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Exdelegado de Conagua dejó a prestanombres de Duarte explotar acuífero: Contraloría

Entre juicios y extrabajadores de Conagua, empresas y menonitas han logrado producir nuez y manzanas en acuíferos sobreexplotados, incluyendo a un prestanombres del exgobernador César Duarte, a quien le destruyeron una presa ilegal en un rancho.

En Chihuahua hay una hidromafia compuesta por exfuncionarios estatales de la Conagua, la cual ha permitido que un presunto prestanombres del exgobernador priista César Duarte sobreexplote el acuífero Llano de Gigantes para producir nuez. Esta red también ha dejado a productores menonitas y a la productora agroindustrial de manzanas La Norteñita sobreexplotar el acuífero Laguna Santa María, documenta la contraloría ciudadana estatal.

El titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, expuso esta semana cómo recuperó alrededor de 700 mil metros cúbicos de agua almacenados de manera ilegal en presas y represas construidas en el rancho “El Saucito”, ubicado en el municipio de Balleza, Chihuahua, propiedad del exgobernador priista César Duarte Jáquez, que le había sido confiscado, pero que la Gobernadora Maru Campos le devolvió.

El escritor y periodista José Pérez Espino explicó a "Los Periodistas" cómo Duarte se ha visto beneficiado por el grupo político de la Gobernadora Campos, el cual también está ligado el Alcalde morenista de Juárez Cruz Pérez Cuéllar.  "Obedecen a los mismos intereses. No es un secreto. Al final de cuentas es lo mismo y por eso le llamamos 'MaruDuartismo'. ¿Por qué puede ser? Porque se conocen perfectamente unos a otros", expuso.

Hace unos días, el director general de la Conagua, Efraín Morales, recibió del Senador por Chihuahua Juan Carlos Loera –exsuperdelegado de Morena– un informe que derivó en la destrucción de la presa ilegal del exgobernador Duarte.

Sin embargo, el acaparamiento y tráfico de concesiones en Chihuahua va más allá.

Por ejemplo, la empresa Agroindustrias BVM recibió en un solo día, el 20 de agosto de 2013, 125 "constancias de libre alumbramiento" para uso agrícola del ya sobreexplotado acuífero Llano de Gigantes, ubicado en el municipio de Saucillo, donde se producen árboles de nogales para nueces.

El principal accionista de esta empresa agroindustrial es Sergio Aguilar Weber, un empresario y expresidente seccional del PRI, señalado de ser un prestanombres del exgobernador César Duarte (2010-2016), quien estuvo encarcelado por enriquecimiento ilícito.

Y quien dio estas 125 constancias a Agroindustrias BVM fue el exdelegado de Conagua de Chihuahua, Álex Le Baron González, exdiputado priista y productor de nuez, originario de la colonia mormona Le Baron en el municipio de Galeana. Este exdelegado de Conagua también benefició a productores menonitas con entrega de constancias apócrifas (sin pozos), informó en su momento Elena Burns, exsubdirectora de Administración de Conagua.

Las 125 constancias de aprovechamiento de Agroindustrias BVM se ubican en un acuífero sobreexplotado, el Llano de Gigantes. Imagen: Conagua, REPDA.

Martín Solís, productor de El Barzón e integrante de la contraloría ciudadana, explicó que, a diferencia de los títulos de concesión otorgados por Conagua para extraer agua al año, las miles de constancias de libre alumbramiento no transparentan en el REPDA cuánto volumen de agua se está extrayendo y el dueño puede perforar pozos donde quiera sin necesidad de dar aviso a la autoridad hídrica.

Después de una sequía muy fuerte en el norte, en 2013 los miembros de El Barzón viajaron en caravana de caballos y tractores de Ciudad Juárez a la Ciudad de México para pedir al Gobierno federal que se suspendiera esta figura que permitía perforar pozos y extraer agua sin control.

A inicios de 2013 se emitieron decretos presidenciales para suspender las constancias de libre alumbramiento en acuíferos sobreexplotados. El decreto dice que tenían 60 días para acudir a la Conagua a informar que tenían pozos para registrar las constancias, pero Conagua no verificó la existencia real de esos pozos y se siguió registrando en el REPDA hasta diciembre del 2024.

La empresa Agroindustrias BMV, del presunto prestanombres de Duarte, registró sus 125 constancias de un jalón en agosto de 2013, cuatro meses después del decreto.

El acuífero Llano de Gigantes está sobreexplotado con un déficit de 49 millones de metros cúbicos. Mapa: Conagua.

"Estuvimos haciendo jornadas de lucha en la Ciudad de México y, entre otros acuerdos, logramos que se tomara en cuenta la sobreexplotación del agua y finalmente Peña Nieto saca el decreto de suspensión de libre alumbramiento. Nosotros lo festejamos, pero lo primero que hacen ellos es registrar a Agroindustrias BVM; cómo es que dan 125 constancias cuando hay déficit de 49 millones de m3 en el acuífero Llano de Gigantes. Si me pregunta de quién es Agroindustrias BVM es de un prestanombres de César Duarte", aseguró Solís.
El Senador Juan Carlos Loera, quien entregó un informe técnico a la Conagua sobre la sobreexplotación de acuíferos en Chihuahua, coincidió en que se trata del presunto prestanombres de Duarte. Y agregó que las 125 constancias de Agroindustrias BVM fueron autorizadas por Álex Le Baron González, exdelegado de Conagua Chihuahua (2013-2015), cuando el director de Conagua era David Korenfeld, un peñista que dejó el cargo por usar un helicóptero de la dependencia para viajes personales.

Álex Le Baron es un exdiputado priista, originario de la colonia mormona Le Baron en Galeana, Chihuahua, dedicado a la producción de nuez. Su esposa Brenda Ríos Prieto es exdelegada de Semarnat y actual Diputada de Morena en el Congreso de Chihuahua.
"Es clara la existencia de una red política que involucra a los exdelegados de Conagua y de Semarnat en la entidad, encabezada por Duarte, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Y la situación continúa con la actual Gobernadora María Eugenia Campos", afirmó el Senador Juan Carlos Loera, exsuperdelegado de Morena.
De acuerdo con Elena Burns, exsubdirectora de Administración de Conagua, el encontes delegado de Conagua Chihuahiua, Alex Le Baron, en juntas con sus apoderados legales realizadas en octubre de 2014 otorgó “constancias de obras” para 395 solicitantes de constancias aún sin contar con pozos, como exige el decreto presidencial.

Luego estas 395 personas, de origen menonita, de manera colectiva utilizaron estas “constancias apócrifas” para demandar a la Conagua para que otorgara títulos de concesiones para volúmenes indeterminados, a pesar de la extrema sobreexplotación de los acuíferos.

Sobreexplotación de menonitas

Durante años, los integrantes de El Barzón han señalado a los productores menonitas de sobreexplotar acuíferos en Chihuahua para la producción de nuez y alfalfa, cultivos que demandan mucha agua.

El productor de El Barzón, Martín Solís, expuso que aunque el acuífero Laguna Santa María está sobreexplotado, se tiene el registro de más de 800 constancias de libre alumbramiento para uso agrícola, la gran mayoría pertenecientes a productores menonitas, como muestra el REPDA.

Chihuahua, gran productor de manzana, nuez, algodón y alfalfa, tiene registradas más de 6 mil constancias de libre alumbramiento de aguas subterráneas. A pesar de que la Ley de Aguas Nacionales prohibe el tráfico de estas constancias, el usuario Mario Humberto Iglesias Chávez concentra más de 40 constancias, y vendió su rancho ganadero a productores menonitas en el municipio de Ahumada.
"Las constancias de libre alumbramiento son intransferibles, no se pueden transferir, vender ni negociar con ellas. Porque es una constancia, no es un título, está en proceso todavía; este es el tráfico de constancias", afirmó Martín.
Otro ejemplo detectado por El Barzón es la familia Dueck, que posee 95 títulos de concesión de agua recibidos de 1993 a 2023 por más de 42 millones de metros cúbicos anuales, de acuerdo con datos del REPDA.

