El Consejo General aprobó el lunes 28 de julio en sesión el dictamen de fiscalización que detalla las irregularidades y las sanciones tras la revisión de los informes únicos de gastos de campaña de las candidatas y los candidatos. Sin embargo, las personas sancionadas todavía pueden apelar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

En total, las sanciones por gastos irregulares en campañas y beneficios por acordeones suman 10 millones de pesos a nivel federal y 8 millones de pesos en el ámbito local. El monto de estas multas es el resultado de descuentos aplicados tras evaluar la capacidad de gasto de cada una de las personas aspirantes.

Es decir, el INE redujo las sanciones luego de analizar las circunstancias económicas reportadas por cada candidata y candidato, considerando costo de vida, bienestar y situación económica del infractor una vez satisfechas las necesidades primarias. 

¿Cuáles son las sanciones que aprobó el INE por gastos en campañas?

Las ministras y los ministros de la nueva Corte fueron sancionados con las siguientes cantidades por gastos irregulares en campañas:

El INE detectó que la contendiente que cometió más irregularidades fue Yasmín Esquivel, quien  incurrió en faltas como pagos en efectivo de pasajes terrestres y aéreos por 15 mil pesos cuando los lineamientos permitían gastos en efectivo sólo por hasta 2 mil 262.80 pesos.

Omitió presentar comprobantes fiscales, incumplió en utilizar una cuenta bancaria a su nombre exclusivamente para el manejo de sus recursos de campaña y tampoco reportó los egresos generados por pautas en redes sociales, mantas y banners, gastos que además estaban prohibidos. 

Tampoco reportó los egresos generados por la producción y edición de video e informó de manera extemporánea un evento de campaña el mismo día de su celebración. Otra de las irregularidades identificadas en la campaña de Yasmín Esquivel fue que no rechazó la aportación de publicidad pagada en páginas de internet, por parte de una persona impedida por la normatividad electoral, por un monto de 379 mil 677.42 pesos.

Por todas estas omisiones, Yasmín Esquivel acumuló una sanción de 547 mil 823.88 pesos, pero se le redujo a 95 mil 490.16 pesos.

En tanto que Arístides Rodrigo Guerrero fue multado por 270 mil 744.02 pesos, aunque la cifra final tras el descuento aplicado fue de 40 mil 277.84 pesos. Las irregularidades identificadas fueron no presentar estados de cuenta bancarios ni documentación que compruebe depósitos o transferencias bancarias por gastos de campaña. 

El candidato propuesto por el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo recibió además ingresos prohibidos de 190 mil pesos, informó eventos de campaña de manera extemporánea y no hizo el registro contable de sus operaciones en tiempo real por más 170 mil pesos.

En contraste, Loretta Ortiz, María Estela Ríos, Sara Irene Herrerías, Giovanni Azael Figueroa e Irving Espinosa no obtuvieron descuentos en sus multas al considerar que contaban con capacidad de gasto suficiente para solventar el monto original, el cual fue el menor al de sus contendientes por presentar una cifra menor de irregularidades.

Renta de baños portátiles y rituales, entre los gastos indebidos reportados por el INE

En el reporte de visitas de verificación a los eventos de las candidatas y los candidatos, el INE identificó que Yasmín Esquivel, Lenia Batres, Loreta Ortiz, Hugo Aguilar e Irving Espinosa incurrieron en gastos no permitidos en eventos realizados del 7 de abril al 28 de mayo. 

Por ejemplo, Yasmín Esquivel utilizó transporte de personal, lonas, pantallas de televisión, sillas, volantes, equipo de sonido, camarógrafo y fotógrafo, alimentos y arrendamiento de inmuebles, durante eventos a los que acudió como invitada en universidades públicas y privadas. 

Las y los aspirantes sí tenían permitido realizar eventos en espacios públicos o recintos sin costo, pero únicamente podían auxiliarse de un megáfono o una bocina no profesional, y repartir propaganda impresa, por lo que fue restringido el uso de recursos para otros gastos personales que no sean para viáticos, traslados y hospedaje personal.

En el caso de Lenia Batres hizo uso de mamparas, camarógrafo, volantes, equipo de sonido, cajas de luz, mesas, arrendamiento de inmuebles, equipo de cómputo, sillas, templete y escenarios, alimentos, fotógrafo personal, microperforados, batucada, equipo de transporte, lonas, baños móviles, transporte de personal y pantallas de televisión.

El 17 de julio, el INE publicó los resultados del monitoreo de actividades de campo correspondientes al proceso electoral del Poder Judicial 2024-2025. En este informe se registraron las inserciones impresas en medios de comunicación que favorecieron a las candidatas y los candidatos en periódicos tanto locales como de circulación nacional. 

