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Es inhumano politizar la salud

"A la fecha, unos 18 estados de la República Mexicana se han adherido al IMSS Bienestar, cediendo al Gobierno central el presupuesto para salud que les solían otorgar año con año para el mantenimiento y la operación de los Hospitales Generales, y entregando la facultad de mantenimiento, avituallamiento y operación al Gobierno de la República".

El recorte presupuestario a la salud en México ha sido sistemático desde la llegada de los gobiernos de “izquierda” a la Presidencia de la República, empezando con el de Andrés Manuel López Obrador en 2018, y con el de Claudia Sheinbaum Pardo a partir de 2024; año tras año se reducen en dos dígitos porcentuales los dineros que se utilizaban entre otras, para la adquisición de medicamentos, para proporcionar servicios de tratamientos para enfermedades crónicas y para cirugías especializadas.

A esta disminución presupuestaria se le suma la adición de clínicas y hospitales al sistema de salud federal particularmente con la creación del IMSS Bienestar, un ente que sin estudios de impacto ni viabilidad financiera o de capacidad en el otorgamiento de servicios, absorbió la mayoría de los Hospitales Generales antes en facultad, presupuesto y operación de los gobiernos de los estados.

Esta medida surgida del capricho del expresidente López Obrador dejó a toda una plantilla de médicos, enfermeras, administrativos y operativos de los hospitales generales en un limbo laboral, y redujo de manera peligrosamente considerable los presupuestos a los hospitales generales ahora centralizados en el IMSS Bienestar.

A la fecha, unos 18 estados de la República Mexicana se han adherido al IMSS Bienestar, cediendo al Gobierno central el presupuesto para salud que les solían otorgar año con año para el mantenimiento y la operación de los Hospitales Generales, y entregando la facultad de mantenimiento, avituallamiento y operación al Gobierno de la República.

La medida ha sido un fracaso.

En los estados donde los Hospitales Generales se han entregado al IMSS Bienestar, se han intensificado los problemas de desabasto de medicamentos, de programación de cirugías y de atención a pacientes que no cuentan con la seguridad social del IMSS, el ISSSTE o el Instituto estatal correspondiente como por ejemplo ISSSTECALI en Baja California que por cierto, es uno de esos estados donde sus Hospitales Generales están en el abandono del Gobierno central.

Es común que para la atención de un paciente que ingresa en los mismos, los médicos tratantes les entreguen a los familiares una lista de los insumos y los medicamentos que se requieren para dar la atención médica, dado que el desabasto alcanza niveles como nunca antes; vaya, ni siquiera aspirinas, catéteres, gasas o básicos como jeringas y agujas no hay disponibles, mucho menos medicamentos, antibióticos, anestésicos o básicos como sueros, soluciones salinas o desinfectantes.

A los recortes sistemáticos en el sector salud, ya en 2024 los presupuestos estatales en la República sufrieron recortes que alcanzaban el 12 por ciento en cada entidad federativa, se sumó el recorte que en 2024 planteó el Gobierno federal para el ejercicio 2025, que de acuerdo al Centro de Investigación Económica y Presupuestaria se situó en un 11 por ciento, lo cual indica que “la inversión para el sector salud sería equivalente a 2.5 por ciento del PIB [Producto Interno Bruto]” cuando la sugerencia internacional es que los países destinen al sector salud el seis por ciento de su PIB.

Con estas disminuciones en la inversión al sector salud por parte del Gobierno central mexicano, era imposible que el sector salud de México fuese mejor que el de Dinamarca como prometió López Obrador y de hecho presumió. Dinamarca, en 2024 creció en un 13.34 por ciento su inversión en la sanidad pública, y dedica el 10.8 por ciento del PIB para el sector salud. Las diferencias entre invertir el 2.5 por ciento y el 10.8 por ciento son más que notables.

En México la infraestructura hospitalaria atraviesa por un decaimiento de años de abandono y falta de mantenimiento, si no se abasten los medicamentos, herramientas e insumos, mucho menos se invierte en las instalaciones, los nuevos hospitales nacen sin medicamentos y sin herramientas para salas de operaciones o tratamientos especializados o incluso para la atención de emergencias. A los muchos videos que pacientes frustrados suelen colgar en las redes sociales sobre el desabasto, las pésimas condiciones en la atención de la salud y la raquítica infraestructura (hospitales inundados, derruidos, cayéndose, con desperfectos, con olores, infestados, contaminados de bacterias), se suman las manifestaciones cada vez más frecuentes por parte de familiares con pacientes mal atendidos.

Hace unos días, los padres de niños con cáncer de la asociación Nariz roja tomaron las calles para manifestarse por el desabasto de medicamentos oncológicos pediátricos, antibióticos, tratamientos; se unieron familiares de niños en varias entidades federativas a la marcha, como en Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Guanajuato, Quintana Roo, Estado de México, Tabasco, Ciudad de México, entre otros.

El desabasto en su caso es mortal. “Si una medicina se atrasa, se atrasa todo el tratamiento, y si por una semana se espacia, corren el riesgo de recaer y de morir”, dijo Jaqueline, la madre de un niño con cáncer en la manifestación de la Ciudad de México, según recogieron testimonios los medios de comunicación.

Exhiben que, a diferencia de lo que predica el Gobierno de la República de haber adquirido en más de 90 por ciento el medicamento oncológico, éste no lo ven en hospitales y clínicas, que quizá, y aquí conceden el beneficio de la duda, no se ha distribuido o no se ha hecho de manera adecuada, por lo que exigen que se distribuya a todas las clínicas y hospitales del país.

La marcha de los padres de niños con cáncer fue genuina. Desafortunadamente ahí están sus hijos, pacientes de cáncer como prueba; ahí está la falta de tratamientos y de medicamentos como evidencia. Los padres de niños con cáncer sólo quieren una cosa del Estado Mexicano: medicamentos y tratamientos a los que tienen derecho sus hijos. No politizan el tema, no son parte de un partido político, son víctimas de un sistema de salud que no está funcionando, y que sólo existe en la retórica de políticos, estos sí, que como en el caso de López Obrador decía que era mejor que el de Dinamarca, o de la Presidenta Claudia Sheinbaum que insiste en que sí hay abasto, que ella personalmente da seguimiento a la llegada de los medicamentos.

Aunque antes de informar eso, y que en estos días daría el “banderazo de salida a las rutas de la salud” como si abastecer de medicamentos fuese un acto de relumbrón o necesitado de un banderazo, cuando la urgencia fatal es que no hay, la Presidenta descartó la marcha de los padres de niños con cáncer, asegurando que “Margarita Zavala la encabezaba”. Es decir, politizó un tema tan grave como el desabasto de medicamentos para justificar el clamor de los padres que denuncian las condiciones en que sus hijos son desatendidos.

Por supuesto, los padres no pudieron mantener el silencio, eso de la justificación politizada de la Presidenta de que Margarita Zavala encabezó la marcha genuina, dijeron, fue para “desviar la atención del objetivo de la marcha”. Y efectivamente así parece que fue, lo mismo hizo en su momento y desde el mismo púlpito presidencial en el salón de Minería de Palacio Nacional, López Obrador: politizar las marchas genuinas de los padres de niños con cáncer, para justificar el fracaso de su política pública en materia de salud.

No hay nada más perverso en la clase política que gobierna que denostar la marcha de padres con hijos con cáncer. Insensible, frío, despiadada acción la de politizar un problema gravísimo, que sí se ignora se multiplicará, que se vive todos los días en México, que extingue el futuro que representan los niños, víctimas del ya inhumano desabasto de medicamentos en un sistema de salud a la deriva.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

Alcalde de Piedras Negras ataca a reportera; preguntó si se haría antidoping

Jacobo Rodríguez González, Alcalde de Piedras Negras, generó polémica tras encarar a una reportera luego de que ésta le planteara una pregunta sobre si estaría dispuesto a someterse a un examen antidoping.

