Ciudad Juárez, 01 de julio de 2025

Desde el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte manifestamos nuestra profunda preocupación ante el hallazgo de 383 cuerpos sin incinerar en el crematorio “Plenitud”, ubicado en Ciudad Juárez, y declaramos lo siguiente:

En primer lugar, expresamos nuestra solidaridad a las familias que hoy viven la incertidumbre de no saber si sus seres queridos fueron debidamente cremados y si las cenizas que recibieron corresponden realmente a quienes despidieron. Extendemos un abrazo fraterno a quienes, tras haber vivido un duelo, enfrentan ahora la posibilidad de transitarlo nuevamente.

Exigimos que la Fiscalía General del Estado lleve a cabo un proceso exhaustivo, científico y transparente de identificación forense, que no deje espacio a dudas sobre la identidad de cada una de las 383 personas localizadas. Este proceso debe ir más allá de la documentación hallada junto a los cuerpos.

Asimismo, la disposición final de los restos debe realizarse únicamente con el conocimiento y consentimiento informado de las familias, garantizando en todo momento el respeto a la dignidad de quienes han fallecido.

Nos preocupa profundamente que, pese a la magnitud del caso, el fiscal general del estado haya declarado que “difícilmente” entre los cuerpos podrían encontrarse personas desaparecidas. En un estado con una crisis forense y miles de personas no localizadas, demandamos que se agoten todas las líneas de investigación y que se garantice el derecho a la verdad para las familias que buscan a sus seres queridos.

Asimismo, exigimos que se deslinden responsabilidades sobre las irregularidades en la operación del crematorio: los permisos otorgados, la supervisión sanitaria y las posibles violaciones a leyes en materia de salud y disposición de restos humanos. También, que las personas detenidas sean procesadas conforme a derecho y con perspectiva de derechos humanos.

Enfatizamos que debe garantizarse que estos lugares operen bajo estrictas normas sanitarias, legales y éticas. Lo contrario, abre la puerta a que este tipo de espacios se conviertan en posibles instrumentos para la desaparición de personas.

Desde el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, la justicia y la búsqueda de las personas desaparecidas en el estado de Chihuahua. 

Acompañamos a las familias que hoy sufren esta nueva herida en una ciudad profundamente lastimada y reiteramos nuestro llamado a que este caso sea atendido con la seriedad, humanidad y responsabilidad que merece.

Organizaciones, colectivos y personas firmantes

1. Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN)

2. Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A.C. (CEDIMAC)

3. Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez 

4. Colectivo de Madres y Familiares Unidos por Nuestras Hijas.

5. Colectivo Madres de Fé

6. Colectiva Hijas de su Maquilera Madre

7. Alianza Sierra Madre A.C.

8. Judith González

9. Viviana Martínez

10. Colectivo Buscadoras Guanajuato

11. Bordeamos por la Paz

12. Hazel Dávalos

13. Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA)

14. Carlos A. Ventura Callejas, defensor de derechos humanos

15. No te olvidamos Te buscamos Irapuato

16. Salvador Salazar Gutiérrez

17. Colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia

18. COLECTIVO:SALAMANCA UNIDOS BUSCANDO DESAPARECIDOS GTO.

19. Rosy Hernández

20. Favia Lucero Montoya

21. ESKUELA RADICAL ESE-ERRE A.C. 

22. Tania González Ortiz 

23. Fundación Monica Alejandrina Por los DDHH. 

24. Bravas Colectiva 

25. Valeria Peñafiel 

26. Miguel Silerio

27. Colectivo Te Busco

28. Sara Leticia López Uribe

29. Claudio Ivan Grijalva Ortega

30. Colectivo ÁNGELES DE PIE POR TI 

31. Política Colectiva

32. Ana Infante/Muralista

33. Tejiendo armonía y ternura colectivo binacional fronterizo.

34. Periodistas Unidos

35. FotorreporterosMx

36. Alejandro Meléndez Ortiz

37. Jorge Meléndez Preciado

38. Patrizia Ythalia Cruz Güereque 

39. Sofía Corral

40. Colectivo Proyecto de Búsqueda Guanajuato AC

41. Maricela Peralta 

42. COLECTIVO:SALAMANCA UNIDOS BUSCANDO DESAPARECIDOS GTO.

43. Amada Esquípulas Hernández Loza

44. Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios

45. Teresa Morales Rodríguez independiente

46. Faviola Montoya Rosales 

47. Leticia Chavarría Villa

48. Red Mesa de Mujeres

49. Sheyla Muñetones

50. María de Lourdes Contró Monroy 

51. Ixchel Teresa Mireles Rodríguez 

52. Daniel Leonardo García Salinas 

53. Red Solidaria Trans

54. Colectivo Histórica Ciudad Juárez 

55. Artemisa Ramirez Ortiz (FUNDEC-M)

56. LaGuerreras en Busca de Nuestros Tesoros A.C.

57. Virginia Garay Cazares

58. Daniela Macias Valenzuela

59. Luz de Lourdes Ortiz Quintana

60. Diana Candelaria Iris García madre de Daniel Cantú Iris desaparecido 

61. Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C.