Además, se reportó el uso de propaganda indebida como mantas y espectaculares. Las visitas de verificación revelaron que las y los aspirantes al Poder Judicial emplearon materiales, inmuebles y personal no permitidos por el INE para sus eventos de campaña, mítines y reuniones. 

Según el monitoreo, las ministras en funciones Yasmín Esquivel y Lenia Batres concentraron el mayor número de publicaciones inequitativas en medios impresos durante las campañas para la elección judicial. 

En el monitoreo, Yasmín Esquivel sumó 36 publicaciones, de las cuales 30 se marcaron como cobertura inequitativa respecto a otras candidatas y candidatos. Entre los medios de comunicación con este tipo de inserciones se encuentran Unomásuno, Diario Basta, El Universal, La Crónica de Hoy y Forbes. 

Las anotaciones correspondientes a Yasmín Esquivel también indican que las publicaciones estaban destacadas en la página en comparación con otras notas y que el título de la nota mantuvo una tendencia favorable hacia la entonces candidata.  

En total, Yasmín Esquivel apareció cinco veces en portadas, de las cuales cuatro correspondieron a Unomásuno, medio de la empresa Libien & Sons. 

Lenia Batres acumuló 22 publicaciones y ocho estuvieron marcadas como inequitativas o destacadas a su favor. Sin embargo, cinco de estas inserciones inequitativas compartieron página con Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, en el diario El Debate, de Sinaloa, con información favorable hacia las tres.

Además, otros dos de sus hermanos, Alejandro Guadalupe y Marco Antonio, se encuentran desaparecidos desde 2015 y 2019, respectivamente, lo que la convirtió en buscadora y por lo cual ha tenido que enfrentar diversas dificultades para acceder a los apoyos destinados para víctimas.

“Nos ponen todo tipo de obstáculos, principalmente no nos acompañan en las búsquedas ni nos dan viáticos para los traslados, o nos dicen que habrá reembolsos, pero se tardan en pagar. A mí me han dado atención psicológica y médica, pero en todo lo demás sólo he recibido revictimización; es muy difícil el trato que nos da la CEAV, pero sobre todo el que da la titular”, lamenta la buscadora.

Hasta el pasado viernes había un acceso a la CEAV abierto. Sin embargo, el lunes pasado  los manifestantes cerraron por completo las instalaciones, ante la falta de respuestas. Desde entonces, cercaron con cinta de seguridad y en sus muros colocaron cartulinas con los mensajes “Verdad, justicia y reparación”, “Presidenta, las víctimas llegamos y estamos solas”, “Justicia para los desaparecidos” y “Disculpe las molestias, estamos trabajando en defensa de las víctimas revictimizadas por esta institución”.

Animal Político buscó una postura por parte de la comisión acerca de la protesta que mantienen las víctimas, sin que hasta el momento de la publicación haya recibido respuesta.

“Que se vaya la titular de la CEAV y nos vamos nosotros”, reclaman víctimas

Socorro Ross es otra de las víctimas que se encuentra en la protesta. Su esposo fue secuestrado en 2015, en Veracruz, y desde entonces no tiene noticias de su paradero, como tampoco ha recibido apoyo de las autoridades: “Por eso hay que seguir luchando, estar en plantones, tomar edificios e incluso hemos tenido que litigar contra la CEAV”.

Molesta, comenta que desde que comenzaron con el plantón no han tenido respuesta o acercamiento por parte de las autoridades, salvo por los trabajadores de la CEAV que este martes les dijeron que “por nuestra culpa no se van a dispersar los apoyos (para víctimas) este mes”, ya que no pueden ingresar al edificio para realizar los trámites.

“Y nosotros respondimos que la solución es sencilla: que se vaya la titular y nos vamos nosotros. Estamos en un plan pacífico, no queremos tener problemas, pero ellos le apuestan a dividir a las víctimas para hacer un conflicto. Además, tuvieron varios días con un acceso abierto y hubo personal entrando y saliendo, fue apenas que se cercó por completo el edificio”, reclamó Ross.

“Hace aproximadamente un mes tuvimos una mesa de trabajo con la Secretaría de Gobernación, y entonces la titular Rosa Icela Rodríguez mencionó que quien no quisiera hacer su trabajo podía irse, pero ahora la posición es otra. Sabemos que no somos las únicas víctimas, pero deberían tener un poquito de empatía”, indicó.

En el caso de Viridiana Molina, quien estuvo presa por un delito que no cometió en el Centro Federal de Readaptación Social Núm. 16 (Cefereso 16), se sumó al plantón en reclamo de que su expediente como víctima de tortura lleva más de dos años estancado en la CEAV, sin que le brinden medidas de apoyo.

“Desde 2023 he estado preguntando por mi caso porque no se comunicaron conmigo para las medidas de apoyo, y ahora que vine a acompañar a otras víctimas a revisar su expediente pedí que me informaran sobre el mío y me salieron con que la funcionaria que me hizo el estudio de trabajo social dejó la CEAV hace dos años, ¿y desde entonces no pudieron asignar a otra persona, hasta apenas? Así la ineptitud”, apunta Molina.