El Alcalde de Piedras Negras, Coahuila, Jacobo Rodríguez González, protagonizó un controversial momento la mañana de ayer, cuando, al ser interrogado por una reportera sobre si estaría dispuesto a someterse a un examen antidopaje, respondió de forma alterada.

El hecho ocurrió el miércoles 13 de agosto durante la conferencia matutina del Presidente Municipal, espacio en el que una de las periodistas presentes le planteó el cuestionamiento antes mencionado.
"¿Estaría usted dispuesto a someterse también a pruebas de antidoping e informar a la ciudadanía de su resultado toxicológico para poner el ejemplo como primera autoridad?", fue la pregunta elaborada por la reportera, a raíz de que Rodríguez González habló en días pasados sobre estar a favor de realizar ese tipo de exámenes a miembros del departamento de bomberos local, así como a otras instituciones.
Ante la pregunta, el Alcalde, quien forma parte del partido Morena, cuestionó a la comunicóloga, con un tono de voz claramente molesto, el porqué de su interrogante, la cual tomó como un intento de atacarlo personalmente.
"Nunca vienes a la 'mañanera' y hoy vienes a quererme atacar de esa manera. ¿Qué comportamiento has visto tú en mí para que pienses que yo ando drogado?", respondió el morenista.
"¿Qué es lo que quieres lograr?", añadió el Presidente Municipal, quien encaró a la periodista y le reclamó por qué no hacía ese tipo de preguntas a otros personajes como Manolo Jiménez, actual Gobernador de Coahuila.
Del mismo modo, Rodríguez González señaló a la reportera de no trabajar, pues consideró que únicamente se dedica a estar "molestando" a los regidores de la entidad y a quitarles el tiempo.
"Aburres ahí. No haces nada. Quitas el tiempo nada más", reprochó el político a la reportera, a quien posteriormente se le quitó el micrófono que sostenía para evitar que continuara con sus cuestionamientos.
Alcalde denuncia "golpeteo político"

Luego de viralizarse el video sobre el intercambio de palabras entre Jacobo Rodríguez González y la reportera, el Presidente Municipal de Piedras Negras compartió un video en sus redes sociales para abordar el tema, al cual se refirió como un intento de golpeteo político.
En su video, el morenista afirmó que la comunicóloga es y siempre ha sido adversaria a su Gobierno, aunque reconoció que debió haber respondido de forma clara y sin evasivas.
"Yo debí haber contestado: 'Claro que me hago el antidoping junto con todo mi Gabinete'. Y claro que estoy dispuesto a hacerlo, 100 por ciento, pero, bueno, es parte del golpeteo político, es parte del periodismo chayotero que existe aquí en Coahuila", dijo.
Finalmente, el político apuntó que sus adversarios están "muy enojados" por los buenos resultados de su gestión, al presumir que Piedras Negras es la "frontera más segura del país" y la "segunda ciudad más segura de México", según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Alertas de viaje de EU "no tienen mucho impacto": CSP; Sectur destaca alza de turismo

Ante las alertas emitidas por el Gobierno de Estados Unidos sobre el peligro de viajar a 30 estados de México, Claudia Sheinbaum minimizó tales medidas al señalar que no tienen gran impacto en el turismo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) minimizó la mañana de este jueves las alertas que emitió el Gobierno de Estados Unidos (EU) sobre el peligro de viajar a 30 estados de México por la "delincuencia" y el "terrorismo" que se vive en dichos territorios, y afirmó que la medida no tiene gran impacto.

Durante la conferencia matutina que encabezó la mandataria federal este 14 de agosto, se presentaron estadísticas sobre el turismo en México, mismas que registraron aumentos respecto al año pasado.
"Miren. Como que las alertas esas que saca Estados Unidos no tienen mucho impacto que digamos", expresó Sheinbaum Pardo al mostrar los datos ante las y los periodistas presentes en Palacio Nacional.
El comentario de la titular del Poder Ejecutivo se dio a raíz de que el Gobierno estadounidense emitió esta semana una alerta de viaje para México, que incluye 30 de 32 los estados de la República. También pidió a sus ciudadanas y ciudadanos "extremar la precaución" en el país "debido al terrorismo, la delincuencia y el secuestro".


"En México se cometen numerosos delitos violentos, como homicidios, secuestros, robos de vehículos y robos. Existe el riesgo de violencia terrorista, incluyendo ataques terroristas y otras actividades en México. El Gobierno de EU tiene una capacidad limitada para ayudar en muchas partes de México. Los empleados del Gobierno de EU no pueden viajar a ciertas zonas de alto riesgo", advirtió el Departamento de Estado.
Ante ello, la Presidenta Sheinbaum resaltó que, de enero a junio de 2025, se registraron 47.4 millones de personas que viajaron hacia territorio nacional, lo que representa un incremento de 13.8 por ciento respecto al mismo periodo de 2024.

Sectur destaca alza de turismo en México

En lo que respecta al número de ciudadanas y ciudadanos de Estados Unidos que han viajado a México en la primera mitad de 2025, la Secretaría de Turismo (Sectur) informó que se han registrado más de siete millones de turistas pese a las constantes alertas emitidas por el Gobierno de dicho país.
Josefina Rodríguez Zamora, titular de la dependencia, participó en la conferencia matutina y precisó que siete millones 361 mil estadounidenses viajaron a territorio mexicano entre enero y junio del año en curso, es decir, 2.4 por ciento más que en 2024.
"De enero a junio de 2025, siete millones 361 mil turistas estadounidenses llegaron a México, lo que representa un aumento de 2.4 por ciento, con respecto al mismo periodo de 2024. En junio de 2025, México recibió a más de un millón 284 mil turistas estadunidenses", indicó la funcionaria.
Del mismo modo, la Secretaria dio a conocer que, en el periodo ya señalado, se contabilizaron 23.4 millones de turistas en México, 7.3 por ciento más que el año anterior.
"Tenemos un incremento del 7.3 por ciento en el mismo periodo del 24. Alcanzamos 23.4 millones de turistas en nuestro país. Y el gasto de visitantes es muy importante. Llegamos a 18.681 millones de dólares, un 6.3 por ciento más que dejaron en nuestro país", dijo.
Finalmente, explicó que los países que registran más viajes hacia México en lo que va de 2025 son Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.
"Tenemos un incremento de nuestro mercado estadounidense de 2.4 por ciento. Solamente en el mes de junio recibimos a más de un millón 284 mil turistas estadounidenses; en el acumulado, de enero a junio, más de siete millones 300 mil estadounidenses. Y un aumento considerable en el canadiense, un 11.8 por ciento más, que se refleja más de un millón 683 mil turistas canadienses en nuestro país", detalló Rodríguez Zamora, quien afirmó que "México está de moda".
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Acusan a “La Tuta”, en Corte de NY, de tráfico de cocaína y metanfetamina a EU

El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el Agente Especial a Cargo de la División de Nueva York, de la Administración para el Control de Drogas de EE. UU. (DEA, por sus siglas en inglés), Frank A. Tarentino, anunciaron, el 14 de agosto de 2025, la apertura de un auto de procesamiento para acusar a Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta” -ex líder de los cárteles La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios-, de 59 años de edad, de conspirar para importar cocaína y metanfetamina a EE. UU.

“Gómez Martínez fue puesto bajo custodia estadounidense ayer desde México y comparecerá hoy ante el Juez Magistrado Henry J. Ricardo [de la Corte Federal para el Distrito Sur de Nueva York] por los cargos contenidos en el auto de procesamiento. El caso está asignado al Juez de Distrito John G. Koeltl”, detalló el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en un comunicado.