Constancias de libre alumbramiento de productores menonitas en el acuífero sobreexplotado Laguna Santa María. Imagen: Conagua, REPDA.

Bernard Dueck es un menonita dueño del rancho San Germán a quien la entonces Procuraduría General de la República (PGR) le abrió una carpeta de investigación por falsificación de títulos de concesión de pozos, informó el diario La Jornada hace diez años.
"En el 2000, se empezaron a abrir tierras de uso ganadero de unas 30 mil hectáreas por rancho. Los menonitas empezaron a comprar sobre todo en la región de Ojinaga, al oriente de Chihuahua, frontera con Texas. Sin cambio de uso de suelo ganadero, empezaron a perforar pozos profundos para cultivos; empezaron en el acuífero Los Juncos, el más sobreexplotado en el estado con déficit de más de 500 millones de metros cúbicos. Cuando se lo terminaron migraron a otras regiones de Chihuahua", narró el productor Martín Solís.
El Senador por Chihuahua Juan Carlos Loera también compartió a la Conagua dos casos específicos en las colonias Buenavista y El Camello, en el municipio de Ascensión, donde se ha identificado una expansión ilegal de zonas agrícolas por parte de productores de origen menonita. A la par, estas zonas vedadas desde hace años presentan una reducción en los niveles de agua subterránea.

Los manzaneros de Chihuahua

La principal productora de manzanas en Chihuahua, Agropecuaria La Norteñita, posee decenas de constancias de libre alumbramiento y otras decenas de títulos de concesión en el sobreexplotado acuífero Laguna Santa María, en el municipio de Ascención.

Este acuífero tiene 46 millones de metros cúbicos recargados, pero le extraen más de 300 millones de m3, de acuerdo con la  propia Conagua.

Pero esta gran productora de manzanas, mediante un juicio contra Conagua, obtuvo una serie de concesiones de agua en octubre de 2019 pese ser una zona de veda.


"Ellos son los principales productores de manzana en el noroeste con cerca de más de 80 pozos (constancias de libre alumbramiento). Y también tiene títulos de concesión por más de 25 millones de metros cúbicos anuales para uso agrícola en el acuífero de la Laguna de Santa María. Esto es una irregularidad porque no deberían tener título de concesión en este acuífero porque es zona de libre alumbramiento y no se ha reglamentado por Conagua para ordenar la extracción", dijo el productor Martín Solís con datos del REPDA.
En veinte años, de 2003 a 2023, las hectáreas de cultivo en Chihuahua aumentaron de 367 mil a 674 mil hectáreas en un contexto de sequía extrema, documentó el Senador por Chihuahua Juan Carlos Loera.

“Esta expansión agrícola ocurrió ignorando la falta de lluvias, el abatimiento de acuíferos y las zonas con veda impuesta desde 1979. Lo peor: hubo instituciones que no sólo omitieron controlar esta dinámica, sino que posiblemente, la facilitaron”, dijo el Senador Loera.

Presa de rancho de Duarte

El lunes 26 de mayo la Conagua derribó cinco represas y la presa principal con la que el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acaparaba 700 mil m3 de agua en su rancho El Saucito, ubicado en su natal Balleza. Además clausuró un pozo. Este volumen de agua superficial y subterránea, precisó el titular Efraín Morales, no tenían títulos de concesiones, es decir, eran ilegales.

Una semana antes, el Senador Juan Carlos Loera de la Rosa entregó al director de la Conagua un informe sobre la sobreexplotación de acuíferos en Chihuahua.
"Bajo el amparo del poder político y bajo el amparo del poder económico se obtenían beneficios de manera personal. Una propiedad del exgobernador de Chihuahua César Duarte, que durante su gestión lo que realizó fue el apoderamiento de manera ilegal. Construyó presas y represas al interior de un rancho de su propiedad de cientos de hectáreas, en donde acaparó alrededor de 700 mil metros cúbicos que se utilizan para beneficio personal. Resulta paradójico, lastimoso, que en un estado como Chihuahua donde se tienen grandes carencias derivado del cambio climático haya un exgobernador que intente beneficiarse cuando hay un gran número de productores que no pueden llevar a cabo la siembra de sus cultivos", comentó el director general de Conagua en Palacio Nacional.
También se encontró que tenían pozos que se estaban utilizando de manera ilegal sin concesión alguna. Entonces fueron clausurados el 27 de mayo.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.

Maestros de la CNTE suman 15 días de protestas y bloqueos en CDMX tras no alcanzar acuerdo con el gobierno

La CNTE rechaza el anuncio de la presidenta Sheinbaum de un incremento salarial del 9% retroactivo a enero y un 1 % adicional a partir de septiembre, además de una semana adicional de vacaciones, entre otros beneficios.

Las y los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sumaron este viernes 15 días de intensas protestas, caracterizadas por bloqueos en importantes avenidas de la Ciudad de México, y mantienen sus exigencias de mejoras laborales tras no alcanzar un acuerdo con el Gobierno federal.

Desde temprana hora, los integrantes de la CNTE marcharon este viernes en la capital del país, mientras mantienen las negociaciones estancadas con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum pues, entre otras cosas, exigen la abrogación de la reforma de pensiones de 2007 y un aumento salarial del 100%.

Los inconformes marcharon por la avenida Reforma, una de las más transitadas del centro de la ciudad, para llegar a la Torre del Caballito, cerca del centro capitalino, donde realizaron una asamblea, aunque será hasta el sábado cuando determinen si boicotean o no las elecciones judiciales del próximo domingo 1 de junio.

CNTE rechaza anuncio de Sheinbaum de incremento salarial del 9% retroactivo a enero y 1% adicional a partir de septiembre

En la asamblea, analizaron el documento propuesto por el Gobierno federal, el cual consideraron “impreciso, demagógico, insuficiente” y que no resuelve sus demandas centrales.

Esto pese a que el pasado 15 de mayo, la presidenta Sheinbaum anunció un incremento salarial del 9% retroactivo a enero y un 1 % adicional a partir de septiembre, además de una semana adicional de vacaciones, entre otros beneficios.

“Le decimos claramente a la presidenta que nuestros sueños no caben en sus urnas, y que no salimos a las calles por una elección, sino por el derecho a una pensión digna”, afirmó Pedro Hernández Morales, secretario general de la sección 9 de Ciudad de México durante una conferencia de prensa tras la movilización.

Durante las últimas dos semanas, el magisterio ha paralizado la CDMX debido a sus bloqueos en avenidas principales, lo que ha obligado a los ciudadanos a cambiar sus rutas, modificar sus horarios de traslado o salir a las calles solo en caso necesario.

Las protestas han escalado incluso a niveles violentos, pues el jueves maestros de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) se enfrentaron con agentes de la Guardia Nacional (GN) cuando intentaron vandalizar instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) en Chilpancingo, Guerrero.

Esta mañana, Sheinbaum dijo que esperará una respuesta de los maestros tras las propuestas que les ha hecho su Gobierno para saber si levantarán el plantón que mantienen en el Zócalo capitalino desde el pasado 15 de mayo.
(Esperemos) que consulten esta propuesta que, la verdad, es un esfuerzo extraordinario que se está haciendo. Y lo estamos haciendo porque creemos en los maestros y en las maestras. Creemos en la educación pública.
La mandataria señaló que las autoridades mexicanas han hecho muchos planteamientos para cumplir las exigencias, sin embargo, aseveró que hay algunas que no podrán cumplir porque no hay recursos para ello.

Asimismo, destacó que la mesa de diálogo se mantiene abierta, pero a través de las secretarías de Educación Pública, Gobernación, Hacienda y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado (ISSSTE).

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Estados Unidos presenta cargos por huachicoleo masivo a Pemex vía CJNG

El petróleo crudo es “la mayor fuente de financiamiento para los cárteles de la droga mexicanos”, declaró el agente especial interino a cargo, William Kimbell, de la DEA en Houston.