“No hay una política pública de atención a víctimas”, señala ONG

Para 2025, la CEAV tuvo una disminución de 42 millones 303 mil pesos, lo que representó un recorte del 3.64 % de presupuesto, en comparación con lo que tuvo el año anterior.

En cuanto al gasto operativo, se programaron un millón 2 mil pesos menos; la disminución de ayudas sociales –que son los apoyos para las víctimas– fue de 2 millones 852 mil pesos, mientras que el mayor recorte –38 millones 448 mil pesos– se dió en el rubro de servicios personales.

Ángel Ruíz, investigador de la asociación civil Fundar, explica que esta baja de recursos para la CEAV se da en un contexto donde hay un recorte general del gasto público, que en el caso de la Comisión fue menor que el de otras dependencias, por lo que este no justifica los reclamos por la falta de atención y la revictimización que reclaman las víctimas.

“En realidad no hay una política pública de atención a víctimas, únicamente intentan administrar el problema, pero no es por un tema de presupuesto, sino de cómo lo manejan, porque tienen la decisión de definir las medidas de reparación para algunas personas, pero para otras no”, detalla Ruíz.

“Cuando había más presupuesto (en la CEAV) se tenían el mismo tipo de problemas, que no tienen que ver con la disponibilidad de recursos, sino con cómo discrecionalmente se están evaluando las necesidades de las víctimas, y a partir de ahí vemos que los criterios son cada vez más restrictivos para interpretar lo que dice la Ley General de Víctimas para el reconocimiento de derechos por sufrir un hecho victimizante”, subraya el investigador.

Colectivos rechazan plantón, al considerarlo “desproporcionado”

A través de un comunicado, colectivos de diversos estados del país, así como personas que se identificaron como “víctimas usuarias de la CEAV”, expresaron su rechazo al plantón que demanda la destitución de Martha Yuriria Rodríguez.

“Entendemos solidariamente el derecho a las exigencias que cuatro personas han decidido hacer y su derecho a manifestarse, sin embargo, nos parece desproporcionado e injusto detener el funcionamiento institucional de la CEAV CDMX, del que dependemos miles de víctimas de todo el país, por las exigencias personales de unas pocas”, se lee en el escrito.

Además, exigieron a las autoridades responsables que realicen lo conducente para que puedan realizar sus trámites “y recibir las atenciones previstas en tiempo y forma dentro de las instalaciones institucionales, ya que entre otras actividades tenemos permanentemente en curso diligencias ministeriales, audiencias, búsquedas, investigaciones, pagos, depósitos, atenciones psicoemocionales y médicas”.

El pronunciamiento fue firmado por colectivos de Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Puebla, Querétaro, Baja California, Morelos, Guerrero, Sinaloa, Nayarit y Oaxaca, así como más de cien personas víctimas.

Sin embargo, Socorro Ross afirma que, en tanto no tengan respuesta, la protesta continuará “y seguirá creciendo, aunque nos vengan a decir que no se van a dispersar los apoyos… ya seremos muchas víctimas acá afuera peleándonos entre nosotros, o tal vez seamos todas contra la institución. Cada quién le va a apostar a lo que crea que es más conveniente”.

Sobre la ejecución realizada la noche del martes, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, primer respondiente del hecho, informó que había desplegado un operativo, para localizar al “presunto responsable”. 

Según la dependencia, el perpetrador viajaba a bordo de una camioneta, cuyas placas estaban identificadas. 

Medios de comunicación locales difundieron imágenes del vehículo y de las placas del estado de Guanajuato. 

También fue difundida la versión de que las víctimas “tenían antecedentes penales” sin que se haya confirmado oficialmente que sea así. 

"Me imagino que ya agarraron a los delincuentes. En pleno centro y millones de cámaras de seguridad ni modo que se les pelarán", escribió el usuario Juan Carlo Muñoz en reacción a una publicación sobre el hecho. 

En contraste, con lo que difundió la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, sobre un presunto responsable, la Fiscalía de Querétaro habló de agresores. 

“Fiscales y Policías de Investigación realizan las acciones necesarias para obtener información que abone a la identificación de los agresores”, se lee en el mensaje difundido dos horas y media después del mensaje de la dependencia municipal. 

Un día después personal de la Fiscalía de Querétaro realizó diligencias en establecimientos cercanos a donde ocurrió el ataque a balazos. 

Sin embargo, hasta el momento, la dependencia no ha brindado más información. 

Detienen a 8 armados?

Horas después de la agresión a balazos en la avenida Zaragoza, elementos de policía detuvieron a un grupo de personas armadas en esa misma vialidad a la altura de la Oficina de Representación Federal del Trabajo en Querétaro. 

