En los últimos días, a propósito de reportajes que denuncian la omisión, por incapacidad, complicidad o impunidad, de la Fiscalía General del Estado en la excavación de unas fosas clandestinas, esta redacción ha sido objeto de advertencias por parte de criminales anónimos. “Dile Adela Navarro que se cuide”, fue la frase dicha una y otra vez, a partir del 29 de abril y hasta el 16 de mayo de este 2025.
Sin ampliar detalles sobre qué o de qué se tiene uno qué cuidar, la voz anónima, masculina, hizo la advertencia a las líneas telefónicas del Semanario. Primero a un número antiguo y en desuso, posteriormente al conmutador principal de la recepción de ZETA. Al principio, quienes integramos el Consejo Editorial del Semanario decidimos mantener la información de manera interna, pero sí elaborar fichas de tiempos, horas, días y formas de las llamadas.
Lo que sí se consideró desde aquel 29 de abril, fue informar de ello al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Baja California, el general Laureano Carrillo. Una autoridad que pudiera emprender una investigación al contar en su infraestructura con una “policía cibernética”, que se supone posee las herramientas para investigar y rastrear llamadas telefónicas como las que se recibieron en ZETA. Pero no.
El General nos dijo de entrada que investigaría, pero que sin un número de llamada entrante le parecía muy difícil poder rastrear el registro de comunicaciones. Y ahí quedó el tema.
Intentamos con Telnor, la compañía que provee el servicio de comunicación telefónica al semanario, pero la respuesta fue negativa. No entregan registros de llamadas entrantes, ni a los poseedores de la línea telefónica, a menos que una autoridad ministerial se los solicite.
Al tiempo, nada sucedió. Ni avances de la investigación que dijo el secretario de Seguridad que harían, ni nada más. No es de extrañarse en un país en el cual lo que prevalece es la impunidad y la corrupción, caldo de cultivo para los cárteles, las organizaciones criminales y los grupos que abusan de su poder, sea público o privado. De hecho, el 30 de diciembre de 2024, cuando en una narcomanta colgada en la zona fronteriza de Tijuana, fue mencionado el Semanario ZETA, tanto la FGE como la FGR respondieron, a pregunta expresa, que habían abierto carpetas de investigación, por terrorismo, aseguraron, porque se supone que el mensaje criminal es para causar eso, terror; pero tampoco, a la fecha, ha habido el desarrollo de investigaciones ministeriales, y por supuesto no conocemos de los avances de las mismas.
Cuando el 16 de mayo las llamadas anónimas a ZETA se reactivaron, con el mismo mensaje, con la voz masculina diciendo “Dile a Adela Navarro que se cuide”, fue entonces que decidimos en el Consejo Editorial hacerlo del conocimiento a Artículo 19, una organización de defensa y protección de periodistas y defensores de los derechos humanos, donde de la mano de su director, Leopoldo Maldonado, decidieron a manera de protección, hacer públicas las condiciones en que este Semanario realiza su trabajo: bajo amenaza… una vez más.
Todo esto quedó consignado en la alerta que emitió Artículo 19 el miércoles 21 de mayo, que tuvo como resultado una escalada de apoyos locales, nacionales e internacionales hacia ZETA, a quien esto escribe y al periodismo que en el Semanario, fundado por Jesús Blancornelas y Héctor Félix Miranda, se realiza desde hace 45 años, recién cumplidos el 11 de abril de 2025.
Aparte del importante y vasto apoyo de medios, colegas, analistas, organismos de la sociedad civil, de defensa y protección de los periodistas, llegaron también algunos institucionales. El primero fue del secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez, quien se comunicó -y así lo recalcó- a nombre de la gobernadora Marina Ávila, para apoyar en lo que fuera necesario. Se le explicó que lo mejor sería que investigaran los hechos, para encontrar a quienes amenazan a los periodistas y ponen en riesgo la libertad de expresión, para que sean juzgados por ello. Que con ello se combate la impunidad.
El secretario de Seguridad, una vez más, se comunicó para informar que continuarían con la investigación de los hechos que él tuvo conocimiento desde el 29 de abril, cuando sucedieron por primera vez. La gobernadora, como suele hacerlo, mostró su apoyo a través de las redes sociales. En Facebook escribió: “Estaremos de cerca brindando el acompañamiento que requiera. Amenazar a una periodista es atacar el derecho de la sociedad a estar informada. Eso, en Baja California, no lo vamos a permitir. Proteger a la prensa es proteger la libertad de expresión, y en nuestra Administración ésta siempre tendrá un lugar. La defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa es una causa que nos une a todas y todos”.
También la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, se unió a la solidaridad con ZETA. Su presidente, Jorge Álvaro Ochoa, solicitó a la Fiscalía General del Estado de Baja California investigar y esclarecer amenazas telefónicas. Como lo hicieron organizaciones de defensa de periodistas y libertad de expresión, medios, periodistas, y actores locales y nacionales, todos a quienes desde esta redacción agradecemos su acompañamiento, confianza y solidaridad.
Desafortunadamente, no es la primera ocasión en que ZETA es amenazado. Ha sucedido muchas veces desde 1980 cuando se fundó, y ha llegado al atentado en tres ocasiones, cobrando la vida de dos de los fundadores y poniendo en peligro la de uno más. Es el riesgo de hacer periodismo de investigación en un país en el cual lo que prevalece es la impunidad, la corrupción y el crimen, y existe un desdén apabullante para quienes ejercen la libertad de expresión.
En ZETA, seguimos haciendo periodismo de investigación, aun en un clima hostil, libres como el viento ayer, hoy y siempre. Gracias a todos nuestros lectores por su apoyo al semanario. Nuestro compromiso con ustedes es inquebrantable.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
