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Jornada violenta en Morelos deja dos hombres asesinados y una persecución con policías

En menos de 24 horas, se registraron dos homicidios en Jiutepec y Temixco, además de una persecución con policías en Cuernavaca.

La noche de este jueves 9 de octubre, hombres armados irrumpieron en?una vivienda de Jiutepec y asesinaron a quemarropa a un hombre. Horas antes, en Temixco, un operador del transporte público fue ultimado dentro de la base de la ruta que conducía. En ambos casos, los agresores actuaron con extrema violencia y lograron escapar. 

Fuentes policiales informaron que el ataque en Jiutepec ocurrió en la calle Benito Juárez, colonia Otilio Montaño, a pocos metros del DIF municipal. Vecinos relataron haber escuchado al menos diez detonaciones provenientes de un domicilio con portón negro y avisaron de inmediato a las autoridades.

Al llegar, elementos municipales encontraron el cuerpo de un hombre con múltiples heridas de bala. Paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Durante las diligencias, las autoridades observaron dos vehículos estacionados —uno blanco y otro negro— sin que hasta el momento se tengan más detalles. 

Habitantes señalaron que hace aproximadamente un mes se registró un ataque similar en el mismo inmueble. Personal de la Agencia de Investigación Criminal y de Servicios Periciales realizó las actuaciones correspondientes y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense. 

En Temixco, alrededor del mediodía, dos hombres con casco negro irrumpieron en la base de la ruta 11, en la colonia 10 de Abril, y dispararon contra un chofer que se encontraba al interior de la unidad. Los agresores huyeron presuntamente a bordo de una motocicleta. 

Vecinos reportaron varias detonaciones, y al llegar los cuerpos de emergencia, confirmaron que la víctima había fallecido a consecuencia de los impactos de bala. El área fue acordonada mientras la Fiscalía realizaba las investigaciones correspondientes. 

Información extraoficial apunta a que el asesinato podría estar relacionado con intentos de extorsión al concesionario del servicio público, a quien presuntamente se le habría exigido el pago de “uso de suelo”. Según versiones del gremio transportista, el homicidio habría sido una advertencia tras el incumplimiento de dichos pagos. 

Líderes del sector han señalado la falta de atención del alcalde de Temixco, Israel Piña, a quien acusan de mantener una postura distante frente a las agresiones y amenazas que enfrentan los operadores. Hace algunos meses, su ex encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública municipal lo señaló de supuestos vínculos con grupos delictivos; sin embargo, Piña negó tajantemente dichas acusaciones. 

Jiutepec y Temixco forman parte de la zona conurbada de Cuernavaca. Jiutepec está a 8.2 kilómetros de la capital y es gobernado por Eder Rodríguez Casillas, mientras que Temixco se ubica a 13.4 kilómetros y su alcalde es Israel Piña. Ambos municipios son gobernados por alcaldes emanados de la coalición encabezada por el Partido Acción Nacional (PAN), en alianza con PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas. 

Durante la madrugada del mismo día, una persecución policiaca culminó en el poblado de Ocotepec, al norte de Cuernavaca. Un vehículo Volkswagen Golf azul, presuntamente vinculado con la colocación de lonas en distintos puntos de la ciudad, se impactó contra un poste. 

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca, Miguel Ángel Urrutia Lozano, informó que el operativo inició poco después de la una de la mañana sobre avenida Plan de Ayala y concluyó en Prolongación Morelos, cuando los ocupantes del automóvil huyeron en otra camioneta que los esperaba, disparando contra los agentes para evitar su detención. El vehículo fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades. 

La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones sobre los homicidios ocurridos en Jiutepec y Temixco.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

Secuestran y asesinan a funcionario municipal en Cuernavaca

El cuerpo de Alfonso Díaz, jefe del Departamento de Atención de Jardines de la Paz, fue encontrado en un hotel de Xochitepec; autoridades no se han pronunciado.

Alfonso Díaz, jefe del Departamento de Atención de Jardines de la Paz en Cuernavaca, fue secuestrado y asesinado. Su cuerpo fue encontrado abandonado en un hotel de Xochitepec. Hasta ahora, ninguna autoridad, ni municipal ni estatal, ha emitido pronunciamiento sobre el hecho. 

De acuerdo con reportes policiales, Díaz, también exayudante municipal del poblado de Chipitlán, fue hallado sin vida la noche del miércoles 8 de octubre en la habitación número 11 de un auto hotel ubicado en la colonia Miguel Hidalgo, sobre la avenida Aeropuerto.

Personal del establecimiento detalló a las autoridades que el lunes 6 de octubre varias personas llegaron a bordo de un vehículo y rentaron dos habitaciones por un periodo de dos días. Estas abandonaron el lugar durante la madrugada del miércoles, y fue al revisar la habitación que se encontró el cuerpo del funcionario.   

Inmediatamente se dio parte a los números de emergencia, arribando al lugar elementos policiacos, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y servicios de urgencias médicas, quienes confirmaron que Díaz se encontraba sin vida. 

Según reportes policiales, Alfonso presentaba golpes en distintas partes del cuerpo y, de acuerdo con fuentes médicas, traumatismo craneoencefálico, lo que habría provocado su fallecimiento. 

De manera extraoficial se conoció que Díaz habría sido privado de su libertad días antes en Cuernavaca, cerca del panteón de Chipitlán. Durante ese tiempo, los presuntos responsables habrían solicitado un rescate, mismo que la familia pagó con la esperanza de lograr su liberación. 

Paralelamente, sus familiares acudieron a la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia correspondiente por secuestro, a fin de que se iniciara la búsqueda y se intentara su rescate. 

Alfonso Díaz formaba parte del equipo de colaboradores del alcalde de Cuernavaca, José Luis Uriostegui Salgado, quien llegó al poder mediante el Partido Acción Nacional y una alianza con el PRD y Redes Sociales Progresistas. 

Hasta el momento, la FGE no ha emitido información oficial; sin embargo, personal de la dependencia confirmó que se ha iniciado una carpeta de investigación y que se llevan a cabo las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del homicidio, así como para identificar y detener a los responsables. 

Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad del ayuntamiento de Cuernavaca ni del gobierno estatal se había pronunciado sobre el caso, prevaleciendo el silencio institucional.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

Vecinos de Ozumba exigen destitución del director de Policía por omisión en búsqueda de Itzel Díaz

Los pobladores acusan al alcalde de ignorar su petición de búsqueda, y le exigieron destituir al comisario de Seguridad Pública, por no implementar de manera inmediata los protocolos que llevaran a localizar con vida a la joven de 23 años.

Vecinos de Ozumba irrumpieron en el Palacio Municipal y en la casa del alcalde, Ricardo Valencia, donde causaron algunos destrozos, para exigir la destitución del director de la Policía local, a quien acusan de no implementar a tiempo los protocolos de búsqueda de Itzel Díaz González, una joven de 23 años, cuyo cuerpo fue localizado el jueves 9 de octubre, en la cisterna de una vivienda del municipio de Tepetlixpa.  

La joven desapareció el pasado 7 de octubre, después de pedir permiso a su mamá para salir a cenar con el baterista del grupo musical en que cantaba; desde ese día su familia no supo más de ella, por lo que inició la denuncia por desaparición.

Los vecinos se encuentran molestos con el comisario, al considerar que fue omiso para activar en lo inmediato los protocolos de búsqueda; apenas el miércoles, se comprometió a entregar con vida a la joven.   

La lentitud en la reacción de las autoridades locales provocó el enojo de los habitantes, quienes ese mismo día hicieron sonar las campanas de la iglesia para organizar brigadas comunitarias que esta mañana se activaron en los municipios aledaños.  

Mientras, un juez de control en línea otorgó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) una orden de cateo en un inmueble ubicado sobre la calle 2 de Marzo, esquina Morelos, en el municipio vecino de Tepetlixpa, propiedad del músico, diligencia que ocurrió esta tarde, cuando se localizó en la cisterna el cuerpo de la joven.  

El presunto responsable, identificado como José “N”, ya fue detenido, dado que la mañana del día 9 del presente, se habría presentado a declarar ante la Fiscalía regional.  

Tras enterarse sobre el hallazgo, familiares, amigos y vecinos se trasladaron a la casa del alcalde, Ricardo Valencia Valencia, derribaron la puerta y provocaron algunos daños, mientras activistas se manifestaron frente al palacio municipal, realizaron pintas, irrumpieron con el objetivo de presenciar una sesión extraordinaria del Cabildo, y realizaron algunos destrozos, de manera que el ayuntamiento sesionó en un restaurante de Tepetlixpa.  