Dos ciudadanos estadounidenses son procesados por apoyar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), designado en Estados Unidos como organización terrorista extranjera, en una operación de contrabando de combustible robado a Petróleos Mexicanos (Pemex).

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Maxwell Sterling Jensen, de 25 años, y James Lael Jensen, de 68 años, ambos residentes en Utah, de conspiración para cometer lavado de dinero y cargos relacionados con el contrabando.

Los Jensen son señalados de operar la empresa Arroyo Terminals, con sede en Río Hondo, la cual realizó transacciones financieras con el fin de ocultar y disimular la naturaleza y el origen de las ganancias del contrabando de petróleo crudo.

También ayudaron e instigaron la entrada fraudulenta de aproximadamente 2 mil 881 cargamentos de petróleo, en violación de la Ley Arancelaria, según los cargos.

Un reporte del medio Valley Central apunta que las autoridades documentaron que esta empresa contrabandeaba crudo robado a Petróleos Mexicanos (PEMEX), el cual hacían pasar como “aceite usado”.

Según las autoridades de Estados Unidos, es una operación a gran escala que presuntamente intentaba mover millones de dólares en petróleo crudo ilícito y blanquear las ganancias.

“Lo que comenzó como una investigación de narcotráfico de la Administración para el Control de Drogas (DEA) se convirtió en un caso multifacético que involucra una presunta y compleja operación criminal que genera millones de dólares del petróleo crudo, la mayor fuente de financiamiento para los cárteles de la droga mexicanos”, declaró el agente especial interino a cargo, William Kimbell, de la DEA en Houston.

“Dado que los cargos tienen profundas implicaciones tanto para Estados Unidos como para México, continuaremos explorando todas las pistas e identificando a cualquier presunto implicado. La colaboración con las fuerzas del orden federales, los fiscales y las agencias estatales fue crucial para esclarecer estos presuntos delitos y continuará hasta que se desmantelen dichas operaciones”, dijo.

Al momento de los arrestos iniciales, las autoridades incautaron cuatro barcazas cisterna con crudo, tres camiones cisterna comerciales, una camioneta de Arroyo Terminal y un vehículo particular. También se solicita el decomiso de la propiedad de Arroyo Terminal en Río Hondo, los tanques de almacenamiento de crudo de Arroyo Terminal y otros bienes inmuebles.

La acusación formal sustitutiva también incluye un aviso de que Estados Unidos solicitará una sentencia de 300 millones de dólares en caso de condena.

Los cargos de conspiración para proporcionar apoyo material y de lavado de dinero conllevan una posible pena de prisión de hasta 20 años. Si son declarados culpables de complicidad en el contrabando de mercancías a Estados Unidos mediante declaraciones falsas, ambos hombres podrían enfrentar hasta 10 y cinco años de prisión, respectivamente. James Jensen también enfrenta un cargo de gastos relacionados con lavado de dinero, que conlleva 10 años adicionales de prisión en caso de condena.

La Operación Muerte Líquida implicó la colaboración de agentes antidrogas, del FBI, de migración, del departamento de impuestos y otras dependencias.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sin respuestas, muere Donato Abarca, padre de uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa

“Un padre más que se nos adelanta sin tener verdad ni justicia”, lamentaron los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al informar la muerte de Donato Abarca Beltrán, padre del estudiante Luis Ángel Abarca Carrillo, sucedida la mañana de este jueves por un paro respiratorio a causa de una embolia.

“Nuestro compañero Donato partió de este mundo sin saber el paradero de su hijo, se fue con el alma apesadumbrada”, señalaron los padres y madres en un comunicado. “Duele saber que nuestros compañeros parten sin que las investigaciones avancen”, criticaron.

“Todos los gobiernos nos han fallado y nos han golpeado, no ha bastado el dolor que sentimos, se empeñan en tratarnos como disidentes políticos, de cerrarnos la puerta de la justicia”, denunciaron los familiares de los normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014.

Los padres y madres explicaron que Abarca se refugió en el campo tras la desaparición de su hijo, mientras su esposa Metodia Carillo y sus otros ocho hijos emprendieron la lucha por la aparición con vida de Luis Ángel y el resto de las víctimas. «La tristeza lo consumía», añadieron en el comunicado, donde precisaron que pronto cayó enfermo «y cada día su salud fue mermando».

Los padres y madres de los 43 aseguraron que la muerte de Abarca los llena de “digna rabia” para seguir con la búsqueda de sus hijos y reiteraron que no descansarán hasta encontrar la verdad y justicia y que se sancione a los responsables.

Finalmente, hicieron un llamado al gobierno de Claudia Sheinbaum a que no les “dé la espalda” ni les impida acceder a la justicia, “tope quien tope”.


FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

CNTE toma instalaciones del SNTE en Ensenada

La manifestación en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, prevista para el día de hoy por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se pospuso para permitir que un contingente tomara las instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 2, en Ensenada.

Al interior del inmueble se llevó a cabo un foro informativo y asamblea organizativa, el Coordinador Estatal de la CNTE en Baja California, Marco Antonio Pacheco Peña, se trasladó con un grupo para reunirse con el magisterio del citado municipio.

En Tijuana, a espera de nuevas indicaciones, permaneció el plantón frente al Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP).

Pese a la oferta derivada de la mesa de trabajo con la Secretaría de Gobernación el día de ayer, consistente en la reducción progresiva de la edad de jubilación, el magisterio indica que no cederá a alternativas. Reiteran que la demanda de abrogación de la Ley del ISSSTE 2007 permanece firme a nivel nacional.

Ni el incremento salarial del 9% global -y el 1% retroactivo-, ni del periodo vacacional han sido reconocidos como restituciones suficientes de los derechos laborales de los trabajadores de la educación, por tanto, las medidas de presión a implementar la semana próxima serán definidas el día de mañana.

En Tijuana, este consenso se realizará en el campamento base, frente al Sistema Educativo Estatal.

Así pues, la asamblea llevada a cabo en el fraccionamiento Nueva Ensenada sustituyó la agenda del quinceavo día de paro, sin embargo, en estos momentos, el plantón permanece reagrupando esfuerzos en las guardias rotativas que sostienen desde el inicio de esta semana.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: DANIELA MELÉNDEZ VEGA.

Tras cateo, hallan más de 3 millones de litros de huachicol en Tabasco

Autoridades de seguridad localizaron tres millones de litros de huachicol resguardados en cuatro mil contenedores en Tabasco.

Más de 3 millones de litros de hidrocarburo ilegal o “huachicol” fueron asegurados en un predio en el municipio de Centro, en Tabasco.

Las acciones se llevaron a cabo durante un cateo en el que participaron las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, además de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos, Policía, Protección Civil y Bomberos de dicha entidad.

“En seguimiento a líneas de investigación, los agentes de seguridad ubicaron un predio en la carretera Costera del Golfo, Cárdenas-Villahermosa, en la ranchería Plátano y Cacao, Segunda Sección, en el municipio de Centro, que era utilizado para almacenar de manera ilícita hidrocarburo y que ponía en riesgo la integridad de la población”, señaló el Gabinete de Seguridad Federal, en un comunicado conjunto.
Por lo anterior, se implementaron vigilancias fijas y móviles, además de utilizar equipo tecnológico para recabar datos de prueba suficientes que fueron entregados a un Juez de Control quien otorgó la orden de cateo.

“Fue así que de manera coordinada se realizó un dispositivo para ejecutar la orden de cateo donde se aseguraron 18 vehículos, tres equipos de maquinaria, 3 mil 904 contenedores con estructura metálica que contenían 3 millones 123 mil 200 litros de un líquido derivado del petróleo”.

El predio quedó sellado y bajo resguardo policial, mientras que lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público para realizar la investigación.

Huachicol como fuente de ingresos del crimen organizado

El robo de combustible, coloquialmente conocido como huachicol, es la segunda fuente de ingresos de las organizaciones criminales en México, lo cual ha dado pie al surgimiento de bandas que se especializan en este delito.

