth Cleotilde Rodríguez López (Panal, plurinominal).
  • Isaac Pimentel Mejía, presidente de la Mesa Directiva (Morena, plurinominal).
Legisladoras y legisladores que no cumplen por partido: 

Morena:
  • Sergio Omar Livera Chavarría (Distrito III).
  • Guillermina Maya Rendón (Distrito IV).
  • Jazmín Juana Solano López (Distrito V). 
  • Nayla Carolina Ruiz Rodríguez (Distrito VII). 
  • Martha Melissa Montes de Oca Montoya (Distrito XII). 
  • Brenda Espinoza López (plurinominal).
PAN:
  • Gerardo Abarca Peña (plurinominal).
  • Francisco Érick Sánchez Zavala (Distrito X).
PT:
  • Alberto Sánchez Ortega (Distrito VIII) 
Legisladoras y legisladores que sí cumplieron:

Morelos Rinde Cuentas identificó que solo cinco diputados tienen publicada su declaración patrimonial; en dos casos, los documentos no están actualizados:
  • Andrea Valentina Guadalupe Gordillo Vega (PAN, Distrito II), declaración de 2021. 
  • Alfredo Domínguez Mandujano (Morena, Distrito IX). 
  • Alfonso de Jesús Sotelo Martínez (Morena, Distrito XI). 
  • Gonzala Eleonor Martínez Gómez (PT, plurinominal). 
  • Tania Valentina Rodríguez Ruiz (PT), declaración de 2018.
En el caso de Andrea Valentina Gordillo y Tania Valentina Rodríguez, la información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia muestra que no han actualizado su declaración de modificación patrimonial, pues la última entregada corresponde a años anteriores. Esto podría constituir un incumplimiento del Artículo 35, inciso b, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos, que obliga a presentar la declaración de modificación cada mes de mayo.

Falta de compromiso institucional

Salinas advirtió que este patrón de incumplimiento se replica en el propio Congreso como institución. “Nos preocupa que el Congreso sea una de las instituciones que menos cumple con la publicación de la información; sobre todo cuando se trata de temas financieros, no les gusta transparentar”, afirmó. 

Agregó que los resultados evidencian una falta de compromiso con la rendición de cuentas. “Esto confirma que no hay realmente un compromiso en cumplir la ley… Es relevante que a quienes legislan no les interesa transparentar”, dijo. 

Finalmente, subrayó que la ausencia de declaraciones patrimoniales “es una alerta sobre legisladores que no cumplen con la ley y que no muestran disposición para transparentar su información”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

Auditoría oculta información de irregularidades en la compra de medicinas durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos

La Auditoría Superior de la Federación testó nombres, fragmentó expedientes y reservó las pruebas de que una red de empresas ligada al círculo de Cuauhtémoc Blanco cobró millones por medicinas y servicios que nunca llegaron a los hospitales de Morelos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) está ocultando las pruebas que recabó sobre medicinas no entregadas, y servicios de anestesia y mantenimiento de equipo médico que no se dieron en 238 hospitales, pero por los que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos pagó al menos 323 millones de pesos.

Animal Político hizo una solicitud de transparencia a la ASF para revisar el expediente de la auditoría realizada a Servicios de Salud de Morelos, pero la institución a cargo de David Colmenares, separó del archivo todo lo relacionado con las pruebas de incumplimiento, argumentando que dicha documentación fue enviada al “área de seguimiento”, dado que la investigación continuaba abierta.

Entre los documentos rasurados están los reportes de las visitas que los auditores hicieron a hospitales y almacenes de Morelos con los que comprobaron los incumplimientos; las entrevistas con los funcionarios de los hospitales que confirmaron el desabasto; facturas emitidas por las empresas; archivos contables de Servicios de Salud de Morelos; reportes fotográficos de los servicios, y evidencia documental del suministro de medicamento a hospitales y clínicas.

Todo lo anterior fue mencionado en la auditoría de cumplimiento forense número 1355, hecha a Servicios de Salud de Morelos, en la que confirmaron que las empresas Santek Health, Comercializadora Manhos y C&M Distribuidora de Medicamentos y Material de Curación incumplieron contratos.

Animal Político reveló que estas tres empresas están relacionadas entre sí por sus socios y representantes legales y compitieron en los mismos procesos de contratación, simulando competencia y obtuvieron contratos por actividades no contempladas en su objeto social.

Además, integrantes de estas empresas son socios de Christian Carmona, consejero estatal de Morena, quien fue allegado a Blanco durante su gobierno y también es primo hermano de Héctor Barón Olivares, el exdirector de los Servicios de Salud de Morelos, quien firmó al menos 11 contratos a favor de la red de empresas.

La fragmentación de un expediente es un ejemplo de opacidad por parte de la Auditoría, advirtió Gerardo Lozano Dubernard, quien entre entre 2018 y 2021 fue auditor especial de Cumplimiento Financiero.

“Tendría que estar la documentación completa. Una de dos, o es un dictamen hecho sobre las rodillas, lo cual sería gravísimo, o rasuraron el expediente, que es lo que yo creo que sucedió, para que ustedes no tengan la información a la vista”, dijo Lozano.

Con su experiencia de tres años en la ASF, Lozano Dubernard insistió en que “tú mandas a seguimiento todo el expediente completo, mandas todo, no mandas una parte. Lo digo porque estuvimos ahí. Nosotros terminamos la auditoría y enviamos el expediente completo”.

La instancia encargada de revisar y vigilar la actuación de la auditoría corresponde a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, presidida por Javier Herrera Borunda, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Este medio lo buscó para conocer qué medidas tomarían ante esto, pero no aceptó la entrevista.

Auditoría testa información clave

Además de entregar el expediente incompleto, la ASF testó datos clave de la investigación, como el nombre y el Registro Federal del Contribuyente (RFC) de las empresas que incumplieron con servicios, una información que tampoco está disponible en el informe público de auditoría. Sin embargo, para la investigación, Animal Político obtuvo los contratos y pudo confirmar el nombre de las compañías.

Ocultar los nombres de las empresas que reciben recursos públicos contraviene una tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó el 19 de noviembre de 2021, en la que resolvió que no se puede ocultar los nombres de las empresas en los informes de la auditoría.

“La transparencia en la fiscalización de las operaciones relacionadas con recursos públicos no tendría sentido si se testara el nombre de los particulares involucrados, ya que son éstos quienes prestan los servicios que constituyen la materia del escrutinio”, resolvió la Suprema Corte.

El Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción, dirigido por Lozano Dubernard, detectó que el ocultamiento de las empresas es sistemático. En una revisión hecha a 20 informes de resultados de auditorías de la cuenta pública 2023, la organización encontró que en ningún caso se menciona el nombre de las compañías implicadas en presuntos hechos de corrupción.

Incumplimientos en el sector salud de Morelos

El pasado mes de septiembre, Animal Político reveló que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos entregó 323 millones de pesos a una red de tres empresas integradas por socios del consejero estatal de Morena, Joan Christian Carmona Barón, para la compra de medicinas y servicios a hospitales, pero los contratos no se cumplieron.

Esto afectó a pacientes de 238 clínicas y hospitales del estado que no recibieron antibióticos, oncológicos, ni los servicios de anestesia indispensables para realizarles cirugías. Tampoco hubo mantenimiento ni reparación para las máquinas de rayos X, incubadoras, ventiladores y desfibriladores para el corazón.

El monto desviado es sólo una muestra. Las tres empresas que incumplieron servicios recibieron 20 contratos del gobierno de Blanco por hasta mil 161 millones de pesos entre 2022 y 2023, según consta en los documentos oficiales.

Aunque la auditoría ocultó los nombres de las compañías en sus reportes, Animal Político accedió a los contratos y detectó la red conformada por Santek Health, Comercializadora Manhos y C&M Distribuidora de Medicamentos, empresas que entre los cinco y ocho meses de haber sido creadas empezaron a ganar contratos millonarios del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, quien actualmente es diputado federal de Morena.

