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Claudia presenta Plan Integral para Zona Oriente de Edomex; invertirán 75 mil 786 mdp

El proyecto contempla una inversión de 75 mil 786 millones de pesos. El 60 por ciento del dinero proviene del Gobierno federal; el 30 por ciento, del estatal; y el 10 por ciento, del municipal.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este miércoles el Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México (Edomex), el cual contempla 121 acciones destinadas a beneficiar a 10 millones de habitantes de los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, La Paz, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

En conferencia desde Palacio Nacional, explicó que el proyecto contempla una inversión total de 75 mil 786 millones de pesos (mdp). El 60 por ciento del monto proviene del Gobierno federal; el 30 por ciento, del Gobierno del Estado de México; y el 10 por ciento, de los gobiernos municipales.
“Va a ser muy importante para la zona centro del país y es una deuda histórica que tiene México con estos municipios tan importantes para el país. Entonces estamos cerrando esa deuda histórica”, destacó la Jefa del Ejecutivo en "la mañanera del pueblo”, en la que estuvo acompañada por la Gobernadora del Edomex, Delfina Gómez Álvarez, así como por presidentas y presidentes municipales.

Asimismo, destacó que la iniciativa fue diseñada desde su campaña presidencial, a fin de atender de manera integral el oriente del Estado de México en materia de infraestructura, educación, salud, agua y seguridad pública. Con ello, aseguró, se hará realidad el pensamiento de la Cuarta Transformación (4T): “Por el bien de todos, primero los pobres”.
“Es una zona urbana que creció junto con la zona urbana de la Ciudad de México. Desde los setentas hasta la fecha ha tenido un crecimiento poblacional muy importante. Son zonas urbanas que alcanzan los 10 millones habitantes y es la zona del país con mayor pobreza urbana. Los municipios tienen sus recursos, el Estado de México tiene su recursos, pero nunca se ha atendido de manera integral”, comentó la mandataria mexicana.
El Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que se invertirán 12 mil mdp en transporte público, cinco mil 900 mdp en movilidad y tres mil mdp en la construcción de Senderos Seguros.


Por su parte, el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, anunció que se realizarán 101 acciones en beneficio de 6.4 millones personas, a través de una inversión de nueve mil mdp en los siguientes tres años; para este 2025 se utilizarán dos mil 588 y ya hay 21 acciones en ejecución.

En la misma línea, la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel, apuntó que se emprenderán 140 mil acciones de vivienda, regularización, ordenamiento territorial e infraestructura básica, con una inversión de cuatro mil 200 mdp.

En tanto, el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, agregó que se crearán 10 mil 200 nuevos lugares en educación media superior, con 10 nuevos bachilleratos tecnológicos y cuatro reconversiones de secundarias, cuyo turno vespertino se utilizará para preparatorias, a través de una inversión de tres mil mdp.


Finalmente, la Secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, dio a conocer que se creará una universidad en cada municipio, ya sea de la Universidad Nacional Rosario Castellanos o de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García.

En materia de salud, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, indicó que serán 12 mil 438 mdp para beneficiar a 12 mil millones de derechohabientes con cuatro hospitales, seis Unidades Médicas Familiares, 10 Centros de Educación y Cuidado Infantil, ocho salas de hemodiálisis, así como acciones de conservación.

El director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, puntualizó que tendrá una inversión de cuatro mil 190 mdp para fortalecer 180 unidades médicas.

El secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y Coordinador General de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rojas, señaló que todos los Programas para el Bienestar llegan al oriente del Estado de México, beneficiando a un millón 191 mil 982 derechohabientes, a través de una inversión de 30 mil 688 mdp.

El director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) concluyó que para este plan integral se creó un fondo de recursos aportados por los tres niveles de Gobierno, el cual ya está habilitado y ya recibió su primera aportación.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Cae por red de despojo 'El Mimoso', coordinador de 'organización social' AMOS

El señalado cuenta con antecedentes penales relacionados a delitos de homicidio y extorsión.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México anunció la tarde del martes la detención de José luis ‘N’, alias ‘El Mimoso’, por su relación con presuntos despojos en la entidad a través una organización social.

Dándose a conocer en la cuenta oficial de X de la SGJ Edomex, se le identificó como coordinador regional en el estado de la Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales (AMOS).
El ahora detenido era considerado por las autoridades como “objetivo prioritario”, ya que “como dirigente de la organización social autodenominada AMOS” es señalado como líder de una red criminal dedicada, entre otros delitos, a la comisión de despojos de manera violenta y extorsiones en el oriente del Estado de México.

El señalado cuenta con antecedentes penales relacionados a delitos de homicidio y extorsión; en 2015 fue detenido por extorsión y cumplió dos años de detención en un centro penitenciario ubicado en Nezahualcóyotl.

Caen 23 miembros sindicales, funcionarios y notarios por red de despojo

El pasado mes de mayo, como parte de la llamada ‘Operación Restitución’, la Fiscalía informó sobre acción penal en contra de “tres notarios, cinco servidores públicos estatales y cuatro municipales“, así como la aprehensión de “objetivos prioritarios integrantes de organizaciones sociales autodenominadas “sindicatos“.

Según destacaron la publicación en su cuenta oficial de X, donde se compartió el operativo y posterior comunicado, destacaron que los “sindicatos” serían “USON”, “GOPEZ”, “Unión 300” y/o “Los 300”, “22 de octubre” y del grupo delictivo “Los Gastones” que formaban parte de las redes criminales de despojos en 14 municipios, principalmente en el Valle de México y la zona Oriente del Edomex”.

En el operativo participó también la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad del Edomex y autoridades de la Ciudad de México y Veracruz.


“Las indagatorias permiten establecer que los investigadores llevaron a cabo acciones de manera individual o colectiva que favorecieron a terceros para ocupar de propia autoridad y sin tener derecho a ello, casas habitación, locales comerciales, naves industriales o predios.

Destaca en este modus operandi la participación de grupos violentos de choque al amparo de “sindicatos” avalados por autoridades municipales en complicidad con servidores públicos estatales para finalmente regularizar las propiedades ante notarios públicos quienes conocían plenamente su origen irregular”.

El operativo tiene como objetivo combatir el despojo en territorio mexiquense, por lo que se han implementado diversas acciones de seguridad para recuperar domicilios.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sheinbaum atribuye caída de remesas a persecuciones de migrantes en EU

La mandataria destacó que se espera un aumento en junio, aunque aún por debajo de los niveles registrados en 2024.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema de la reducción en el envío de remesas a México.

Leyendo el comunicado publicado ayer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la mandataria informó que México recibió 5 mil 360 millones de dólares en remesas, lo que representa un incremento del 4.2% respecto al mes anterior en cifras ajustadas estacionalmente.

“Respecto al dato del 2024 sí es menor, pero  hubo una caída muy importante en mayo de las remesas”, comentó Sheinbaum.

La presidenta atribuyó esta caída, en parte, a que muchos paisanos “dejaron de trabajar temporalmente” por diversas razones, incluida la persecución en algunas zonas de Estados Unidos.

No obstante, destacó que se espera que el aumento registrado en junio, aunque por debajo de los niveles de 2024, continúe creciendo.


Sheinbaum anunció que el gobierno federal implementará un programa especial para reembolsar el 1% de impuesto que se aplicará en Estados Unidos a las remesas enviadas en efectivo.

