Seis integrantes de un grupo delictivo generador de violencia que operaba en Iztapalapa, autodenominado “Los Pepas” fueron detenidos tras el cumplimiento de dos órdenes de cateo ejecutadas en unidades habitacionales de la colonia Chinampac de Juárez y en las inmediaciones de la Central de Abastos, ambos puntos en la alcaldía Iztapalapa, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

La acción se llevó a cabo de forma coordinada entre la SSC y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y con apoyo en vigilancia perimetral de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) y de la Guardia Nacional (GN).

Los detenidos se hacían pasar por integrantes de otros grupos delictivos como “La Unión Tepito”, “Los Tanzanios” y el Cártel Jalisco Nueva Generación para extorsionar negocios, vender drogas y tratar de intimidar a un grupo rival conocido como “Los Bonitos” que operan en la misma localidad de Iztapalapa. Sin embargo, no contaban con el respaldo de ningún cártel o grupo criminal de alto nivel.

La Fiscalía de la CDMX descartó que hubiera algún bache o daños en el asfalto que propiciaran la volcadura de la pipa de gas.

“A partir de las inspecciones que realizaron los servicios periciales, en el lugar del siniestro no se encontró ningún bache ni daños en el asfalto, lo que consta en la fijación de imágenes que documenta y preserva la evidencia visual que obra en la investigación”, detalló la Fiscalía de la CDMX.

Añadió que mantiene células de atención integral desplegadas en el lugar y en los hospitales para acompañar a las víctimas y sus familias, brindando contención psicológica, asesoría jurídica y orientación social, en colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) de la Ciudad de México.

Suman 10 personas muertas

Mientras el Paquete Económico 2026 viene cargado de más impuestos, más deuda y recortes, los diputados federales ya tienen asegurado un aumento de sueldo que cualquiera envidiaría.

De acuerdo con el proyecto de presupuesto, cada legislador pasará de ganar 1 millón 193 mil pesos netos al año en 2025 a 1 millón 307 mil en 2026. Es decir, un aumento de 113 mil 739 pesos más en el bolsillo, más de lo que gana un trabajador con salario mínimo en todo un año.

En el pasado priista de la Presidencia de la República, y en la mayoría de los estados, fueron notorias por corruptas las corporaciones policíacas. La Policía Judicial Federal se llevaba por mucho la estafeta de la más corrupta al ser la protectora y cómplice de los cárteles de la droga. Allá por los inicios de la década de los noventa, por ejemplo, en Baja California, eran notorias porque la judicial federal servía al Cártel de Sinaloa, y la Policía Judicial Estatal al Cártel de los Arellano Félix.

Cuando llegó el PAN al poder central de la República, la corrupción en las policías no cambió; lo que sí fueron los nombres. Ya no era policía judicial, sino policía ministerial, como si el cambio de membrete les asegurara la depuración. Entonces se les empezó a conocer como policías “mañosteriales”, pues continuaron sirviendo a la maña. Luego fueron los AFIS, y en el populo se les conocía como los afiosos, y así con todos los nombres que siguieron, las malas prácticas no terminaron.

Las policías en México servían a los criminales; no estaban infiltradas, estaban afiliadas a los cárteles. Con esto en mente, y queriendo cambiar el esquema mafioso de las corporaciones en el país, el presidente Felipe Calderón Hinojosa sacó por primera vez, a los soldados de los cuarteles a las calles para perseguir el crimen. Lo hizo, justificaron entonces, en lo que desarrollaban un programa de depuración de las policías para deshacerse de los elementos deshonestos.

Aun cuando se avanzó en la materia, se crearon, por ejemplo, los exámenes de control, evaluación y confianza con los que hasta la fecha se evalúa a quienes tienen un cargo en materia de seguridad, y se establecieron protocolos para la mesa de seguridad nacional; pero el programa de depuración policiaca ya no lo continuó el presidente siguiente, el priista Enrique Peña Nieto.

