Juan Cano Torres fue Secretario de Seguridad Pública y jefe de la “hermandad policiaca”, periodo en el que se desató una ola de secuestros, tráfico de drogas y migrantes, extorsión y asesinatos.
En el Gobierno priista de Manuel Andrade Díaz nació el grupo delincuencial la “hermandad policiaca”, bajo el mando del Secretario de Seguridad Pública, Juan Cano Torres, embrión de “La Barredora” que fundó el prófugo Hernández Bermúdez Requena, quien, en ese Gobierno fue Subsecretario de Protección Civil, Previsión y Readaptación Social, dependencia encargada de manejar los reclusorios y cárceles de Tabasco.
En el año 2000, el Tribunal Electoral Federal del Poder Judicial (TEPJF) anuló la elección de Andrade por fraude, operado por su coordinador de campaña, compadre y secretario general del PRI-Tabasco, Adán Augusto López Hernández.
El Gobernador Roberto Madrazo impuso al Diputado federal, Enrique Priego Oropeza, como Gobernador interino para convocar a nuevas elecciones en 2001 que, mediante otro fraude, ganó Manuel Andrade por segunda vez al abanderado perredista, César Raúl Ojeda Zubieta.
Durante todo su quinquenio (2002-2006), Juan Cano Torres fue Secretario de Seguridad Pública y jefe de la “hermandad policiaca”, periodo en el que se desató una ola de secuestros, tráfico de drogas y migrantes, extorsión y asesinatos.
En marzo de 2007 —tres meses después de concluir el quinquenio de Andrade— Cano Torres fue detenido como uno de los implicados en el atentado en contra del General y nuevo secretario de Seguridad Pública, Francisco Fernández Solís, designado por el entrante Gobernador, el químico Andrés Granier Melo.
La mañana del 6 de marzo, el militar fue atacado por un grupo de sicarios cuando salía del hotel Calinda Viva, de Villahermosa.
Al General sólo se le incrustaron esquirlas en un ojo y salvó la vida, pero murió su chofer José de la Luz Pérez Mayo y resultó herido Leobardo Eugenio Acosta Gutiérrez, auxiliar del jefe policiaco.
Los pistoleros dispararon 106 proyectiles de metralletas AR-15 y de armas calibre nueve milímetros, que impactaron en la camioneta Suburban color vino del General.
Dos semanas después, Cano Torres fue capturado en el municipio de Centla, cuando participaba en un acto oficial de transferencia de servicios del Gobierno del estado a los municipios, cargo que le inventó el “Químico” Granier para protegerlo.
Cano Torres fue arrestado con cuatro más de sus cercanos colaboradores en Seguridad Pública, operadores de la “hermandad policiaca”, bajo cargos de enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada e instigación a homicidio calificado.
A todos les incautaron ranchos, casas y vehículos, productos de robos, extorsiones, secuestros y tráfico de drogas.
Las investigaciones revelaron que la presencia del General Fernández Solís al frente de Seguridad Pública no gustó a la "hermandad policiaca", pues pretendían seguir controlando la corporación.
Un mes después del arresto, el entonces Procurador de Justicia de Granier Melo, Gustavo Rosario Torres, denunció que la “hermandad policiaca” quería perpetuarse en Seguridad Pública para seguir brindando protección a grupos delictivos.
En septiembre 2017, ya como Secretario de Gobierno de Arturo Núñez, Gustavo Rosario acusó al exgobernador Manuel Andrade de abrir las puertas de Tabasco al grupo criminal Los Zetas.
Denunció que, además, dio escoltas a un delincuente que asesinaron y durante sus cinco años de gobierno no “vio” a Los Zetas.
El funcionario acudió a un noticiero radiofónico para rechazar las “insinuaciones gravísimas” de Andrade Díaz, entonces Diputado local del PRI, de que el Gobierno de Arturo Núñez habría ordenado “silenciar” al empresario Jerry Barceló, asesinado el 1 de septiembre.
“Él le abrió las puertas a Los Zetas, él le dio escoltas de la Procuraduría del Estado a uno de los delincuentes que luego mataron”, acusó.
Integrante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, apuntó que la FGR no ha ejecutado órdenes de aprehensión emitidas desde 2019 contra el exprocurador de Justicia de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez, y el excomandante de la policía estatal, Pedro Hernández Hernández.
Familiares de los militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, desaparecidos de manera forzada en Oaxaca en 2007, denunciaron “simulación” y “falta de voluntad” de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para llevar a cabo una búsqueda “seria y científica” de las víctimas como lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En conferencia de prensa, Nadine Reyes Maldonado, hija de Reyes Amaya, alertó que después de años de litigio, en la sentencia 51/2020 la SCJN ordenó la creación de una comisión especial de búsqueda, presidida por la CNB y con participación activa de la FGR, para localizar a los militantes del EPR en cuya desaparición, ocurrida el 25 de mayo de 2007, habrían participado miembros del Ejército mexicano y autoridades estatales y ministeriales del estado de Oaxaca.
Reyes Maldonado denunció que la titular de la CNB, Teresa Reyes, no ha dado respuesta a la exigencia de los familiares de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, de contratar a expertos independientes para la búsqueda de sus familiares, formulada el pasado 20 de marzo, luego de fallidas actuaciones de personal de la CNB.
Integrante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, apuntó que la FGR no ha ejecutado órdenes de aprehensión emitidas desde 2019 contra el exprocurador de Justicia de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez, y el excomandante de la policía estatal, Pedro Hernández Hernández, funcionarios señalados como autores materiales de la detención de los milicianos y de haberlos entregado a mandos militares.
“Ha quedado demostrado, no sólo en este caso, sino en muchos más, la simulación y falta de capacitación y seriedad por parte de las autoridades para realizar diligencias de búsqueda”, dijo Reyes Maldonado tras narrar que su representación jurídica sometió a análisis de expertos un informe de la CNB sobre diligencias llevadas a cabo con equipo inapropiado.
La hija del miliciano denunció la impunidad que han gozado los exfuncionarios de Oaxaca, luego de tres años de conformada la Comisión Especial de Búsqueda y a 18 años de la desaparición, pues las autoridades de la FGR “siguen obstaculizando y dilatando su detención, por lo que también se convierten en cómplices y deben ser investigados”.
Reyes Maldonado apuntó que la FGR también ha dilatado los interrogatorios a “altos mandos militares” así como la revisión de cuarteles militares.
“Hemos logrado que declaren unos 20 generales, pero faltan muchos más, todavía falta que la FGR encuentre a los militares que vieron a mi padre y al señor Gabriel en el Campo Militar Número Uno”, agregó Nadine Reyes.
Sandino Rivero, abogado de los familiares de los desaparecidos, agregó que la FGR ha mostrado reticencias para llamar a otros funcionarios federales como exmiembros del Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen) así como a exagentes de la Policía Judicial, “lo que revela que “no hay voluntad de citarlos para que comparezcan, a pesar de que ya los tienen ubicados”.
El abogado puntualizó que la búsqueda que se hizo en Oaxaca en semanas pasadas, “no cumple con estándares técnicos y científicos rigurosos”, de ahí que es válida la exigencia de que la CNB contrate a expertos independientes.
“Ha habido un incumplimiento manifiesto de manera reiterada por parte de las autoridades que tienen que cumplir esta sentencia, y bueno, esto además pone en riesgo varios derechos, el derecho a la búsqueda, el derecho a la justicia, el derecho a la verdad, pero también el cumplimiento cierto de una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, resaltó Sandino Rivero.
El expresidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), Santiago Corcuera Cabezut consideró que lo denunciado por Reyes y Rivero, “es una crueldad por parte del Estado mexicano en su deliberada acción de simulación en las labores de búsqueda para las personas desaparecidas”.
Ante las recientes reformas a la Ley General en Materia de Desapariciones Forzadas y Desaparición por Particulares, el experto independiente cuestionó que con ellas el gobierno de Claudia Sheinbaum pretenda encontrar a las personas desaparecidas, sobre todo con la implementación de los datos biométricos en la CURP.