Los pobladores acusan al alcalde de ignorar su petición de búsqueda en tiempo, y le exigieron destituir al comisario de Seguridad Pública, Heriberto Hernández de la Rosa, por no implementar de manera inmediata los protocolos que llevaran a localizar con vida a Itzel.  

A través de sus redes sociales, el ayuntamiento manifestó su solidaridad con los deudos: “Nos unimos con profundo pesar al dolor que embarga a la familia de Itzel, a nuestros vecinos de Ozumba y a toda la región. Desde Tepetlixpa expresamos nuestra solidaridad y reiteramos nuestro compromiso de colaborar con las autoridades de los distintos niveles de gobierno y con los municipios vecinos para que prevalezca la justicia”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.

Designan a Javier García Tinoco en el TSJ en medio de críticas por nepotismo

Los nombramientos de familiares y personas cercanas a diputadas y diputados en el Órgano de Administración Judicial provocaron críticas por presunto nepotismo y manipulación.

Javier García Tinoco, excomisionado de Mejora Regulatoria del gobierno estatal, fue designado como quinto integrante del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de Morelos, en representación del Poder Ejecutivo. Su nombramiento ocurre en medio de cuestionamientos por presunto nepotismo y manipulación en la integración de dicho órgano, atribuida al Congreso local. 

El pasado 30 de septiembre, la gobernadora Margarita González Saravia Calderón formalizó la designación con base en la Constitución del Estado y el Decreto 165, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad el 19 de mayo de 2025. Dicho órgano tendrá a su cargo la administración y vigilancia del Poder Judicial, con facultades sobre recursos humanos, financieros y logísticos.

García Tinoco fue representante del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) durante los comicios de 2024. Previamente colaboró con Margarita González Saravia en la Lotería Nacional, donde se desempeñó como gerente de la Prosecretaría, y hasta el pasado 30 de septiembre fungió como comisionado de Mejora Regulatoria en el gobierno estatal. 

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), maestrante en Educación por la Universidad Tres Culturas y alumno de la Maestría en Derecho Constitucional en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuenta con una trayectoria de 15 años en el servicio público estatal y federal. Ha ocupado cargos en la Consejería Jurídica del Estado, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Turismo y Cultura. 

De acuerdo con exintegrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y especialistas en la materia, García Tinoco “es el perfil con mayor experiencia entre los designados”. Sin embargo, los otros nombramientos han sido objeto de críticas por presuntos vínculos familiares y políticos. 

Cuestionamientos y defensa de los nombramientos

Las críticas hacia las recientes designaciones se intensificaron luego de que el Congreso de Morelos nombrara a Humberto Paladino Valdovinos —suegro del diputado panista y presidente de la Junta Política y de Gobierno, Daniel Martínez Terrazas— y a Miguel Enrique Lucía Espejo, asesor del diputado morenista Rafael Reyes. 

Posteriormente, el Poder Judicial designó a Yadira Crystal Casarreal Olmedo, excolaboradora del coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Rafael Reyes, y a Catalina Pimentel Mejía, hermana del diputado morenista y presidente de la Mesa Directiva, Isaac Pimentel Mejía. 

Los cuatro nombramientos han generado críticas de actores políticos, juristas y ciudadanía, quienes denuncian presunto nepotismo y una posible concentración de poder por parte del Congreso. 

Proceso buscó a los aludidos para conocer su postura. El único que no respondió a la solicitud de entrevista fue el diputado panista Daniel Martínez Terrazas —el mismo que en las elecciones de 2021 se ostentó como indígena para obtener una diputación federal—. 

Diversos actores políticos, juristas y ciudadanos han expresado su inconformidad, señalando “una evidente injerencia del Congreso en el Poder Judicial”. 

“Hay opiniones a favor”, responde el presidente del TSJ

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Emilio Elizalde Figueroa, respondió a las críticas por la designación de las dos mujeres vinculadas al Congreso. 
“Así como hay críticas, también hay opiniones a favor. Creo, en lo personal, que el hecho de que dos mujeres se incorporen —mujeres jóvenes, con conocimiento de lo que sucede al interior del tribunal— para mí es positivo”, dijo en entrevista. 
Ante los señalamientos sobre la falta de experiencia de una de las designadas, aseguró que “ella tendrá la oportunidad de adecuarse, adaptarse y aceptar el reto que le está planteando el tribunal”.

Sobre las versiones de presuntas negociaciones con el alcalde de Jiutepec, Rafael Reyes, a cambio del haber de retiro para magistradas y magistrados, Elizalde rechazó cualquier pacto: 
“Eso es lo que se comenta, pero la propuesta emanó de un grupo amplio de magistrados. El haber de retiro es una condición ya establecida en el marco normativo; no tiene nada que ver”. 
El presidente del TSJ minimizó los señalamientos políticos:
“Lamentablemente, uno quisiera que todo fueran alabanzas, pero no; hay que prepararse para las críticas. También son importantes para nosotros”. 
Reyes niega nepotismo

El diputado de Morena, Rafael Reyes, también defendió los nombramientos y rechazó cualquier irregularidad: 
“No es algo que yo haya decidido de manera directa; se resolvió por 19 de los 20 diputados, con la ausencia de uno y la abstención de otro”.
Reconoció que una de las personas designadas había trabajado con él, pero insistió en que el proceso se dio conforme al procedimiento legislativo.
“Efectivamente, una persona que había venido participando conmigo fue una de las propuestas, pero esto se decidió a partir del voto de los integrantes del Congreso”. 
El legislador negó cualquier vínculo familiar con los designados:
“Es mentira que se configure un nepotismo en el caso particular del Poder Legislativo, porque Miguel Lucía Espejo no es familiar mío”. 
Y subrayó:
“Todos saben de mi amistad con muchísima gente, y eso no implica caer en la dinámica del nepotismo”. 
Pimentel defiende la designación de su hermana

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva, Isaac Pimentel Mejía, defendió el nombramiento de su hermana, Catalina Pimentel, como integrante del órgano judicial, negando conflicto de interés.
“La determinación no la tomó el Poder Legislativo, la tomó el Poder Judicial por unanimidad”, aseguró. 
Pimentel reconoció el parentesco, pero afirmó que su hermana “llegó por mérito propio”.
“Es mi hermana y me da mucho gusto que, como dice la gobernadora, en tiempos de mujeres se reconozca la capacidad y el derecho a superarse”. 
Añadió que ella cuenta con seis años de experiencia en el Tribunal:
“Ha sido secretaria de acuerdos, actuaria, proyectista de la Junta. Cumple con el perfil. No es una persona nueva o desconocida”. 
Frente a las versiones de presuntos acuerdos políticos, el diputado concluyó:
“De las especulaciones se puede inventar mucho, pero no son reales. Son cuerpos colegiados con autonomía e independencia de poder.” 
Finalmente, Pimentel sostuvo que los recientes movimientos fortalecerán la coordinación entre los tres poderes del estado. 
“Vamos a seguir caminando de la mano los tres poderes por el bien de Morelos.”
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

Corrupción en Morelos: empresas que incumplieron con Cuauhtémoc Blanco fueron contratadas por IMSS-Bienestar y actual gobernadora

El incumplimiento de contratos que les asignó el gobierno de Morelos con Cuauhtémoc Blanco no impidió que la nueva gobernadora, Margarita González Saravia, y el IMSS-Bienestar hayan contratado de nueva cuenta a empresas de la red que formó Joan Christian Carmona Barón, consejero estatal de Morena.

Jennifer tiene 20 años y vive en Coatetelco, Morelos, donde cuida a su suegra de 75 años. La llevó a la clínica comunitaria para revisar sus niveles de azúcar, pero la enfermera no pudo hacerlo: no tenía tiras para medir la glucosa. No es la primera vez que enfrenta carencias. Cuando sus hijos enferman de diarrea y los lleva a consulta, no le dan ni Loperamida, un medicamento básico que cuesta menos de 30 pesos en farmacias.

Coatetelco es un municipio rural donde 8 de cada 10 personas viven en pobreza y no tienen seguridad social. La carretera por la que se llega está rodeada de campos de cultivo y es común que ovejas, caballos o vacas se atraviesen por el camino.

Jennifer toma un mototaxi a las 6 de la mañana para bajar del cerro en el que vive y, después de media hora de camino, ser de las primeras en llegar a la clínica comunitaria. Ahí espera hasta cuatro horas para que un médico la reciba.

El centro de salud de Coatetelco es la única opción en su comunidad. Es de un solo nivel. Tiene consultorios, pero la gente se queja de que no hay personal médico. La farmacia es un cubículo pequeño donde una trabajadora despacha los pocos medicamentos que hay.