62. Clara Euenia Rojas Blanco

63. Alfredo Peñaloza Murillo 

64. Adriana Moreno Becerril (FUUNDEC-M)

65. Colectivo Encontrando la paz

66. Abraham Rubio

67. Gabriel García Moreno

68. Rocío Sotelo Palafox 

69. Karina Bernabé Arriaga 

70. Karla Ma. Villalobos Hernández 

71. Manuel Ramírez Juárez

72. Nithia Castorena-Sáenz

73. Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua

74. Karla Arvizo Lozano             

75. Rosa Angélica García Saucedo madre de Jaime César desaparecido  fuundec .m   

76. Itzel González       

77. Colectivo José Revueltas

78. Ana Leticia Hernández Vélez

79 ATUENCUENTRO GUANAJUATO A.C 

80. Red Solidaria de Derechos Humanos, A. C. 

81.Alejandra Ignacio Álvarez 

82.Maria Eugenia Gabriel Ruiz

EXIGIMOS LIBERTAD INMEDIATA DE RENATO ROMERO CAMACHO.

PRONUNCIAMIENTO.

1 de julio de 2025.

Las organizaciones y colectivos defensores de los derechos humanos, indígenas, del agua y el territorio que suscribimos la presente, condenamos de manera enérgica la arbitraria detención del compañero Renato Romero Camacho, ocurrida el dia de hoy, por parte de elementos de la Policía Ministerial del estado de Puebla.

El compañero Romero se ha destacado en la lucha en defensa del agua en la Cuenca Libres-Oriental, y en particular en la defensa del derecho al agua de los habitantes del Valle de Perote, derecho violado constantemente por la empresa transnacional Granjas Carroll, la cual ha venido extrayendo enormes volúmenes de agua y la ha regresado contaminada por deshechos animales y químicos.

La detención de Renato Romero ocurre un año y 10 días después de que policías de la Fuerza Civil del estado de Veracruz atacaron a la población del pueblo de San José del Limón, asesinando a dos campesinos y golpeando a vecinos y allanando domicilios de manera extremadamente violenta. Por estos hechos solo fueron detenidos dos policías, pero nunca los mandos y los funcionarios responsables del operativo.

El gobierno federal y los gobiernos de Puebla y Veracruz han venido callando en relación al saqueo del vital líquido y en este caso privilegiando los intereses de la empresa canadiense, sobre los derechos de la población.

Por lo antes expuesto exigimos la inmediata excarcelacion de Renato Romero Camacho y el cese a la criminalizacion y persecución en contra de los defensores del agua y el territorio.

Basta de Represión.

Por el Respeto Irrestricto al Derecho Humano al Agua.

Atentamente

Organización de Mujeres, Poj Kaaj; Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña; Movimiento Agrario Indígena Zapatista, Servicios para la Educación Alternativa; Radio Social Indígena Zacatepec; Radio Comunitaria Las Voces de los Pueblos; Frente de Pueblos en defensa de la Tierra y el Agua , Morelos, Puebla y Tlaxcala; Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo; Del Barrio News; Red Bicis Tierra y Libertad;Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha; Red de mujeres Lesbianas, Nguiu’ y personas sexodisidentes del Istmo de Tehuantepec; Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas;Firma Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño AC; Proceso de Articulacion de la Sierra de Santa Marta; Colectivo Tokalihtik; Círculo Profesional para la Formación con Equidad de Género Nduva Ndandi A.C; Red de Radios Indígenas y Comunitarias del Sureste Mexicano; Red Semillas de Luz;