Entre las personas detenidas estaba el presidente del Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable de Cortazar, Guanajuato, Diego Armando Estefanía Torres, hermano de Mauricio, presidente Municipal de Cortázar por Movimiento Ciudadano. 

El grupo de personas avanzaba en tres camionetas en fila y con los vidrios polarizados.? 

Al hacer la revisión, la autoridad queretana detectó armas de fuego de diversos calibres y que las personas, los supuestos escoltas de Estefanía Torres, no tenían permiso vigente para portarlas. 

De manera extraoficial, se dio a conocer que el equipo de escoltas fue trasladado a la Fiscalía General de la República. 

Diego es hermano del alcalde de Cortazar, Marco Mauricio Estefanía Torres, que en agosto de 2024 denunció amenazas de muerte. 

El padre de ambos fue el exalcalde Hugo Estefanía, que fue señalado de vínculos con un operador del Cártel Santa Rosa de Lima. 

El alcalde Hugo Estefanía fue asesinado ocho meses después de la difusión de una conversación telefónica que le atribuyeron a él y a Noé Lara Belman, “El Puma”. 

Hora después de la revisión Diego Armando Estefanía Torres grabó un video en Celaya, ya no en Querétaro, donde agradeció “la gran seguridad que tiene Querétaro”. 

“Nos pararon y nos revisaron, pero pues aquí anda su servidor afuera”. 

Y agregó: “Muy amables los POES de Querétaro, revisaron a mi escolta, al personal que traía y nada más”. 

Posteriormente difundió un comunicado en el que señaló que su equipo de seguridad privada había sido sujeto a una revisión preventiva, pero no dio más detalles. 

“No fui detenido ni existe señalamiento alguno en mi contra”, informó.

Dicha publicación generó polémica en estos días, ante la creencia de que los manifestantes tendrían “que avisar”, “llenar formularios” o “contar con requisitos”, como circuló en redes sociales. 

El miércoles 30 de julio, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y el secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, aclararon en rueda de prensa que solamente está dirigido a funcionarios públicos y busca crear soluciones mediante mesas de trabajo, y que no existe alguna obligación para la gente que desee protestar. 

“Este protocolo es una armonización a un protocolo nacional y lo que busca es que las manifestaciones tengan una mesa de trabajo. Que no quede nada más en manifestación, sino que también podamos integrar una mesa de trabajo donde podamos encontrar de manera conjunta una solución”, aseguró la mandataria estatal. 

Dicho documento destaca por contar con 52 páginas y sólo está firmado por Alfredo Álvarez Cárdenas, según se constató. 

El funcionario estatal precisó que “la única obligación está dirigida a los funcionarios públicos”. 

“Los funcionarios públicos del Gobierno del Estado que nos encargamos de atender los temas relacionados con manifestaciones somos los obligados a seguir ese protocolo… está alineado a una política nacional que impulsó la presidenta de la república (Claudia Sheinbaum Pardo) desde el primer día que tomó posesión en el sentido de no reprimir las manifestaciones y permitir la libertad de expresión en todas sus formas”, aseguró Álvarez Cárdenas. 

El también abogado rechazó que exista alguna obligación para los manifestantes. 

“Ni de que tengan que avisar, ni de que tengan que llenar una solicitud, ni de que tengan que hacer algún otro tipo de requisito que no hagan ya, que es presentarse directamente y manifestarse”, agregó. 

En una revisión general, en el Protocolo para las Manifestaciones se delimitan conceptos como “Bloqueos”, “Manifestación”, “Protestas sociales”, “Resistencia Activa”, “Resistencia de Alta Peligrosidad”, “Resistencia Pasiva” y “Uso de fuerza”. 

Por ejemplo, de la primera define que es la “obstrucción y cierre de paso o de lugares realizado por personas manifestantes que, con el fin de expresar sus inconformidades impiden la libertad de tránsito o el desarrollo normal de la instalación, dificultando la realización de las actividades cotidianas, tanto en inmuebles, vialidades, como en las vías de comunicación”. 

Para el gobierno estatal, una manifestación es “la concurrencia temporal de personas en un espacio público, con una finalidad concreta, que puede adoptar la forma de encuentros, huelgas, protestas, campañas, marchas, mítines, plantones, entre otros, con cualquier tipo de propósito”. 

La “Resistencia de Alta Peligrosidad” implica que la persona emplea “la violencia, el amago o la amenaza con armas o sin ellas para causar a otra u otras o a miembros de las instituciones de seguridad, lesiones graves o la muerte, negándose a obedecer órdenes legítimas comunicadas de manera directa por el personal de seguridad”, 

Y que el “Uso de la Fuerza” es la “inhibición por medios mecánicos o biomecánicos, de forma momentánea o permanente, de una o más funciones corporales que lleva a cabo una persona autorizada por el Estado sobre otra, siguiendo los procedimientos y protocolos que establecen las normas jurídicas aplicables”. 