Al puntualizar que la CURP biométrica sólo podría funcionar para “la búsqueda de los desaparecidos del futuro, pero no para las 126 mil personas que actualmente están reconocidas como desaparecidas”
Tras resaltar que ante la imposibilidad de que las personas que actualmente se encuentran desaparecidas tramiten su CURP con datos biométricos, el ex presidente del CED insistió en lo ineficaz de la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Esa reforma no le sirve a desaparecidos como Edmundo y Gabriel, ni a los 126 mil oficialmente reconocidos más los muchísimos más que están en la cifra negra, es una prueba más de la simulación de generar más papeles, más leyes, pero sin eficacia en el hallazgo de las personas desaparecidas”, sentenció Santiago Corcuera.
El pasado 15 de junio de 2025, un comando armado privó de la vida a la entonces presidenta Municipal Lilia Gemma García Soto.
En un hecho precedente para el estado de Oaxaca conformado por 570 municipios, esta tarde, las y los legisladores aprobaron la desaparición del Ayuntamiento Constitucional de San Mateo Piñas tras la renuncia de sus concejales por el crimen de la presidenta municipal, Lilia Gemma García Soto.
El pasado 15 de junio de 2025, un comando armado privó de la vida a la entonces presidenta Municipal Lilia Gemma García Soto, y 15 días después, el 30 de junio de 2025 se llevó a cabo la asamblea extraordinaria, en la que de manera unánime las y los concejales presentaron su renuncia irrevocable a sus respectivos cargos, la cual fue aceptada por la asamblea.
Por lo que desde el recinto local, con 33 votos a favor, la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado declaró procedente en Sesión Extraordinaria la desaparición del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Mateo Piñas, distrito de Pochutla, en la Costa, para el período legal comprendido del 01 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2025.
Las causas fueron plenamente acreditadas con elementos de prueba en términos de lo previsto en el artículo 115, fracción I de la Constitución Política de México.
Lo anterior, derivado de las renuncias irrevocables al cargo de todas y todos los concejales propietarios electos como parte de la Radicación del Expediente CPGAA/197/2025 y de acuerdo con lo previsto en el artículo 59 fracción I de la Ley Orgánica Municipal.
El dictamen con Proyecto de Decreto fue emitido en sentido positivo por la Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Agrarios a petición de los ciudadanos Carlos Regino García García y Alejandro García Silva, quienes el pasado 11 de julio del presente año solicitaron al Congreso local este procedimiento.
En este sentido, el gobernador de Oaxaca, el morenista Salomón Jara Cruz deberá nombrar a un encargado de la Administración Municipal, con el objetivo de que la ciudadanía y población en general de esta demarcación no tenga vacío de autoridades y se garanticen las funciones esenciales y la prestación de servicios públicos competencia del Ayuntamiento.
Dicho cargo comprenderá hasta el último día de este 2025. Y en términos del artículo 66 de la Ley Orgánica Municipal, 15 días antes de que finalicen los 90 días de ejercicio de la encargada o encargado de la Administración Municipal, propondrá al Congreso de Oaxaca para su ratificación, la integración del Consejo Municipal.
Por último se deberá comunicar de este cambio al Titular del Poder Ejecutivo, a Titulares de la Secretaría de Gobierno (Sego) y de Finanzas (Sefin) del Gobierno del Estado, a la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado (ASFE), así como, al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), con copia certificada del Decreto para que procedan en los términos constitucionales y legales.
El recientemente detenido en Zapopan, Jalisco, Diego Abel Miranda Rodríguez, el Kateo, que fuera lugarteniente de Pablo Edwin Huerta Nuño, el Flaquito, líder del Cártel Arellano Félix (CAF), fue liberado de un Juzgado Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, en funciones de Juez de Control, con residencia en Puente Grande.
Pifias en la puesta a disposición por parte del Ministerio Público de la Federación solo consiguieron que el presunto narcotraficante estuviera menos de una semana en el Reclusorio Preventivo de Guadalajara (Comisaría de Prisión Preventiva) y recibiera un auto de no vinculación a proceso por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
El sujeto detenido cuando presuntamente se hallaba enfiestado al amanecer del domingo 13 de julio último, en el restaurante bar La Reina de Mazatlán, ubicado al cruce de las avenidas Valle de Atemajac y Servidor Público, en Jardines del Valle, por la Policía Municipal de Zapopan, fue registrado con el nombre de Luis Mier Luna, misma identidad que prevaleció para quedar enlistado en el Área de Filiación del penal y en la promoción de una demanda de amparo.
LOS HECHOS
La captura ocurrió poco después de las 06:00 horas cuando la pareja de Mier Luna y/o Miranda Rodríguez acudió a recogerlo a bordo de un vehículo de la marca Jeep; sin embargo, la impericia de la mujer provocó que chocara levemente con alguna estructura, lo que advirtieron policías municipales, que al aproximarse a la unidad observaron un fusil AK-47 en el interior. El ahora liberado salió del establecimiento de mariscos y defendió a la joven, asegurando que ella no tenía broncas y que las cosas que había en el automotor eran suyas.
Pese a que la mujer tripulaba la unidad donde estaba el arma de fuego larga, los uniformados dejaron ir a la mujer y pusieron a disposición de autoridades ministeriales al apodado el Kateo. La Fiscalía del Estado no tenía asunto que perseguir al individuo, o al menos eso trascendió, del que por qué no lo investigaron a fondo, y entonces lo remitieron a la Delegación Jalisco de la Fiscalía General de la República (FGR). De ahí le ejercitaron acción penal por la portación ilegal del arma de uso de las Fuerzas Armadas.
La defensa del imputado alegó una detención ilegal, sin embargo, el Juez de Control decidió dictar la medida cautelar de prisión preventiva y dejar que la defensa hiciera su trabajo durante el término constitucional ampliado. El argumento legal del equipo legal de alias el Kateo fue que su cliente no estaba dentro del automotor donde estaba el arma larga asegurada por los policías zapopanos e incluso presentaron un video sobre el momento del arresto que lo evidenciaba.
El Ministerio Público Federal adscrito no tuvo la capacidad de enderezar la carpeta de investigación ni de aportar pruebas que permitieran un auto de vinculación. Tampoco la voluntad de que compañeros de la Fiscalía General de la República, ya sea de la Delegación de Tijuana, o de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentaran carpetas de investigación existentes en Baja California por la pertenencia de Mier Luna y/o Miranda Rodríguez al Cártel Arellano Félix y en los últimos tiempos aliado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
CRÍMENES EN BAJA CALIFORNIA
Es de dominio público, y ZETA lo ha documentado, que Diego Abel Miranda, el Kateo, además de ser líder de las células criminales referidas, está señalado de ser el autor intelectual del asesinato de la agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), Dalia Consuelo Espinoza Suszek, el 3 de noviembre de 2023. El móvil del homicidio de la mujer policía estaría ligado a una detención y dos robos, uno de 30 kilos de cocaína y otro más de 20 armas ejecutado por agentes estatales en un lapso de dos a tres meses.
Al Kateo también se le imputan acciones en diversas carpetas de investigación, en México y Estados Unidos, por tráfico de drogas de Jalisco a San Diego, secuestros, trata de personas migrantes, homicidios y el incendio de 19 automotores el 12 de agosto de 2022. Antes, ya estuvo detenido por intervención de un grupo de inteligencia en julio de 2021, durante una boda realizada en un rancho en la zona de El Coronel, en Ensenada, donde era el padrino del evento; sin embargo, esa vez también fue liberado por un juez federal.
AMPARO POR SI LAS DUDAS
Debido a que quien se hace llamar Luis Mier Luna aún seguía preso el domingo 20 de julio, en el penal de Puente Grande, su abogada Tania Guadalupe Domínguez Campaña, quien llegó desde Tijuana para asesorar jurídicamente al imputado, presentó una demanda de amparo en su favor alegando actos de privación ilegal de la libertad de parte del Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco y otras autoridades. El juicio de garantía fue radicado con el número de expediente 678/2025 en el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal de la entidad, con el complejo penitenciario.