Ollin Quetza, A.C.; Luna del Sur AC; Centro de Estudios y Fortalecimiento Comunitario Mano Vuelta AC; Radio Comunitaria Ecos de la Sal; Las Consejeras Oaxaca; Xquenda Artes, Investigación para la Transformación Social A. C, Kolektivo El Rebelde;Colectivo Armadillo Suomi Finlandia; Laboratorio Popular de Medios Libres; Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño; Nuiwari ( Nayarit); Red Solidaria de Derechos Humanos; Red Nacional de Abogadas Indígenas; Capítulo Puebla; Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón” CIPO-RFM, Organizaciones Indias por los Derechos Humanos de Oaxaca; Proyecto en Organización, desarrollo, Educación e Investigación, PODER.; KOXUB Comunidad Trans por nuestros DDHH en Oaxaca; Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Union de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua; Colectivo Guamuchil; Trans Dífusion Asociación Civil;Teocintle, Centro de Formación Autónoma.Grupo de Trabajo «Fronteras, regionalizacio’n y Globalizacio’n» de CLACSO; Red Mexicana de Accio’n Frente al Libre Comercio (RMALC). Corriente del Pueblo Sol Rojo; Mazatecas por la Libertad de Eloxochtlan de Flores Magón.Servicios del Pueblo Mixe; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Oaxaca; Colectivo Popular ElSurResiste; Cooperativa de Artesanas Nutze. DESMI; CEDIAO,

Colectivos Tapayukus y Komuli de Huajuapam, Oaxaca. Ojarasca;

Asamblea Muuch’ Xíimbal.

SINE COMUNAR; Casa Tecmilco. Colectivo Huitzil Urbano. Colectiva Mujeres que Luchan; Veracruz.Raíces del Camellón en Resistencia, Xalapa, Veracruz. Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano.

Personas:

Ricardo Pavón de La Boca Nostra, Tihuí Arau , Firmo: Marcela Alvarado Santillán, Mesa de Representación de Bienes Comunales de los Naturales del pueblo de San Andrés Totoltepec; Yuteita Hoyos Ramos; Silvia Ribeiro, Claudia Ignacio Ramirez; Carlos Beas Torres, Istmo deu Tehuantepec;María Eugenia Gabriel Ruiz de la Comunidad Purhépecha de Comachuén, Michoacán; Daniel Castrejon;

El pasado mes de mayo, como parte de la llamada ‘Operación Restitución’, la Fiscalía informó sobre acción penal en contra de “tres notarios, cinco servidores públicos estatales y cuatro municipales“, así como la aprehensión de “objetivos prioritarios integrantes de organizaciones sociales autodenominadas “sindicatos“.

Según destacaron la publicación en su cuenta oficial de X, donde se compartió el operativo y posterior comunicado, destacaron que los “sindicatos” serían “USON”, “GOPEZ”, “Unión 300” y/o “Los 300”, “22 de octubre” y del grupo delictivo “Los Gastones” que formaban parte de las redes criminales de despojos en 14 municipios, principalmente en el Valle de México y la zona Oriente del Edomex”.

En el operativo participó también la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad del Edomex y autoridades de la Ciudad de México y Veracruz.

“Las indagatorias permiten establecer que los investigadores llevaron a cabo acciones de manera individual o colectiva que favorecieron a terceros para ocupar de propia autoridad y sin tener derecho a ello, casas habitación, locales comerciales, naves industriales o predios.

Destaca en este modus operandi la participación de grupos violentos de choque al amparo de “sindicatos” avalados por autoridades municipales en complicidad con servidores públicos estatales para finalmente regularizar las propiedades ante notarios públicos quienes conocían plenamente su origen irregular”.

El operativo tiene como objetivo combatir el despojo en territorio mexiquense, por lo que se han implementado diversas acciones de seguridad para recuperar domicilios.

“Respecto al dato del 2024 sí es menor, pero  hubo una caída muy importante en mayo de las remesas”, comentó Sheinbaum.

La presidenta atribuyó esta caída, en parte, a que muchos paisanos “dejaron de trabajar temporalmente” por diversas razones, incluida la persecución en algunas zonas de Estados Unidos.

No obstante, destacó que se espera que el aumento registrado en junio, aunque por debajo de los niveles de 2024, continúe creciendo.

La discusión en el pleno se dio en medio de acusaciones entre el bloque oficialista y el opositor. Por un lado, fue colocado una enorme manta con una silueta oscura y la leyenda “Morena. Gobierno espía”.

Como respuesta, la coalición morenista colgó una lona de similares dimensiones en el lado opuesto que tenía el mensaje “Genaro García Luna, narcotraficante; Calderón, su jefe”, y lo acompañaba con los rostros de ambos políticos.

La ley crea la Plataforma Central de Inteligencia que en menos de seis meses, según la propia ley, estará interconectada a los sistemas de inteligencia de las instituciones de seguridad pública en el país, así como a los registros y bancos de información en posesión de cualquier otra institución pública y, en su caso, la información de particulares para su consulta en las tareas de prevención, investigación y persecución de delitos.

Esa facultad se realizará, según señala la ley, en apego a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

El dictamen aprobado establece que el Centro Nacional de Inteligencia podrá acceder de forma irrestricta y directa a toda la información que esté al alcance de la Secretaría de Gobernación mediante la Plataforma Única de Identidad (que será creada con la reforma en materia de desapariciones), para las tareas de inteligencia en seguridad pública.