El documento dedica capítulos o enfatiza la actuación policial y “el orden gradual y uso progresivo de la fuerza”. 

“En ninguna circunstancia podrán portar ni usar armas letales durante las protestas, y queda estrictamente prohibido el uso indebido de cualquier objeto, sea o no parte del equipo. Bajo ningún motivo se permitirá el uso de armas contra quienes participen en una protesta o reunión pública pacífica con objeto lícito.”, según el texto, además de que se garantiza la labor periodística. 

Las personas interesadas en revisarlo podrán hacerlo mediante el siguiente enlace: https://acortar.link/nSREJz.

“Su legado como líder valiente, comprometida con la legalidad, la equidad y el desarrollo sostenible del sector, permanece como una inspiración para quienes creemos en un México más justo”, expresaron. 

Desde el CCEE reiteramos nuestro respeto y reconocimiento a su labor, prosiguieron, así como nuestra solidaridad con su familia, amistades y colegas del sector.

“A un año de los hechos, y ante la ausencia de resultados concluyentes sobre su asesinato, exhortamos respetuosamente a las autoridades competentes —la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado de Baja California y el Gobierno del Estado de Baja California— a dar seguimiento puntual, transparente y eficaz a la investigación”, remarcaron. 

Y su vez, pidieron garantizar el acceso a la justicia para su familia y para la sociedad ante estos hechos. 

El consejo llamó a un trabajo coordinado entre gobierno, sociedad y sector productivo para construir entornos seguros, combatir prácticas ilegales que afectan a nuestras comunidades, y fortalecer el estado de derecho. 

“Minerva representó mucho más que una voz en el sector pesquero: fue un símbolo de innovación, participación de las mujeres en espacios de liderazgo y compromiso con el desarrollo integral de nuestros productos pesqueros y acuícolas”, enfatizaron. 

Además, recordaron la vida de Minerva Pérez Castro, así como su trayectoria profesional y la importancia de no rendirse ante la adversidad e impulsar un futuro “donde la legalidad, la seguridad y la productividad puedan convivir plenamente”. 

La entonces presidenta de la Canainpesca fue emboscada el 8 de julio de 2024, afuera de su empresa Atenea en el Mar, en El Sauzal de Rodríguez, después de denunciar públicamente extorsiones al sector; a la fecha se habla de dos detenidos, a pesar de que habrían actuado cinco personas, quienes estudiaron los movimientos de la empresaria.

Los más de 50 menores se encuentran detenidos actualmente, pero Hernández Valenzuela no detalló si estos han sido detenidos en durante los meses que lleva la crisis de seguridad que enfrenta el estado.

El dato surge tras los recientes operativos que evidencian la creciente participación de menores en actividades delictivas, un fenómeno que se ha acentuado conforme se han elevado los niveles de inseguridad en la entidad.

Por otro lado, cabe destacar que desde el repunte de la inseguridad en septiembre pasado, 57 menores de edad han sido asesinados, de los cuales 34 han ocurrido este año producto de ataques directos o víctimas colaterales de hechos violentos.

En ese contexto, el Congreso de Sinaloa aprobó una reforma al Código Penal con la que elevó las penas por homicidios, tanto simples como con agravantes, con lo cual se modificó el artículo 139 y se consideró una pena de 25 hasta 50 años de cárcel a quien asesine a menores de edad, a personas con actividad dentro del periodismo y a servidores públicos de las instituciones policiales.

Desde septiembre del año pasado, con corte al 28 de julio, en la entidad se han registrado mil 798 asesinatos, mil 798 privaciones de la libertad, 6 mil 362 vehículos robados, mil 526 detenidos y 108 abatidos.

La vigilia fue parte de las actividades de protesta que realizan los familiares, quienes demandan justicia, que se acelere el proceso de identificación y entrega de los cuerpos, que se explique qué les entregaron en lugar de cenizas y qué pensaban hacer con los cadáveres.

“Las urnas no mienten. La verdad duele, nos robaron el duelo. Exigimos justicia, ni un cuerpo más sin identificar”, se podía leer en una de las pancartas por uno de los asistentes.

En días pasados, la agrupación Justicia para Nuestros Deudos realizó una marcha que concluyó con una reunión con Carlos Manuel Salas, fiscal de Distrito Zona Norte; también protestaron en el Puente Internacional Paso del Norte y permitieron el libre paso de usuarios, y este miércoles se reunieron con el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

Para agilizar la identificación y entrega de cuerpos, la FGE habilitó en su plataforma justiciadigital.chihuahua.gob.mx el programa “Registro de Información crematorios Plenitud”, para que los familiares puedan aportar datos y fotografías que ayuden a proceso.