Cuando Andrés Manuel López Obrador arribó a la Presidencia de México, y a pesar que durante los últimos 12 años había estado en contra de la política calderonista de mantener a los soldados en las calles persiguiendo el crimen, no sólo no lo hizo, sino que llegó más lejos: desapareció la policía federal, creó con elementos de la milicia la Guardia Nacional, cedió la estrategia de seguridad al Ejército Mexicano, y entregó los puertos, marinas mercantes y aduanas a la Secretaría de Marina. Le dio el total control de la seguridad a las Fuerzas Armadas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha mantenido el mismo escenario. A pesar de haber reactivado con Omar García Harfuch, la Secretaría de Seguridad, aun hay muchas áreas en las que las Fuerzas Armadas rigen en materia de seguridad, combate a la violencia y persecución de criminales.

Al haber cambiado de corporaciones policiacas a fuerzas armadas patrullando el país, fuese a través de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano o de la Armada, y no haber combatido a los cárteles, los principales agentes corruptores, es decir, los narcotraficantes, huachicoleros, secuestradores, extorsionadores, dejaron de comprar voluntades en las policías civiles, para comprar elementos de las Fuerzas Armadas que actuaran a su favor.

En Baja California ha sido una constante en los últimos seis años -en 2019 se creó la Guardia Nacional- los casos de elementos de la Guardia que han sido descubiertos apoyando a células de cárteles como el de Sinaloa, el de Jalisco o el de los Arellano. Les ayudan a trasladar la droga, en calidad de protectores, y hasta para entorpecer investigaciones. Con militares pasó lo mismo. Hace no muchos días, Ismael Zambada García, el Mayo, en su carta de culpabilidad ante una corte de los Estados Unidos, confesó que había sobornado a “políticos, policías y militares”; de hecho, cuando fue tomado por su ahijado (que lo entregó a las autoridades de los Estados Unidos en julio de 2024), el Mayo llegó a la reunión con el hijo del Chapo, acompañado de su jefe de seguridad, a quien el mismo capo identificaría como el comandante de la Policía Estatal de Sinaloa.

Por estos días en que, sin sus cabezas criminales -el Mayo y el Chapo-, el Cártel de Sinaloa está inmerso en una guerra interna entre Chapitos y Mayiza, los primeros acusaron públicamente que son militares los que protegen a los segundos.

Y de los Marinos, en los últimos días los mexicanos han conocido de la red criminal más grande que se tenga cuenta en las Fuerzas Armadas, con decenas de elementos de la Marina orquestados, asociados ilícitamente, para delinquir, para traficar con combustible a través del huachicol fiscal. Comandados por dos hermanos, los Farías Laguna, uno vicealmirante y el otro contraalmirante, utilizando a un capitán como su operador, controlaban los puertos de México a partir de la Aduana, institución cuyo control absoluto les cedió López Obrador en septiembre de 2020.

La red de marinos incluía, de acuerdo a las delaciones de uno de los participantes, a por lo menos 12 elementos por puerto en actividades ilícitas para la introducción de combustible en buques que registraban como cargueros de otros líquidos -aceites mayormente- que pagan menores impuestos a los de los combustibles. Los marinos defraudaron a la Armada, al País, a las arcas públicas, a las instituciones, a los mexicanos, todos, al organizarse criminalmente a la hechura de un cártel, para traficar combustible. Los sobornos por buque rebasaban el millón 700 mil pesos, y estos eran repartidos a los marinos participantes del huachicol fiscal.

Las tropas mexicanas, las fuerzas armadas que estaban en cuarteles y bases navales, que López Obrador oficializó en el patrullaje en ciudades y estados, y la protección de aduanas y puertos, se convirtieron en tropas criminales al servicio del narco o de sus propios e ilícitos intereses.

Al oeste de Tijuana, en un área de terracería en zona agreste, hechizas instalaciones eléctricas y olvidada, aunque no alejada de la zona urbana, está la colonia Nueva Aurora Norte; no muy lejos de donde se encuentra el libramiento que circunda la ciudad. Sobre una de sus irregulares calles de tierra, de repente, los que por ahí transitan encontraron una calle cerrada.

La avenida en la que se divisan casas humildes y vehículos estacionados, tenía al centro de la vialidad un montículo de tierra. Los vecinos primero pensaron que quizá, y sólo quizá, eso se debía a que finalmente alguna autoridad -municipal, estatal o federal- pavimentaría la colonia y aquel pequeño montículo era parte del material de trabajo. Pero no.