También señala que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana podrá solicitar información a otras instituciones y dependencias del Estado para la identificación y el esclarecimiento de hechos presuntamente delictivos, en particular si se tratan de alto impacto.

Así, la ley faculta al secretario Omar García Harfuch a solicitar a las instituciones de seguridad pública y otros entes públicos y privados que se permita la interconexión de la Plataforma Única de Identidad a sus sistemas de inteligencia.

También podrá solicitarles que le envíen información contenida en cualquier registro de donde se puedan extraer indicios e información.

Puede tratarse de datos vehiculares y de placas, biométricos y telefónicos, registros públicos de la propiedad y del comercio, registros de personas morales, catastros, registros fiscales, registros de armas de fuego, registros de armas de fuego aseguradas o decomisadas, registros de comercio, personas prestadoras de servicios de seguridad privada, padrones de personas detenidas y sentenciadas, registros de servicios financieros, bancarios, de transporte, salud, telecomunicaciones, empresariales y comerciales, o registros en materia marítima.

Acusan vigilancia masiva

La oposición acusó que con la nueva ley se consolidó la creación de un régimen de vigilancia masiva hacia la ciudadanía, sin controles judiciales efectivos.

“Estamos convencidos de que es literalmente el último clavo al ataúd para acabar con la privacidad en México e instaurar el gobierno espía”, lanzó el coordinador panista Ricardo Anaya desde la tribuna.

Por parte del PRI, el coahuilense Miguel Riquelme insistió que dicha legislación abona a la concentración del poder en el Ejecutivo.

Amalia García, de Movimiento Ciudadano, advirtió que la aplicación de la inteligencia gubernamental no puede hacerse sin la inclusión de la sociedad civil.

“Las Naciones Unidas han subrayado, lo ha dicho el relator especial para Libertad de Expresión, que los Estados deben aplicar el principio de minimización de datos, sólo para recordar lo estrictamente necesario por el tiempo indispensable con salvaguardas claras. Qué bueno que haya la decisión de aplicar inteligencia e investigación, pero falta hacerlo para construir un Estado democrático de derecho con controles desde la sociedad civil.

Lo que se plantea en el texto de estos dictámenes es un estado policial sin procesos legales claros ni rendición de cuentas, se normaliza la vigilancia sin controles judiciales, se debilita la frontera entre lo civil y lo militar y se abre la puerta a un autoritarismo amparado en el miedo.

En Navolato, se localizaron tres personas asesinadas en un camino de terracería que conduce del poblado Macario Gaxiola al poblado Juan Aldama “El Tigre”.

En Elota, una persona fue localizada sin vida en el área de mortuorio de un hospital en la comunidad de La Cruz tras registrarse diversos hechos de violencia en esa comunidad.

En Mazatlán, un policía municipal falleció tras recibir atención médica, a consecuencia de hechos registrados el 22 de junio en la colonia Centro, y otra persona fue localizada asesinada frente a un terreno baldío ubicado en la colonia Ejido El Conchi.

Con estos datos junio de 2025 concluyó con 212 asesinatos y 29 hallazgos de cuerpos en fosas, lo que lo convierte en el mes más violento de la historia de Sinaloa.

Por otro lado, el Secretariado Federal agregó 35 nuevos robos de vehículos en el Estado.

Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula mil 629 asesinatos y mil 667 personas privadas de la libertad.

Los saldos de la Ola

El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 30 de junio de 2025 es de:

◉ 1,629 homicidios dolosos (5.5 diarios)

◉ 1,667 personas privadas de la libertad (5.7 diarios)

◉ 5,824 vehículos robados (19.7 diarios)

◉ 1,159 personas detenidas (3.9 diarios)

◉ 95 personas abatidas

De acuerdo con lo que pudo confirmar este medio, la carpeta por despojo fue abierta denunciando una supuesta invasión ocurrida en diciembre de 2023, cuando los vecinos más veteranos tienen comprobantes de renta de sus departamentos desde los años setenta. 

El pleito fue iniciado ante la Fidampu por Pedro Arellano, a quien identifican como un antiguo inquilino del edificio que, aprovechando la ausencia de los hermanos españoles que oficiaban de dueña y cobrador –Carmen Ramón Pérez, a quien nunca conocieron, y su hermano Emilio– ha intentado tomar control del lugar. 

Ya habían sufrido y resistido un primer intento de desalojo con hombres armados en 2017, pero cuando en 2024 Arellano acudió a la Fiscalía Ambiental, sí logró expulsarlos masivamente del edificio con apoyo estatal, sin mayor explicación, como cuentan las vecinas en el video.