Durante su conferencia de prensa mañanera del lunes, Sheinbaum explicó que el nuevo impuesto no afecta a las transferencias electrónicas, que representan la gran mayoría de los envíos desde Estados Unidos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Avalan ley de inteligencia en el Senado; gobierno podrá acceder a bases de datos personales

La Cámara alta cerró su año legislativo con la aprobación de la ley que pone a disposición de las autoridades bases de datos con información personal con la intención de combatir delitos

El Senado cerró sus trabajos del primer año legislativo con la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que crea una plataforma a cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y una subsecretaría responsable de coordinar la integración de bases de datos, plataformas tecnológicas y análisis criminal.

La nueva ley fue aprobada con 67 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y 29 en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

La discusión en el pleno se dio en medio de acusaciones entre el bloque oficialista y el opositor. Por un lado, fue colocado una enorme manta con una silueta oscura y la leyenda “Morena. Gobierno espía”.

Como respuesta, la coalición morenista colgó una lona de similares dimensiones en el lado opuesto que tenía el mensaje “Genaro García Luna, narcotraficante; Calderón, su jefe”, y lo acompañaba con los rostros de ambos políticos.

La ley crea la Plataforma Central de Inteligencia que en menos de seis meses, según la propia ley, estará interconectada a los sistemas de inteligencia de las instituciones de seguridad pública en el país, así como a los registros y bancos de información en posesión de cualquier otra institución pública y, en su caso, la información de particulares para su consulta en las tareas de prevención, investigación y persecución de delitos.

Esa facultad se realizará, según señala la ley, en apego a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

El dictamen aprobado establece que el Centro Nacional de Inteligencia podrá acceder de forma irrestricta y directa a toda la información que esté al alcance de la Secretaría de Gobernación mediante la Plataforma Única de Identidad (que será creada con la reforma en materia de desapariciones), para las tareas de inteligencia en seguridad pública.

También señala que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana podrá solicitar información a otras instituciones y dependencias del Estado para la identificación y el esclarecimiento de hechos presuntamente delictivos, en particular si se tratan de alto impacto.

Así, la ley faculta al secretario Omar García Harfuch a solicitar a las instituciones de seguridad pública y otros entes públicos y privados que se permita la interconexión de la Plataforma Única de Identidad a sus sistemas de inteligencia.

También podrá solicitarles que le envíen información contenida en cualquier registro de donde se puedan extraer indicios e información.

Puede tratarse de datos vehiculares y de placas, biométricos y telefónicos, registros públicos de la propiedad y del comercio, registros de personas morales, catastros, registros fiscales, registros de armas de fuego, registros de armas de fuego aseguradas o decomisadas, registros de comercio, personas prestadoras de servicios de seguridad privada, padrones de personas detenidas y sentenciadas, registros de servicios financieros, bancarios, de transporte, salud, telecomunicaciones, empresariales y comerciales, o registros en materia marítima.

Acusan vigilancia masiva

La oposición acusó que con la nueva ley se consolidó la creación de un régimen de vigilancia masiva hacia la ciudadanía, sin controles judiciales efectivos.

“Estamos convencidos de que es literalmente el último clavo al ataúd para acabar con la privacidad en México e instaurar el gobierno espía”, lanzó el coordinador panista Ricardo Anaya desde la tribuna.

Por parte del PRI, el coahuilense Miguel Riquelme insistió que dicha legislación abona a la concentración del poder en el Ejecutivo.

Amalia García, de Movimiento Ciudadano, advirtió que la aplicación de la inteligencia gubernamental no puede hacerse sin la inclusión de la sociedad civil.

“Las Naciones Unidas han subrayado, lo ha dicho el relator especial para Libertad de Expresión, que los Estados deben aplicar el principio de minimización de datos, sólo para recordar lo estrictamente necesario por el tiempo indispensable con salvaguardas claras. Qué bueno que haya la decisión de aplicar inteligencia e investigación, pero falta hacerlo para construir un Estado democrático de derecho con controles desde la sociedad civil.

Lo que se plantea en el texto de estos dictámenes es un estado policial sin procesos legales claros ni rendición de cuentas, se normaliza la vigilancia sin controles judiciales, se debilita la frontera entre lo civil y lo militar y se abre la puerta a un autoritarismo amparado en el miedo.

No es la seguridad lo que están construyendo, es un régimen de control que amenaza nuestras libertades más básicas.

En tanto, la senadora del Verde, Laura Estrada, argumentó que la inteligencia será usada para obtener pruebas y si no lo realiza de manera legal serán inválidas.

“La información y las pruebas que las policías recaben, gracias a la ley que hoy discutimos, no podrán ser obtenidas de manera arbitraria so pena de ser declaradas nulas”. 

El morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara defendió que la ley será una herramienta para la prevención de los delitos y rechazó que se utilice con fines políticos.

“Por primera vez en la historia del país dotamos al Estado mexicano, escúchese bien, de un sistema coordinado, legal y profesional de inteligencia para la seguridad pública, no para la vigilancia política, como hacían antes, no para la represión como hacían antes, sino para la justicia y la paz. Se trata de crear inteligencia sin represión, con plena garantía a los derechos humanos, con reglas claras, con enfoque de legalidad y federalismo cooperativo”.

Tras la aprobación en lo particular y el rechazo de todas las reservas ingresadas por parte de legisladores de la oposición, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, festejó.

“Después de un intenso periodo extraordinario: Pueblo de México, te volvimos a cumplir, ¡hemos sacado la tarea que se nos fue encomendada!”, dijo al final el presidente de la Cámara, Gerardo Fernández Noroña y desde los escaños se oyó un grito de celebración.

La reforma aprobada forma parte de un conjunto de leyes que fortalecen las funciones y alcances de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, aprobadas en apenas nueve días por parte de ambas Cámaras, para lo que el Senado acordó no esperar los tiempos correspondientes a su normativa interior.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANDRO AGUILAR.

Informe diario: con 212 homicidios y 29 hallazgos en fosas, cierra junio como el mes más violento en la historia de Sinaloa

Este lunes 30 de junio se registraron 30 homicidios en Sinaloa. En Culiacán, se registró el hallazgo de 20 personas asesinadas en un puente ubicado en la carretera Culiacán–Los Mochis: 16 de ellos se encontraban dentro de una camioneta con visibles huellas de violencia (uno decapitado) y cuatro de ellos decapitados y colgados del puente. En el lugar se encontró una lona con un mensaje de una facción criminal.

También, una persona falleció en un hospital tras recibir atención médica por hechos ocurridos el pasado 28 de junio en el fraccionamiento Punta Azul, también conocido como Vías de los Ángeles. En el Infonavit Barrancos fueron localizadas dos personas asesinadas y con un mensaje en una cartulina, y un adolescente de 17 años fue hallado ultimado en la colonia Plutarco Elías Calles.

En Navolato, se localizaron tres personas asesinadas en un camino de terracería que conduce del poblado Macario Gaxiola al poblado Juan Aldama “El Tigre”.

En Elota, una persona fue localizada sin vida en el área de mortuorio de un hospital en la comunidad de La Cruz tras registrarse diversos hechos de violencia en esa comunidad.

En Mazatlán, un policía municipal falleció tras recibir atención médica, a consecuencia de hechos registrados el 22 de junio en la colonia Centro, y otra persona fue localizada asesinada frente a un terreno baldío ubicado en la colonia Ejido El Conchi.