Ante las carencias y para no perder tiempo, la familia de Jennifer compra por su cuenta Glibenclamida y Metformina, el tratamiento para controlar la diabetes de su suegra, con los 200 pesos de salario al día que su esposo gana como campesino. Las medicinas cuestan entre 350 y 500 pesos, por eso no siempre puede comprarlas. “En veces, pues no tenemos lo suficiente y hasta dejamos luego así por no haber dinero” (sic), dice la joven.

Las carencias no sólo están en los municipios más pobres de Morelos. También en la capital del estado, Cuernavaca, comúnmente llamada “ciudad de la eterna primavera”, rodeada de casas veraniegas y spas.

José Luis Flores va al Hospital General de Cuernavaca cada tres meses a recoger una caja de Sitagliptina, un medicamento para tratar la diabetes que padece su madre. Este día, como el anterior, le dijeron que no había. Se fue con las manos vacías y la preocupación de cómo hará para comprar la medicina que cuesta 1,500 pesos.

“Hay mucho desabasto de medicamento”, lamenta. “Vengo aquí desde hace un año y casi siempre falta. Nos afecta porque lo debemos comprar, es un desfalco a la economía de la familia”, dice José Luis, dedicado a vender galletas en las calles de Cuernavaca.

Hace tres meses tuvo que suspender el tratamiento de su madre porque no juntó el dinero para la Linagliptina. Esto la afecta a tal grado que cada vez es más frecuente que el aumento en su nivel de azúcar los obliga a salir corriendo en busca de algún médico.


IMSS-Bienestar contrata a empresa que incumplió con entrega de medicamentos

La clínica comunitaria de Coatetelco y el Hospital General de Cuernavaca tienen algo en común: la empresa que debe surtir sus farmacias es C&M Distribuidora de Medicamentos y Material de Curación S.A. de C.V.

Se trata de la misma empresa que en 2023 incumplió con la entrega de medicinas y material de curación a más de 200 hospitales y clínicas de salud de Morelos, durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Aun así, Servicios de Salud de Morelos pagó al menos 207 millones de pesos, según señaló la Auditoría Superior de la Federación.

A pesar de ese antecedente, nuevamente tiene un contrato por 32 millones de pesos que esta vez le fue entregado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través del IMSS-Bienestar, en una adjudicación directa.

De acuerdo con el contrato número CE-MOR-SERV-011-2025, la empresa debió hacer la recolección, almacenamiento y distribución de medicamentos en las farmacias de más de 200 hospitales, lo que se conoce como “última milla”, entre el 22 de abril y el 30 de junio de 2025.

Así consta en el documento firmado por Jair Jiménez Gil, coordinador estatal de los Servicios de Salud del IMSS-Bienestar en Morelos, e Iván Herrera Espinosa, titular de la jefatura de Servicios Administrativos y Finanzas. Sin embargo, los pacientes comprueban el desabasto cada vez que van por sus medicinas y no se las entregan, como relatan las personas entrevistadas.

Entre los faltantes están fármacos básicos, como Linagliptina, Trayenta y Eritropoyetina, para atender la diabetes; la Loperamida, básica para el dolor de estómago, o el Losartán, fundamental para controlar la presión. Uno de los pacientes se quejó incluso de que no hay jarabe para la tos.

En los recorridos realizados por Animal Político en el Hospital General de Cuernavaca, el Hospital de la Mujer de Yautepec y las clínicas comunitarias de Yautepec y Coatetelco, se comprobó que las farmacias de las unidades médicas tienen los letreros de C&M y los trabajadores usan batas con el logo de esta empresa.

Además, continúa dando servicios al gobierno federal. En su página de Facebook ofrece trabajo eventual para Rutas de la Salud, el programa de Claudia Sheinbaum para distribuir medicinas que arrancó el 19 de agosto en Morelos, con 24 camionetas que repartirían 416 mil medicamentos en 204 centros de salud y unidades médicas de los 36 municipios del estado.

Animal Político buscó al IMSS-Bienestar para tener más información del tema. En una nota informativa, la dependencia descartó que hasta ahora haya tenido un problema en la distribución de medicamentos con C&M, y señaló que la contratación de esta compañía se dio porque el gobierno no cuenta con la infraestructura necesaria para recibir y distribuir las medicinas para los hospitales.

Red de empresas favorecidas con millones de pesos en contratos

C&M Distribuidora de Medicamentos y Material de Curación es parte de una red de tres empresas creadas entre 2019 y 2022, y que a los pocos meses de su constitución comenzaron a recibir contratos millonarios del gobierno de Cuauhtémoc Blanco.

Santek Health S.A. de C.V. y Comercializadora Manhos S.A. de C.V. son las otras dos empresas que forman parte de la red. Ambas fueron señaladas por la Auditoría Superior de la Federación por haber incumplido contratos en 2023.

Además de incumplir sus contratos, la red de empresas tiene en común que tres de sus integrantes han sido accionistas y representantes legales de Farmacéutica Medikamenta S.A. de C.V., otra compañía propiedad de Joan Christian Carmona Barón, consejero estatal de Morena y precandidato a una diputación federal en 2023, como reveló Animal Político este 29 de septiembre.

Carmona Barón es primo hermano de Héctor Barón Olivares, exdirector de los Servicios de Salud de Morelos, institución que benefició a la red de empresas con contratos por al menos mil 161 millones de pesos durante el sexenio de Cuauhtémoc Blanco.

Santek Health, otra empresa que incumplió y sigue siendo contratada

Santek Health S.A. de C.V., otra empresa de la red beneficiada durante la administración de Cuauhtémoc Blanco, ha sido favorecida también por la administración de Margarita González Saravia, actual gobernadora de Morelos.

De acuerdo con la Auditoría, esta empresa incumplió con el servicio integral de anestesia a hospitales de Morelos en 2023. A pesar de eso, en el primer año del gobierno de González Saravia recibió siete contratos por hasta 84 millones de pesos.

Entre el 1 y 3 de octubre de 2024, unos días después de que asumiera como gobernadora, Servicios de Salud de Morelos contrató nuevamente a Santek Health a través de tres adjudicaciones directas por hasta 49 millones 215 mil pesos, para servicios por dos meses. Los contratos fueron firmados por la titular, Jacqueline Hernández Ruiz.

En el primer semestre de 2025 recibió otros cuatro contratos por 34 millones 830 mil pesos. Dos de ellos, para realizar hasta 1,036 servicios integrales de anestesia por mes, que incluye proveer equipo, insumos y recursos humanos.

Los servicios deben ser prestados en el Hospital General de Jojutla, Cuernavaca, Axochiapan, Cuautla, Temixco y Tetecala; los hospitales comunitarios de Puente de Ixtla, Ocuituco y Jonacatepec; y el Hospital Comunitario de Hospital de la Mujer de Yautepec.

Otros dos contratos son para realizar hasta 315 servicios para laparoscopía y endoscopía (cirugías de mínima invasión para detectar afectaciones o tumores en el aparato digestivo) en el Hospital General de Cuernavaca, en las áreas de cirugía general, oncología, ginecología, urología y cirugía pediátrica.

Ambos servicios fueron incumplidos por Santek Health, como comprobó la Auditoría Superior de la Federación. Del contrato por anestesias de 2023 cobró 37 millones de pesos, pero no hubo ninguna evidencia de que haya realizado el servicio.

Tampoco hay prueba de la realización de los 11 mil servicios de laparoscopía y endoscopía que debía realizar en 2022, y por los que recibió otros 37 millones de pesos del gobierno de Cuauhtémoc Blanco.


“No hay material ni medicinas”, lamentan pacientes de Morelos

Cristina Pérez, mujer de 59 años y trabajadora del hogar, acompaña a su esposo, de oficio albañil, una vez a la semana al Hospital General de Cuernavaca para que reciba su diálisis y medicamento contra la diabetes, aunque no siempre le brindan una atención completa.

“Nos dijo la enfermera de diálisis que no hay material, se tiene que comprar, pero es muy caro. Ojalá Dios quiera y llegue porque hay mucho paciente que necesita la diálisis”, dice Cristina sentada en una jardinera del Hospital General de Cuernavaca, donde espera a que le den información de su esposo.

La falta de insumos para diálisis no es la única carencia. “Los medicamentos caros son los que hacen mucha falta”, señala Cristina, quien debe comprar la Trayenta, medicina para controlar el nivel de azúcar, que cuesta entre 1,800 y 2,100 pesos. También debe conseguir la Eritropoyetina, con un costo de entre 1,300 y 1,800 pesos, para evitar que se agrave el problema de diabetes de su esposo de 60 años.