En 2024, PEMEX reportó pérdidas por más de 20 mil millones de pesos por tomas clandestinas en los ductos de la compañía, a lo cual debemos sumar el impacto económico para las empresas privadas del robo de pipas de transporte y la nueva modalidad de huachicol fiscal, que consiste en introducir combustible de manera ilegal a México, sin reportar los impuestos, que representó un daño el erario de 177 mil millones de pesos en 2024.

Por ende, se trata de un negocio altamente lucrativo, que genera disputas entre organizaciones criminales. Por ejemplo, no es casual que Guanajuato, que es la entidad con más homicidios dolosos desde 2018, deba en gran medida esta violencia a la disputa entre el Cártel Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el robo de combustible del corredor que va de la ciudad de León a los Apaseos.

O bien, que Tabasco, una de las dos entidades con mayor crecimiento en la violencia en 2024 deba dicha situación a la disputa de la Barredora y el CJNG por el control del huachicol en la entidad.

De forma que al ser el robo de combustible un ingreso tan importante para las organizaciones criminales y una fuente de generación de violencia, resulta conveniente estudiar a los grandes actores que están detrás de este delito, por lo que el objetivo del presente texto es analizar el ámbito de influencia de las 10 bandas más importantes de huachicol del país.

Un buen punto de partida es señalar que las grandes organizaciones criminales de este país, como el CJNG, el Cártel de Sinaloa o el Cártel del Golfo participan en el negocio, pero lo hacen a través de células regionales que compiten con organizaciones locales medianas.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Gobierno pide a CNTE que priorice a los niños; “merecen un cierre digno” del ciclo escolar

La Segob, SEP e ISSSTE dijeron mantener su disposición a negociar con la disidencia magisterial y escuchar su respuesta a las cinco propuestas que se les hizo el miércoles.

A casi 24 horas de terminada la reunión de ayer en la Secretaría de Gobernación, el gobierno federal informó que sigue abierto al diálogo y en espera de la respuesta de la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a las cinco propuestas que le hizo ayer en el Palacio de Cobián. 

Sin embargo, llamó a los maestros disidentes a “poner en el centro el bien común de la población y priorizar el interés de las familias, sobre todo de la comunidad educativa”. 

En un comunicado conjunto, los titulares de las secretarías de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; Educación, Mario Delgado, y el director general del ISSSTE, Martí Batres, destacaron que en las distintas reuniones que han tenido con los dirigentes de la CNTE “se ha reiterado la voluntad de atender sus preocupaciones a través de mesas de trabajo permanentes, diseñadas para escuchar, dialogar y construir soluciones conjuntas”. 

Esta disposición se mantiene, agregaron, “con la convicción de que las diferencias se resuelven en un marco de respeto, legalidad, pero también de responsabilidad presupuestal”. 

El llamado también se da a cuatro días de que se realice la elección del ministros, magistrados y jueces, el domingo 1 de junio, luego de que en algunos espacios se ha hablado de un posible boicot magisteral a las elecciones. 

Por los niños y la ciudadanía

En el documento emitido esta tarde, las dependencias del gobierno federal destacaron que los bloqueos registrados en los últimos días en la Ciudad de México por los profesores disidentes “generan afectaciones directas a la ciudadanía para llegar a sus trabajos o realizar sus actividades cotidianas”. 

También argumentaron que faltan 33 días para terminar el ciclo escolar 2024-2025 y los niños “merecen un cierre digno, que asegure haber adquirido las habilidades y aprendizajes que corresponden a cada nivel y grado escolar. La educación es un derecho, no un privilegio, y requiere del compromiso y responsabilidad de todos los actores involucrados”. 

Por ello, las autoridades reiteraron que el diálogo continúa a través de la mesa establecida: “el gobierno de México sigue abierto a una comunicación directa, honesta y propositiva, pero hace un llamado a la dirigencia de la CNTE a poner en el centro el bien común de la población y priorizar el interés de las familias, sobre todo de la comunidad educativa”. 

Y repitieron que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum continúa en espera de una respuesta a los planteamientos realizados ayer a la representación de la CNTE. 

Reiteran propuestas

La Segob, la SEP y el ISSSTE recordaron las acciones que el gobierno federal ha hecho en favor del magisterio: “Aumentos salariales progresivos, la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, el compromiso de no aumentar la edad de jubilación, la revisión de los procesos de promoción docente y alternativas para pagar deudas hipotecarias insostenibles con el FOVISSSTE”. 

También recordaron que, en la mesa de trabajo de ayer, les presentaron cinco nuevas propuestas: 

1.- La emisión de un decreto para reducir progresivamente la edad de jubilación, hasta alcanzar la edad previa a la reforma del 2007 en el caso de los que están en el décimo transitorio de la Ley del ISSSTE. 

2.- La creación de un colectivo interdisciplinario para revisar los esquemas de jubilación. 

3.- La desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las y los Maestros (USICAMM) y la construcción de una alternativa con la opinión de todas las maestras y maestros en foros por escuela. 

4.- La continuidad de las comisiones tripartitas para atender demandas estatales en sus estados. 

5.- El establecimiento de un nuevo registro del régimen de jubilación, para aquellos que no lo hicieron en el 2007. 

Según las autoridades, dicha propuesta “es un esfuerzo extraordinario dentro de las restricciones presupuestales que tiene actualmente el Estado Mexicano para, con responsabilidad, seguir financiando el conjunto de los derechos sociales, los programas del bienestar y la inversión pública”. 

El nuevo comunicado de las dependencias federales se da casi 24 horas después de que terminó la reunión con la disidencia magisterial y ésta dijo que consultaría con sus bases en el plantón que mantienen en el Zócalo para dar una respuesta. 

Por lo pronto, desde las primeras horas de este jueves, cientos de maestros volvieron a bloquear el Paseo de la Reforma y otras importantes vialidades de la capital y mantienen el plantón en la principal plaza del país.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.

El nuevo sistema judicial quedará en manos del crimen organizado y los partidos: Coparmex

Según el organismo empresarial, el proceso de organización de estas elecciones ha dejado ver fallas graves en términos de legalidad, transparencia e imparcialidad.

Para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el resultado de las elecciones del 1 de junio será un sistema judicial debilitado, expuesto “a intereses partidistas y del crimen organizado”, lo que, advierte, pone en riesgo la imparcialidad de los jueces y afecta directamente la economía y la estabilidad institucional del país. 

A través del análisis Señal Coparmex, el organismo empresarial expuso que este proceso electoral, en el que se renovarán 800 cargos judiciales, no fue diseñado para mejorar la impartición de justicia, sino para controlar al Poder Judicial a lógicas políticas y de control.

“Desde su origen advertimos que la reforma no partió de un diagnóstico técnico de mejora institucional, sino fue configurada bajo la lógica de control. En lugar de garantizar un sistema más independiente y profesional, se impulsó una reconfiguración que prioriza la lealtad sobre la idoneidad, debilitando los contrapesos y comprometiendo la imparcialidad del Poder Judicial”, indicó. 

La confederación señaló que la debilidad institucional generada por esta reforma abre espacios para que actores partidistas y del crimen organizado interfieran en decisiones judiciales clave, lo cual puede derivar en impunidad, inseguridad jurídica e incertidumbre para la inversión. 

Según Coparmex, el proceso de organización de estas elecciones ha dejado ver fallas graves en términos de legalidad, transparencia e imparcialidad. 

“La fragilidad que rodea al nuevo sistema de justicia no es producto del azar sino resultado de una reforma mal diseñada y apresurada”, sostuvo el documento. 

El presidente nacional del organismo, Juan José Sierra Álvarez, también cuestionó el perfil de muchas de las candidaturas impulsadas, al exponer que se han privilegiado los discursos populistas por encima de la trayectoria, la formación jurídica y los criterios técnicos. 

“Reconocemos excepciones con candidaturas que sí cumplen con los perfiles deseados para personas juzgadoras, sin embargo, una gran cantidad de candidaturas no cubren los requisitos”, afirmó. 