Unos metros antes de encontrarse con la calle que en la colonia Nueva Aurora Norte conecta varias zonas, en las inmediaciones de una gasolinera, unos jóvenes están atentos a quienes entran o pretenden entrar a la zona.

Cuando un auto se encamina hacia la calle con el montículo de tierra, es detenido por los jóvenes al ubicarse frente al vehículo, para posteriormente ordenarle al conductor bajar la ventana, iniciando un violento diálogo donde lo primero que le dicen es “aquí no puedes entrar”. Ante el estupor del conductor, los jóvenes confirman con ademanes: “De aquí para abajo. Para arriba no te quiero volver a ver”.

Al preguntarle a los vecinos si conocen de tal situación, aun con temor consienten: sí, se trata de unos malandros que viven en la colonia y no dejan entrar a nadie. Han tomado el territorio de la Nueva Aurora como su propio cuartel. Lo controlan a fuerza de impartir temor y utilizar armas y arengas criminales.

La colonia contigua es la Fausto González, y esa fue la primera en ser sitiada por los criminales, células de células de cárteles que, ante la impunidad, le han quitado territorios a la ciudadanía y los controlan con plomo y sangre. “Los malandros se han apoderado de toda esta zona; cada colonia la controla un grupo criminal, y la gente no puede entrar si no eres residente”.

Se les niega el paso a los distribuidores de productos, a los repartidores de agua y gas, a los que van a entregar mercancías y a quienes intentaban visitar a alguien. Es tal el control de estos grupos criminales que, en colonias como la Fausto González, les han quitado las casas a varios residentes. Los amenazan con matarlos a ellos o a sus familias, con perseguirlos de por vida si no les entregan la vivienda.

Ante la amenaza y la arenga criminal, los distribuidores han optado en citar a los clientes en zonas fuera de tales colonias para entregarles los productos; y cobradores de tiendas de conveniencia se han decantado por no entrar. “Hace unas semanas mataron a un cobrador de una tienda, y ahora la tienda ya no nos quiere dar crédito si vivimos en la Fausto González, porque pues no pueden entrar a cobrar”.

De igual manera los repartidores de aplicación no pueden ingresar a dejar los pedidos de los usuarios, sin evitar ser amenazados o extorsionados para transitar libremente por la ciudad de Tijuana. Desafortunadamente, esta situación de violencia e inseguridad no es privativa de Baja California; sucede en Guerrero, en Michoacán, en Tamaulipas, en Guanajuato, en el Estado de México y otras entidades federativas. Los criminales encontraron la forma de hacerse de bienes y recursos económicos sin invertir en una red de secuestros: cobrando piso, extorsionando y controlando territorios.

En los últimos días, también en Baja California, el Puerto de Ensenada, donde se encuentra el Valle de Guadalupe, ha sido noticia nacional e internacional debido a los asesinatos, las quemas de negocios y los ataques a funcionarios y policías por parte de la criminalidad organizada que cobra piso y extorsiona lo mismo a pescadores que restauranteros, que distribuidores y cualquiera que desarrollo una actividad económica lícita y productiva.

En su primer informe de gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presumió una disminución en los asesinatos. Un poco más del 10 por ciento menos homicidios en relación al año anterior en el País.

A la par, concediéndole al Secretariado Nacional de Seguridad Pública el beneficio de la duda respecto a las cifras que acumula y proporciona para la generación de políticas públicas, de una disminución en los homicidios, viene un incremento, también de dos dígitos, en la comisión de los delitos de extorsión y desaparición forzada, que han aumentado en un 12-13 por ciento en relación al año anterior.

La bonanza criminal para, con toda impunidad, extorsionar a los ciudadanos, privarlos de su libertad o cobrarles piso, está al nivel de la incapacidad que tienen los gobiernos municipales, el estatal y el federal para combatir de forma adecuada a los criminales que acaban con negocios, con el libre tránsito, que se apoderan de casas y queman distribuidoras; porque hay mexicanos que se niegan a caer ante la amenaza y defienden, a veces con la vida misma, el patrimonio que lícitamente han construido.

