“Por lo anterior, remito a usted, la impresión del correo electrónico (a través del cual recibieron la denuncia anónima) y sus anexos en copia simple a efecto de que se realicen las acciones pertinentes conforme a sus facultades por considerar que los hechos denunciados son de su competencia”, misma dependencia que abrió una carpeta de investigación y acudió a la UEILCA el 15 de abril para entrevistar a sus empleados.
En un sentido similar, el 22 de abril de 2025, Maithé Rivera Cabrera, directora de denuncias y atención ciudadana “B” de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, informó a los denunciantes que remitiría la denuncia al Órgano Interno de Control de la FGR, sin abundar en más detalles sobre la razón por la cual no inició algún procedimiento al respecto.
Cancelar órdenes de aprehensión contra militares: la participación de la candidata a ministra en el caso Ayotzinapa
En noviembre de 2019, a petición de las madres y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República creó la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el caso Ayotzinapa (UEILCA) para continuar con las indagatorias sobre la desaparición de los estudiantes.
Como titular de la unidad, el fiscal Gertz Manero eligió a Omar Gómez Trejo, quien en el pasado había sido secretario técnico del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y con el que los familiares de los estudiantes mantuvieron una buena relación como fiscal especial del caso.
Pero todo cambió cuando en septiembre de 2022 se dio a conocer que la Fiscalía General de la República canceló 21 órdenes de aprehensión, que había solicitado en agosto de ese año, contra exfuncionarios posiblemente involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes, pasando por encima de la UEILCA.
De acuerdo con el diario El País, de las 21 órdenes de aprehensión canceladas, 16 habían sido giradas en contra de militares acusados de delincuencia organizada. Esta situación llevó a que el fiscal de la Unidad, Omar Gómez Fierro, presentara su renuncia al caso Ayotzinapa tan solo unos días después.
Desde su conferencia de prensa matutina, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la renuncia del fiscal Gómez Trejo asegurando que no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión.
Tras la renuncia de Gómez Trejo, el fiscal Gertz Manero nombró como nuevo encargado del caso Ayotzinapa a Gómez Piedra, un abogado tabasqueño considerado como cercano a Adán Agusto López, entonces secretario de Gobernación y actual senador de la República.
La participación directa de la fiscal especial Sara Irene Herrerías Guerra en la crisis al interior de la UEILCA se dio a conocer cuando el periodista John Gibler publicó el texto “La instrucción: Cómo el gobierno dinamitó la investigación del caso Ayotzinapa”, en la que expuso que la fiscal fue la que ordenó cancelar las 21 órdenes de aprehensión contra militares.
“El viernes 9 de septiembre, menos de una semana después de la llegada de la “visita” (de seis abogadas de la FGR que llegaron de improviso para realizar una auditoría espontánea en la UEILCA), Sara Irene Herrerías Guerra, la fiscal especializada en Derechos Humanos, y Adriana Campos López, fiscal especializada de Asuntos Internos, firmaron los primeros oficios que pedían la cancelación de 21 órdenes de aprehensión, 16 contra militares, de las 83 que la UEILCA había elaborado, y que habían sido concedidas por un juez”, señala el texto que se reprodujo íntegro también en Animal Político.
Este texto fue la razón por la que incluso un año después de la renuncia del exfiscal Gómez Trejo y a tres años de la publicación, el Gobierno informó que investigaría al exfiscal Gómez Trejo por presuntamente entorpecer la investigación.
En su conferencia matutina del 19 de octubre de 2023, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre si se busca fincar responsabilidades a Gómez Trejo. “Sí, yo creo que sí porque apenas nos estamos dando cuenta de esta situación. No se avanzaba en la investigación, había todo el propósito de no avanzar y de distorsionar las cosas”, dijo.
La propia CIDH fue quien confirmó en el Informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, que la fiscal especial Sara Irene Herrerías Guerra ordenó que se cancelaran las órdenes de aprehensión que un juez había librado a petición de la UEILCA, cuando la encabezaba el fiscal Omar Gómez Trejo.
“La CIDH tuvo acceso a la solicitud de cancelación de la orden de aprehensión. Dicha solicitud está motivada en la supuesta falta de pruebas o en la existencia de pruebas únicamente de tipo testimonial contra las 21 personas implicadas. Según lo expresado en la solicitud de cancelación de las aprehensiones, el Fiscal adscrito se basó en (los) denominados ‘hallazgos’ de la auditoría conducida por la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos desde el 5 de septiembre de 2022”.
“Los ‘hallazgos’ citados por el Fiscal adscrito no indican con claridad cuáles serían las supuestas ‘deficiencias probatorias’ encontradas por la Fiscalía de Asuntos Internos y más bien su formulación es vaga, abierta y general. Estos ‘hallazgos’ habrían sido identificados en un lapso de siete días, incluido el fin de semana, y seguidamente transmitidos preliminarmente a la Fiscalía Especializada en materia de derechos humanos, órgano superior de la UEILCA”, se puede leer en el documento.
Minimizar la tortura en el caso Ayotzinapa
Además, durante una audiencia realizada ante la CIDH el 2 de marzo de 2018, la fiscal Sara Irene Herrerías Guerra también minimizó la tortura cometida en contra de algunos detenidos del caso Ayotzinapa, al asegurar que “solo dos casos arrojaron resultados positivos”, defendiendo así la llamada “Verdad Histórica”.
“El Estado ya respondió a las preguntas correspondientes en el cuestionario que se entregó hace unos días; sin embargo, los datos relevantes es que se han analizado 128 casos, de ellos se realizaron ya 48 dictámenes mediante el Protocolo de Estambul, 46 personas no aceptaron que se les practicara, 19 no lo han solicitado los jueces y quedan 13 pendientes por realizar. Hasta la fecha solo dos casos arrojaron resultados positivos, en lo que toca al análisis médico”, dijo la fiscal en una audiencia en vivo.
Tan solo unos días después, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas publicó un informe titulado “Doble injusticia – Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa” en el que concluyó que la investigación del caso Ayotzinapa se vio afectada por torturas y encubrimientos, contrastando con lo asegurado apenas unos días antes la fiscal especial en derechos humanos de la FGR.
“La ONU-DH examinó información sobre 63 personas, de un total de 129 personas procesadas en relación con los eventos ocurridos en la noche del 26 al 27 de septiembre en Iguala. En 51 casos, la ONU-DH obtuvo información que indicaba posibles actos de tortura. Este informe está basado en el análisis de 34 de estos casos, en los que la ONU-DH tiene fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos”.