Además, la Coparmex acusó una falta total de información clara y accesible que permita a la ciudadanía emitir un voto razonado. Señaló que no existe un mecanismo eficaz para difundir los perfiles, trayectorias ni propuestas de quienes aspiran a los cargos. 

“Sin criterios claros ni evaluaciones técnicas disponibles, los electores enfrentan una boleta llena de nombres sin rostro ni contexto”, consideró. 

Veracruz y Durango, en la mira

Aunque el proceso judicial electoral abarca 19 estados, la Coparmex ubicó a Veracruz y Durango como los principales focos rojos por la ausencia de reglas claras y garantías mínimas de legalidad. 

“Conscientes de que este proceso electoral judicial incluye elecciones en 19 estados del país, hemos prestado particular atención a entidades como Veracruz y Durango, donde coinciden procesos distintos sin garantías de orden ni claridad”, detalló el análisis. 

Papel observador 

Para monitorear estos comicios, el organismo desplegó una red de más de 215 personas observadoras, registradas y capacitadas formalmente ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Esta estructura cubre el 60.6% de los distritos electorales federales, es decir, más del 65% del territorio nacional. 

El objetivo es documentar irregularidades, informar sobre los riesgos de captura institucional y visibilizar el peligro de que el sistema judicial quede en manos de intereses partidistas o incluso del crimen organizado, lo que representaría uno de los retrocesos democráticos más graves en décadas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMILA AYALA ESPINOSA.

En el sexenio de AMLO hubo 163 agresiones contra defensores de migrantes

El análisis realizado por la Universidad Iberoamericana, “permite caracterizar un sexenio que, lejos de las narrativas oficiales, tuvo un actuar violento de derechos humanos y desesperanzador para las personas forzadas a migrar y para  quienes las defienden y acompañan”.

Durante los últimos cinco años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se registraron 137 agresiones en 63 eventos violentos, dirigidos en contra de 43 personas, organizaciones, colectivos y albergues que brindaron asistencia a personas en condición de migración, revela el informe “Acompañando Caminos de Esperanza. Situación de las personas defensoras de derechos humanos de la población migrante forzada (2019-2024)”.

Realizado por el Programa de Asuntos Migratorios (Prami)  de la Universidad Iberoamericana, así como por la Red de Documentación de Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem) el documento resalta el endurecimiento de las políticas migratorias en México y la militarización de las fronteras ha derivado en la agudización de la “criminalización y las agresiones a la labor de ayuda, acompañamiento y de defensa de derechos”.

El documento resalta que si bien del total de agresiones documentadas, 14 ocurrieron en Texas, Estados Unidos, y seis en varias ciudades de Guatemala, su análisis “permite caracterizar un sexenio (el de López Obrador)  que, lejos de las narrativas oficiales, tuvo un actuar violento de derechos humanos y desesperanzador para las personas forzadas a migrar y para  quienes las defienden y acompañan”.

De acuerdo al estudio, en los últimos 20 años las personas defensoras de migrantes se han enfrentado a riesgos como “la vigilancia, el hostigamiento, las amenazas, las agresiones, la criminalización (social y mediática) y los procesos de judicialización hasta la desaparición y el asesinato”.

El informe identifica como perpetradores de las agresiones tanto a agentes el Estado como a actores particulares, entre ellos “miembros de grupos armados, pandillas y grupos del crimen organizado”, situaciones que generan daños tanto a la integridad física como a la salud mental y emocional.

Como antecedente, el documento cita el informe “Defensores sin muros”, elaborado en 2019, por los mismos autores, que registró “69 incidentes (eventos) de agresión contra al menos 17 personas, ocho albergues y una organización en Centroamérica, México y Estados Unidos”.

Para continuar on el análisis del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el informe continúa con la revisión de las agresiones ocurrida entre septiembre de 2019 a septiembre de 2024, periodo en el que los investigadores se registraron 137 agresiones en 63 eventos violentos, dirigidos en contra de 43 personas, organizaciones, colectivos y albergues que brindaron asistencia a personas en condición de migración.

Del total de agresiones, se registraron dos asesinatos y tres desapariciones forzadas contra defensores de derechos de personas migrantes, como las más graves entre los 33 tipos de agresiones registradas en el periodo.

Los investigadores de Prami y Redodem identificaron que, durante los últimos cinco años del gobierno de López Obrador, las agresiones más frecuentes fueron el hostigamiento con 20 registros; la estigmatización con 16 casos; las amenazas con 15: la vigilancia y la judicialización con nueve cada una; así como las amenazas con arma de fuego y detención arbitraria con seis agresiones cada una.

Otras agresiones se refieren a amenazas de judicialización y obstaculización de la labor de defensa de derechos humanos, con cinco cada una; agresión física y perfilamiento racial, con cuatro en cada una; agresión verbal, amenazas de incendio y detonación de arma de fuego, con tres en cada caso; cierre forzado de operaciones, encapsulamiento, infiltración del crimen organizado y revisión de pertenencias y datos personales, con dos en cada tipo de agresión, así como amenazas de cierre, bloqueo de acceso, desalojo, espionaje, extorsión, incendio provocado, incomunicación, intentos de extorsión, retención arbitraria, secuestro y usurpación de identidad, con un caso documentado por acto violento.

Por entidades federativas, el informe de Prami y Redodem revelan que, de las 137 agresiones registradas durante el periodo analizado, 117 ocurrieron en el territorio mexicano, de las cuales 21 están distribuidas como sigue:  30 en Chiapas, 25 en Baja California, 19 en Ciudad de México, 13 en Coahuila, 6 en Tlaxcala, 5 en Chihuahua, 4 en Tabasco, mientras que en Sonora, Tamaulipas y Veracruz, se registraron tres ataques por entidad.

Se destaca que las seis agresiones restantes de las registradas en el territorio nacional, “cuatro corresponden a estigmatización”, vinculadas a “agresiones de amenaza de judicialización y judicialización”.

El documento alerta que de las 117 agresiones cometidas en territorio nacional 44% se concentran en Tijuana, Baja California, Tapachula, Chiapas y la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México, concentraciones asociadas con la ubicación fronteriza de las primeras dos ciudades y en la tercer a “por la permanencia de personas migrantes, tanto en campamentos como en situación de calle en la zona y el acompañamiento que han realizado personas defensoras de derechos humanos”.

En cuanto a las 20 agresiones restantes documentadas por Prami y Redodem,  14 ocurrieron en Texas, Estados Unidos y seis en varias ciudades de Guatemala.

“La diversidad de agresiones que se identifican de manera específica en los 63 eventos contra las personas y las colectividades defensoras da cuenta de la amplitud de riesgos que enfrentan quienes defienden derechos en los contextos migratorios”, apunta el informe.

El documento destaca que de las 43 personas, organizaciones, colectivos y albergues que brindaron asistencia a personas en condición de migración, que fueron identificadas como blanco de los ataques, la mayoría fueron albergues (19), seguida de personas defensoras (10) y en tercer lugar organizaciones civiles de derechos humanos (6).

En menor escala, se identificó a colectivos o grupos de apoyo organizados (3), seguidos de periodistas especializados en migración (2), personas defensoras de migrantes (2) y otros colectivos comunitarios relacionados con la migración (1).

El informe destalla que contra esas 43 personas y colectividades ocurrieron 63 eventos de agresión que “se caracterizan por tener una o más agresiones y porque pueden involucrar a una o más personas y/o colectividades defensoras”.

Según la clasificación de los investigadores 30 de los eventos de agresión fueron dirigidos a albergues para migrantes; 11 contra personas defensoras; 10 contra colectivos o grupos de apoyo a migrantes; y 9 contra organizaciones civiles de derechos humanos, principalmente.

El resto de los eventos ocurrieron contra grupos de personas defensoras migrantes (3), periodistas (2) y otras colectividades (1).