En Baja California, la fiscal general del Estado, Ma. Elena Andrade, niega que haya extorsiones, mientras la realidad le explota en forma de disparos, incendios y lanzamientos ilícitos. La gobernadora está más concentrada en sus redes sociales y la percepción popular de su administración que en tomar las riendas de la coordinación de la seguridad en el Estado, como es su obligación al ser la titular del Poder Ejecutivo. El alcalde de Tijuana cree que puede suceder a la mandataria estatal en la elección del 2027, y se placea en campaña en cuanto acto puede, o manda esbirros políticos para que hablen bien de él frente a la Presidenta, cuando en la ciudad pocos lo hacen.

Ante las extorsiones, el cobro de piso, el apoderamiento de viviendas, la privación ilegal de la libertad de las personas, y la impunidad que gozan los criminales, en un ambiente politizado, pero sin políticas públicas de combate a la inseguridad con buenos resultados, los territorios de México, cada vez más, son del narco.

La ex titular de la Fiscalía Especial de Delitos sobre Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República (FGR), Martha Lidia Pérez Gumercindo, fue nombrada como nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

En un contexto nacional en el que se contabilizan oficialmente más de 130 mil personas  desaparecidas y no localizadas, el anuncio de la designación fue hecho por el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, luego de que la titular de Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, informara que la elección de Pérez Gumercindo surgió de un total de 76 postulaciones.

Sin transparencia

Horas antes de la designación, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), alertó que este proceso “no ha sido lo suficientemente transparente, abierto y público como lo requiere la crisis de desapariciones que vivimos”.

En su cuenta de X, la organización dio cuenta de que las entrevistas con los aspirantes a relevar a Teresa Guadalupe Reyes, fueron divulgados en la víspera en tanto que “no se han hecho públicos los parámetros de evaluación”. 

Entre los principales retos que la organización considera que deben ser prioritarios para ser atendidos el Centro Prodh enlistó, como elementos “claves ante la crisis forense”, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF)y el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), este último desmantelado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en tanto que el BNDF está bajo a responsabilidad de la Fiscalía General de la República (FGR). 

La organización, que desde hace más de 30 años acompaña a familiares de víctimas de desaparición, consideró indispensable el “ajuste y fortalecimiento del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), a la luz de la recién creada Base Nacional de Carpetas de Investigación, asegurando que sea un instrumento fiable, actualizado, que incluya todos los reportes de desaparición”. 

Como “pilar estratégico” el Centro Prodh consideró que debe implementarse el Programa Nacional de Búsqueda y Localización (PNBL), que permita “unificar esfuerzos y garantizar búsquedas efectivas, así como una efectiva coordinación del Sistema Nacional de Búsqueda, en los tres niveles de gobierno para que se convierta en política de Estado. 

A esas consideraciones, la organización agregó que es fundamental la “homologación de la Alerta Nacional de Búsqueda con los Protocolos existentes, para garantizar una respuesta ágil en todo el país”, priorizando la coordinación con las fiscalías, “que son la raíz de la impunidad”. 

Ante el nuevo nombramiento, el Centro Prodh puntualizó que  “la persona titular debe comprometerse a rendir cuentas de forma periódica y transparente, especialmente ante las familias, quienes exigen de manera legítima verdad, justicia y sobre todo, resultados”.

Tres personas fueron privadas de la libertad de una galería en la colonia Revolución en Guadalajara, Jalisco, el pasado miércoles 27 de agosto de 2025, indicó la vicefiscal en Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas.  

A la desaparición de la artista plástica, Francisca Arteaga Mendoza, conocida como Frany Arteaga y a la del abogado Gustavo Torres Reyes se suma la de Berzain Rodrigo Vázquez Coutiño apodado “El Patriota”, quien también estaba en la galería Casa Natalia en el momento del rapto, y ahora está ilocalizable y cuenta con denuncia formal por desaparición y cédula de búsqueda.