Los recursos que recibió esta red de empresas provenían del gobierno federal, a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y de la compra consolidada que hizo el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), institución que sustituyó al Seguro Popular, programa transexenal eliminado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador al acusar supuesta corrupción.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALEXIS ORTIZ.

Dan 82 años de prisión a Alfonso Miranda Gallegos, exalcalde y exdiputado de Amacuzac, Morelos

Miranda Gallegos es tío de Santiago Mazari Hernández, alias “El Carrete”, líder del grupo criminal Los Rojos.

Alfonso Gabriel Miranda Gallegos, exalcalde de Amacuzac, Morelos, y exdiputado local por el Partido del Trabajo, fue condenado a 82 años y seis meses de prisión por su responsabilidad en delitos de delincuencia organizada, en las modalidades de delitos contra la salud, secuestro, así como secuestro agravado y sele impuso una multa de un millón 225 mil 910 pesos.

Miranda Gallegos es tío de Santiago Mazari Hernández, alias “El Carrete”, líder del grupo criminal Los Rojos.

La resolución se dictó siete años después de su detención y fue emitida por el Juez Sexto de Distrito en Coahuila, con sede en La Laguna, tras la presentación de pruebas por parte del Ministerio Público Federal. 

Miranda Gallegos tiene una trayectoria política consolidada en Amacuzac: fue presidente municipal de 2009 a 2012, posteriormente diputado local en Morelos de 2012 a 2015, y en 2018 regresó a la contienda electoral, resultando alcalde electo pese a encontrarse detenido. 

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Miranda Gallegos integraba la organización delictiva “Los Rojos” y participó, en junio de 2013, en el secuestro de una víctima en Amacuzac. 

Por estos hechos, fue detenido el 6 de mayo de 2018, a semanas del proceso electoral; pese a ello, nunca fue sustituido como candidato a la presidencia municipal y su nombre apareció en las boletas electorales. 

?Miranda Gallegos resultó ser el legítimo ganador de la alcaldía, al computarse casi el 100 por ciento de los votos, liderando la elección con 3 mil 672 sufragios bajo la bandera de la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES). 

Miranda Gallegos y Miranda Abarca participaron en la elección sin realizar campaña, debido a que ambos se encontraban detenidos en ese momento. Miranda Abarca, principal competidor de Miranda Gallegos, pertenece a la familia política antagónica que ha alternado el control municipal con la familia de Miranda Gallegos a lo largo de distintos periodos, consolidando un patrón de dominación por trienios sucesivos.

A pesar de su situación legal, los partidos que los postularon no solicitaron la sustitución de los candidatos, aunque contaban con la posibilidad jurídica de hacerlo, según informaron en su momento autoridades del Impepac. 

Amacuzac, territorio de Los Rojos

Amacuzac ha sido históricamente un municipio estratégico para la operación de grupos delictivos en Morelos. Durante varios años, se convirtió en el centro de operaciones de “Los Rojos”, organización liderada por Santiago Mazari Hernández, alias “El Carrete”, quien nació en este municipio. Su ubicación, a 47.8 kilómetros del centro de Cuernavaca y fronteriza con Guerrero, lo convirtió en un punto clave para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas que conectaban con la Ciudad de México. 

A partir de 2011, “Los Rojos” extendieron su influencia en Amacuzac y al menos siete municipios vecinos, incluidos Jojutla, Zacatepec y Tlaquiltenango, consolidando su control mediante secuestros, extorsiones, robos, asesinatos y desapariciones. La organización surgió como escisión del cártel de los Hermanos Beltrán Leyva y, tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva en 2009, comenzó a operar de manera independiente, estableciendo en Amacuzac su base principal. Familiares de Santiago Mazari vinculados a la política local reforzaron su control territorial durante varios años. 

Durante su reclusión en el Centro Federal de Reinserción Social número 14 “CPS-Durango”, en Gómez Palacio, Durango, Miranda Gallegos habría mantenido comunicación con funcionarios municipales a través de terceros y operado mediante amigos y familiares, evidenciando la influencia política y criminal que mantenía en la región. 

El 3 de junio de 2019 llamó poderosamente la atención que, desde la cárcel y mediante una llamada telefónica, inaugurara la pavimentación de dos calles en la comunidad de Casahuatlán: Río Balsas y Miguel Hidalgo, felicitando a los vecinos de ambas vialidades. Cuatro meses después, el 15 de septiembre, realizó de manera similar su función como alcalde al dar el Grito de Independencia de Amacuzac vía telefónica. Desde el palco de la presidencia municipal, uno de sus hijos anunció que Alfonso Miranda Gallegos procedería a dar el Grito; a través del micrófono se escuchó la voz del exalcalde, con cierta interferencia inicial: “¡Mexicanas y mexicanos, vivan los Niños Héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva Allende! ¡Viva Almada! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva doña Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva el cura Miguel Hidalgo! ¡Viva la Independencia! ¡Viva la justicia y la democracia que nos da la libertad! ¡Viva el Estado de Morelos! ¡Viva México!”. Ambos actos, el de junio y el de septiembre, fueron videograbados y posteriormente difundidos en redes sociales, donde trascendieron ampliamente. 

 Aunque “El Carrete” fue detenido el 1 de agosto de 2019 y sentenciado a 20 años de prisión, su influencia histórica dejó una huella profunda en la dinámica delictiva de la zona. Con el tiempo, la presencia del grupo disminuyó y otras organizaciones comenzaron a disputar el territorio. 

 La sentencia de Miranda Gallegos pone fin a siete años de procesos judiciales que comenzaron con su detención en 2018 y marca un precedente sobre la interacción entre procesos electorales y situaciones legales de los candidatos en la región de Morelos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

Vinculan a proceso a tres policías por lesiones y abuso de autoridad en Zacatepec

María Isabel “N” y Sandra “N” continuarán su proceso en libertad, con la obligación de firmar periódicamente y sin posibilidad de acercarse a la víctima. En el caso de Jesús “N”, el juez ordenó mantener la prisión preventiva.

Tres policías en activo —uno estatal y dos municipales de Zacatepec— fueron vinculados a proceso por su presunta participación en los delitos de lesiones agravadas y abuso de autoridad. Uno de ellos, Jesús “N”, también enfrenta cargos por violación. 

Durante la audiencia realizada en la Ciudad Judicial de Jojutla, el juez de control escuchó los datos de prueba presentados por la Fiscalía Regional Sur Poniente, que acreditó indicios suficientes para iniciar proceso penal contra los tres elementos.

María Isabel “N” y Sandra “N” continuarán su proceso en libertad, con la obligación de firmar periódicamente y sin posibilidad de acercarse a la víctima. En el caso de Jesús “N”, el juez ordenó mantener la prisión preventiva por considerar que existen elementos que justifican esa medida. El plazo para el cierre de la investigación complementaria se fijó en tres meses. 

Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron el pasado 22 de octubre, cuando una mujer denunció haber sido agredida física y verbalmente por los tres policías y, presuntamente, violentada sexualmente por uno de ellos. El caso fue informado previamente por Proceso. 

Tras la denuncia, la Unidad de Delitos contra la Mujer realizó las investigaciones que permitieron obtener y ejecutar las órdenes de aprehensión, cumplimentadas por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). 

La institución detalló que los elementos municipales pertenecen a la Policía de Zacatepec, mientras que el tercero está adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado. 

El titular de la SSPC, Miguel Ángel Urrutia Lozano, confirmó —el pasado 3 de noviembre —la detención de los tres policías y señaló que podrían estar relacionados con otros hechos delictivos. 

Reiteró además que, por instrucción de la gobernadora, los delitos de violencia contra las mujeres son prioridad para el gobierno estatal y que habrá “cero impunidad” en estos casos. 