Con estos datos junio de 2025 concluyó con 212 asesinatos y 29 hallazgos de cuerpos en fosas, lo que lo convierte en el mes más violento de la historia de Sinaloa.


Por otro lado, el Secretariado Federal agregó 35 nuevos robos de vehículos en el Estado.


Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula mil 629 asesinatos y mil 667 personas privadas de la libertad.

Los saldos de la Ola

El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 30 de junio de 2025 es de:

◉ 1,629 homicidios dolosos (5.5 diarios)

◉ 1,667 personas privadas de la libertad (5.7 diarios)

◉ 5,824 vehículos robados (19.7 diarios)

◉ 1,159 personas detenidas (3.9 diarios)

◉ 95 personas abatidas

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Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.

COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES

Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.

Homicidios dolosos

Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 11.9 asesinatos diarios, un nuevo máximo.

También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en lo que va de junio se registraron 241 homicidios para un promedio de 8 diarios.

Privaciones de la libertad

Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 9 de septiembre de 2024 al 29 de junio de 2025 se han abierto mil 667 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado mil 028 denuncias ante la FGE.

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Robo de vehículos

En robo de vehículo, en junio se registraron 590 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 19.7 diarios.

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FUENTE: NOROESTE.
AUTOR: REDACCIÓN.

Cincuenta familias afectadas por Fidampu mantienen bloqueo en la Merced, tras 17 meses sin respuesta

Se mantienen en la calle 50 familias que fueron despojadas de su vivienda en la zona Centro de la Ciudad de México por la Fiscalía Ambiental local; 20 niños viven en la intemperie 20 niños, entre ellos hay un bebé de un mes y una recién nacida.

Una situación angustiante viven 50 familias que fueron desalojadas extrajudicialmente de la Merced por la Fiscalía Ambiental de la Ciudad de México (Fidampu) cuando aseguró el edificio ubicado en General Anaya 27, el 9 de enero de 2024, y las expulsó a la calle, sin aviso previo y sin permitirles defenderse. 

En protesta por el atropello sufrido, las familias mantienen cortada la vialidad de esa calle, que es una arteria que conecta el Centro con la salida hacia el Estado de México, por el Eje 3 Oriente. También, porque todas sus pertencias quedaron dentro de sus casas tras el aseguramiento, que dejó 20 niños sin hogar; entre ellos, hay un menor de edad de un mes de nacido durmiendo entre cartones a cielo abierto. A fines de mayo de este año, el día 31, nació otra bebé de una de las familias del campamento, quienes, manteniendo la protesta y sufriendo enormes dificultades por vivir en la intemperie, no han logrado que se atienda su situación ni que se repare el daño sufrido.

De acuerdo con lo que pudo confirmar este medio, la carpeta por despojo fue abierta denunciando una supuesta invasión ocurrida en diciembre de 2023, cuando los vecinos más veteranos tienen comprobantes de renta de sus departamentos desde los años setenta. 

El pleito fue iniciado ante la Fidampu por Pedro Arellano, a quien identifican como un antiguo inquilino del edificio que, aprovechando la ausencia de los hermanos españoles que oficiaban de dueña y cobrador –Carmen Ramón Pérez, a quien nunca conocieron, y su hermano Emilio– ha intentado tomar control del lugar. 

Ya habían sufrido y resistido un primer intento de desalojo con hombres armados en 2017, pero cuando en 2024 Arellano acudió a la Fiscalía Ambiental, sí logró expulsarlos masivamente del edificio con apoyo estatal, sin mayor explicación, como cuentan las vecinas en el video.


“Enséñame que traes una orden”, exigió una de ellas a los agentes del Ministerio Público, que acudieron al mando de Rosalba Lara Ramírez. “Me dijeron que uno qué iba a saber si uno es ignorante”, le dijeron los funcionarios cuando exigió por sus derechos. “Esta no era la forma en que tenían que hacer las cosas”, reclamó. 

Cinco días después del operativo de aseguramiento, y ante el cierre de la calle en protesta, siete funcionarios de Fidampu acudieron a llevar “citatorios” para que los vecinos se presentaran en el Búnker, “a ver en calidad de qué estaban ocupando y si es posible entregarles algún tipo de menaje”, según les dijo una de las agentes en el reportaje de video.

Los funcionarios ministeriales llegaron liderados por el MP Luis Ángel Pérez López, quien estuvo a cargo de vaciar arbitrariamente otros cuatro departamentos el 24 de febrero de 2022, en la colonia San Rafael, caso que se reporta en la edición impresa de junio 2025, de la revista Proceso.  

Fragmento del reportaje publicado en la edición 0024 de la revista Proceso, correspondiente a junio de 2025, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.

La primera entrega de esta investigación, donde se explica el mecanismo del despojo de la Fiscalía Ambiental de la Ciudad de México, se publicó en la edición 2420 de Proceso (marzo 2023)


FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ELIANA GILET.

La 4T aprueba CURP con datos biométricos, huella y foto; consuma ley sobre desapariciones

La CURP será el documento nacional de identificación obligatorio, de acuerdo con la reforma que crea además la Plataforma Única de Identidad para facilitar la búsqueda de personas desaparecidas.

Tras una larga jornada de más de siete horas y con un pleno semivacío, la Cámara de Diputados aprobó la reforma en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como la Ley General de Población.

La minuta enviada por el Senado de la República fue aprobada en dos votaciones, primero fue avalada en lo general la reforma sobre Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas por 438 votos a favor y 38 en contra. En lo particular hubo 417 sufragios a favor y 60 en contra.

Después fue votada en lo general la reforma sobre Ley General de Población por 340 votos a favor, 104 en contra y 24 abstenciones. En lo particular hubo 345 sufragios a favor y 129 en contra

En ambas reformas se presentaron reservas que presentaron 16 diputados de los diversos grupos parlamentarios. Ninguna fue aprobada.

La reforma busca la creación de un marco integral para agilizar la búsqueda de personas desaparecidas mediante herramientas tecnológicas, una mayor coordinación institucional entre fiscalías, intercambio de información y acceso a bases de datos.

CURP COMO DOCUMENTO OFICIAL

Dentro de la reforma se estableció que todos los ciudadanos utilizarán la Clave Única de Registro de Población (CURP), misma que contendrá huellas dactilares, fotografía y datos biométricos.

Además, se decreta que se crea la Plataforma Única de Identidad (PUI) como una herramienta para la consulta, validación y gestión de las Claves Únicas de Registro de Población. Se busca que la PUI facilite la búsqueda y localización de personas desaparecidas.

En la Ley General de Población se precisa que la CURP es la fuente única de identidad de las personas, de nacionalidad mexicana, o extranjera que se encuentren en condición de estancia regular en el país, y contendrá nombres y apellidos, fecha de nacimiento, sexo o género, lugar de nacimiento, nacionalidad, huellas dactilares, y fotografía.

Será el documento nacional de identificación obligatorio, de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional, y se encontrará en formato físico y digital.

La reforma establece que la Secretaría de Gobernación llevará a cabo acciones para integrar los datos biométricos de las personas a la CURP, en estricto apego a la normativa en materia de protección de datos personales, tanto en posesión de sujetos obligados como por particulares.  También establecerá el Programa de Integración al Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo) de los datos biométricos de niñas, niños y adolescentes, en coordinación y colaboración con las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con el dictamen, la versión digital de la CURP como identificación estará a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y deberá ser empleada en los procesos de validación y autenticación de la identidad de las personas en medios digitales. Todo ente público o particular estará obligado a solicitar la CURP para la prestación de sus trámites y servicios.