FICHAS DE BÚSQUEDA:

Clark García Dobarganes, titular de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo, de la Secretaría de Salud (SSa) Federal, informó, el 11 de septiembre de 2025, que se prevé recaudar 41 mil millones de pesos y reducir en 7 por ciento el consumo de refrescos a partir del incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), aplicado a bebidas azucaradas, contemplado en el Paquete Económico 2026.

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la titular del Poder Ejecutivo Federal explicó que la medida formaba parte de la estrategia “Vive saludable, vive feliz” y tenía como objetivo disminuir el consumo de productos dañinos para la salud.

“Esperamos, y de acuerdo a las estimaciones económicas, que esto pueda impactar en el primer y segundo año en una reducción de cerca del 7 por ciento en el consumo de refresco que nos ayude a mejorar la salud de los mexicanos”, dijo García Dobarganes.

“Además, no como objetivo central sino como un desenlace que nos ayuda podría recaudar hasta 41 mil millones de pesos que serán destinados, como ha mencionado la presidenta, de manera íntegra a la salud de las y los mexicanos”, señaló el titular de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo, de la SSa.

“La evidencia global es contundente: medidas saludables, como la que estamos implementando en México, salvan vidas, reducen el consumo de los productos dañinos, como es el caso de refresco y otras bebidas azucaradas”, comentó el funcionario federal.

García Dobarganes refirió que el gasto actual en atender enfermedades vinculadas al consumo de refresco ascendía a 180 mil millones de pesos anuales en los sistemas de salud.

“Si seguimos bajo esta senda, nuestro país no será capaz de soportar la carga que esto involucra”, advirtió el titular de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo, de la SSa, quien también recordó que México era el país con mayor consumo de refresco en el mundo, con un promedio de 166 litros por persona al año.

“Aunque el costo de un litro de refresco es bajo relativamente, el consumo prolongado sale caro en lo individual y en lo colectivo. Tienen cero valor nutricional y son un factor de enfermedad masiva”, enfatizó el funcionario federal, quien también advirtió que el impacto del consumo de bebidas azucaradas ya era visible en la salud de la población.

“Uno de cada tres niños mexicanos tiene sobrepeso u obesidad. En México más de 100 mil personas al año están ya en diálisis. Tenemos más de 27 mil amputaciones cada año y una de cada tres muertes está asociada a infartos vinculados a hipertensión y diabetes”, detalló García Dobarganes.

Un día antes, la Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb) proyectó que el alza del IEPS a refrescos y bebidas saborizadas, incluyendo las no calóricas, podría eliminar unos 150 mil empleos directos e indirectos en tienditas y en la cadena productiva del sector.

El organismo al que pertenecen embotelladores del sistema Coca-Cola y de PepsiCo, como Coca-Cola Femsa, Arca Continental, GEPP, y de otras marcas como Peñafiel y Tehuacán, se dijo sorprendido por el alza del IEPS, que ahora también debían pagarlo en las bebidas edulcoradas no calóricas.

“Estimamos que se podrían perder alrededor de 150 mil empleos directos e indirectos en los próximos cinco años. Afectará a los pequeños comercios, a las más de 1.2 millones de tienditas populares, que en miles de casos se verán obligadas a cerrar, ya que los refrescos y bebidas saborizadas representan alrededor del 30 por ciento de sus ventas, y tendrá un fuerte impacto en toda la cadena productiva”, describió la MexBeb.

El organismo señaló que comparten la preocupación del Gobierno de México por el alza en los índices de sobrepeso, obesidad y prevalencia de enfermedades no transmisibles, pero era un problema complejo y multifactorial que requiere de la acción integral y conjunta de todos los actores y sectores.

“Manifestamos nuestra sorpresa y profunda preocupación ante la iniciativa de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que plantea incrementar a 3.0818 pesos la cuota por litro a la enajenación de bebidas saborizadas, como una política de salud y financiamiento”, la MexBeb.

“La iniciativa no sólo incrementa el gravamen existente a las bebidas que contengan azúcares añadidos, sino que incorpora uno nuevo para las bebidas que contienen edulcorantes no calóricos, lo cual desincentiva la innovación, la reformulación y la ampliación de la oferta de productos sin azúcar o sin calorías, alternativas ampliamente promovidas y aceptadas a nivel global como opciones seguras que apoyan a la reducción del sobrepeso y obesidad”, señaló el organismo.