Dado el señalamiento de actos violatorios de derechos humanos como lo sería la retención prologada del imputado, seguramente dando tiempo al Ministerio Público Federal para que impidiera su excarcelación, el juez de amparo comisionó al actuario Judicial adscrito a ese tribunal para que acudiera a las instalaciones del penal, a efecto de localizar al directo quejoso Mier Luna, para pormenorizar los detalles que pudiese apreciar de la condición física del individuo e incluso lo cuestionara sobre su estado de salud.
En la misma diligencia, el actuario judicial de la adscripción tenía que notificarle la demanda de amparo promovida en su nombre, para que en ese momento, o bien, dentro del término de tres días, manifestara si ratificaba o no dicho escrito. El Kateo fue localizado en la prisión pero manifestó “No ratifico la demanda de amparo promovida a mi favor”. Además, se hizo constar que no se advirtieron golpes en su cuerpo y al ser cuestionado sobre su estado de salud, “refirió que se encuentra bien”. Por lo anterior, se tuvo por no presentada la demanda en el juicio de amparo. Ya estaba destinado que recuperaría en breve la libertad.
BIEN REPRESENTADO
La defensora de Mier Luna y/o Miranda Rodríguez cuenta con experiencia en el ámbito penal federal, pues años atrás, a inicio de la década se le ubicaba como Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, Posteriormente se dedicó al litigio atendiendo casos relevantes de delitos contra la salud, llevando defensas como la del ex agente federal Édgar Luciano Beristáin Ávila, detenido junto con otros sujetos por elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército, en posesión de un cargamento de droga en 2016.
La profesionista también ha sido abogada de personajes como Pedro Herrera Estrada, el Viejón o Peter, identificado por autoridades de la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad como cabecilla de la célula de Los Erres, que presta sus servicios al CJNG.
Por lo pronto, Diego Abel y/o Luis, el Kateo, quien abandonó el penal de Puente Grande a las 12:00 horas del lunes 21 de julio, seguirá moviéndose entre Guadalajara, Tijuana y San Diego, pues no existe impedimento legal para que lo haga.
Al solicitar información en la Delegación Jalisco de la Fiscalía General de la República, en Guadalajara, solo se obtuvo evasivas y entretención para no dar a conocer el fracaso ministerial, bajo el argumento de “las investigaciones sobre este caso y la persona continúan”. En los próximos días se conocerá si dicha autoridad apela a la resolución o muestra su conformidad como aparentemente lo hizo al no aportar pruebas que lograran la vinculación a proceso.
Al mismo tiempo que, según la FGR, Chávez Jr. llevaba una doble vida como elemento del crimen organizado, también tuvo una cordial relación con el gobierno de Sinaloa, a través de contratos y eventos.
Julio César Chávez Jr. no llegó a ser el hijo pródigo del boxeo mexicano. En cambio, formó una historia sorprendente y perturbadora como un deportista relacionado con el Cártel de Sinaloa. Esto lo hizo de forma confesa al admitir que conocía a Ovidio Guzmán, miembro de Los Chapitos que se declaró culpable por actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico, el 11 de julio de este año.
Al mismo tiempo que Chávez Jr. llevaba una doble vida como elemento del crimen organizado (según explicó la FGR poco después de su captura), también tuvo una cordial relación con el gobierno de Sinaloa (a través de contratos) y con el actual gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, que dicho sea de paso, ha sido señalado por investigaciones periodísticas y capos por tener presuntas relaciones por la organización antes encabezada por Ismael “El Mayo” Zambada.
Como se mencionó en el reportaje Ya con orden de aprehensión, Chávez Jr. firmó contratos con el Tribunal Electoral de Sinaloa, el boxeador es dueño de la empresa DESARROLLADORA JH S.A. DE C., como consta en varios documentos en poder de EMEEQUIS.
Por ejemplo, el Registro Público de Comercio establece a Julio César Chávez Carrasco (aunque en los documentos también aparece como Carrazco) como dueño mayoritario de las acciones de esta empresa; la otra parte pertenece a Herbert Nieto Padrón, un licenciado en Comercio y Aduanas. En los documentos también se menciona a Julio César Chávez González (la leyenda del boxeo), a la organizadora de eventos Cindhy Margarita Camacho y al hermano de Julio César Chávez Jr., Eduardo Chávez Carrasco (pero con su apellido escrito como Carrazco).
Anteriormente, EMEEQUIS reveló que durante 2018 y 2024, el Tribunal Electoral de Sinaloa realizó contratos con la empresa de Chávez Jr., pese a que este ya tenía una orden de aprehensión en su contra.
Sin embargo, no es la única institución que ha estado relacionada con esta empresa. Aunque Chávez Jr. aún no era investigado, existen documentos que muestran su relación con el gobierno de Sinaloa.
Por ejemplo, en una factura del 8 de febrero de 2018, se le cobró al gobierno por la “RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, UBICADA EN TERESA DE MIER” por un total de 62 mil 455.40 pesos. En otra factura del mismo día se cobró 56 mil 543.93 por rentas en el mismo inmueble.
Pero no es la única relación con autoridades sinaloenses. Según documentos del Ayuntamiento de Culiacán, para 2018 se autorizó la construcción de un gimnasio a esta empresa. En los documentos queda plenamente identificado Chávez Jr. como el dueño de la empresa.
Esta relación se dio bajo el mandato de Quirino Ordaz Coppel, a cargo del gobierno de Sinaloa, y con el priísta Jesús Antonio Valdés Palazuelos a cargo del municipio de Culiacán.
Esta comunicación estrecha continuó más allá de los contratos, ya que el actual gobernador, Rubén Rocha Moya, se reunió al menos en dos ocasiones con el púgil, incluso cuando este ya era investigado (a partir de 2019, según la FGR).
En primer lugar, el morenista asistió a un evento donde convivió con Chávez Jr. la noche del 19 de diciembre de 2021. En ese momento, Rocha Moya se tomó una foto junto al boxeador y lo felicitó por una pelea en la capital del estado:
“Noche de box en Culiacán, con nuestro gran campeón Julio Cesar Chavez Gonzalez, para ver la pelea de su hijo Julio Cesar Chavez Jr., a quien felicito por su triunfo”.
El evento se mencionó en dos cuentas gubernamentales: la del propio gobernador y la del Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte.
Pero no fue la única vez que se reunieron: el boxeador Iván Morales registró otro encuentro entre Chávez Jr. y el gobernador el 11 de mayo de 2021 en un lugar no determinado. Varias cuentas en redes sociales registraron el momento a través de videos y fotografías.
En esa ocasión, Rocha Moya realizó una llamada con Julio César Chávez padre (a través del teléfono de Chávez Jr.). En ese video, Rocha Moya menciona:
“Aquí estoy con el Jr., dice que lo regañas mucho, sí me doy cuenta yo, y no es cualquier regaño, vale la pena, hay que hacerle caso”.
El 4 de julio, luego de la captura de Chávez Jr. el 3 de julio, Rocha Moya se lavó las manos sobre el tema: “Nosotros no tenemos nada que decir al respecto, porque no está en la jurisdicción del estado”, sino de la federación.
EMEEQUIS buscó al gobierno de Sinaloa y al de Culiacán para cuestionar su relación con el boxeador. Al cierre de este reportaje, no ha habido respuesta.
Pinto Madera es señalado como uno de los principales responsables de la violencia en la entidad. Fue detenido este miércoles en Guadalajara, Jalisco.
Ulises Pinto Madera, apodado ‘El Mamado y/o El Pinto’, uno de los líderes del grupo criminal ‘La Barredora’ en Tabasco, fue detenido este miércoles en Jalisco.
Así lo informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, quien dijo que elementos de Semar, Defensa, FGR y SSPC, con información del Centro Nacional de Inteligencia, detuvieron a Pinto Madera, responsable de la escalada de violencia en Tabasco desde enero de 2024.
Detalló que Pinto Madera cuenta con orden de aprehensión por asociación delictuosa y se le relaciona con extorsiones, secuestro, trasiego de droga, robo de combustible.
Asimismo, de pactar una alianza con otro grupo criminal, por lo que esta detención tendrá un impacto en la disminución de la violencia en la región.