Por este caso hay dos personas detenidas y vinculadas a un proceso penal. Se trata del propietario y responsable sanitario del crematorio, José Luis A.C., y su trabajador, Facundo Teófilo M.R., quienes fueron acusados de haber cometido dos delitos: ocultar los cuerpos sin autorización y conservarlos ilícitamente.

A lo largo del día, el tipo de cambio ya registró un máximo de 18.88 y un mínimo de 18.78 pesos por billete verde. 

Grupo Monex señaló que el peso se encuentra entre las divisas que más se aprecian en la sesión, esto por el optimismo del mercado de que México alcance un acuerdo comercial con Estados Unidos. 

De acuerdo con Donald Trump, está mañana tuvo una llamada con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la antesala de la aplicación de un arancel del 30% a las importaciones mexicanas.  

El mandatario estadounidense confirmó a través de su red social Truth que se postergó la entrada en vigor de las medidas arancelarias. 

Fortaleza del dólar por datos de inflación

En contraste con el fortalecimiento del peso, el dólar estadounidense también mostró fuerza. 

Esto impulsado por la publicación de los indicadores de ingreso y consumo personal correspondientes a junio.  

En particular, el índice de precios del consumo personal (PCE deflator), que es el dato favorito de la Reserva Federal para monitorear la inflación, reportó un incremento mensual de 0.28%, en línea con lo esperado por el mercado.

Los cinco fueron ejecutados en el departamento 401 de la calle Luz Saviñón 1909, en la alcaldía Benito Juárez, una de las más vigiladas de la capital. Aquella tarde, a plena luz del día, tres sujetos llegaron al departamento, uno de ellos conocía a Mile, quien los dejó pasar. Adentro, Yesenia, Mile, Nadia y Rubén fueron golpeados, torturados y vejados y, junto con Alejandra, recibieron el “tiro de gracia” con un arma con silenciador.  

Solo Nadia, Mile y Yesenia vivían en el departamento. Rubén era amigo de Nadia y estaba de visita. Alejandra solo hacía la limpieza del lugar, a petición de Mile, a quien conocía desde antes. 

La policía detuvo a Abraham Torres Tranquilino, Daniel Pacheco Gutiérrez y César Omar Martínez Zendejas como autores materiales del crimen. Los tres están sentenciados y encarcelados en una zona de alta seguridad del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.  

Sin embargo, las familias de las víctimas y sus abogados demostraron a la autoridad que hubo, al menos, un cuarto cómplice en la masacre apodado “El Duy”, pero no ha sido capturado. También aportaron información de la existencia de una red de 10 personas que se comunicaron entre sí antes, durante y después del multihomicidio, pero no pasó nada. De los autores intelectuales tampoco se sabe nada. Del móvil, menos. 

Los deudos y sus abogados también descubrieron que uno de los presuntos cómplices en la operación del multihomicidio tenía vínculos con funcionarios de la Procuraduría que entorpecieron la indagatoria. Y aunque hay una carpeta de investigación en la Fiscalía contra Servidores Públicos, la autoridad tampoco ha querido ir al fondo ni sancionar a los responsables.  

Negligencia

En entrevistas por separado, los abogados coadyuvantes coinciden en que la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), a cargo de Rodolfo Ríos Garza, -cuando Miguel Ángel Mancera era el jefe de gobierno- dejó perder muchas evidencias y omitió buscar información esencial desde las primeras horas después del crimen. 

Llamadas telefónicas, videos, testimonios, declaraciones, antecedentes de otros delitos y más datos perdieron vigencia, desaparecieron o se ignoraron. Así, se esfumó la posibilidad de capturar a todos los autores materiales y a los intelectuales. Con el fiscal sustituto, Edmundo Garrido, no hubo avances. 

Tanto los familiares de las víctimas, como su defensa han reconocido que, con la fiscal Ernestina Godoy, actual consejera Jurídica de la Presidencia, hubo acercamiento y apertura para retomar la investigación. De hecho, la entonces jefa de gobierno y hoy presidenta, Claudia Sheinbaum, les prometió que no habría impunidad.  

Sin embargo, luego de que Godoy no fue ratificada en el puesto y dejó como encargado de despacho a su vocero, Ulises Lara, se rompió toda la comunicación entre la Fiscalía y las familias. Con la nueva fiscal, Bertha Alcalde, quien lleva siete meses en el cargo, ni siquiera han tenido contacto.  

La exigencia de justicia, verdad y reparación del daño de las familias de las víctimas ha quedado en el olvido de la FGJCDMX, igual que el cumplimiento de la Recomendación 4/2017 de la Comisión de Derechos Humanos local sobre el caso.  

La línea Veracruz

En estos 10 años, las familias de las víctimas y su coadyuvancia han pugnado por mantener abiertas las dos principales líneas de investigación del caso: Las amenazas del gobierno de Javier Duarte en Veracruz que Nadia Vera y Rubén Espinosa denunciaron y por las cuales se refugiaron en la CDMX; y un presunto robo o ajuste de cuentas del crimen organizado contra Mile Martín y Yesenia Quiroz, por su presunta participación en una red de trata y narcomenudeo. Ninguna línea ha sido cerrada ni investigada a profundidad. 