Las personas mencionadas se presumen inocentes hasta que se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

En un solo día, dos mujeres fueron asesinadas en Temixco y Anenecuilco, Morelos

De acuerdo con información proporcionada por personal de la FGE, ambos casos ya son investigados por la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, aplicando el Protocolo Especial.

En un solo día, dos mujeres fueron localizadas sin vida en los municipios de Temixco y Anenecuilco, en Morelos. De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE), ambos casos se investigan bajo el Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio. 

El primer caso ocurrió en Temixco, municipio ubicado a poco más de 13 kilómetros de Cuernavaca, gobernado por Israel Piña, del Partido Acción Nacional, en alianza con el PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas.

Temixco mantiene activa desde 2015 la Alerta de Violencia de Género, decretada por la Secretaría de Gobernación a través de la Conavim, debido a los altos índices de violencia contra las mujeres registrados en la zona. 

A un año de gestión, el alcalde Israel Piña no ha informado cómo se están cumpliendo las medidas establecidas por dicha alerta para disminuir la violencia contra las mujeres. 

Durante la madrugada del lunes 27 de octubre, vecinos de la colonia Los Presidentes reportaron un incendio en una vivienda ubicada sobre la calle Adolfo López Mateos. 

Al ingresar al inmueble, autoridades hallaron el cuerpo calcinado de una mujer identificada como Laura “N”, de 45 años, con visibles signos de violencia y una extremidad desprendida. 

De acuerdo con testimonios preliminares, un hombre habría agredido a la víctima antes de incendiar la vivienda y darse a la fuga. Personal de la FGE y del Servicio Médico Forense (Semefo) acudió al lugar para realizar los peritajes y el levantamiento del cuerpo. 

Horas más tarde, en el poblado de Anenecuilco, municipio de Ciudad Ayala, fue localizada otra mujer sin vida. El hallazgo ocurrió alrededor de las 17:10 horas, sobre el bulevar Emiliano Zapata, tras un reporte al número de emergencias 911. 

Elementos de la Policía Municipal y paramédicos confirmaron el deceso y acordonaron la zona, mientras agentes de la Policía de Investigación Criminal llevaron a cabo las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado a la morgue local para los procedimientos legales. 

Ciudad Ayala, gobernada por Nayeli Mares Mérida, de Morena, se encuentra a 61 kilómetros de la capital morelense. 

De acuerdo con información proporcionada por personal de la FGE, ambos casos ya son investigados por la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, aplicando el Protocolo Especial de Investigación del Delito de Feminicidio. 

Sin embargo, ninguna autoridad, ni municipal ni estatal, se ha pronunciado al respecto.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Jiutepec mantiene activa la Alerta de Violencia de Género; van cuatro feminicidios en octubre

Jiutepec forma parte de los ocho en Morelos que mantienen activa la Alerta de Violencia de Género (AVG) debido al alto número de agresiones contra mujeres.

Jiutepec mantiene activa la Alerta de Violencia de Género (AVG) por el alto índice de agresiones contra las mujeres y ocupa el quinto lugar en homicidios dolosos, con 53 casos de enero a septiembre de 2025. 

Una mujer fue asesinada este domingo en el municipio de Jiutepec. Con este caso, suman ya cuatro feminicidios en esta municipalidad en lo que va del mes. Jiutepec forma parte de los ocho en Morelos que mantienen activa la Alerta de Violencia de Género (AVG) debido al alto número de agresiones contra mujeres.

Este municipio forma parte de la zona metropolitana de Cuernavaca y actualmente es gobernado por Eder Rodríguez Casillas, quien asumió la presidencia municipal por el partido Acción Nacional (PAN) en alianza con PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas. 

Desde agosto de 2015, Jiutepec es uno de los ocho municipios donde la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) activó la Alerta de Violencia de Género (AVG) debido a los altos índices de violencia y feminicidios que ocurren en estas localidades.  

Sin embargo, hasta el momento, lejos de disminuir la violencia, esta ha aumentado, ya que ninguna autoridad —municipal, estatal o federal— ha cumplido plenamente con las medidas que establece la AVG. Por ello, la situación de riesgo para las mujeres en Jiutepec continúa vigente. 

Este domingo, 26 de octubre, una mujer fue asesinada a balazos a plena luz del día en una zona transitada de la colonia Progreso. 

Según los reportes, vecinos de la calle Emiliano Zapata, cerca del campo deportivo Vicente Alcántar, escucharon detonaciones y dieron aviso a las autoridades. 

Elementos policiacos y paramédicos acudieron al lugar, donde encontraron a la mujer sobre el pavimento con heridas producidas por proyectiles de arma de fuego. 

Vestía sudadera negra y pantalón de mezclilla azul, y los paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales. 

La zona fue asegurada mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaba las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada, y se desconocen los agresores y el móvil del crimen. 

Martes 21 de octubre

Un hombre fue asesinado y una mujer resultó herida dentro de una vivienda en la colonia Calera Chica. Vecinos de la calle Ignacio Alanís reportaron el ataque alrededor de las 19:10 horas. La policía encontró a las víctimas con heridas de bala; los paramédicos confirmaron que el hombre había fallecido, mientras que la mujer fue trasladada a un hospital. 

Jueves 16 de octubre

Durante la madrugada, una mujer fue asesinada a balazos en la colonia Otilio Montaño. El ataque ocurrió alrededor de la 1:20 horas sobre la calle Francisco Villa. Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar detonaciones y encontrar a la víctima tirada en la vía pública. Los paramédicos confirmaron su fallecimiento en el lugar. 

Viernes 4 de octubre

Una pareja fue atacada a balazos dentro de su domicilio en la colonia Campanario. La mujer perdió la vida y el hombre resultó herido. Testigos señalaron que dos sujetos armados salieron del inmueble y huyeron en motocicleta con dirección a la colonia Maravillas. 

De acuerdo con información proporcionada por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), en los cuatro casos investiga la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, bajo el Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para la Investigación del Delito de Feminicidio. 

Hasta el momento, no hay detenidos y ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto. 

En lo que va del mes de octubre se contabilizan, además, 10 homicidios dolosos. 

Hay que recordar que Jiutepec ocupa el quinto lugar en el delito de homicidio doloso, con 53 casos de enero a septiembre, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

Jornada violenta en Morelos deja dos hombres asesinados y una persecución con policías

En menos de 24 horas, se registraron dos homicidios en Jiutepec y Temixco, además de una persecución con policías en Cuernavaca.

La noche de este jueves 9 de octubre, hombres armados irrumpieron en?una vivienda de Jiutepec y asesinaron a quemarropa a un hombre. Horas antes, en Temixco, un operador del transporte público fue ultimado dentro de la base de la ruta que conducía. En ambos casos, los agresores actuaron con extrema violencia y lograron escapar. 

Fuentes policiales informaron que el ataque en Jiutepec ocurrió en la calle Benito Juárez, colonia Otilio Montaño, a pocos metros del DIF municipal. Vecinos relataron haber escuchado al menos diez detonaciones provenientes de un domicilio con portón negro y avisaron de inmediato a las autoridades.

Al llegar, elementos municipales encontraron el cuerpo de un hombre con múltiples heridas de bala. Paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Durante las diligencias, las autoridades observaron dos vehículos estacionados —uno blanco y otro negro— sin que hasta el momento se tengan más detalles. 

Habitantes señalaron que hace aproximadamente un mes se registró un ataque similar en el mismo inmueble. Personal de la Agencia de Investigación Criminal y de Servicios Periciales realizó las actuaciones correspondientes y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense. 

En Temixco, alrededor del mediodía, dos hombres con casco negro irrumpieron en la base de la ruta 11, en la colonia 10 de Abril, y dispararon contra un chofer que se encontraba al interior de la unidad. Los agresores huyeron presuntamente a bordo de una motocicleta. 