Después fue votada en lo general la reforma sobre Ley General de Población por 340 votos a favor, 104 en contra y 24 abstenciones. En lo particular hubo 345 sufragios a favor y 129 en contra

En ambas reformas se presentaron reservas que presentaron 16 diputados de los diversos grupos parlamentarios. Ninguna fue aprobada.

La reforma busca la creación de un marco integral para agilizar la búsqueda de personas desaparecidas mediante herramientas tecnológicas, una mayor coordinación institucional entre fiscalías, intercambio de información y acceso a bases de datos.

CURP COMO DOCUMENTO OFICIAL

Dentro de la reforma se estableció que todos los ciudadanos utilizarán la Clave Única de Registro de Población (CURP), misma que contendrá huellas dactilares, fotografía y datos biométricos.

Además, se decreta que se crea la Plataforma Única de Identidad (PUI) como una herramienta para la consulta, validación y gestión de las Claves Únicas de Registro de Población. Se busca que la PUI facilite la búsqueda y localización de personas desaparecidas.

En la Ley General de Población se precisa que la CURP es la fuente única de identidad de las personas, de nacionalidad mexicana, o extranjera que se encuentren en condición de estancia regular en el país, y contendrá nombres y apellidos, fecha de nacimiento, sexo o género, lugar de nacimiento, nacionalidad, huellas dactilares, y fotografía.

Será el documento nacional de identificación obligatorio, de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional, y se encontrará en formato físico y digital.

La reforma establece que la Secretaría de Gobernación llevará a cabo acciones para integrar los datos biométricos de las personas a la CURP, en estricto apego a la normativa en materia de protección de datos personales, tanto en posesión de sujetos obligados como por particulares.  También establecerá el Programa de Integración al Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo) de los datos biométricos de niñas, niños y adolescentes, en coordinación y colaboración con las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con el dictamen, la versión digital de la CURP como identificación estará a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y deberá ser empleada en los procesos de validación y autenticación de la identidad de las personas en medios digitales. Todo ente público o particular estará obligado a solicitar la CURP para la prestación de sus trámites y servicios.

La iniciativa fue enviada a la titular del Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.

OPOSICIÓN: FALTÓ ESCUCHAR A LA SOCIEDAD CIVIL

La diputada del PRI, Nadia Navarro, afirmó que su partido votaría en contra de la reforma porque no cuenta con el apoyo total de los colectivos, sin entender que este debate no es técnico, sino un debate moral que le deben a los 150 mil desaparecidos que existen en nuestro país.

“Hoy deberíamos discutir esta reforma de la mano de la sociedad civil, hoy deberíamos de promover transformaciones integrales al sistema, junto con las madres buscadoras, junto con las instituciones de procuración y administración de justicia, junto con las instancias forenses. En su lugar, se busca votar una ley unilateral tramposa, superflua y mentirosa”, detalló.

Por su parte, la diputada del PAN, Paulina Rubio, informó que votarían a favor de la reforma, pero por el gran problema de desapariciones en México; sin embargo, afirmó que está incompleta.

“Está incompleta, porque le faltan piezas elementales, por ejemplo, indispensable que lo que encuentran las madres buscadoras exista en las carpetas de investigación, son ellas las que encontraron Teuchitlán, son ellas las que han suplido los trabajos de investigación, son ellas las que tienen fuentes de información, son ellas las que han padecido, son ellas las que deberían de ser reconocidas en coadyuvancia con el Ministerio Público.

“También deja fuera urgentes medidas de protección, necesarias para los colectivos, 27 personas buscadoras han sido asesinadas desde el 2010 y, sobre todo, dejan fuera los recursos para la protección de las madres buscadoras y de estos colectivos, porque dejan fuera a quien está haciendo el trabajo que el gobierno tendría que estar haciendo desde hace muchos, pero muchos años”, resaltó.

En conferencia de prensa, el diputado Elías Lixa Abimerhi, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, expresó su preocupación por el dictamen que reforma la Ley General de Población, la cual “se sacaron de la manga” para crear un nuevo mecanismo de identidad, “una CURP súper cargada con todos los datos biométricos y sin controles”.

El convenio se firmó en el Palacio de Gobierno, con la presencia de funcionarios del gobierno de Guerrero, ejecutivos de la empresa, autoridades municipales y ejidatarios. 

La ocupación por los próximos 20 años contempla la exploración y posteriormente la extracción, principalmente, de oro. Los detalles del convenio no fueron revelados por “razones de seguridad”. 

El vicepresidente senior México de Equinox Gold, Armando Ortega, dijo que el convenio da pauta para un nuevo ciclo minero en la entidad y lo consideró una contraprestación que contempla apoyos en salud, educación, infraestructura y proyectos productivos de los dos ejidos, dijo. 