La iniciativa fue enviada a la titular del Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.

OPOSICIÓN: FALTÓ ESCUCHAR A LA SOCIEDAD CIVIL

La diputada del PRI, Nadia Navarro, afirmó que su partido votaría en contra de la reforma porque no cuenta con el apoyo total de los colectivos, sin entender que este debate no es técnico, sino un debate moral que le deben a los 150 mil desaparecidos que existen en nuestro país.

“Hoy deberíamos discutir esta reforma de la mano de la sociedad civil, hoy deberíamos de promover transformaciones integrales al sistema, junto con las madres buscadoras, junto con las instituciones de procuración y administración de justicia, junto con las instancias forenses. En su lugar, se busca votar una ley unilateral tramposa, superflua y mentirosa”, detalló.

Por su parte, la diputada del PAN, Paulina Rubio, informó que votarían a favor de la reforma, pero por el gran problema de desapariciones en México; sin embargo, afirmó que está incompleta.

“Está incompleta, porque le faltan piezas elementales, por ejemplo, indispensable que lo que encuentran las madres buscadoras exista en las carpetas de investigación, son ellas las que encontraron Teuchitlán, son ellas las que han suplido los trabajos de investigación, son ellas las que tienen fuentes de información, son ellas las que han padecido, son ellas las que deberían de ser reconocidas en coadyuvancia con el Ministerio Público.

“También deja fuera urgentes medidas de protección, necesarias para los colectivos, 27 personas buscadoras han sido asesinadas desde el 2010 y, sobre todo, dejan fuera los recursos para la protección de las madres buscadoras y de estos colectivos, porque dejan fuera a quien está haciendo el trabajo que el gobierno tendría que estar haciendo desde hace muchos, pero muchos años”, resaltó.

En conferencia de prensa, el diputado Elías Lixa Abimerhi, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, expresó su preocupación por el dictamen que reforma la Ley General de Población, la cual “se sacaron de la manga” para crear un nuevo mecanismo de identidad, “una CURP súper cargada con todos los datos biométricos y sin controles”.


FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

Equinox Gold firma acuerdo para explotar minas en Guerrero, en medio de conflicto con ejidatarios

La firma del convenio se dio a la par del conflicto entre la empresa y los ejidatarios de Carrizalillo, en el mismo municipio, que dejó como saldo un grave daño en la salud de la población, el asesinato de líderes sindicales, contaminación de mantos acuíferos y sequías.

Con el gobierno de la morenista Evelyn Salgado como principal promotor, la minera canadiense Equinox Gold formalizó el inició de la explotación por 20 años de los ejidos de Mezcala y Xochipala, municipio de Eduardo Neri, en la región Centro de Guerrero. 

La firma del convenio Los Filos se dio a la par de un conflicto entre esa empresa minera y los ejidatarios de Carrizalillo, otra comunidad del mismo municipio que durante 18 años fue explotada, dejando como saldo un grave daño en la salud de la población, el asesinato de líderes sindicales, la contaminación de los mantos acuíferos y la sequía de sus tierras.

El convenio se firmó en el Palacio de Gobierno, con la presencia de funcionarios del gobierno de Guerrero, ejecutivos de la empresa, autoridades municipales y ejidatarios. 

La ocupación por los próximos 20 años contempla la exploración y posteriormente la extracción, principalmente, de oro. Los detalles del convenio no fueron revelados por “razones de seguridad”. 

El vicepresidente senior México de Equinox Gold, Armando Ortega, dijo que el convenio da pauta para un nuevo ciclo minero en la entidad y lo consideró una contraprestación que contempla apoyos en salud, educación, infraestructura y proyectos productivos de los dos ejidos, dijo. 

Al final en entrevista aseguró que el pago por hectárea explotada en Guerrero es el más alto por hectárea que se paga en el país, sin especificar el monto. “Se pagan onzas que se producen por hectáreas que se rentan, eso no lo paga nadie”. 

Cabe mencionar que el contrato que concluyó de Equinox Gold con Carrizalillo suscribía el pago de 6.9 onzas de oro al año por cada hectárea ocupada. Para renovar el contrato la empresa ofreció pagar sólo 2.5 onzas de oro y rechazó la propuesta de 175 ejidatarios del pago de 4 onzas por cada hectárea rentada. 

Armando Ortega, negó que el río Balsas esté contaminado por la actividad minera, tal como lo han denunciado los pobladores de Carrizalillo. 

“Afortunadamente no hay ningún impacto nocivo ligado directamente a nuestras operaciones”. 

Incluso dijo que cada año la empresa realiza estudios con el acompañamiento de la Universidad Autónoma de Guerrero. 

Por su parte el gobierno de Evelyn Salgado celebró la firma del nuevo convenio de explotación. 

En un comunicado de prensa aseguró que el acuerdo es fruto de meses de diálogo en el que se privilegió la libre determinación de los pueblos y marca el inicio de una etapa basada en la confianza, el respeto al territorio y la sostenibilidad. 

“Las tierras comunales son un patrimonio invaluable; este acuerdo es también un acto de confianza”. 

En la firma del contrato estuvieron la presidenta municipal de Eduardo Neri, Sarah Salinas Bravo; la secretaria de Fomento y Desarrollo Económico, Teodora Ramírez Vega; y la diputada local y presidenta de la Comisión de Minería, Citlali Yaret Téllez Castillo; así como representantes agrarios de las dos localidades. 

“Este tipo de proyectos permiten detonar empleos, fortalecer las cadenas de proveeduría local y mejorar las condiciones de vida de las comunidades”, expresó la secretaria Teodora Ramírez Vega, de acuerdo con la tarjeta informativa. 

Ejidatarios de Carrizalillo han admitido que en 20 años de operaciones de tres distintas empresas mineras han padecido daños considerables a su salud, como enfermedades crónicas respiratorias, de la piel, de los ojos y hasta cáncer.  

Una de cada 10 mujeres embarazadas ha padecido de abortos óbitos o muerte fetal, de acuerdo con los responsables de la Casa de Salud comunitaria. Mientras que sus tierras y los manantiales de agua se han secado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUIS DANIEL NAVA.

Senado aprueba Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública; SSPC podrá pedir cualquier información

Con 88 votos a favor y 16 sufragios en contra, el Pleno del Senado aprobó, el 1 de julio de 2025, en lo general y los artículos no reservados, el dictamen que creó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reglamentaria de la reforma al artículo 21 constitucional, cuyo decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el martes 31 de diciembre del 2024, la cual le otorgó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) -cuyo titular es Omar Hamid García Harfuch-, facultades de investigación, bajo la conducción y el mando del Ministerio Público de la Federación (MPF).

Alrededor de media hora después, con 77 votos a favor y 30 sufragios en contra, el Pleno de la Cámara Alta del Congreso de la Unión aprobó, en lo particular y los artículos reservados, en los términos del dictamen que creó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

A través de la cual, la SSPC Federal podría solicitar a cualquier institución de seguridad, del Estado o privada, información contenida en cualquier registro, incluidos biométricos, con el objetivo de obtener indicios y pruebas para investigaciones.

Los votos a favor, en lo general, fueron emitidos por los grupos parlamentarios de los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM), del Trabajo (PT), Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC). Mientras que los sufragios en contra fueron de la bancada del Revolucionario Institucional (PRI).