“Como se alega, Servando Gómez Martínez era líder, ejecutor, narcotraficante, proveedor de armas y portavoz público de la violenta organización narcotraficante La Familia Michoacana, con sede en México. La Familia Michoacana importó grandes cantidades de cocaína y metanfetamina a Estados Unidos desde México y ejerció una violencia extensiva para promover sus actividades de narcotráfico, incluso contra las autoridades mexicanas que se interpusieron en su camino. Esta Oficina y nuestros socios en la DEA están comprometidos a desmantelar los cárteles y llevar a sus líderes ante la justicia”, declaró el fiscal federal Clayton, citado en el comunicado.

“La expulsión de Servando Gómez Martínez marca un paso significativo en nuestra lucha contra las organizaciones de narcotráfico más violentas y prolíficas del mundo. Durante años, Gómez Martínez presuntamente impulsó el tráfico de cocaína y metanfetamina que devastó comunidades en todo Estados Unidos, y la DEA mantiene su compromiso de llevar ante la justicia a estos despiadados líderes de los cárteles”.dijo, por su parte, el agente especial a cargo de la DEA, Tarentino.

“Según las alegaciones contenidas en el escrito de acusación: Gómez Martínez era el jefe operativo de La Familia Michoacana (‘LFM’), una poderosa y violenta organización narcotraficante con sede en el estado de Michoacán, en el suroeste de México. LFM controlaba la fabricación y distribución de drogas dentro y alrededor del estado de Michoacán, así como un puerto que servía como punto clave de transbordo para los cargamentos de droga”, detalló el DOJ.

“LFM importaba grandes cantidades de cocaína y metanfetamina a Estados Unidos desde México. Además, LFM prohibía la venta y el consumo de metanfetamina en las zonas bajo su control en México e instruía a sus miembros que su metanfetamina se destinaba exclusivamente a la exportación a Estados Unidos. Gómez Martínez hacía declaraciones públicas en nombre de LFM y era responsable, entre otras cosas, de garantizar que las actividades de narcotráfico de LFM no fueran obstaculizadas por las fuerzas del orden y de adquirir armas para su uso”, explicó el Gobierno de EE. UU.

“Bajo el liderazgo de Gómez Mártinez y otros, LFM incurrió en una violencia generalizada, que incluyó asaltos, asesinatos y secuestros, para financiar sus actividades de narcotráfico. Alrededor del 17 de julio de 2009, días después de que se descubrieran en Michoacán los cuerpos de 12 policías federales mexicanos que se creía habían sido asesinados por LFM, Gómez Mártinez prestó declaración grabada a una estación de televisión local de Michoacán”, agregó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“En la declaración, Gómez Mártinez reconoció públicamente su pertenencia a LFM y, entre otras cosas, afirmó estar a cargo de la ciudad portuaria de Lázaro Cárdenas en Michoacán; que LFM se encontraba en una batalla contra la policía federal y los fiscales mexicanos; y que LFM secuestra a personas que le deben dinero y a aquellos cuyos familiares trabajan en los gobiernos estatales y federales”, insistió el DOJ.

“Gómez Martínez fue transferido de México a Estados Unidos el 12 de agosto de 2025, de conformidad con la Ley de Seguridad Nacional de México. Se encontraba entre más de dos docenas de fugitivos buscados que enfrentaban diversos cargos penales federales y estatales en todo el país, incluyendo cargos relacionados con narcotráfico, toma de rehenes, secuestro, uso ilegal de armas de fuego, tráfico de personas, lavado de dinero, asesinato de un agente del sheriff y otros delitos”, recordó el Gobierno de EE. UU.

“Gómez Martínez, de 59 años [de edad], ciudadano mexicano, está acusado de conspirar para importar cocaína y metanfetamina a los Estados Unidos, lo que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua”, expresó el DOJ.

El Departamento de Justicia de EE. UU. confirmó, el 12 de agosto de 2025, que entre los 26 presuntos delincuentes, que a su solicitud fueron trasladados por la Fiscalía General de la República (FGR), junto con las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (SEGOB) a dicho país, se encontraba “La Tuta” quien sería juzgado en la Corte Federal Distrito Sur de Nueva York, donde podrían condenarlo hasta una posible cadena perpetua.

Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, rechazó, el 15 de abril de 2025, la demanda de amparo que promovió “La Tuta”, para que la Cancillería mexicano no concediera su extradición, o deportación, o destierro, a Estados Unidos.

El 3 de abril de 2025, durante una comparecencia con el mismo juzgador, “La Tuta” dijo que el 31 de marzo del mismo año, diversas instituciones federales, entre ellas la FGR, la SSPC Federal y la vocería de la Presidencia de México, indicaron que se haría otro “envío” de narcotraficantes a EE. UU. y en ese grupo iría el capo michoacano.

Sin embargo, el juez federal determinó que el argumento de Gómez Martínez no era suficiente para proceder con la suspensión de plano. “No se advierte que entre los hechos denunciados y los resultados dañinos exista una relación de causalidad que justifique decretar la suspensión”, señaló Niño Jiménez.

El juzgador apuntó en su resolutivo que “La Tuta” tenía que “narrar los hechos o abstenciones del acto o actos reclamados”, que consistían en la orden, resolución o decisión, escrita u oral, para deportar, expulsar, proscribir o desterrar.

El ex líder de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, de 59 años de edad, fue detenido el 27 de febrero de 2015, en Morelia, Michoacán, pero no fue hasta el 9 de diciembre de 2022, que un juez lo sentenció a 47 años y 6 meses de prisión.

Desde entonces “La Tuta” se encontraba recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, ‘El Altiplano’, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, del EDOMEX, donde purgaba su condena por delitos contra la salud en diversas modalidades y delincuencia organizada.

La FGR informó, el 9 de diciembre de 2022, que obtuvo una sentencia condenatoria por 47 años y 6 meses de prisión, en contra “La Tuta”, ex líder de la organización delictiva La Familia Michoacana, por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud.

La institución de procuración de justicia indicó que se logró probar que el capo michoacano, entre otros, eran líderes de la citada organización criminal, “con funciones de dirección y administración, teniendo como principal actividad el tráfico de drogas en diversos estados del país, principalmente en Michoacán”.

“Los elementos de prueba obtenidos por el Ministerio Público de la Federación (MPF) [adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada], permitieron que se dictara sentencia condenatoria de 47 años, seis meses de prisión y 13 mil 50 días multa por los delitos mencionados”, detalló la FGR.

Además, según la misma Fiscalía General de la República, las fuerzas federales lograron establecer que la base de operaciones de “Los Caballeros Templarios” se encontraba en Michoacán, aunque también tenía presencia en estados circunvecinos, como Jalisco y Colima.

El 17 de junio de 2019, “La Tuta” fue condenado por un juez de Michoacán, a 55 años de prisión, por el delito de secuestro. La Fiscalía General michoacana informó, entonces, que obtuvo la sentencia condenatoria contra Gómez Martínez, por la privación ilegal de la libertad de un empresario, ocurrida en agosto de 2011, en el municipio de Uruapan del Progreso.

“Fiscalía de Michoacán obtiene sentencia de 55 años de prisión para Servando G., alias ‘La Tuta’, al acreditarse su plena responsabilidad en el secuestro de un empresario en el mes de agosto del 2011, en la ciudad de Uruapan”, según lo publicó la institución de procuración de justicia michoacana, en su cuenta de la red social Twitter.

“La Tuta” fue aprehendido por elementos de la Policía Federal (PF), el 27 febrero de 2015, cuando se ocultaba en una casa de seguridad en el municipio de Morelia. Desde entonces permanecía recluido, acusado de delitos de delincuencia organizada, contra la salud y otros.