Es relevante observar la evolución por año de los eventos de agresión, que se han ido incrementando conforme ha pasado el tiempo, empezando por un evento ocurrido en 2016 pero que se reveló en 2021, pasó a 2019 con siete eventos, para después disminuir a uno en 2020, subir nuevamente a 10 en 2021, y de ahí continuar en tendencia ascendente, con 12 eventos en 2022, otra cifra igual un año después para cerrar con 19 eventos de agresión en 2024.

La tendencia indica que “ante el incremento de las migraciones hay un robustecimiento de las políticas migratorias de contención, lo cual también tiene como consecuencia mayores agresiones a colectividades defensoras en contextos de migración forzada”.

De los 63 eventos de agresión documentados, el informe identificó “20 perpetradores distintos”, algunos actuando de manera conjunta. Entre las cinco principales tipos de agresores del total de eventos en 12 participaron corporaciones militares, Guardia Nacional, Ejército y Marina; en 12 más personas desconocidas; en  8 personas armadas desconocidas; en 7 integrantes de grupos del crimen organizados, mientras que en 6 miembros de la comunidad.

Cabe destacar que de los 63 eventos, en cinco se ubicó como perpetrador al Instituto Nacional de Migración y una cifra igual a la Fiscalía General de la República.

Los autores del documento consideran preocupante “la diversificación de la violencia y la crueldad con que se lleva a cabo”, lo cual podría atribuirse a “la creatividad de los perpetradores para implementar nuevas formas de intimidar a las personas defensoras”, pero sobre todo por “la impunidad sistemática en nuestro país, que impacta a toda la población, pero que en casos de personas defensoras -y periodistas- es casi absoluta”.

Los autores concluyen que su informe “no sólo evidencia violencias y violaciones a derechos humanos, sino que es un testimonio vivo de que los colectivos, los albergues y las organizaciones de derechos humanos, las personas defensoras, las iglesias y las comunidades, construyen rede de solidaridad que articulan esfuerzos para brindar protección, acompañamiento y apoyo humanitario, más allá de los nacionalismos, las fronteras y las soberanías nacionales”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

“¿Dónde está nuestro dinero?”: ahorradores de financiera CAME interponen denuncia por fraude; exigen respuestas de autoridades

Las oficinas de la Sociedad Financiera Popular CAME cerraron sin previo aviso, los ahorradores no pueden acceder a su dinero y temen estar frente a un posible fraude. Hasta ahora 224 inversionistas interpusieron una denuncia; acusan falta de respuestas por parte de autoridades.

Bernardino Ávila, de 80 años, teme perder todos sus ahorros, no puede acceder a los 2 millones 300 mil pesos que invirtió en la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Consejo de Asistencia al Microemprendedor (CAME). Desde el 1 de abril la aplicación que usaba para las operaciones dejó de estar disponible, sin previo aviso las oficinas cerraron y ahora está en la incertidumbre sobre qué va a pasar con sus recursos, igual que 1.3 millones de clientes.

En 2023, el jubilado del ISSSTE vio un anuncio que llamó su atención, se trataba de una oferta para invertir su dinero con rendimientos que iban desde el 13 al 16 %. Al investigar un poco sobre la financiera −cuyo director general es Pablo Varela y su representante legal es Jorge Kleinberg−, vio que estaba regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), registrada en el Buró de Entidades Financieras de la Condusef y que tenía más de 30 años en el mercado, lo que le dio confianza para invertir.

Le daban el rendimiento prometido, todo marchaba bien y a partir de diciembre del año pasado comenzaron a hacerle ofertas más atractivas: si invitaba a más gente a unirse a la financiera aumentaría su interés, lo obtendría por adelantado, le darían crédito revolvente o podría ganarse regalos como un iPhone. Su esposa, también jubilada de la misma edad que él, decidió invertir 100 mil pesos. Ahora, ninguno de los dos puede acceder a su dinero.

Leticia Ávila, hija de Bernardino, dice que su papá está muy deprimido por la situación y que incluso le ha comentado que quiere quitarse la vida. “Es algo muy fuerte lo que están pasando, hay muchos adultos mayores afectados, gente que invirtió todo su patrimonio, su esfuerzo. Se preguntan cómo van a volver a empezar, qué van a hacer”.

En las oficinas de CAME ya nadie contesta y en su página de internet publicó que coopera con la CNBV −organismo supervisor del sistema financiero − sobre su situación para proponer una solución a través del Fondo de Protección para pagar a sus ahorradores.

Los inversionistas temen que se declare en quiebra o que todo se trate de un fraude, como ocurrió con el caso Ficrea.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA CASASOLA.

Atacan a balazos a militares en carretera de Tepuche, Sinaloa; hay tres heridos

Los efectivos castrenses circulaban por el tramo que conecta los poblados de Presa Jaus y La Laguna, en Tepuche, Sinaloa, cuando fueron sorprendidos por hombres armados que abrieron fuego contra la unidad militar.

Tres elementos del Ejército Mexicano resultaron heridos tras ser atacados por hombres armados en un camino rural de la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán, Sinaloa.

El ataque armado ocurrió la tarde del miércoles, cuando los efectivos castrenses circulaban por el tramo que conecta los poblados de Presa Jaus y La Laguna. De manera sorpresiva, un grupo armado abrió fuego contra la unidad militar, provocando lesiones de consideración a cuatro soldados.

Tras el ataque, los elementos repelieron la agresión y solicitaron apoyo urgente para evacuar a los heridos, quienes fueron trasladados a un hospital de Culiacán. Hasta el momento, su estado de salud no ha sido dado a conocer oficialmente, pero se encuentran bajo atención médica.

Aunque los primeros reportes señalaban cuatro elementos heridos, la Secretaría de Seguridad del Estado informó que únicamente habían sido lesionados tres elementos.

El reporte del incidente fue registrado en el sistema de emergencias 911 a las 13:30 horas, lo que activó un operativo de seguridad con participación de distintas corporaciones para resguardar el área e iniciar las investigaciones.

Los agresores lograron huir del lugar y continúan prófugos. Autoridades federales ya realizan las diligencias correspondientes de este nuevo atentado contra personal castrense en la entidad.

Ejército asegura vehículo blindado y arsenal tras ataque en Tepuche, Sinaloa
Tras el ataque a militares en Tepuche, Sinaloa, los elementos del ejército aseguraron una camioneta con blindaje artesanal, armamento de alto calibre y equipo táctico.

De acuerdo con Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), las autoridades realizaron un un operativo en la zona, donde localizaron y aseguraron una camioneta Ford 350 de redilas con blindaje artesanal, una ametralladora calibre 7.62 x 51 mm, una pistola calibre .40, 12 cargadores, 2 mil 840 cartuchos útiles, dos chalecos tácticos, un porta cargador, dos uniformes tipo militar y un casco antifragmentación.

Todo lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, que abrió la carpeta de investigación correspondiente.

Este no sería el único ataque armado en contra de militares en Sinaloa este mes. El pasado 19 de mayo se registró un enfrentamiento en la comunidad de La Palma, municipio de Navolato.

En aquella ocasión, los hechos ocurrieron tras una serie de tiroteos protagonizados por sujetos fuertemente armados y elementos de la Guardia Nacional y el Ejército. Tres de los militares resultaron lesionados tras la volcadura de una unidad blindada, mientras que un cuarto fue herido por impactos de bala.

Por estos acontecimientos se registraron tres muertes, sin embargo, no se compartió la identificación de las personas fallecidas.

Desde el inicio de la ola de violencia en Sinaloa, el pasado 9 de septiembre de 2024, y hasta el 27 de mayo, se han registrado mil 361 homicidios y se han privado de la libertad a mil 489 personas.

En contraste, se han detenido a mil 83 personas y fueron abatidas 87, de acuerdo con el informe de incidencias diario de Noroeste.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/NOROESTE.
AUTOR: 

Gobierno no caerá en provocaciones de la CNTE: Sheinbaum

La mandataria ya no dedicó tiempo a la explicación de lo que ofrece su administración y los beneficios de su propuesta o incluso  para acusarlos de tener ideas parecidas a las de la derecha, y ante la insistencia de la prensa sobre el tema, redujo el impacto con sus breves declaraciones.