“¡Esta ley no defiende a la gente, defiende al poder! Votamos EN CONTRA de las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública porque no busca seguridad, busca construir control, miedo y un Estado vigilante. ¡Esta no es una estrategia, es una amenaza a las libertades de las y los mexicanos!”, escribió el grupo parlamentario priista en el Senado, en su cuenta de la red social X.

“Esta reforma impone un modelo centralista y autoritario que debilita el federalismo y militariza la seguridad pública. Le quita recursos a estados y municipios, vulnera la autonomía local y los deja sin herramientas para proteger a su gente. Legalizan la vigilancia masiva sin control judicial: El gobierno podrá espiar dispositivos, acceder a datos bancarios, médicos o escolares sin orden judicial. Se institucionaliza el espionaje y se viola el derecho a la privacidad”, enfatizaron los senadores del PRI.

“Con esta reforma, la Guardia Nacional queda bajo un régimen especial determinado por SEDENA. No tiene obligación de cumplir estándares civiles. Se pone en riesgo a ciudadanos y se vulnera la Constitución que exige un mando civil en seguridad. Esta reforma se aprueba sin diagnóstico, sin diálogo, sin presupuesto y sin escuchar a víctimas ni a expertos. ¡No fortalecen la seguridad, fortalecen el miedo! México no necesita un Estado espía, necesita justicia, verdad y respeto a las libertades”, insistió la bancada del PRI en el Senado.

Claudia Sheinbaum Pardo, titular del Poder Ejecutivo Federal envió, el 13 de febrero de 2025, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una iniciativa de reforma que crearía el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.

A través del cual, la SSPC Federal -cuyo titular es García Harfuch-, podría solicitar a cualquier institución de seguridad, del Estado o privada, información contenida en cualquier registro, incluidos biométricos, con el objetivo de obtener indicios y pruebas para investigaciones.

La propuesta expediría la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reglamentaria de la reforma al artículo 21 constitucional, cuyo decreto fue publicado en el DOF, el martes 31 de diciembre del 2024, la cual le otorgó a la SSPC Federal, facultades de investigación, bajo la conducción y el mando del MPF.

El Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública sería una herramienta tecnológica de interconexión de los sistemas de inteligencia de los tres niveles de Gobierno, que debería recabar, procesar, sistematizar, analizar y utilizar información para crear bases de datos criminalísticos.

Además de aprovechar las herramientas tecnológicas y científicas, así como generar productos de inteligencia para contar con información de valor que aportara pruebas en el desarrollo de las investigaciones de objetivos específicos. La coordinación y operación del Sistema y de la plataforma tecnológica que lo alojaría y gestionaría, estaría a cargo de la SSPC Federal.

Asimismo, según la iniciativa presidencial, el titular de la SSPC Federal sería el encargado de promover y celebrar los convenios para la interconexión e integración de la información al Sistema, emitir las reglas y lineamientos para su funcionalidad, así como coordinar las acciones de colaboración de los tres niveles de Gobierno.

Aunado a lo anterior, en el proyecto se detalló que el titular de la SSPC Federal también podría requerir a las instituciones de seguridad pública, instituciones y dependencias del Estado, así como a entes privados la interconexión, el envío de información en materia de seguridad contenida en registros vehiculares y de placas, datos biométricos y telefónicos, registros públicos inmobiliarios, catastro, registros fiscales, telefónicos, de armas de fuego, de comercio, inmuebles, prestadores de servicios de seguridad privada, padrones de personas detenidas y sentenciadas, “en todos aquellos casos de donde pueda extra indicios, datos y pruebas para las investigaciones”.

Además, el titular de la SSPC Federal tendría también la atribución de recolectar, procesar, sistematizar, analizar y utilizar la información del Sistema, con el fin de producir inteligencia en materia de seguridad, realizar acciones de vinculación e incidencia con la Fiscalía General de la República (FGR), sus pares locales, los órganos del Poder Judicial de la Federación (PJF) y sus pares estatales, así como de disponer de la aplicación de medidas de inteligencia y de contrainteligencia con el objetivo de detectar, neutralizar, contrarrestar y combatir delincuentes, organizaciones y grupos criminales locales, regionales, nacionales e incluso trasnacionales.

Según la iniciativa enviada por Sheinbaum Pardo, el Sistema se conformaría a partir de la interconexión de los sistemas de investigación e inteligencia en materia de seguridad de las secretarías SSPC, de la Defensa Nacional (DEFENSA) y de la Marina (SEMAR), así como de la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las fiscalías y secretarías de Seguridad locales, los centros penitenciarios de los tres niveles de Gobierno y las institución encargadas de la seguridad municipal.

La propuesta presidencial también propuso que a los entes privados no se les permitiría la interconexión de entes privados a las bases de datos y registros públicos, así como su participación en el Sistema se limitaría a permitir el acceso de la SSPC Federal a sus sistemas o registros, para obtener información que contribuyera a la seguridad pública.

Además, según la iniciativa enviada por Sheinbaum Pardo, podrían interconectarse, las secretarías de Gobernación (SEGOB), de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Relaciones Exteriores (SRE), así como la de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), además del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Agencia de Transformación Digital, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), además los registros públicos y catastros.

Según la propuesta presidencial, con esto el Gobierno Federal retomaría el modelo de policía guiada por inteligencia, como un método preventivo basado en situar la investigación de cada tipo delictivo, a nivel territorio, a fin de lograr una actuación policial anticipada. Además, señaló que la Guardia Nacional (GN) podría acceder a información del Sistema, “así como diseñar productos y estrategias de inteligencia”, en colaboración con la SSPC.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Defensores de Eloxochitlán perseguidos: a Jaime lo encarcelaron por defender un río y ahora enfrenta nueva orden de aprehensión

Al menos 50 integrantes de la comunidad de Eloxochitlán, Oaxaca, han sufrido persecución por delitos fabricados debido a su defensa del territorio; 21 han estado en prisión. En mayo de 2025 se emitieron 200 nuevas órdenes de aprehensión.

Jaime Betanzos camina sobre el cauce del Río Xangá Ndá Ge, o Río de San Antonio de Eloxochitlán, pero no es el mismo cuerpo de agua que él recuerda de hace nueve años, previo a que fuera encarcelado injustamente por defender a su comunidad mazateca y denunciar el ecocidio que se vivía en la población ubicada en la Sierra Mazateca, al norte de Oaxaca.

El profesor ha tenido una larga trayectoria de lucha política como docente, cuando como parte del magisterio gritaba por la liberación de presos políticos en la década de los 90, sin saber que algún día la demanda sería utilizada en el contexto de su propio encarcelamiento.

“Yo jamás me imaginé que yo, que mi vida, estaría pendiente de esa expresión, de esa exigencia de libertad a un preso político”, señala frente a sus compañeros.

Más de 50 integrantes de la comunidad han sido perseguidos jurídicamente desde hace más de una década mediante delitos fabricados –como homicidio, intento de homicidio, incendio y daños por incendio– debido a su defensa del territorio y a favor de la organización comunitaria de los pueblos, y de ellos han pisado la cárcel 21 personas. 

Aunque ya obtuvieron amparos para continuar sus procesos penales en libertad, varios de ellos —entre ellos el profesor Betanzos— enfrentan nuevos cargos, pues apenas en mayo de 2025 se liberaron 200 nuevas órdenes de aprehensión.