Harfuch: Hernán Bermúdez, ligado a ‘La Barredora’, era investigado desde 2024
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fue cuestionado este martes sobre las acusaciones en contra del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, señalado por presuntos vínculos con la organización criminal “La Barredora”.
García Harfuch detalló que desde 2024 existían indicios sobre la posible relación de Bermúdez con dicho grupo delictivo.
No obstante, fue hasta noviembre de ese mismo año cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco abrió formalmente una carpeta de investigación.
“Es de manera oficial hasta noviembre del 2024 cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco inicia una carpeta de investigación”, precisó el funcionario durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Posteriormente, en febrero de 2025, a solicitud del actual gobernador de Tabasco, Javier May, se obtuvo una orden de aprehensión en su contra.
Harfuch agregó que las autoridades federales colaboran actualmente con el gobierno estatal para localizar a Bermúdez Requena.
Carlos Manuel Merino Campos era gobernador de Tabasco en octubre de 2022 cuando se hicieron públicos los informes de la Defensa que vinculaban a Hernán Bermúdez con el crimen organizado.
El actual director general Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y exgobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, protegió la permanencia de Hernán Bermúdez Requena como exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, ya que se negó a destituirlo luego de que hicieron públicas las primeros acusaciones de presunta corrupción contra el ex mando policiaco que hoy se encuentra prófugo de la justicia.
Por el contrario, Merino Campos mantuvo a Bermúdez Requena como secretario de Seguridad entre agosto del 2021 y enero del 2024, a pesar de que en 2022 se hicieron públicos decenas de reportes de inteligencia militar que lo vinculaban con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el robo de combustibles o huachicol y el tráfico de personas.
El día de hoy Carlos Manuel Merino tiene a su cargo ASA, un organismo descentralizado que tiene como función principal “almacenar, comercializar y abastecer combustibles de aviación” en todo México, a través de 52 estaciones de servicio, principalmente turbosina elaborada por Petróleos Mexicanos.
Otra de las funciones de ASA es “administrar, operar y conservar los aeropuertos en todo territorio nacional”, por lo que tiene bajo su mando un total de 19 terminales aéreas.
La relación de subordinación que en su momento vinculó a Carlos Manuel Merino Campos con Hernán Bermúdez Requena hoy está bajo lupa por dos razones: la revelación de que existe una orden de aprehensión contra su exsecretario de seguridad y la crisis que enfrenta la aviación mexicana por un conflicto con autoridades de Estados Unidos.
Hace dos días, el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) acusó a México de incumplir un acuerdo bilateral, con el cual obligó a las aerolíneas estadounidenses de carga a reubicar sus operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ubicado a casi 50 kilómetros de la capital mexicana.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este martes una mesa de diálogo entre autoridades aeroportuarias de México y Estados Unidos, sin que se haya confirmado la asistencia de Merino Campos a las negociaciones en su calidad de titular de ASA.
La relación entre el titular de ASA y el prófugo Bermúdez
Carlos Manuel Merino Campos fue sucesor de Adán Augusto López Hernández en la gubernatura de Tabasco a partir del 26 de agosto del 2021. Una de sus primeras acciones de gobierno fue ratificar a Bermúdez Requena como secretario de Seguridad y no lo removió del cargo ni siquiera cuando se filtraron los reportes elaborados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) que lo señalaban como líder del grupo criminal “La Barredora”, un brazo armado del CJNG en esa entidad federativa.
Hernán Bermúdez Requena fue señalado por la Defensa como parte del crimen organizado el 12 de noviembre de 2019, cuando aún no era nombrado secretario de Seguridad de Tabasco.
El 11 de diciembre del mismo año, ya con ese antecedente, el entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, lo designó como secretario de Seguridad estatal, sin que se conozca de la existencia de una alerta por parte de la Defensa para tratar de frenar el nombramiento.
Tampoco existe constancia de que la Fiscalía General de la República (FGR) haya iniciado una carpeta de investigación por el reporte emitido en noviembre de 2019 por la 30 Zona Militar de Sedena para el Centro Regional Fusión de Inteligencia (Cerfi) Sureste, un organismo en el que fiscalías, policías y secretarios de gobierno acuerdan estrategias conjuntas de seguridad.
Por el contrario, Bermúdez Requena se afianzó en el cargo y los reportes de inteligencia de la Defensa dieron cuenta de que su ascenso se tradujo en el crecimiento de las actividades criminales en Tabasco, incluyendo la liberación de un líder delictivo a cambio de un presunto soborno de 500 mil pesos.
Además, en el último de los cinco reportes revelados en 2022, la Defensa sostuvo que el entonces secretario de Seguridad de Tabasco era el presunto líder del grupo delictivo “La Barredora”, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación en el sureste mexicano.
Carlos Merino Campos: un hombre de Adán Augusto López
El actual titular de ASA, Carlos Merino Campos era una figura cercana a Adán Augusto López Hernández, político morenista que ganó las elecciones para gobernador de Tabasco celebradas el 1 de julio de 2018.
El triunfo de López Hernández se logró con una amplia mayoría gracias al arrastre que tuvo la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en esa misma elección. Pese a que ganó los comicios en julio del 2018, Adán Augusto López asumió la gubernatura hasta enero del 2019.
Desde el arranque de su mandato fue muy clara la cercanía de López Hernández con AMLO, quien lo llamó a formar parte de su gabinete el 26 de agosto del 2021 como Secretario de Gobernación, en sustitución de la exministra Olga Sánchez Cordero.
Antes de dejar la gubernatura, Adán Augusto López operó la sucesión en Tabasco y designó como gobernador provisional al que era su secretario de Gobierno, Carlos Manuel Merino Campos.
Cuatro días más tarde, el Congreso de Tabasco nombró mandatario interino a Merino Campos, por lo que a nadie extrañó que el nuevo mandatario le diera continuidad al mandato de Adán Augusto López, ratificando a decenas de funcionarios, incluyendo al propio Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad Pública estatal.
La ratificación de Bermúdez Requena por parte de Merino ocurrió cuando inteligencia militar ya había presentado ante los mandos de la Defensa, los primeros reportes que ligaban al jefe policiaco con el crimen organizado. Una vez más, las autoridades federales fueron omisas ante el nombramiento.
Aristegui Noticias buscó la versión del exgobernador de Tabasco y actual titular de ASA. La respuesta de su equipo de prensa es que Carlos Manuel Merino “salió de la ciudad para de nuevo ver asuntos del sector con algunos operadores y administradores aeronáuticos al interior de la República y se ausenta al menos esta semana, por lo que no estará disponible para atender medios”.
Las omisiones ante las revelaciones de Guacamaya Leaks
El 5 de octubre del 2022, tras una filtración masiva de correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) por parte del grupo de hacktivistas Guacamaya, conocida como Guacamaya Leaks o Sedena Leaks, se hicieron públicos los cinco reportes que señalaban los nexos directos de Hernán Bermúdez Requena con el CJNG y su probable participación en delitos como cohecho, robo de combustible y tráfico de drogas.
Aristegui Noticias y al menos una docena de medios dieron a conocer la información de forma simultánea, pero Carlos Manuel Merino, gobernador interino de Tabasco, decidió mantener en su cargo a Bermúdez Requena.
Así, Hernán Bermúdez siguió despachando como Secretario de Seguridad de Tabasco hasta el 5 enero del 2024.
El relevo de Hernán Bermúdez se dio en medio de una ola de violencia que azotó Tabasco en diciembre de 2023, incluyendo un presunto ataque a su domicilio que fue desmentido casi de inmediato.
La versión oficial es que se había dado un enfrentamiento entre civiles armados dentro de un exclusivo fraccionamiento ubicado Villahermosa en el que habitaba Hernán Requena con su familia, pero el hecho nunca se aclaró y el gobierno de Tabasco no informó del seguimiento a las investigaciones.
La violencia volvió a escalar en los primeros días de enero del 2024 y a pesar de ello, el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Moreno, envió un mensaje el 5 de enero en el que advertía que su gobierno “no cedería” ante chantajes propagandísticos, minimizando la situación de violencia.