Al final en entrevista aseguró que el pago por hectárea explotada en Guerrero es el más alto por hectárea que se paga en el país, sin especificar el monto. “Se pagan onzas que se producen por hectáreas que se rentan, eso no lo paga nadie”. 

Cabe mencionar que el contrato que concluyó de Equinox Gold con Carrizalillo suscribía el pago de 6.9 onzas de oro al año por cada hectárea ocupada. Para renovar el contrato la empresa ofreció pagar sólo 2.5 onzas de oro y rechazó la propuesta de 175 ejidatarios del pago de 4 onzas por cada hectárea rentada. 

Armando Ortega, negó que el río Balsas esté contaminado por la actividad minera, tal como lo han denunciado los pobladores de Carrizalillo. 

“Afortunadamente no hay ningún impacto nocivo ligado directamente a nuestras operaciones”. 

Incluso dijo que cada año la empresa realiza estudios con el acompañamiento de la Universidad Autónoma de Guerrero. 

Por su parte el gobierno de Evelyn Salgado celebró la firma del nuevo convenio de explotación. 

En un comunicado de prensa aseguró que el acuerdo es fruto de meses de diálogo en el que se privilegió la libre determinación de los pueblos y marca el inicio de una etapa basada en la confianza, el respeto al territorio y la sostenibilidad. 

“Las tierras comunales son un patrimonio invaluable; este acuerdo es también un acto de confianza”. 

En la firma del contrato estuvieron la presidenta municipal de Eduardo Neri, Sarah Salinas Bravo; la secretaria de Fomento y Desarrollo Económico, Teodora Ramírez Vega; y la diputada local y presidenta de la Comisión de Minería, Citlali Yaret Téllez Castillo; así como representantes agrarios de las dos localidades. 

“Este tipo de proyectos permiten detonar empleos, fortalecer las cadenas de proveeduría local y mejorar las condiciones de vida de las comunidades”, expresó la secretaria Teodora Ramírez Vega, de acuerdo con la tarjeta informativa. 

Ejidatarios de Carrizalillo han admitido que en 20 años de operaciones de tres distintas empresas mineras han padecido daños considerables a su salud, como enfermedades crónicas respiratorias, de la piel, de los ojos y hasta cáncer.  

Una de cada 10 mujeres embarazadas ha padecido de abortos óbitos o muerte fetal, de acuerdo con los responsables de la Casa de Salud comunitaria. Mientras que sus tierras y los manantiales de agua se han secado.

Más de 50 integrantes de la comunidad han sido perseguidos jurídicamente desde hace más de una década mediante delitos fabricados –como homicidio, intento de homicidio, incendio y daños por incendio– debido a su defensa del territorio y a favor de la organización comunitaria de los pueblos, y de ellos han pisado la cárcel 21 personas. 

Aunque ya obtuvieron amparos para continuar sus procesos penales en libertad, varios de ellos —entre ellos el profesor Betanzos— enfrentan nuevos cargos, pues apenas en mayo de 2025 se liberaron 200 nuevas órdenes de aprehensión.

La destrucción del río Xangá Ndá Ge en Eloxochitlán

El cauce y nivel del río Xangá Ndá Ge se han visto alterados desde 2011, cuando habitantes de Eloxochitlán de Flores Magón comenzaron a observar la extracción de materiales pétreos, en particular arena para construcción, realizada por Manuel Zepeda Cortés y vinculada a su hija, la diputada local Elisa Zepeda.

“Allá, donde yo nací, el arroyo transitaba a flor de piel de la naturaleza, entonces ahí hacíamos lanchitas y nos tirábamos de panza”, rememora Betanzos sobre su infancia en el río. “Y mi madre y sus vecinos lavaban ropa en este río, en el centro del pueblo. Llevaban sus bateas de madera y ahí lavaban su ropa, el agua no estaba contaminada”.

El nombre del río, que en castellano significa “Ser de brazos abiertos”, es un reflejo de la cosmología mazateca en torno a este cuerpo de la naturaleza: brinda agua para el uso de los habitantes, vida a las plantas y árboles, y es parte de un ecosistema completo donde habitan ranas, aves y demás animales.

“El río para nosotros representa la culminación de nuestra vida”, comparte Betanzos. “Nosotros esperamos que llueva, no así en otros lugares del mundo, aquí se espera que llueva unos tres o cuatro meses, entonces la tierra se fertiliza, el maíz crece, y la naturaleza se recicla.”