“Yo trabajo dos días a la semana y me dan 700 pesos, y si las inyecciones cuestan mil y pico tengo que ver cómo comprarlas porque son tres veces a la semana. Lunes, miércoles y viernes se las tienen que poner a mi esposo”, comenta Cristina.
A un lado de la entrada principal del Hospital General de Cuernavaca se encuentra una farmacia donde Cristina hace fila para recibir sus medicinas. Dentro del módulo de abasto hay un letrero con el nombre de C&M Distribuidora de Medicamentos y Material de Curación, la compañía encargada de este espacio. El trabajador que se encarga de surtir las recetas también tiene una bata con el nombre de la empresa.

La ventanilla se llena especialmente en las mañanas, cuando la mayoría de la gente acude a sus citas médicas. Cristina pasa hasta dos días fuera del hospital mientras dializan a su esposo, lo que le quita tiempo para trabajar y es un problema para ella: los gastos de los medicamentos corren por su cuenta, ya que su pareja era albañil y ahora no puede hacer trabajos pesados por la mala condición de sus riñones.

“Que nos ayuden a enviar el medicamento porque en realidad hay muchas personas que sí lo necesitamos porque somos de bajos recursos, no tenemos la capacidad de estarlo comprando”, pide Cristina a las autoridades.

Población pide garantizar abasto de medicamentos

Abimael Cabañas, joven de 20 años, acudió al centro de salud de Yautepec para que atendieran a su bebé de cuatro meses por una enfermedad del estómago. El médico que revisó a la pequeña le recetó el antibiótico Metronidazol, aunque no lo tenían en la farmacia y tuvo que conseguirlo en una privada. Cuando no le dan las medicinas que requiere gasta alrededor de 500 pesos para conseguirlas, dinero que en ocasiones debe pedir prestado.

“He venido en varias ocasiones por cuestiones de salud y al ir por la medicina no la tienen. A veces son algunos medicamentos un poco básicos, como jarabe para la tos para niños y a veces no lo tienen”, comenta Abimael.

Aurelia, su suegra, lo acompañó. Ella es paciente del mismo lugar desde hace diez años por la hipertensión que padece, y ha sido testigo de la escasez de medicamentos como Losartán y Nifedipino, necesarios para tratar la presión arterial.

Ella usa su Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores para comprar los medicamentos que no le dan en el centro de salud. Gasta unos 80 pesos en sus medicinas cuando hay escasez.

“A veces uno no tiene el dinero, pero hay que comprar la medicina porque es lo lógico, hay que tomarla aunque ahorita está todo muy caro”, menciona Aurelia, mujer viuda que solo tiene una hija que la apoya.

Desde hace cuatro años, Eva Vergara es otra paciente del centro de salud de Yautepec, al que acude una vez al mes por su padecimiento de hipertensión y diabetes. De los medicamentos que ella utiliza, el Nifedipino para la presión arterial es el que más escasea. A veces se lo dan dos veces seguidas y en su tercera visita ya no se lo entregan.

La farmacia del centro de salud tampoco tuvo insulina en noviembre y diciembre de 2024. Eva, mujer de 58 años, tenía una reserva que le ayudó a sentirse bien en ese periodo. Cuando no le dan sus medicamentos gratuitos gasta unos 250 pesos para conseguirlos.

Aunque actualmente hay desabasto, Eva considera que hace cuatro años, cuando empezó a acudir al centro de salud de Yautepec, la falta de medicamentos era más evidente.

Ella, como otros pacientes, pide a las autoridades garantizar el abasto de medicinas: “Es importante surtir el medicamento para nosotros que tenemos una enfermedad que ya no se nos va a quitar. No nada más soy yo, mucha gente acude aquí o a otros lugares y si no hay medicamento, pues hay que comprarlo. Me gustaría que lo tuviéramos siempre, pero si no se puede ¿qué le podemos hacer?”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO (UNIDAD DE INVESTIGACIÓN)
AUTOR: ALEXIS ORTIZ.

Corrupción en Morelos: cómo el gobierno de Cuauhtémoc Blanco pagó millones a empresas que dejaron sin medicamentos a pacientes

Durante el gobierno del exfutbolista Cuauhtémoc Blanco se adjudicaron contratos por 323 mdp a empresas ligadas a un consejero estatal de Morena; el incumplimiento de las empresas dejó sin medicamentos y servicios básicos a pacientes de 238 hospitales y clínicas.

El gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos entregó 323 millones de pesos a una red de tres empresas integradas por socios del consejero estatal de Morena, Joan Christian Carmona Barón, para la compra de medicinas y servicios a hospitales, pero los contratos no se cumplieron.

Esto afectó a pacientes de 238 clínicas y hospitales del estado que no recibieron antibióticos, oncológicos, ni los servicios de anestesia indispensables para realizarles cirugías. Tampoco hubo mantenimiento ni reparación para las máquinas de Rayos X, incubadoras, ventiladores y desfibriladores para el corazón.


El monto desviado es sólo una muestra. Las tres empresas que incumplieron servicios recibieron 20 contratos del gobierno de Blanco por hasta 1 mil 161 millones de pesos entre 2022 y 2023, según consta en los documentos oficiales.

Animal Político confirmó que las empresas beneficiadas, Santek Health S.A. de C.V., Comercializadora Manhos S.A. de C.V. y C&M Distribuidora de Medicamentos y Material de Curación S.A., conforman una red en la que las mismas personas tienen cargos o acciones en ellas.



Además, tres de sus integrantes han sido accionistas y representantes legales de Farmacéutica Medikamenta S.A. de C.V., propiedad de Joan Christian Carmona Barón, precandidato a una diputación federal en 2023 por Morena, y quien como consejero pudo participar en la elaboración del proyecto político del partido en la entidad.

Carmona Barón es primo hermano de Héctor Barón Olivares, exdirector de Servicios de Salud de Morelos, quien firmó 11 de los 20 contratos entregados a las tres empresas de la red, como confirman los documentos y actas de nacimiento obtenidas por este medio. 

También es dueño de tres empresas de verificentros junto con José Ceja Vega, antiguo socio de Cuauhtémoc en Blanco Sport S.A. de C.V., una proveedora de alimentos y bebidas constituida en 2003. En ella figuraba como apoderado legal Edgar Riou Pérez, quien luego fue secretario particular del exfutbolista en la gubernatura de Morelos.

Aunque Carmona Barón no ocupaba un cargo público, fuentes que pidieron anonimato lo señalan como un “operador” del mandatario. Gerardo Becerra Chávez Hita, asesor Anticorrupción y exdirector de Análisis Estratégico de Morelos, atestiguó que se reunían en su oficina en Palacio de Gobierno para hablar de temas del sector salud.

“Yo lo vi unas dos o tres veces (en la oficina de Blanco). Pensé que era asesor en salud pública del gobierno porque sabía que Christian era representante de la farmacéutica Nadro en Morelos”, dijo Becerra Chávez sobre las reuniones que ocurrieron en 2019, cuando la red de empresas se empezó a constituir.

Respecto a los servicios que las empresas debían cumplir, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó los almacenes de los hospitales de Morelos, entrevistó al personal y verificó documentos, con lo cual comprobó el incumplimiento en al menos cinco contratos por medicinas y servicios médicos. Aún así, el gobierno de Blanco les pagó 323 millones de pesos.

Aunque la Auditoría ocultó los nombres de las compañías en sus reportes, Animal Político obtuvo los contratos y confirmó que se trata de esta red de empresas que comenzaron a recibir contratos entre cinco y ocho meses después de ser constituidas, en algunos casos con irregularidades, como simulación de competencia o que no se dedicaran a los servicios contratados.

Por ejemplo, Santek Health se dedicaba a la sanitización de inmuebles e importación de productos, pero en 2022 ganó contratos para dar servicios de laparoscopía y endoscopía, cirugías de mínima invasión para detectar incluso tumores en el aparato digestivo.


Las medicinas y servicios debían llegar a clínicas comunitarias de los municipios con mayor pobreza, como Coatetelco o Xoxotla; Hospitales Generales, como el de Cuernavaca o Jojutla, y de especialidades, como el Hospital del Niño Morelense, de la Mujer de Yautepec, o la Unidad Médica Especializada de Hemodiálisis. 

Los recursos que recibió esta red de empresas provenían del gobierno federal, a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y de la compra consolidada que hizo el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), institución que sustituyó al Seguro Popular, programa transexenal eliminado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador al acusar supuesta corrupción.