La destrucción del río Xangá Ndá Ge en Eloxochitlán

El cauce y nivel del río Xangá Ndá Ge se han visto alterados desde 2011, cuando habitantes de Eloxochitlán de Flores Magón comenzaron a observar la extracción de materiales pétreos, en particular arena para construcción, realizada por Manuel Zepeda Cortés y vinculada a su hija, la diputada local Elisa Zepeda.

“Allá, donde yo nací, el arroyo transitaba a flor de piel de la naturaleza, entonces ahí hacíamos lanchitas y nos tirábamos de panza”, rememora Betanzos sobre su infancia en el río. “Y mi madre y sus vecinos lavaban ropa en este río, en el centro del pueblo. Llevaban sus bateas de madera y ahí lavaban su ropa, el agua no estaba contaminada”.

El nombre del río, que en castellano significa “Ser de brazos abiertos”, es un reflejo de la cosmología mazateca en torno a este cuerpo de la naturaleza: brinda agua para el uso de los habitantes, vida a las plantas y árboles, y es parte de un ecosistema completo donde habitan ranas, aves y demás animales.

“El río para nosotros representa la culminación de nuestra vida”, comparte Betanzos. “Nosotros esperamos que llueva, no así en otros lugares del mundo, aquí se espera que llueva unos tres o cuatro meses, entonces la tierra se fertiliza, el maíz crece, y la naturaleza se recicla.”

Más de una década después de las primeras denuncias de ecocidio, el río ha perdido su cauce y su altura. En algunos puntos, el agua apenas forma charcos a pesar de las lluvias y corre por áreas donde antes crecía pasto, rozando apenas las raíces expuestas de álamos que han perdido su anclaje. A los costados se acumulan bancos de tierra y arena contaminada, que son extraídos sin autorización.

Denuncian extracción irregular de arena en río de Eloxochitlán

En 2011, los habitantes de Eloxochitlán empezaron a vivir persecución y represión en sus asambleas comunitarias, por defender su forma de organización y denunciar que se estaban extrayendo materiales pétreos –en particular de arena que se utiliza para la construcción– a lo largo del río de manera irregular y masiva sin el permiso de los mazatecos.

La regulación de estos insumos es competencia del Gobierno federal cuando la extracción se realiza en cauces de los ríos, como en el caso de Eloxochitlán, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Aguas Nacionales.


Sin embargo, no existe ningún título de concesión vigente para la extracción de materiales pétreos en el municipio entero, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el ente encargado de emitir estos permisos; ni una concesión en todo el estado a nombre de “Elisa Zepeda Lagunas” o “Manuel Zepeda Cortés”.

La legislación establece que, en caso de detectarse daños apreciables a taludes, cauces u otros elementos relacionados con la gestión del agua, estos deberán ser reparados en su totalidad por quienes los hayan provocado, además de las sanciones penales y administrativas que puedan aplicarse.

Al percatarse de los hechos, hombres y mujeres mazatecos denunciaron el ecocidio del río. En respuesta, se abrieron carpetas de investigación fabricadas en contra de integrantes de 40 familias, incluyendo a Jaime Betanzos.

Nueve años de prisión sin sentencia tras detención arbitraria de habitante de Eloxochitlán

A mediados de diciembre de 2014, el profesor Jaime Betanzos fue detenido junto con otros seis compañeros, también líderes en Eloxochitlán y parte de la organización propia de los mazatecos como policías comunitarios y un suplente de síndico. Junto con él, fueron aprehendidos de forma arbitraria Herminio Monfil, Wilfrido Salazar, Rubén Cerqueda, Omar Morales, Fernando Gavito y Alfredo Bolaños.

Los hombres habían formado parte de una asamblea que se celebró con la intención de elegir al nuevo alcalde de la comunidad, la cual fue interrumpida por hombres armados, entre ellos el hijo del cacique Manuel Zepeda Cortés, Manuel Zepeda Lagunas, con saldo de dos muertos.

Cuando los policías comunitarios y sus compañeros acudieron al Ministerio Público para denunciar el ataque en contra de la comunidad, fueron detenidos arbitrariamente bajo señalamientos de intento de homicidio y homicidio, entre otros delitos. En ese momento empezó una lucha judicial por parte de Eloxochitlán para la liberación de los presos políticos.

Mientras que las y los mazatecos buscaban que sus compañeros salieran de la cárcel, el Poder Judicial local expidió en los años consiguientes órdenes de aprehensión contra más miembros de la comunidad, de tal forma que en total 21 personas –principalmente hombres– fueron privados de su libertad a lo largo de 10 años, y decenas más tuvieron que huir de sus hogares para evitar ser aprehendidos por delitos fabricados como asesinato, intento de homicidio, incendio, daños por incendio y robo. 

“Yo quería ser libre”: Fernando, preso 10 años por un delito que no cometió

Fernando Gavito estuvo encerrado 10 años por un delito que no cometió, sin sentencia, antes de que pudiera regresar a estar con su familia. En 2014, fue detenido irregularmente cuando era policía comunitario de Eloxochitlán y acudió con otros compañeros a denunciar un ataque armado durante una asamblea.

Sus compañeras y compañeros comenzaron a tramitar amparos y montar plantones para exigir su liberación inmediata. Él realizó tres huelgas de hambre dentro de la penitenciaría en protesta por su encarcelamiento. La más larga de ellas duró 46 días.

“Estar ahí en la cárcel, es como si estuvieras en el panteón. Porque estás vivo, pero ya no puedes ver a tu familia. Puedes marcar, puedes hacer llamadas, pero no es lo mismo”, relata Gavito, como le dicen en el pueblo mazateco. Fue a raíz de eso que perdió el miedo y decidió hacer su primera huelga de hambre, que duró tres días.

“[Dije] ‘Yo estoy aquí, encerrado en un solo lugar y tengo que hacer algo’. Fue así que yo me di el valor de hacer una huelga por mi libertad, porque yo quería ser libre”. 

Sumado a ello, escribió poemas y canciones que narraban sus vivencias como preso político y luchador social. 

Finalmente, en junio de 2024 pudo regresar a su casa, aunque todavía pesaban sobre él los juicios por los delitos fabricados de homicidio y tentativa de homicidio. “Cuando llegó la verdadera libertad, yo no creí, yo no sentía la verdad mucha emoción porque sentía que era un sueño”, expresa.

“Estamos demostrando nuestra inocencia”: perseguidos por defender su comunidad en Oaxaca

En el caso de Martha Betanzos, hermana de Jaime Betanzos, la persecución política que enfrentó en 2014 la obligó a huir de su hogar durante dos años. Vivió en la Ciudad de México, lo que provocó en ella un gran choque cultural porque estaba acostumbrada a su vida en el rural Eloxochitlán.

Durante la persecución en su contra, así como contra su esposo y sus dos hijos, la señora Martha fue desplazada de manera forzada de su comunidad y, a causa del estrés constante, desarrolló problemas de visión.

“Es desgastante, porque te enfermas. Ya no tienes ese recurso, ya no estás bien de salud, tu familia se desintegra, ya no tienes buenas relaciones con tus hijos, con tus nietos”, comparte. “Hay personas que mal miran (…) porque creen lo que dicen, se creen que somos asesinos y rateros, pero por eso estamos caminando, porque estamos demostrando nuestra inocencia”.

Cuando pudo regresar a Oaxaca, enseguida se sumó a las filas de batalla de las demás mujeres mazatecas. Entre lágrimas y dolor, se han abrazado y dado aliento para sostenerse pese a los embates del Poder Judicial estatal. “No nos hemos abandonado”, dice Martha con ternura.