La MexBeb subrayó que los mayores impuestos no cumplían con el objetivo de salud, ni de reducir los índices de obesidad, esto basado en la experiencia en México y en otros países en los que se habían aplicado. Además, abundó que no existía evidencia real de un cambio en los patrones de consumo, ni en una mejoría en la salud.

El organismo sostuvo que se trata de una medida ineficaz e inequitativa, que concentra injustificadamente la carga fiscal en un producto que aportaba menos del 5 por ciento de las calorías que consumían los mexicanos, sin considerar al otro 95 por ciento que provenían de otras fuentes de energía. Además del alza de entre el 10 y el 15 por ciento, que afectaría principalmente a los consumidores de menores ingresos.

En tanto que la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), indicó que incremento del IEPS a bebidas saborizadas, tabaco, apuestas y videojuegos generaba señales de incertidumbre, que podrían desincentivar la inversión.

“El aumento del IEPS a bebidas saborizadas, tabaco, apuestas y videojuegos con contenido violento, así como la eliminación de la deducibilidad de la cuota que pagan los bancos al IPAB, representan señales de incertidumbre fiscal que pueden desincentivar inversión, aún cuando no existe evidencia de que estos impuestos reduzcan el consumo”, advirtió el organismo empresarial, que también afirmó que el Gobierno era optimista en cuanto a las previsiones de crecimiento económico.

La COPARMEX explicó que el Paquete Económico 2026 propuso un gasto total de 10.1 billones de pesos, con ingresos estimados en 8.7 billones, lo que genera un déficit y un nivel de endeudamiento de 4.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), apenas por debajo del proyectado para 2025.

“Este escenario se basa en supuestos optimistas de crecimiento económico de entre 1.8 a 2.8 por ciento, que dependerán de las garantías que otorgue el Gobierno a la inversión, la seguridad y la certeza jurídica para sostener la recaudación y estabilizar las finanzas públicas”, aseguró el organismo empresarial, que también añadió que resultaba inquietante que el compromiso del déficit para el 2025, establecido en 3.9 por ciento, se estaba estimando en 4.3 por ciento.

Asimismo, la COPARMEX añadió que el gasto público mostraba decisiones que requerían atención, entre ellos la caída en el presupuesto de la SSa; el gasto en Educación, que aunque aumentaría 6.4 por ciento, seguía siendo insuficiente para revertir el rezago educativo. Además, la disminución del 17.5 por ciento en Seguridad Ciudadana, lo que debilitaría la capacidad de proteger a la población y de mantener un entorno atractivo para la inversión.

“El presupuesto estima que la inversión pública aumentará 19.8 por ciento en términos reales, alcanzando 1.25 billones de pesos (3.2 por ciento del PIB), de los cuales 960.1 mil millones corresponden a inversión física. No obstante, esta cifra sigue lejos de la meta del 5 por ciento del PIB requerida para detonar la inversión privada y lograr un crecimiento sostenido”, manifestó el organismo empresarial.

Además, la COPARMEX añadió que el combate a las factureras era necesario, sin embargo, destacó que los límites para la defensa del contribuyente y la garantía del interés fiscal erosionaban la certeza jurídica.

El 9 de septiembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que la propuesta de impuestos a refrescos en 2026 fuera una decisión recaudatoria, y que más bien era un tema de salud.

“En el caso de bebidas azucaradas, todo lo que se recaude va directamente a un fondo de salud […] Es una decisión no recaudatoria, sino que tiene que ver con la salud de las y los mexicanos […] La recaudación relacionada con eso va directo a un fondo de salud para atender todas las enfermedades o padecimientos que están vinculados con el exceso de consumo de bebidas azucaradas”, puntualizó la mandataria nacional.