Una vez más, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno no caerá en ninguna provocación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), luego de que no se llegó a un acuerdo con las secretarías de Gobernación, Educación Pública y el ISSSTE.

En un tono distinto a los anteriores días, la mandataria ya no dedicó tiempo a la explicación de lo que ofrece su administración y los beneficios de su propuesta o incluso para acusarlos de tener ideas parecidas a las de la derecha, y ante la insistencia de la prensa sobre el tema, redujo el impacto con sus breves declaraciones.
“Van a informar aparte la secretaria de Gobernación (Rosa Icela Rodríguez), el secretario de Educación Pública (Mario Delgado) y el director del ISSSTE (Martí Batres) sobre las propuestas que hicieron”, dijo. 
Aún no se puede determinar si finalmente las propuestas del gobierno serán rechazadas, dado que los representantes en la reunión llevan los temas a la asamblea con los integrantes de la CNTE que se mantienen en plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, por lo que la presidenta pidió esperar.

Agregó: “Ha sido difícil para la ciudadanía, pero nosotros no vamos a caer en ninguna provocación”, en referencia a que por el caos que han provocado en la capital del país, se estaría esperando de alguna represión.

Finalizó con el reiterado comentario de que las otras secretarías tendrían que informar en otra conferencia o en un comunicado sobre lo sucedido con la CNTE.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.

Agentes ministeriales están prófugos tras confundir a abogado con delincuente y dispararle 70 veces

Según la Fiscalía de Sonora, los elementos “se confundieron” ante un vehículo que cruzó la calle y que, pensaron, según su declaración, que les estaba cerrando el paso, por lo que abrieron fuego contra el civil.

Dos agentes ministeriales de Sonora detonaron sus armas el pasado 24 de mayo en contra de un civil, de profesión abogado, que circulaba por la zona donde la policía investigadora realizaba un cateo. Se les acusa de intento de homicidio, pero se mantienen prófugos de la justicia, informó la autoridad el 28 de mayo. 

La investigación, según informó Ramón Tadeo Gradías Enríquez, vicefiscal de Control y Procesos del estado, conlleva la integración de una carpeta por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y de incumplimiento de un deber legal, por lo que se les busca para llevarlos ante la ley.

Los hechos de los que se les culpa ocurrieron al sur de la ciudad, cuando la Agencia Ministerial de Investigación Criminal realizaba un operativo durante el cual, según la versión oficial, los agentes implicados fueron seguidos “por diversos vehículos”, según informaron a su superior. 

Al tratar de salir de la zona, detalla la Fiscalía de Sonora, “se confundieron” ante un vehículo que cruzó la calle y que, pensaron, según su declaración, que les estaba cerrando el paso.  

Entonces abrieron fuego y tras decenas de impactos, el litigante, Carlos Arturo Bustamante Bracamontes, llegó al Hospital General de Especialidades para luego ser trasladado a uno de la iniciativa privada. 

El nerviosismo descrito en la versión de los hechos recogida por la fiscalía de Sonora se relaciona con que el operativo del 24 de mayo daba seguimiento a cateos realizados durante el día anterior.

Una jornada que vio un desenlace trágico luego de que un grupo de civiles armados abrió fuego contra los agentes, causando la muerte a uno de ellos. 

“Tras realizar labores de investigación relacionadas a la actividad de narcomenudeo, el elemento de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Julio César Contreras Arroyo, fue agredido por armas de fuego y lamentablemente perdió la vida”, informó la institución el viernes pasado, día en que los primeros hechos tuvieron lugar. 

Luego de los hechos, del 24 de mayo, los agentes se presentaron ante la justicia pero no fueron aprehendidos en el momento debido a que no existía “flagrancia delictiva”. Las órdenes de aprehensión por las que actualmente se les busca fueron giradas el 26 de mayo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALBERTO DUARTE.

Denuncias por pinchazos, con punciones comprobadas, aumentan 44% en transporte público de la CDMX

En tan solo 14 días se sumaron 29 denuncias en las que hay evidencia de que las personas sí fueron víctimas de un pinchazo en el transporte público y las calles de la capital mexicana.

En dos semanas incrementó 44% la cantidad de denuncias ciudadanas sobre pinchazos en el transporte público de la capital mexicana, en cuyos casos “se pudo confirmar que hubo una posible punción”.  

En conferencia junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, dijo que hasta el 27 de mayo se contabilizaron 65 casos denunciados, “en los que se pudo confirmar que hubo una posible punción por pinchazo”.

Mientras tanto, el pasado 14 de mayo, la fisal informó que se tenían registrados 36 casos en los que se observó la existencia de una lesión compatible con una punción, una marca o herida punzante en la piel.  

Lo anterior significa que en tan solo 14 días se sumaron 29 denuncias en las que hay evidencia de que las personas sí fueron víctimas de un pinchazo en el transporte público y las calles de la capital mexicana.  

Al ofrecer la actualización de los casos registrados, Alcalde Luján precisó que en otros 55 no se pudo identificar médicamente la existencia de una punción, además de que se reportaron otro tipo de marcas o lesiones dudosas.  

También destacó que en ninguno de los casos identificaron la comisión de algún delito grave, y solo en seis de estos hubo posibles robos: “Hasta ahora no se reportan casos asociados a estos pinchazos de delitos graves, como privación ilegal de la libertad, delitos sexuales u otros”.  

Sin ofrecer una cifra exacta, agregó que en “algunos casos” se identificaron sustancias psicotrópicas como THC, benzodiacepinas, fenciclidina o cocaína.  

Después de que se comenzaron a registrar casos de pinchazos en la ciudad, el gobierno de la Ciudad de México desplegó un operativo con 5 mil 800 policías que vigilan principalmente las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, así como otros medios de transporte.  

Además, el pasado 14 de mayo, Brugada dio a conocer que presentó una iniciativa ante el Congreso de la Ciudad de México para castigar con dos a cinco años de prisión, así como 50 a 300 días de multa, para quien resulte responsable de haber administrado sustancias mediante pinchazos, en lugares públicos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: XIMENA AROCHI.

Pinchazos en el Metro es nuevo delito: hasta 7.5 años de cárcel

La reforma se aprobó con 58 votos a favor y cero en contra. Ya fue turnada a la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

El Congreso capitalino llevó al Código Penal el tema de los pinchazos en el Metro, delito para el que estableció una pena de dos y hasta cinco años de prisión.

La pena prevista se incrementará hasta en una mitad cuando: la sustancia administrada sea psicoactiva, narcótica, psicotrópica o tóxica; ponga en peligro la vida o salud de la víctima; la víctima sea niño, niña, adolescente, mujer, persona con discapacidad, adulta mayor o de un grupo de atención prioritaria; se cometa en medios de trasporte; tenga como finalidad la comisión de otros delitos; se realice por dos o más personas; o se efectúe en un lugar cerrado o con acceso restringido.

Por lo tanto, se podrían establecer hasta 7.5 años de cárcel por este ilícito.

La reforma se tituló ‘en materia de sumisión química por pinchazo’ y fue presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

A nombre de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el diputado Alberto Martínez Urincho (Morena) resaltó la importancia de actualizar e incorporar nuevos tipos penales para proteger a la población de nuevas formas de criminalidad.


Recordó que en las últimas semanas se ha registrado en la Ciudad de México un incremento de las denuncias por presuntos “pinchazos” en espacios públicos, especialmente en el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Indicó que esta práctica delictiva consiste en introducir de manera oculta o subrepticia un objeto punzocortante en el cuerpo de una persona, sin su consentimiento, con el posible propósito de administrar sustancias que alteren su estado físico o mental.

De acuerdo con las denuncias presentadas hasta ahora, las víctimas han reportado síntomas como mareo, somnolencia, confusión y desorientación después de recibir el “pinchazo”, lo que evidencia un riesgo para su integridad, salud y autonomía personal.