Vecinos reportaron varias detonaciones, y al llegar los cuerpos de emergencia, confirmaron que la víctima había fallecido a consecuencia de los impactos de bala. El área fue acordonada mientras la Fiscalía realizaba las investigaciones correspondientes. 

Información extraoficial apunta a que el asesinato podría estar relacionado con intentos de extorsión al concesionario del servicio público, a quien presuntamente se le habría exigido el pago de “uso de suelo”. Según versiones del gremio transportista, el homicidio habría sido una advertencia tras el incumplimiento de dichos pagos. 

Líderes del sector han señalado la falta de atención del alcalde de Temixco, Israel Piña, a quien acusan de mantener una postura distante frente a las agresiones y amenazas que enfrentan los operadores. Hace algunos meses, su ex encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública municipal lo señaló de supuestos vínculos con grupos delictivos; sin embargo, Piña negó tajantemente dichas acusaciones. 

Jiutepec y Temixco forman parte de la zona conurbada de Cuernavaca. Jiutepec está a 8.2 kilómetros de la capital y es gobernado por Eder Rodríguez Casillas, mientras que Temixco se ubica a 13.4 kilómetros y su alcalde es Israel Piña. Ambos municipios son gobernados por alcaldes emanados de la coalición encabezada por el Partido Acción Nacional (PAN), en alianza con PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas. 

Durante la madrugada del mismo día, una persecución policiaca culminó en el poblado de Ocotepec, al norte de Cuernavaca. Un vehículo Volkswagen Golf azul, presuntamente vinculado con la colocación de lonas en distintos puntos de la ciudad, se impactó contra un poste. 

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca, Miguel Ángel Urrutia Lozano, informó que el operativo inició poco después de la una de la mañana sobre avenida Plan de Ayala y concluyó en Prolongación Morelos, cuando los ocupantes del automóvil huyeron en otra camioneta que los esperaba, disparando contra los agentes para evitar su detención. El vehículo fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades. 

La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones sobre los homicidios ocurridos en Jiutepec y Temixco.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

Secuestran y asesinan a funcionario municipal en Cuernavaca

El cuerpo de Alfonso Díaz, jefe del Departamento de Atención de Jardines de la Paz, fue encontrado en un hotel de Xochitepec; autoridades no se han pronunciado.

Alfonso Díaz, jefe del Departamento de Atención de Jardines de la Paz en Cuernavaca, fue secuestrado y asesinado. Su cuerpo fue encontrado abandonado en un hotel de Xochitepec. Hasta ahora, ninguna autoridad, ni municipal ni estatal, ha emitido pronunciamiento sobre el hecho. 

De acuerdo con reportes policiales, Díaz, también exayudante municipal del poblado de Chipitlán, fue hallado sin vida la noche del miércoles 8 de octubre en la habitación número 11 de un auto hotel ubicado en la colonia Miguel Hidalgo, sobre la avenida Aeropuerto.

Personal del establecimiento detalló a las autoridades que el lunes 6 de octubre varias personas llegaron a bordo de un vehículo y rentaron dos habitaciones por un periodo de dos días. Estas abandonaron el lugar durante la madrugada del miércoles, y fue al revisar la habitación que se encontró el cuerpo del funcionario.   

Inmediatamente se dio parte a los números de emergencia, arribando al lugar elementos policiacos, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y servicios de urgencias médicas, quienes confirmaron que Díaz se encontraba sin vida. 

Según reportes policiales, Alfonso presentaba golpes en distintas partes del cuerpo y, de acuerdo con fuentes médicas, traumatismo craneoencefálico, lo que habría provocado su fallecimiento. 

De manera extraoficial se conoció que Díaz habría sido privado de su libertad días antes en Cuernavaca, cerca del panteón de Chipitlán. Durante ese tiempo, los presuntos responsables habrían solicitado un rescate, mismo que la familia pagó con la esperanza de lograr su liberación. 

Paralelamente, sus familiares acudieron a la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia correspondiente por secuestro, a fin de que se iniciara la búsqueda y se intentara su rescate. 

Alfonso Díaz formaba parte del equipo de colaboradores del alcalde de Cuernavaca, José Luis Uriostegui Salgado, quien llegó al poder mediante el Partido Acción Nacional y una alianza con el PRD y Redes Sociales Progresistas. 

Hasta el momento, la FGE no ha emitido información oficial; sin embargo, personal de la dependencia confirmó que se ha iniciado una carpeta de investigación y que se llevan a cabo las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del homicidio, así como para identificar y detener a los responsables. 

Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad del ayuntamiento de Cuernavaca ni del gobierno estatal se había pronunciado sobre el caso, prevaleciendo el silencio institucional.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

Vecinos de Ozumba exigen destitución del director de Policía por omisión en búsqueda de Itzel Díaz

Los pobladores acusan al alcalde de ignorar su petición de búsqueda, y le exigieron destituir al comisario de Seguridad Pública, por no implementar de manera inmediata los protocolos que llevaran a localizar con vida a la joven de 23 años.

Vecinos de Ozumba irrumpieron en el Palacio Municipal y en la casa del alcalde, Ricardo Valencia, donde causaron algunos destrozos, para exigir la destitución del director de la Policía local, a quien acusan de no implementar a tiempo los protocolos de búsqueda de Itzel Díaz González, una joven de 23 años, cuyo cuerpo fue localizado el jueves 9 de octubre, en la cisterna de una vivienda del municipio de Tepetlixpa.  

La joven desapareció el pasado 7 de octubre, después de pedir permiso a su mamá para salir a cenar con el baterista del grupo musical en que cantaba; desde ese día su familia no supo más de ella, por lo que inició la denuncia por desaparición.

Los vecinos se encuentran molestos con el comisario, al considerar que fue omiso para activar en lo inmediato los protocolos de búsqueda; apenas el miércoles, se comprometió a entregar con vida a la joven.   

La lentitud en la reacción de las autoridades locales provocó el enojo de los habitantes, quienes ese mismo día hicieron sonar las campanas de la iglesia para organizar brigadas comunitarias que esta mañana se activaron en los municipios aledaños.  

Mientras, un juez de control en línea otorgó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) una orden de cateo en un inmueble ubicado sobre la calle 2 de Marzo, esquina Morelos, en el municipio vecino de Tepetlixpa, propiedad del músico, diligencia que ocurrió esta tarde, cuando se localizó en la cisterna el cuerpo de la joven.  

El presunto responsable, identificado como José “N”, ya fue detenido, dado que la mañana del día 9 del presente, se habría presentado a declarar ante la Fiscalía regional.  

Tras enterarse sobre el hallazgo, familiares, amigos y vecinos se trasladaron a la casa del alcalde, Ricardo Valencia Valencia, derribaron la puerta y provocaron algunos daños, mientras activistas se manifestaron frente al palacio municipal, realizaron pintas, irrumpieron con el objetivo de presenciar una sesión extraordinaria del Cabildo, y realizaron algunos destrozos, de manera que el ayuntamiento sesionó en un restaurante de Tepetlixpa.  

Los pobladores acusan al alcalde de ignorar su petición de búsqueda en tiempo, y le exigieron destituir al comisario de Seguridad Pública, Heriberto Hernández de la Rosa, por no implementar de manera inmediata los protocolos que llevaran a localizar con vida a Itzel.  

A través de sus redes sociales, el ayuntamiento manifestó su solidaridad con los deudos: “Nos unimos con profundo pesar al dolor que embarga a la familia de Itzel, a nuestros vecinos de Ozumba y a toda la región. Desde Tepetlixpa expresamos nuestra solidaridad y reiteramos nuestro compromiso de colaborar con las autoridades de los distintos niveles de gobierno y con los municipios vecinos para que prevalezca la justicia”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.