Elementos de las secretarías de la Defensa Nacional (DEFENSA), de Marina (SEMAR), de Seguridad y Protección Ciudadan (SSPC), Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de la República (FGR), detuvieron, el 11 de septiembre de 2025, a Oscar Antonio Álvarez González, considerado principal operador financiero de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y/o “El Gallero” y/o “El Señor de los Gallos”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según lo informó el Gabinete de Seguridad Federal, en un comunicado, la captura de Álvarez González se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez”, cuando el supuesto operador financiero de “El Mencho” arribó procedente de Barcelona, España.

“Con trabajos de investigación realizados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y en cumplimiento a una orden de aprehensión, integrantes de GN y Ejército Mexicano, en coordinación con Marina, SSPC y CNI, detuvieron en el interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a Óscar ‘N’, quien procedía de un vuelo de Barcelona, España”, indicó el Gabinete de Seguridad Federal.

“A Óscar ‘N’ se le acusa por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de recibir y transferir recursos, y es considerado el principal operador financiero de un grupo delictivo, a través de la compra de propiedades y operación de empresas del ámbito tequilero y ganadero”, detalló el Gobierno de México.

“El detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica. Estas actividades se realizaron en estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos”, finalizó el Gabinete de Seguridad Federal.

Según lo indicaron medios nacionales, Álvarez González -quien también sería operador financiero de Abraham Oseguera Cervantes, alias “Don Rodo”, hermano de “El Mencho”- era el encargado de gestionar el cambio de nombre de propiedades, con apoyo de notarios públicos, que se localizaban en diversos municipios de Jalisco.

La casa del Alcalde electo del municipio de Coxquihui, Lauro Becerra García, al norte de Veracruz, fue atacada con drones durante la mañana de este miércoles. No se registraran heridos. Cuerpos de emergencia se movilizaron en la zona.

De acuerdo con los reportes, se escucharon fuertes detonaciones provenientes de la casa del político del Partido Acción Nacional (PAN). Debido a las explosiones, alumnos de una escuela de la zona tuvieron que ser evacuados por las autoridades del plantel.

Videos compartidos a través de redes sociales muestran a los menores de edad saliendo de las instalaciones educativas, mientras que otros estudiantes optaron por refugiarse en los salones para evitar sufrir algún daño.

¿Cuándo se consideran actos de narcoterrorismo?#Coxquihui | 🚨 Nuevo ataque con drones explosivos en Coxquihui

La mañana de este miércoles se registró una explosión en el domicilio del alcalde electo, Lauro Becerra, lo que provocó pánico entre los pobladores de la cabecera… pic.twitter.com/Umn6n6koyg

— José Díaz (@JJDiazMachuca) September 10, 2025

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó este jueves que la aplicación de nuevos aranceles a importaciones de productos provenientes de China y otros países de Asia sea una medida derivada de las tarifas impuestas por Estados Unidos (EU) y afirmó que su Gobierno no busca tener conflictos con otros países.

El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó el miércoles que el Gobierno de México tiene la intención de elevar los aranceles hasta un 50 por ciento a los automóviles, autopartes, textiles y otros productos provenientes de países con los que no existe un acuerdo comercial.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha obtenido con Morena sus mejores resultados en los últimos 20 años: es tercera fuerza política en la Cámara de Diputados y el Senado; tiene dos gubernaturas, y ha incrementado el número de votos, y por lo tanto de recursos. Con este patrimonio político y económico, los verdes analizan separarse de la Cuarta Transformación y tomar su propia ruta... o chantajear para de todos modos tener ganancias.

En 2018, el año que ganó la Presidencia Andrés Manuel López Obrador, el Verde fue en alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuyo desprestigio alcanzó al partido del tucán que cayó a sus niveles más bajos: recibió 822 mil 160 votos en la elección presidencial. La votación de ese año lo llevó a ser la última fuerza política en la Cámara de Diputados con 11 legisladores y una de las más pequeñas del Senado con solo 7 escaños. Ese año, además, perdió la única gubernatura que mantenía: la de Chiapas.