En el video de ese mensaje, Hernán Bermúdez Requena aparecía como Secretario de Seguridad de Tabasco con todo y su uniforme. Sin embargo, por la noche las cosas cambiaron y se anunció su destitución.
El ascenso del “Comandante H”
En cada reporte de inteligencia militar sobre el caso Hernán Berm´dez Requena, los presuntos vínculos del secretario de Seguridad de Tabasco con el crimen organizado iban escalando, hasta que finalmente se convirtió en la cabeza del principal grupo criminal en la entidad.
En el primero, con fecha de 12 de noviembre de 2019, se vinculaba a Bermúdez Requena, en ese entonces Director de la Policía de Investigación estatal, con Trinidad Alberto de la Cruz Miranda, alias ‘El Pelón de Playas’, líder de MM de 2021. Además, el CERFI Sureste emitió una alerta más en la ya que se documentaba la presunta corrupción de Hernán Bermúdez. Una tarjeta dirigida a los altos mandos de la Secretaría de la Defensa advertía lo siguiente:
“Informar respecto a la posible cooptación y corrupción de autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana de Tabasco, por la presunta negociación para la liberación de integrantes de la delincuencia organizada”.
En ese reporte se menciona que Hernán Bermúdez Requena fue buscado por la gente de Benjamín Mollinedo Montiel, alias “El Pantera”, para que fungiera como intermediario en la liberación de su cuñado, Francisco Javier Martínez Hernández, alias “Pelón”, detenido el 23 de febrero del 2019
El documento indica que “El Pantera” era investigado por actividades de huachicoleo, tráfico de armas y drogas, entre otros delitos. En tanto, Bermúdez es identificado como el “Comandante H” y se menciona que pidió al “Pantera” 500 mil pesos para liberar al Pelón y otros detenidos
El informe concluye: “Por la información central que se obtuvo se infiere la existencia de la corrupción de funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco al colaborar con la liberación de integrantes de la delincuencia organizada a cambio de un pago, lo que repercute en el combate al crimen organizado”.
El 30 de agosto de 2022 un correo electrónico enviado por el CERFI Sureste a los altos mandos de la Defensa titulado “Panoramas Delictivos” vinculó directamente a Bermúdez Requena con el Cártel Jalisco y lo colocó en un organigrama como máximo líder de “La Barredora” y el alias “Comandante H”.
“El Comandante H” se defiende
Dos meses después las filtraciones del colectivo Guacamaya harían públicos todos los señalamientos, Hernán Bermúdez Requena, actualmente prófugo, rechazó todos los señalamientos con el argumento de que en Tabasco no había delincuencia organizada, sino solamente grupos delictivos locales.
Aristegui Noticias cuestionó al entonces secretario de Seguridad de Tabasco sobre los informes revelados por la filtración masiva de los “hackactivistas” de Guacamaya y su respuesta fue la siguiente:
Pregunta: ¿Tiene alguna notificación oficial sobre presuntos vínculos con la célula del crimen organizado La Barredora?
Respuesta: Nunca he sido notificado ni mucho menos de nada de esto. Inclusive el día de hoy tuvimos reunión con la mesa y se tocó el tema. Nosotros tenemos reuniones en algo que se llama la GIO (Grupo de Inteligencia) donde nos reunimos Sedena, Marina, FGR, nosotros, para tocar temas sobre hechos delictivos. (…)
Yo platiqué con el CNI de aquí y se le preguntó en una mesa que sí él tenía conocimiento de su existencia el día de hoy y dijo ‘no’, pero no solamente a él. Se le preguntaron a todos. El gobernador dijo ‘¿ustedes tienen información?’, ‘yo no’. El señor gobernador ‘¿por qué?’ ‘Porque yo no soy investigador’.
Al ampliar su respuesta, negó la existencia del grupo criminal “La Barredora”, del que hoy es señalado como su máximo líder:
“La Barredora’ es inexistencial (sic), hay muchos que firman, pero aquí donde veo las mantas y las cartulinas son muy comunes, pero nosotros no hacemos investigación. Aquí no tenemos conocimiento que exista un cartel y más de esa magnitud. Existen delincuencia locales, son delincuentes locales y no se les puede llamar cárteles de delincuencia organizada. Nosotros en lo que respecta a la policía estatal nos enfocamos exclusivamente al municipio del Centro (Villahermosa).
Nosotros no podemos ni proteger, y bueno, cómo vamos a proteger algo que no se tiene la prueba de la existencia (…) yo no tengo conocimiento de la existencia (de ‘La Barredora’)”.
Guadalupe Leyvi, de 16 años; Melani Sujey, de 17 años; y Alondra Citlali, de 18 años, fueron localizadas sin vida en vehículos calcinados en Valle del Sol y Terrazas del Valle. Mientras que Adriana Yanete Rodríguez Alegría, de 39 años y madre de Melani, fue localizada enterrada en un predio del Ejido Francisco Villa.
Pruebas de ADN confirmaron el hallazgo sin vida de cuatro mujeres desaparecidas —entre ellas, dos menores de edad— desde el pasado 16 de mayo en las inmediaciones del Ejido Francisco Villa, en Tijuana, cuyos cuerpos fueron abandonados en distintos puntos de la Zona Este, según confirmó Fidel Corvera Gutiérrez, fiscal de Unidades Especializadas.
Fue el pasado 16 de mayo cuando tres jóvenes amigas desaparecieron tras ser vistas por última vez al dirigirse a una fiesta en el Ejido Francisco Villa, en Tijuana. Se trata de Guadalupe Leyvi Argüello Pineda, de 16 años; Melani Sujey Rodríguez Alegría, de 17 años; y Alondra Citlali Rico González, de 18 años. Mientras que la madre de Melani, Adriana Yanete Rodríguez Alegría, de 39 años, desapareció el 30 de mayo.
“Ya están identificados los 4 cuerpos. La primera que se identificó fue la de nombre Alondra; esta persona es la que tenía 18 años, fue localizada el 7 de junio en un vehículo calcinado. En un pick up, acompañado de otros dos cuerpos, pero todavía los otros dos cuerpos no fueron identificados de que tengan reporte de desaparición”, informó Corvera Gutiérrez a ZETA.
Según abundó, los cuerpos de las menores de edad, Melani y Guadalupe, fueron quemados en un vehículo tipo sedán, el cual también fue completamente calcinado. Fue a través de pruebas de ADN que lograron obtener su identidad. Ambos vehículos calcinados fueron localizados en la delegación La Presa Rural: el pick up en Terrazas del Valle y el sedán en Valle del Sol.
La última en ser localizada fue Adriana, en el predio de uno de los detenidos, en el Ejido Francisco Villa, el 7 de julio: “en el predio donde se localizó a la mamá de una de ellas, en un predio a un lado se había localizado anteriormente otro cuerpo también, pero no ha sido identificado”. Sin embargo, el hallazgo de ese otro cuerpo no estaría vinculado al mismo crimen.
De acuerdo con la narrativa de los hechos, los testigos refirieron que el último día que las vieron juntas fue el 16 de mayo en un domicilio de la colonia Francisco Villa. Después de las investigaciones, la Fiscalía General del Estado (FGE) reconstruyó los hechos, pues fue en el transcurso de la noche del 16 al 17 de mayo cuando fueron privadas de la libertad, para posteriormente asesinarlas y finalmente desaparecer sus cuerpos en diversas zonas.
“La mamá (Adriana Yanete) inclusive fue a buscarla, porque le llegó el rumor de que su hija fue vista en un domicilio en la colonia Francisco Villa. Ella fue a ese domicilio a buscarla y se presume que ahí fue donde a ella también la privan de la libertad y posteriormente la privan de la vida”, subrayó el fiscal de Unidades Especializadas.
Desde el inicio de la desaparición, la familia de Guadalupe Argüello salió a buscarla a las calles, en compañía del colectivo Enlace y Restauración, con la esperanza de localizarla con vida o incluso de que regresara caminando a casa. Aunque finalmente la localizaron, no fue de la manera que deseaban.