En su momento, se le consideró como el principal agresor de las fuerzas federales destacamentadas en Michoacán, además de que se le señaló como el autor intelectual del secuestro y asesinato de 12 policías federales en el municipio michoacano de Arteaga, de donde el capo es originario.

“La Tuta” fue el último líder del extinto grupo delictivo conocido como Caballeros Templarios y también fue líder de La Familia Michoacana, por debajo de Nazario Moreno González, “El Chayo”, y de José de Jesús Méndez Vargas, “El Chango Méndez”.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Estados Unidos arrecia presión sobre el narco: sanciona a líderes de Los Viagra y Cárteles Unidos

Entre los sancionados se encuentran tres de los líderes más visibles de Los Viagras: Nicolás Sierra Santana (“El Gordo” o “El Coruco”), Heladio Cisneros Flores (“La Sirena”) y César Alejandro Sepúlveda Arellano (“El Bótox”), todos originarios de Michoacán. Elevan recompensa por “El Abuelo” a 10 MDD.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra Cárteles Unidos y Los Viagras, así como contra siete personas vinculadas a estas organizaciones criminales, a las que acusa de estar involucradas en terrorismo, narcotráfico y extorsiones a productores agrícolas en México.

“ Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro sanciona a los conocidos cárteles mexicanos Cárteles Unidos y Los Viagras, junto con siete personas afiliadas vinculadas al terrorismo, el narcotráfico y la extorsión en el sector agrícola mexicano. Estas acciones refuerzan la directiva de @realDonaldTrump de eliminar por completo los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales que amenazan al pueblo estadounidense”, mencionó la OFAC en su cuenta de X.
Además en el comunicado oficial se puede leer: “Los cárteles mexicanos, incluidos Cárteles Unidos  y Los Viagras , han causado un derramamiento de sangre significativo en México y Estados Unidos a través de su promoción del narcotráfico y la violencia”.

LOS VIAGRA ESTÁN EN LA MIRA DE EU

Entre los sancionados se encuentran tres de los líderes más visibles de Los Viagras: Nicolás Sierra Santana (“El Gordo” o “El Coruco”), Heladio Cisneros Flores (“La Sirena”) y César Alejandro Sepúlveda Arellano (“El Bótox”), todos originarios de Michoacán. 

Las autoridades estadounidenses los señalan como miembros de alto rango responsables de secuestros, homicidios y redes de extorsión que afectan directamente al comercio agrícola bilateral.

COBRO AL SECTOR AGRÍCOLA

De acuerdo con las investigaciones, Los Viagras y Cárteles Unidos han impuesto un régimen de cobros ilegales a productores de aguacate, cítricos y ganado en Michoacán, bajo amenazas de muerte, confiscación de tierras y secuestros. También operan redes de tala ilegal, control de internet y otros negocios ilícitos. Estas acciones han llegado a frenar temporalmente la exportación de aguacate a Estados Unidos, tras amenazas contra inspectores agrícolas estadounidenses.

¿QUIÉNES SON LOS LÍDERES DE LOS VIAGRA?

Heladio Cisneros Flores “La Sirena”: jefe de plaza de Los Viagra en La Ruana, municipio de Buenavista, desde 2018. Tiene carpetas de investigación por homicidio calificado, tentativa de homicidio y robo calificado, y un historial delictivo que se remonta a 2014.

Nicolás Sierra Santana “El Gordo” o “El Coruco”: integrante del clan Sierra Santana, con orden de aprehensión por secuestro agravado y señalado, junto con La Sirena, como posible autor intelectual del asesinato del exlíder de autodefensas Hipólito Mora Chávez el 29 de junio de 2023. Mora Chávez denunció ante las autoridades la ubicación de diversos laboratorios clandestinos, acto que hizo enojar a Los Viagra.  

César Alejandro Sepúlveda Arellano “El Bótox”: relacionado con secuestro agravado y señalado por el asesinato de al menos un productor citrícola.

¿QUIENES SON LOS INTEGRANTES DE CÁRTELES UNIDOS SANCIONADOS?

Entre los principales miembros de Cárteles Unidos recientemente sancionados por el OFAC están:

Juan José Farías Álvarez “El Abuelo”: identificado como jefe máximo de la organización. Bajo su liderazgo, se le atribuyen asesinatos y el tráfico de drogas a gran escala: hoy el Departamento de Estado elevó a 10 millones de dólares la recompensa por datos que conduzcan a su captura.


Luis Enrique Barragán Chávez “Wicho”: líder regional vinculado directamente a la extorsión contra productores de aguacate en Michoacán, uno de los sectores agrícolas más golpeados por la violencia.

Alfonso Fernández Magallón, “Poncho”: señalado por reclutar exmilitares y expolicías colombianos para reforzar las filas de Cárteles Unidos en su confrontación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Édgar Valeriano Orozco Cabadas, “El Kamoni”: colaborador cercano de El Abuelo y encargado de supervisar a los sicarios del grupo, coordinando operaciones armadas.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Dron de EU voló Edomex a petición nuestra; fue para investigar crimen organizado: CSP

Las autoridades mexicanas solicitaron el apoyo de Estados Unidos para desplegar un dron en la región controlada por el crimen organizado.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) confirmó este jueves que el dron estadounidense que sobrevoló Valle de Bravo y Tejupilco, en el Estado de México (Edomex), fue utilizado para una “investigación especial” relacionada con el crimen organizado.

El equipo pertenece a la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y fue solicitado por el Gobierno de México debido a que cuenta con tecnología no disponible en el país.
“Este fue el caso que planteó ayer el Secretario de Seguridad [Omar García Harfuch], pero es a petición del Gobierno de México. Se hace la solicitud dentro de los marcos de colaboración para que haya un vuelo de los Estados Unidos de equipos que no se tienen en México”, explicó la mandataria en su conferencia matutina.
El dron, que partió desde Texas, fue detectado sobrevolando zonas donde opera el grupo criminal "La Familia Michoacana", particularmente en los límites entre el Estado de México y Guerrero.

Esta organización, liderada por los hermanos José Alfredo “La Fresa” y Johnny “El Pez” Hurtado Olascoaga, mantiene control sobre las actividades comerciales, de transporte y producción en la región.

Sheinbaum Pardo detalló que este tipo de colaboración no es nueva, pero que debe cumplir con condiciones específicas, como la vigilancia permanente de autoridades mexicanas durante el despliegue y la delimitación precisa del área de operación.


“Ellos lo operan porque es un avión de ellos, pero es a petición de México en una cierta zona donde se busca una característica”, aclaró.
Aunque no reveló el objetivo específico del sobrevuelo, la titular del Poder Ejecutivo confirmó que se trató de una acción vinculada a seguridad.
“No tiene que ver con migración lo que se pidió, sino que es una de las instituciones en donde se tiene colaboración y fue para una investigación especial de delincuencia organizada”, reiteró desde Palacio Nacional.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Carlos Treviño, encumbrado (IMSS y Pemex) con Calderón-Peña, cae en EU por corrupción

Carlos Treviño, quien ocupó altos cargos en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, enfrenta señalamientos por sobornos y otros posibles delitos.

Carlos Treviño Medina, el último director de Petróleos Mexicanos (Pemex) con Enrique Peña Nieto, fue detenido ayer en Estados Unidos y será deportado a México para enfrentar un juicio por actos de corrupción, informó este jueves la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina.
“Ahora, el día de ayer se detuvo a un exdirector de Pemex, que era parte de las alertas que existían, y es bueno, lo van a deportar y ya será juzgado aquí en México por temas de corrupción”, detalló la mandataria federal.
Ante la pregunta sobre la detención del exdirector de la petrolera, la titular del Ejecutivo aclaró que se trata de una solicitud de extradición que existe desde hace aproximadamente cinco años.