Animal Político buscó a Cuauhtémoc Blanco, Cristian Carmona, Héctor Barón y a las tres empresas involucradas para pedirles entrevista y aunque se les informó sobre cada uno de los hallazgos de la investigación, sólo Cristian Carmona declinó emitir postura, de los demás no se tuvo respuesta.

Cuauhtémoc Blanco, de futbolista a gobernador de Morelos

Cuauhtémoc Blanco no era político. Su experiencia se había concentrado en el futbol, con 22 años de carrera como jugador profesional e ídolo popular como capitán en la Selección Nacional en Mundiales y del equipo América. 

En 2015 ganó la presidencia municipal de Cuernavaca con el Partido Socialdemócrata y en 2018 se convirtió en gobernador de Morelos con la promesa de encarcelar a su antecesor, Graco Ramírez, por presuntos hechos de corrupción. Su discurso lo apoyó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien, previo a las elecciones del 2018, dijo: “Vamos a combinar ‘la cuauhtemiña’ con la ‘pejemoña’ para golear y banquear, el primero de julio, al equipo de los malandros”.

Al concluir su periodo en agosto de 2024, Blanco enfrentó numerosos señalamientos de presuntos hechos de corrupción. Funcionarios del gobierno de Margarita González, su sucesora, han encontrado irregularidades en la Comisión Estatal de Seguridad, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Obras, el Fondo para la Competitividad y el Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo.

Actualmente es diputado plurinominal por Morena y, pese a la acusación de abuso sexual en contra de su media hermana, la mayoría de su partido, Morena, impidió su desafuero, lo que le permitió evadir el proceso judicial. 

La red de empresas

Tres personas que han formado parte de Farmacéutica Medikamenta S.A. de C.V., propiedad de Joan Christian Carmona Barón, también han estado en las empresas Santek Health, Comercializadora Manhos y C&M Distribuidora de Medicamentos, la red que recibió los contratos del gobierno de Blanco. 

Una de ellas es Josefina Mayela Márquez Salcedo, socia directa de Carmona Barón. Ambos constituyeron Farmacéutica Medikamenta en febrero de 2018 y en enero de 2020 crearon  la empresa Dirección y Administración de Salud. También fue representante legal de C&M Distribuidora de Medicamentos, según consta en el padrón de proveedores del 2024 de la Secretaría de Salud del estado de Guerrero.


En tanto, Yomalli Bahena Campos firmó como representante de Medikamenta en un proceso de contratación de Chihuahua en 2022, y aparece como accionista de Comercializadora Manhos. En 2023 se enlistó como representante legal de la misma en el padrón de proveedores de Chihuahua, registrando como contacto un correo de Santek Health.

Otro vínculo es Óscar Velazco Arce, accionista de Santek Health hasta 2024, y quien firmó como apoderado legal de Farmacéutica Medikamenta en un contrato con el Instituto Chihuahuense de Salud en 2022.

Mientras que Edgar Omar García Díaz, apoderado legal para actos de administración de Santek Health y Comercializadora Manhos desde 2024, se registró en el padrón de proveedores de Chihuahua en 2024 y 2025 como representante de Comercializadora Manhos con un correo de Santek Health.

Gobierno de Morelos paga y no recibe los servicios médicos

Santek Health S.A. de C.V., Comercializadora Manhos S.A. de C.V.  y C&M Distribuidora de Medicamentos y Material de Curación S.A. de C.V. fueron creadas entre 2019 y 2022, respectivamente, y a los pocos meses de operación comenzaron a recibir contratos millonarios del gobierno de Cuauhtémoc Blanco.

Las tres empresas firmaron contratos por 1 mil 161 millones de pesos, en montos máximos. Sin embargo, hubo irregularidades en las asignaciones. 

Comercializadora Manhos S.A. de C.V., fue constituida el 26 de marzo de 2022. Recibió su primer contrato por adjudicación directa siete meses después de su creación para dar mantenimiento a equipo médico.

Siete meses más tarde recibió un segundo contrato por el mismo servicio, y en febrero de 2025, la Auditoría Superior de la Federación reveló que no hubo evidencia de que la compañía haya cumplido con el segundo contrato.

Santek Health S.A. de C.V. tuvo una historia parecida. Fue constituida el 23 de agosto de 2021. A cuatro meses de su creación recibió su primer contrato por adjudicación directa para dar el servicio integral de anestesia en hospitales, que incluía proveer equipo, insumos, e incluso recursos humanos.

Un año después, la compañía recibió un segundo contrato similar. En febrero de 2025, la Auditoría exhibió que Servicios de Salud de Morelos no entregó pruebas de que se hubieran realizado los 11 mil servicios de anestesias pagados en dicho contrato. 

Simulación de competencia y contratos recibidos sin objeto social

A estas contrataciones recurrentes se suma la competencia simulada entre las mismas empresas en procedimientos de contratación.

Servicios de Salud de Morelos invitó a Santek Health y Comercializadora Manhos a participar en los procedimientos de contratación 006-22-ADQ y 008-22-ADQ. Un documento obtenido mediante solicitud de información muestra que ambas empresas también participaron en las licitaciones de los contratos SSM/ADQ/010/2023 y SSM/ADQ/011/2023. 

En estos procedimientos Santek Health obtuvo contratos por 2 millones 920 mil pesos, mientras Comercializadora Manhos tuvo tres por 8 millones 53 mil pesos.


Estos contratos fueron para la adquisición de material de limpieza, material de laboratorio, productos químicos, accesorios y suministros médicos para el Laboratorio Estatal de Salud Pública, para el Departamento de Epidemiología y para el Departamento de Salud Reproductiva de la Infancia y la Adolescencia.

Aunado a esto, las dos compañías recibieron contratos por servicios que no estaban contemplados en sus objetos sociales, es decir, en la lista de actividades económicas que podían realizar.


El 22 de mayo de 2023, Santek Health añadió a su objeto social que podía dar servicios de anestesia y de cirugías de mínima invasión, sin embargo, para ese entonces ya había recibido cuatro contratos por los que podría recibir hasta 110 millones de pesos. 

Por su parte, Comercializadora Manhos agregó a su objeto social el 6 de febrero de 2024 que podía prestar servicio de mantenimiento preventivo correctivo a equipo médico, aunque para esa fecha ya había recibido dos contratos de hasta 162 millones de pesos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO (UNIDAD DE INVESTIGACIÓN)
AUTOR: ALEXIS ORTIZ.

Asesinan a un hombre en el estacionamiento de Mega Soriana en Jiutepec, Morelos

De acuerdo con los informes policiales, los hechos ocurrieron pasadas las 20:00 horas en la zona conocida como Los Gallos o el Crucero de Tejalpa. El reporte fue recibido minutos después en el número de emergencias del C5.

Un hombre fue asesinado a balazos en el estacionamiento del centro comercial Mega Soriana, ubicado en Jiutepec, Morelos, la noche del sábado. Hasta el momento no se han reportado detenidos. 

De acuerdo con los informes policiales, los hechos ocurrieron pasadas las 20:00 horas en la zona conocida como Los Gallos o el Crucero de Tejalpa. El reporte fue recibido minutos después en el número de emergencias del C5.

Testigos indicaron que la víctima, al ingresar a su vehículo —una camioneta negra—, fue sorprendida por disparos de arma de fuego. Personal de seguridad del centro comercial reportó al menos seis detonaciones, lo que generó que clientes y trabajadores se resguardaran tanto dentro del establecimiento como entre los vehículos del estacionamiento. 

Paramédicos que arribaron al lugar confirmaron el fallecimiento de la víctima en el sitio. Elementos de la policía municipal, la Guardia Nacional y el Ejército acordonaron la zona mientras personal del Servicio Médico Forense realizaba el levantamiento del cuerpo. Las autoridades implementaron un operativo para localizar a los responsables, sin que hasta el cierre de esta información se registraran detenciones. 

Este incidente se suma a otros hechos violentos ocurridos en Jiutepec durante el mismo fin de semana. El viernes, dos hombres fueron asesinados a balazos en la calle Ficus del fraccionamiento Tamoanchán. Vecinos alertaron a la policía alrededor de las 13:36 horas; al llegar, encontraron a una de las víctimas tirada en la vía pública y a la otra recargada entre dos motocicletas. Paramédicos confirmaron ambos fallecimientos y la Fiscalía Regional Metropolitana inició las investigaciones, mientras los cuerpos permanecen en calidad de desconocidos. 

Asimismo, la tarde del sábado, dos hombres murieron a balazos mientras circulaban en un vehículo marca MG sobre la calle Senda de los Enamorados, en el fraccionamiento Real Montecasino. El conductor perdió el control del automóvil, que se estrelló contra una vivienda. La zona fue asegurada por la Policía Morelos y la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes; no se han registrado detenciones por este caso. 