La línea que apunta a Veracruz fue la que más indignación despertó en la CDMX y el mundo desde que se supo que entre las víctimas estaban una activista y un fotoperiodista y que denunciaron en sus redes sociales y en entrevistas de prensa que el priísta Duarte y su secretario de Segurida, Arturo Bermúdez, identificado como “Tormenta”, los perseguían y amenazaban. 

El hecho levantó protestas del gremio periodístico a nivel local y nacional. La noticia llegó a los titulares del mundo que reiteraban que en México son asesinados periodistas y activistas críticos del poder. La indignación creció por las declaraciones del procurador, Rodolfo Ríos, quien, a menos de 24 horas del hecho, descartó que los asesinatos fueran por el trabajo periodístico de Rubén, mismo que fue publicado en el semanario Proceso en portada y en sus interiores. 

La insistencia de la familia de Rubén, en particular de su hermana Patricia, y de la organización Artículo 19 como su coadyuvante, obligó a la Fiscalía a hacer distintas diligencias en Veracruz, a interrogar a Duarte y a analizar el contexto de violencia contra periodistas y activistas en la entidad. Las diligencias más recientes, hace más de un año, incluyeron que la Fiscalía les diera acceso a carpetas de investigación sobre hechos denunciados, pero con tiempo limitado, lo que imposibilitó estudiarlas a fondo. 

“No había la más mínima intención de profundizar en esa línea, era simplemente cumplir”, denuncia Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 para México y Centroamérica y coadyuvante de la familia de Rubén y Nadia. 

La línea de trata de personas

Pocas horas después del crimen, aquel 31 de julio de 2015, desde la PGJ se filtró información que apuntaba al robo como móvil, pues se difundieron videos que captaron a los asesinos llevando una maleta negra que sacaron del departamento. Se habló de que ésta tenía dinero o droga, pero nunca se aclaró. 

 Fue hasta el 2023 cuando, a insistencia de los abogados de las familias de Yesenia, Alejandra y Mile, se abrió una carpeta de investigación por el delito de trata de personas. Esta línea apunta a una conocida de Yesenia, quien aún era menor de edad, quien la habría involucrado en una red de mujeres que trabajaban como scorts o acompañantes en el Estado de México. De la operación de esa red había antecedentes penales, pero no dieron seguimiento.  

Las indagatorias descubrieron que en ese ambiente Yesenia conoció a Mile, quien también era scort, y juntas visitaban el antro “El Gorila”, donde presuntamente conseguían clientes y vendían droga bajo el yugo de un grupo del crimen organizado llamado “Los Perros” dedicado al narcomenudeo en el corredor comercial de Insurgentes Sur. Esa carpeta de investigación sigue abierta, pero no se han anunciado detenciones. 

“Si en su momento se hubiera hecho ese planteamiento, es decir, que fue una ejecución de la delincuencia organizada donde pueden confluir estas conductas criminales, el resultado en términos de derechos, de acceso a la verdad y a la justicia, hubiera sido muy diferente, con más claridad, pero fue parte de una política institucional el negar esa problemática”, afirma Héctor Pérez, del despacho Pérez Rivera, Salas & Peña Defensa Legal. 

Caso olvidado

Tanto Maldonado como Pérez lamentan que el multifeminicidio y homicidio en la colonia Narvarte ha quedado en el olvido de la Fiscalía de la CDMX. 

“Es un caso que, además de todo el dolor en las familias, se ha caracterizado por la impunidad, por la estigmatización y por la revictimización, incluso como parte de la complicidad y la negligencia” de las autoridades, acusa Leopoldo Maldonado.  

Asegura que, tanto Godoy como Alcalde, identificadas con la llamada 4T, “no han marcado una diferencia” con lo hecho por Ríos Garza. “Lo que refleja este nuevo régimen es que nunca ha pretendido desmontar los pactos de impunidad. Al contrario, ha buscado reforzarlos”, insiste. 

Son, dice, “prácticamente siete años, desde 2018, en los que la entonces Procuraduría ahora Fiscalía ha mostrado una absoluta incapacidad para llevar a cabo una investigación compleja. Y no podemos ser ingenuos, mantiene también inercias de complicidad y del pacto de impunidad”. 

Por su parte, Héctor Pérez, denuncia: “es claro que el haber manejado la investigación tan mal a un inicio permitió que se perdiera muchísimo información y tiempo”. El Caso Narvarte, insiste, “no está en las prioridades de las autoridades, es un caso olvidado ya por la Fiscalía”. 

Y si tiene algún avance, advierte, “tiene que ver más con los esfuerzos individuales de algunas personas que están en la investigación y la presión que ejercen las coadyuvancias”. 