Designan a Javier García Tinoco en el TSJ en medio de críticas por nepotismo

Los nombramientos de familiares y personas cercanas a diputadas y diputados en el Órgano de Administración Judicial provocaron críticas por presunto nepotismo y manipulación.

Javier García Tinoco, excomisionado de Mejora Regulatoria del gobierno estatal, fue designado como quinto integrante del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de Morelos, en representación del Poder Ejecutivo. Su nombramiento ocurre en medio de cuestionamientos por presunto nepotismo y manipulación en la integración de dicho órgano, atribuida al Congreso local. 

El pasado 30 de septiembre, la gobernadora Margarita González Saravia Calderón formalizó la designación con base en la Constitución del Estado y el Decreto 165, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad el 19 de mayo de 2025. Dicho órgano tendrá a su cargo la administración y vigilancia del Poder Judicial, con facultades sobre recursos humanos, financieros y logísticos.

García Tinoco fue representante del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) durante los comicios de 2024. Previamente colaboró con Margarita González Saravia en la Lotería Nacional, donde se desempeñó como gerente de la Prosecretaría, y hasta el pasado 30 de septiembre fungió como comisionado de Mejora Regulatoria en el gobierno estatal. 

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), maestrante en Educación por la Universidad Tres Culturas y alumno de la Maestría en Derecho Constitucional en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuenta con una trayectoria de 15 años en el servicio público estatal y federal. Ha ocupado cargos en la Consejería Jurídica del Estado, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Turismo y Cultura. 

De acuerdo con exintegrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y especialistas en la materia, García Tinoco “es el perfil con mayor experiencia entre los designados”. Sin embargo, los otros nombramientos han sido objeto de críticas por presuntos vínculos familiares y políticos. 

Cuestionamientos y defensa de los nombramientos

Las críticas hacia las recientes designaciones se intensificaron luego de que el Congreso de Morelos nombrara a Humberto Paladino Valdovinos —suegro del diputado panista y presidente de la Junta Política y de Gobierno, Daniel Martínez Terrazas— y a Miguel Enrique Lucía Espejo, asesor del diputado morenista Rafael Reyes. 

Posteriormente, el Poder Judicial designó a Yadira Crystal Casarreal Olmedo, excolaboradora del coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Rafael Reyes, y a Catalina Pimentel Mejía, hermana del diputado morenista y presidente de la Mesa Directiva, Isaac Pimentel Mejía. 

Los cuatro nombramientos han generado críticas de actores políticos, juristas y ciudadanía, quienes denuncian presunto nepotismo y una posible concentración de poder por parte del Congreso. 

Proceso buscó a los aludidos para conocer su postura. El único que no respondió a la solicitud de entrevista fue el diputado panista Daniel Martínez Terrazas —el mismo que en las elecciones de 2021 se ostentó como indígena para obtener una diputación federal—. 

Diversos actores políticos, juristas y ciudadanos han expresado su inconformidad, señalando “una evidente injerencia del Congreso en el Poder Judicial”. 

“Hay opiniones a favor”, responde el presidente del TSJ

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Emilio Elizalde Figueroa, respondió a las críticas por la designación de las dos mujeres vinculadas al Congreso. 
“Así como hay críticas, también hay opiniones a favor. Creo, en lo personal, que el hecho de que dos mujeres se incorporen —mujeres jóvenes, con conocimiento de lo que sucede al interior del tribunal— para mí es positivo”, dijo en entrevista. 
Ante los señalamientos sobre la falta de experiencia de una de las designadas, aseguró que “ella tendrá la oportunidad de adecuarse, adaptarse y aceptar el reto que le está planteando el tribunal”.

Sobre las versiones de presuntas negociaciones con el alcalde de Jiutepec, Rafael Reyes, a cambio del haber de retiro para magistradas y magistrados, Elizalde rechazó cualquier pacto: 
“Eso es lo que se comenta, pero la propuesta emanó de un grupo amplio de magistrados. El haber de retiro es una condición ya establecida en el marco normativo; no tiene nada que ver”. 
El presidente del TSJ minimizó los señalamientos políticos:
“Lamentablemente, uno quisiera que todo fueran alabanzas, pero no; hay que prepararse para las críticas. También son importantes para nosotros”. 
Reyes niega nepotismo

El diputado de Morena, Rafael Reyes, también defendió los nombramientos y rechazó cualquier irregularidad: 
“No es algo que yo haya decidido de manera directa; se resolvió por 19 de los 20 diputados, con la ausencia de uno y la abstención de otro”.
Reconoció que una de las personas designadas había trabajado con él, pero insistió en que el proceso se dio conforme al procedimiento legislativo.
“Efectivamente, una persona que había venido participando conmigo fue una de las propuestas, pero esto se decidió a partir del voto de los integrantes del Congreso”. 
El legislador negó cualquier vínculo familiar con los designados:
“Es mentira que se configure un nepotismo en el caso particular del Poder Legislativo, porque Miguel Lucía Espejo no es familiar mío”. 
Y subrayó:
“Todos saben de mi amistad con muchísima gente, y eso no implica caer en la dinámica del nepotismo”. 
Pimentel defiende la designación de su hermana

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva, Isaac Pimentel Mejía, defendió el nombramiento de su hermana, Catalina Pimentel, como integrante del órgano judicial, negando conflicto de interés.
“La determinación no la tomó el Poder Legislativo, la tomó el Poder Judicial por unanimidad”, aseguró. 
Pimentel reconoció el parentesco, pero afirmó que su hermana “llegó por mérito propio”.
“Es mi hermana y me da mucho gusto que, como dice la gobernadora, en tiempos de mujeres se reconozca la capacidad y el derecho a superarse”. 
Añadió que ella cuenta con seis años de experiencia en el Tribunal:
“Ha sido secretaria de acuerdos, actuaria, proyectista de la Junta. Cumple con el perfil. No es una persona nueva o desconocida”. 
Frente a las versiones de presuntos acuerdos políticos, el diputado concluyó:
“De las especulaciones se puede inventar mucho, pero no son reales. Son cuerpos colegiados con autonomía e independencia de poder.” 
Finalmente, Pimentel sostuvo que los recientes movimientos fortalecerán la coordinación entre los tres poderes del estado. 
“Vamos a seguir caminando de la mano los tres poderes por el bien de Morelos.”
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

Corrupción en Morelos: empresas que incumplieron con Cuauhtémoc Blanco fueron contratadas por IMSS-Bienestar y actual gobernadora

El incumplimiento de contratos que les asignó el gobierno de Morelos con Cuauhtémoc Blanco no impidió que la nueva gobernadora, Margarita González Saravia, y el IMSS-Bienestar hayan contratado de nueva cuenta a empresas de la red que formó Joan Christian Carmona Barón, consejero estatal de Morena.

Jennifer tiene 20 años y vive en Coatetelco, Morelos, donde cuida a su suegra de 75 años. La llevó a la clínica comunitaria para revisar sus niveles de azúcar, pero la enfermera no pudo hacerlo: no tenía tiras para medir la glucosa. No es la primera vez que enfrenta carencias. Cuando sus hijos enferman de diarrea y los lleva a consulta, no le dan ni Loperamida, un medicamento básico que cuesta menos de 30 pesos en farmacias.

Coatetelco es un municipio rural donde 8 de cada 10 personas viven en pobreza y no tienen seguridad social. La carretera por la que se llega está rodeada de campos de cultivo y es común que ovejas, caballos o vacas se atraviesen por el camino.

Jennifer toma un mototaxi a las 6 de la mañana para bajar del cerro en el que vive y, después de media hora de camino, ser de las primeras en llegar a la clínica comunitaria. Ahí espera hasta cuatro horas para que un médico la reciba.

El centro de salud de Coatetelco es la única opción en su comunidad. Es de un solo nivel. Tiene consultorios, pero la gente se queja de que no hay personal médico. La farmacia es un cubículo pequeño donde una trabajadora despacha los pocos medicamentos que hay.