Jiutepec mantiene una de las tasas más altas de incidencia delictiva en la región, según el semáforo delictivo estatal.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

SEP Morelos investiga omisión de funcionario en firma de certificados de 5 mil estudiantes de bachillerato

Karla Herrera Alonso, titular de la secretaría de Educación estatal, señaló que existe una jurisprudencia en el proceso para determinar la situación legal del funcionario denunciado y la afectación a los estudiantes

Tras darse a conocer que el director de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación de Morelos, Guadalupe Torres Godínez, se niega a firmar alrededor de 5 mil certificados de bachillerato, la secretaría de Educación estatal informó que ya se está investigando el caso.

En entrevista con Lo de Hoy Morelos, Karla Herrera Alonso, titular de la dependencia, explicó que existe una jurisprudencia en el proceso para determinar la situación legal del funcionario denunciado y la afectación a los estudiantes que ya suman un año sin recibir su certificado que valide sus estudios de bachillerato.

“Efectivamente este caso se encuentra en una jurisprudencia donde ya se involucran algunas resoluciones pendientes por parte de los órganos jurisdiccionales. Nosotros no podemos dar más detalles dado a que el caso se encuentra bajo estos principios de legalidad y justicia, por lo que seremos respetuosos de ello”, señaló la titular de la dependencia al medio morelense.

Una vez que estos procedimientos sean desahogados, agregó, se buscará dar solución al tema garantizando la legalidad.

Funcionario buscó amparo

Animal Político reveló que unos 5 mil estudiantes del Instituto Azteca de Formación Empresarial y del Instituto Competencias Educativas y Profesionales, con sede en Cuautla, Morelos y quienes concluyeron su bachillerato, no pueden continuar sus estudios ni trabajar porque Torres Godínez, se niega a firmar sus certificados.

Pero no solo eso, sino que después de ser denunciado ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos por omisión en sus funciones, se amparó para evitar que lo obligaran a cumplir con su trabajo.

Aunque este medio buscó a la secretaría de Educación de Morelos y al funcionario señalado para conocer su versión de los hechos, no hubo respuesta.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: DALILA SARABIA.

Cártel de Sinaloa está detrás de estrategia para exhibir a funcionarios de Morelos: Urrutia

El secretario de Seguridad estatal fue cuestionado sobre la autenticidad del video difundido el pasado 19 de septiembre que involucra a diputados y alcaldes de Morelos con el crimen organizado.

Integrantes del Cártel de Sinaloa, también conocido como Cártel del Pacífico, están detrás de la estrategia para exhibir, mediante videos, a la clase política de Morelos por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, reveló el secretario de Seguridad estatal, Miguel Ángel Urrutia.

Tras un análisis especializado, detalló que los materiales son “auténticos y no fueron creados con inteligencia artificial”.

En conferencia de prensa para dar seguimiento a temas de seguridad, el funcionario fue cuestionado sobre la autenticidad del video difundido el pasado 19 de septiembre, en el que se menciona a un personaje llamado Javier Chávez —y que en algunas publicaciones en redes sociales se relacionó con Javier García Chávez, jefe de la gubernatura—, situación que motivó que el funcionario presentara denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra páginas de Facebook, medios y periodistas, por considerar que se estaba difamando a los involucrados debido a que en el video no se hace referencia a su persona.

En ese mismo video se menciona al senador de la República Ángel Yáñez, al diputado federal Agustín Alonso y al diputado local Francisco Sánchez Zavala, los tres últimos de la zona oriente de Morelos, por presuntos vínculos con grupos delincuenciales.

Urrutia aseguró textualmente sobre este material: “El video es auténtico, no fue generado con inteligencia artificial, y podría estar situado en al menos uno de los dos municipios de la zona oriente, frontera con el Estado de México”.

Señaló que este video estaría vinculado con un primer material hecho público el 18 de febrero de 2025, también en la zona oriente del estado. Ese primer video documentó una reunión entre un posible líder delictivo y actores políticos días antes de la elección del 2 de junio de 2024. Respecto a los involucrados, indicó que en el segundo video se observa a los alcaldes de Cuautla, Jesús Corona Damián, y de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro, reunidos con el líder delictivo identificado como Júpiter Araujo Bernard, “El Barbas”.

“Como es un tema que ya traía la FGR del primer video y se aprecia que se está hablando de la misma situación en este segundo video, por eso creo que la denuncia ante la Fiscalía General de la República es la correcta”, dijo Urrutia.

 Añadió que “la Policía Cibernética de la Guardia Nacional es una de las más especializadas del país, con el triple de capacidad que nosotros tenemos en la unidad cibernética de la SSP Morelos”.

Sobre la posible autoría, indicó que todo apunta a que “podría coincidir con el grupo delictivo Cártel del Pacífico, que aquí se hacen llamar “Los Sinaloas”.

 Precisó que, debido a las disputas internas, “en Sinaloa todo mundo se dice Sinaloa, cuando hay dos grupos: el del Mayo Zambada, actualmente preso en Estados Unidos, y el de los hijos de El Chapo, ambos denominados Cártel del Pacífico”.

Urrutia afirmó que la administración pasada, encabezada por el entonces gobernador y hoy diputado federal Cuauhtémoc Blanco Bravo, permitió que creciera la actividad delictiva en la zona oriente, donde los grupos delictivos lo tomaron como una zona fértil para la extorsión y otros delitos.

“El vacío y la impunidad de la anterior administración hicieron que la zona oriente fuera un botín de guerra en la extorsión, y ahí se da un rompimiento entre dos grupos: el Cártel del Pacífico y el Cártel Unión Tepito, que también tiene nexos con el Estado de México con el Cártel Nuevo Imperio”, apuntó.

Sobre la versión que señala a Homero Figueroa, alias La Tripa, como autor del video, Urrutia explicó que “no nos cuadra con la investigación que está llevando la FGR”, aunque reiteró que se trata de una indagatoria en proceso.

Finalmente, el secretario subrayó la importancia de los principios legales: “Debemos tener presente que, de acuerdo con el artículo 20 constitucional, se tiene la presunción de inocencia de los posibles aludidos, y toda acción de autoridad debe respetar estos derechos mientras se realizan las investigaciones correspondientes”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

Roban casa de Fernández Noroña en Tepoztlán: “grave y extrañísimo”

El morenista no incluyó detalles sobre los objetos sustraídos ni la presencia de personas en la vivienda, aunque confirmó que su pareja, Emma Ocampo está a salvo.

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, denunció el robo de su casa en Tepoztlán, Morelos, la madrugada de este 24 de septiembre, un hecho que calificó como “grave y extrañísimo”.

El robo, reportado por Noroña tras regresar a la Ciudad de México desde Chihuahua, no incluyó detalles sobre los objetos sustraídos ni la presencia de personas en la vivienda, aunque confirmó que su pareja, Emma Ocampo está a salvo.

Este incidente se suma a la controversia, ya que la casa ha sido cuestionada no solo por su irregularidad legal, sino también por contradecir el discurso de austeridad de Morena.
El incidente, ocurre en un contexto de fuertes críticas hacia el inmueble, conocido como “La Casa del Silencio”, debido a su presunta adquisición irregular y su elevado valor de 12 millones de pesos.

De acuerdo con información publicada por Proceso, la casa de Noroña, ubicada en el Valle de Atongo, carece de registro catastral y no paga impuestos prediales, según confirmó el presidente municipal de Tepoztlán, Perseo Quiroz Rendón.

La propiedad se encuentra en tierras comunales protegidas por una resolución presidencial de 1929, lo que implica que no puede ser objeto de compraventa ni hipoteca.

En Tepoztlán, la tenencia de la tierra es predominantemente social (80% comunal y 20% ejidal), y cualquier cesión de derechos debe ser aprobada por la Asamblea General de Comuneros, un proceso que, según las autoridades locales, no ocurrió en el caso de Noroña.

El predio, adquirido en noviembre de 2024, ha generado rechazo entre los comuneros, quienes el 29 de agosto de 2025 protestaron frente a la propiedad exigiendo su restitución al pueblo.

Los manifestantes denunciaron que la compra viola las normas agrarias, ya que las tierras comunales son “imprescriptibles e inembargables”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Extesorera de Temoac es detenida otra vez; “La Patrona” está ligada al grupo criminal “Los Aparicio"

Andrea Angelina “N”, ex tesorera del municipio de Temoac y conocida como “La Patrona”, ya había sido detenida el 12 de noviembre de 2024, durante la administración del fiscal Uriel Carmona Gándara, junto con tres jóvenes. Estuvo señalada por extorsión, narcomenudeo, secuestro y homicidio.