Ahora la acompaña el respaldo de sus compañeras, luego de que su nombre apareciera entre los 56 integrantes de la comunidad contra quienes se emitieron más de 200 órdenes de aprehensión en mayo de 2025.

“Otra vez, ¿de qué se trata? ¿Qué más les falta, qué se les olvidó? ¿A qué están jugando con nuestras vidas?”, reclama. “Cada que se les pega la gana, andan inventando cosas, y eso no está bien”. 

“Queremos que el gobierno ponga atención a este llamado que hacemos, porque se supone que ya pasaron 10 años. Ahorita queremos ser libres, queremos que ya acabe todo esto”.

“Libertad a los presos por luchar”, la consigna de habitantes de Eloxochitlán

Han pasado casi once años desde que los primeros activistas de Eloxochitlán fueron encarcelados por delitos que no cometieron, y hoy ya todos han podido salir y recuperar su libertad.

Para algunos, es una libertad condicionada, pues están sujetos a firmas periódicas cada 15 días y a mantenerse dentro de un perímetro delimitado, en tanto que el proceso penal no sea desechado. 

Para otros, es una libertad a escondidas, pues en mayo del 2025 fueron emitidas más de 200 nuevas órdenes de detención contra 56 miembros de la comunidad, lo cual obligó a varios a desplazarse forzosamente para evitar su reaprehensión.

Para todos, la batalla no ha terminado, y se concentra en una consigna que gritan con voces firmes al final de cada asamblea, puño en alto y filas cerradas: “¡Libertad, libertad, a los presos por luchar!”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TAMARA MARES.

Un ataúd en San Lázaro: diputados aprueban crear ley en telecomunicaciones; oposición acusa riesgo de censura

Pese a los señalamientos de la oposición por riesgo de censura, Morena y aliados aprobaron la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Una corona fúnebre y un ataúd montados en el Pleno de la Cámara de Diputados enmarcaron la aprobación de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, una legislación que los partidos de oposición han calificado como “ley censura” y que Morena defiende a capa y espada con sus aliados.

La discusión de la reforma para emitir esta ley arrancó a las 11:00 horas, con una intervención de diputados priistas que metieron al Pleno un ataúd blanco y una corona fúnebre para advertir sobre los posibles riesgos de censura que esta ley puede traer. “Murió la libertad”, decía una leyenda escrita sobre el ataúd color blanco.

Los priistas ingresaron estos objetos al recinto legislativo durante el discurso de la diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero, quien criticó la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones para crear una nueva Comisión que formará parte del gobierno y que regulará la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones en el país.

“La minuta propone eliminar al IFT y concentrar todas las funciones en la Agencia Digital, lo que equivale a entregar al Poder Ejecutivo el control total sobre el espectro radioeléctrico, la supervisión de medios y la vigilancia del contenido de internet”, mencionó Fuensanta Guadalupe Guerrero, diputada del PRI.

Pese a los señalamientos de la oposición, los diputados de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aprobaron la minuta con 369 votos, junto con Movimiento Ciudadano (MC) que se unió a ellos. Solo el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) rechazaron el proyecto con 104 votos en contra y hubo tres abstenciones de diputados de MC.

En una segunda votación, en la que se rechazaron todas las propuestas de modificación, Morena, el PT y el PVEM aprobaron la minuta en lo particular con 343 votos. Mientras MC, el PRI y el PAN se unieron en esta ocasión para emitir 129 votos en contra.

Una vez aprobada esta reforma, la Cámara de Diputados la enviará a la presidenta Claudia Sheinbaum para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El debate de la ley de telecomunicaciones entre acusaciones por riesgo de censura

San Lázaro inició el debate de una reforma para expedir la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con lo que concluiría la lista de asuntos que enlistó para su primer periodo extraordinario de sesiones de este año.

La discusión en la Cámara de Diputados arrancó con mociones suspensivas del Partido Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI), quienes buscaron frenar el inicio del debate con el argumento de violaciones al procedimiento legislativo, ya que Morena y sus aliados dispensaron los trámites de la reforma para que fuera discutida directamente en el pleno y así evitar una primera discusión en las comisiones.

“Podemos pasarles que sean unos puercos legislativos, pero no unos trompudos, ya basta porque son unos abusadores”, reclamó Carmen Rocío González, diputada panista.

Movimiento Ciudadano, que en esta ocasión votó a favor de la minuta promovida por Morena y sus aliados, defendió que la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión no tiene mecanismos para que el gobierno cometa actos de censura, aunque la desconfianza en las autoridades alimenta ese idea.

“Nosotros no estamos aquí para tapar errores, como la desaparición del IFT, pero tampoco para repetir mentiras. No aceptamos la manipulación y la polarización. Quien dice que esta es la misma iniciativa que se presentó en abril, miente, quien dice que esto abre la puerta a una dictadura digital, engaña”, comentó Patricia Flores Elizondo, diputada de Movimiento Ciudadano.

MC adelantó su voto a favor porque la iniciativa original propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum sufrió modificaciones, luego de que el Senado organizó un parlamento abierto en el que participaron organizaciones sociales y expertos en telecomunicaciones.

Uno de los cambios más significativos fue la eliminación del artículo 109, que permitía el bloqueo de plataformas digitales y que en su momento fue calificado como un intento de censura del gobierno a los medios de comunicación.

El PAN también ha alegado que esta nueva legislación permite, en su artículo 182, que el gobierno pueda solicitar a las empresas de telecomunicaciones la geolocalización en tiempo real de equipos telefónicos con fines de investigación de delitos, aunque este apartado ya existe en la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Adrián González Naveda, diputado del Partido del Trabajo, defendió que el acceso a la geolocalización en tiempo real será regulada por el Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su artículo 303 establece que el Ministerio Público podrá acceder a esta información luego de pedir autorización a un juez.

“En el artículo 182 queda explícito que toda solicitud tendrá que ser de autoridad competente, por escrito fundado y motivado, y en el artículo 183 nuevamente se hace alusión a la ley en la materia, es decir, el Código Nacional de Procedimientos Penales”, señaló Naveda.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALEXIS ORTIZ.

Remesas caen 4.59% en mayo de 2025; mayor descenso en 12 años

Durante mayo de 2025 los flujos de remesas familiares disminuyeron 4.59 por ciento anual a 5 mil 360 millones de dólares, lo que se sumó al descenso de abril del mismo año, de 12.14 por ciento, según datos a conocer, el 1 de julio de 2025, por el Banco de México (BANXICO).

Dicha reducción fue la mayor disminución en 12 años para un mismo, dado que en mayo de 2013, la reducción fue de 10.40 por ciento. Por su parte, las remesas enviadas por residentes en México al exterior fueron de 86 millones de dólares, lo que representó una disminución anual de 26.8 por ciento.

Con estos resultados, en mayo de 2025 el superávit de la cuenta de remesas de México con el resto del mundo registró un nivel de 5 mil 274 millones de dólares, menor al de 5 mil 501 mdd reportado en el mismo mes de 2024.

Asimismo, con datos ajustados por estacionalidad, en el quinto mes de 2025 los ingresos por remesas avanzaron a una tasa mensual de 4.2 por ciento, en tanto que los egresos se contrajeron 11.2 por ciento. Así, en mayo de 2025 el superávit de la cuenta de remesas fue de 5 mil 027 millones de dólares, mayor al de 4 mil 809 mdd observado en abril previo.