Más de una década después de las primeras denuncias de ecocidio, el río ha perdido su cauce y su altura. En algunos puntos, el agua apenas forma charcos a pesar de las lluvias y corre por áreas donde antes crecía pasto, rozando apenas las raíces expuestas de álamos que han perdido su anclaje. A los costados se acumulan bancos de tierra y arena contaminada, que son extraídos sin autorización.

Denuncian extracción irregular de arena en río de Eloxochitlán

En 2011, los habitantes de Eloxochitlán empezaron a vivir persecución y represión en sus asambleas comunitarias, por defender su forma de organización y denunciar que se estaban extrayendo materiales pétreos –en particular de arena que se utiliza para la construcción– a lo largo del río de manera irregular y masiva sin el permiso de los mazatecos.

La regulación de estos insumos es competencia del Gobierno federal cuando la extracción se realiza en cauces de los ríos, como en el caso de Eloxochitlán, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Aguas Nacionales.

Al percatarse de los hechos, hombres y mujeres mazatecos denunciaron el ecocidio del río. En respuesta, se abrieron carpetas de investigación fabricadas en contra de integrantes de 40 familias, incluyendo a Jaime Betanzos.

Nueve años de prisión sin sentencia tras detención arbitraria de habitante de Eloxochitlán

Mientras que las y los mazatecos buscaban que sus compañeros salieran de la cárcel, el Poder Judicial local expidió en los años consiguientes órdenes de aprehensión contra más miembros de la comunidad, de tal forma que en total 21 personas –principalmente hombres– fueron privados de su libertad a lo largo de 10 años, y decenas más tuvieron que huir de sus hogares para evitar ser aprehendidos por delitos fabricados como asesinato, intento de homicidio, incendio, daños por incendio y robo. 

“Yo quería ser libre”: Fernando, preso 10 años por un delito que no cometió

Fernando Gavito estuvo encerrado 10 años por un delito que no cometió, sin sentencia, antes de que pudiera regresar a estar con su familia. En 2014, fue detenido irregularmente cuando era policía comunitario de Eloxochitlán y acudió con otros compañeros a denunciar un ataque armado durante una asamblea.

Sus compañeras y compañeros comenzaron a tramitar amparos y montar plantones para exigir su liberación inmediata. Él realizó tres huelgas de hambre dentro de la penitenciaría en protesta por su encarcelamiento. La más larga de ellas duró 46 días.

“Estar ahí en la cárcel, es como si estuvieras en el panteón. Porque estás vivo, pero ya no puedes ver a tu familia. Puedes marcar, puedes hacer llamadas, pero no es lo mismo”, relata Gavito, como le dicen en el pueblo mazateco. Fue a raíz de eso que perdió el miedo y decidió hacer su primera huelga de hambre, que duró tres días.

“[Dije] ‘Yo estoy aquí, encerrado en un solo lugar y tengo que hacer algo’. Fue así que yo me di el valor de hacer una huelga por mi libertad, porque yo quería ser libre”. 

Sumado a ello, escribió poemas y canciones que narraban sus vivencias como preso político y luchador social. 

Finalmente, en junio de 2024 pudo regresar a su casa, aunque todavía pesaban sobre él los juicios por los delitos fabricados de homicidio y tentativa de homicidio. “Cuando llegó la verdadera libertad, yo no creí, yo no sentía la verdad mucha emoción porque sentía que era un sueño”, expresa.

“Estamos demostrando nuestra inocencia”: perseguidos por defender su comunidad en Oaxaca

En el caso de Martha Betanzos, hermana de Jaime Betanzos, la persecución política que enfrentó en 2014 la obligó a huir de su hogar durante dos años. Vivió en la Ciudad de México, lo que provocó en ella un gran choque cultural porque estaba acostumbrada a su vida en el rural Eloxochitlán.

Durante la persecución en su contra, así como contra su esposo y sus dos hijos, la señora Martha fue desplazada de manera forzada de su comunidad y, a causa del estrés constante, desarrolló problemas de visión.

“Es desgastante, porque te enfermas. Ya no tienes ese recurso, ya no estás bien de salud, tu familia se desintegra, ya no tienes buenas relaciones con tus hijos, con tus nietos”, comparte. “Hay personas que mal miran (…) porque creen lo que dicen, se creen que somos asesinos y rateros, pero por eso estamos caminando, porque estamos demostrando nuestra inocencia”.

Cuando pudo regresar a Oaxaca, enseguida se sumó a las filas de batalla de las demás mujeres mazatecas. Entre lágrimas y dolor, se han abrazado y dado aliento para sostenerse pese a los embates del Poder Judicial estatal. “No nos hemos abandonado”, dice Martha con ternura.

Ahora la acompaña el respaldo de sus compañeras, luego de que su nombre apareciera entre los 56 integrantes de la comunidad contra quienes se emitieron más de 200 órdenes de aprehensión en mayo de 2025.