Por segunda ocasión fue detenida la extesorera del municipio de Temoac; Andrea Angelina “N” identificada por las autoridades como “La Patrona”, es suegra del actual presidente municipal, Valentín Lavín Romero y fue detenida junto a otras seis personas por sus presuntos vínculos con el grupo criminal "Los Aparicio". 

"La Patrona" ya había sido detenida el 12 de noviembre de 2024, durante la administración del fiscal Uriel Carmona Gándara, junto con tres jóvenes. En aquel momento, fueron señalados como presuntos responsables de delitos de extorsión, narcomenudeo, secuestro y homicidio en la zona oriente de Morelos.

Sin embargo, a pesar de los señalamientos, tras cuatro meses de reclusión, “La Patrona” salió en libertad. Inicialmente procesada por portación de arma de fuego, su condena de dos años y seis meses fue sustituida. Días después, al enfrentar cargos por secuestro y extorsión, la Fiscalía no acreditó las acusaciones, por lo que la jueza redujo el caso a delitos contra la salud y permitió que continuara el proceso en libertad, con firma periódica ante la UMECA y prohibición de salir del país. 

Operativo de seguridad

Desde las primeras horas de este lunes, las comunidades de Amilcingo y Huazulco fueron cercadas por elementos de la Guardia Nacional durante varias horas, generando incertidumbre entre la población.

Temoac está situado a 79 kilómetros de Cuernavaca, la capital del estado de Morelos. De acuerdo con autoridades federales, la zona registra una presencia significativa de grupos del crimen organizado. La municipalidad está gobernada por Valentín Lavín Romero —yerno de Andrea Angelina “N”—, quien llegó al poder por el Partido Verde Ecologista, de acuerdo con registros de la autoridad electoral. 

Fuentes consultadas indicaron que se trató de un operativo conjunto en el que participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía del Estado de Morelos y la Guardia Nacional, quienes realizaron diversas diligencias de cateo en distintos puntos de la zona. 

Se logró la detención de al menos seis personas —dos mujeres y cuatro hombres— señaladas de presuntamente formar parte del grupo delictivo Los Aparicio o "Los Huazulcos". Por el momento, los detenidos ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público y rinden su declaración ante la Fiscalía General del Estado. Además de Andrea Angelina “N”, entre los detenidos hay dos personas consideradas muy importantes dentro de la organización criminal, cuya identidad se desconoce hasta el momento.

La Fiscalía del Estado adelantó que mañana dará más detalles sobre estas detenciones y anunció que se decomisaron armas cortas y dosis de distintos tipos de drogas. 

Informes del personal de la Fiscalía General del Estado de Morelos revelan que este grupo criminal se dedicaría a la extorsión, principalmente en la zona oriente de la entidad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

Congreso de Morelos discutirá dictamen para despenalizar aborto

Isaac Pimentel Mejía, presidente de la mesa directiva del Congreso local, anunció que dentro de este periodo legislativo se discutirá en el pleno el dictamen para despenalizar el aborto en el estado de Morelos y con ello acatar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 2023 y luego del 2025.

La decisión que se tomará próximamente en el Congreso Local de Morelos no debería ser considerada con mínima importancia, pues a través de la resolución de las y los legisladores podría comenzar a establecerse un cambio en favor de las mujeres morelenses, cuya vida se pone en riesgo ante la indiferencia del gobierno, que les niega el derecho a un aborto seguro y gratuito.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 13% de las muertes maternas a nivel global derivan de prácticas inseguras de aborto. En México, la cifra es similar ya que entre las principales causas se encuentran la enfermedad hipertensión, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio (13.2%); la hemorragia obstétrica (12.7%); el aborto (11.3%); y la embolia obstétrica (5.4%).

Recordemos que en el 6 de septiembre del 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó que el apartado del Código Penal Federal que criminaliza el aborto ya no tendrá efectos y, por lo tanto, a ninguna mujer, ni personal de salud, se le podrá castigar por abortar, por tanto IMSS, ISSSTE, PEMEX y cualquier institución de salud deberán brindar el servicio de aborto a todas las mujeres que lo soliciten. 

Asimismo, la Corte ordenó que se elimine el delito de aborto en el Código Penal Federal. Al haberse aprobado por unanimidad, por tanto esta sentencia se vuelve obligatoria.

Ahora, años después de esa primera resolución en Morelos resolvieron durante este 2025 subir al pleno el dictamen que se derivó de que la Primera Sala de la SCJN, a inicios de este mes, donde se exhorta a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia y a los Servicios de Salud estatales a realizar acciones para la despenalización del aborto, pese a que aún no se ha modificado el Código Penal local.

Presentar una resolución en favor de la marea verde resulta urgente, pues, de acuerdo con Tania Osiris, integrante de la colectiva “Aborto Legal en México”, tan solo en 2020 se identificaron 20 carpetas de investigación en contra de mujeres quienes realizaron la interrupción de su embarazo.

También fue a través del amparo 570/2024 promovido por 48 mujeres quienes reclamaron a las autoridades sus obligaciones de difundir, informar e implementar los servicios de aborto, se vincula al poder ejecutivo para lograr la despenalización del aborto en la entidad.

Tras la resolución de este amparo, la SCJN solicitó a los legisladores que, dentro del periodo legislativo de la 56 Legislatura llevaran a cabo la votación en favor o en contra de la despenalización del aborto. Sin embargo, Pimentel Mejía declaró que aún no se tiene establecida la fecha precisa para la discusión.

Mientras no se modifique el Código Penal, la resolución de la SCJN ordena que no se apliquen los artículos que penalizan el aborto voluntario. Ante ello, el Ejecutivo estatal y la Secretaría de Salud deberán habilitar un servicio de interrupción voluntaria del embarazo, con la responsabilidad de implementarlo, difundirlo y organizarlo.

Además, se solicitó que se realicen capacitaciones, campañas de difusión y talleres dirigidos al personal de salud, con el objetivo de difundir la importancia de no criminalizar el aborto voluntario y eliminar los estigmas que aún existen en relación con esta práctica.

Al revisar el actual Código Penal de Morelos, se identifica una violación directa a los derechos sexuales y reproductivos en el Capítulo III, pues el artículo 115 establece que quien provoque la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo, sin importar el método empleado, será sancionado de la siguiente manera:
  • Si se actúa con el consentimiento de la mujer embarazada, la pena será de uno a cinco años de prisión y de veinte a doscientos días-multa.
  • Si se actúa sin el consentimiento de la mujer embarazada, la pena será de tres a ocho años de prisión y de cuarenta a cuatrocientos días-multa.
  • Si el aborto se realiza mediante violencia física o moral, la pena será de seis a ocho años de prisión.
De no generar estas acciones se continúa arriesgando la vida de las mujeres. El principal motivo de muerte materna por aborto inseguro es la legislación restrictiva. En contextos donde el aborto está limitado legalmente, resulta complicado para las mujeres acceder a procedimientos seguros.

A nivel global, la Organización Mundial de las Salud (OMS) señala que en países con legislación restrictiva tres de cada cuatro abortos se realizan en condiciones inseguras, mientras que en aquellos donde el aborto es legal, nueve de cada diez procedimientos se realizan de manera segura.

De acuerdo con Ipas México, la probabilidad de que una mujer recurra al aborto es la misma, independientemente de si está legalmente permitido o no. Su prohibición no reduce la cantidad de abortos ni aumenta la natalidad; por el contrario, penalizarlo conduce a procedimientos inseguros y peligrosos, que generan morbilidad y mortalidad al no contar con proveedores calificados ni condiciones higiénicas adecuadas.

Despenalizar el aborto, ¿es suficiente?

Si bien el primer paso es exigir que las y los legisladores despenalicen el aborto, es importante destacar que la lucha no termina ahí.

En México, 23 entidades han despenalizado el aborto y el acceso a este derecho es libre. Sin embargo, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) ha denunciado que el IMSS mantiene una norma interna que impone requisitos adicionales que obstaculizan el acceso al aborto durante las primeras doce semanas de gestación.

En su informe “Maternidad o castigo. Hacia la despenalización del aborto en México”, GIRE reportó que en junio de 2023 interpuso un amparo contra dicha norma, que antes solo aplicaba en casos de violación, pero que ahora se ha extendido a todos los casos. Entre los requisitos impuestos por el IMSS se encuentran obligar a las mujeres a realizarse un ultrasonido, presentar una opinión jurídica, contar con la firma de dos testigos o con una orden de un juez o agente del Ministerio Público.