“Finalmente se encuentra y va a ser deportado en los próximos días y tiene que llevar su juicio en México”, indicó la Presidenta Sheinbaum, quien confirmó que los señalamientos en su contra están relacionados con sobornos, incluyendo denuncias presentadas por Emilio Lozoya, también exdirector de Pemex.


La mandataria federal señaló que, si bien se han mencionado otros posibles delitos, los detalles precisos sobre los cargos completos corresponden a la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que aún deben confirmarse. Y, sobre la ciudad donde se realizó la detención, la Presidenta pidió esperar la información exacta que se confirmó en el gabinete.

¿Quién es Carlos Treviño Medina?

Carlos Treviño Medina, acusado de corrupto por Emilio Lozoya, otro director de Pemex señalado por corrupción, ha sido el típico funcionario del PRIAN. Se encumbró con Felipe Calderón (PAN) y desempeñó altos cargos con Enrique Peña Nieto hasta el final de su Administración (PRI).

Treviño Medina fue director general de Petróleos Mexicanos de noviembre de 2017 a noviembre de 2018. Antes, se desempeñó como director corporativo de Administración de Pemex, entre febrero de 2016 y diciembre de 2017, y como director de Finanzas de Pemex de febrero de 2010 a enero de 2012.

También ocupó el cargo de director de Finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de febrero de 2014 a enero de 2016, y fue director general de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FNDARFP) antes de incorporarse al IMSS.


Su trayectoria en la administración pública federal comenzó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como director general de Programación y Presupuesto de diciembre de 2006 a enero de 2010, y en el Gobierno de Vicente Fox Quesada, fue director general en la Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental y posteriormente Oficial Mayor de la Secretaría de Energía y de la Secretaría de Economía.

En el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, fue director general en la SHCP con Agustín Carstens Carstens, Secretario de Hacienda y Crédito Público, hasta 2010, antes de pasar a Pemex como director corporativo de Finanzas y culminar el sexenio como subsecretario de la SHCP.

Con Peña Nieto, inició como director general de Financiera Rural, luego fue director de Fianzas del IMSS, y posteriormente asumió cargos clave en Pemex hasta llegar a la dirección general de la petrolera.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Asesinan a comandante de la Policía Municipal de Culiacán

Este hecho marca el cuarto mando policial ejecutado en Culiacán en lo que va del año, en medio de la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Se registró un nuevo ataque contra la policía la mañana de este miércoles en el primer cuadro de Culiacán. Se trata del comandante Iván Alfonso “N” que fue asesinado a balazos mientras transitaba en su automóvil.

El oficial, jefe del sector 4 con jurisdicción en la colonia Los Huizaches, fue atacado tras concluir su turno y se desplazaba en un Nissan Sentra blanco cuando fue alcanzado por múltiples disparos.

La vocera de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó los hechos a través de su vocera, Verona Hernández Valenzuela, quien explicó que “el reporte no entró por el C4, sino directamente a la corporación; era un agente que se retiraba franco de sus labores”. Al lugar acudieron elementos policiales que ratificaron la identidad de la víctima, quien tenía una trayectoria de 12 años en la dependencia.

Iván Alfonso “N” había sido reasignado recientemente a la colonia Los Huizaches, zona que había sufrido un ataque previo a una base policial.

Medios locales reportaron que el atentado ocurrió sobre la avenida Venustiano Carranza, donde testigos relataron que sujetos armados dispararon repetidamente contra el vehículo del comandante, dejando la unidad con varios impactos de bala.

Este asesinato se suma a la escalada de violencia en Culiacán, donde ya suman cuatro mandos policiales ejecutados en lo que va del año.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Poder Judicial será autónomo, pero sin aislarse ni confrontarse con el gobierno, dice Hugo Aguilar

Hugo Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) participó en un evento en la Cámara de Diputados para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Luego de eso, se deslindó de Morena y aseguró que no es cercano a ningún partido político.

Hugo Aguilar, ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que en su gestión peleará por la autonomía del Poder Judicial, aunque esto no implicará que se aísle o se confronte con el gobierno y el Congreso.

Aguilar, quien será ministro presidente de la Corte entre 2025 y 2027, señaló que bajo su mandato el Poder Judicial tendrá autonomía, aunque no una “malentendida” en la que no haya diálogo con los otros Poderes de la Unión.

“A lo largo de mi vida he sido un constructor de la autonomía de los pueblos indígenas y con esa experiencia no voy a dejar de pelear por la autonomía del Poder Judicial, pero no una autonomía malentendida que implique aislamiento, ruptura o confrontación. Vamos a construir un diálogo con los otros poderes por el bien de México, todos somos parte del mismo país y tenemos propósitos comunes”, señaló el ministro presidente electo.

Hugo Aguilar participó en un evento en la Cámara de Diputados para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Luego de eso, en conferencia de prensa, se deslindó de Morena y aseguró que no es cercano a ningún partido político, a pesar de que entre 2019 y 2025 fue funcionario público en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.

“No tengo carrera política, no tengo compromiso con ningún partido político, agrupación política ni con otros sectores que tengan intereses en la Corte. Yo llego por la reforma judicial (…) para mí en lo personal ha sido la oportunidad histórica para llegar a este espacio y servirle a la nación, a mí me respaldan los votos que la ciudadanía me dio”, señaló.

Hugo Aguilar Ortiz iniciará su periodo como ministro presidente de la Corte en septiembre, mes en el que saldrán los 11 ministros que actualmente componen el Pleno del máximo tribunal y entrarán las nueve personas que fueron elegidas en la elección judicial para tomar ese cargo.

En el caso de Aguilar Ortiz, él recibió 6.1 millones de votos, la mayor cantidad de apoyos, por lo que ganó la presidencia del máximo tribunal para los próximos dos años.

Nueva Corte revisará el anteproyecto de presupuesto de 2026

Hugo Aguilar adelantó que los nuevos ministros de la Corte revisarán el anteproyecto de presupuesto para 2026 de casi 5 mil 870 millones de pesos, el cual fue aprobado por el Pleno del máximo tribunal ayer 12 de agosto.

“Estamos revisando el funcionamiento de la Corte y vamos a hacer algunos ajustes, a proponer algunos ajustes porque quien va a tomar decisión va a ser el Órgano de Administración Judicial, pero lo hemos revisado y todavía falta ajustar salarios, vamos a ir a la baja”, dijo el ministro presidente electo.

Añadió que “acercar la justicia al pueblo” no requerirá un presupuesto mayor al que actualmente tiene la Corte, ya que se reorientará el dinero a otras tareas. “No va a haber una contradicción entre austeridad y eficiencia, vamos a hacer mucho con poco”, expresó.

El futuro ministro presidente agregó que será hasta que tome protesta de su cargo cuando empiece a revisar el presupuesto de 2026 junto con la Cámara de Diputados, que es la instancia que lo debe aprobar.

Hugo Aguilar insta al Congreso a aprobar leyes secundarias de reforma indígena

Entre otros temas, Hugo Aguilar Ortiz enfatizó ante los diputados que uno de los pendientes del Congreso es aprobar las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos que se aprobó el año pasado.

“Uno de los retos es generar una Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas, que está mandatado en la reforma constitucional. Si la norma constitucional no adquiere un desarrollo normativo importante que le dé certeza a todos, puede quedar en letra muerta”, advirtió Hugo Aguilar.

La reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2024. A partir de esa fecha, el Congreso tenía seis meses para aprobar las leyes secundarias que le dieran operatividad a los cambios planteados en la Constitución, pero eso no ha sucedido hasta ahora.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALEXIS ORTIZ.