Ante las carencias y para no perder tiempo, la familia de Jennifer compra por su cuenta Glibenclamida y Metformina, el tratamiento para controlar la diabetes de su suegra, con los 200 pesos de salario al día que su esposo gana como campesino. Las medicinas cuestan entre 350 y 500 pesos, por eso no siempre puede comprarlas. “En veces, pues no tenemos lo suficiente y hasta dejamos luego así por no haber dinero” (sic), dice la joven.

Las carencias no sólo están en los municipios más pobres de Morelos. También en la capital del estado, Cuernavaca, comúnmente llamada “ciudad de la eterna primavera”, rodeada de casas veraniegas y spas.

José Luis Flores va al Hospital General de Cuernavaca cada tres meses a recoger una caja de Sitagliptina, un medicamento para tratar la diabetes que padece su madre. Este día, como el anterior, le dijeron que no había. Se fue con las manos vacías y la preocupación de cómo hará para comprar la medicina que cuesta 1,500 pesos.

“Hay mucho desabasto de medicamento”, lamenta. “Vengo aquí desde hace un año y casi siempre falta. Nos afecta porque lo debemos comprar, es un desfalco a la economía de la familia”, dice José Luis, dedicado a vender galletas en las calles de Cuernavaca.

Hace tres meses tuvo que suspender el tratamiento de su madre porque no juntó el dinero para la Linagliptina. Esto la afecta a tal grado que cada vez es más frecuente que el aumento en su nivel de azúcar los obliga a salir corriendo en busca de algún médico.


IMSS-Bienestar contrata a empresa que incumplió con entrega de medicamentos

La clínica comunitaria de Coatetelco y el Hospital General de Cuernavaca tienen algo en común: la empresa que debe surtir sus farmacias es C&M Distribuidora de Medicamentos y Material de Curación S.A. de C.V.

Se trata de la misma empresa que en 2023 incumplió con la entrega de medicinas y material de curación a más de 200 hospitales y clínicas de salud de Morelos, durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Aun así, Servicios de Salud de Morelos pagó al menos 207 millones de pesos, según señaló la Auditoría Superior de la Federación.

A pesar de ese antecedente, nuevamente tiene un contrato por 32 millones de pesos que esta vez le fue entregado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través del IMSS-Bienestar, en una adjudicación directa.

De acuerdo con el contrato número CE-MOR-SERV-011-2025, la empresa debió hacer la recolección, almacenamiento y distribución de medicamentos en las farmacias de más de 200 hospitales, lo que se conoce como “última milla”, entre el 22 de abril y el 30 de junio de 2025.

Así consta en el documento firmado por Jair Jiménez Gil, coordinador estatal de los Servicios de Salud del IMSS-Bienestar en Morelos, e Iván Herrera Espinosa, titular de la jefatura de Servicios Administrativos y Finanzas. Sin embargo, los pacientes comprueban el desabasto cada vez que van por sus medicinas y no se las entregan, como relatan las personas entrevistadas.

Entre los faltantes están fármacos básicos, como Linagliptina, Trayenta y Eritropoyetina, para atender la diabetes; la Loperamida, básica para el dolor de estómago, o el Losartán, fundamental para controlar la presión. Uno de los pacientes se quejó incluso de que no hay jarabe para la tos.

En los recorridos realizados por Animal Político en el Hospital General de Cuernavaca, el Hospital de la Mujer de Yautepec y las clínicas comunitarias de Yautepec y Coatetelco, se comprobó que las farmacias de las unidades médicas tienen los letreros de C&M y los trabajadores usan batas con el logo de esta empresa.

Además, continúa dando servicios al gobierno federal. En su página de Facebook ofrece trabajo eventual para Rutas de la Salud, el programa de Claudia Sheinbaum para distribuir medicinas que arrancó el 19 de agosto en Morelos, con 24 camionetas que repartirían 416 mil medicamentos en 204 centros de salud y unidades médicas de los 36 municipios del estado.

Animal Político buscó al IMSS-Bienestar para tener más información del tema. En una nota informativa, la dependencia descartó que hasta ahora haya tenido un problema en la distribución de medicamentos con C&M, y señaló que la contratación de esta compañía se dio porque el gobierno no cuenta con la infraestructura necesaria para recibir y distribuir las medicinas para los hospitales.

Red de empresas favorecidas con millones de pesos en contratos

C&M Distribuidora de Medicamentos y Material de Curación es parte de una red de tres empresas creadas entre 2019 y 2022, y que a los pocos meses de su constitución comenzaron a recibir contratos millonarios del gobierno de Cuauhtémoc Blanco.

Santek Health S.A. de C.V. y Comercializadora Manhos S.A. de C.V. son las otras dos empresas que forman parte de la red. Ambas fueron señaladas por la Auditoría Superior de la Federación por haber incumplido contratos en 2023.

Además de incumplir sus contratos, la red de empresas tiene en común que tres de sus integrantes han sido accionistas y representantes legales de Farmacéutica Medikamenta S.A. de C.V., otra compañía propiedad de Joan Christian Carmona Barón, consejero estatal de Morena y precandidato a una diputación federal en 2023, como reveló Animal Político este 29 de septiembre.

Carmona Barón es primo hermano de Héctor Barón Olivares, exdirector de los Servicios de Salud de Morelos, institución que benefició a la red de empresas con contratos por al menos mil 161 millones de pesos durante el sexenio de Cuauhtémoc Blanco.

Santek Health, otra empresa que incumplió y sigue siendo contratada

Santek Health S.A. de C.V., otra empresa de la red beneficiada durante la administración de Cuauhtémoc Blanco, ha sido favorecida también por la administración de Margarita González Saravia, actual gobernadora de Morelos.

De acuerdo con la Auditoría, esta empresa incumplió con el servicio integral de anestesia a hospitales de Morelos en 2023. A pesar de eso, en el primer año del gobierno de González Saravia recibió siete contratos por hasta 84 millones de pesos.

Entre el 1 y 3 de octubre de 2024, unos días después de que asumiera como gobernadora, Servicios de Salud de Morelos contrató nuevamente a Santek Health a través de tres adjudicaciones directas por hasta 49 millones 215 mil pesos, para servicios por dos meses. Los contratos fueron firmados por la titular, Jacqueline Hernández Ruiz.

En el primer semestre de 2025 recibió otros cuatro contratos por 34 millones 830 mil pesos. Dos de ellos, para realizar hasta 1,036 servicios integrales de anestesia por mes, que incluye proveer equipo, insumos y recursos humanos.

Los servicios deben ser prestados en el Hospital General de Jojutla, Cuernavaca, Axochiapan, Cuautla, Temixco y Tetecala; los hospitales comunitarios de Puente de Ixtla, Ocuituco y Jonacatepec; y el Hospital Comunitario de Hospital de la Mujer de Yautepec.

Otros dos contratos son para realizar hasta 315 servicios para laparoscopía y endoscopía (cirugías de mínima invasión para detectar afectaciones o tumores en el aparato digestivo) en el Hospital General de Cuernavaca, en las áreas de cirugía general, oncología, ginecología, urología y cirugía pediátrica.

Ambos servicios fueron incumplidos por Santek Health, como comprobó la Auditoría Superior de la Federación. Del contrato por anestesias de 2023 cobró 37 millones de pesos, pero no hubo ninguna evidencia de que haya realizado el servicio.

Tampoco hay prueba de la realización de los 11 mil servicios de laparoscopía y endoscopía que debía realizar en 2022, y por los que recibió otros 37 millones de pesos del gobierno de Cuauhtémoc Blanco.


“No hay material ni medicinas”, lamentan pacientes de Morelos

Cristina Pérez, mujer de 59 años y trabajadora del hogar, acompaña a su esposo, de oficio albañil, una vez a la semana al Hospital General de Cuernavaca para que reciba su diálisis y medicamento contra la diabetes, aunque no siempre le brindan una atención completa.