Tres personas detenidas
Actualmente, la principal línea de investigación versa sobre una diferencia en cuestiones de narcomenudeo, delito por el cual Adriana Yanete Rodríguez Alegría, mamá de una de las menores, cuenta con antecedentes.
Por la privación ilegal de la libertad y el posterior homicidio de las cuatro mujeres, actualmente tres hombres se encuentran detenidos.
Guillermo N., alias “El Flaco”, y Christian N. alias “El Camarón”, fueron asegurados el 13 de junio del 2025 y vinculados a proceso el 18 de junio. Así como Iván Etzael N, alias “El Talibán”, vinculado a proceso el 10 de julio.
Según destacó el fiscal Fidel Corvera, solamente resta una orden de aprehensión en ser cumplimentada. Sin embargo, probablemente serán solicitadas ante un Juez de Control alrededor de tres más, los cuales se están ubicando con base en trabajos de investigación.
“No se descarta que hubiera más desaparecidos en los que pudieran estar involucrados”, concluyó.
Atendiendo la denuncia por abuso sexual, el exsecretario de Bienestar en Tijuana, Erik “Terrible” Morales, ya acudió a comparecer ante la Fiscalía General del Estado (FGE), reconoció la titular María Elena Ramírez. El exboxeador se negó a declarar, pero a cambio ofreció el testimonio de dos testigos que han evitado acudir a las instalaciones del Ministerio Público en Tijuana.
La fiscal Andrade reconoció que Morales Elvira tiene dos carpetas de investigación por abuso sexual. La denuncia más reciente fue interpuesta ante Sindicatura Municipal por una colaboradora de la Secretaría de Bienestar del Ayuntamiento de Tijuana.
“La carpeta reciente de su empleada entonces, la tenemos actualizada. Él ya compareció, pero se abstuvo de declarar, ofreció testigos que a la fecha no se han presentado. Se está trabajando el tema emocional de la víctima y en cuanto tengamos esos datos vamos a tomar la resolución correspondiente. Pues el aviso a las víctimas que en la Fiscalía del Estado no vamos a tolerar ninguna actividad ilícita, en especial contra las mujeres, y si hay evidencia, vamos a proceder conforme a la ley”, explicó la fiscal Andrade.
La primera denuncia, que se expuso en medios a principios de 2024, daba cuenta de un presunto abuso sexual ocurrido en junio de 2013 en las instalaciones del gimnasio Box Platino, en contra de la recepcionista de nombre Martha N., quien lo acusó de haberla tocado sin su consentimiento e intentar abusar de ella.
“El secretario Erik tiene dos carpetas de investigación. La primera es por hechos de hace 12 años, lo que ha complicado mucho obtener nueva información. Se va a tratar de trabajar con la víctima para establecer apoyo psicológico, un poco más de datos que nos permitan tener evidencia para esa carpeta”, recordó la titular de la FGE.
Paradójicamente, en el marco del programa financiado con recursos públicos de la presidenta Claudia Sheinbaum, “Tijuana Zonas de Paz”, el “Terrible” Morales fue homenajeado con un mural en la Zona Norte de Tijuana, en la colonia donde fueron sus inicios como boxeador amateur. La develación tuvo demoras debido a que el boxeador exigió que el artista favorito de los gobiernos morenistas, Gerardo “Mode” Orozco, sustituyera el color rosa del mural, a lo que no se accedió.
El “Terrible” Morales se retiró del boxeo en 2014 y comenzó su camino en la política mexicana en 2007 como director del Instituto del Deporte de Tijuana durante la administración de Jorge Ramos Hernández, del Partido Acción Nacional. Su primer cargo fue como diputado federal por el distrito 7 de Baja California, de 2018 a 2021, por Morena en coalición con el Partido Encuentro Social (PES) y el Partido del Trabajo (PT). En el gobierno de Marina del Pilar fue director del Instituto del Deporte y Cultura Física (INDE) entre 2021 y 2023, cuando dejó el cargo para ser precandidato a la alcaldía de Tijuana, candidatura que perdió contra Ismael Burgueño, quien lo designó como secretario del Bienestar.
Actualmente, Morales Elvira trabaja como comentarista deportivo en Fox Sports México, de Grupo Multimedia Lauman, del empresario Manuel Arroyo, filial de Walt Disney Company.
Por: Draco Draculon martes, julio 22, 2025/Comentarios: 0Nacional,
Seguridad
Las víctimas de extorsión aumentaron 6% en el primer semestre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024. Aunque el gobierno mexicano presentó un plan para atender este delito, expertos advirtieron pocos incentivos para denunciar y riesgo de abusos.
Las víctimas de extorsión sumaron 5 mil 887 en el primer semestre de 2025, la mayor cifra registrada para un periodo similar desde que se tiene registro, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Este delito creció 6.8% respecto al primer semestre de 2024, cuando sumaron 5 mil 509 víctimas. La presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido que la extorsión ha aumentado durante su administración, por lo que el pasado 8 de julio anunció una serie de medidas para combatir su crecimiento.
Los estados con más víctimas de extorsión fueron el Estado de México, al acumular el 25% de los casos totales. Le siguen Guanajuato, Ciudad de México, Nuevo León y Veracruz.
Desde 2018, los casos de extorsión se han mantenido al alza, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Para el primer semestre de 2025, las víctimas de este delito subieron 77.4% frente al mismo periodo de 2018.
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que el delito de extorsión aumentó durante su gestión. Ante ello, presentó un plan para atender este delito, el cual incluye un número nacional para denuncias anónimas, equipos de investigación en las zonas de mayor incidencia y propuso una reforma para que el Congreso legisle una ley general contra la extorsión.
Como te contamos, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), señaló que, aunque la estrategia nacional contra la extorsión tiene elementos positivos como actualizar el tipo penal y aprovechar la experiencia de las unidades antisecuestro, lo anunciado hasta ahora son generalidades: “Una estrategia implica objetivos medibles en tiempo, en resultados. Lo que vemos son generalidades”.
Extorsión sube en la mitad de los estados
De acuerdo con los datos del SESNSP, las víctimas de extorsión tienen dos años al alza y alcanzaron su máximo histórico en el primer semestre de 2025, al reportar 5 mil 887 víctimas.
Los estados que concentraron el mayor número de víctimas fueron: el Estado de México con 1 mil 481 víctimas, le sigue Guanajuato con 787; Ciudad de México con 662; Nuevo León con 500 casos y Veracruz con 479.
Según la última entrega de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), en 2023, la cifra negra —delitos que no fueron denunciados— por extorsión fue del 96.7%, lo cual lo coloca como el segundo delito con la mayor cifra negra en el país.
Los principales motivos de las víctimas para no interponer una denuncia fueron la pérdida de tiempo y la desconfianza en las autoridades.
Por otro lado, las víctimas de extorsión subieron en 18 estados respecto a los primeros seis meses del año pasado. Las entidades que tuvieron un mayor incremento fueron Chiapas con un incrementó del 1,680%;Tamaulipas con un aumento del 148%; la Ciudad de México tuvo un incremento del 145%; Puebla con un 88% y Baja California Sur con un 70%.
Homicidios bajan a nivel nacional, pero suben en seis estados
A nivel nacional, se contabilizaron 12 mil 752 víctimas de homicidios dolosos, 15.5% menos que en el mismo periodo de 2024 cuando se reportaron 15 mil 104. A pesar de ello, los asesinatos subieron en seis estados, entre los que destacan Sinaloa, Baja California Sur y Nayarit.
Sinaloa tuvo un incremento del 265% en el primer semestre del año, al registrar 893 víctimas frente a las 244 víctimas del mismo periodo de 2024.
Desde septiembre pasado, cuando comenzaron los enfrentamientos entre grupos criminales en Sinaloa, en la entidad se registran 1 mil 549 víctimas de homicidio doloso. La captura de Ismael “El Mayo” Zambada desató una crisis de violencia en la entidad que estalló el pasado 9 de septiembre ante el enfrentamiento de distintas facciones del Cártel de Sinaloa.