El monto acumulado de los ingresos por remesas en el periodo enero–mayo de 2025 resultó de 24 mil 375 millones de dólares, inferior al de 25 mil 120 mdd registrado en el mismo lapso de 2024 y que implicó una caída anual de 3.0 por ciento.

Además, durante el periodo enero–mayo de 2025, el 99.1 por ciento del total de los ingresos por remesas se realizó a través de transferencias electrónicas, al alcanzar 24 mil 138 millones de dólares. Por su parte, las remesas efectuadas en efectivo y especie, así como las money orders representaron el 0.7 y 0.2 por ciento del monto total, respectivamente, al exhibir niveles de 180 y 57 millones de dólares, en el mismo orden.

Durante los primeros cinco meses de 2025, los egresos por remesas sumaron 474 millones de dólares, cifra menor a la de 576 mdd reportada en igual periodo de 2024 y que significó una reducción anual de 17.7 por ciento.

•De esta manera, en el periodo enero–mayo de 2025 el saldo superavitario de la cuenta de remesas se ubicó en 23 mil 901 millones de dólares, monto inferior al de 24 mil 544 mdd observado en el lapso enero–mayo de 2024 y que representó una disminución anual de 2.6 por ciento.

Aunado a lo anterior, el flujo acumulado de los ingresos por remesas en los últimos doce meses (junio 2024–mayo 2025) fue de 64 mil 002 millones de dólares, menor al valor acumulado a doce meses registrado en abril pasado de 64 mil 260 mdd (mayo 2024–abril 2025).

Asimismo, en los últimos doce meses (junio 2024 mayo 2025), el monto acumulado de las remesas enviadas al exterior resultó de 1,207 millones de dólares, que se compara con el flujo acumulado a doce meses reportado en abril previo de 1,238 millones de dólares (mayo 2024–abril 2025).

Así, el superávit de la cuenta de remesas para los últimos doce meses (junio 2024–mayo 2025) se situó en 62 mil 795 millones de dólares, inferior al saldo acumulado a doce meses observado en abril de 2025 de 63 mil 022 mdd (mayo 2024–abril 2025).

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Diputados pagan con dinero público medias becas para sus maestrías y doctorados

Diputados y empleados de la Cámara estudiarán posgrados con fondos públicos: San Lázaro cubrirá 50% de maestrías y doctorados en Administración Pública, con un gasto de más de cinco millones de pesos.

La Cámara de Diputados pagó la mitad de la maestría y doctorado en Servicios Públicos a trabajadores y legisladores de San Lázaro en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). 

Del erario esta cámara pagará la mitad del posgrado a 80 trabajadores y legisladores por un monto total de cinco millones 416 mil 425 pesos para que puedan cursar la maestría y doctorado en Administración Pública.

De acuerdo con documentos públicos de Diputados, el convenio con el instituto es para que 53 trabajadores y legisladores cursen el grado de maestría y 27 de doctorado en Administración Pública en la generación 2025-2027 pagando sólo la mitad. 

Clases a distancia

Según el convenio LXVI/SG/UCFP /056/2025, se establece que 53 diputados cursarán la maestría por un monto de cinco millones 843 mil 250 pesos, pero la Cámara de Diputados erogará dos millones 921 mil 625 pesos sin IVA incluido y el resto deberá ser cubierto por los alumnos. Así, los 53 estudiantes deberán cubrir en general 20 mensualidades de 146 mil 81 pesos.

El convenio fija que la Unidad de Capacitación y Formación Permanente (UCFP) será el órgano legislativo que designe a los diputados que tomarán la maestría, y el INAP realizará el proceso de admisión de los aspirantes. 

El anexo técnico establece que los aceptados como alumnos serán responsables en lo individual de la acreditación de las 18 asignaturas académicas que conforman el programa.

El convenio detalla que la maestría en Administración Pública cuenta con el reconocimiento de validez oficial que le otorga la SEP y se realizará del 10 de marzo de 2025 al 8 de marzo de 2027. 
Además, establece que la impartición de la maestría se realizará a distancia mediante la plataforma designada por el INAP. Las asignaturas se impartirán los lunes y jueves de 17 a 21 horas. 
El convenio fija que los gastos de titulación y certificación de los estudios de la maestría serán cubiertos por los trabajadores y diputados seleccionados.

En el convenio LXVI/SG/UCFP /056/2025 se estable que la Cámara de Diputados y el INAP ofrecerá el doctorado en Administración Pública Generación 2025-2027 para 27 legisladores y trabajadores de la Cámara de Diputados. 

El convenio detalla que el costo de la maestría para la veintena de alumnos es de cuatro millones 989 mil 600 pesos, pero la Cámara de Diputados sólo pagará la mitad, dos millones 494 mil 800 pesos sin IVA incluido; de esa manera, los alumnos deberán cubrir el resto; es decir, en su conjunto se harán responsables de 20 mensualidades de 124 mil 740 pesos.
Los documentas aclarar que los descuentos se realizarán vía nómina. 
El anexo técnico detalla que el INAP impartirá las 11 asignaturas académicas que integran el doctorado con una duración de 60 horas que impartirá el instituto, con validez de la SEP.

Igual que en la maestría, los gastos de titulación y certificación de los estudios para el doctorado deberán ser cubiertos por los legisladores o empleados de San Lázaro.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

Sheinbaum revela fechas para la reapertura fronteriza al ganado mexicano

A lo largo de este 2025, autoridades sanitarias de México han reportado casos confirmados del gusano barrenador en Oaxaca y Veracruz.

La reapertura de la frontera entre Estados Unidos y México para el ganado comenzará a partir del 7 de julio, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, lo cual se da casi dos meses después del cierre debido a las medidas de control relativas al gusano barrenador.

“Ayer se logró un primer acuerdo con la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos. Siguen las mesas de trabajo para poder acelerar esta apertura, dijo en conferencia.

Compartió las fechas que este lunes dio a conocer el gobierno estadounidense:
  • 7 de julio se abre la frontera de Agua Prieta, Sonora.
  • 14 de julio Puerto Palomas, Chihuahua.
  • 21 de julio San Jerónimo, Chihuahua.
  • 18 de agosto Acuña, Coahuila.
  • 15 de septiembre Columbia, Nuevo León.
“Estamos todavía trabajando para el punto de exportación de Nogales, Sonora, pero por lo menos ya hay un primer acuerdo y seguimos trabajando con ellos para poder acelerar que sea mucho más rápido”, aseguró.

La mandataria federal dijo que el argumento del gobierno de Estados Unidos es que quieren abrir primero para ver cómo se comporta el tema del gusano barrenador.

“Les hemos insistido de que está contenido esta plaga, esta situación para el ganado y está particularmente en algunos lugares del sur de país, que no ha llegado al norte, pero bueno, lo importante es que ya hay un acuerdo de cómo se va a abrir y que siguen las mesas de trabajo”, indicó.

A lo largo de este 2025, autoridades sanitarias de México han reportado casos confirmados del gusano barrenador en Oaxaca y Veracruz.

La larva del “coquerel”, como también se le conoce, devora la carne viva de animales de sangre caliente, incluyendo humanos, causando miasis, una enfermedad que puede ser mortal si no se atiende.

Frente a los brotes, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ordenó en mayo la suspensión inmediata de las importaciones de ganado bovino, equino y bisonte desde México, lo que paralizó uno de los canales más dinámicos de exportación pecuaria.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.