En 2024, 38.5 millones de mexicanos vivían en situación de pobreza, 6.8 puntos porcentuales menos que en 2022: Inegi

La población en México en pobreza multidimensional pasó del 36.3 % en 2022 al 29.6 % en 2024, lo que significa una reducción de 6.8 puntos porcentuales.

En 2024, 38.5 millones de personas se encontraban en situación de pobreza multidimensional en México. Esta cifra representa una disminución de 8.3 millones de personas respecto a 2022, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En términos porcentuales, la población en pobreza multidimensional pasó del 36.3 % en 2022 al 29.6 % en 2024, lo que significa una reducción de 6.8 puntos porcentuales.

El Inegi presentó por primera vez los resultados de la medición de la pobreza multidimensional, atribución que le fue conferida y que asumió desde el pasado 17 de julio tras la extinción del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

La población en situación de pobreza multidimensional es aquella que tiene ingresos insuficientes para poder adquirir bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades y que además no tienen garantizado el acceso a alguno de los derechos sociales, como son educación, vivienda, seguridad social, salud y alimentación.

En ese sentido, sus resultados mostraron que el año pasado, 3 de cada 10 mexicanos no tenían garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos sociales y su ingreso mensual no era suficiente para adquirir una canasta alimentaria, bienes ni servicios necesarios.

Carencias sociales muestran disminución en 2024; seguridad social es la que más afecta

Los resultados del Inegi indicaron las carencias sociales por acceso a educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación se redujeron en 2024, sin embargo, entre 2022 y 2024 aumentó el porcentaje de población vulnerable por dichas carencias en 2.7 puntos porcentuales, ubicándose en 32.2 % el año pasado.

Asimismo, indicó que a nivel nacional, la carencia con mayor impacto en la población fue la de acceso a la seguridad social, pues el 48.2 % de la población -62.7 millones de personas- se vio afectada por ella.

Aunque persistió, esta carencia disminuyó dos puntos porcentuales entre 2022 y 2024, pasando del 50.2 % al 48.2 % de la población.

En cuanto a otras carencias sociales, todas mostraron una reducción.

• Rezago educativo: Afectó a 24.2 millones de personas (18.6 %).

• Acceso a los servicios de salud: disminuyó de 39.1 % en 2022 a 34.2 % en 2024, afectando a 44.5 millones.

• Calidad y espacios de la vivienda: pasó de 9.1 % en 2022 a 7.9 % en 2024, afectando a 10.3 millones de personas.

• Acceso a los servicios básicos en la vivienda: disminuyó de 17.8 % en 2022 a 14.1 % en 2024, impactando a 18.4 millones de personas.

• Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad: se redujo de 18.2 % en 2022 a 14.4 % en 2024, afectando a 18.8 millones de personas.


En cuanto al Bienestar Económico, en 2024, 46.0 millones de personas tenían un ingreso inferior a las Líneas de Pobreza por Ingresos (LPI), lo que representa el 35.4 % de la población, una reducción desde el 43.5 % en 2022.

Asimismo, 12.1 millones de personas contaban con un ingreso inferior a las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI) en 2024, lo que significa el 9.3 % de la población, disminuyendo desde el 12.1 % en 2022.

Pobreza por entidades

Las cinco entidades federativas con los porcentajes más altos de población en situación de pobreza multidimensional en 2024 fueron:

1. Chiapas: 66.0 %
2. Guerrero: 58.1 %
3. Oaxaca: 51.6 %
4. Veracruz: 44.5 %
5. Puebla: 43.4 %

En contraste, las cinco entidades con los porcentajes más bajos fueron Baja California (9.9 %), Baja California Sur (10.2 %), Nuevo León (10.6 %), Coahuila (12.4 %) y Sonora (14.1 %).

Para la pobreza extrema en 2024, las entidades con los porcentajes más altos fueron Chiapas (27.1 %), Guerrero (21.3 %), Oaxaca (16.3 %), Veracruz (8.8 %) y Puebla (7.3 %). Las entidades con los porcentajes más bajos incluyeron Baja California (0.4 %), Nuevo León (0.5 %) y Aguascalientes (0.6 %).

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

EU alerta por terrorismo en 30 estados de México

La alerta señala que hombres armados patrullan libremente y que las fuerzas de seguridad locales tienen capacidad limitada para responder

El Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viaje de nivel 4 (el máximo en su escala) debido a terrorismo, violencia, inseguridad y secuestro en 30 de las 32 entidades de México –excluyendo a Yucatán y Campeche-. 

La alerta señala que hombres armados patrullan libremente y que las fuerzas de seguridad locales tienen capacidad limitada para responder. Incluso advierte de ataques a autobuses y vehículos particulares con fines de secuestro.

México no es seguro para sus ciudadanos debido a la alta incidencia de delitos violentos como homicidios, robos de vehículos y asaltos, así como el riesgo de ataques por parte de grupos criminales, advierten. 
Tenga más cuidado en México debido al terrorismo, la delincuencia y el secuestro. En México se cometen numerosos delitos violentos, como homicidios, secuestros, robos de vehículos y robos. 
“Existe el riesgo de violencia terrorista, incluyendo atentados y otras actividades en México. Para más información, consulte los informes nacionales sobre terrorismo del Departamento de Estado”, dijo el Departamento de Estado.

Entre los estados con alerta se encuentra Tamaulipas, en la que prohíbe a sus ciudadanos viajar a la entidad debido a la violencia e inseguridad. 

En el mismo nivel se encuentran Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Zacatecas. El aviso advierte sobre homicidios, robos, secuestros y presencia de grupos armados, especialmente en la franja fronteriza de Matamoros a Nuevo Laredo, así como en Reynosa, San Fernando y Ciudad Victoria. 

En el caso de Tamaulipas, el aviso señala que la violencia generada por organizaciones delictivas es frecuente, sobre todo en la franja fronteriza, de Matamoros a Nuevo Laredo, de Reynosa a San Fernando, y en Ciudad Victoria. Ahí se han registrado tiroteos, secuestros, robos con violencia, desapariciones forzadas y agresiones sexuales. 

La alerta advierte también sobre ataques en la zona norte del estado dirigidos a autobuses y vehículos particulares, cuyo objetivo, en ocasiones, es secuestrar a ciudadanos estadounidenses para exigir rescate. Casos similares se han registrado en pasajeros y automovilistas que viajan de Monterrey a Reynosa y Matamoros. 

El gobierno estadunidense señala que, en estas zonas, muchos de sus ciudadanos y residentes legales permanentes han sido víctimas de secuestro, y que hombres fuertemente armados de organizaciones delictivas patrullan libremente, especialmente a lo largo de la región fronteriza entre Reynosa y Nuevo Laredo. Las fuerzas del orden locales, advierte, tienen capacidad limitada para responder. 

El documento concluye que incluso los empleados del gobierno estadounidense tienen estrictas restricciones de viaje, entre ellas: no viajar entre ciudades durante la noche, evitar desplazarse solos, no abordar taxis en la calle y no conducir entre ciudades fronterizas ni en el interior del país, salvo en casos excepcionales.


FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA QUINTÁ URESTI.

Nuevo titular de la UIF promete no ser “instrumento de persecución” y pone la mira en el lavado de dinero

Colmenares reconoció que uno de los puntos inmediatos que estará atendiendo es la quinta ronda de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Al ser ratificado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares expuso que el organismo que ahora encabeza no será “un instrumento de persecución”, esto mientras el gobierno de Estados Unidos incrementa la presión sobre México para golpear financieramente a los cárteles. 