Destacó que la legislación penal vigente “no contempla de manera específica la modalidad de agresión que implica la administración subrepticia de sustancias mediante pinchazos, lo que significa que esta conducta no está tipificada como un delito autónomo”, lo que limita la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar de manera efectiva estas conductas, al depender de figuras jurídicas que no fueron diseñadas para atender esta nueva modalidad delictiva.

La reforma aprobada establece que se adiciona un Capítulo III Ter Administración subrepticia de sustancias al Título Primero Delitos contra la vida, la integridad corporal, la dignidad y el acceso a una vida libre de violencia del Libro Segundo Parte Especial y un artículo 141 Quáter del Código Penal para el Distrito Federal.

Al razonar su voto, la diputada Olivia Garza de los Santos (PAN) expresó que a pesar de que inicialmente se dijo que era una campaña negra, se ha tenido que reconocer este problema, ya que los casos han continuado. Aseguró que esta propuesta es un avance, pero no resuelve el problema, por lo que se requiere una pena mayor en los años de prisión preventiva y en la multa estipulada.

La legisladora Yuriri Ayala Zúñiga (Morena) señaló que con esta aprobación se da un paso significativo para proteger los derechos de las personas usuarias del transporte público, con el consenso de todas las fuerzas políticas del Congreso local. Desde ahora, dijo, “ningún tipo de violencia será minimizado o ignorado”.

El congresista Jesús Sesma Suárez (PVEM) recalcó que este dictamen reafirma el compromiso del gobierno capitalino con los derechos humanos y la construcción de una ciudad más segura, “estamos hablando de prácticas criminales que lejos de ser aislados, pueden escalar a delitos más graves”.

La diputada Frida Jimena Guillén Ortiz (PAN) reconoció que las personas más vulnerables a los pinchazos son mujeres, niños y jóvenes. Solicitó que continúe la tipificación de los delitos que ataquen la vida, integridad y seguridad de las y capitalinos, ya que “todavía queda mucho por atender, esto es un ejemplo de cómo si se pueden atender problemas que atañen y ataquen a la ciudadanía”.

Por su parte, la diputada Patricia Urriza Arellano (MC) argumentó que ninguna persona debe subirse al metro con miedo, “el problema de seguridad en el Metro no se reduce a los lamentables pinchazos, hay un problema de seguridad toral”.

El diputado Miguel Ángel Macedo Escartín (Morena) indicó que el uso de pinchazos para inmovilizar es un delito cobarde, violento y profundamente invasivo, al ser una agresión que atenta contra la integridad física, mental y emocional, que afecta en especial a mujeres, adolescentes, personas con discapacidad y mayores.

En tanto el congresista Federico Chávez Semerena (PAN) planteó aumentar la pena de prisión, sanciones económicas más altas, generar operativos de vigilancia real y crear una fiscalía que haga este tipo de investigaciones, “el transporte público no puede ser un espacio de riesgo”.

La diputada Adriana Espinosa de los Monteros García (Morena) aseguró que nunca se desconoció la problemática de los pinchazos, sino que se abordó de forma responsable, y celebró que el gobierno de la ciudad se haya ocupado con el apoyo de cinco mil elementos en la vigilancia del metro.

Tras reconocer que los poderes Ejecutivo y Legislativo locales han admitido y atendido dicho tema, la legisladora Claudia Susana Pérez Romero (PAN) apoyó el dictamen, que busca la seguridad de las y los ciudadanos, y llamó a atender otros pendientes de movilidad y salud, entre otros.

El diputado Ernesto Villarreal Cantú (PT) destacó la importancia de garantizar la seguridad de la población, con un dictamen que responde a las exigencias de la ciudadanía, especialmente de las mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad, ante agresiones mediante la administración de sustancias químicas, que no se limitan al transporte público, ya que también se han presentado en bares, antros, fiestas y gimnasios donde se adulteran bebidas.

En su intervención, la congresista Luisa Fernanda Ledesma Alpízar (MC) aseveró que esta iniciativa no ataca las causas del problema ni representa una solución integral, pues no sólo se debe tipificar el delito, también se requiere adoptar un enfoque más amplio y preventivo, garantizar la respuesta eficaz de las dependencias correspondientes y modernizar el sistema de vigilancia.

El legislador Pablo Trejo Pérez (PRD) comentó que ahora se responde con firmeza a un reto que ha conmocionado a la población dentro del STC Metro, columna vertebral de la movilidad diaria de la capital, y ahora con esta aprobación del dictamen, nadie queda fuera de la protección legal, con medidas emergentes en normas permanentes y efectivas.

El diputado Alejandro Carbajal González (Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación) consideró necesario que el Código Penal local tenga la adecuación de la realidad social y no se actúe por presiones políticas, sino con responsabilidad.

La diputada Diana Sánchez Barrios (Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente) dijo que la tipificación de los pinchazos es un paso hacia la justicia, ya que ningún ciudadano que use el transporte público debería de viajar con miedo. “El dictamen es un mensaje claro de que no habrá agresiones sin consecuencias, en el Congreso sí se escucha y sí se actúa para la gente”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

PAN, PRI y PRD impiden despenalización del aborto en Guanajuato

Este jueves se discutió en el Congreso del Estado la iniciativa para despenalizar el aborto.

Este jueves, en el Congreso de Guanajuato se dio un empate en la votación sobre la despenalización del aborto en la entidad y la iniciativa quedó pendiente, ya que el resultado fue 18 votos a favor y 18 en contra.

Se necesitaba el 50% más un voto de los 36 diputados, donde 11 de Morena, dos de Movimiento Ciudadano, una del Partido del Trabajo y dos legisladores del PRI y dos del PVEM estuvieron a favor de despenalizar el aborto.

Por ello, la discusión se reanudará en la próxima sesión ordinaria, programada para el 5 de junio.

Estos partidos defendieron mantener en la Constitución local el reconocimiento legal de la vida desde la concepción, lo que implica que el aborto siga siendo considerado un delito en Guanajuato.

Según el artículo 201 de la Ley Orgánica del Congreso local, esta votación obliga a posponer la discusión para la próxima sesión ordinaria, programada para el 5 de junio.

El voto determinante fue el de la diputada Rocío Cervantes (PRI) quien rechazó la despenalización del aborto y fue felicitada por diputadas y diputados del PAN tras manifestar su decisión.

Las deliberaciones se desarrollaron en medio de manifestaciones pacíficas de grupos a favor y en contra del aborto, que se concentraron en las inmediaciones del Palacio Legislativo.


Posturas encontradas

El coordinador de la bancada del PAN, Jorge Espadas Galván, afirmó que de aquí a la próxima sesión buscará cabildear con las otras fuerzas opositoras para lograr el desempate y mantener la criminalización del aborto.
Vamos a trabajar todos los días para conseguir los votos que se requieren para aprobar este dictamen.
Durante la discusión, el diputado del PAN, y exgobernador del Estado, Juan Carlos Romero Hicks afirmó que tratados internacionales ratificados por México reconocen el derecho a la vida desde la concepción.

“Mientras más vulnerable es una persona, más merece nuestra atención, cuidado y protección” y sostuvo que el inicio de la vida “no depende de la adhesión de un tribunal” auque todo acto legislativo debe orientarse al bienestar común.

El legislador del PVEM, Sergio Contreras Guerrero, se pronunció en contra de criminalizar a las mujeres.

“El Verde siempre defenderá la vida, pero no podemos criminalizar a las mujeres que tomen esta difícil decisión”; además, dijo que que el Código Penal “es una pistola cargada sobre la cabeza de las mujeres de Guanajuato”, por lo que propuso generar condiciones dignas para prevenir embarazos no deseados.

Por parte de Morena, la diputada María Eugenia García Oliveros defendió la iniciativa al señalar que el aborto forma parte de los derechos sexuales y reproductivos; además de que se deben “garantizar los derechos humanos de las mujeres”.

También recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que el aborto es parte del derecho a la libertad reproductiva.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.