“Nos dijo la enfermera de diálisis que no hay material, se tiene que comprar, pero es muy caro. Ojalá Dios quiera y llegue porque hay mucho paciente que necesita la diálisis”, dice Cristina sentada en una jardinera del Hospital General de Cuernavaca, donde espera a que le den información de su esposo.

La falta de insumos para diálisis no es la única carencia. “Los medicamentos caros son los que hacen mucha falta”, señala Cristina, quien debe comprar la Trayenta, medicina para controlar el nivel de azúcar, que cuesta entre 1,800 y 2,100 pesos. También debe conseguir la Eritropoyetina, con un costo de entre 1,300 y 1,800 pesos, para evitar que se agrave el problema de diabetes de su esposo de 60 años.

“Yo trabajo dos días a la semana y me dan 700 pesos, y si las inyecciones cuestan mil y pico tengo que ver cómo comprarlas porque son tres veces a la semana. Lunes, miércoles y viernes se las tienen que poner a mi esposo”, comenta Cristina.
A un lado de la entrada principal del Hospital General de Cuernavaca se encuentra una farmacia donde Cristina hace fila para recibir sus medicinas. Dentro del módulo de abasto hay un letrero con el nombre de C&M Distribuidora de Medicamentos y Material de Curación, la compañía encargada de este espacio. El trabajador que se encarga de surtir las recetas también tiene una bata con el nombre de la empresa.

La ventanilla se llena especialmente en las mañanas, cuando la mayoría de la gente acude a sus citas médicas. Cristina pasa hasta dos días fuera del hospital mientras dializan a su esposo, lo que le quita tiempo para trabajar y es un problema para ella: los gastos de los medicamentos corren por su cuenta, ya que su pareja era albañil y ahora no puede hacer trabajos pesados por la mala condición de sus riñones.

“Que nos ayuden a enviar el medicamento porque en realidad hay muchas personas que sí lo necesitamos porque somos de bajos recursos, no tenemos la capacidad de estarlo comprando”, pide Cristina a las autoridades.

Población pide garantizar abasto de medicamentos

Abimael Cabañas, joven de 20 años, acudió al centro de salud de Yautepec para que atendieran a su bebé de cuatro meses por una enfermedad del estómago. El médico que revisó a la pequeña le recetó el antibiótico Metronidazol, aunque no lo tenían en la farmacia y tuvo que conseguirlo en una privada. Cuando no le dan las medicinas que requiere gasta alrededor de 500 pesos para conseguirlas, dinero que en ocasiones debe pedir prestado.

“He venido en varias ocasiones por cuestiones de salud y al ir por la medicina no la tienen. A veces son algunos medicamentos un poco básicos, como jarabe para la tos para niños y a veces no lo tienen”, comenta Abimael.

Aurelia, su suegra, lo acompañó. Ella es paciente del mismo lugar desde hace diez años por la hipertensión que padece, y ha sido testigo de la escasez de medicamentos como Losartán y Nifedipino, necesarios para tratar la presión arterial.

Ella usa su Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores para comprar los medicamentos que no le dan en el centro de salud. Gasta unos 80 pesos en sus medicinas cuando hay escasez.

“A veces uno no tiene el dinero, pero hay que comprar la medicina porque es lo lógico, hay que tomarla aunque ahorita está todo muy caro”, menciona Aurelia, mujer viuda que solo tiene una hija que la apoya.

Desde hace cuatro años, Eva Vergara es otra paciente del centro de salud de Yautepec, al que acude una vez al mes por su padecimiento de hipertensión y diabetes. De los medicamentos que ella utiliza, el Nifedipino para la presión arterial es el que más escasea. A veces se lo dan dos veces seguidas y en su tercera visita ya no se lo entregan.

La farmacia del centro de salud tampoco tuvo insulina en noviembre y diciembre de 2024. Eva, mujer de 58 años, tenía una reserva que le ayudó a sentirse bien en ese periodo. Cuando no le dan sus medicamentos gratuitos gasta unos 250 pesos para conseguirlos.

Aunque actualmente hay desabasto, Eva considera que hace cuatro años, cuando empezó a acudir al centro de salud de Yautepec, la falta de medicamentos era más evidente.

Ella, como otros pacientes, pide a las autoridades garantizar el abasto de medicinas: “Es importante surtir el medicamento para nosotros que tenemos una enfermedad que ya no se nos va a quitar. No nada más soy yo, mucha gente acude aquí o a otros lugares y si no hay medicamento, pues hay que comprarlo. Me gustaría que lo tuviéramos siempre, pero si no se puede ¿qué le podemos hacer?”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO (UNIDAD DE INVESTIGACIÓN)
AUTOR: ALEXIS ORTIZ.

Corrupción en Morelos: cómo el gobierno de Cuauhtémoc Blanco pagó millones a empresas que dejaron sin medicamentos a pacientes

Durante el gobierno del exfutbolista Cuauhtémoc Blanco se adjudicaron contratos por 323 mdp a empresas ligadas a un consejero estatal de Morena; el incumplimiento de las empresas dejó sin medicamentos y servicios básicos a pacientes de 238 hospitales y clínicas.

El gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos entregó 323 millones de pesos a una red de tres empresas integradas por socios del consejero estatal de Morena, Joan Christian Carmona Barón, para la compra de medicinas y servicios a hospitales, pero los contratos no se cumplieron.

Esto afectó a pacientes de 238 clínicas y hospitales del estado que no recibieron antibióticos, oncológicos, ni los servicios de anestesia indispensables para realizarles cirugías. Tampoco hubo mantenimiento ni reparación para las máquinas de Rayos X, incubadoras, ventiladores y desfibriladores para el corazón.


El monto desviado es sólo una muestra. Las tres empresas que incumplieron servicios recibieron 20 contratos del gobierno de Blanco por hasta 1 mil 161 millones de pesos entre 2022 y 2023, según consta en los documentos oficiales.

Animal Político confirmó que las empresas beneficiadas, Santek Health S.A. de C.V., Comercializadora Manhos S.A. de C.V. y C&M Distribuidora de Medicamentos y Material de Curación S.A., conforman una red en la que las mismas personas tienen cargos o acciones en ellas.



Además, tres de sus integrantes han sido accionistas y representantes legales de Farmacéutica Medikamenta S.A. de C.V., propiedad de Joan Christian Carmona Barón, precandidato a una diputación federal en 2023 por Morena, y quien como consejero pudo participar en la elaboración del proyecto político del partido en la entidad.

Carmona Barón es primo hermano de Héctor Barón Olivares, exdirector de Servicios de Salud de Morelos, quien firmó 11 de los 20 contratos entregados a las tres empresas de la red, como confirman los documentos y actas de nacimiento obtenidas por este medio. 

También es dueño de tres empresas de verificentros junto con José Ceja Vega, antiguo socio de Cuauhtémoc en Blanco Sport S.A. de C.V., una proveedora de alimentos y bebidas constituida en 2003. En ella figuraba como apoderado legal Edgar Riou Pérez, quien luego fue secretario particular del exfutbolista en la gubernatura de Morelos.

Aunque Carmona Barón no ocupaba un cargo público, fuentes que pidieron anonimato lo señalan como un “operador” del mandatario. Gerardo Becerra Chávez Hita, asesor Anticorrupción y exdirector de Análisis Estratégico de Morelos, atestiguó que se reunían en su oficina en Palacio de Gobierno para hablar de temas del sector salud.

“Yo lo vi unas dos o tres veces (en la oficina de Blanco). Pensé que era asesor en salud pública del gobierno porque sabía que Christian era representante de la farmacéutica Nadro en Morelos”, dijo Becerra Chávez sobre las reuniones que ocurrieron en 2019, cuando la red de empresas se empezó a constituir.