“No seremos un instrumento de persecución, sino una herramienta de justicia. Fortaleceremos la cultura de la denuncia, la colaboración con la sociedad civil, ampliaremos los programas de capacitación en prevención de lavado de dinero y trabajaremos de la mano con sectores estratégicos del sistema financiero”, dijo desde el Senado.

Sin embargo, Colmenares expuso que su nueva gestión no será pasiva. Adelantó que desplegarán procesos de análisis de información para identificar el lavado de dinero que circula en la banca mexicana y que es aprovechado por los narcos, los mismos que Estados Unidos catalogó como grupos terroristas. 

“Asimismo, quisiera comentarle que todo el tema de las organizaciones transnacionales y las organizaciones nacionales que operan y utilizan la banca nacional para poder blanquear su dinero, en la Unidad de Inteligencia Financiera estaremos utilizando procesos de análisis de información para poder identificar estos riesgos y poder mitigarlos”, dijo el nuevo titular de la UIF, que llega al cargo tras la salida de Pablo Gómez, quien ahora encabeza la Comisión para la reforma electoral. 

La estrategia que delineó incluye reforzar los canales de cooperación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para enfrentar el lavado de dinero transnacional y los delitos fiscales globales. 

También, dijo, se rastrearán las redes de corrupción que desvían recursos públicos y se pondrá la lupa sobre funcionarios que participan en ellas. 

Evaluación de GAFI

En paralelo, Colmenares reconoció que uno de los puntos inmediatos que estará atendiendo es la quinta ronda de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). 

Esta mide si México cumple con los estándares globales contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas. 

“Estamos trabajando para demostrar ante este organismo internacional el cumplimiento técnico y la solidez de nuestro marco legal”, sostuvo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMILA AYALA ESPINOSA.

Los 26 extraditados seguían delinquiendo desde prisión: García Harfuch

Además buscaban beneficios judiciales, dijo el titular de la SSPC durante la conferencia del Gabinete de Seguridad en la que se explicó el traslado de “generadores de violencia” a Estados Unidos.

Bajo el argumento de que los 26 “generadores de violencia” enviados a Estados Unidos continuaban operando delincuencialmente dentro de las cárceles mexicanas “ordenando secuestros, extorsiones, homicidios y otros delitos”.y además buscaban beneficios judiciales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, defendieron el traslado de criminales como un “acto de soberanía” de México.

En conferencia de prensa, García Harfuch sostuvo que aún recluidos en cinco penales federales y cuatro federales, los 26 expulsados del país “continuaban dirigiendo actividades ilícitas mediante visitas” autorizadas legalmente que “eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación, lo que representaba un riesgo inaceptable para la seguridad”.

Sin explicar si esas actividades delictivas desde prisión implicaban la colusión de autoridades penitenciarias o si se habían integrado carpetas de investigación, el funcionario agregó que “muchos” de los 26 obtuvieron amparos para ser trasladados a “cárceles de baja seguridad e incluso se prevería que otros, actualmente en reclusión, en centros penitenciarios federales, recibieran resoluciones similares que facilitarían su traslado a penales estatales menos vigilados, incrementando el riesgo de continuar con sus operaciones delictivas o incluso un riesgo de fuga”.

Como ejemplos de beneficios judiciales  obtenidos por delincuentes de alto impacto, García Harfuch contó que entre los 29 capos enviados a Estados Unidos en febrero pasado, Miguel Ángel Treviño, alias Z-40, logró posponer su proceso de extradición en 79 ocasiones, mientras que Óscar Treviño, alias Z-42, lo logró en 54.

A punto de entrar en vigor el nuevo Poder Judicial, que sustituiría según los argumentos oficiales a un Poder Judicial “corrupto”, el funcionario señalo que “existían también litigios y recursos legales que buscaban su liberación anticipada, lo que de haberse concretado significaría un retroceso en la lucha contra el crimen y un agravio contra las víctimas”.

Tras siete años de gobiernos de Morena al frente de la seguridad pública y nacional, García Harfuch insistió que enviar a Estados Unidos a 26 personas implicadas en cárteles del narcotráfico fue una “medida para impedir que desde prisión continuaran ordenando secuestros, extorsiones, homicidios y otros delitos”, misma que forma parte de la anunciada Estrategia Nacional de Seguridad y contra la Extorsión.

Al puntualizar que se trató de “una decisión soberana” apegada a la Ley de Seguridad Nacional y determinada por el Consejo de Seguridad Nacional, García Harfuch reconoció la coordinación y cooperación con el gobierno de Estados Unidos para llevar a cabo el traslado de los “26 generadores de violencia”, contra quienes había en aquel país causas judiciales abiertas.

“El beneficio de los traslados es directamente para las víctimas mexicanas que han sido víctimas de estos sujetos, ya sea de extorsión, homicidio y todos los delitos que mencioné en los mensajes, donde muchas veces lamentablemente desde prisiones siguen operando.

“¿Cuál es el beneficio para nuestro país? Que ya no lo hagan, es eso, tal cual, de manera muy concreta, que, al sacarlos de nuestro país, no van a poder seguir operando en contra de la sociedad mexicana”,  es decir, de lo que se trata es de que “no continúen operando desde los centros penitenciarios y romper sus redes de influencia” puntualizó Omar García Harfuch.


Posibles nuevos traslados

El titular de la FGR apuntó la posibilidad de continuar realizando ese tipo de traslados, que se suman a los 29 registrados en este mismo año, ambos envíos en coincidencia con amenazas del presidente Donald Trump de la imposición de aranceles a México.

“Estas acciones se hacen a petición de un país requeriente, si hubiera alguna otra solicitud en el futuro, la consideraría el Consejo y, si es procedente, la vamos a cumplir; no es ni limitativo ni privativo, pero sí tiene que haber una solicitud de un gobierno y esa solicitud tiene que venir debidamente fundada y motivada”, dijo Gertz, quien destacó que dentro de las consideraciones que el país solicitante tiene que tomar en cuenta es que las personas requeridas no pueden ser sometidas a pena de muerte, por no ser compatible con la legislación mexicana.

Tras señalar que el fundamento jurídico que se ha usado tanto en el traslado estos 26 como de los 29 criminales enviados a Estados Unidos en febrero pasado es el artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional y no el Tratado de Extradición, Gertz Manero dijo que los traslados representan “un mensaje fundamental que va dirigido a toda la delincuencia que opera en contra de los países”.

Apuntó que el mensaje es que “para defender a nuestra población y a la soberanía de nuestros países no va a haber ningún obstáculo legal que podamos nosotros incluir para no cumplir con las tareas fundamentales de defensa de nuestra sociedad”.

El fiscal general reiteró que las acciones están fundamentadas en “la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional, la Convención de Palermo, existe toda una estructura jurídica que nos permite sostener la soberanía y defender a nuestras instituciones y al pueblo de nuestros dos países, y eso es lo que estamos ejerciendo”.

De acuerdo a la SSPC en el operativo de traslado de los 26 criminales participaron 988 elementos y 90 vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Fiscalía General de la República.

Los capos fueron salieron desde la Base Aérea Militar Número 1, de Santa Lucía, en 11 aeronaves de la Sedena  y una aeronave de la Semar, siendo ocho trasladados a White Plains en Nueva York;  uno a John F. Kennedy también en Nueva York; cinco a San Diego, California;  seis a Phoenix, Arizona, y seis a Dulles, Virginia.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Dato protegido y disculpas públicas: morenistas recurren a la censura contra periodistas y ciudadanos

Casos como las disculpas públicas de La Barra Noticias en Campeche a Layda Sansores, y Karla Estrella a la diputada Diana Karina Barreras, evidencian una tendencia al uso de la censura contra periodistas y ciudadanos.