Pese a que la violencia continúa en el estado, entre el 1 de octubre de 2024 y el 16 de julio de 2025, las autoridades federales reportaron la detención de 1 mil 487 personas, el aseguramiento de más de 3 mil armas de fuego; decomisos de 53 mil 602 kilogramos de droga y un millón 811 mil pastillas de fentanilo y el desmantelamiento de 91 laboratorios clandestinos.
Otro de los estados que han tenido un aumento en las víctimas de homicidios son Baja California Sur con un aumento del 64%; Nayarit con un incremento del 44%; Campeche con un 34%; Tlaxcala 12% y Guanajuato del 9%.
En contraste, los estados que han reportado las mayores disminuciones en este delito son Zacatecas con una reducción del 61%; Chiapas con una baja del 58% y Quintana Roo con un 51%.
El caso de Marisol es muestra de una problemática estructural por la que las mujeres, o sus bebés, pierden la vida. En los últimos 10 años, el IMSS ha recibido 20 recomendaciones por violencia obstétrica.
Marisol murió el 20 de julio de 2015 en el Hospital Rural del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a los 30 años de edad, cuando tenía 39.2 semanas de embarazo. Luego de presentar vómitos y náuseas, el personal médico detectó que el producto había muerto y le realizó una cesárea de emergencia.
Tuvo un desprendimiento prematuro de placenta, una de las más graves urgencias obstétricas con alto riesgo de muerte. Por su estado, se requería trasladarla a un hospital de mayor nivel, porque en Bochil no había suficientes hemoderivados ni equipo para atenderla, pero eso se hizo hasta seis horas después de terminado el procedimiento.
El retraso ocurrió porque el Hospital del IMSS en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, no tenía médico de cuidados intensivos que la recibiera, y tampoco se echó a andar el Convenio general de colaboración para la atención de emergencias obstétricas, que indicaba que debía ser trasladada a alguno de los hospitales firmantes de este. Cuando llegó a Tuxtla, ya había muerto.
A 10 años de sus fallas institucionales, el IMSS finalmente ofreció este lunes una disculpa pública por esos hechos, sin que esta haya sido suficiente para reparar el daño, considera hoy su esposo, Miceli.
“Lo que ha pasado a lo largo de estos 10 años nos da como enojo, nos da coraje, porque a pesar de todo el tiempo que han tenido para mejorar y realmente cumplir con la medida de no repetición, no lo han hecho y falta todavía mucho para que ellos cumplan”, cuenta en entrevista.
Matilde Pérez, investigadora de Fundar que ha acompañado el caso, señala que esta es una muestra de que están ocurriendo situaciones en las que las mujeres mueren por causas evitables, por lo que usaron sus herramientas de litigio estratégico para visibilizar las problemáticas estructurales que afectan los derechos humanos, que requieren al mismo tiempo poner recomendaciones claras sobre la mesa para transformar y revertirlas.
“Este caso coloca la necesidad de que se tienen que establecer medidas de no repetición, se tienen que atender estas causas estructurales, y justamente cuando se llega a esta conciliación con el IMSS, lo que se coloca no es solo reconocer que hubo una responsabilidad de la institución, sino que esta institución cómo se va a comprometer, qué acciones va a implementar para que estos hechos no se repitan”, puntualiza.
Sin embargo, en la década que ha transcurrido entre la muerte de Marisol y este 21 de julio, cuando el IMSS emitió la disculpa pública, el Instituto ha recibido 20 recomendaciones de la CNDH por violaciones a derechos humanos relacionados con violencia obstétrica en diferentes hospitales de todo el país.
Por eso es que a Miceli la disculpa le parece insuficiente. El espacio en Bochil, Chiapas, donde se llevó a cabo, no tenía características que permitieran un acceso abierto al público. Además de que, a su juicio, no cumplió con los requisitos de publicidad suficiente, hay otros aspectos reparatorios que apuntan a la no repetición que el Instituto no ha atendido en su totalidad.
Violencia obstétrica: deudas en la reparación del daño y la no repetición
Si cuestiones tan básicas como no contemplar otro tipo de espacio, o que la institución no haya colocado siquiera una foto de Marisol, en un acto que era simbólico para su familia, no se cumplieron, en lo estructural aún hay todavía más deudas.
“Está pendiente que se resuelvan las condiciones de infraestructura, de personal, y un poco lo que se ha colocado es que este caso no tendría que terminar con la disculpa pública; el compromiso que por lo menos hoy vino a hacer el IMSS es que van a cumplir con las medidas que están pendientes”, señala Matilde.
Miceli confiesa que imaginaba otro escenario y lamentablemente no fue así, aunque por lo menos tuvo la oportunidad de decirle al Instituto lo que era necesario. “A pesar de todo el tiempo que han tenido para mejorar y realmente cumplir con la medida de repetición, no lo han hecho”, reclama.
A su juicio, falta todavía mucho para que se considere que han cumplido. Si bien el acto de disculpa fue histórico para él, a nivel simbólico, porque debe ser relevante y darle un auge al tema, es necesario seguir avanzando. Por temor, dice, no tomaron en cuenta los lugares que él propuso para la disculpa, pero más allá de eso, no han cumplido casi con ninguna medida de reparación.
“Incluían la remodelación y ampliación de la infraestructura, que aún no la terminan ni la entregan; se pedía que tuvieran a los médicos capacitados y especializados, y todavía no cumplen. Hay vacantes por cumplir en ginecobstetricia; también en los insumos y medicamentos, y todavía falta, y en lo que nosotros damos mucha relevancia e importancia es en el tema de las ambulancias”, explica el esposo de Marisol.
Respecto a esta medida, el Instituto aseguró que había dos ambulancias equipadas que ya estaban en función y servicios, pero una de ellas no lo está –subraya– porque fue prestada para otro lugar, sabiendo que el pueblo de Bochil la necesitaba.
Además, estos 10 años de lucha por justicia y reparación, han implicado para su familia un esfuerzo constante: “A lo largo de estos 10 años, además, nos da mucha profunda tristeza, pues ellos todavía no cumplen con su palabra, y con lo que hoy escuché, me da más tristeza, porque el director miente al decir algo que no es, cómo quisiéramos en verdad que lo que ellos dicen, lo pusieran en práctica, que se hiciera verdaderamente, pero vemos que es nulo”.
Ahora, Miceli está convencido de que seguirá en pie de lucha, avanzando y supervisando que el IMSS realmente llegue a cumplir los actos de reparación, para darle la certeza a las personas de que al acudir al servicio público, van a encontrar una buena atención.
La investigadora de Fundar subraya que la problemática no está cambiando de fondo, pese al convenio firmado. “Las causas estructurales que dieron origen o detonaron la muerte de Marisol siguen ahí, entonces en ese sentido es la exigencia del compromiso de las instituciones, de que haya un verdadero reconocimiento a la responsabilidad, y de mirar hacia el futuro, no solo hacia el pasado… Hacia adelante, ¿cuáles son los compromisos que van a tener con las víctimas?”, cuestiona.
La larga batalla por reparación para Marisol
Entre las deficiencias que condujeron a su muerte, la familia de Marisol también reclamó que su atención estuvo en manos de residentes de tercer y cuarto año, y de un médico pasante de servicio social que no tenía la experiencia suficiente ni la supervisión de un médico responsable. En el hospital de Bochil, había un solo ginecobstetra de base para el turno matutino.
Aunado a ello, el centro de atención médica no contaba con hemoderivados suficientes, mientras que el retraso del traslado de Marisol al hospital de Tuxtla se debió también a la falta de médicos en la unidad de cuidados intensivos. Días antes de su muerte, se había ordenado un ultrasonido y otras pruebas para ella que tampoco se realizaron; el propio hospital alegó no contar con el equipo necesario.
No solo eso: el útero que le fue extraído durante su cesárea para detener la hemorragia fue extraviado, por lo que el hospital no llevó a cabo el estudio histopatológico que se requería para determinar las causas de la emergencia obstétrica.
El acompañamiento de Fundar implicó interponer un juicio de amparo para poder acceder al expediente clínico, que le fue negado a la familia, y posteriormente el caso fue presentado ante la CNDH por las violaciones cometidas, organismo que en diciembre de 2018 finalmente emitió una propuesta de conciliación al IMSS.