Cimacnoticias ha documentado que en estados como Zacatecas, mujeres que acudieron a unidades médicas que presuntamente brindan “aborto seguro” recibieron indicaciones de que ellas mismas debían comprar sus medicamentos para poder acceder al procedimiento.

De igual forma, la criminalización del aborto en Veracruz ha ocasionado que, en su mayoría, las instituciones de salud no sigan los métodos y protocolos correctos; exista desabasto de medicamentos abortivos; se genere revictimización y falta de empatía en el trato médico; y haya desinformación sobre la ruta de acceso a un aborto.

Asimismo, en Oaxaca se identifican dificultades operativas para garantizar el acceso al derecho a decidir. Entre los principales problemas se encuentran la falta de información adecuada, la insuficiencia de medicamentos necesarios y plazos que no se ajustan a las distancias geográficas de las unidades de salud.

Pese a que la despenalización del aborto en diversos estados de la República mexicana representa un avance significativo, es indispensable que este logro vaya acompañado de buenas prácticas dentro de los servicios de salud. Paralelamente, es necesario imponer sanciones a quienes intenten disuadir a las mujeres de su decisión, ya que se trata de una elección personal que no debe ser estigmatizada ni, mucho menos, criminalizada.

FUENTE: CIMAC NOTICIAS.
AUTOR: PAOLA PIÑA.

5 mil alumnos de Morelos no pueden seguir estudiando; funcionario se niega a firmar certificados de bachillerato

El bloqueo de certificados de bachillerato que hace Guadalupe Torres Godínez mantiene a miles de jóvenes de Morelos sin posibilidad de seguir estudiando ni de trabajar. Pese a denuncias y resoluciones judiciales, se amparó para evitar cumplir su obligación.

Unos 5 mil jóvenes que concluyeron su bachillerato en el estado de Morelos no pueden continuar sus estudios ni trabajar porque el director de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación estatal, Guadalupe Torres Godínez, se niega a firmar sus certificados.

Además, tras ser denunciado ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos por omisión en sus funciones, se amparó para evitar que lo obligaran a cumplir con su trabajo.

“Somos escuelas chiquititas que trabajan con el sector más bajo de la población y lo que duele es cortar los sueños a los alumnos. Si están en el TEC se van a la Ibero y no pasa nada, pero para estos jóvenes esta era su última esperanza (…) los hemos visto llorando, frustrados y nos dicen ‘¿qué hicimos mal?’, y pues no hicieron nada mal, es este sistema que no te voltea a ver”, explicó Darío Sánchez, director general del Instituto Azteca de Formación Empresarial.

Los afectados forman parte de la plantilla estudiantil del Instituto Azteca de Formación Empresarial y del Instituto Competencias Educativas y Profesionales, con sede en Cuautla, Morelos.

Se trata de planteles educativos que cuentan con los Registros de Validez Oficial (REVOE) que expide la Secretaría de Educación Pública (SEP) para impartir el bachillerato en dos años tomando clases a distancia.

En los más de 15 años que han operado, señaló Ethel Velázquez Jaimes, administrativa de ambas escuelas, nunca se había presentado una problemática como la que enfrentan desde octubre pasado cuando sin ninguna razón el funcionario se negó a firmar los certificados de mil 671 alumnos —en un primer momento—, pero ya suman 5 mil los afectados.

A principios de octubre de 2024, Velázquez Jaimes, quien tiene la responsabilidad de llevar a cabo todos los trámites para la obtención y entrega de certificados, aún pudo ingresar la solicitud para pedir la certificación de un grupo de alumnos, pero después ya no fue posible.

Con la entrada de la gobernadora Margarita González Saravia a la funcionaria se le indicó que debe “pedir permiso” con el director general de Educación Media Superior y Superior.

A mediados de octubre pasado, después de esperarlo afuera de su oficina alrededor de cuatro horas, pudo hablar con él aunque, compartió, la conversación se tornó muy extraña, pues le dijo que la carga de trabajo que tenían era bastante por lo que era necesario platicar sobre cómo ayudarse mutuamente.

Sin saber qué responder, Velázquez Jaimes dio por concluida la reunión. En un par de ocasiones mantuvieron comunicación a través de WhatsApp, sin embargo, de pronto él dejó de contestarle y de los cientos de certificados pendientes un día firmó uno y otro día algunos más. En total, de los casi mil 700 certificados ingresados en un primer momento, solo firmó 99.

La omisión ya prácticamente suma un año, tiempo en el que se han ido sumando cientos de jóvenes que concluyeron sus estudios y no han podido recibir sus certificados aunque las escuelas afectadas han promovido demandas y quejas ante el Tribunal de Justicia Administrativa, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno de Morelos y el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Animal Político buscó la versión de la Secretaría de Educación, del Gobierno de Morelos y escribió al correo electrónico institucional del director general de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación, Guadalupe Torres Godínez, para conocer su versión de los hechos. Hasta la publicación de este texto no hubo respuesta.

Sin trabajo ni estudios, por omisión de un funcionario público

Esta situación ha ocasionado que algunos estudiantes no puedan seguir estudiando y a otros a perder sus trabajos: Luis Héctor López, de 20 años de edad, encontró trabajo como policía, pero después de tres meses tuvo que dejar su empleo porque no presentó su certificado de conclusión de bachillerato, un requisito indispensable.

“Nos extendieron una constancia de que su certificado estaba en proceso y con eso ingresó como policía, pero le dieron un tiempo para que pudiera presentar su certificado y como no lo hizo lo dieron de baja”, compartió Elizabeth López, madre del joven.

En entrevista, lamentó que su hijo no pueda conseguir un buen trabajo para apoyarla, pues es madre soltera y no le es posible afrontar todas las necesidades del hogar.

“Quería que terminara su preparatoria para que consiguiera un buen trabajo y pudiera apoyarme (…) lo que pedimos es que empiecen a liberar los certificados de todos. No nada más nos afectan a nosotros, sino también a otros alumnos que quieren seguir estudiando y les truncan la posibilidad por este funcionario que no quiere liberarlos”, agregó la mujer.

Ruth Amaro concluyó sus estudios en enero pasado, pero no puede continuar con su sueño de ser enfermera, pues, aunque hizo el examen y se quedó en la universidad que quería, le informaron que sin el certificado no puede ingresar.

“Mi hija llora por las noches porque sus amigas siguen estudiando y ella no (…) es una desilusión grande porque aspira a ser enfermera”, dijo Daniel Amaro, padre de la joven.

Ante la falta de respuestas de las autoridades, especialmente de la Secretaría de Educación estatal, los padres de familia se están organizando para ir al Palacio de Gobierno y exigir a la gobernadora Margarita González Saravia que tome cartas en el asunto

Entre visitas de verificación y pagos extraordinarios

Tras aquella reunión que sostuvo con el director de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación, Ethel Velázquez Jaimes contó que de la nada comenzaron a llegar verificaciones extraordinarias a las escuelas.

“Me hacen una visita de inspección extraordinaria (…) llega su gente y revisó todo lo que quiso: expedientes, trayectorias, actas, calificaciones, todo”, compartió.

“Asientan en el acta que todo está bien, todos firmamos y se van. Al día siguiente él me escribe y me dice ‘traiga sus documentos’”, agregó. Velázquez Jaimes de inmediato se trasladó a su oficina y Guadalupe Torres Godínez comenzó a firmar los certificados, pero no terminó.

Ante la omisión del funcionario los padres de los alumnos consiguieron un abogado y presentaron la demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa. “Nos conceden algo que se llama la suspensión, o sea, el tribunal dice que tenemos razón porque no se puede violentar el derecho a la educación de los alumnos”, detalló Velázquez Jaimes.

“Le notifican al director general y de ahí se viene un viacrucis”, reprocha la mujer. Hasta la fecha, a pesar de haber una resolución, el funcionario se ha negado a firmar y liberar los certificados de bachillerato.

Aunque Guadalupe Torres Godínez argumenta que los trámites se hicieron de forma extemporánea o que no se hicieron los pagos en tiempo y forma, las escuelas contrataron a un notario público que les certificara sus matrículas, trámites pendientes y demás reportes y documentación ingresada.

“Fue un viernes, si no mal recuerdo, la última audiencia. El magistrado le dice, ‘¿sabes qué?’, si no les firmas es destitución e inhabilitación hasta por 6 años del cargo público’ (…) le llega la notificación el martes o miércoles y el jueves ya estaba amparado ante la resolución”, reprochó Velázquez Jaimes.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: DALILA SARABIA.