En lo que va de 2025 se han documentado públicamente casos de censura contra ciudadanos, periodistas y medios de comunicación por críticas o cuestionamientos hacia actores políticos de Morena y a personas candidatas a distintos cargos.

Entre las figuras jurídicas utilizadas para justificar estas acciones está la “violencia política de género”, que ha derivado en sanciones, censura y eliminación de publicaciones.

Uno de estos casos fue el del periodista Héctor de Mauleón, obligado a retirar una columna y ofrecer disculpas tras una denuncia por violencia política de género en Tamaulipas; otro más fue el de Ángel Camarillo, multado y sancionado en Veracruz por señalar presunto nepotismo; y el de Jorge Luis González en Campeche, sujeto a revisión de sus publicaciones por orden judicial.

También se registraron sanciones contra periodistas de La Barra Noticias en Campeche; contra la periodista Rubí Soriano, en Puebla, y contra reporteros de El Tlacolol, en Guerrero.

En el ámbito ciudadano, destacan el caso del abogado Carlos Velázquez de León, denunciado por Gerardo Fernández Noroña y obligado a una disculpa pública; el de Karla Estrella, sancionada por un mensaje en redes de 2024 en el que cuestionó a la diputada Diana Karina Barreras, ahora conocida como “dato protegido”; y el de la actriz Laisha Wilkins, requerida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tras escribir “Dora la Censuradora” en una publicación sobre una excandidata a la SCJN.


Incremento de acoso judicial

De acuerdo con datos de la organización Artículo19, cada tres semanas se registra al menos un caso de censura en contra de periodistas o medios de comunicación en México, considerando todo tipo de incidentes, incluidos litigios, demandas por daño moral y acusaciones de violencia política en razón de género. Dentro de esa cifra general, el acoso judicial representa solo una parte: entre 2020 a la fecha, la organización ha documentado entre 20 y 30 casos de este tipo, cuyo objetivo ha sido detener investigaciones, retirar contenidos publicados o generar un ambiente de intimidación.

Pedro Cárdenas, oficial del Programa de Protección y Espacio Cívico de Artículo 19, señala en entrevista que, desde 2007 —año en que la organización inició el monitoreo de la libertad de expresión en México—, las agresiones contra periodistas han aumentado entre 8 % y 10 %. Las agresiones incluyen asesinatos, desapariciones, amenazas en línea y acoso judicial.

Cárdenas menciona que legislaciones como la llamada “Ley censura” en Puebla afectan no solo a periodistas y medios, sino también a ciudadanos que critican a autoridades en redes sociales. La reforma sanciona el “ciberasedio” —insultos, hostigamiento o intimidación digital— con penas de hasta tres años de prisión y fue impulsada por el gobernador Alejandro Armenta Mier y publicada el 13 de junio en el Periódico Oficial del estado, entrando en vigor al día siguiente.

El representante de Artículo 19 advierte que el acoso judicial es utilizado para silenciar investigaciones o eliminar publicaciones, así como para generar un clima en el que los periodistas duden sobre los temas que pueden abordar. Indica que, incluso con coberturas basadas en derechos humanos, existe el riesgo de enfrentar procesos legales.

Casos en Tamaulipas, Campeche, Puebla y Guerrero

El primer caso del año se registró el 1 de mayo, cuando Héctor de Mauleón publicó en El Universal la columna “Huachicol y Poder Judicial en Tamaulipas”, en la que vinculó a Tania Contreras López, presidenta electa del Poder Judicial estatal, con una red de huachicol. Contreras presentó una denuncia por violencia política de género, y el Instituto Electoral de Tamaulipas ordenó al medio y al columnista retirar la publicación y ofrecer disculpas públicas. 

Días después, el 17 de mayo, el periodista veracruzano Ángel Camarillo fue sancionado por publicar una investigación sobre presuntos casos de nepotismo entre funcionarios y candidatos en Veracruz. La sala regional del Tribunal Electoral ordenó retirar la nota, pagar una multa y ofrecer disculpas.

En Campeche, Jorge Luis González fue vinculado a proceso por “delitos de incitación al odio y violencia” contra la gobernadora morenista Layda Sansores. Inicialmente se le prohibió ejercer el periodismo por dos años y suspender el medio Tribuna, pero las medidas se modificaron para imponer la revisión judicial previa de sus publicaciones y prohibir declaraciones sobre Sansores.
Otros periodistas de La Barra Noticias en Campeche —Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali— ofrecieron disculpas públicas a la gobernadora por orden del Tribunal Electoral local, tras críticas en un programa transmitido en redes sociales.

“Porque las expresiones emitidas en un programa de Youtube y Facebook fueron ofensivas, estereotipadas y generaron violencia política en razón de género, en su vertiente de violencia digital y mediática”, dijeron los periodistas en un video en redes sociales.

La periodista Rubí Soriano, en Puebla, recibió una queja de la diputada morenista Elvia Graciela Palomares Ramírez por violencia política en razón de género, derivada de publicaciones en X sobre su trayectoria política. La sanción fue eliminar las publicaciones.

En Guerrero, tres periodistas de El Tlacolol —Jesús Guerrero Salgado, Arturo de Dios Palma y Emiliano Tizapa Lucena— fueron acusados de “inducción al voto” y “violencia política en razón de género” por un texto sobre el proceso de selección de candidatos en la elección judicial. El medio señaló que las denuncias, presentadas ante el INE, carecen de sustento.

Casos contra ciudadanos

En septiembre de 2024, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, denunció al abogado Carlos Velázquez de León por insultos en el aeropuerto de la Ciudad de México. El caso se resolvió con una disculpa pública desde la sede del Senado y transmitida en redes sociales de la Cámara alta.

El 14 de febrero de 2024, la ciudadana Karla Estrella publicó en X un mensaje sobre la candidatura de la diputada Diana Karina Barreras, lo que derivó en sanciones del Tribunal Electoral: multa económica, inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género por 18 meses, disculpas públicas diarias por 30 días, que ya culminó, y cursos obligatorios.

“Te pido una disculpa, DATO PROTEGIDO, por el mensaje que estuvo cargado de violencia”, se lee en la publicación que diariamente, durante 30 días, realizó Karla Estrella, desde el 12 de julio, fecha exacta en la que fue publicada la sentencia.
En julio de 2024, la actriz Laisha Wilkins se burló en X de un titular del portal Aristegui Noticias sobre la entonces candidata a la SCJN, Dora Martínez Valero, en el que informaron que buscó censurar todos los reportajes de la investigación Televisa Leaks mediante una queja por supuesta “violencia política de género” que el INE desechó por improcedente. El titular de la nota decía: “Dora la Censuradora: candidata a ministra de la SCJN pretendió censurar investigaciones de Televisa Leaks”. 

La actriz respondió “jaja Dora la Censuradora jaja” y el Tribunal Electoral le solicitó aclarar si el tuit fue pagado por alguna persona física o moral y si tenía vínculos con partidos políticos o candidaturas.

Perspectiva legal y derechos humanos

Artículo 19 recuerda que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades deben mantener un umbral más alto de tolerancia a la crítica. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en la tesis CCXIX/2009 que los servidores públicos deben resistir un mayor grado de escrutinio debido a su exposición pública.

Sin embargo, el acoso judicial “se convirtió en una tendencia y en una forma de buscar acallar voces críticas, voces que nos están publicando información que les puede ser incómodas a personas en el poder y no solo poder público, sino también poder privado”, dice Cárdenas en entrevista.

“Desafortunadamente en México, aunque los medios de comunicación se cuiden, aunque los medios de comunicación tomen medidas, cuando se está abusando de estas normativas, lo cierto es que aunque te cuides y aunque cumplas con todos los marcos normativos, todavía hay un riesgo de que se inicie algún proceso legal”, asegura.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: GUADALUPE FUENTES.