Respecto a los servicios que las empresas debían cumplir, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó los almacenes de los hospitales de Morelos, entrevistó al personal y verificó documentos, con lo cual comprobó el incumplimiento en al menos cinco contratos por medicinas y servicios médicos. Aún así, el gobierno de Blanco les pagó 323 millones de pesos.

Aunque la Auditoría ocultó los nombres de las compañías en sus reportes, Animal Político obtuvo los contratos y confirmó que se trata de esta red de empresas que comenzaron a recibir contratos entre cinco y ocho meses después de ser constituidas, en algunos casos con irregularidades, como simulación de competencia o que no se dedicaran a los servicios contratados.

Por ejemplo, Santek Health se dedicaba a la sanitización de inmuebles e importación de productos, pero en 2022 ganó contratos para dar servicios de laparoscopía y endoscopía, cirugías de mínima invasión para detectar incluso tumores en el aparato digestivo.


Las medicinas y servicios debían llegar a clínicas comunitarias de los municipios con mayor pobreza, como Coatetelco o Xoxotla; Hospitales Generales, como el de Cuernavaca o Jojutla, y de especialidades, como el Hospital del Niño Morelense, de la Mujer de Yautepec, o la Unidad Médica Especializada de Hemodiálisis. 

Los recursos que recibió esta red de empresas provenían del gobierno federal, a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y de la compra consolidada que hizo el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), institución que sustituyó al Seguro Popular, programa transexenal eliminado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador al acusar supuesta corrupción.

Animal Político buscó a Cuauhtémoc Blanco, Cristian Carmona, Héctor Barón y a las tres empresas involucradas para pedirles entrevista y aunque se les informó sobre cada uno de los hallazgos de la investigación, sólo Cristian Carmona declinó emitir postura, de los demás no se tuvo respuesta.

Cuauhtémoc Blanco, de futbolista a gobernador de Morelos

Cuauhtémoc Blanco no era político. Su experiencia se había concentrado en el futbol, con 22 años de carrera como jugador profesional e ídolo popular como capitán en la Selección Nacional en Mundiales y del equipo América. 

En 2015 ganó la presidencia municipal de Cuernavaca con el Partido Socialdemócrata y en 2018 se convirtió en gobernador de Morelos con la promesa de encarcelar a su antecesor, Graco Ramírez, por presuntos hechos de corrupción. Su discurso lo apoyó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien, previo a las elecciones del 2018, dijo: “Vamos a combinar ‘la cuauhtemiña’ con la ‘pejemoña’ para golear y banquear, el primero de julio, al equipo de los malandros”.

Al concluir su periodo en agosto de 2024, Blanco enfrentó numerosos señalamientos de presuntos hechos de corrupción. Funcionarios del gobierno de Margarita González, su sucesora, han encontrado irregularidades en la Comisión Estatal de Seguridad, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Obras, el Fondo para la Competitividad y el Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo.

Actualmente es diputado plurinominal por Morena y, pese a la acusación de abuso sexual en contra de su media hermana, la mayoría de su partido, Morena, impidió su desafuero, lo que le permitió evadir el proceso judicial. 

La red de empresas

Tres personas que han formado parte de Farmacéutica Medikamenta S.A. de C.V., propiedad de Joan Christian Carmona Barón, también han estado en las empresas Santek Health, Comercializadora Manhos y C&M Distribuidora de Medicamentos, la red que recibió los contratos del gobierno de Blanco. 

Una de ellas es Josefina Mayela Márquez Salcedo, socia directa de Carmona Barón. Ambos constituyeron Farmacéutica Medikamenta en febrero de 2018 y en enero de 2020 crearon  la empresa Dirección y Administración de Salud. También fue representante legal de C&M Distribuidora de Medicamentos, según consta en el padrón de proveedores del 2024 de la Secretaría de Salud del estado de Guerrero.


En tanto, Yomalli Bahena Campos firmó como representante de Medikamenta en un proceso de contratación de Chihuahua en 2022, y aparece como accionista de Comercializadora Manhos. En 2023 se enlistó como representante legal de la misma en el padrón de proveedores de Chihuahua, registrando como contacto un correo de Santek Health.

Otro vínculo es Óscar Velazco Arce, accionista de Santek Health hasta 2024, y quien firmó como apoderado legal de Farmacéutica Medikamenta en un contrato con el Instituto Chihuahuense de Salud en 2022.

Mientras que Edgar Omar García Díaz, apoderado legal para actos de administración de Santek Health y Comercializadora Manhos desde 2024, se registró en el padrón de proveedores de Chihuahua en 2024 y 2025 como representante de Comercializadora Manhos con un correo de Santek Health.

Gobierno de Morelos paga y no recibe los servicios médicos

Santek Health S.A. de C.V., Comercializadora Manhos S.A. de C.V.  y C&M Distribuidora de Medicamentos y Material de Curación S.A. de C.V. fueron creadas entre 2019 y 2022, respectivamente, y a los pocos meses de operación comenzaron a recibir contratos millonarios del gobierno de Cuauhtémoc Blanco.

Las tres empresas firmaron contratos por 1 mil 161 millones de pesos, en montos máximos. Sin embargo, hubo irregularidades en las asignaciones. 

Comercializadora Manhos S.A. de C.V., fue constituida el 26 de marzo de 2022. Recibió su primer contrato por adjudicación directa siete meses después de su creación para dar mantenimiento a equipo médico.

Siete meses más tarde recibió un segundo contrato por el mismo servicio, y en febrero de 2025, la Auditoría Superior de la Federación reveló que no hubo evidencia de que la compañía haya cumplido con el segundo contrato.

Santek Health S.A. de C.V. tuvo una historia parecida. Fue constituida el 23 de agosto de 2021. A cuatro meses de su creación recibió su primer contrato por adjudicación directa para dar el servicio integral de anestesia en hospitales, que incluía proveer equipo, insumos, e incluso recursos humanos.

Un año después, la compañía recibió un segundo contrato similar. En febrero de 2025, la Auditoría exhibió que Servicios de Salud de Morelos no entregó pruebas de que se hubieran realizado los 11 mil servicios de anestesias pagados en dicho contrato. 

Simulación de competencia y contratos recibidos sin objeto social

A estas contrataciones recurrentes se suma la competencia simulada entre las mismas empresas en procedimientos de contratación.

Servicios de Salud de Morelos invitó a Santek Health y Comercializadora Manhos a participar en los procedimientos de contratación 006-22-ADQ y 008-22-ADQ. Un documento obtenido mediante solicitud de información muestra que ambas empresas también participaron en las licitaciones de los contratos SSM/ADQ/010/2023 y SSM/ADQ/011/2023. 

En estos procedimientos Santek Health obtuvo contratos por 2 millones 920 mil pesos, mientras Comercializadora Manhos tuvo tres por 8 millones 53 mil pesos.


Estos contratos fueron para la adquisición de material de limpieza, material de laboratorio, productos químicos, accesorios y suministros médicos para el Laboratorio Estatal de Salud Pública, para el Departamento de Epidemiología y para el Departamento de Salud Reproductiva de la Infancia y la Adolescencia.

Aunado a esto, las dos compañías recibieron contratos por servicios que no estaban contemplados en sus objetos sociales, es decir, en la lista de actividades económicas que podían realizar.


El 22 de mayo de 2023, Santek Health añadió a su objeto social que podía dar servicios de anestesia y de cirugías de mínima invasión, sin embargo, para ese entonces ya había recibido cuatro contratos por los que podría recibir hasta 110 millones de pesos. 

Por su parte, Comercializadora Manhos agregó a su objeto social el 6 de febrero de 2024 que podía prestar servicio de mantenimiento preventivo correctivo a equipo médico, aunque para esa fecha ya había recibido dos contratos de hasta 162 millones de pesos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO (UNIDAD DE INVESTIGACIÓN)
AUTOR: ALEXIS ORTIZ.