“La gentrificación es una consecuencia del proceso de acaparamiento y los procesos de despojo. Los pueblos y barrios originarios se han visto históricamente afectados por diversos proyectos de infraestructura, ya sean carreteras, ejes viales, líneas de metro o plazas comerciales. Todo eso que normalmente se le conoce como “urbanización” ha afectado los territorios de los pueblos”, dijo Alejandro Velázquez, uno de los integrantes del Frente, en diálogo con Desinformémonos.
El análisis compartido por el Frente, señala que las discusiones sobre la gentrificación han estado muy centradas en el ámbito urbano, y desde los pueblos y barrios se busca incluir también lo que sucede en el suelo de conservación de la capital, así como con “el territorio y los bosques, que también han sido afectados por estas dinámicas”, los cuales se han visto cercados por el crecimiento de complejos residenciales de lujo, como el caso del pueblo de Xoco y la torre Mítikah, o por la construcción de vialidades, como la lucha por la protección de los humedales de Xochimilco, frente a la construcción del puente vehicular Periférico – Cuemanco, que avivó el conflicto social en la zona sur de la ciudad.
“Nosotros pensamos que se tiene que replantear el modelo de ciudad por completo. Se siguen construyendo diversos proyectos urbanos inmobiliarios que están afectando el suministro de agua a los habitantes de pueblos y barrios. Aumentan los problemas de movilidad, también de calidad del aire, por eso decimos que debe establecerse una suspensión de trámites para nuevos megaproyectos inmobiliarios, mientras no se tenga una discusión a fondo del tipo de ciudad que queremos”, comentó Velázquez a este medio.
La propuesta fue lanzada a la par de la manifestación del domingo 20 de julio de 2025, en apoyo al pueblo de Santa Úrsula Xitla, en la alcaldía Tlalpan, que ha denunciado su rechazo a la construcción de 52 casas de lujo en Fuentes Brotantes 132, por parte de la empresa Graus. La movilización fue custodiada en todo su recorrido por centenas de granaderos y policías auxiliares y de tránsito de la ciudad de México, dando inicio al nuevo protocolo de control de manifestaciones, anunciado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, a inicios de julio, tras la realización de la marcha antigentrificación y como evidencia de la presión que el Mundial de fútbol, que comenzará en once meses, está aplicando sobre la gestión del conflicto social en la ciudad.
“Con el mundial, hay muchos alcaldes que están muy interesados en promover a los pueblos originarios como objeto turístico y eso, pues, es volver a la cultura de los pueblos una mercancía también”, criticó la fuente.
Sin reconocimiento ni consulta
El Frente de pueblos y barrios del Anahuac nació como una organización popular que nuclea a 66 pueblos originarios, dónde confluyen autoridades tradicionales y representantivas de los mismos, así como integrantes de los colectivos de cada pueblo. Velázquez dijo que la organización tiene presencia en prácticamente todas las alcaldías de la capital, y que sus ejes de trabajo son la defensa del territorio, la construcción de autonomía y la reivindicación y revitalización de la cultura de los pueblos de la capital mexicana.
“Somos una organización apartidista, independiente, anticapitalista según nuestro estatatuto, antripatriarcal y antirracista, que hemos participado en la defensa de los derechos de los pueblos y en la discusión de leyes que los afectan”, indicó.
Por esto, el Frente ha marcado su rechazo con la construcción de un sistema publico de registro de pueblos y barrios en la ciudad de México, que fue lanzado en 2022 por la Secretaría de Pueblos originarios y comunidades indígenas (SEPI) cuya convocatoria “anuló los derechos colectivos de más de 150 pueblos ya reconocidos, desde el punto de vista del Gobierno porque nosotros sabemos que los tenemos, que esos derechos existen”, contó.
Sin embargo, se condiciona actualmente el reconocimiento de pueblo originario a aquellos que cumplan con el registro establecido, lo que ha interferido en su capacidad para oponerse a proyectos inmobiliarios, como fue el caso de la resistencia a Fuentes Brotantes.
“Para ser reconocidos como pueblos, se establecieron una serie de requisitos, hacer censos, presentar actas de nacimiento, certificados de escolaridad y otros trámites que han llevado a que la Secretaría de Pueblos niegue el derecho a la consulta ante proyectos inmobiliarios privados, argumentando que los pueblos no están registrados como tales”, expresó.
Durante ese proceso, el Frente de Pueblos se manifestó públicamente y presentó también una demanda colectiva ante el Tribunal electoral de la Ciudad de México, quien se declaró incompetente en el asunto. Sin embargo, Velázquez comentó que “vinculamos estas problemáticas de registro y de la existencia misma de la Secretaría de Pueblos con estas problemáticas también, porque cuando se niegan los derechos a los pueblos, se niega una herramienta que se puede utilizar en la defensa del territorio, frente a los cambios de usos de suelo”.
Estos desarrollos incluyen también a los patrocinados por el Gobierno por medio del instituto de la vivienda, los cuales dada su magnitud y ubicación periférica también terminan afectando las zonas rurales y de conservación: “no queremos negar el derecho a la vivienda y sobre todo, a una vivienda social, pero sí vemos que muchos de estos proyectos de INVI son de carácter masivo y que, si no hay un proceso de diálogo o consulta previa, generan conflictos”, apuntó. Para el Frente, la clave está en el respeto a la consulta previa, libre e informada, como se establece en los convenios internacionales que regulan la materia.
Velázquez explicó que, aunque el Frente no forma parte de la organización de defensa de Fuentes Brotantes, comparten la preocupación de un pueblo que ha estado “desde hace mucho tiempo, muy asediado por la urbanización: en 2017 se terminó de construir una plaza comercial, Patio Tlalpan, y hay muchos desarrollos en la zona. Nosotros reivindicamos la consulta de los pueblos y la defensa de su derecho al territorio”, concluyó.
AUTOR: REDACCIÓN.