Fue en ese convenio que se incluyeron como medidas de reparación y no repetición la habilitación de un banco de sangre, la contratación de personal obstétrico en todos los turnos y fines de semana; la disponibilidad de insumos, equipo y personal necesario para la realización de estudios de ultrasonido, la capacitación de personal, la investigación de funcionarios responsables y la disculpa pública.
A siete años de ese acuerdo, sigue pendiente concluir la construcción y operación del banco de sangre, la contratación de personal ginecobstetra en todos los turnos y fines de semana; la plena disponibilidad de insumos, personal y equipo, así como garantizar la capacitación constante de personal.
Además, ningún servidor público ha sido investigado o sancionado por los hechos.
No es el único caso en Bochil, Chiapas
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido otras dos recomendaciones por al menos dos casos más de violencia obstétrica ocurridas en centros hospitalarios del IMSS en Bochil, Chiapas.
La primera fue emitida en 2016 (50/2016), por un caso de violencia obstétrica e inadecuada atención médica que implicó el agravio de una madre y la pérdida de la vida de su recién nacida en el Hospital Rural Oportunidades número 8 del IMSS, atribuibles al personal médico.
De acuerdo con el recuento de la Comisión, el 26 de diciembre de 2013, alrededor de las 05:00 horas, la agraviada, de 21 años de edad, acudió al servicio de urgencias, donde se le diagnosticó delicada, con embarazo de 40.2 semanas de gestación y signos de trabajo de parto, además de ruptura prematura de membranas.
La mujer fue atendida por un pasante en medicina, quien le realizó varias veces tactos y le colocó una pastilla de misoprostol para inducir el parto; aunque primero la monitoreó continuamente, después insistió en que todavía faltaba tiempo para el parto, pese a que ella mencionaba que tenía fuertes dolores y pensaba que el bebé ya iba a nacer. Aunque ella pidió una cesárea con el argumento de que sentía el sufrimiento fetal del bebé, no se la realizaron.
Cuando finalmente la llevaron a la sala de parto, la mujer ya no tenía fuerzas y sintió que la bebé se movía más lento; la niña nació a las 01:00 horas del 27 de diciembre de 2013 y la madre se percató de que no lloraba. Un médico le informó que su hija se encontraba grave. A ella la dieron de alta, pero su hija permaneció hospitalizada, y horas más tarde le llamaron para comunicarle que había fallecido por choque cardiogénico, insuficiencia renal e hipertensión pulmonar persistente.
La segunda recomendación documentada por la CNDH corresponde a 2022 (13/2022) sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud de madre y su recién nacido, así como a la vida del segundo, y a la libertad y autonomía reproductiva por violencia obstétrica, al igual que a la información en materia de salud de la víctima, quien era una mujer indígena tsotsil, en el hospital rural del IMSS en Bochil.
El 28 de octubre de 2021, explicó Montenegro, el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI) elaboró un reporte titulado Diagnóstico Delictivo Regional, que fue enviado al Centro Nacional de Inteligencia (CENI) y al Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, en el que se mapeaban las actividades delictivas de Bermúdez Requena.
El periodista experto en seguridad, José Luis Montenegro, publicó información contenida en los Guacamaya Leaks que vincula al exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H”, con actividades delictivas como secuestro, extorsión y robo de hidrocarburos, y señaló que tanto el expresidente Andrés Manuel López Obrador como el actual senador y exgobernador Adán Augusto López Hernández tenían conocimiento de estas investigaciones desde 2021, pero omitieron actuar al respecto.
En entrevista para Aristegui en Vivo, Montenegro detalló que “por lo menos hay indicios criminales de Bermúdez Requena que datan del año 2004, más de 20 años que ha estado en el anonimato este hombre había estado bajo el sigilo y bajo el amparo y nadie se enteró”.
El 28 de octubre de 2021, explicó Montenegro, el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI) elaboró un reporte titulado Diagnóstico Delictivo Regional, que fue enviado al Centro Nacional de Inteligencia (CENI) y al Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, en el que se mapeaban las actividades delictivas de Bermúdez Requena y sus colaboradores, entre ellos Carlos Tomás Díaz “Tomásín”, vinculado a proceso en 2023 por lavado de dinero y extorsión.
Montenegro relató que “dos meses después de la elaboración de este reporte, en diciembre del 2021, la Sedena envía al expresidente López Obrador y a su equipo más cercano un panorama político y social previo a su visita a Tabasco”.
El 23 de diciembre de 2021, durante la gira presidencial en Palenque, Tabasco, “nadie le informó al expresidente que Bermúdez Requena estaba bajo investigación y formaba parte de un organigrama criminal bastante nutrido”.
En ese informe, indicó Montenegro, “le explican que Bermúdez Requena iba a ser el encargado de mantener la paz y el orden social en el estado durante su visita”.
Añadió que “meses antes ya habían catalogado en informes oficiales de la Sedena a este personaje como un presunto delincuente y miembro activo de la barredora, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”.
Montenegro denunció que “le tasajean, le cortan, le omiten información” al presidente en sus informes, a pesar de que “la sección 2 dedicada a inteligencia militar y la sección 8 de servicios especiales de la séptima región militar de Tuxtla Gutiérrez y la 30 zona militar en Chiapas sabían quién era el Comandante H”.
Sobre las redes criminales, Montenegro señaló que Bermúdez Requena operaba con “Euler, Rubalcaba, Colorado, el comandante Rayo, Benjamín, Mollinedo, Montiel, el Pantera”, entre otros, quienes controlaban zonas como Huimanguillo y Cárdenas y reclutaban exmilitares de Chiapas con sueldos mensuales de 3 mil pesos.
El periodista también reveló que el exgobernador y actual senador Adán Augusto López Hernández colocó a Bermúdez Requena como secretario de Seguridad en Tabasco, pero “nunca supo nada” de sus nexos criminales, pese a que el exfuncionario “se reunía de manera frecuente para temas de seguridad con Adán Augusto”.
Montenegro mencionó además un informe de la Sedena de febrero de 2021 en el que “un sujeto conocido como Carlos René Cruz ‘El TACA’, integrante del CJNG, hablaba de la llegada de 30 a 40 personas, todos ellos miembros de la 4T, a Tabasco para investigar a la Fiscalía local y al entonces secretario Bermúdez Requena por casos de corrupción”.
Montenegro destacó que en los informes oficiales y en la inteligencia militar se identificaba a Bermúdez Requena como líder de una estructura criminal que controlaba el huachicol y otras actividades ilícitas en Tabasco, con apoyo de un grupo cercano de colaboradores, entre ellos figuras como Carlos Tomás Díaz (Tomasín), Carlos René Cruz y otros operadores del CJNG.
El periodista afirmó que esta red criminal operaba con “aval” de altos mandos y que la estructura criminal era “bastante nutrida”, con presencia en varias regiones estratégicas, y que además contaba con apoyo y protección institucional que permitió que Bermúdez Requena estuviera en funciones a pesar de los indicios y acusaciones en su contra.
Finalmente, Montenegro concluyó que la omisión en estos informes dirigidos al Ejecutivo y la cercanía entre Bermúdez Requena y altos mandos estatales representan una red de protección institucional.
“No es una omisión gubernamental en este caso, sino una complicidad compartida“, ya que “se respetó la lealtad” entre López Obrador y Adán Augusto, considerados entre sí “hermanos políticos”.
Además, Montenegro criticó la contradicción en las declaraciones oficiales, recordando que el general Ricardo Trevilla dijo que la información obtenida de Guacamaya Leaks “no es oficial” y “no se puede informar algo que no está comprobado”, mientras que, según Montenegro, esta información ya estaba disponible para la Fiscalía General del Estado de Tabasco y la Fiscalía General de la República.
De acuerdo con Montenegro, la filtración de Guacamaya Leaks permitió evidenciar que las autoridades conocían desde hace años la existencia de estas redes criminales en Tabasco, pero no tomaron medidas efectivas, lo que según él pone en duda la estrategia oficial contra el crimen organizado en esa región.