Pero en la pasada elección presidencial rompió su techo: obtuvo una histórica votación de 4 millones 677 mil 057 votos, colocándose en el quinto lugar a nivel nacional en cuanto a votos recibidos. No obstante, en la Cámara de Diputados superó al PRI en representación, quedando sólo por debajo de Morena y el PAN; una misma posición que logró en el Senado de la República. Además, en Chiapas, logró recuperar su bastión de la mano de Eduardo Ramírez, quien de 2013 a 2015 fue secretario general del gobierno de Manuel Velasco Coello, exprecandidato presidencial de la 4T y uno de los caciques de esta fuerza política junto a Jorge Emilio González Martínez, “El Niño Verde”, y Arturo Escobar.

Los “altos vuelos” que ha alcanzado el Tucán lo han llevado a protagonizar distintos episodios de rebeldía con el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Iniciada la gestión de la mandataria, el Verde fue el principal promotor del cambio hecho a la reforma contra el nepotismo que impide que un Gobernador pueda ser sucedido por su pareja o un familiar cercano.

El presidente municipal de Ciudad Juárez y senador de Morena, Cruz Pérez Cuéllar, participó este jueves en la Mesa de Seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acompañado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

“Vamos a redoblar esfuerzos y a seguir trabajando en equipo por la tranquilidad de todas las familias de Juárez y Chihuahua”, afirmó Pérez Cuéllar tras la reunión. A la mesa se sumó también el secretario de Seguridad de Ciudad Juárez, César Omar Muñoz, en un intento por mostrar coordinación total entre los niveles de gobierno.

La reunión se dio mientras el país sigue conmocionado por la explosión de una pipa en Santa Marta, que hasta ahora ha dejado seis muertos y más de 90 heridos, cuya responsabilidad recae en el Grupo Tomza, propiedad de Tomás Zaragoza Fuentes y Tomás Zaragoza Ito, ambos amigos cercanos de Pérez Cuéllar, según él mismo ha dado a conocer en fotografías publicadas en redes.

CABILDEO Y ASPIRACIONES POLÍTICAS

La relación entre Pérez Cuéllar y los Zaragoza no es reciente. Durante uno de sus informes como senador, Tomás Zaragoza Fuentes ocupó un lugar privilegiado en primera fila. Además, empleados del sector energético aseguran que Pérez Cuéllar ha visitado en varias ocasiones las oficinas del magnate, cabildeando a favor de Grupo Tomza en asuntos relacionados con irregularidades y monopolios.

La explosión de la pipa en Santa Marta vuelve a poner en el centro del debate la seguridad de Ciudad Juárez y la influencia de poderosos actores económicos en la política local. La cercanía de Pérez Cuéllar con los Zaragoza plantea preguntas sobre la prioridad de la seguridad frente a intereses empresariales, especialmente cuando la confianza pública está en juego.

A través de Los Metros, una facción creada en Reynosa por Mario Cárdenas Guillén –hermano de Osiel Cárdenas– para que el Cártel del Golfo (CDG) combatiera a su antiguo brazo armado, Los Zetas, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ingresó a Tamaulipas para controlar un giro delictivo que antes dominaba el CDG: el huachicol.

Bajo las siglas del CJNG opera una red de complicidades en la que se encuentran funcionarios de corporaciones de seguridad de los tres niveles, agentes aduanales y una red de empresas, tanto legales como fachadas, que trasiegan crudo a Estados Unidos.

En esta trama identificada por un equipo de agencias de ambos países destaca un nombre, el de César Morfín Morfín, “El Primito”, líder de Los Metros, ahora ligado al Cártel Jalisco. Es un amante de los animales exóticos y los vehículos de lujo, a quien se le atribuye el secuestro y asesinato de los integrantes de la banda de música norteña Grupo Fugitivo, ultimados con saña en mayo de 2025 cuando se dirigían a una presentación privada.

Desde mayo, la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó narcotraficantes significativos a César Morfín Morfín y sus hermanos Álvaro y Remigio, al ubicarlos como líderes de la facción que trafica combustible robado de entidades como Hidalgo y Tamaulipas a la frontera norte.

A esta alianza se le atribuye el asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) de Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, ocurrido el pasado 4 de agosto en Reynosa, además de los homicidios de los integrantes de Grupo Fugitivo: Francisco Vázquez (20 años); Nemesio Durán (40 años); Livan Solís de la Rosa (27 años); Víctor Garza (21 años); y José Francisco Morales (23 años).