“Otra vez, ¿de qué se trata? ¿Qué más les falta, qué se les olvidó? ¿A qué están jugando con nuestras vidas?”, reclama. “Cada que se les pega la gana, andan inventando cosas, y eso no está bien”. 

“Queremos que el gobierno ponga atención a este llamado que hacemos, porque se supone que ya pasaron 10 años. Ahorita queremos ser libres, queremos que ya acabe todo esto”.

“Libertad a los presos por luchar”, la consigna de habitantes de Eloxochitlán

Han pasado casi once años desde que los primeros activistas de Eloxochitlán fueron encarcelados por delitos que no cometieron, y hoy ya todos han podido salir y recuperar su libertad.

Para algunos, es una libertad condicionada, pues están sujetos a firmas periódicas cada 15 días y a mantenerse dentro de un perímetro delimitado, en tanto que el proceso penal no sea desechado. 

Para otros, es una libertad a escondidas, pues en mayo del 2025 fueron emitidas más de 200 nuevas órdenes de detención contra 56 miembros de la comunidad, lo cual obligó a varios a desplazarse forzosamente para evitar su reaprehensión.

Para todos, la batalla no ha terminado, y se concentra en una consigna que gritan con voces firmes al final de cada asamblea, puño en alto y filas cerradas: “¡Libertad, libertad, a los presos por luchar!”.

Pese a los señalamientos de la oposición, los diputados de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aprobaron la minuta con 369 votos, junto con Movimiento Ciudadano (MC) que se unió a ellos. Solo el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) rechazaron el proyecto con 104 votos en contra y hubo tres abstenciones de diputados de MC.

En una segunda votación, en la que se rechazaron todas las propuestas de modificación, Morena, el PT y el PVEM aprobaron la minuta en lo particular con 343 votos. Mientras MC, el PRI y el PAN se unieron en esta ocasión para emitir 129 votos en contra.

Una vez aprobada esta reforma, la Cámara de Diputados la enviará a la presidenta Claudia Sheinbaum para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El debate de la ley de telecomunicaciones entre acusaciones por riesgo de censura

San Lázaro inició el debate de una reforma para expedir la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con lo que concluiría la lista de asuntos que enlistó para su primer periodo extraordinario de sesiones de este año.

La discusión en la Cámara de Diputados arrancó con mociones suspensivas del Partido Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI), quienes buscaron frenar el inicio del debate con el argumento de violaciones al procedimiento legislativo, ya que Morena y sus aliados dispensaron los trámites de la reforma para que fuera discutida directamente en el pleno y así evitar una primera discusión en las comisiones.

“Podemos pasarles que sean unos puercos legislativos, pero no unos trompudos, ya basta porque son unos abusadores”, reclamó Carmen Rocío González, diputada panista.

Movimiento Ciudadano, que en esta ocasión votó a favor de la minuta promovida por Morena y sus aliados, defendió que la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión no tiene mecanismos para que el gobierno cometa actos de censura, aunque la desconfianza en las autoridades alimenta ese idea.

“Nosotros no estamos aquí para tapar errores, como la desaparición del IFT, pero tampoco para repetir mentiras. No aceptamos la manipulación y la polarización. Quien dice que esta es la misma iniciativa que se presentó en abril, miente, quien dice que esto abre la puerta a una dictadura digital, engaña”, comentó Patricia Flores Elizondo, diputada de Movimiento Ciudadano.

MC adelantó su voto a favor porque la iniciativa original propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum sufrió modificaciones, luego de que el Senado organizó un parlamento abierto en el que participaron organizaciones sociales y expertos en telecomunicaciones.

Uno de los cambios más significativos fue la eliminación del artículo 109, que permitía el bloqueo de plataformas digitales y que en su momento fue calificado como un intento de censura del gobierno a los medios de comunicación.

El PAN también ha alegado que esta nueva legislación permite, en su artículo 182, que el gobierno pueda solicitar a las empresas de telecomunicaciones la geolocalización en tiempo real de equipos telefónicos con fines de investigación de delitos, aunque este apartado ya existe en la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Adrián González Naveda, diputado del Partido del Trabajo, defendió que el acceso a la geolocalización en tiempo real será regulada por el Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su artículo 303 establece que el Ministerio Público podrá acceder a esta información luego de pedir autorización a un juez.

“En el artículo 182 queda explícito que toda solicitud tendrá que ser de autoridad competente, por escrito fundado y motivado, y en el artículo 183 nuevamente se hace alusión a la ley en la materia, es decir, el Código Nacional de Procedimientos Penales”, señaló Naveda.