Quienes no olvidan, son los familiares de las víctimas. El pasado sábado 26 hicieron un acto en memoria de Rubén Espinosa en Xalapa, Veracruz. El jueves 31 darán una conferencia afuera de la sede de la FGJCDMX y el sábado 2 de agosto harán el acto simbólico “#Justicia a 10 años” frente al edificio donde sus familiares fueron ejecutados.  

Además, en los próximos días y con aporte de la Secretaría de Cultura local, instalarán en calle Luz Saviñón un memorial para recordar la vida de Alejandra, Mile, Nadia, Rubén y Yesenia, que se llamará “Marca de la Memoria. Caso Narvarte”.

La alerta inicial provino del Centro Nacional de Inteligencia de México (CNI), que en el verano de 2025 advirtió a las autoridades ucranianas sobre la presencia de voluntarios mexicanos en la Legión Internacional, una unidad que agrupa a combatientes extranjeros en apoyo a Ucrania. Según un reporte de Intelligence Online, citado por Defense News, la investigación se amplió para incluir a exguerrilleros de las FARC colombianas, quienes habrían ingresado al país con documentos falsos de Panamá y Venezuela, utilizando empresas de seguridad privadas como fachadas.

Un caso destacado es el de un mexicano identificado como "Águila-7", quien se presentó como salvadoreño al unirse a la Legión en marzo de 2024. Águila-7 completó un curso de manejo de drones FPV en Leópolis y demostró habilidades avanzadas en contramedidas electrónicas y evasión de detección térmica.

Las autoridades sospechan que podría ser un exmiembro de las Fuerzas Especiales mexicanas (GAFE), un grupo conocido por haber formado a algunos sicarios del cártel de Los Zetas.

El conflicto en Ucrania, que desde 2022 ha convertido al país en un laboratorio de tácticas de guerra asimétrica, ha hecho de los drones FPV una herramienta clave debido a su bajo costo (unos 400 dólares) y alta efectividad en el campo de batalla. Estas características los hacen atractivos para los cárteles, que ya emplean drones en México para ataques contra rivales y fuerzas de seguridad.

Un ejemplo reciente es un dron FPV encontrado intacto en Nayarit en abril de 2025, posiblemente usado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra una facción del Cártel de Sinaloa.“Ucrania, sin quererlo, se ha convertido en una plataforma para la diseminación global de tácticas FPV”, expresó un oficial anónimo del SBU, según Defense News.

La infiltración de estos operativos plantea un riesgo significativo, ya que las habilidades adquiridas podrían intensificar la violencia en América Latina, donde los cárteles ya han adoptado tecnologías militares para sus operaciones.

El contexto bélico en Ucrania, marcado por intensos combates, bombardeos rusos y esfuerzos internacionales para apoyar al país, ha creado un entorno propicio para que actores no estatales, como los cárteles, aprovechen las oportunidades de entrenamiento. Aunque no hay evidencia de que los cárteles operen directamente en Ucrania, la presencia de sus miembros en el conflicto sugiere una nueva dimensión en la intersección entre la guerra y el crimen organizado transnacional.

Las autoridades ucranianas, en colaboración con agencias internacionales, están intensificando los controles para identificar y expulsar a estos infiltrados. Sin embargo, la porosidad de las fronteras en tiempos de guerra y el uso de documentación falsa complican estos esfuerzos. Mientras tanto, el conflicto continúa alterando las rutas tradicionales de narcotráfico hacia Europa, forzando a los cárteles a buscar nuevas vías, como puertos en Rumania y Bulgaria, según el Reporte Mundial de Drogas 2023 de la ONU.

Este caso subraya los desafíos imprevistos del conflicto ucraniano, que no solo afecta la seguridad regional, sino que tiene repercusiones globales al empoderar a grupos criminales con conocimientos militares avanzados. La comunidad internacional enfrenta ahora el reto de prevenir que las herramientas de guerra moderna se conviertan en armas al servicio del narcotráfico.

El Gobierno de Los Cabos a través de su Secretario General de Gobierno, Alberto Rentería Santana dijo que por instrucciones del Alcalde, Christian Agúndez Gómez están colaborando con las autoridades estatales y federales para el esclarecimiento de los hechos, además de que no tolerarán esta clase de conductas que afectan la integridad de los ciudadanos.

“Redoblamos esfuerzos, no solo en capacitación interna, sino con la sociedad de este destino turístico en temas de prevención, porque nuestro interés es la seguridad de cada familia que contribuye a la fortaleza del municipio, así como de quienes nos visitan. La XV administración municipal refrenda su compromiso con la legalidad y no tolerará actos que vayan en contra de la salvaguarda y seguridad de todos los ciudadanos de Los Cabos, siempre en el marco de la ley y el respeto a sus instituciones”, indicó Alberto Rentería.